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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07028-00

Fecha
12 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07028-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRESE improcedente la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07028-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

12 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07028-00
Accionante: Héctor Javier Vergara Sierra
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela contra providencia judicial

La Sala resuelve, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por el señor Héctor
Javier Vergara Sierra contra la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera de esta corporación, que confirmó la sentencia de la subsección A de la sección
tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la que se negaron las pretensiones
de la demanda de reparación directa por error judicial dentro del proceso 25000-23-36-000-
2017-01849-02 (70224), promovido por el ahora tutelante.

SÍNTESIS1

El accionante alegó que Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación vulneró
sus derechos a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al
confirmar la sentencia que negó las pretensiones de reparación directa por error judicial. La
Sala declarará improcedente la demanda de tutela por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 7 de noviembre del 2025, el señor Héctor Javier Vergara Sierra interpuso acción de
tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos a la igualdad de trato por parte de
las autoridades, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. A su juicio,
dichas garantías constitucionales fueron vulneradas en las sentencias proferidas el 8 de
junio de 2023 y el 9 de abril de 2025 (notificada el 4 de junio de 2025) por la subsección A
de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Subsección C de la
Sección Tercera de esta Corporación, respectivamente, que negaron las pretensiones de
reparación directa por el error judicial reconocido mediante la sentencia SU-424 de 2016,
proferida por la Corte Constitucional, mediante la cual se anuló la sentencia del 21 de agosto
de 2012, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, que declaró su pérdida de
investidura para el ejercicio del cargo de Representante a la Cámara durante el periodo
constitucional 2010-2014.

1 Temas: Acción de Tutela contra providencia judicial, pérdida de investidura, falta de relevancia constitucional.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07028-00
Accionante: Héctor Javier Vergara Sierra
Acción de tutela

2. El accionante formuló las siguientes pretensiones (se transcribe):

Primero: CONCEDER el amparo de mis derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad de trato por parte de todas las autoridades públicas y acceso a la administración
de justicia.

Segunda: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del
nueve (09) de abril de dos mil veinticinco (2025), notificada el día cuatro (04) de junio de
este mismo año, proferida por la Subsección “C” de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

Tercera: ORDENAR a la Subsección “C” de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación del fallo, emita una nueva decisión sobre mi demanda
contra la rama judicial por el error cometido en la sentencia del 21 de agosto de 2012,
declare el daño antijurídico y otorgue la indemnización correspondiente.

Cuarta: NOTIFICAR la sentencia que se profiera a los magistrados que integran la
Subsección “C” de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado y a los terceros con interés en la sentencia a las direcciones electrónicas
descritas en el acápite de notificaciones.

B. Hechos

3. El 20 de julio de 2010, el señor Héctor Javier Vergara Sierra, tomó posesión del cargo de
Representante a la Cámara, para el periodo constitucional 2010-2014.

3.1.Mediante sentencia del 21 de agosto de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura del señor Héctor
Javier Vergara Sierra, con fundamento en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 5°
del artículo 179 de la Constitución Política, que prohíbe ser congresista a quien tenga
vínculos de parentesco en tercer grado de consanguinidad con funcionarios que ejerzan
autoridad civil o política.

3.2. El señor Vergara Sierra interpuso acción de tutela contra la sentencia del 21 de agosto
de 2012, pero el amparo fue negado por la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante providencia del 31 de julio de 2014.

3.3. La Corte Constitucional, en sede de revisión de dos acciones de tutela referidas a la
pérdida de investidura, mediante sentencia SU-424 del 11 de agosto de 2016 revocó la
providencia del 31 de julio de 2014 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
y, en su lugar, concedió el amparo solicitado por el señor Vergara Sierra. En consecuencia,
dejó sin efectos la sentencia del 21 de agosto de 2012, que declaró la pérdida de investidura
del señor Vergara Sierra, al hallar que hubo “un defecto sustantivo por falta de análisis del
elemento de la culpabilidad en la decisión del caso”2.

3.4 El 29 de septiembre de 2017, el señor Vergara Sierra interpuso demanda de reparación
directa por el error judicial atribuible a la sentencia del 21 de agosto de 2012, mediante la

2 Página 10 del escrito de tutela, índice 02 de Samai.

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Accionante: Héctor Javier Vergara Sierra
Acción de tutela

cual se declaró la pérdida de investidura. A través de dicho medio de control, solicitó el
resarcimiento de los perjuicios ocasionados por el error judicial y el funcionamiento anormal
de la administración de justicia concretados en la declaración de pérdida de investidura que
le impidió culminar su periodo como congresista de la República.

3.5. Mediante providencia del 8 de junio de 2023, la subsección A de la sección tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, “bajo la
consideración de que el fallo de pérdida de investidura no incurrió en error jurisdiccional,
pues fue proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
en forma razonada y coherente”.

3.6. El señor Vergara Sierra interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal,
el cual fue resuelto mediante sentencia del 9 de abril de 2025, proferida por la Subsección
C de la Sección Tercera de esta Corporación, en la cual se confirmó la decisión de primera
instancia.

3.7 El 7 de noviembre de 2025, el señor Vergara Sierra interpuso la acción de tutela que
ahora se resuelve, en contra la sentencia emitida por la Subsección C de la Sección Tercera
de esta Corporación el 9 de abril del 2025.

