República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07685-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
23 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07685-00
Accionantes: Juan Fernando Vélez Madrid y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Tema: tutela contra providencia judicial Subtema 1: medio de control de reparación
directa Subtema 2: inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por los señores Juan Fernando Vélez Madrid y
Andrea Vélez Alfonso en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
1. Síntesis del caso
Los señores Juan Fernando Vélez Madrid y Andrea Vélez Alfonso, por conducto de
apoderado, presentaron acción de tutela con la pretensión de amparo de sus
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso,
a la igualdad y a la reparación integral, que consideraron vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, con ocasión de la sentencia proferida el 28 de
septiembre de 2022, dentro del proceso de reparación directa identificado con el
radicado núm. 05001-33-33-022-2015-00791-00/01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2. El 23 de febrero de 2012, el señor José Alejandro Vélez Madríd fue capturado
por miembros del CTI de la Policía, por haber incurrido en los delitos de hurto
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Accionantes: Juan Fernando Velez Madrid y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
calificado y agravado. De manera que estuvo recluido en establecimiento carcelario
por el término de un mes y, posteriormente, con detención domiciliaria.
3. El Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías,
mediante sentencia del 12 de julio de 2013, absolvió de los cargos de hurto
calificado y agravado al señor José Alejandro Vélez Madrid y, ordenó el archivo del
expediente.
4. El señor José Alejandro Vélez Madrid, junto con su grupo familiar, presentaron
demanda de reparación directa contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior
de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener el
resarcimiento de los perjuicios materiales y morales causados por el tiempo en que
permaneció privado de la libertad.
5. El Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín, por medio de sentencia del 15
de noviembre de 2016, negó las pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión,
la parte actora presentó recurso de apelación.
6. El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de providencia del 28 de
septiembre de 2022, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de condenar a la
Fiscalía General de la Nación a pagar los perjuicios reclamados los demandantes,
al considerar que las actuaciones del ente investigador privaron injustamente de la
libertad al señor José Alejandro Vélez Madrid y tal detención tuvo origen en las
irregularidades, los errores y la deficiente labor investigativa realizada.
7. La referida sentencia excluyó del reconocimiento de los perjuicios morales a los
señores Juan Fernando Vélez Madrid y Andrea Vélez Alfonso, con fundamento en
que no se acreditó el daño moral alegado, conforme las pautas probatorias definidas
por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 29
de noviembre de 2021 dentro del expediente con radicado núm. 18001-23-31-000-
2006-00178-01(46681).
8. En virtud de lo anterior, presentaron recurso extraordinario de revisión; sin
embargo, la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante providencia del 21
de octubre de 2025, declaró infundado el mecanismo judicial.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
9. La parte actora, en el escrito de tutela, solicitó lo siguiente:
Tutelar los derechos fundamentales al efectivo acceso a la administración de justicia,
igualdad, debido proceso y reparación integral de los accionantes, declarando que la
providencia judicial del 28 de septiembre de 2022 emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, sala Segunda de Oralidad, incurrió en defecto
material o sustancial al haber aplicado la nueva tesis de unificación jurisprudencial, sin
2
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permitir a la parte interesada pedir las pruebas necesarias para acreditar la causación
de un perjuicio que, para la fecha de interposición de la demanda, se presumía por el
simple hecho del parentesco.
10. Como fundamento de sus pretensiones, los accionantes manifestaron que la
sentencia del 28 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia incurrió en los defectos sustantivo y fáctico porque aplicó de manera
parcial la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de noviembre de
2021, pues no atendió la regla que en materia probatoria definió el párrafo 68.5 de
la referida providencia, en lo que respecta a la demostración de los perjuicios
morales por parte de los hermanos de la víctima directa.
11. En este sentido explicaron que la sentencia de unificación estableció, como regla,
que las demandas presentadas entre el 28 de agosto de 2013 y el 29 de noviembre
de 2021 en las cuales el juez advierta que: «[…] no se solicitaron pruebas para
acreditar los perjuicios morales de los parientes en segundo grado de
consanguinidad, [este] podrá hacer uso de las facultades probatorias que le otorga
la ley para garantizar su derecho al debido proceso […]».
12. Así pues, expresaron que la demanda de reparación directa fue presentada el 2
de julio de 2015 y la sentencia de unificación fue proferida el 29 de noviembre de
2021, además, el proceso ingresó al despacho para fallo de segunda instancia el 2
de marzo de 2018, lo que significa que el Tribunal debió hacer uso de sus facultades
probatorias para decretar una prueba de oficio tendiente a constatar si se habían
causado perjuicios morales o no en relación a los hermanos de la víctima directa
por los hechos materia de la controversia o, en su defecto, disponer la apertura de
un período probatorio para que la parte interesada solicitará las pruebas tendientes
a demostrar el daño moral.
