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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07073-01

Fecha
16 de marzo de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07073-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2025 por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, mediante la cual se negó el amparo solicitado. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Gloria Cecilia Cano Calderón contra el Tribunal Administrativo de 23 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019. 24 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008. 16 Radicado: 11001-03-15-000-2025-07073-01 Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón Antioquia, por no superar el requisito de relevancia constitucional, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07073-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

16 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07073-01
Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07073-01
Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisito
generales y especiales de procedencia. Relevancia constitucional – Improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó la parte actora en contra de la sentencia
proferida el 9 de diciembre de 2025 por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
de Estado que negó el amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Gloria Cecilia Cano Calderón, por conducto de apoderado judicial, promovió acción de
tutela en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
al mínimo vital y a la dignidad humana, los cuales estimó vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

La presunta vulneración se atribuye a la sentencia proferida el 16 de mayo de 2025,
mediante la cual dicha autoridad revocó parcialmente la decisión dictada por el Juzgado
Treinta y Dos Administrativo del Circuito de Medellín y, en su lugar, ordenó el rein tegro
a Colpensiones de las sumas que le fueron canceladas desde el momento en que fue
incluida en la nómina de pensionados con ocasión del reconocimiento de la pensión de
vejez. Lo anterior, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en
ejercicio de la acción de lesividad, identificado con el radicado núm. 05001-33-33-032-
2021-00074-00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica 1:

1 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=05001333303220210007401050012
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07073-01
Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón

2.1. La Caja Nacional de Previsión Social, hoy Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscal, reconoció a la señora Gloria Cecilia Cano Calderón la pensión de vejez
mediante Resolución 30887 del 30 de junio de 2006. La prestación surtió efectos
fiscales a partir del 5 de junio de 2005, con una mesada inicial de $802.052,99.

2.2. Posteriormente, el 6 de agosto de 2009, la accionante solicitó ante el Instituto de
Seguros Sociales-ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, el
reconocimiento de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. No obstante,
mediante Resolución 100876 del 15 de marzo de 2010, la entidad le reconoció una
segunda pensión de vejez, con efectos a partir del 1 de enero de 2009, por valor de
$734.478.

2.3. Contra dicha decisión, la beneficiaria interpuso recurso de reposición , en el que
precisó que su solicitud estaba dirigida al reconocimiento de la indemnización
sustitutiva y no al otorgamiento de una nueva pensión. Sin embargo, mediante
Resolución 003889 del 28 de febrero de 2011, el ISS confirmó el reconocimiento
pensional al considerar acreditados los requisitos legales.

2.4. Con posterioridad, la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones
adelantó una investigación administrativa, en la cual verificó que los mismos tiempos
cotizados ante la DIAN entre el 1 de enero de 1995 y el 30 de mayo de 2005 habían
sido utilizados como fundamento para ambos reconocimientos pensionales. A partir de
dicha verificación, concluyó que existía incompatibilidad entre las prestaciones
reconocidas, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Constitución
Política.

2.5. En consecuencia, mediante Resolución SUB 50000 del 21 de febrero de 2020,
Colpensiones revocó los actos que habían reconocido la segunda pensión de vejez.
No obstante, como la revocatoria produjo efectos hacia el futuro, la entidad promovió
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en ejercicio de la acción de
lesividad, radicada bajo el número 05001-33-33-032-2021-00074-00, con propósito de
obtener la recuperación de las sumas pagadas con ocasión de dicho reconocimiento.

2.6. En el marco de ese proceso, la hoy tutelante, en calidad de parte demandada,
manifestó no oponerse a la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
contenidos en las Resoluciones 100876 del 15 de marzo de 2010 y 003889 del 28 de
febrero de 2011. No obstante, se opuso a la pretensión de reintegro de las mesadas
pensionales percibidas, al invocar el principio de buena fe.

2.7. Mediante sentencia del 28 de septiembre de 2022, el Juzgado Treinta y Dos
Administrativo de Medellín declaró la nulidad de las referidas decisiones administrativas
y negó la pretensión de reintegro de las sumas pagadas.