C. Fundamentos de la vulneración

4. En su escrito, puso de presente que la providencia enjuiciada vulneró sus derechos a la
igualdad de trato por parte de las autoridades, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. Afirmó que la providencia contra la que se ejerce la acción
desconoce la sentencia SU-424 de 2016, de la Corte Constitucional, en la cual se puso de
presente el error judicial, consistente en que:

“la sentencia del Consejo de Estado, que decidió la pérdida de investidura, incurrió en tal
defecto sustantivo porque omitió la aplicación de una norma que claramente era aplicable
(artículo 29 de la Carta), en tanto el proceso sancionador de pérdida de investidura exige
la aplicación del principio de culpabilidad, lo que no fue valorado sino que se impuso una
responsabilidad objetiva”3.

4.1. Afirmó que del análisis hecho en la sentencia SU-424 de 2016 se evidenció que él obró
sin culpa, en tanto que su conducta se ajustó a la confianza que en él generaba el hecho
de que, para el momento de su elección como Representante a la Cámara, la interpretación
de la Sección Quinta del Consejo de Estado de la causal de inhabilidad prevista en el
numeral 5° del artículo 179 de la Constitución Política indicaba que tal inhabilidad no
resultaba aplicable cuando el funcionario con quien se tenía vínculo ejercía autoridad en
una jurisdicción territorial inferior a la que se aspiraba.

4.2. Asimismo, indicó que la sentencia del 9 de abril de 2025 desconoce la sentencia SU-
424 de 2016, la cual es un precedente de obligatorio cumplimiento para el caso concreto,
por lo cual, interpretar que la sentencia que declaró su pérdida de investidura estuvo
correctamente fundada, implica una interpretación contraria a la constitución y a la

3 Página 17 del escrito de tutela, índice 02 de Samai.

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Accionante: Héctor Javier Vergara Sierra
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jurisprudencia constitucional pertinente para el caso concreto, sin que se indique
justificación alguna por la cual la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
puede apartarse del precedente constitucional en el caso concreto.

4.3. También puso de presente que la sentencia de la Subsección C de la Sección Tercera
de esta Corporación incurrió en defecto fáctico, pues en ella se afirmó que:

(…) no es posible hablar de un ‘error jurisdiccional’ en la providencia dictada por el Consejo
de Estado el 21 de agosto de 2012, que en este proceso es objeto de reproche, porque
uno de los presupuestos para la configuración del yerro judicial es que la providencia
cuestionada se encuentre ejecutoriada, lo que no sucede en el caso que en esta 16
oportunidad es sometido a consideración4.

4.3.1. Contrario a lo afirmado por la Subsección C, el accionante indica que en el acervo
probatorio de la actuación judicial 5 se encuentra acreditado que la sentencia del 21 de
agosto de 2012 quedó ejecutoriada, pues con base en tal ejecutoria el Congreso de la
República expidió la Resolución MD. 2666, mediante la cual se dio cumplimiento a la
sentencia del Consejo de Estado, concretando así la pérdida de investidura. En tal sentido
afirma que es contradictorio que en los numerales 3.6, 3.7 y 3.8 de la sentencia enjuiciada
se admita que la sentencia del 21 de agosto de 2012 quedó ejecutoriada, pero que en las
consideraciones se indique lo contrario.

4.4. El accionante puso de presente que la sentencia del 9 de abril de 2025 incurrió en
defecto sustantivo por error grave en el título de imputación aplicado, en tanto que su
demanda de reparación debió valorarse bajo los parámetros del error judicial, sin embargo,
afirmó, con base en varias sentencias de la Corte Constitucional6, que “la aplicación final
de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes”7.

4.5. Afirmó que la sentencia del 9 de abril de 2025 incurrió en defecto sustantivo por
desconocimiento de los precedentes judiciales de la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado. Puntualizó que el defecto sustantivo en que incurre la sentencia enjuiciada consiste
en que esta omitió “la aplicación de una norma claramente aplicable al caso”, pues tal como
lo dispuso la SU-424 de 2016, era necesario valorar subjetivamente su conducta respecto
de la causal de pérdida de investidura.

4.6. Aludió a que, dicha sentencia dejó sin efectos las sentencias que declararon su pérdida
de investidura, en tanto que “(…) no tuvieron en cuenta que los accionantes actuaron con
buena fe exenta de culpa, por lo que no se les puede endilgar responsabilidad alguna por
estar incursos en la conducta analizada”; razón por la cual, la sentencia del 9 de abril del
2025, al afirmar que no hubo error judicial, “desconoce la misma sentencia de la Corte, el
artículo 90 de la Carta Política y los mismos precedentes del Consejo de Estado sobre el
concepto de daño antijurídico y los elementos del error judicial”.

4 Página 34 del escrito de tutela, índice 02 de Samai.
5 Concretamente, en el folio 266 del expediente 25000-23-36-000-2017-01849-02 (70224).
6 Sentencias T-515 de 2024, SU-453 de 2019, T-773 de 2011, T-462 de 2003 y T-001 de 1999.
7 Páginas 25 y 26 del escrito de tutela, índice 02 de Samai.

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Accionante: Héctor Javier Vergara Sierra
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4.6.1. En tal sentido, puso se presente que el daño sufrido por él fue señalado en la SU-424
de 2016, que él como ciudadano no estaba en el deber de soportar tal daño y que la
providencia aquí enjuiciada no puede calificar el daño por él sufrido como daño jurídico.
Indicó que, de acogerse la providencia de la Subsección C, se estaría prohijando una
subregla consistente en que, “el ciudadano debe asumir las omisiones en que haya incurrido
la administración de justicia en la aplicación de un régimen sancionatorio, por haber tenido
la mala suerte de haber sido demandado, siempre que el fallador haya justificado de alguna
(cualquier) manera su omisión”, lo cual es evidentemente contrario al artículo 90 de la
constitución.