13. En criterio de la parte actora, la providencia acusada defraudó la confianza
legítima que tenían los demandantes de que les fuera aplicada la jurisprudencia al
momento de interponer la demanda, es decir, la sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2013 que presumía la causación de los perjuicios morales en relación con
los hermanos con sólo acreditar el vínculo de parentesco
2.3. Trámite procesal
14. El despacho ponente mediante auto del primero de septiembre de 2025 1 admitió
la tutela, ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, al Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, y puso en conocimiento el
escrito de tutela al Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín, a la Fiscalía
General de la Nación, a la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura
y a los señores José Alejandro Vélez Madrid, Sandra Lorena Muñoz Molina, María
1
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José Agudelo Muñoz, Mariela del Socorro Madrid Meneses y José Hernán Vélez
Velásquez, en su condición de terceros con interés.
2.4. Intervenciones
15. La Fiscalía General de la Nación2 afirmó que carece de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que el objeto de la tutela se dirige a cuestionar la decisión
adoptada por una autoridad judicial en un proceso de reparación directa, respecto
de lo cual no tiene competencia funcional alguna para atender satisfactoriamente
las pretensiones de los accionantes. Razón por la cual solicitó su desvinculación del
presente trámite constitucional.
16. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín3
informó que la parte actora pretende revivir una discusión que ya fue resuelta ante
los jueces naturales, pues la providencia cuestionada (del 28 de septiembre de
2022), se notificó 3 de octubre de 2022 y solo hasta el 26 de septiembre de 2023,
es decir, un año después acude al recurso extraordinario de revisión, pero ante la
negativa de este, presentó la tutela, cuando ya se había agotado el termino para
ejercer la acción constitucional. De modo que no es admisible que la interposición
del mencionado mecanismo de revisión lo habilite ahora para acudir a este
instrumento excepcional cuando han pasado más de tres años.
17. Por lo anterior, consideró que la solicitud de amparo no cumple con el requisito
de inmediatez. En consecuencia, pidió que se declare improcedente la tutela.
18. El Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín4 remitió, a esta corporación,
el expediente del medio de control de reparación directa, sin pronunciarse sobre los
hechos y pretensiones del escrito de tutela.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por los señores Juan Fernando Vélez
Madrid y Andrea Vélez Alfonso contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
2
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3
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4
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4
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3.2. Legitimación en la causa
20. La legitimación en la causa por activa de los señores Juan Fernando Vélez
Madrid y Andrea Vélez Alfonso está acreditada, por cuanto actuaron como
demandantes en el proceso de reparación directa en el que fue expedida la
sentencia que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.
21. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad porque fue la autoridad
judicial que profirió la providencia que se cuestiona en la presente acción
constitucional.
22. Por otro lado, se advierte que la Fiscalía General de la Nación solicitó su
desvinculación, al considerar que no estaba llamada a responder por la vulneración
de los derechos fundamentales de la parte accionante.
23. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez
que dicha entidad participó como sujeto demandado dentro del proceso ordinario en
el que fue emitida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión
que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se
negará su solicitud.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
24. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado5 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional6.
25.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
(i) que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial «subsidiariedad»;
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
«inmediatez»;
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente n.º 11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
6
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
5
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(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
26. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
27. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de las siguientes causales o defectos: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución7.
3.4. Problema jurídico
28. Corresponde a la Sala decidir si el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró
los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido
proceso, a la igualdad y a la reparación integral de los accionantes, al proferir la
sentencia del 28 de septiembre de 2022, dentro del proceso de reparación directa
con radicado núm. con radicado núm. 05001-33-33-022-2015-00791-01. En
conceto, deberá determinar si la solicitud de amparo superó el requisito general de
inmediatez.
29. En caso afirmativo, se continuará con el estudio de los demás requisitos de
procedibilidad y, si a ello hay lugar, se emitirá una decisión de fondo.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
30. El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela se puede
presentar en cualquier momento y lugar, pues su finalidad es la protección inmediata
de los derechos fundamentales, también es cierto que se debe ejercer dentro de un
plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto,
para asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado. De lo contrario, la
urgencia y la necesidad de intervención del juez de tutela quedarían desvirtuadas.
31. Por otra parte, cuando la solicitud de tutela se presenta en contra de una
providencia judicial, el requisito de inmediatez se traduce en una garantía de
7
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
6
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seguridad jurídica y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona
previamente ha definido un litigio y una situación jurídica en particular.
32. Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado 8, explicó
que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de amparo
se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran en juego
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por lo anterior, esta corporación,
como regla general, consideró que, para que el ejercicio de la acción de tutela se
efectuara en un plazo razonable, se debía interponer la solicitud de amparo dentro
de los seis meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia
reprochada.
33. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de
inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración»9.
3.5 Caso concreto
34. En el caso bajo estudio los señores Juan Fernando Vélez Madrid y Andrea Vélez
Alfonso pretenden que se deje sin efectos la sentencia del 28 de septiembre de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del medio de
control de reparación directa identificado con el radicado núm. 05001-33-33-022-
2015-00791-01.
35. Pues bien, al examinar el referido expediente en el Sistema de Gestión Judicial,
(Samai), se observa que la providencia objeto de tutela se notificó a las partes e
intervinientes, el 3 de octubre de 2022 y la decisión que resolvió la solicitud de
adición se comunicó el 13 de diciembre de 202210. No obstante, el escrito de tutela
fue presentado por la accionante hasta el 2 de diciembre de 202511, es decir,
transcurridos más de 2 años, de manera que superó el plazo razonable para acudir
ante el juez constitucional.
36. No pasa por alto la Sala que contra la providencia del 28 de septiembre de 2022
los accionantes interpusieron el recurso extraordinario de revisión, que fue
declarado infundado mediante sentencia del 21 de octubre de 2025, por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado12, para cuya notificación
se envió el correo electrónico respectivo el 7 de noviembre de la misma anualidad13.
Empero, esta circunstancia no justifica el ejercicio tardío de la acción de tutela,
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado No. 11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9
Corte Constitucional SU-055 de 2018, criterio reiterado en sentencia T-352 de 2022.
10
Samai, exp. 05001-33-33-022-2015-00791-01, índices 24 y 31
11
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07685-00, índice 2, certificado 53A7590A0A0AF8B6 793E0D1580DDD4DA
FCB4DBAE9C3A64D0 98FFC56F2CC8866D.
12
Samái, Consejo de Estado, índice 2, expediente digital 11001-03-15-000-2025-07685-00.
13
Samái, Consejo de Estado, índice 45, expediente digital 11001-03-26-000-2023-00164-00.
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teniendo en cuenta que:
(a) La sentencia de segunda instancia del 28 de septiembre de 2022 fue la que
de manera definitiva e inmediata resolvió la controversia que plantearon los
peticionarios al presentar la demanda de reparación directa, motivo por el cual
constituye la decisión que presuntamente vulneró sus derechos
fundamentales, no así la que declaró infundado el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia.
(b) En consonancia con lo anterior, los accionantes no dirigieron motivo de
inconformidad alguno contra la decisión que declaró infundado el referido
recurso extraordinario, sino únicamente contra la sentencia del Tribunal
Administrativo de Antioquia, por lo que es a partir de la ejecutoria de esta que
debe valorarse el ejercicio oportuno de la acción constitucional, como la
circunstancia definitiva que la accionante afirma vulneró sus derechos
fundamentales.
(c) La interposición de un recurso improcedente, como el extraordinario de
revisión en el caso de autos, no puede prolongar el término que la
jurisprudencia constitucional ha estimado razonable para controvertir
decisiones judiciales, so pena de que estas, a pesar de su firmeza,
permanezcan en un estado de incertidumbre en detrimento de la confianza
legítima, la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso de las partes e
intervinientes.
37. En este punto, es importante aclarar que esta Subsección ha sostenido que la
interposición de recursos extraordinarios que no tienen vocación de prosperidad no
puede prolongar el término que esta corporación ha estimado como razonable para
acudir a la acción de tutela.
38. Así pues, esta Subsección14 frente a casos similares, en los que se pretendió
justificar el ejercicio tardío de la acción tutela contra providencias judiciales que
finalizaron los procesos ordinarios correspondientes, bajo el argumento que contra
estas se presentó el recurso extraordinario de unificación jurisprudencia, que fue
rechazado por improcedente expuso las siguientes razones:
[…]
49. Por otra parte, es necesario precisar que el requisito de la inmediatez en la tutela,
se debe examinar en relación con el hecho o decisión judicial a la cual se le atribuye
la violación del derecho fundamental invocado, por ello, no es posible establecer la
oportunidad para acudir a la acción constitucional a partir de la notificación de la
providencia que resolvió la procedibilidad del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, pues dicha decisión no fue cuestionada en el presente asunto.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de marzo de 2025, exp. 11001-03-15-000-2024-
05371-01, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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50. Conviene recordar que, según los hechos y pretensiones expuestos en el escrito
de tutela e impugnación, la parte actora cuestionó las sentencias del 29 de
septiembre de 2011 y del 18 de septiembre de 2014, proferidas por el Juzgado
Primero Administrativo de Descongestión de Florencia y el Tribunal Administrativo del
Caquetá, por lo que el término de la inmediatez debía analizarse a partir de la
notificación de esta última, dado que fue la decisión que resolvió de forma definitiva
el proceso ordinario promovido por el accionante.
