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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07236-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07236-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 9 de diciembre de 2025 proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07236-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Rosa Edith Pérez Arias.
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Sucre y otro.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07236-01.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito previsto en el
literal e) de la sentencia C-590 de la Corte Constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
9 de diciembre de 2025 proferido por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. La parte accionante en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, y el
Departamento de Sucre, con el fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo ficto negativo producto del silencio del ente territorial, por
no responder dentro del término legal la petición presentada, a través de
la cual solicitó el pago de los aportes pensionales insolutos cobrados por
la UGPP a través de la Resolución RDP 016085 del 07 de mayo de 2018.

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07236-01

1.2. Mediante sentencia de 19 de diciembre de 2024, el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Sincelejo negó las pretensiones de la
demanda con fundamento en que no existió mala fe por parte del
Departamento de Sucre, ya que la obligación de realizar los aportes
recaía solo sobre la actora.

1.3. Inconforme con la anterior decisión la parte actora presentó recurso
de apelación.

1.4. La Sala Quinta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de
Sucre, en decisión de 28 de mayo de 2025, confirmó la sentencia de
primera instancia al considerar “[…] que los argumentos presentados por
el apelante en relación con la decisión recurrida no guardan congruencia
con el objeto de la litis ni con los aspectos que fueron materia de
pronunciamiento por el juez de primera instancia, y conforme con la
jurisprudencia aplicable en estos casos, ello conlleva a que la decisión
adoptada en primera instancia deba permanecer incólume […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que las autoridades accionadas incurrieron en un
defecto fáctico dado que no estudiaron el silencio por parte del Departamento
de Sucre, por lo que no existe prueba que pueda evidenciar los descuentos o
no de los aportes al sistema de seguridad social sobre el valor de los factores
salariales devengados durante la vigencia de su relación laboral con dicha
entidad departamental.

Criticó que la “[…] decisión del JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO, no valoró la prueba indiciaria, dando
por hecho sin estarlo, que el DEPARTAMENTO DE SUCRE, si realizó los
descuentos de los aportes pensionales sobre el valor de los factores salariales,
se considera que tal decisión carece de sustento probatorio, bien podía el
despacho, en atención a la seguridad jurídica de la decisión adoptada, decretar
dentro del proceso una prueba de oficio, ordenado a la entidad

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DEPARTAMENTO DE SUCRE, a emitir un informe sobre los descuentos
realizados o no de los valores mencionados […]”.

Refirió que es mujer cabeza de familia y una persona de la tercera edad con
73 años que sufre de diversas enfermedades como: trastorno de disco
intervertebral, gastropatía crónica, hipertensión, síndrome del manguito
rotador, artrosis poliarticular en hombros, codo y caderas, diabetes mellitus,
cardioptia isquemica, obesidad no especificada, quiste complicado de mama.

Finalmente, precisó que debido a la expectativa legítima que tenía de recibir
el valor del retroactivo pensional se hizo deudora en varias entidades de
crédito, con los cuales esperaba mejorar sus condiciones de vida, por lo que
actualmente cuenta con sendas deudas, siendo la más reciente obligación
equivalente a $ 20.000.000.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Tutelar mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y SEGURDIAD
SOCIAL, por las razones invocadas en esta acción constitucional.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicito de manera respetuosa se
suspendan los efectos de las decisiones judiciales de calendas 19 de
diciembre de 2024 y 28 de febrero 2025, proferidas por el JUZGADO
TERCERO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE, proferidas dentro del proceso de Nulidad
y Restablecimiento de Derecho con número de radicado N° 70-001.33-
33-003-2019-00451-01, hasta tanto se allegue prueba sumaria que
fundamente la decisión allí consignada.

3. Subsidiariamente la anterior pretensión, solicito a este honorable
Consejo, se profiera una nueva decisión, acorde con los presupuestos
procesales y actuaciones efectuadas dentro del referido proceso. […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 20 de noviembre de 2025, se admitió la presente acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Tercero

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Administrativo del Circuito de Sincelejo y se vinculó al Departamento de Sucre
y a la UGPP, en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso.

2. El 9 de diciembre de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia declarando
improcedente el mecanismo de amparo de la referencia.

3. Mediante auto de 20 de enero de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.

III. INTERVENCIONES

1. El Departamento de Sucre rindió informe en el que manifestó que, tal como
quedó acreditado en el proceso, sí efectuó y trasladó oportunamente los
aportes pensionales, motivo por el cual no vulneró los derechos fundamentales
de la actora.

2. La UGPP manifestó que la acción de tutela no es la vía adecuada para
reclamar las prestaciones económicas negadas en sede judicial, pues ello
desnaturaliza el objetivo de esta y vicia el sentido que le dio el constituyente,
en virtud de lo cual solicitó declarar improcedente el mecanismo de amparo.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 9 de diciembre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela
por incumplimiento del requisito general de procedibilidad atinente a la
subsidiariedad.