4.6.2. En el mismo sentido, refirió providencias de la Sección Tercera, Subsección C, del
Consejo de Estado, en las que se explicó, con base en la Ley 270 de 1996, que el error
judicial se da cuando una autoridad judicial profiere providencias contrarias a la ley, en las
que concurran los siguientes requisitos: (i) que el afectado haya interpuesto todos los
recursos legales, (ii) que la providencia contentiva del error se encuentre en firme, (iii) que
la providencia sea contraria a derecho8. En tales providencias de la Subsección C también
se explica que “el error puede ser de hecho o derecho, por interpretación errónea, falta de
aplicación de la norma o indebida aplicación de la misma” 9 , ello incluye el error por
contrariedad a la constitución, por desconocimiento del precedente o por defectos
sustantivos, orgánicos o procedimentales en las causales de procedibilidad. También puso
de presente providencias en las que se reconocía que el error judicial que “da lugar a la
reparación es toda disconformidad de la decisión del juez con el marco normativo que regula
el tema de la decisión, incluida la valoración probatoria que corresponda realizar”10.

4.6.3. A renglón seguido concluyó que:

[L]a sentencia del 9 de abril de 2025, al negar las pretensiones de la demanda y ajustar su
argumentación a la no ocurrencia de un daño antijurídico, en realidad está desconociendo
su propio precedente, pues no obstante acreditados los defectos de omisión constitucional
y sustantivo, sin justificación sobre por qué se aparta del precedente horizontal, se niega a
reconocer la responsabilidad por el error judicial (o si se quiere por la falla en el servicio)
so pretexto de que la decisión del 21 de agosto de 2012 estuvo suficientemente justificada.

4.7. En consideración del accionante, la sentencia del 9 de abril de 2025 es contraria al
precedente judicial constitucional y a la interpretación normativa que se deriva de tal
precedente al sustentar su decisión en que, en su caso concreto “no se contrarió la Carta
Política o una norma legal, cuya aplicación fuere exigible para ese momento”, en la medida
en que “fue solo a partir de aquella sentencia de unificación que la Corte Constitucional
introdujo la exigencia de evaluar el elemento de la culpabilidad” y que “para el momento en
que fue adoptada (…) la decisión sancionatoria, la ausencia de valoración del ingrediente
subjetivo en la conducta inhabilitante no implicaba desconocimiento de una norma
constitucional o legal que otorgara antijuridicidad al daño sufrido por el señor Vergara
Sierra”, por lo cual, en consideración de la subsección C, “las sentencias que la Corte

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio de 2017, rad. 25000-23-26-000-2006-

00984-01(38082), C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
9 Idem.
10 Referida por el accionante en la nota al pie 36 de su escrito de tutela como: Consejo de Estado, Sentencia de 5 de

diciembre de 2007, expediente 15128.

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Constitucional deja sin efectos con ocasión de la expedición de una sentencia hito, que
enmarca un cambio jurisprudencial, no entrañan un daño antijurídico, siempre que hayan
sido adoptadas de manera fundamentada, de conformidad con las normas y la
jurisprudencia vigentes al momento en que se profirieron”.

4.8. A pesar de que la Subsección C afirme que las sentencias que declararon la pérdida de
investidura del accionante estaban correctamente sustentadas porque concordaban con la
jurisprudencia vigente en materia de la valoración subjetiva de la conducta, el accionante
afirma haber hallado múltiples sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional,
previas y contemporáneas a la providencia del 21 de agosto de 2012, en las que sí se tenía
en cuenta la valoración subjetiva de la conducta como elemento para determinar la
procedencia de la pérdida de investidura11; de modo que la interpretación al respecto no
era pacífica.

D. Trámite procesal

5. Por auto del 11 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela12. La providencia fue debidamente notificada a las autoridades judiciales accionadas
(Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado) 13 y se vinculó a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, a Katiana Aguirre de Oro, a Valeria Vergara Cruzado, a
Héctor Jesús Vergara Cruzado, a Héctor Alejandro Vergara Aguirre y a Luciana Vergara
Aguirre, como terceros con interés14.

E. Oposiciones e intervenciones

6. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado (accionado) allegó el
expediente digital15 y solicitó negar el amparo16. Afirmó que la tutela carecía de relevancia
constitucional en tanto que se utilizó la solicitud de amparo para cuestionar el análisis
probatorio realizado por la Subsección”. Particularmente, puso de presente que mediante
la acción constitucional el actor busca controvertir la valoración de las pruebas hecha por la
Subsección, en tanto que, contrario a los intereses del actor, se determinó que el daño
reclamado mediante la reparación directa no fue antijurídico.