51. En concreto, determinar la oportunidad para acudir a la tutela a partir de la
providencia del 4 de marzo de 2024, por medio de la cual se rechazó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia por no cumplir con los requisitos
mínimos de procedencia, implicaría revivir términos en contravía de los principios de
seguridad jurídica y cosa juzgada.
52. Sobre este particular, el Consejo de Estado ha precisado que la «interposición de
un recurso abiertamente improcedente no puede prolongar el término que esta
corporación ha estimado como razonable para reclamar la protección de derechos
fundamentales presuntamente vulnerados por decisiones de la administración de
justicia»15.
39. En el presente se reitera que los tutelantes promovieron recurso extraordinario
de revisión contra la sentencia del 28 de septiembre de 2022; sin embargo, el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante providencia del 21
de octubre de 202516, declaró infundado el mecanismo judicial, al considerar que
los reproches planteados por la parte recurrente no tenían la condición suficiente
para configurar la causal de nulidad invocada, que hubiese permitido «infirmar la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia por la vía del recurso
extraordinario de revisión».
40. De acuerdo con lo anterior, es posible advertir que el recurso extraordinario de
revisión promovido por los tutelantes en contra de la sentencia del 28 de septiembre
de 2022 no justifica la forma tardía en que se acudió al juez de tutela, teniendo
15 Al respecto, se puede ver: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 20 de septiembre de 2018, exp.
11001-03-15-000-2018-02703-00. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de abril
de 2019, exp. 11001-03-15-000-2019-00805-00, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 6 de mayo de 2019, exp. 11001-03-15-000-2019-01209-00.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de octubre de 2025, radicado núm.
11001-03-15-000-2013-00164-00(70468). En dicha procidencia se desestimó la procedencia del recurso
extraordinario de recisión, con fundamento en lo siguiente: « Específicamente en cuanto al desconocimiento del
precedente judicial o de las sentencias de unificación, la posición jurisprudencial consolidada que fue reseñada
en el acápite de consideraciones generales de esta providencia ha establecido que esta situación no puede
sustentar la causal de revisión de nulidad originada en la sentencia; de un lado, porque el alegado
desconocimiento del precedente o su indebida aplicación no configura un vicio de aquellos que den lugar a la
materialización de una irregularidad procesal que, desde la perspectiva restringida de este recurso, tenga
incidencia en el derecho al debido proceso, y, del otro, porque para garantizar la aplicación y prevalencia de las
sentencias de unificación existen en el ordenamiento jurídico otras herramientas judiciales.
Estas consideraciones aplicadas al caso concreto imponen a la Sala declarar infundado el recurso extraordinario
de revisión de la referencia, pues la alegada vulneración por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia de
las reglas contenidas en la sentencia de unificación del veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintiuno
(2021), radicación 46681, no se traduce en un reproche que pueda ser resuelto por la vía de la causal quinta
del recurso extraordinario de revisión.».
9
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en cuenta que fue esta la que a juicio de los accionantes afectó los derechos
invocados, la que de manera definitiva e inmediata resolvió la controversia que
planteó en el proceso ordinario, por lo que a partir de su firmeza existió la
oportunidad de acudir al juez de tutela.
41. En ese orden de ideas, no se evidencia algún hecho concreto que le haya
impedido a los tutelantes ejercer oportunamente la acción de tutela, o que haga
desproporcionada la exigencia del agotamiento del referido requisito de
procedencia. Por lo tanto, no se encuentra justificada la interposición tardía de la
solicitud de amparo.
4. Conclusión
42. Por las anteriores razones se declarará improcedente el amparo deprecado por
los señores Juan Fernando Vélez Madrid y Andrea Vélez Alfonso contra la sentencia
proferida el 28 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia en
el proceso de reparación directa, con radicado núm. 76001-33-33-016-2023-00164-
01.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Fiscalía General de
la Nación, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo: Declarar Improcedente la acción de tutela que presentó los señores Juan
Fernando Vélez Madrid y Andrea Vélez Alfonso, por las razones expuestas en esta
providencia.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07685-00
Accionantes: Juan Fernando Velez Madrid y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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