Al respecto, el a quo consideró “[…] que lo pretendido por la parte demandante
es que, bajo la supuesta configuración de un defecto fáctico, se analicen
argumentos que debieron ser planteados dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo que no es de recibo dado que sobre ellos no
tuvo la oportunidad de pronunciarse el juez ordinario y tampoco la contraparte

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pudo ejercer su defensa […]”.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos
generales los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Adicionalmente, señaló que la acción de tutela debe ser estudiada de fondo
debido a su “[…] situación especial de vulnerabilidad, como lo indiqué en el
escrito de tutela, soy una adulta mayor, con serias complicaciones de salud; si
bien se considera por parte de este honorable magistratura que no se cumplió
con el requisito de subsidiaridad, debido a que el argumento debatido no fue
expuesto en el recurso de apelación, no es menos cierto que la Corte
Constitucional ha privilegiado y considerado ciertas circunstancia específicas
de los accionantes para considerar viable la acción tutela, tales como los
padecimientos de salud […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

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impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si las providencias accionadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

3. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo
de Estado4 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

Respecto del requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales atinente a que “[…] el actor identifique de manera

2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
3 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
4 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ)

y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.

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razonable los hechos que generan la violación y que, en caso de haber sido
posible, esta circunstancia haya sido alegada al interior del proceso […]5, la
Corte Constitucional ha precisado lo siguiente:

“[…] La exigencia de identificar de manera razonable los hechos que generaron
la vulneración y los derechos vulnerados, y haber alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que ello hubiere sido posible, como requisito de
procedibilidad de la demanda de tutela contra providencias judiciales, es
comprensible en la medida en que “es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello
al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos” 6.

La demanda de tutela, al referirse a este requisito, se limita a afirmar que se
ha precisado e identificado los hechos que vulneran el derecho
fundamental7, pero guarda silencio en cuanto a la circunstancia de haber
alegado en el proceso lo que ahora se cuestiona y sobre la existencia o no
de la posibilidad de haberlo hecho.

Por lo tanto, es menester verificar tres aspectos relevantes respecto de cada uno
de los defectos planteados, a saber: (a) si se identificó de manera razonable los
hechos que generan la vulneración, (b) si se alegó esta circunstancia en el
proceso seguido por la jurisdicción ordinaria y (c) si hubo o no la posibilidad de
alegarla […]”.8 [Se destaca].

En el caso objeto de estudio, la parte impugnante le atribuyó la vulneración de
sus derechos fundamentales al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Sincelejo y al Tribunal Administrativo de Sucre, con ocasión de las
providencias de 19 de diciembre de 2024 y de 28 de mayo de 2025 proferidas
en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 70001-33-33-003-2019-00451-00/02, mediante las cuales se
negaron las pretensiones de la demanda.

Como sustento de la presunta vulneración la parte actora alegó la
configuración de un defecto fáctico en razón a que las autoridades accionadas
no estudiaron el silencio por parte del Departamento de Sucre, por lo que no
existe prueba que pueda evidenciar los descuentos o no de los aportes al
sistema de seguridad social sobre el valor de los factores salariales

5 Ver Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. Magistrado ponente: Dr. Jaime Córdoba

Triviño.
6 Así se precisa en el alcance de este requisito en la Sentencia C-590 de 2005 y se reitera,

entre otras, en las Sentencias SU-917 de 2010 y SU-131 de 2013.
7 Supra I. 1.3.
8Corte Constitucional, Sentencia SU-770/14.Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González

Cuervo.

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devengados durante la vigencia de su relación laboral con dicha entidad
departamental.

Del análisis de la sentencia de segunda instancia objeto de tutela, para la Sala
resulta claro que la parte aquí accionante pretende debatir un argumento que
no fue planteado ni discutido en el recurso de apelación, pues en la alzada
contra la sentencia de primera instancia su reparo se limitó a la presunta
indebida liquidación realizada por la UGPP, la que, en su criterio, se valió de
un procedimiento inadecuado para el cálculo de dichos aportes, motivo por el
cual el tribunal accionado no podía ni debía efectuar ningún análisis sobre el
supuesto silencio del Departamento de Sucre dado que se trató de un aspecto
que no fue motivo de apelación.

Lo anterior encuentra sustento en el hecho de que la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre se fundamentó en
lo siguiente:

“[…] De acuerdo con los planteamientos expuestos, la Sala considera que
no era procedente que el recurrente debatiera el problema jurídico
planteado por el juez de primera instancia, ya que este aspecto ya había
sido definido en la etapa procesal correspondiente, concretamente en la
fijación del litigio, sin que existiera oposición por parte de la demandante.
Además, debe advertirse que ante la declaratoria de caducidad en el
presente asunto, no resultaba viable como insistentemente lo indicó en
recurrente, se analice la forma en que la UGGP dio cumplimiento a la
orden judicial del 16 de septiembre de 2016, proferida por el Juzgado
Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, Sucre, ya que ello
implicaría un juicio de legalidad sobre la Resolución RDP 016085 del 7 de
mayo de 2018.

