Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07028-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07028-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07028-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2025 07028 01
Accionante Héctor Javier Vergara Sierra
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera, Subsección C
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada que declaró improcedente la
acción de tutela por no cumplir el requisito general de relevancia
constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra de la sentencia de
tutela del 12 de diciembre de 2025, proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El ciudadano Héctor Javier Vergara Sierra, actuando en nombre propio, interpuso acción
de tutela en contra de la providencia del 9 de abril de 2025 dictada por la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 25000 23 36 000 2017 01849 02 y, para
ello, formuló las siguientes providencias:
Primero: CONCEDER el amparo de mis derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad de trato por parte de todas las autoridades públicas y acceso a
la administración de justicia.
Segunda: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
del nueve (09) de abril de dos mil veinticinco (2025), notificada el día cuatro (04)
de junio de este mismo año, proferida por la Subsección “C” de la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Tercera: ORDENAR a la Subsección “C” de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, emita una nueva decisión
sobre mi demanda contra la rama judicial por el error cometido en la sentencia del
21 de agosto de 2012, declare el daño antijurídico y otorgue la indemnización
correspondiente.
Cuarta: NOTIFICAR la sentencia que se profiera a los magistrados que integran
la Subsección “C” de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado y a los terceros con interés en la sentencia
a las direcciones electrónicas descritas en el acápite de notificaciones.
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Accionante: Héctor Javier Vergara Sierra
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2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante señaló que en el año 2010 tomó posesión como Representante a la Cámara
para el periodo constitucional 2010-2014; sin embargo, mediante sentencia del 21 de
agosto de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
decretó la pérdida de su investidura al considerar que se encontraba incurso en la causal
de inhabilidad prevista en el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política.
Indicó que interpuso acción de tutela contra dicha sentencia, pero el amparo fue negado
por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante providencia del 31 de julio de
2014. No obstante, relató que, la Corte Constitucional, en sede de revisión, profirió la
sentencia SU-424 del 11 de agosto de 2016, mediante la cual revocó la decisión del 31
de julio de 2014, concedió el amparo solicitado por el señor Vergara Sierra y dejó sin
efectos la sentencia de pérdida de investidura del 21 de agosto de 2012.
Conforme lo anterior, el señor Vergara Sierra presentó demanda de reparación directa
por el error judicial atribuible a la sentencia del 21 de agosto de 2012, por medio de la
cual se había declarado su pérdida de investidura.
A través de dicho medio de control solicitó la indemnización de los perjuicios ocasionados
por el error judicial y el funcionamiento anormal de la administración de justicia,
materializados en la imposibilidad de culminar su periodo como congresista.
Manifestó que la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del 8 de junio de 2023, negó las pretensiones de la
demanda al considerar que la decisión de pérdida de investidura no configuró error
jurisdiccional, por cuanto fue proferida de manera razonada y coherente por la Sala Plena
del Consejo de Estado.
Inconforme con dicha decisión interpuso recurso de apelación y la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de abril de 2025, la
confirmó.
Como fundamento de la acción de tutela, el accionante sostuvo que la providencia
acusada vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad de trato por parte de las
autoridades, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Afirmó que el tribunal accionado incurrió en desconocimiento del precedente al
desconoció la sentencia SU-424 de 2016, en la que —según sostuvo— se habría
reconocido el error judicial y la inaplicabilidad de la prescripción cuando se afecta el
principio de confianza legítima.
Agregó que, también, se configuró un defecto fáctico, pues en el acervo probatorio se
encontraba acreditado que la sentencia del 21 de agosto de 2012 quedó ejecutoriada,
circunstancia que permitió al Congreso de la República expedir la Resolución MD. 2666
para dar cumplimiento al fallo que declaró la pérdida de su investidura. En este sentido,
considera contradictorio que, mientras en los numerales 3.6, 3.7 y 3.8 de la sentencia
cuestionada se reconoce la ejecutoria del fallo, en las consideraciones de la providencia
se afirme lo contrario.