2.8. Al resolver el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 16 de mayo de 2025, revocó
parcialmente la decisión de primera instancia y, en su lugar, dispuso:

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Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón

“TERCERO. ORDENAR a la señora Gloria Cecilia Cano Calderón a reintegrar a
Colpensiones las sumas que le fueron canceladas por esta entidad desde el
momento en que fue incluida en nómina de pensionados con ocasión al
reconocimiento de la pensión de vejez que le fue efectuada mediante la Resolución
No. 100876 del 15 de marzo de 2010 y hasta la fecha en que la misma fue revocada
por la administración mediante Resolución SUB 50000 de 21 de febrero de 2020.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional:

“«PRIMERA: TUTELAR a favor de la señora GLORIA CECILIA CANO
CALDERON el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO (art 13 C.N.), en
armonía con los derechos fundamentales al MÍNIMO VITAL (art 53 C.N) y
DIGNIDAD HUMANA (art 1 C.N.), así como de los principios superiores de la
buena fe, seguridad jurídica y recta administración de justicia.

SEGUNDA: ORDENAR a la SALA OCTAVA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, dejar sin efectos la sentencia del 16 de mayo
de 2025, a través de la cual dispuso revocar parcialmente la providencia de
primera instancia.

TERCERA: ORDENAR a la SALA OCTAVA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dictar sentencia acorde con los postulados
constitucionales y legales, reconociendo para ello que la actora durante el trámite
prestacional siempre actuó de manera honesta, recta, y con certeza de estar
actuando de manera legal, esto es actuando siempre de buena fe, obedeciendo
el reconocimiento de la prestación a un actuar autónomo de la entidad, quien
omitió sus deberes de diligencia y cuidado en el estudio de los antec edentes
administrativas, así como la colaboración armónica con otras autoridades que le
permitieran advertir la condición de pensionada de la reclamante, sin que por ello
se pueda imputar una responsabilidad objetivo a cargo de la actora, tal y como
acertadamente lo derivó el fallador a quo, lo anterior en procura de los derechos
fundamentales de la accionante. De manera subsidiaria se disponga disponer la
caducidad de la acción o en su defecto la prosperidad de la excepción de
prescripción»”.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela, la solicitante planteó los siguientes
cargos:

i) Defecto fáctico y violación directa de la constitución.

Sostuvo que la providencia cuestionada desconoció el principio de buena fe, al atribuirle
un comportamiento doloso sin respaldo probatorio suficiente. En su criterio, la autoridad
judicial efectuó inferencias carentes de sustento objetivo y desestimó el valor
persuasivo de los medios de prueba allegados al proceso, los cuales, según afirma,
acreditaban una conducta honesta y leal en el trámite administrativo que dio lugar al
reconocimiento pensional.

Indicó que la solicitud prestacional fue presentada con acompañamiento profesional y
que el reconocimiento de la pensión obedeció a una decisión autónoma de la entidad
administradora, la cual habría omitido sus deberes de verificación respecto de los
antecedentes laborales y prestacionales de la solicitante.
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Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón

Agregó que la orden de reintegro de las sumas percibidas afecta de manera
desproporcionada su dignidad humana y su mínimo vital, habida cuenta de que se trata
de una persona adulta mayor cuya única fuente de ingresos corresponde a la mesada
pensional reconocida por la UGPP.

ii) Defecto procedimental.

Afirmó que el Tribunal Administrativo de Antioquia omitió aplicar lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, disposición que, en armonía con la jurisprudencia
del Consejo de Estado, estableció un término de caducidad de cinco (5) años para el
ejercicio de la acción de lesividad contra actos administrativos que reconocen derechos
pensionales.

Según la accionante, el desconocimiento de ese límite temporal en la providencia
cuestionada vulnera los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, en la
medida en que permite cuestionar indefinidamente situaciones jurídicas consolidadas.

iii) Desconocimiento del precedente.

Finalmente, sostuvo que la autoridad judicial accionada se apartó injustificadamente
del precedente del Consejo de Estado. En particular, citó la sentencia del 2 de octubre
de 2024, proferida dentro del radicado 47001-23-33-000-2016-00344-01 (2941-2018),
en la cual, según indica, se reconoció la vigencia inmediata del artículo 86 de la Ley
2381 de 2024 y la aplicación del término de caducidad de cinco años en las acciones
de lesividad dirigidas contra actos administrativos que reconocen derechos
pensionales.

