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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07064-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07064-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR el fallo de tutela de 10 de diciembre de 2025 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el cual quedará así: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia en el presente caso: SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07064-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa
Marta - ESSMAR ESP.
Parte accionada: Tribunal de Arbitramento conformado por los doctores
Carlos Polo García, Adolfo Suárez Eljach y Omar Rodríguez Turriago
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07064-01.
Asunto: Acción de tutela contra auto arbitral. Se modifica el fallo
impugnado. Se configuró la carencia actual de objeto por sustracción de
materia.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
10 de diciembre de 2025 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. La parte accionante promovió demanda arbitral contra la empresa
LLC OIL Company SAS, en cumplimiento de la cláusula compromisoria
prevista en el contrato de suministro No. 10 de 2022.

1.2. Mediante auto No. 6 de 3 de septiembre de 2025, el Tribunal de
Arbitramento admitió la demanda arbitral.

1.3. A través del auto No. 7 de 3 de septiembre de 2025 se inadmitió el
llamamiento en garantía solicitado por la parte aquí actora.

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07236-01

Posteriormente en auto No. 8 de 6 de octubre de 2025 el Tribunal de
Arbitramento rechazó dicho llamamiento en garantía.

1.4. El 22 de octubre de 2025, el Tribunal de Arbitramento resolvió el
recurso de reposición interpuesto contra el auto que rechazó el
llamamiento en garantía en el sentido de no reponerlo.

1.5. Mediante auto No. 13 de 7 de noviembre de 2025 se fijaron los
honorarios del Tribunal Arbitral, así como los gastos de funcionamiento y
administración del Centro de Arbitraje.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora refirió que el Tribunal de Arbitramento profirió el auto del 3 de
septiembre de 2025, mediante el cual inadmitió el llamamiento en garantía en
sesión privada sin presencia de las partes, y lo notificó por correo electrónico
el mismo día, a lo que se le otorgó efectos inmediatos.

Sostuvo que esa práctica constituyó una notificación “ficticia” que vulneró el
principio de publicidad y el derecho de defensa, pues la jurisprudencia
constitucional exige la existencia material del acto y su conocimiento efectivo
antes de producir efectos jurídicos.

Consideró que la aplicación automática del artículo 23 de la Ley 1563 de 2012
en estos casos desconoce que las decisiones adoptadas en sala privada
requieren un proceso formal de comunicación que garantice la contradicción y
la transparencia.

Adujo que la autoridad accionada computó de manera incorrecta el plazo para
subsanar el llamamiento en garantía dado que lo contabilizó desde el envío
del correo electrónico y no desde la notificación efectiva, lo que redujo el
término legal y vulneró el principio de irrenunciabilidad del derecho de defensa.

Afirmó que esa interpretación desconoció las reglas del Código General del

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Proceso y la jurisprudencia constitucional que exigen contar los términos a
partir del conocimiento real del acto.

Sostuvo que la autoridad arbitral aplicó indebidamente el efecto “en estrados”
a una decisión adoptada en sesión privada, ya que la equiparó a la notificación
electrónica enviada el mismo día a la presencia real de las partes en audiencia
pública.

Indicó que la celeridad procesal no puede prevalecer sobre las garantías
constitucionales en el arbitraje, por lo que no se pueden justificar notificaciones
ficticias y cómputos abreviados en nombre de la eficiencia, pues ello implica
sacrificar derechos irrenunciables como el debido proceso y de defensa.

Manifestó que la decisión de rechazar la subsanación por presunta
extemporaneidad careció de fundamento jurídico, pues la actuación se
presentó dentro del plazo legal, por lo que se aplicaron de manera errónea las
normas procesales y se vulneraron principios como el debido proceso y la
defensa “lo que configura una nulidad que debe ser corregida”.

Mencionó que el artículo 23 de la Ley 1563 de 2012 regula las notificaciones
electrónicas en el arbitraje, en el sentido de señalar que se entienden surtidas
el mismo día del envío. Sin embargo, expresó que esta disposición no
distingue entre decisiones adoptadas en audiencia pública y aquellas dictadas
en sesión privada, lo que evidencia un vacío normativo. A su juicio, aplicar la
regla de manera literal a actos privados implica una notificación instantánea
sin garantizar el conocimiento efectivo.

Además, adujo que, para llenar este vacío, debe aplicarse el sistema de
fuentes que combina la especialidad del Estatuto Arbitral con la subsidiariedad
del derecho procesal común, pues el Código General del Proceso establece
que las decisiones en audiencia se notifican en estrados, mientras que las
adoptadas en sesión privada requieren comunicación posterior.

