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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2009-00300-01

Fecha
29 de junio de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2009-00300-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 11 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda interpuesta por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-31-000-2009-00300-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

29 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-31-000-2009-00300-01 (3150-2022)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones
Demandado: Carmen Rosa Sarmiento Chávez

Temas: Acción de lesividad, reconocimiento ilegal pensión de vejez,
principio de buena fe, devolución de dineros pagados

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en
el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (CCA), la Administradora
Colombiana de Pensiones, Colpensiones, por conducto de apoderado, formuló
demanda, en modalidad de lesividad, en orden a que se declare la nulidad de la
Resolución 017927 del 27 de octubre de 2005, mediante la cual el jefe de Atención

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 76001-23-31-000-2009-00300-01 (3150-22)
Demandante: Colpensiones

al Pensionado del Centro de Decisión de la Seccional Valle del Cauca del Instituto
de Seguros Sociales, en adelante ISS, reconoció pensión de vejez a la señora
Carmen Rosa Sarmiento Chávez, a partir del 6 de octubre de 2002, con base en
1.307 semanas cotizadas, una tasa de reemplazo del 90% y en una cuantía inicial
de $1.140.524.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
entidad accionante solicitó i) condenar a la señora Carmen Rosa Sarmiento de
Chávez y/o a sus eventuales beneficiarios sobrevivientes a devolver todos y cada
uno de los dineros recibidos por concepto de reconocimiento de la pensión de vejez
a partir de la fecha de inclusión en nómina de pensionados de la Resolución 017927
del 27 de octubre de 2005; y ii) actualizar la condena aplicando los ajustes de valor
o indexación, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) Mediante la Resolución 017927 del 27 de octubre de 2005, el jefe de Atención
al Pensionado del Centro de Decisión de la Seccional Valle del Cauca del Instituto
de Seguros Sociales reconoció pensión de vejez a la señora Carmen Rosa
Sarmiento Chávez, a partir del 6 de octubre de 2002, con base en 1.307 semanas
cotizadas, una tasa de reemplazo del 90% y en una cuantía inicial de $1.140.524.

ii) En virtud de una auditoría realizada por la Gerencia Nacional de Historia
Laboral y Nomina de Pensionados de Colpensiones, se encontró que en el
expediente de reconocimiento prestacional de la referida señora obraba historia
laboral no generada por el sistema oficial del ISS, y que al cotejarla con la
información obrante en esa gerencia, se advirtió que la pensionada contaba con 132
semanas cotizadas, únicamente.

2

Radicación: 76001-23-31-000-2009-00300-01 (3150-22)
Demandante: Colpensiones

iii) Mediante la Resolución 15491 del 7 de noviembre de 2007, el jefe del
Departamento de Atención al Pensionado de Colpensiones, dispuso abrir
investigación administrativa con el fin de verificar la legalidad del reconocimiento
prestacional y garantizar el debido proceso administrativo.

iv) Mediante el Auto 3648 del 11 de noviembre de 2007, se requirió a la señora
Carmen Rosa Sarmiento de Chávez, para que se presentara a rendir declaración
tendiente a establecer las causas de las inconsistencias presentadas en la historia
laboral; sin embargo, no se presentó ni aportó ningún documento para demostrar
que realizó las cotizaciones exigidas para el reconocimiento de la prestación de
pensión de vejez.

v) A través de la Resolución 12782 del 3 de octubre de 2007, se revocó
directamente la Resolución 017927 del 27 de octubre de 2005 que reconoció la
pensión de vejez a la demandada.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 48 de la Constitución Política; 12 del Decreto
758 de 1990; 33 de la Ley 100 de 1993; y el Acto Legislativo 01 de 2005.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la parte actora expuso lo
siguiente:

i) Con la expedición del acto administrativo demandado el ISS violó normas
constitucionales y legales al considerar que la señora Carmen Rosa Sarmiento de
Chávez cumplía con el número mínimo de semanas cotizadas para adquirir el
derecho a la pensión de vejez, cuando, luego de verificar la historia laboral, se pudo
concluir que las 1.307 semanas que sirvieron de base para la expedición del acto
administrativo demandado no fueron realmente cotizadas al sistema general de
pensiones.

