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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05371-01

Fecha
3 de marzo de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05371-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05371-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05371-01
Accionante: Cayetano Alberto Gual Granados
Accionados: Tribunal Administrativo de Caquetá y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., tres (3) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05371-01
Accionante: Cayetano Alberto Gual Granados
Accionados: Tribunal Administrativo de Caquetá y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: defectos fáctico, sustantivo y violación
directa de la Constitución. Subtema 3: Inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por el señor Cayetano Alberto Gual Granados en contra de
la sentencia del 28 de noviembre de 2024, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente
el amparo de tutela.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Cayetano Alberto Gual Granados, por conducto de apoderado, presentó
acción de tutela, con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la estabilidad
laboral reforzada y al principio de legalidad, que consideró vulnerados por el Juzgado
Primero Administrativo de Descongestión de Florencia y el Tribunal Administrativo de
Caquetá, al proferir, las sentencias del 29 de septiembre de 2011 y del 18 de
septiembre de 2014, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento con radicado núm. 18001-33-31-001-2008-00254-00/01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes al
trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. El señor Cayetano Alberto Gual Granados estuvo vinculado al Ejército Nacional
durante 22 años, 8 meses y 9 días, y su último cargo fue el teniente coronel.

1

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Accionante: Cayetano Alberto Gual Granados
Accionados: Tribunal Administrativo de Caquetá y otro

3. En el año de 1994, el accionante sufrió una herida con arma de fuego en la cadera,
que le ocasionó una fractura denominada «conminuta de iliaco derecho». La Junta
Médico Laboral, mediante acta núm. 1685 del 3 de octubre de 1994 le determinó una
pérdida de la capacidad laboral del 30.04%; sin embargo, dicho porcentaje aumentó a
39.24%, con el dictamen emitido por el Tribunal Médico Laboral núm. 3830 del 9 de
junio de 2009.
4. El Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Resolución núm. 0386 del 12 de
febrero de 2008, retiró del servicio activo de las Fuerzas Militares al teniente coronel
Cayetano Alberto Gual Granados por llamamiento a calificar servicios.
5. El señor Gual Granados presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el fin de que se dejara sin efecto la Resolución núm. 0386 del 12 de
febrero de 2008 y, en su lugar, se ordenara su reintegro a la institución junto con el
pago de salarios y prestaciones dejados de percibir, pues en su concepto, se
encontraba amparado por el fuero de estabilidad laboral reforzada por su condición de
salud y con la garantía de resultar apto en lista «para ascenso No. 2. Muy bueno, con
lo cual estaba asegurada su permanencia en el [E]jército».
6. El Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Florencia, mediante
sentencia del 29 de septiembre de 2011, negó las pretensiones de la demanda. Contra
dicha decisión, la parte actora presentó recurso de apelación.
7. El Tribunal Administrativo del Caquetá, a través de providencia del 18 de
septiembre de 2014, confirmó el fallo de primera instancia.
8. Posteriormente, el tutelante presentó recurso extraordinario de unificación, con el
argumento de que la providencia del Tribunal era contraria a la sentencia de unificación
del 4 de agosto de 2010, proferida por el Consejo de Estado, dentro del expediente
núm. 76001-23-31-000-2001-01626-01. Sin embargo, esta corporación, mediante auto
del 21 de febrero de 20241, rechazó por improcedente el mecanismo judicial, al
considerar que no existía identidad fáctica y jurídica entre la sentencia de unificación
y el caso en concreto.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
9. La parte actora solicitó en el escrito de tutela2 lo siguiente:

« PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez
que EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ Y EL
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DE FLORENCIA,
en sentencia del 18 de septiembre de 2014 y 29 de septiembre de 2011, incurrió en un
defecto sustantivo y fáctico, pues se observa que de manera errada, desconocieron las
pruebas aportadas durante el debate procesal de la primera instancia, mismas que no
fueron tenidas en cuenta en la segunda instancia estando incorporadas, el precedente

1
Se aclara que la providencia referida fue proferida mediante auto de ponente por el despacho del Doctor Juan Enrique Bedoya
Escobar de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
2
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judicial, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad y los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de
la ley 361 de 1997, artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Política.