A su juicio, dicha interpretación jurisprudencial garantiza la estabilidad de las
situaciones jurídicas consolidadas y la seguridad jurídica, de modo que su
desconocimiento por parte del tribunal accionado configura una vulneración del debido
proceso.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 12 de noviembre de 20252 la Sección Segunda, Subsección B
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela. Asimismo, vinculó en calidad de
terceros con interés al Juzgado Treinta y Dos Administrativo de Medellín, a la
Administradora Colombiana de Pensiones y a la Unidad Administrativo Especia de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

Surtidas las respectivas notificaciones, se recibieron los siguientes informes.

4.2. La Administradora Colombia de Pensiones 3 efectuó un recuento de las
actuaciones surtidas al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2 Índice 00004 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
3 Índice 00008 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.

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Asimismo, se refirió a los requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, para concluir que la solicitud de amparo no los satisface.
En ese sentido, sostuvo que no se acreditó la vulneración de derechos fundamentales
alegada y solicitó negar las pretensiones, por estimarlas abiertamente improcedentes.

4.3. El Tribual Administrativo de Antioquia 4 remitió en enlace web de acceso al
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho. Igualmente, presentó informe
mediante el cual se puso al amparo, dado que la parte actora pretender reabrir el
debate ya concluido.

4.4. El Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito de Medellín 5 remitió copia
del expediente del proceso ordinario en medio digital. No obstante, no se pronunció
sobre los argumentos expuestos por la parte accionante en la solicitud de tutela.

4.5. La Unidad Administrativo Especia de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social6 sostuvo que en la providencia cuestionada no
se configuró defecto sustantivo ni fáctico, en la medida en que el tribunal accionado
aplicó correctamente las normas y la jurisprudencia pertinentes, sin incurrir en
interpretaciones erróneas ni en indebida valoración probatoria. Añadió que la autoridad
judicial examinó el acervo probatorio y sustentó su decisión en precedentes del Consejo
de Estado y de la Corte Constitucional, por lo que no se advierte vulneración de
derechos fundamentales.

5. La sentencia de primera instancia

La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, mediante sentencia el 9
de diciembre de 20257, negó el amparo solicitado.

De manera preliminar, la autoridad judicial consideró que la controversia planteada
revestía relevancia constitucional, en la medida en que el debate relacionado con la
valoración probatoria y la eventual indebida interpretación de normas jurídicas se
encuentra estrechamente vinculado con el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia. En ese sentido, estimó que la eventual configuración de
alguno de los defectos alegados por la parte actora podría comprometer la efectividad
de sus derechos fundamentales.

En relación con el cargo por desconocimiento del precedente, la Subsección precisó
que el Tribunal Administrativo de Antioquia advirtió la existencia de dos posturas
jurisprudenciales al interior del Consejo de Estado en torno a la caducidad de la acción
de lesividad con posterioridad a la expedición del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
De una parte, la Subsección A ha sostenido la aplicación inmediata del término de cinco
(5) años contados a partir del reconocimiento pensional; de otra, la Subsección B ha
propuesto una interpretación más restrictiva, orientada por los principios de seguridad

4 Índice 00009 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
5 Índice 00010 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
6 Índice 00011 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
7 Índice 00014 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.

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Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón

jurídica y acceso a la administración de justicia, conforme a lo previsto en el artículo
164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).

Según lo expuesto por el a quo constitucional, el tribunal accionado acogió esta
segunda postura interpretativa, lo cual se inscribe dentro del ámbito de la autonomía
funcional del juez y no configura, por sí mismo, un defecto susceptible de corrección
en sede de tutela. En efecto, la decisión se sustentó en argumentos jurídicos
razonables, particularmente ante la ausencia de una regla jurisprudencial unificada
sobre la materia. Por consiguiente, concluyó que no se acreditó la vulneración de
derechos fundamentales, y que la acción de tutela no puede emplearse como una
instancia adicional para reabrir debates ya resueltos en el proceso ordinario.

En cuanto a los cargos relacionados con el defecto fáctico y la presunta violación
directa de la Constitución, la Subsección señaló que, de acuerdo con las
consideraciones expuestas por el tribunal accionado, se encontraba acreditado que,
pese a contar con una pensión previamente reconocida por Cajanal EICE, la accionante
solicitó ante el Instituto de Seguros Sociales (ISS) el reconocimiento de la
indemnización sustitutiva, y en el formulario respectivo manifestó no ser beneficiaria de
otra pensión. Tal circunstancia, a juicio del tribunal, indujo en error a la administración
y permitió el reconocimiento indebido de una nueva prestación pensional.