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Demandante: Colpensiones

ii) En ese orden, el acto impugnado va en contravía del precepto constitucional
que señala que para adquirir el derecho a la pensión es necesario cumplir con la
densidad mínima de semanas cotizadas, todo en aras de salvaguardar la
sostenibilidad financiera del sistema pensional y que las pensiones sean
reconocidas conforme a derecho.

iii) Por lo anterior, el ISS en aras de impedir que continuará generando un
detrimento al fondo común de la administradora de pensiones revocó directamente
la resolución que reconocía la pensión con fundamento en lo previsto en el artículo
19 de la Ley 797 de 2003.

1.2. Contestación de la demanda

Comoquiera que no fue posible la notificación personal de la demandada, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca procedió a realizar el emplazamiento y
designación de Curador ad-litem, con quien se surtió la notificación el 23 de
septiembre de 2021. El referido curador se opuso a las pretensiones de la demanda1
al señalar que la demandada actuó de buena fe y que la responsabilidad ante el
presunto reconocimiento ilegal recae en Colpensiones y en sus funcionarios.

Propuso las excepciones de buena fe, cobro de lo no debido y prescripción de las
sumas pagadas.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el 11
de noviembre de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda, con sustento en
las siguientes consideraciones:2

1 Expediente digital consultado en la plataforma Samai, archivo 018 Contestación demanda 2009-

00300-00.pdf
2 Ibidem. Archivo 028 2009-00300-00 Colpensiones (antes ISS) vs Carmen Rosa Sarmiento de

Chavez.pdf. Con ponencia del magistrado Víctor Adolfo Hernández Díaz.

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Demandante: Colpensiones

i) El ISS, hoy Colpensiones, solicitó la nulidad de la Resolución 017927 del 27
de octubre de 2005 por medio de la cual reconoció la pensión de vejez a la señora
Carmen Rosa Sarmiento De Chávez a partir del 6 de octubre de 2002, fundada en
que la pensionada cumplía los requisitos del régimen de transición consagrado en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por haber nacido el 6 de octubre de 1942 y
acreditar un total de 1307 semanas cotizadas, reconociendo el derecho pensional
con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto
758 del mismo año.

ii) Posteriormente, la entidad efectuó una auditoria en la que encontró que la
señora Sarmiento De Chávez solo tenía 132 semanas cotizadas al sistema de
seguridad social en pensiones, lo que implicaba que el reconocimiento de la
prestación se efectuó de manera ilegal al no contar con los requisitos para acceder
al derecho y, por ende, desde la fecha de ingreso a nómina de pensionados
(noviembre de 2005) hasta marzo de 2007, aquella percibió una prestación a la cual
no tenía derecho, devengando un total de $83.469.349, por concepto de mesadas
pensionales.

iii) Por lo anterior, la entidad inició investigación administrativa que concluyó con
la expedición de la Resolución 12782 del 03 de octubre de 2007, mediante la cual
se revocó la Resolución 017927 del 27 de octubre de 2005, con la que se reconoció
la pensión de vejez y requirió a la señora Carmen Rosa Sarmiento de Chávez para
que efectuara el reintegro de las sumas correspondientes a las mesadas
debidamente canceladas.

iv) Se observa que dentro del trámite administrativo la demandada no hizo uso
de su derecho de contradicción, no aportó ningún documento, ni en sede judicial,
que acreditara el cumplimiento de los requisitos para acceder a su derecho
pensional.

v) Ahora, aunque el acto administrativo demandado fue objeto de revocatoria
directa, no se puede perder de vista que generó consecuencias jurídicas durante el

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Radicación: 76001-23-31-000-2009-00300-01 (3150-22)
Demandante: Colpensiones

período en que estuvo vigente. En ese orden, se encuentra probado que las
semanas de cotización a las que alude el acto acusado y sobre las cuales se
reconoció la pensión fueron 1307 semanas. Sin embargo, en los certificados
expedidos por la vicepresidencia de pensiones del iss se indicó que la accionada
cotizó 132 semanas entre el 17 de abril de 1986 y el 27 de octubre de 1988, y
consultada la base de datos desde el 1° de enero de 1995 en adelante no se
encontraron registros de novedades correspondientes a aquella.

vi) Lo anterior permite concluir que la señora Sarmiento no cumplió con el
mínimo de cotización al sistema general de seguridad social en pensiones para
acceder al reconocimiento pensional, por lo tanto, la información contenida en el
acto administrativo acusado según el cual la demandada cuenta con 1.307 semanas
cotizadas no corresponde a la realidad laboral. En este orden de ideas, la
Resolución 17927 del 27 de octubre de 2005 fue proferida de manera ilegal, en
cuanto reconoció un derecho pensional aun cuando la beneficiaria no reunía los
presupuestos legales consagrados en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990.