Finalmente, adujo que en la sentencia cuestionada también se incurrió en defecto
sustantivo, al aplicar un título de imputación distinto al correspondiente, pues —en su
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criterio— su demanda de reparación directa debía analizarse bajo los parámetros del
error judicial, según lo ha establecido la Corte Constitucional en diversas sentencias.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 7 de noviembre de 20251 y correspondió por reparto a la
Sección Tercera – Subsección B de esta Corporación que, por auto del 11 de noviembre
de 20252 la admitió y dispuso notificar3 a la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado; así como, vincular a la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a los señores Katiana Aguirre de Oro, Valeria
Vergara Cruzado, Héctor Jesús Vergara Cruzado, Héctor Alejandro Vergara Aguirre y
Luciana Vergara Aguirre, como terceros con interés en el trámite tutelar.
De igual forma, requirió a la Sección Tercera – Subsección B del Consejo de Estado para
que allegara copia digital del expediente correspondiente al proceso identificado con el
radicado núm. 25000 23 36 000 2017 01849 02, el cual fue remitido4.
3.2. El magistrado ponente de la providencia cuestionada rindió informe5 en el que solicitó
negar el amparo, afirmando que la acción de tutela carecía de relevancia constitucional,
pues se utilizaba para controvertir el análisis probatorio realizado por la autoridad judicial.
Señaló que, para que se configure el error judicial, es indispensable que la providencia
que contiene dicho error se encuentre en firme. En el caso concreto, precisó que la
sentencia que declaró la pérdida de investidura fue dejada sin efectos por la Corte
Constitucional, razón por la cual no se cumpliría el presupuesto necesario para
estructurar el error judicial.
3.3. La señora Valeria Vergara Cruzado6 indicó que la acción de tutela sí cumple con
todos los requisitos de procedibilidad. Sostuvo que, en el proceso de reparación directa,
el Consejo de Estado desconoció su propio precedente en materia de responsabilidad
por error judicial, dado que —a su juicio— el caso concreto reunía todos los presupuestos
para declarar dicha responsabilidad.
3.4. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y los señores Katiana Aguirre de Oro, Héctor Jesús Vergara Cruzado, Héctor Alejandro
Vergara Aguirre y Luciana Vergara Aguirre no se pronunció sobre los hechos y las
pretensiones de la tutela.
1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07028 00.
2 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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3 Esta orden se cumplió el 15 de noviembre de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 07028 00.
4 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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5 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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6
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Tercera – Subsección B del Consejo de Estado, mediante sentencia del 12
de diciembre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito general de relevancia constitucional.
Para ello, expuso lo siguiente:
[…] la solicitud de amparo tiene como propósito reabrir el debate concluido en el
proceso de reparación directa, sin que se advierta una actuación arbitraria o
ilegítima por parte de la autoridad judicial accionada en la aplicación de la
normativa y la jurisprudencia.
13.1. En efecto, revisado el expediente ordinario, la Sala evidencia que los
argumentos presentados por el accionante en el escrito de amparo fueron
esgrimidos en el recurso de apelación formulado contra la sentencia proferida el 8
de junio de 2023 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Así las cosas, es evidente que la demanda de
tutela tiene como propósito abrir una instancia adicional a las previstas en el
proceso ordinario, como se expondrá a continuación.
[…].
15. De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que la discusión planteada
en el escrito de tutela ya fue resuelta por la autoridad judicial competente, la cual
explicó, de manera suficiente y razonada, los fundamentos de su decisión de
denegar las pretensiones por no considerar que el daño sufrido por el actor fue
antijurídico, en la medida que no se cumplió con el requisito legal para estructurar
el error judicial y en tanto que la sentencia que decidió la pérdida de investidura
no contrarió el precedente jurisprudencial aplicable al caso concreto en el
momento en que se profirió tal providencia.