A partir de lo anterior, el juez constitucional de primera instancia concluyó que la
conducta de la solicitante desconoció el principio de buena fe y generó un
enriquecimiento sin justa causa, razón por la cual resultaba procedente la orden de
reintegro de las sumas percibidas. En ese sentido, precisó que la providencia
cuestionada se fundó en una valoración probatoria razonable y coherente, sin que se
evidenciara la configuración de un defecto fáctico ni la vulneración de las garantías
constitucionales invocadas.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación8 contra la sentencia de primera
instancia, mediante el cual solicitó revocar el fallo de primer grado y, en su lugar,
conceder el amparo solicitado.

Para sustentar su inconformidad, señaló que la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia se apartó de la correcta aplicación del artículo 86 de la Ley
2381 de 2024, disposición que establece un término de cinco (5) años para la
caducidad de la acción de lesividad. A su juicio, dicha interpretación ha sido respaldada
por el Consejo de Estado, al reconocer la vigencia inmediata de esa norma y la
necesidad de garantizar su efecto útil en el ordenamiento jurídico.

En armonía con ese criterio, sostuvo que en el proceso contencioso administrativo
debió declararse probada la excepción de caducidad, toda vez que el término legal para

8 Índice 00018 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.

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el ejercicio de la acción se encontraba ampliamente superado. Agregó que las pruebas
allegadas al proceso acreditan que la accionante actuó de manera honesta y con la
convicción de obrar conforme a derecho, de modo que el reconocimiento pensional fue
resultado de una actuación autónoma de la administración. En ese contexto, afirmó que
las eventuales falencias en la verificación de los antecedentes administrativos no
pueden trasladarse a la particular.

En ese mismo sentido, indicó que no se acreditó la existencia de maniobra fraudulenta
alguna, pues, según afirma, las conclusiones del fallo impugnado se sustentan en
inferencias carentes de respaldo probatorio, en contravía del principio de buena fe
consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política. Asimismo, destacó que el juez
de primera instancia dentro del proceso contencioso administrativo señaló que la
solicitud presentada en sede administrativa versó sobre el reconocimiento de la
indemnización sustitutiva y no sobre una nueva pensión .

Finalmente, sostuvo que la providencia cuestionada no abordó los argumentos
relacionados con la prescripción ni con la imposibilidad material de asumir la condena,
circunstancias que, a su juicio, comprometen el mínimo vital de la accionante, quien
ostenta la condición de sujeto de especial protección constitucional.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Gloria
Cecilia Cano Calderón, al ser la titular del derecho que afirma fue vulnerado, dado actuó
como demandada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido en ejercicio de la acción de lesividad, identificado con el radicado número
05001-33-33-032-2021-00074-00/01, en el cual se profirió la providencia judicial que
ahora se cuestiona en sede de tutela.

2.2. De igual manera, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva
del Tribunal Administrativo de Antioquia, toda vez que dicha corporación actuó como
juez de segunda instancia dentro del proceso mencionado y profirió la decisión judicial
a la que la parte accionante atribuye la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales.

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Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la
impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera
instancia que negó el amparo impetrado.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20059 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 10 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 11.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por
parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”12.

9
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse
la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima
violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
11 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento esta blecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo
en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el
que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en
contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión
que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces
desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

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4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que
garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 13.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate
en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que
la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se
establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en

13 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya
que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto
más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de
la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto14.

5. Caso concreto

La Sala advierte que la presente acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional. En consecuencia, se modificará la decisión de primera instancia para,
en su lugar, declarar la improcedencia del amparo, con fundamento en las razones que
se exponen a continuación.