vii) De acuerdo con la valoración de los medios de prueba que obran en el
expediente y de la conducta procesal asumida por la demandada, se considera
desvirtuada la presunción de buena fe que la amparaba, por las siguientes razones.
La Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados de la
Vicepresidencia de Pensiones del ISS adelantó una auditoría de los expedientes en
los que la Seccional del Valle del Cauca reconoció prestaciones económicas y
encontró que la pensión de vejez de la señora Sarmiento de Chávez se expidió con
fundamento a una historia laboral no generada por el Sistema Oficial de la entidad.

viii) A su vez, la señora Sarmiento de Chávez fue citada a rendir declaración para
establecer la causa de las inconsistencias presentadas en su historia laboral y
presentar todas las pruebas documentales que estimara pertinentes y «confesó que
el monto de retroactivo y su mesada pensional era muy superior a los valores
devengados durante su vida laboral».

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Radicación: 76001-23-31-000-2009-00300-01 (3150-22)
Demandante: Colpensiones

ix) Además, la demandada no compareció, ni aportó documento alguno, en sede
administrativa ni judicial, que acreditara el cumplimiento del mínimo de semanas
cotizadas para acceder a su derecho pensional. Luego, se puede afirmar que
aquella conocía que el acto administrativo por el cual le fue reconocida la pensión
de vejez tenía serias inconsistencias (número de semanas de cotización y monto de
la mesada pensional), pese a ello, recibió sin oposición ni reparo alguno el pago del
retroactivo por valor de $47.176.841, así como las mesadas pensionales desde
noviembre de 2005 hasta marzo de 2007, para un total de $83.469.349.

x) Así las cosas, se puede concluir que el reconocimiento indebido de la pensión
no se originó por un error de la administración, sino en la falta de buena fe de la
demandada, conducta de la cual derivó beneficios sin tener derecho a ello. En tal
virtud, al contar con suficientes elementos indicadores de que la actuación de la
pensionada fue determinante para la consecución indebida del derecho pensional,
y que no fue una conducta honesta y transparente con la administración, es viable
ordenar la devolución de los dineros pagados, por estar desvirtuada la presunción
de buena fe que cobija a los administrados.

xi) Sumado a lo anterior, casos como el estudiado ponen de presente la
afectación al principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional,
incorporado a la Constitución Política a través del Acto Legislativo 01 de 2005,
mediante el cual se exige del legislador que cualquier regulación que se haga del
régimen pensional debe preservar el equilibrio financiero del sistema y
adicionalmente busca evitar que a través del uso de medios fraudulentos se logre
la consecución de pensiones en beneficio de personas que no cumplen los
requisitos legales para tal efecto.

xii) Por lo anterior, «teniendo en cuenta la conducta carente de buena fe que
asumió la señora Carmen Rosa Sarmiento De Chávez para obtener la pensión de
vejez por parte del ISS, la Sala de Decisión NO ordenará que la orden de devolución
de lo pagado se haga por medio de acuerdo de rembolso sino directamente con
fundamento en lo dispuesto en la presente sentencia, la cual presta mérito ejecutivo

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Demandante: Colpensiones

por sí misma» (sic).

xiii) Finalmente, se advierte que la circunstancias objeto de análisis ameritan una
compulsa de copias a órganos de instrucción criminal, disciplinario y fiscal para lo
de su competencia.

xiv) En suma, declaró la nulidad del acto demandado, condenó a la señora
Carmen Rosa Sarmiento de Chávez a reintegrar a Colpensiones la suma total de
ochenta y tres millones cuatrocientos sesenta y nueve mil trescientos cuarenta y
nueve pesos m/cte ($ 83.469.349), que percibió con ocasión a la pensión de vejez
que le fue reconocida a través de la Resolución. 017927 del 27 de octubre de 2005,
debidamente indexada conforme lo dispone el artículo 178 del CCA; y compulsó
copias a los entes de control e investigación correspondientes.

1.4. El recurso de apelación

La curadora ad litem de la parte accionada interpuso recurso de apelación contra la
referida sentencia con base en los siguientes argumentos:3

i) Aunque la curadora ad litem manifestó que no tuvo ningún tipo de
comunicación con la señora Carmen Rosa Sarmiento Chávez, insistió que de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado con claridad
que la buena fe es un principio que de conformidad con el artículo 83 de la Carta
Política se presume y conforme con este las actuaciones de los particulares y de las
autoridades públicas deben estar gobernadas por este y, además, aquella se
supone en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades
públicas, es decir, en las relaciones jurídico administrativas; luego dicha presunción
solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento
jurídico vigente.