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 18 de septiembre de 2014,
proferida por el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo de Florencia, dentro del
proceso contencioso-administrativo 18-001-33-31-001-2008-00254-01.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Florencia, que
en el término de esta providencia, profiera una nueva sentencia dentro del proceso
contencioso-administrativo, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley
y la jurisprudencia que versa sobre la presente Litis, reconociendo la condición de
aforado del accionante por fuero de salud; teniendo en cuenta las pruebas que se
arrimaron al expediente en la primera instancia y que no fueron tenidas en cuenta en
ninguna de las instancias para decidir el caso concreto y que se incorporan al presente
escrito de tutela contra decisiones judiciales, puesto que reúne los criterios de
procedibilidad.

CUARTO: ORDENADA la sustitución de la sentencia REINTEGRAR sin solución de
continuidad al ACCIONANTE a su cargo o a uno mejor con todas las consecuencias
legales que acarrea»3.

10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante en el escrito de
amparo expuso que las providencias proferidas por el Juzgado Primero Administrativo
de Descongestión de Florencia y el Tribunal Administrativo del Caquetá incurrieron en
defecto fáctico, porque omitieron valorar adecuadamente las actas de junta y tribunal
médico laboral de revisión militar, con las cuales se acreditó la disminución de
capacidad laboral del accionante y, con ello su condición de beneficiario de una
estabilidad laboral reforzada, que impedía su retiro de la institución castrense.
11. Asimismo, indicó que las sentencias cuestionadas, también incurrieron en defecto
sustantivo, por cuanto dejaron de aplicar el contenido de los artículos 1, 2, 3 y 26 de la
Ley 361 de 1997, en los cuales se establece que las personas con limitación leve o
moderada son beneficiarias de una estabilidad laboral reforzada.
12. De igual manera, refirió que las decisiones acusadas desconocieron el precedente
jurisprudencial de la Corte Constitucional4, a través del cual se ha desarrollado la
protección a la estabilidad laboral reforzada de las personas en condición de
discapacidad.
13. Adicionalmente, indicó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
violación directa de la constitución, pues debido a lo anterior se dejaron de aplicar
preceptos constitucionales que garantizan la protección de los derechos de las
personas en situación de discapacidad por su condición de salud.

3
Se transcribe incluso con errores.
4
Al respecto, el accionante menciona las siguientes sentencias T-025 de 2011, C-824 de 2011, T-271 de 2012 T-116 de 2013, T-
018 de 2013 entre otras.

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2.3. Trámite procesal
14. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante auto del 15 de
octubre de 20245, requirió al apoderado de la parte actora para que aportara poder
especial otorgado por el señor Cayetano Alberto Gual Granados, e indicara el
consecutivo de radicación del proceso de nulidad y allegara las providencias
cuestionadas en el escrito de tutela.
15. Posteriormente, con auto del 1 de noviembre de 20246, se admitió la demanda, se
ordenó la notificación a las autoridades accionadas, es decir, al Tribunal Administrativo
del Caquetá y al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Florencia, hoy
Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, y puso en conocimiento el escrito de
tutela a los terceros interesados, esto es, la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional.

2.4. Intervenciones
16. El Tribunal Administrativo del Caquetá7 solicitó que se niegue el amparo de
tutela, ya que, en la decisión cuestionada se abordó la jurisprudencia desarrollada en
casos análogos al retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios, lo cual
permitió concluir que el acto administrativo acusado no se encontraba inmerso en
causal de nulidad.
17. Además, indicó que la parte actora acudió a la acción de tutela con el único
propósito de reabrir el debate judicial concluido, puesto que el accionante, planteó los
mismos argumentos con los cuales pretendió la declaratoria de nulidad de la
Resolución núm. 0386 del 12 de febrero de 2008.
18.La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional8 pidió que se declare
improcedente la tutela porque la solicitud de amparo no cumplió con el requisito de
inmediatez, pues cuestionó la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Caquetá, el 18 de septiembre de 2014.
19. Asimismo, precisó que, en el escrito de tutela, la parte actora omitió desarrollar
con claridad y suficiencia las razones por las cuales se configuraban los defectos
invocados.
20. El Juzgado Tercero Administrativo de Florencia remitió en medio digital, el
expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm.
18001-33-31-001-2008-00254-00, sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones
de la solicitud de amparo9.