[…]
11.10. Finalmente, conviene precisar que la sentencia SU-424 de 2016 de la Corte
Constitucional no constituye precedente aplicable en materia de responsabilidad
patrimonial del Estado ni para el análisis propio del medio de control de reparación
directa, en tanto su objeto se circunscribió a determinar si, en el marco del proceso
sancionatorio de pérdida de investidura, el señor Vergara Sierra había incurrido o
no en la causal de inhabilidad que le fue endilgada, a partir de la exigencia de
valorar el elemento subjetivo de la conducta.
11.11. Dicho pronunciamiento constitucional no abordó aspectos relativos al daño
antijurídico, al título de imputación ni a la procedencia de la indemnización de
perjuicios, que son propios y exclusivos del juicio de responsabilidad
extracontractual del Estado, regulado por el artículo 90 de la Constitución Política
y desarrollado por la Ley 270 de 1996 y la jurisprudencia del Consejo de Estado.
11.12. Adicionalmente, la Sala observa que el accionante no explicó de manera
suficiente ni razonada por qué los argumentos desarrollados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-424 de 2016 debían ser trasladados, sin más,
al análisis propio de la reparación directa, ni cómo de dicho fallo se desprendía,
de forma automática, la configuración de un daño antijurídico indemnizable. Por el
contrario, la autoridad judicial accionada examinó de manera expresa y detallada
el alcance de ese precedente constitucional y concluyó, con fundamento en la
normativa y la jurisprudencia vigentes al momento de los hechos, que la
providencia que declaró la pérdida de investidura no fue irrazonable ni contraria al
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ordenamiento jurídico, razón por la cual el debate que ahora se pretende reabrir
en sede de tutela carece de relevancia constitucional y se agota en una
discrepancia con el criterio jurídico adoptado por el juez natural del proceso.
[Negrilla del texto original]
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó señalando que
la sentencia de tutela vulnera sus derechos y debe ser revocada, pues, en su criterio, el fallo
de primera instancia desestimó de manera infundada la relevancia constitucional del caso y
desconoció que sí están comprometidos los derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad, al acceso efectivo a la administración de justicia y a la reparación integral.
Afirmó que el juez constitucional aplicó de forma mecánica y restrictiva el criterio de
relevancia constitucional, pasando por alto la amplia jurisprudencia de la Corte
Constitucional que reconoce dicho requisito cuando se discuten afectaciones graves a
derechos fundamentales en procesos de reparación directa, especialmente aquellos
derivados de decisiones judiciales que han sido declaradas contrarias a la Constitución.
Alegó también que la sentencia no examinó los tres criterios jurisprudenciales para
determinar la relevancia constitucional y omitió confrontar los argumentos planteados en la
tutela, pese a que el caso expone un daño antijurídico originado en una pérdida de
investidura que posteriormente fue anulada por la Corte Constitucional. Adicionalmente,
destacó que la providencia cuestionada ignora que la ausencia de reparación integral, pese
al reconocimiento del daño constitucional, constituye una afectación desproporcionada a
sus derechos, lo que justifica la intervención del juez de tutela.
Finalmente, arguyó que la decisión impugnada desconoce precedentes claros, omite un
examen de fondo sobre la vulneración de derechos fundamentales y restringe de manera
indebida el acceso a la justicia constitucional. Por ello, solicitó su revocatoria y la concesión
del amparo.
5.2. Por auto proferido el 16 de febrero de 2026 se concedió la impugnación7 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 25 de febrero de 20268.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 9, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
7 Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07028 00.
8 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07028 01.
9 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
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de 201510, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202111, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201912, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente13:
6.2.1. El señor Héctor Javier Vergara Sierra, interpuso acción de tutela contra la sentencia
del 21 de agosto de 2012, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró su pérdida de investidura. El asunto
fue asignado por reparto a la Sección Primera, que mediante fallo del 31 de julio de 201414
negó el amparo solicitado.
6.2.2. Posteriormente, mediante sentencia SU-424 del 11 de agosto de 2016, la Corte
Constitucional, en sede de revisión, revocó la precitada providencia del 31 de julio de
2014, concedió el amparo y, en consecuencia, dejó sin efectos la sentencia del 21 de
agosto de 2012 al encontrar «un defecto sustantivo por falta de análisis del elemento de
culpabilidad en la decisión del caso».