3 Ibidem. Archivo 032 RECURSO APELACIÓN SENTENCIA 36 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

RAD. 2009-00300-00.pdf.

8

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Demandante: Colpensiones

ii) De acuerdo con lo anterior, el principio de la buena fe señalado en el inciso
segundo del artículo 136 del CCA, incorpora una presunción legal que admite prueba
en contrario y por ello le corresponde a quien lo echa de menos probar que el
peticionario actuó de mala fe. Así pues, en tratándose de un error de la
administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales, no
puede la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un dinero
que fue recibido por una persona de buena fe.

iii) De conformidad con el precedente jurisprudencial de las Altas Cortes es
dable establecer que aunque se trata de un caso de abuso del derecho, se presume
que las sumas de dinero percibidas por la señora Carmen Rosa Sarmiento Chávez
fueron de buena fe; por ende, no es procedente el reembolso del retroactivo
cancelado, ni de las mesadas ordinarias y adicionales y las demás prestaciones o
emolumentos recibidos, ya que dicho error cometido en el reconocimiento de la
pensión de vejez recae única y exclusivamente en Colpensiones y en sus
funcionarios.

iv) Como la demanda fue interpuesta por Colpensiones en el año 2009, ha de
comprenderse que las sumas pagadas a la señora Carmen Rosa Sarmiento Chávez
en el año 2005 se encuentran prescritas.

1.5. Pronunciamiento frente al recurso de apelación

Colpensiones no se pronunció respecto del recurso de apelación propuesto por la
curadora ad litem de la parte accionada.4

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público rindió concepto5 en el que solicitó se revoque la
decisión de primera instancia, toda vez que Colpensiones no logró demostrar que

4
Constancia secretarial obrante en el índice 10 de la plataforma Samai.
5 Memorial electrónico obrante en el índice 9 de la plataforma Samai.

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Demandante: Colpensiones

la demandada hubiera incurrido en comportamientos deshonestos, en actos dolosos
y de mala fe, para obtener la pensión de jubilación, y, por tanto, no puede ahora la
demandante, alegar a su favor, su propia culpa, para tratar de recuperar unos
dineros, que como se advierte, fueron recibidos por una persona amparada por el
principio de la buena fe.

Advirtió que existen diversos fallos del Consejo de Estado que ratifican que para
que proceda la devolución de las sumas de dineros pagadas sin justo título, es
necesario demostrar de manera clara y fehaciente la actuación de mala fe del titular
del derecho, precedente judicial que no puede ser desconocido.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si en efecto se logró desvirtuar la
presunción de buena fe respecto del actuar de la señora Carmen Rosa Sarmiento
de Chávez y como consecuencia de ello le corresponde reintegrar las sumas
recibidas por concepto de las mesadas pensionales surgidas con ocasión del
reconocimiento pensional dispuesto en la Resolución 17927 del 27 de octubre de
2005.

2.2. Marco normativo

El principio de buena fe en la devolución de prestaciones periódicas

De conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, «[l]as actuaciones de
los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante
estas».

10

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Demandante: Colpensiones

En relación con el contenido del principio de buena fe, «[l]a jurisprudencia
constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que exige a los
particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una
conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de
una ‘persona correcta (vir bonus)’. Así, la buena fe presupone la existencia de
relaciones reciprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».6

En esos términos, el constituyente de 1991 dispuso que el principio de buena fe
comportaría un patrón rector de las actuaciones de los particulares y las autoridades
públicas. Adicionalmente, la Carta Política establece que dicho principio se presume
en las diligencias que los primeros adelanten ante las segundas; así pues, bajo la
idea de esa presunción, quien pretende desvirtuarla debe asumir la carga probatoria
que permita demostrar la trasgresión de dicho principio.7

Por su parte, el artículo 136, numeral 2, del Código Contencioso Administrativo
(CCA), establece que la demanda puede ser presentada en cualquier tiempo,
siempre que se dirija contra actos que reconozcan prestaciones periódicas, «pero
no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».

En ese escenario, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sostenido que
«[…] no habrá lugar a recuperar las prestaciones periódicas pagadas a los
particulares de buena fe, salvo que se pruebe por la entidad Estatal que el
demandado incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir, que
actuó de mala fe con el fin de obtener un beneficio al cual no tenía derecho».8

6 Corte Constitucional, sentencia C-1194 del 3 de diciembre de 2008, M.P., Rodrigo Escobar Gil.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 26 de junio de 2020, expediente 41001-23-33-000-2012-00237-02 (4076-18), M.P.,
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 27 de agosto de 2020, expediente 76001-23-31-000-2010-01578-01 (3388-14), M.P.,
César Palomino Cortés.