11 Las sentencias referidas por el accionante (tal como se presentaron en su escrito) son las siguientes: sentencia de la

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 01 de Junio de 2010; sentencia de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 23 de marzo de 2010; sentencia de constitucionalidad C-319
de 1994, sentencia de constitucionalidad C-247 de 1995; sentencia de constitucionalidad C-280 de 1996; Consejo de
Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de abril de 44 2001, Radicación Número: AC-12591,
Sentencia de Constitucionalidad C-131 de 2002; Sentencia de Constitucionalidad C-254A de 2012; Sentencias de
constitucionalidad C-319 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara; Sentencia de tutela T-935 de 2009, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto; sentencia de tutela T-544 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño; Sentencia del Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P.: Gerardo Arenas Monsalve, diecinueve (19) de enero de dos mil diez
(2010), radicación: 11001-03-15-000-2009-00708-00(PI).
12 Índice 05 de Samai.
13 Índice 08 de Samai.
14 Índice 05 y 08 de Samai.
15 Índice 09 de Samai.
16 Índice 15 de Samai.

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6.1. Asimismo, señaló que la sentencia enjuiciada no incurrió en el defecto fáctico invocado
por el actor, en tanto que, de acuerdo con el requisito legal17, para que se estructure el error
judicial resulta necesario que la providencia contentiva del error se encuentre en firme y, en
el caso concreto, debido a que la sentencia que declaró la pérdida de investidura fue dejada
sin efectos por la Corte Constitucional, no se cumple el requisito para que se estructure el
error judicial. A pesar de ello, resalta que, en su análisis, encausó la demanda a través de
la falla del servicio, tal como recientemente ha sido recomendado por una sentencia de la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado18.

6.2. También, puso de presente que, en su análisis, halló que el daño alegado por el actor
no era antijurídico, en la medida en que la sentencia que declaró la pérdida de investidura
no desatendió los precedentes jurisprudenciales de la época; asimismo, la Subsección C
demostró que, una a una, las providencias invocadas por el actor como precedentes
desobedecidos, no resultaban ser aplicables al caso concreto. Todo lo cual desvirtúa los
defectos sustantivos con base en los cuales se sustentó la tutela.

7. La subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
guardó silencio.

8. La ciudadana Valeria Vergara Cruzado, en calidad de tercera interesada, se pronunció
refiriendo que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha afirmado que “el error de hecho
o de derecho debe incidir en la decisión jurisdiccional en firme, para que se configure una
lesión de los derechos ya comentados, que la víctima no tenga el deber de soportar; lesión
que, en todo caso, debe ser personal y cierta”19. Señaló que la tutela cumple con todos los
requisitos de procedibilidad. Indicó que en el proceso de reparación directa el Consejo de
Estado ha desconocido su propio precedente respecto de la responsabilidad por error
judicial, en tanto que el caso concreto reunía todos los requisitos para declarar la
responsabilidad por error judicial.

8.1. Particularmente, respecto del requisito de la firmeza de la decisión, señaló que la
decisión que declaró la pérdida de investidura se encuentra en firme y que “el requisito exige
que la providencia no pueda ser revertida en vías judiciales ordinarias, por lo que la acción
de tutela revisada a través de la sentencia SU-242 de 2016 y que revocó la decisión de
única instancia, no puede ser considerada parte de este análisis”. A renglón seguido indicó
que la firmeza de la decisión se evidencia en que su padre, el señor Vergara Sierra, fue
apartado de su curul, sin que pudiera terminar el periodo constitucional para el cual fue
elegido. Esta argumentación replica el salvamento de voto del Magistrado Garzón Martínez
en la sentencia que negó en primera instancia las pretensiones de la demanda de
reparación directa20. En lo demás, la ciudadana Vergara Cruzado reiteró los argumentos y
la solicitud del accionante.

17 Ley 270 de 1996, artículo 67. Presupuestos del error jurisdiccional. “El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes

presupuestos: 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70,
excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia
judicial. 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”. (subrayado propio)
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 24 de abril de 2024, rad. 23001233300020160000401

(66898), C. P. Nicolás Yepes Corrales.
19 Al respecto, refirió las sentencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594,

C. P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, sentencia de 12 de octubre de 2017, exp. 35337, C. P. Marta Nubia
Velásquez Rico.
20 En su salvamento de voto, el magistrado recordó que “las providencias judiciales quedan ejecutoriadas y por tanto

adquieren firmeza una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. Con lo anterior se quiere
significar, que la firmeza de las providencias judiciales no queda supeditada a lo que pueda pasar en sede de tutela,
porque la tutela no es una tercera instancia del proceso contencioso administrativo, ni tampoco tiene la naturaleza
de recurso ordinario o extraordinario, respecto de la decisión adoptada por el H. Consejo de Estado. (…) en el

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II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

9. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta
Corporación.

G. Providencia objeto de análisis

10. El accionante cuestionó la sentencia proferida el 9 de abril de 2025 (notificada el 4 de
junio de 2025) por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del
proceso de reparación directa 25000233600020170184902 (70224).

H. Sentido de la decisión

11. La Sala declarará improcedente la acción de tutela al no cumplir con el requisito general
de relevancia constitucional. En ese sentido y por razones metodológicas, en esta
providencia no se hará la verificación de los demás requisitos generales de procedencia de
la acción21.