Finalmente, mencionó que el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022 dispone que

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las notificaciones electrónicas se entienden surtidas al día siguiente del envío,
criterio que debe aplicarse supletoriamente al arbitraje por ser compatible con
su naturaleza. Esta interpretación preserva la distinción entre notificación en
estrados y notificación electrónica, evita efectos procesales instantáneos sin
conocimiento real y garantiza la protección de los derechos fundamentales
consagrados en la Constitución.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, DERECHO DE DEFENSA, IGUALDAD DE ARMAS,
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

2. HACER la debida interpretación normativa, respecto del vacío que se
encuentra en la norma Ley 1563 de 2012, referida a la notificación de las
audiencias en sesión privada, armonizando la norma arbitral, con las
normas procesales vigentes.

3. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS los Autos
No 8 (del 06 -10 2025) y No, 10 (del 22-10-2025) proferidos por el Tribunal
de Arbitramento.

4. ORDENAR al Tribunal de Arbitramento que corrija o rehaga la
actuación, al determinar que el Auto No. 7 del 3 de septiembre de 2025,
al haber sido adoptado en sala privada, debía remitirse al día siguiente (4
de septiembre de 2025); y el término para subsanar el llamamiento en
garantía debía computarse a partir del día siguientes (sic) a la remisión
formal del auto, esto es, el 5 de septiembre de 2025.

5. ORDENAR al Tribunal de Arbitramento, admitir el llamamiento en
garantía formulado por la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de
Santa Marta – ESSMAR E.S.P. contra Seguros del Estado S.A., y ordenar
su trámite conforme al Código General del Proceso. […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 12 de noviembre de 2025, se admitió la presente acción
de tutela contra el Tribunal de Arbitramento constituido en la Cámara de
Comercio de Bogotá, integrado por los doctores Carlos Polo García, Adolfo

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Suárez Eljach y Omar Rodríguez Turriago y, se vinculó a la sociedad LLC OIl
Company SAS, en calidad de tercero con interés en el resultado del proceso.

2. El 10 de diciembre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia declarando la carencia actual de objeto por
situación sobreviniente.

3. Mediante auto de 21 de enero de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.

III. INTERVENCIONES

1. El Tribunal de Arbitramento rindió informe en el que manifestó que la
presente acción deviene improcedente porque no cumple con el requisito de
la relevancia constitucional, en razón a que con las providencias impugnadas
no se produjo la vulneración de derechos fundamentales de la accionante sino
la materialización de la consecuencia del incumplimiento de sus deberes
procesales.

Precisó que no se incurrió en una irregularidad procesal, puesto que la causa
de las consecuencias que la accionante califica de vulneración de sus
derechos fundamentales no es otra que su propia omisión dentro del trámite
arbitral.

Explicó que mediante providencia del 3 de septiembre de 2025 se inadmitió el
llamamiento en garantía por incumplir los requisitos del artículo 82 del CGP y
se le otorgó un término de cinco (5) días a la parte actora para subsanar. La
providencia fue adoptada en audiencia sin presencia de las partes, conforme
con el artículo 31 de la Ley 1563 de 2012 y notificada electrónicamente el
mismo día, en aplicación del artículo 23 del Estatuto Arbitral, que establece
que la notificación se entiende surtida en la fecha del envío, salvo para el auto
admisorio de la demanda.

Aclaró que el término para subsanar inició el 4 de septiembre y venció el 10

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de septiembre de 2025, por lo que la subsanación presentada el 11 fue
extemporánea.

Enfatizó que las normas aplicadas son especiales, de orden público y
obligatorias, por lo que actuó conforme a derecho, que la notificación
electrónica y el cómputo del término se realizaron según lo dispuesto en la Ley
1563 de 2012, que garantizó el debido proceso y el derecho de defensa de
ambas partes.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 10 de
diciembre de 2025, declaró la carencia actual de objeto por situación
sobreviniente, al considerar que al haberse expedido el auto No. 17 del 25 de
noviembre de 2025 mediante el cual “[…] el Tribunal de Arbitramento cesó sus
funciones y declaró extinto el pacto arbitral, no hay lugar a emitir decisión de
fondo sobre la situación que calificó como vulneradora de derechos
fundamentales: la indebida notificación del auto que inadmitió el llamamiento
en garantía, pues, precisamente la inexistencia del Tribunal impediría dar una
orden en el sentido pretendido por el actor […]”.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos
generales los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Adicionalmente, señaló que el a quo incurrió “[…] en error al considerar que la
extinción de las funciones del Tribunal Arbitral por falta de pago (Auto No. 17
del 25 de noviembre de 2025) hace inocuo el amparo […]”, en razón a que:

“[…] Al no pronunciarse y no precisar sobre el debido proceso, en cuanto
al término que legalmente correspondía para presentar la subsanación del
llamamiento en garantía, deja sin ningún amparo a la empresa de
servicios públicos frente al proceso que se debe presentar por la vía
contencioso administrativa, al considerarse que se tendrá como caducada
la acción para dicho amparo.