11

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Demandante: Colpensiones

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente:

i) El 27 de octubre de 2005, mediante la Resolución 017927 el ISS – Seccional
Valle reconoció una pensión de vejez a la señora Carmen Rosa Sarmiento de
Chávez a partir del 6 de octubre de 2002.9

ii) El 26 de marzo de 2007, con el Oficio DHLYNP-0209 el jefe de Departamento
de Historia Laboral y Nómina de Pensionados del ISS – Seccional Valle solicitó al
Banco Popular, oficina Avenida Caracas de Bogotá, abstenerse de cancelar la
mesada pensional girada en nómina de marzo de 2007, pagadera en abril de 2007,
a varios pensionados, entre ellos, la señora Carmen Rosa Sarmiento de Chavez.10

9
Expediente digital consultado en la plataforma Samai, archivo 001ExpedienteParte1.pdf, folios 10
y 11.
10 Ibidem, folio 56.

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Demandante: Colpensiones

iii) El 30 de abril de 2007, la jefe del Departamento de Historia Laboral y Nómina
de Pensionados del ISS – Seccional Valle, presentó denuncia penal ante la Fiscalía
General de la Nación por delito de destrucción, supresión u ocultamiento de
documento público, ante la pérdida de varios expedientes administrativos, entre
ellos el de la señora Carmen Rosa Sarmiento de Chávez, proceso con número de
noticia criminal 760016000195200701146.11

iv) El 2 de mayo de 2007, la jefe del Departamento de Atención al Pensionado
del ISS, Seccional Valle suscribió acta de reconstrucción de expedientes, en la cual
dejó constancia que al consultar la base de datos de «Administración Flujo de
Expedientes AFE» no se encontraron varios expedientes, entre estos, el de la
señora Carmen Rosa Sarmiento de Chávez, por lo cual procedió a realizar la
reconstrucción de expedientes constantes de «fotocopia de la resolución con la cual
se concede el derecho a cada pensionado, la historia laboral que genera el
aplicativo de historia laboral y fotocopia de la denuncia de pérdida instaurada ante
la Fiscalía General de la Nación».12

v) El 7 de septiembre de 2007, mediante la Resolución 15491, el jefe del
Departamento de Atención al Pensionado del ISS Seccional Valle dispuso abrir
investigación administrativa respecto a las prestaciones reconocidas a varios
pensionados, entre ellos, a la señora Sarmiento de Chávez y decretó pruebas.13

vi) El 11 de septiembre de 2007, el jefe del Departamento de Atención al
Pensionado del Instituto de Seguros Sociales Seccional Valle emitió el auto de
pruebas 3648, en el cual dispuso: «Requerir a CARMEN ROSA SARMIENTO
CHAVEZ (…) para que conforme a los términos estipulados en el artículo 58 (10
días), del Código Contencioso Administrativo se presente a rendir declaración a fin
de establecer la causa de las inconsistencias presentadas en su historia laboral, e
igualmente ponga de presente todas las pruebas documentales que estime

11 Ibidem, folios 46 al 52.
12 Ibidem, folios 32 al 35.
13 Ibidem, folios 27 al 30.

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Demandante: Colpensiones

pertinentes en aras de comprobar cualquier información que pretenda hacer valer
dentro de la presente Investigación».14

vii) El 13 de septiembre de 2007, el Gerente Nacional de Historia Laboral y Nómina
de Pensionados del ISS certificó que revisada la información de la base de datos de
la historia laboral de los afiliados al ISS se encontró cotización de aportes a los
riesgos de invalidez, vejez y muerte, equivalente a 132 semanas, a favor de la
demandada.15 Además, en el reporte de semanas cotizadas oficial expedido por el
Seguro Social impreso el 13 de septiembre de 2007, se reporta la siguiente
información:16