6.2.3. Con fundamento en lo anterior, los ciudadanos Héctor Javier Vergara Sierra,
Katiana Aguirre de Oro, Valeria Vergara Cruzado, Héctor Jesús Vergara Cruzado, Héctor
Alejandro Vergara Aguirre y Luciana Vergara Aguirre, actuando a través de apoderada,
presentaron demanda a través del medio de control de reparación directa en contra de la
a Nación – Rama Judicial, con el fin que fuera declarada patrimonialmente responsable
por los perjuicios sufridos por el error jurisdiccional en el que, a su juicio, incurrió la
sentencia proferida el 21 de agosto de 2012.
6.2.4. Mediante sentencia del 8 de junio de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda al
considerar que la decisión de pérdida de investidura no configuró un error jurisdiccional,
por cuanto lo resuelto por la Sala Plena del Consejo de Estado era razonable y coherente.
6.2.5. Inconforme con dicha decisión, interpusieron recurso de apelación y la Sección
Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de abril de 2025
la confirmó.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en el escrito
de tutela y analizados en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia
10 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
11 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
12 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
13 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 25000 23 36 000 2017 01849 02.
14
Visto en el índice 58 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11
001 03 15 000 2013 00068 00.
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constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la Sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]15.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades16:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 17. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá en el
examen del primer y el tercer criterio que la compone, esto es, (i) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
15 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
16 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
17 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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fundamentales, e (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
6.3.2.1. Las cuestiones de relevancia constitucional
Frente a la primera finalidad, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 573 de 2019,
explicó que este primer elemento de la relevancia supone que “(…) el caso [debe
involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental (…)”.
En esa medida, este primer criterio, supone que la acción de tutela que se promueva
contra una providencia judicial debe proponer un debate sobre el contenido, alcance o
goce de un derecho fundamental, pues sólo así se podrá establecer que el asunto es
evidentemente de naturaleza constitucional; ello quiere significar que, quien interpone
una acción de tutela, tiene la carga de identificar cuál es el derecho fundamental que
estima afectado y explicar los motivos por los cuales considera que la sentencia atacada
lo está vulnerando.
En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 573 de 2019,
manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el requisito de relevancia
constitucional], más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo
mismo que una simple relación con aquel”.
El criterio jurisprudencial contenido en las precitadas sentencias, consistente en que, para
superar el requisito de relevancia, no basta con la mera enunciación de los derechos
fundamentales, sino que supone por parte del actor la carga de justificar razonablemente
la existencia de una restricción prima facie desproporcionada respecto de un derecho
fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es necesario que,
para la acreditación de este primer elemento que compone a la relevancia constitucional,
la parte interesada en el escrito de tutela, (1) invoque la vulneración de derechos
fundamentales, (2) exponga los motivos por los cuales considera la sentencia atacada
está vulnerando tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión
suponga un atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados, requisitos que
exigen del juez de tutela un examen de los motivos aducidos por la parte actora para
afirmar que hay amenaza o vulneración de un derecho fundamental, comparadas con el
núcleo esencial del mismo.
El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la jurisprudencia de
la Corte Constitucional como:
[…] el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a
los particulares”18 y ha explicado que el núcleo esencial es “esa parte del derecho
que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario
grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. En
sentido negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental
como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro
derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho fundamental y sin lo
cual se le quita su esencia fundamental […]19.
18 Corte Constitucional. Sentencia T – 426 del 24 de junio de 1992. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
19 Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.
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En el caso concreto, el accionante invocó la vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, con ocasión
de la providencia del 9 de abril de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 25000 23 36 000 2017 01849 02.
No obstante, la Sala advierte que el actor no cumplió con la carga argumentativa exigida
para acreditar la relevancia constitucional del asunto, pues en su solicitud de amparo se
limitó a enunciar los derechos que considera vulnerados sin explicar de qué manera las
providencias cuestionadas afectan la faceta constitucional de dichas garantías.