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Debe tenerse en cuenta el alcance de la extinción, por cuanto el mismo
tribunal arbitral precisó y aclaró que la extinción del pacto arbitral afecta
única y exclusivamente los hechos y pretensiones consignados en la
reforma de la demanda, dejando por fuera lo correspondiente al
llamamiento en garantía.

Al darse tal situación, tanto la indebida notificación, como la vulneración
del debido proceso continúan afectando el derecho de la entidad tutelante,
por lo que se hace necesario que se resuelva de fondo, en lo que se refiere
al error en el cómputo de términos para la subsanación del llamamiento
en garantía, que se contiene en el Auto No. 7 expedido por el Tribunal
Arbitral, que de quedar ejecutoriado impediría que la ESSMAR ESP pueda
trasladar a Seguros del Estado S.A. en el escenario judicial donde se
sigan debatiendo las controversias originales del contrato. […]”.

Precisó que “[…] Si bien el Tribunal Arbitral ha cesado sus funciones, no por
ello el Juez de Tutela debe dejar de lado el estudio de la vulneración del
derecho que se pone en evidencia, así lo ha indicado la Corte Constitucional,
en cuanto a la debida garantía que se procura, especialmente para que
identifique responsables y corrija las decisiones. […]”.

A partir de lo anterior, indicó que “[…] el pronunciamiento de fondo, permite a
la empresa ESSMAR ESP permite que se refiera y se de la garantía de acceso
a la Justicia, si se entiende que la terminación del trámite arbitral devuelve la
competencia a la justicia ordinaria o contenciosa. Sin una orden que "rehaga"
la actuación sobre el llamamiento en garantía, ESSMAR acudirá a la nueva
instancia con un derecho de defensa ya cercenado […]”. [sic en toda la cita]

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

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las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer en primera medida si se configuró o no la carencia actual de objeto,
en caso negativo:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si las providencias accionadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

3. Caso concreto

La Constitución Política de 1991 concibió la acción de tutela como el
mecanismo mediante el cual toda persona, a través de un procedimiento
preferente y sumario, puede solicitar la protección inmediata de sus derechos
fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de cualquier autoridad pública; “[…] sin embargo, la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la presunta
vulneración de los derechos, conlleva a que la acción de amparo pierda
su razón de ser como mecanismo extraordinario de protección judicial […]”3.

La Corte Constitucional ha indicado que la carencia actual de objeto se
configura “[…] cuando la orden del juez constitucional no tendría efecto alguno

2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
3 Corte Constitucional. Sentencia SU – 522 del 5 de noviembre de 2019. M.P.: Diana Fajardo

Rivera.

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o “caería al vacío […]”4 y puede presentarse bajo las categorías de (i) daño
consumado, (ii) hecho superado, (iii) situación sobreviniente o (iv) sustracción
de materia.

En cuanto a la sustracción de materia, en la sentencia T-204 del 2013, la
Corte Constitucional señaló que “[…] hay carencia actual de objeto por
sustracción de materia, en aquellos casos en que deja de existir el objeto
jurídico respecto del cual el juez constitucional debe tomar una decisión […]”5.

En concordancia con lo anterior, esta Sección6 precisó lo siguiente:

“[…] En cuanto a la configuración de la carencia de objeto por
sustracción de materia, la Sala Plena de esta Corporación ha
señalado, lo siguiente:

“[…] El Consejo de Estado, en su función de ‘tribunal supremo
de lo contencioso administrativo’, ha entendido por sustracción
de materia la desaparición de los supuestos, hechos o normas
que sustentan un medio de control, antes acción, lo cual
ocasiona que el juez no pueda pronunciarse porque se ha
extinguido la causa que originó el acudir a la jurisdicción…

“De acuerdo con la jurisprudencia contencioso administrativa
de esta Corporación, si las causas que originaron el ejercicio
del medio de control desaparecen, el juez debe declararse
inhibido para resolver el asunto ya que no hay objeto que se
sujete a una sentencia. Lo anterior, porque la sustracción de
materia, admitida por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo como causal para inhibirse, opera cuando la
relación sustancial o material que originó la litis ha variado de
sentido, o incluso desaparecido […]”7.

(…)

De lo anterior se colige que la carencia actual de objeto, por
sustracción de materia, se configura en aquellos casos en que deja de
existir el objeto jurídico respecto del cual el juez constitucional debe
tomar una decisión, por lo cual, la protección a través de la tutela
pierde sentido y, en consecuencia, el juez constitucional queda

4 Corte Constitucional. Sentencia T-086 del 2 de marzo de 2020. M.P.: Alejandro Linares

Cantillo.
5 Corte Constitucional. Sentencia T-204 del 12 de abril de 2013. M.P.: Luis Guillermo Guerrero

Pérez.
6 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 26 de agosto de 2021. M.P. Nubia

Margoth Peña Garzón. AT Rad. 11001 03 15 000 2021 02730 00.
7 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 19 de julio de 2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra

Vélez.