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4

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2.5. Sentencia de primera instancia
21. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del
28 de noviembre de 202410, declaró improcedente la solicitud de amparo, con el
argumento de que el asunto no cumplió con el requisito general de inmediatez, toda
vez que se presentó en un plazo superior a los seis (6) meses establecidos por la
jurisprudencia de esta corporación.
22. En este sentido, precisó que la sentencia de segunda instancia cuestionada por el
tutelante fue proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, el 18 de septiembre
de 2014, la cual se notificó a las partes, el 6 de febrero de 2015. Posteriormente, se
radicó la tutela el 4 de octubre de 2024, es decir, por fuera de un término prudencial
para ejercer la solicitud de amparo.
23. Asimismo, indicó que, el auto del 4 de marzo de 2024, por medio del cual se
rechazó por improcedente el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
promovido por el accionante, no podía tomarse para justificar ni contabilizar el término
de la inmediatez, pues los argumentos planteados en el escrito de tutela se dirigen a
controvertir de manera exclusiva, el contenido de las sentencias proferidas el 29 de
septiembre de 2011 y el 18 de septiembre de 2014, proferidas, por el Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión de Florencia y el Tribunal Administrativo del Caquetá,
respectivamente.
24. Adicionalmente, manifestó que el accionante no acreditó la existencia de alguna
situación excepcional que les haya impedido acudir oportunamente a la tutela, razón
por la cual no había lugar a flexibilizar la exigencia del requisito de la inmediatez.

2.6. Impugnación
25. La parte actora presentó impugnación11 en contra de la sentencia del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, para lo cual argumentó que la solicitud de
amparo no desconoció el requisito de inmediatez, toda vez que la vulneración de los
derechos fundamentales del accionante es actual y permanente.
26. De esta manera, explicó que las decisiones judiciales cuestionadas, prolongaron
la afectación de sus garantías constitucionales, porque no se pronunciaron ni tomaron
medidas para reparar el daño que le causó la administración al retirarlo del servicio
activo del Ejército Nacional sin tener en cuenta el fuero de estabilidad laboral reforzada
que le asistía por su condición de salud, al ser un herido en combate, con un 39% de
discapacidad dictaminado por parte de la Junta y Tribunal Médico Laboral de Revisión
Militar, lo cual, le impidió ascender en la carrera militar, causándole un perjuicio
irremediable.
27. Así pues, manifestó que el asunto tiene relevancia constitucional, toda vez que la
tutela se dirige a cuestionar las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales
accionas, que desestimaron los argumentos de nulidad expuestos en contra del acto
administrativo que lo desvinculó de la institución por llamamiento a calificar servicios y

10
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omitieron evaluar el fuero de estabilidad laboral reforzada al que tenía derecho por
condición de salud.
28. Adicionalmente, refirió que la tutela es un escenario adecuado para realizar un
análisis ponderado entre la estabilidad alegada, el ascenso en la carrera militar del
accionante y la apariencia de legalidad del acto administrativo que lo retiró del servicio.
Discusión que no se desarrolló en las decisiones cuestionadas, proferidas en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
29. Como fundamento de lo anterior, el tutelante pidió que se tenga por superado el
requisito de inmediatez, se revoque la providencia impugnada y, en su lugar, se acceda
a las pretensiones de la tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
30. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 28 de
noviembre de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A.

3.2. Legitimación en la causa
31. La legitimación en la causa por activa del señor Cayetano Alberto Gual
Granados, se encuentra acreditada, por cuanto actuó como parte demandante en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que fue expedida la sentencia
que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.
32. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Caquetá y el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de
Florencia, hoy Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, porque fueron las
autoridades que profirieron las providencias objeto de estudio.