5.1. Al analizar los cargos, la parte actora sostuvo que la providencia cuestionada
incurrió en: i) defecto fáctico y violación directa de la Constitución, por la supuesta
indebida valoración del acervo probatorio y el desconocimiento del principio de buena
fe, al atribuir a la accionante una conducta fraudulenta que habría dado lugar al
reconocimiento indebido de la prestación; ii) defecto procedimental, derivado de la
alegada omisión del juez contencioso administrativo de examinar aspectos
relacionados con la prescripción de las sumas reclamadas y la situación particular de
la accionante, en cuanto persona adulta mayor cuya subsistencia depende de sus
ingresos pensionales; y iii) desconocimiento del precedente, al apartarse de la
sentencia del 2 de octubre de 2024, radicado 47001-23-33-000-2016-00344-01 (2941-
2018), en la que el Consejo de Estado reconoció la vigencia inmediata de dicha
disposición y la obligatoriedad de aplicar el referido término en materia pen sional

5.2. Ahora, del análisis de los aspectos abordados en la sentencia del 16 de mayo de
2025 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia y que puso fin a la actuación,
así como de las pruebas incorporadas al proceso, se advierte que el ad quem arribó a
las siguientes conclusiones:

“3.1. La devolución de dineros perseguida por COLPENSIONES

En las pretensiones de la demanda y que fueron objeto del recurso de alzada,
COLPENSIONES solicitó a título de restablecimiento del derecho que se
ordene a la señora Gloria Cecilia Cano Calderón reintegrar el valor económico
que resulte por concepto de las mesadas pensionales que fueron pagadas sin
tener derecho; además el valor del retroactivo que haya recibido en virtud de
dicho reconocimiento desde la fecha del mismo, tasados en la suma de ciento
cincuenta millones ciento cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y cuatro
pesos ($150.145.684).

14 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07073-01
Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón

Al respecto, se tiene que la Ley 1437 de 2011, en el artículo 164 numeral 1,
literal e), se tiene que cuando se declare la nulidad de los actos administrativos
que reconozcan prestaciones periódicas, “no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe”, por lo que es necesario en
esta oportunidad valorar la conducta de la señora María Aurora Henao a
efectos de definir si es procedente ordenar el reintegro de las sumas que se
dice haberse pagado como mesada pensional, sin que, como ya se definió,
tuviera derecho a tal prestación.

Respecto al principio de buena con el fin de determinar la obligación de
devolver las prestaciones periódicas, explica el Consejo de Estado:

3. Del principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial para devolución de
prestaciones periódicas.

La jurisprudencia de esta Corporación, así como de la Corte Constitucional ha
considerado que el principio de buena fe es aquel que exige a los particulares y a
las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta,
leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona
correcta (vir bonus)”. En este contexto, la buena fe presupone la existencia de
relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada”.

En este sentido y conforme al artículo 83 superior, este principio implica que (i) las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar
gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones
que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las
relaciones jurídico administrativas. Esta última característica opera como
presunción legal que admite prueba en contrario.

Principio éste que además, no constituye un postulado absoluto, sino que tiene
límites demarcados por principios de igual categoría constitucional, como la
prevalencia del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la
función administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia
y economía, entre otros. En este sentido, no podemos entender al principio de la
buena fe de manera aislada y como un fin en si mismo, por cuanto se debe
concebir el ordenamiento jurídico no como una pura acumulación de preceptos
concretos encerrados en sí mismos, o como una simple mescolanza de normas,
sino como un sistema coherente, ordenado, según el principio de no contradicción.
(…)
Precisa la Sala que ésta clara línea jurisprudencial se ha mantenido para los casos
en que se han recibido prestaciones periódicas tales como la pensión de jubilación
producto de un error de la administración. No obstante, en tratándose de
prestaciones unitarias se ha dado un tratamiento diverso, como el señalado en
sentencia de la Subsección “B”, de 8 de mayo de 2008, dentro del expedient e
radicado con el No. 0949 de 2006, en donde se consideró que la presunción para
ese caso no estaba contemplada en la norma, la cual solo podía ser interpretada
en su tenor literal, por lo que no se podía extender la tesis a todos aquellos pagos
unitarios efectuados por la administración en virtud de actos administrativos y en
consecuencia, para estos era viable la devolución del dinero.

La posición así fijada encuentra su razón de ser en el principio de la buena fe, que
implica la convicción del ciudadano, en que el acto emanado de la administración
está sujeto a legalidad y por ende no tiene que prever que sea susceptible de
demanda judicial o revocatoria, pues existe una legítima confianza en la actuación
pública dada precisamente por la presunción de legalidad de la que gozan los
actos administrativos.