I. El requisito de relevancia constitucional

12. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales22. En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la decisión
cuestionada23, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional sea

caso concreto, se encuentra acreditado que mediante sentencia del 21 de agosto de 2012, que quedó ejecutoriada y por
tanto adquirió firmeza, produciendo plenos efectos jurídicos, la Sala Plena del Consejo de Estado decretó la pérdida
de investidura del Congresista Héctor Javier Vergara Sierra, lo que conllevó su separación del cargo, a la mitad del periodo
para el cual había sido elegido. (…) si bien en la actualidad, la providencia proferida por la Sala Plena del H. Consejo de
Estado, no está produciendo efectos jurídicos, lo cierto es que entre el momento de su entrada en firmeza y el momento
en el que la H. Corte Constitucional profirió su decisión de dejarla sin efectos en sede de tutela, dicha providencia judicial
surtió plenos efectos jurídicos. (…) no se puede sostener que una providencia, sobre la cual se interpuso el único
recurso extraordinario que procedía, que además durante su vigencia produjo plenos efectos jurídicos, no reúne los
requisitos de firmeza, sencillamente porque por vía de tutela, al estudiarse la temática, se le dejo sin efectos. En
conclusión, para el suscrito magistrado, como se discutió en Sala, sí se encuentra en el caso concreto constituido el
requisito de firmeza y por consiguiente este argumento no es jurídicamente aceptable, como supuesto principal para
denegar las pretensiones”. (Negrilla original). Índice 09 de Samai.
21 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la Corte Constitucional

ha establecido los siguientes: a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de
la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora: e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible,
y f) Que no se trate de sentencias de tutela. Sentencia de constitucionalidad C-590 de 2005.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M. P. Natalia Ángel Cabo.
23 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M. P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M. P. Cristina Pardo

Schlesinger y SU-134 de 2022, M. P. José Fernando Reyes Cuartas.

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utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.

12.1. En línea con lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional estableció
que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional. De esta
manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones24.

12.2. En la sentencia SU-215 de 202225, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela contra
una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:

(i) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y
goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto
meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe ser trascendente para
la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política o para la
determinación del alcance de un derecho fundamental.
(ii) La controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela como
una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir debates meramente legales y la
solicitud debe trascender la mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los
jueces naturales.
(iii) Le deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia
judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces, no basta con la sola
referencia a la afectación de las garantías superiores para encontrar probada la
relevancia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada a un derecho fundamental.
(iv) El examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser
estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial
claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.

12.3. Para la Corte Constitucional26, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

12.4.Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “(…) la providencia judicial sea definitivamente
incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido
desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico de tal

24 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M. P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M. P.

José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de
2020, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M. P. Natalia Ángel Cabo.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M. P. Carlos Bernal Pulido.

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entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional” 27.

J. Caso concreto

13. La Sala observa que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto la solicitud de amparo tiene como propósito reabrir el debate
concluido en el proceso de reparación directa, sin que se advierta una actuación arbitraria
o ilegítima por parte de la autoridad judicial accionada en la aplicación de la normativa y la
jurisprudencia.

13.1. En efecto, revisado el expediente ordinario, la Sala evidencia que los argumentos
presentados por el accionante en el escrito de amparo fueron esgrimidos en el recurso de
apelación formulado contra la sentencia proferida el 8 de junio de 2023 por la Subsección
A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 28. Así las cosas, es
evidente que la demanda de tutela tiene como propósito abrir una instancia adicional a las
previstas en el proceso ordinario, como se expondrá a continuación.

13.2. Mediante sentencia del 8 de junio de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda instaurada
por el tutelante y otros contra la Nación –Rama Judicial, con base en lo siguiente:

Del acervo probatorio obrante en el plenario concluye la Sala que en un principio no se
cumpliría con el primero de los presupuestos del error jurisdiccional relacionado con que
las decisiones contentivas del error se encuentren en firme, pues las providencias
acusadas del 21 de agosto de 2012 y 4 de agosto de 2015 proferidas por la Sala Plena del
Consejo de Estado dentro del trámite de la pérdida de investidura del Representante a la
Cámara Héctor Javier Vergara Sierra no se encuentran en firme por decisión de la Corte
Constitucional.

No obstante lo anterior, es importante recordar que solo en virtud de la orden de la Corte
Constitucional en sede de tutela, mediante la cual se dejó sin efectos la sentencia del 21
de agosto de 2012 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, se avizoraron las
razones por las cuales la parte actora hace consistir el error judicial, al haber encontrado
este órgano constitucional que las decisiones atacadas habían incurrido en defecto
sustantivo.

Lo anterior, permite a la Sala colegir que, aunque no se cumplió de manera formal con el
presupuesto establecido en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, consistente en que la
providencia acusada de arbitraria se encuentre en firme, ello no impide estudiar de fondo
las pretensiones de la demanda, bajo el entendido que fue solo hasta el momento en el
que la Corte Constitucional dejó sin efectos las providencias acusadas que eventualmente
se pudo configurar el presunto error jurisdiccional.

En ese sentido, parte la Sala por señalar que las providencias del 21 de agosto de 2012 y
4 de agosto de 2015, proferidas por la Sala Plena del Consejo de Estado, no son
constitutivas de error judicial, pues no resulta arbitraria, caprichosa, ni manifiestamente

27 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M. P. Natalia Ángel Cabo.
28 Indice 9 de Samai.

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contraria al ordenamiento jurídico, ni a la interpretación respecto a las normas jurídicas
aplicables al caso, por el contrario, puede decirse que resultó razonada y coherente, como
se expondrá a continuación (…).