Numero Razón social Desde Hasta Días Neto
aportante
01008223059 Directores Generales 1986/04/17 1988/10/27 925 925
Ltda.
Total días 925
cotizados
Total semanas 132.1429

viii) El 27 de septiembre de 2007, por intermedio del Auto 3888, el jefe de Atención
al Pensionado del ISS, dispuso cerrar la investigación administrativa iniciada
mediante Resolución 15492 de septiembre de 2007, por encontrarse vencidos los
términos establecidos en el auto de pruebas, y la señora Sarmiento Chávez no
presentó prueba ni declaración alguna.17

ix) El 3 de octubre de 2007, a través de la Resolución 127823, el jefe de Atención
al Pensionado del Centro de Decisión del ISS -Seccional Valle- resolvió revocar la
Resolución 017927 de 2005, bajo el amparo del artículo 19 de la Ley 797 de 2003,
y requerir a la señora Carmen Rosa Sarmiento de Chávez, para que efectuara el
reintegro de la suma de $83.469.349 correspondiente al valor de las mesadas

14 Ibidem, folios 25 y 26.
15 Ibidem, folio 31
16 Ibidem, folio 36
17 Ibidem, folio 23

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Demandante: Colpensiones

indebidamente canceladas, por no tener derecho a ellas, y trasladó copia de dicho
acto a los entes de control y de instrucción criminal para lo de su competencia.18

x) El 25 de noviembre de 2008, el jefe del Departamento de Historia Laboral y
Nómina de Pensionados del ISS – Seccional Valle certificó: que a la señora Carmen
Rosa Sarmiento de Chávez se le reconoció pensión de vejez mediante Resolución
No. 017927 de 27 de octubre de 2005, a partir de la nómina de noviembre de 2005,
en los siguientes términos:19

Valor inicial de Pensión a Pagar $ 1.370.910
Valor Retroactivo girado en la mesada de noviembre de 2005 $ 54.727.651
Total mesadas pagadas y retroactivo entre noviembre de 2005 y marzo de 2007 $
83.469.349

Es de resaltar que en la nómina de abril de 2007 se suspende la prestación por
encontrarse irregularidad en la Historia Laboral.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala confirmará la
decisión del a quo que accedió a las pretensiones de la demanda de lesividad y
ordenó el reintegro de los valores percibidos por la señora Carmen Rosa Sarmiento
de Chávez por concepto de la pensión de jubilación que le fuera reconocida
mediante la Resolución 017927 del 27 de octubre de 2005. Esta conclusión se funda
en los siguientes razonamientos.

Al revisar el contenido de la Resolución 12782 de octubre de 2007, mediante la cual
se revocó la Resolución 017927 de 2005, bajo el amparo del artículo 19 de la Ley
797 de 2003,20 se determinó con claridad que la señora Sarmiento de Chávez solo

18 Ibidem, folios 13 al 21
19 Ibidem, folio 12
20
Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los representantes
legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan reconocido
o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos
para la adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para
obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público,

15

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Demandante: Colpensiones

tenía 132 semanas cotizadas al sistema de seguridad social en pensiones, monto
que evidentemente resulta menor al exigido en las normas que regulan el régimen
pensional al que se hizo referencia en el acto de reconocimiento, esto es, el Acuerdo
049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.

Lo anterior implica que el reconocimiento de la prestación se efectuó de manera
ilegal al no contar la accionada con los requisitos para acceder al derecho y, por
ende, desde la fecha de ingreso a nómina de pensionados (noviembre de 2005)
hasta marzo de 2007, aquella percibió una prestación a la cual no tenía derecho,
devengando un total de $83.469.349, por concepto de retroactivo y mesadas
pensionales.

Dentro de la actuación administrativa que concluyó con la expedición de la
Resolución 12782 del 3 de octubre de 2007, la señora Carmen Rosa Sarmiento de
Chávez no emitió pronunciamiento alguno, esto es, no hizo uso de su derecho de
contradicción, ni aportó documentos tendientes a aclarar las inconsistencias
arrojadas en la auditoría llevada a cabo al interior del ISS, y/o que acreditaran el
cumplimiento de los requisitos para acceder a su derecho pensional.

Nótese que en el acto de reconocimiento pensional adjunto a esta providencia, no
se discrimina ni se relaciona el tiempo de servicios que, presuntamente, reunía la
demandante al momento de solicitar la pensión de vejez, ni mucho menos se hace
referencia a la data en la cual, presuntamente, se acreditó el requisito de la edad, al
paso que los reportes de semanas cotizadas obrantes en el dosier dan cuenta tan
solo de la realización de aportes efectivos al sistema de seguridad social en
pensiones por 132 semanas.

cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció
indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento
de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el
funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del
particular y compulsar copias a las autoridades competentes.