En particular, el accionante no identificó cuál de los elementos que integran el núcleo
esencial de los derechos invocados resultaría comprometido por las decisiones judiciales
cuestionadas, ni expuso razones que permitan advertir prima facie la existencia de una
restricción desproporcionada de tales derechos.
En consecuencia, la Sala concluye en primer lugar que el asunto planteado no involucra
un debate constitucional propiamente dicho, razón por la cual no se supera el primer
elemento que integra el requisito general de relevancia constitucional.
6.3.2.2. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este tercer elemento la Corte Constitucional ha dicho que:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” […]20.
(Subrayado fuera de texto).
A su turno, en la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela
contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto
del fallo cuestionado, circunstancia que
[…] excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que
dieron origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial […]. (Subrayado fuera de texto).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.
20 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 07028 01
Accionante: Héctor Javier Vergara Sierra
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera - Subsección C
La Sala observa que, en el asunto bajo estudio, el mecanismo de amparo está siendo
utilizado para reabrir la discusión jurídica ya resuelta por el juez natural del proceso.
Ello, comoquiera que, de la lectura de la providencia cuestionada se advierte que la
autoridad judicial accionada explicó que el daño alegado por el señor Héctor Javier
Vergara Sierra no era antijurídico, pues la sentencia de pérdida de investidura fue
proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de
manera razonable y sin desconocer ningún elemento normativo ni la jurisprudencia
vigente para la época de los hechos.
Ahora bien, de la lectura del libelo introductorio de la acción de tutela, así como del escrito
de impugnación, se observa que el accionante busca utilizar el mecanismo de amparo
para reabrir una discusión que ya fue objeto de pronunciamiento por el juez natural de la
causa, convirtiendo la acción de tutela en una especie de instancia adicional en la que se
ventilen nuevamente sus inconformidades respecto de las decisiones cuestionadas, tal
como lo señaló el juez de tutela de primera instancia.
Así, resulta claro que el accionante pretende que el juez de tutela reexamine un asunto
ya definido por el juez natural, con el propósito de obtener una conclusión distinta y
favorable a sus intereses, lo que desborda la naturaleza excepcional de este mecanismo
y desconoce la autonomía judicial.
Si bien la parte actora sostiene que la providencia acusada incurrió en las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, lo que realmente
se evidencia es su desacuerdo con las conclusiones alcanzadas en la sentencia del 9 de
abril de 2025.
En este punto, cabe destacar que, cuando el juez decide sobre la controversia planteada
y otorga la razón a alguna de las partes, está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley dentro del ámbito de sus competencias. Cualquier
intervención del juez constitucional para desconocer tales atribuciones implicaría un
pronunciamiento por fuera de su órbita funcional, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En una situación de esta naturaleza, sería el propio juez constitucional quien podría
vulnerar el derecho al debido proceso, al entrar, sin competencia, en la valoración jurídica
y fáctica del asunto para modificar una decisión adoptada por el juez competente, dentro
de un término breve y mediante un procedimiento que no está previsto para sustituir el
debate propio del medio de control de reparación directa.
Distinto sería el caso si la decisión controvertida no hubiera atendido el debate planteado
o hubiera sorprendido a las partes con una determinación ajena a los hechos y al derecho
propuestos, pues en tal evento podría comprometerse el núcleo esencial del debido
proceso, en su dimensión del derecho de defensa. Sin embargo, ese no es el supuesto
que se presenta en la decisión aquí examinada, ya que el accionante no demuestra que
el juez se haya apartado de los hechos o del marco jurídico debatido en el proceso.
En consecuencia, al no advertirse la configuración de una arbitrariedad judicial ni la
vulneración directa de derechos fundamentales, la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito general de relevancia constitucional.
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 07028 01
Accionante: Héctor Javier Vergara Sierra
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera - Subsección C
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de diciembre de 2025, proferida por la
Sección Tercera – Subsección B de esta Corporación, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 9 de abril
de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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