13.3. Inconforme con la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de apelación, en el
que reiteró que los daños causados con ocasión del error judicial y del funcionamiento
anormal de la administración de justicia se derivaron de la sentencia proferida por el
Consejo de Estado, en Sala Plena de fecha 21 de agosto de 2012. Manifestó que tal
sentencia adolece de irregularidades que fueron identificada por la Corte Constitucional, de
modo que la declaración de pérdida de investidura fue errónea, por lo cual tal sentencia fue
dejada sin efectos por el alto tribunal. Puso de presente que, al no haber aplicado los
criterios de legalidad, debido proceso, favorabilidad y culpabilidad, en los términos
explicados por la Corte Constitucional, se “omitió la debida aplicación de una norma
aplicable al caso”.

13.4. También refirió que el Consejo de Estado no valoró su actuar, conforme a la confianza
legítima y la buena fe, como sí lo evidenció la Corte Constitucional, de modo que no era
posible imponer la sanción de pérdida de investidura, por no hallarse realmente incurso en
la causal de inhabilidad del numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política. Todo lo
cual evidencia el error judicial de la Sentencia del 21 de agosto de 2012.

13.4. Expresamente, en el recurso de apelación el demandante expuso que :

El error judicial se dio puntualmente en la sentencia que decreto (sic) la perdida de investidura
(…), ya que la sentencia contenía una errada interpretación frente a la incidencia de la
circunscripción departamental con la municipal, téngase en cuenta que en varios
pronunciamientos del Consejo de Estado, de manera clara y ratificado en varias
oportunidades, se señaló que las circunscripciones departamental y municipal no coinciden,
para interpretar y aplicar la inhabilidad consagrada en el artículo 179 numeral 5 de la
Constitución Política de Colombia. Precedente judicial claro, que me permito referirlo: (…)

Conforme a lo anterior, existe certeza que el Consejo de Estado, mantenía uniforme y
reiteradamente, la línea jurisprudencial, en el sentido de que para que se configurara la
inhabilidad del artículo 179 numeral 5 de la Constitución Política de Colombia, en el caso de
una elección departamental, como es la de los Representantes a la Cámara, se exige que el
funcionario ejerza autoridad civil o política en un cargo con jurisdicción en el respectivo
departamento, sin que baste el ejercicio de tal autoridad únicamente en la jurisdicción de un
municipio que pertenezca al respectivo departamento (…).

Además me permito manifestar, los argumentos con los cuales, se tendrá el convencimiento
del error judicial contenido en la sentencia de fecha 21 de Agosto de 2012, con la cual se le
causaron graves perjuicios a mis poderdantes, los cuales son:

(i) Se desconoció el precedente jurisprudencial, el cual ya se encontraba consolidado por la
Corporación, en cuanto a la inhabilidad consagrada en el artículo 179 numeral 5 de la
Constitución Política de Colombia, criterio que especificaba claramente que en el caso de los
congresistas, las circunscripciones nacional, departamental y municipal se tienen por no
coincidentes.

(ii) Se otorgó un alcance a la causal de inhabilidad del artículo 179 numeral 5 de la
Constitución Política de Colombia, que desconoce los criterios hermenéuticos que deben
aplicarse a los regímenes prohibitivos y sancionatorios, como son el principio de
interpretación restrictiva, el principio in dubio pro homine y el principio de favorabilidad;

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(iii) Se desestimó el análisis adecuado y aplicable al principio de la buena fe, de confianza
legítima y seguridad jurídica, principios de los que solicito su protección en todas las
actuaciones llevadas a cabo en el proceso de perdida de investidura seguido en contra de mi
poderdante.

(iv) Se omitió valorar debidamente las pruebas aportadas (…) Hector Javier Vergara Sierra,
en el proceso de perdida de investidura.

(v) Se analizaron indebidamente los argumentos esgrimidos (…) en el curso del proceso de
perdida de investidura29.

13.5. En el mismo sentido, fue enfático en su esfuerzo por desvirtuar el argumento del tribunal
relativo a la falta de firmeza de la sentencia que declaró la perdida de investidura. Para lo
cual afirmó que “la sentencia del 21 de agosto de 2012, proferida por la Sala Plena Consejo
de Estado mediante la cual se declaró la perdida de investidura, tuvo efectos de cosa
juzgada”, en la medida en que fue ejecutoriada y en tanto que el actor tuvo que dejar su
curul en la Cámara de Representantes, sin terminar el periodo constitucional para el cual
fue electo.

14. Tales reparos fueron resueltos de fondo por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado en la sentencia del 9 de abril de 2025, en los siguientes términos:

Ahora bien, en razón al pronunciamiento adoptado por la Corte Constitucional, no es posible
hablar de un “error jurisdiccional” en la providencia dictada por el Consejo de Estado el 21 de
agosto de 2012, que en este proceso es objeto de reproche, porque uno de los presupuestos
para la configuración del yerro judicial es que la providencia cuestionada se encuentre
ejecutoriada, lo que no sucede en el caso que en esta oportunidad es sometido a
consideración.

Así pues, siguiendo el derrotero trazado en forma previa por esta Subsección de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, se estima que lo correcto es encauzar el análisis de este
asunto bajo la óptica de una eventual falla en el servicio.

(…) además de los argumentos expuestos en la demanda, afirmó que la decisión de pérdida
de investidura incurrió en error jurisdiccional porque omitió valorar en forma adecuada las
pruebas aportadas por Héctor Javier Vergara Sierra en el proceso sancionatorio y analizó
indebidamente los argumentos del recurso extraordinario especial de revisión que aquel
formuló en contra del fallo que afectó sus derechos políticos.