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imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho
fundamental invocado […]”. [Se destaca]

En el caso objeto de estudio, la parte impugnante manifiesta que no se
configuró la carencia actual de objeto en razón a que “[…] la indebida
notificación, como la vulneración del debido proceso continúan afectando el
derecho de la entidad tutelante, por lo que se hace necesario que se resuelva
de fondo, en lo que se refiere al error en el cómputo de términos para la
subsanación del llamamiento en garantía, que se contiene en el Auto No. 7
expedido por el Tribunal Arbitral, que quedar ejecutoriado impediría que la
ESSMAR ESP pueda trasladar a Seguros del Estado S.A. en el escenario
judicial donde se sigan debatiendo las controversias originales del contrato
[…]”.

Respecto de lo anterior, la Sala encuentra que el Tribunal de Arbitramento aquí
accionado mediante auto No. 17 de 25 de noviembre de 2025 declaró extinto
el pacto arbitral y cesó sus funciones en los siguientes términos:

“[…] Auto No. 17

Como ninguna de las partes realizó el pago del porcentaje que le
correspondía de los honorarios del Tribunal y de los gastos de
funcionamiento y administración del Centro de Arbitraje, dentro del
término de diez (10) días siguientes a la ejecutoria del Auto No. 13
mediante el cual se fijaron dichas sumas, al Tribunal le corresponde dar
aplicación a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 27 de la Ley
1563 de 2012 que dispone “Vencidos los términos previstos para realizar
las consignaciones sin que estas se hubieren efectuado, el tribunal
mediante auto declarará concluidas sus funciones y extinguidos los
efectos del pacto arbitral para el caso”.

En consecuencia, el Tribunal
RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR EXTINGUIDOS los efectos del pacto arbitral
contenido en la cláusula vigésima del Contrato de Suministro No. 10
celebrado el 11 de enero de 2022 por Empresa de Servicios Públicos del
Distrito de Santa Marta – ESSMAR ESP y LLC OIL Company SAS, que
afecta única y exclusivamente los hechos, pretensiones y controversias
consignados en la reforma de la demanda, sometidos a la decisión de este
Tribunal.

SEGUNDO: DECLARAR TERMINADAS las funciones del Tribunal de
Arbitramento conformado para dirimir las controversias entre Empresa de
Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR ESP, en su

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calidad de convocante, y LLC OIL Company SAS, en su calidad de
convocada. […]”.

En atención a lo anterior, la Sala considera que en el presente asunto se
configura la carencia actual de objeto, pero por sustracción de materia,
comoquiera que el trámite de esta acción el Tribunal de Arbitramento cesó sus
funciones por cuanto las partes no dieron cumplimiento al auto del 7 de
noviembre de 2025 mediante el cual se fijaron los honorarios del Tribunal, así
como los gastos de funcionamiento y administración del Centro de Arbitraje,
por tanto, dejó de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez
constitucional debía tomar una decisión, por lo que, en esas condiciones,
cualquier orden que el juez impartiera respecto de la providencia cuestionada
carecería de eficacia práctica y caería en el vacío.

Lo anterior encuentra justificación en el artículo 27 de la Ley 1563 de 2012 que
establece que “[…] Vencidos los términos previstos para realizar las
consignaciones sin que estas se hubieren efectuado, el tribunal mediante auto
declarará concluidas sus funciones y extinguidos los efectos del pacto arbitral
para el caso […]”, lo que implica que las partes quedaron en libertad de acudir
a la justicia ordinaria para resolver el conflicto.

De ahí que, contrario a lo manifestado por la sociedad impugnante, en este
asunto sí se configuró la carencia actual de objeto porque al haberse
extinguido los efectos de la cláusula compromisoria las partes quedaron en
libertad de acudir a la justicia ordinaria con el fin de resolver las controversias
suscitadas con ocasión del suministro de la bomba sumergible ABS/SULZER
de 400 HP y, por ende, es el juez que conozca el asunto el que debe analizar
la situación de hecho y de derecho que se formule en el marco del proceso,
incluido la procedencia del llamamiento en garantía.

Así las cosas, la Sala declarará la carencia actual de objeto, pero por haberse
configurado la sustracción de materia, motivo por el cual modificará el fallo
impugnado que aplicó la figura de la situación sobreviniente.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR el fallo de tutela de 10 de diciembre de 2025 proferido
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el cual quedará así:

DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia en
el presente caso:

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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