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Radicación: 76001-23-31-000-2009-00300-01 (3150-22)
Demandante: Colpensiones

Así las cosas, las imprecisiones advertidas en el trámite administrativo de
reconocimiento pensional debían ser aclaradas, sin lugar a duda, luego ante la
imposibilidad de lograr tal cometido, tanto por la renuencia de la demandada como
por la pérdida o desaparición del expediente administrativo,21 resultaba procedente
revocar el acto de reconocimiento prestacional, tal como ocurrió.

En criterio de la Sala, de acuerdo con la realidad procesal acreditada en este medio
de control de legalidad, el actuar omisivo y silente de la demandada fue decisivo
para que la administración de manera indebida le otorgara una mesada pensional
que usufructuó sin tener razón jurídica para ello.

Es así como el reconocimiento ilegal de la pensión de jubilación, no se puede
reprochar únicamente a un error de la administración, sino que resulta palmaria la
actuación fraudulenta en la obtención del reconocimiento pensional.

En ese orden, en lo concerniente al reintegro de las mesadas pensionales recibidas
con ocasión del acto ilegal, esta Corporación ha sostenido que para que proceda la
devolución de prestaciones periódicas pagadas a los particulares de buena fe, se
debe probar por parte de la administración que el demandado incurrió en conductas
deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir, que se utilizaron documentos falsos o
maniobras abusivas dentro de la actuación administrativa, y que ello conllevó el
reconocimiento de un derecho pensional.

Así las cosas, se deberá verificar a la luz de las pruebas regularmente aportadas al
proceso, si la actitud de la demandada en sede administrativa o para los efectos de
la consecución del derecho, se apartó de los postulados del principio de la buena
fe, y si fue determinante en el resultado final de la actuación.

Luego, para que resulte procedente ordenar el reintegro de los valores recibidos por
aquellas personas a las que se les haya reconocido o mantenido una prestación

21
La cual es objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

17

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Demandante: Colpensiones

social sin tener derecho a ella o por un monto mayor al que correspondía, en el
proceso es indispensable que esté acreditada la mala fe con que pudieron actuar
para obtener el pago de los beneficios otorgados, en atención a que la buena fe es
una presunción que requiere ser desvirtuada.

Pese a que el contenido del artículo 83 de la Constitución Política es aparentemente
claro, es fundamental considerar que la naturaleza jurídica de la buena fe como
principio general del derecho, implica que su vinculación a patrones fácticos
específicos es muy amplia y compleja.

Así pues, el principio de buena fe en el derecho administrativo, significa que los
poderes públicos no pueden defraudar la legítima confianza que los ciudadanos
aprecian objetivamente en su actuación; de manera que el ciudadano puede confiar
en la administración y a su vez ésta puede confiar en el ciudadano; confianza que
en todo caso, debe desprenderse de signos externos, objetivos, inequívocos, que
induzcan racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de legalidad de
una actuación administrativa concreta.22

De suerte que, el actuar con rectitud y honestidad es una exigencia que se deriva
del principio general de la buena fe y que permite crear un ambiente de confianza
imprescindible para el buen funcionamiento del sistema pensional.

Respecto a este particular, la Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de
pronunciarse en los siguientes términos:23

El incumplimiento de las normas -o su cumplimiento estratégico en función de la
conveniencia personal- así como la búsqueda de beneficios a toda costa, no es un
problema menor. De ahí que hayan múltiples normas del ordenamiento jurídico que
sancionan, con distintos grados de severidad, a quien se aleja del comportamiento
esperado. Como ya se expuso, el ordenamiento castiga incluso a quien se aprovecha
del error ajeno. Dicha disposición de rango penal es compatible con el orden
constitucional por al menos dos razones: (i) el principio según el cual lo ilícito no

22 Véase la sentencia del 17 de octubre de 2017, radicación: 73001-23-33-000-2015-00229-01 (0913-

2017), M. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
23 Sentencia SU-182 de 2019.

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Demandante: Colpensiones

genera derechos; y (ii) el deber constitucional de obrar de buena fe.

[…]

De esta manera, la Corte ha sido enfática al sostener que “para la realización del
Estado Social de Derecho, junto a la garantía de los derechos fundamentales, es
indispensable el cumplimiento por todas las personas de los deberes que asigna la
Constitución”24. Ahora bien, estos deberes no pueden convertirse en cargas
desproporcionadas en cabeza de los ciudadanos, que desdibujen el concepto mismo
de los derechos25.