La Sala, en el marco del problema jurídico formulado, se relevará de estudiar dichos
argumentos propuestos en el recurso de apelación, porque se trata de cargos que no fueron
planteados con el escrito de demanda, frente a los cuales la entidad demandada no tuvo la
oportunidad de pronunciarse en la oportunidad procesal pertinente. (…)

Así pues, (…), a continuación se analizará exclusivamente si la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado causó un daño antijurídico a Héctor Javier Vergara
Sierra, por haber proferido la sentencia de pérdida de investidura del 21 de agosto de 2012
en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, bajo un precedente de la causal
inhabilitante distinto al de la Sección Quinta del Consejo de Estado y con desconocimiento de
los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y favorabilidad.

4.1. El daño antijurídico

29 Índice 09 de Samai.

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En el presente asunto el daño se hace consistir en la imposibilidad de que Héctor Javier
Vergara Sierra hubiese podido culminar su periodo constitucional como congresista, por
causa de una sentencia de pérdida de investidura que posteriormente fue dejada sin efectos
por la Corte Constitucional. (…)

Lo anterior permite concluir que Héctor Javier Vergara Sierra sufrió un daño, al no poder
permanecer en el cargo para el cual había sido elegido por voto popular, porque como efecto
de la sentencia que decretó su pérdida de investidura se vio obligado a dejar su curul en el
Congreso, antes de terminar el período constitucional para el cual había sido electo.

Sin embargo, como lo ha expuesto esta Subsección de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, siguiendo la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual y del
Estado, para que el daño tenga carácter antijurídico – y por ello pueda tener vocación de
llegar a ser indemnizable -, es necesario verificar que aquello derivado de la actuación de la
administración resulte contrario a la Carta Política o a una norma legal o sea “irrazonable” en
clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos. (…)

La problemática que se ha venido planteando por el actor encuentra relevancia en uno de
elementos constitutivos de la causal inhabilitante, relativo a la circunscripción territorial en la
que su pariente ejerció la autoridad política. Ello, porque la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado y la Sección Quinta de esta Corporación habían
interpretado de manera distinta la circunscripción territorial en materia electoral, para efectos
de la inhabilidad descrita en el artículo 179.5 Constitucional, pues mientras la primera, en
sentencia del 28 de mayo de 2002, proferida en un proceso de pérdida de investidura, expuso
que los municipios que integran un departamento hacen parte de la misma circunscripción
territorial; la Sección Quinta ha sostenido, en procesos de nulidad electoral38, que las
circunscripciones departamental y municipal no son coincidentes para la configuración de la
prohibición por la que fue sancionado el demandante. (…)

Sin embargo, pese a que el recurrente reprocha en la sentencia sancionatoria un
desconocimiento del precedente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que le era más
favorable de cara a sus aspiraciones al Congreso de la República, lo cierto es que no existen
razones que otorguen mérito a tal argumento. Ello, porque las decisiones proferidas por la
Sección Quinta de esta Corporación en procesos de nulidad electoral no pueden catalogarse
como precedente para la Sala Plena del Consejo de Estado, al ser este último órgano la
autoridad judicial competente de superior jerarquía en materia de pérdida de investidura de
congresistas. (…)

En línea con lo expuesto por el juez constitucional en la sentencia de unificación que trae
ahora el accionante como fundamento de su pretensión de reparación, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en el fallo de pérdida de investidura, aludió y se sustentó en su propio
precedente del hecho inhabilitante previsto en el artículo 179.5 Superior, siendo así su línea
interpretativa una regla consistente.

Nótese que la decisión sancionatoria, así proferida, lejos de incurrir en desconocimiento del
precedente, fue razonablemente sustentada. En ella, la Sala Plena de esta Corporación,
como juez competente para dirimir las competencias relativas a la pérdida de investidura de
los congresistas, argumentó suficientemente las razones de su determinación y ofreció los
motivos que la llevaron a disentir de los pronunciamientos adoptadas por la Sección Quinta,
que según el accionante le brindaron la confianza suficiente para participar en la contienda
electoral que dio lugar a su elección.

La decisión sancionatoria del actor procuró el respeto por el principio democrático de la
autonomía funcional del juez que reserva para éste la valoración probatoria y la aplicación
razonada del derecho, pues acogió la interpretación del juez natural en aras de preservar la
independencia y especialidad de la labor judicial. En otras palabras, fue adoptada en garantía
del precedente fijado en esa materia, que desde antes de la fecha de su elección le brindaba
a Héctor Javier Vergara Sierra la seguridad jurídica en torno a la interpretación que sobre el
supuesto inhabilitante seguía inequívocamente la Sala Plena del Consejo de Estado.

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En este punto, conviene señalar que la interpretación de los hechos, la valoración probatoria
y la aplicación del derecho no siempre arrojan resultados hermenéuticos unificados, por lo
que es perfectamente válido dentro del ordenamiento jurídico que distintos operadores
judiciales apliquen la misma norma o examinen la misma situación fáctica a partir de
entendimientos o conceptos diferentes que, igualmente, proyectan tesis dispares. No
obstante, esa falta de unidad interpretativa entre órganos judiciales en modo alguno puede
conducir a la causación de un daño con caracteres de antijuridicidad, cuando la postura
acogida como única respuesta ha sido razonada y jurídicamente argumentada. Tampoco, ello
puede conllevar a la configuración de un daño antijurídico cuando, como en este evento, no
se contrarió la Carta Política o una norma legal, cuya aplicación fuera exigible para ese
momento.