De acuerdo a lo anterior, tenemos que el principio de la buena fe señalado en el
inciso segundo del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, incorpora una presunción
legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de
menos, probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un
error de la administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos
11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07073-01
Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón

legales, no puede la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de
recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe” 15.

Se evidenció en este proceso que la señora Gloria Cecilia Cano Calderón
gozaba de pensión de vejez reconocida por CAJANAL a través de la
Resolución N° 30887 del 30 de junio de 2006. Posterior a ello y por intermedio
de apoderado judicial, presentó solicitud de indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez ante el ISS, según formulario con radicado N° 367099:

[…]

Llama la atención de la Sala que en este formulario hay una casilla en la que
se pregunta si el interesado recibe pensión de alguna entidad o empleador y
en este caso se marcó la casilla de “NO”, es decir, se consignó ante una entidad
pública información falsa.

Entonces, a pesar de que la demandada sabía que gozaba de una pensión de
vejez previamente reconocida y ante la omisión de la información veraz, el ISS
reconoció pensión de vejez mediante Resolución No. 100876 del 15 de marzo
de 2010.

En contra de esta decisión, la demandada interpuso recurso de reposición con
los siguientes argumentos:

[…]

Si bien en este evento la demandada por intermedio de su apoderada judicial,
interpuso recurso de reposición, allí no se informó ante la administradora de
pensiones que la señora Gloria Cecilia gozaba de pensión de vejez reconocida
por CAJANAL y que por eso requería el bono pensional o la indemnización
sustitutiva; por ello, COLPENSIONES si bien aceptó como cierto que ella no
había solicitado expresamente el reconocimiento de una pensión, afirmó que
había derechos irrenunciables como la seguridad social y que por esta razón le
reconocía la pensión, pues se reitera, esa administradora no conocía ni fue
informada que ya gozaba de una pensión.

Bajo dicho escenario, la demandada se aprovecha del error de la
administración y comienza a disfrutar de una pensión que de antemano sabe o
era consciente que no tenía derecho y aun así, persiste en pretender quedarse
con dineros de la seguridad social, lo que sin duda afecta el erario.

En este evento, mal podría afirmarse que la demandada puede ampararse en
la legalidad de un acto administrativo, pues como se afirmó con antelación,
efectuó afirmaciones que no respondían a la verdad, lo que generó que
COLPENSIONES determinará que era viable reconocerle una pensión de
vejez, sumando los tiempos de servicios que previamente CAJANAL había
tenido en cuenta para reconocer su pensión.

Por ello, el actuar omisivo y silente fue decisivo para que la administración de
manera indebida reconociera una mesada pensional que en palabras usadas
por el Consejo de Estado “usufructuó sin tener razón jurídica para ello 16 :
Así las cosas, las imprecisiones advertidas en el trámite administrativo de
reconocimiento pensional debían ser aclaradas, sin lugar a duda, luego ante la

15 CE2, 1 de septiembre de 2014, exp. 25000-23-25-000-2011-00609-02(3130-13), Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
16 CE2, sentencia del 29 de junio de 2023. Exp. 76001-23-31-000-2009-00300-01 (3150-2022) C.P. Rafael Francisco

Suárez Vargas
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07073-01
Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón

imposibilidad de lograr tal cometido, tanto por la renuencia de la demandada
como por la pérdida o desaparición del expediente administrativo, 21 resultaba
procedente revocar el acto de reconocimiento prestacional, tal como ocurrió.

En criterio de la Sala, de acuerdo con la realidad procesal acreditada en este
medio de control de legalidad, el actuar omisivo y silente de la demandada fue
decisivo para que la administración de manera indebida le otorgara una mesada
pensional que usufructuó sin tener razón jurídica para ello.

Es así como el reconocimiento ilegal de la pensión de jubilación, no se puede
reprochar únicamente a un error de la administración, sino que resulta palmaria
la actuación fraudulenta en la obtención del reconocimiento pensional.

(…)

Teniendo en cuenta lo hasta ahora expuesto, se advierte que la beneficiaria de
la pensión en esta litis no demostró que cumplía con los requisitos de edad y
tiempo de servicios requeridos para beneficiarse de la prestación pensional, pese
a los múltiples requerimientos que se le hicieran en la actuación administrativa,
ni acudió a esta instancia, motivo por el cual es dable inferir que, aun cuando fue
informada, se benefició del error en que se incurrió en el acto de reconocimiento.