3.3. Problema jurídico
33. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia proferida el 28 de noviembre de 2024 por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que declaró improcedente la solicitud de
amparo presentada por el señor Cayetano Alberto Gual Granado. En particular, deberá
establecer si la acción de tutela superó el requisito general de inmediatez. En caso
afirmativo, se continuará con el estudio de los demás requisitos de procedibilidad y, si
a ello hay lugar, se emitirá una decisión de fondo.

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3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
34. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado12 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional13.
35.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial [subsidiariedad];
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
[inmediatez];
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
36. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
37. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución14.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

3.4.1.1. Requisito de inmediatez
38. El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela se puede
presentar en cualquier momento y lugar, pues su finalidad es la protección inmediata
de los derechos fundamentales, también es cierto que se debe ejercer dentro de un
plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto,

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente n.º 11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ).
13
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
14
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.

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para asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado. De lo contrario, la
urgencia y la necesidad de intervención del juez de tutela quedarían desvirtuadas.
39. Por otra parte, cuando la solicitud de tutela se presenta en contra de una
providencia judicial, el requisito de inmediatez se traduce en una garantía de seguridad
jurídica y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona previamente
ha definido un litigio y una situación jurídica en particular.
40. Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado 15 explicó
que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando la solicitud de amparo
se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran en juego
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por lo anterior, esta corporación,
como regla general, consideró que, para que el ejercicio de la acción de tutela se
efectuara en un plazo razonable, se debía presentar la tutela dentro de los seis meses
siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia reprochada.
41. En el caso bajo estudio, Cayetano Alberto Gual Granados pretende que se deje
sin efectos las sentencias del 29 de septiembre de 2011 y del 18 de septiembre de
2014, proferidas por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Florencia
y el Tribunal Administrativo del Caquetá, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 18001-33-31-001-2008-00254-00/01.
42. Pues bien, al examinar el referido expediente en el Sistema de Gestión Judicial
(SAMAI), se observa que la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Caquetá se notificó a las partes e intervinientes, por edicto16, el 6 de febrero de 201517.
43. Visto lo anterior, resulta evidente que la sentencia del 18 de septiembre de 2014
fue puesta en conocimiento del señor Cayetano Alberto Gual Granados, el 6 de febrero
de 2015 y cobró ejecutoria el 16 de febrero de 201518; sin embargo, el escrito de tutela
fue presentado por el tutelante hasta el 4 de octubre de 202419.
44. Lo dicho da cuenta que entre la ejecutoria de la sentencia que, según los
accionantes vulneró sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y al principio de prevalencia del derecho sustancial, y el ejercicio
de la acción de tutela, transcurrieron 9 años, 7 meses y 28 días. De manera que, en
este caso, se superó el plazo razonable para acudir ante el juez constitucional.
45. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de
inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración»20, que el caso concreto claramente fue la sentencia del 18 de septiembre
de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá en el proceso de nulidad

15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado No. 11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ).
16
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 289 del CPACA, la sentencia que no se haya notificado de manera personal, «se
notificará por edicto se notificará por edicto, que durará fijado por tres (3) días. Una vez ejecutoriada, la sentencia se comunicará
de inmediato por el Secretario a las entidades u organismos correspondientes».
17
Samai, exp. 18001-33-31-001-2008-00254-01, índice 16.
18
Se aclara que de conformidad con lo establecido en el artículo 302 del CGP, las providencias notificadas fuera de audiencia
quedan ejecutoriadas tres días después de notificadas; el artículo 118 de esa misma normativa establece que el conteo de los
términos fuera de audiencia es a partir del día siguiente.
19
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05371-00, índice 1.
20
Corte Constitucional SU-055 de 2018.