[…]

Adicionalmente, la Sala advierte que el recurso presentado carece de
argumentos dirigidos a controvertir el análisis efectuado por el juez de
primera instancia, quien negó las pretensiones de la demanda al no
encontrar actuaciones u omisiones atribuibles al Departamento de Sucre
que justificaran su responsabilidad en el pago de los aportes reclamados,
los cuales debían ser asumidos directamente por la señora Rosa Edith
Pérez Arias. En efecto, el recurso no desarrolla un marco argumentativo
que sustente por qué dicha entidad territorial debía responder por los
aportes patronales insolutos, limitándose a cuestionar el actuar del fondo
de pensiones sin explicar por qué el Departamento debía ser declarado
responsable del pago de los aportes pensionales derivados de los factores
salariales devengados por la mencionada señora durante la vigencia de

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su relación laboral, omitiendo así el aspecto central que fundamentaba las
pretensiones de la demanda […]”.

Por tanto, la Sala advierte que si bien la parte aquí accionante presentó recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia proferida dentro del
medio de control objeto de tutela, la realidad es que en aquella oportunidad
planteó argumentos distintos a los formulados en el escrito de tutela, por lo
que las autoridades judiciales accionadas no contaron con la oportunidad para
pronunciarse al respecto.

De ahí que la presente acción de tutela deviene improcedente, por cuanto no
se satisface con el requisito general de procedibilidad contenido en el literal e)
de la sentencia C-590 de 2005 dictada por la Corte Constitucional.

A tal conclusión se llega teniendo en cuenta que era deber de la accionante
plantear en el interior del proceso ordinario los argumentos que propone en
sede de tutela, pues no resulta lógico que el juez constitucional efectúe un
análisis o estudio sobre aspectos que no fueron objeto de pronunciamiento por
parte del juez natural.

En este mismo sentido se pronunció esta Sección9 al declarar improcedente
una acción de tutela por considerar que no se acreditó el cumplimiento del
literal e) de la sentencia C-590 de 2005. Ello luego de efectuar las siguientes
consideraciones:

“[…] Si bien es cierto en el escrito de la demanda de tutela los hechos que
generarían el defecto sustantivo por i) desconocimiento del precedente judicial,
ii) falta de aplicación de una norma jurídica relevante y iii) por violación directa
de la Constitución, por no haberse aplicado la excepción de inconstitucionalidad
están identificados de manera razonable al igual que los derechos fundamentales
vulnerados10, estos debieron ser alegados en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

La Sala acoge el siguiente criterio jurisprudencial establecido por la Corte
Constitucional:

“En efecto, como ya se señaló, la acción de tutela no es un medio alternativo,
adicional o complementario con el que cuentan las personas, para mantener de
forma indefinida e ilimitada en el tiempo, la resolución de una controversia

9 Ver sentencia de 3 de diciembre de 2020, expediente 11001-03-15-000-2020-04709-00.
10 Folios 2 al 14 del cuaderno de tutela.

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jurídica. Por ello, cuando quiera que las personas acudan al juez
constitucional, han de demostrar que, en el asunto bajo controversia, sus
derechos fundamentales están siendo trasgredidos. Igualmente, deben
acreditar que ello fue puesto a consideración del juez natural de la causa,
o, en su defecto, que ello no fue posible por razones ajenas a su voluntad.
De esta manera, una carga exigible al interesado supone que -de haber sido
posible- haya expuesto con claridad la presunta transgresión de sus
derechos fundamentales ante el juez natural, en atención a que la
subsidiariedad de la acción de tutela implica el respeto a la autonomía de
las autoridades judiciales. “11

Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela
teniendo en cuenta que la accionante no acreditó el cumplimiento de una de las
causales genéricas de procedibilidad contra providencias judiciales 12 […]”. [Se
destaca].

En este contexto, la Sala advierte que el mecanismo de amparo no puede
sustituir ni revivir etapas procesales previamente vencidas, pues ello implicaría
reemplazar al juez natural del proceso, máxime cuando no se demostró la
ocurrencia de un perjuicio irremediable para que la solicitud de amparo
procediera como mecanismo transitorio13.

Al respecto, se considera que si bien es cierto la señora Pérez Arias manifestó
ser una persona de la tercera edad y que sufre de padecimientos de salud que
requieren atención médica, esa circunstancia no habilita la intervención en
este caso particular en razón a que no explicó en qué medida tales hechos
incidieron o le imposibilitaron alegar en el proceso ordinario los argumentos
que en sede de tutela invoca, máxime cuando en aquel proceso estuvo
representada por un profesional del derecho.

11 Corte Constitucional, Sentencia T-452/14. Magistrado Ponente: Dr. Luis Guillermo Guerrero

Pérez.
12 “(v) que el actor identifique de manera razonable los hechos que generan la violación y que,

en caso de haber sido posible, esta circunstancia haya sido alegada al interior del proceso.”
13 Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico

como consecuencia de acciones u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a
derecho que, una vez producido, es irreversible y por tanto no puede ser retornado a su estado
anterior (…) se presenta un perjuicio irremediable cuando concurran los siguientes requisitos:
(1) el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la
protección judicial transitoria; (2) las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben
ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de ser grave, esto es, que una vez que aquel se
haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la urgencia y la
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de
1997).

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Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 9 de diciembre de 2025 proferido
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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