Adicionalmente, llama la atención de la Sala el hecho de que, pese a que desde
el mes de abril de 2007 se suspendió el pago de su mesada pensional, la señora
Carmen Rosa Sarmiento de Chávez no hubiera acudido por su propio interés
ante Colpensiones a exigir el restablecimiento de su presunto derecho pensional.

En consecuencia, la Sala acompaña las consideraciones expuestas por el
Tribunal para afirmar que la actuación de la parte demandada no se rigió por el
principio de la buena fe y, por ello, procede la devolución de las sumas que le
fueron canceladas por concepto del reconocimiento pensional. En ese orden, se
confirmará la decisión de instancia.

Así las cosas, las imprecisiones advertidas en el trámite administrativo de
reconocimiento pensional debían ser aclaradas, o corregidas por la demandada
para que la administración pudiese actuar de manera inmediata; de allí que ha
devengado mesadas pensionales a las cuales no tenía derecho.

Evidentemente a demandada era consciente de que no tenía derecho al
reconocimiento y pago de la pensión, sin que pueda exculparse señalando que
en el recurso le dijo a la entidad que estaba errada la decisión, pues dada la
convicción de no ser acreedora a tal derecho, debió insistir ante la
administración, exponiendo las circunstancias de que ya era pensionada y por
ende lo que reclamaba era la indemnización sustitutiva, generado así un
provecho económico del error de la administración.

Recuerda la sala lo dicho por el Consejo de Estado, respecto a que la buena fe
implica la convicción del ciudadano, en que el acto emanado de la
administración está sujeto a legalidad y por ende no tiene que prever que sea
susceptible de demanda judicial o revocatoria, pues existe una legítima
confianza en la actuación pública dada precisamente por la presunción de
legalidad de la que gozan los actos administrativos 17.

En el presente evento es claro y así quedó acreditado que la demandada era
consciente de que no le asistía ningún derecho y no obstante no obró de
conformidad, pues a tono con la jurisprudencia del Consejo de Estado 18, así
como de la Corte Constitucional el principio de buena fe le exige también a los

17 CE2, 1 de septiembre de 2014, exp. 25000-23-25-000-2011-00609-02(3130-13), Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
18 CE2, 1 de septiembre de 2014, exp. 25000-23-25-000-2011-00609-02(3130-13), Gustavo Eduardo Gómez

Aranguren.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07073-01
Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón

particulares y no solo a las autoridades, ajustar sus comportamientos a una
conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse
de una “persona correcta (vir bonus)” 19.

En ese orden de ideas aun teniendo la convicción de que ningún derecho le
asistía y que el acto emanado de la Administración estaba errado, se conformó
con la situación y empezó a recibir y a gastar la mesada pensional, esto es obró
de manera incorrecta no ajustada a los cánones de la buena fe.

En criterio de la Sala, de acuerdo con la realidad procesal acreditada en este
medio de control de legalidad, el actuar omisivo de la demandada y la
información carente de verdad en el trámite administrativo ocasionó un
enriquecimiento sin justa causa para ella, lo que da lugar a revocar el ordinal
tercero de la sentencia de primera instancia y en su lugar acceder a las
pretensiones de COLPENSIONES de ordenar el reintegro de las sumas de
dinero percibidas a raíz de los actos enjuiciados y que fueron declarados nulos
por el juzgado de instancia.

De esta manera se dispondrá que la demandada reintegre a Colpensiones las
sumas que le fueron canceladas por esta entidad desde el momento en que fue
incluida en nómina de pensionados con ocasión al reconocimiento de la
pensión de vejez mediante la Resolución No. 100876 del 15 de marzo de 2010
y hasta la fecha en que la misma fue revocada por la administración mediante
Resolución SUB 50000 de 21 de febrero de 2020”.