8

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Accionante: Cayetano Alberto Gual Granados
Accionados: Tribunal Administrativo de Caquetá y otro

y restablecimiento del derecho con radicado núm. 18001-33-31-001-2008-00254-001.
Respecto a este punto, cabe recordar que el Consejo de Estado ha sostenido en los
casos de acciones de tutela contra providencias judiciales que el plazo razonable se
cuenta «[…] a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso
[…]»21 [Negrilla fuera del texto original].
46. En este punto, es pertinente advertir que, en lo que respecta a la acción de tutela
en contra de providencias judiciales, el análisis del requisito de la inmediatez debe ser
estricto, con el fin de no desconocer los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada,
pues las decisiones judiciales no pueden mantenerse en la incertidumbre
indefinidamente, por lo que resulta necesario establecer un plazo razonable para su
interposición. En este sentido, la jurisprudencia es diáfana al determinar que la
eventual afectación que surge de una providencia ocurre cuando la parte tiene
conocimiento de esta, lo que resulta identificable desde el trámite en que se
perfecciona su notificación y ejecutoria.
47. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda derivar
de las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas una vulneración
actual o permanente de sus derechos fundamentales, pues se trata de actuaciones
que resolvieron la situación jurídica por el tutelante al interior del proceso con efecto
inmediato y no de forma continuada en el tiempo.
48. En concreto, se advierte que el actor tuvo pleno conocimiento de la resolución del
litigio una vez le notificaron la sentencia del 18 de septiembre de 2014, por lo que a
partir de ese momento iniciaba el tiempo para acudir a la acción de tutela,
oportunamente, en procura de sus intereses. Así pues, se debe resaltar que la
naturaleza de este mecanismo constitucional exige que quien acuda a la acción
constitucional lo haga en un término perentorio para garantizar la protección inmediata
de los derechos invocados.
49. Por otra parte, es necesario precisar que el requisito de la inmediatez en la tutela,
se debe examinar en relación con el hecho o decisión judicial a la cual se le atribuye
la violación del derecho fundamental invocado, por ello, no es posible establecer la
oportunidad para acudir a la acción constitucional a partir de la notificación de la
providencia que resolvió la procedibilidad del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, pues dicha decisión no fue cuestionada en el presente asunto.
50. Conviene recordar que, según los hechos y pretensiones expuestos en el escrito
de tutela e impugnación, la parte actora cuestionó las sentencias del 29 de septiembre
de 2011 y del 18 de septiembre de 2014, proferidas por el Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión de Florencia y el Tribunal Administrativo del
Caquetá, por lo que el término de la inmediatez debía analizarse a partir de la
notificación de esta última, dado que fue la decisión que resolvió de forma definitiva el
proceso ordinario promovido por el accionante.
51. En concreto, determinar la oportunidad para acudir a la tutela a partir de la
providencia del 4 de marzo de 2024, por medio de la cual se rechazó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia por no cumplir con los requisitos

21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado núm. 11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ).

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mínimos de procedencia, implicaría revivir términos en contravía de los principios de
seguridad jurídica y cosa juzgada.
52. Sobre este particular, el Consejo de Estado ha precisado que la «interposición de
un recurso abiertamente improcedente no puede prolongar el término que esta
corporación ha estimado como razonable para reclamar la protección de derechos
fundamentales presuntamente vulnerados por decisiones de la administración de
justicia»22.
53. Aunado a lo expuesto, la Sala pone de presente que la parte actora, en el escrito
de tutela, no manifestó ningún motivo que permitiera inferir la existencia de algún
hecho concreto que le haya impedido ejercer oportunamente este medio de defensa
judicial, y que se convierta en desproporcionada la exigencia del agotamiento de este
requisito de procedencia de la acción constitucional. En tal sentido, no se encuentra
justificada la interposición tardía de la solicitud de amparo constitucional.

IV. CONCLUSIÓN

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia del 28 de noviembre de
2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que
declaró improcedente la solicitud de amparo por no superar el requisito de inmediatez.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2024 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

22
Al respecto, se puede ver: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 20 de septiembre de 2018, radicado 11001-03-
15-000-2018-02703-00. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de abril de 2019, radicado núm.
11001-03-15-000-2019-00805-00, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de mayo de 2019,
radicado núm. 11001-03-15-000-2019-01209-00.

10

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JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JLAS/SEJV

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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