Ello, porque aunque la Corte Constitucional, en la sentencia SU-424 de 2016, concluyó que
el análisis de responsabilidad realizado por el juez en el proceso de pérdida de investidura
era subjetivo y que la Sala Plena del Consejo de Estado, en el fallo sancionatorio del actor,
había omitido valorar la diligencia en la averiguación del estado de la jurisprudencia, la buena
fe y la confianza que generó en Héctor Javier Vergara Rojas la postura interpretativa de la
Sección Quinta de esta Corporación en cuanto a la causal de inhabilidad contemplada en el
artículo 179.5 Superior; lo cierto es que fue solo a partir de aquella sentencia de unificación
que la Corte Constitucional introdujo la exigencia de evaluar el elemento de la culpabilidad,
es decir, de realizar un juicio de responsabilidad de carácter subjetivo.

Como lo explicó aquella Corporación en sentencia SU-326 de 2022, durante muchos años en
la jurisdicción de lo contencioso administrativo la acción de pérdida de investidura de los
congresistas se tramitó como un juicio de responsabilidad objetiva – puntualmente, en
aquellos eventos en los que se evaluó la causal inhabilitante por parentesco o vínculo con
autoridad civil o administrativa –, habiendo sido solo con la expedición de la sentencia SU-
424 de 2016 que la Corte Constitucional unificó el alcance de la figura y armonizó en el orden
jurídico la aplicación del elemento de la culpabilidad; de ahí que, para el momento en que fue
adoptada por la Sala Plena del Consejo de Estado la decisión sancionatoria, la ausencia de
valoración del ingrediente subjetivo en la conducta inhabilitante no implicaba desconocimiento
de una norma constitucional o legal que otorgara antijuridicidad al daño sufrido por el señor
Vergara Sierra.

Así pues, concluye la Sala que las sentencias que la Corte Constitucional deja sin efectos con
ocasión de la expedición de una sentencia hito, que enmarca un cambio jurisprudencial, no
entrañan un daño antijurídico, siempre que hayan sido adoptadas de manera fundamentada,
de conformidad con las normas y la jurisprudencia vigentes al momento en que se profirieron.

En consecuencia, teniendo en cuenta que las pruebas arrimadas a este contencioso de
reparación impiden considerar que la sentencia de pérdida de investidura haya sido
irrazonable, o que para el momento en que se adoptó haya sido contraria a la Carta Política
o a una norma legal, se impone en la parte resolutiva confirmar la sentencia del 8 de junio de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones
de la demanda30.

15. De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que la discusión planteada en el escrito
de tutela ya fue resuelta por la autoridad judicial competente, la cual explicó, de manera
suficiente y razonada, los fundamentos de su decisión de denegar las pretensiones por no
considerar que el daño sufrido por el actor fue antijurídico, en la medida que no se cumplió
con el requisito legal para estructurar el error judicial y en tanto que la sentencia que decidió
la pérdida de investidura no contrarió el precedente jurisprudencial aplicable al caso
concreto en el momento en que se profirió tal providencia.

30 Índice 09 de Samai.

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16. Así las cosas, el accionante pretende prolongar, en sede constitucional, un debate que
ya fue resuelto por su juez natural, máxime si se tiene en cuenta que la acción de tutela
coincide con los reparos formulados en el recurso de apelación.

11.9. En ese orden de ideas, se evidencia que el accionante no cumplió con el requisito de
relevancia constitucional, en la medida que se limitó a reiterar los argumentos planteados
en el recurso de apelación, los cuales fueron resueltos por la autoridad judicial competente.

11.10.Finalmente, conviene precisar que la sentencia SU-424 de 2016 de la Corte
Constitucional no constituye precedente aplicable en materia de responsabilidad patrimonial
del Estado ni para el análisis propio del medio de control de reparación directa, en tanto su
objeto se circunscribió a determinar si, en el marco del proceso sancionatorio de pérdida de
investidura, el señor Vergara Sierra había incurrido o no en la causal de inhabilidad que le
fue endilgada, a partir de la exigencia de valorar el elemento subjetivo de la conducta.

11.11. Dicho pronunciamiento constitucional no abordó aspectos relativos al daño
antijurídico, al título de imputación ni a la procedencia de la indemnización de perjuicios,
que son propios y exclusivos del juicio de responsabilidad extracontractual del Estado,
regulado por el artículo 90 de la Constitución Política y desarrollado por la Ley 270 de 1996
y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

11.12. Adicionalmente, la Sala observa que el accionante no explicó de manera suficiente ni
razonada por qué los argumentos desarrollados por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-424 de 2016 debían ser trasladados, sin más, al análisis propio de la reparación directa,
ni cómo de dicho fallo se desprendía, de forma automática, la configuración de un daño
antijurídico indemnizable. Por el contrario, la autoridad judicial accionada examinó de
manera expresa y detallada el alcance de ese precedente constitucional y concluyó, con
fundamento en la normativa y la jurisprudencia vigentes al momento de los hechos, que
la providencia que declaró la pérdida de investidura no fue irrazonable ni contraria al
ordenamiento jurídico, razón por la cual el debate que ahora se pretende reabrir en sede de
tutela carece de relevancia constitucional y se agota en una discrepancia con el criterio
jurídico adoptado por el juez natural del proceso.

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRESE improcedente la acción de tutela, por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVÍESE el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

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Acción de tutela

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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