5.3. En conclusión, el Tribunal Administrativo de Antioquia sostuvo que: i) la
demandada, quien actúa como accionante en el presente trámite constitucional, pese
a ser beneficiaria de una pensión previamente reconocida por Cajanal EICE, negó
dicha condición en el formulario radicado ante el Instituto de Seguros Sociales y
tampoco la aclaró al interponer el recurso de reposición, circunstancia que indujo en
error a la administración y permitió el reconocimiento de una segunda prestación
pensional; ii) la presunción de buena fe consagrada en el artículo 83 de la Constitución
Política fue desvirtuada, en la medida en que la conducta omisiva de la interesada
resultó determinante para el reconocimiento indebido de la prestación y para el
consecuente aprovechamiento de recursos del sistema pensional; y iii) al configurarse
un enriquecimiento sin justa causa, resultaba procedente confirmar la revocatoria del
acto administrativo que reconoció la prestación y ordenar el reintegro de las sumas
percibidas entre la expedición de la Resolución 100876 de 2010 y la Resolución SUB
50000 de 2020, mediante la cual la administración dispuso su revocatoria.

5.4. En virtud de lo anterior, la Sala advierte que el debate planteado en este caso fue
adecuadamente examinado por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la
decisión haya sido dictada de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y
fundamentos normativos, ni que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de
la parte actora durante el desarrollo del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido en ejercicio de la acción de lesividad.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través
del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara

19 Corte Constitucional sentencias: T 745 de 1992, C071 de 2004 y C -790 nde 2011, entre otras.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07073-01
Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón

que no basta con la simple mención de la vulneración de los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender como
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se requiere
demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario.
Así, que quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan al
juez constitucional advertir tal vulneración 20.

5.5. Por consiguiente, para la Sala es claro que la parte accionante pretende imponer
su interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así
como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate
surtido en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho sin que haya
demostrado la violación del derecho fundamental para el que pidió su protección.

Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del referido asunto toda vez
que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados, sin esbozar las
razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado fue vulnerado con
la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que
la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.

5.6. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, la Sala precisa que el
precedente21 se constituye en un pilar del Estado de Derecho, pues busca asegurar la
coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico, a través de las decisiones
judiciales que sean razonablemente previsibles. Por su alcance, se constituye en una
herramienta de protección de los principios de la confianza legítima y la buena fe al
momento de resolver un caso sometido a su jurisdicción.

Adicionalmente, su origen radica en la autoridad judicial que lo crea, por lo que existen
dos clases de precedente a saber: el horizontal y el vertical. El primero, comprende
“aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador
judicial”; mientras que el segundo, “se relaciona con los lineamientos sentados por las
instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva
jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de los asuntos, el precedente
vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su
respectiva jurisdicción. En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados
por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer
criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”22.

Según lo expuesto, y de la revisión de la jurisprudencia mencionada en el escrito de
tutela y el de impugnación, se advierte que se trata si bien se trata de pronunciamientos
judiciales que abordaron situaciones similares a la de la tutela, este hecho por sí solo
no permita concluir que constituye precedente con fuerza vinculante y obligatoria de

20 Sentencia SU215 de 2022.
21 Sentencia SU 113/2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
22 Ibidem.

15

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07073-01
Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón

una sentencia de unificación. Por tanto, no se puede atribuir que estas providencias
componen un precedente en el cual, el juez natural de la causa debió basar su estudio,
dado que, no existe una posición unificada frente al tema, por lo tanto, prevalece el
principio de autonomía judicial.

El respeto al precedente exige no solo la referencia a decisiones previas, sino también
la exposición clara y estructurada de los puntos de coincidencia entre los casos
analizados, con el fin de demostrar que el fallo objeto de censura se apartó
injustificadamente de la jurisprudencia aplicable. En este caso, la falta de un estudio
detallado de los elementos de similitud impidió verificar si existía o no una contradicción
con el precedente alegado.

Por lo anterior, no se advirtió una carga argumentativa suficiente que sustentara el
cargo formulado, lo que imposibilita su análisis de fondo en la presente decisión.

5.7. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si
fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 23, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 24.

5.8. Como consecuencia de lo anterior, se modificará el fallo impugnado, para en su
lugar declarar improcedente el amparo por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2025 por la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, mediante la cual se negó el
amparo solicitado. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
interpuesta por Gloria Cecilia Cano Calderón contra el Tribunal Administrativo de

23 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
24 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07073-01
Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón

Antioquia, por no superar el requisito de relevancia constitucional, conforme lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
SFGS

17

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