Descendiendo al objeto específico de esta tutela, se tiene el principio general de la
buena fe, que el artículo 83 Superior elevó a rango constitucional y consagró como
un deber. Según este, “las actuaciones de los particulares y de las autoridades
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en
todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”26. En su acepción más simple,
la buena fe equivale a “obrar con lealtad, rectitud y honestidad, es la que se exige
normalmente a las personas en todas sus actuaciones”27.

La buena fe no solo se reclama a las autoridades públicas, imponiéndoles la
obligación de abstenerse de modificar abruptamente sus decisiones28, sino que
también se predica de los particulares. Esta busca materializar la confianza mutua, lo
cual exige una disposición respetuosa y leal de ambas partes:

“La buena fe incorpora el valor de la confianza. En razón a esto, tanto la
administración como los administrados deben actuar conforme a las exigencias de la
buena fe, sin olvidar "Que el derecho nunca debe ser manejado de espaldas a su
fundamento ético que debe ser el factor informante y espiritualizador”. Lo anterior
implica que, así como la administración pública no puede ejercer sus potestades
defraudando la confianza debida a quienes con ella se relacionan, tampoco el
administrado puede actuar en contra de aquellas exigencias”29.

24 Sentencia C-220 de 2011. MP. Jorge Ignacio Pretelt.
25 “Directamente ligado a lo anterior, es obvio que la imposición de deberes a los particulares por el

ordenamiento jurídico debe ser compatible con el respeto de los derechos constitucionales. Así, es
cierto que las personas no sólo tienen una obligación general de respetar el ordenamiento (CP art.
6°) sino que también tienen deberes constitucionales específicos en distintos campos (CP art. 49 y
95). Además, en desarrollo de sus competencias, la ley puede establecer deberes a los particulares
que faciliten las tareas de las autoridades de preservar el orden público y la convivencia democrática.
Sin embargo, teniendo en cuenta que el Estado colombiano se encuentra al servicio de la comunidad
y reposa en la dignidad humana y en la prevalencia de los derechos de la persona (CP arts 1º, 2º y
5º), la ley no puede imponer cualquier tipo de deberes a los particulares. Estas obligaciones deben
ser compatibles con el respeto de la dignidad humana y con la naturaleza misma del Estado
colombiano. Por ello esta Corte ha dicho de manera reiterada que un “un deber constitucional no
puede entenderse como la negación de un derecho, pues sería tanto como suponer en el
constituyente trampas a la libertad” […] Por ello concluyó esa sentencia que “los deberes exigibles a
las personas no pueden hacerse tan rigurosos que comprometan el núcleo esencial de sus derechos
fundamentales”. Sentencia C-251 de 2002 .MP. Eduardo Montealegre y Clara Inés Vargas.
26 Constitución Política, Art. 83
27 Sentencia C-1007 de 2002. MP. Clara Inés Vargas Hernández. La Corte también ha hecho una

distinción entre buena fe simple y calificada.
28 Sobre el principio de confianza legítima, ver Sentencia T-338 de 2010. MP. Juan Carlos Henao; T-

328 de 2014. MP. María Victoria Calle.
29 Sentencia T-075 de 2008. MP. Manuel José Cepeda.

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Radicación: 76001-23-31-000-2009-00300-01 (3150-22)
Demandante: Colpensiones

[…]

En conclusión, la revocatoria unilateral de un acto de reconocimiento pensional se
habilita ante un comportamiento lo suficientemente grave como para ser enmarcado
en algún tipo delictivo, sin que sea necesario demostrar la responsabilidad penal a
través de una sentencia condenatoria. Tampoco hace falta que el afiliado sea el
que haya concertado o inducido en error a la administración, pues el
ordenamiento jurídico también sanciona a quien se aprovecha de estos
escenarios. El cumplimiento de las normas es un presupuesto básico del Estado
social y democrático de derecho. Actuar con rectitud y honestidad es una exigencia
que se deriva del principio general de la buena fe y que permite crear un ambiente de
confianza mutuo, imprescindible para el buen funcionamiento de la sociedad.

Teniendo en cuenta lo hasta ahora expuesto, se advierte que la beneficiaria de la
pensión en esta litis no demostró que cumplía con los requisitos de edad y tiempo
de servicios requeridos para beneficiarse de la prestación pensional, pese a los
múltiples requerimientos que se le hicieran en la actuación administrativa, ni acudió
a esta instancia, motivo por el cual es dable inferir que, aun cuando fue informada,
se benefició del error en que se incurrió en el acto de reconocimiento.

Adicionalmente, llama la atención de la Sala el hecho de que, pese a que desde el
mes de abril de 2007 se suspendió el pago de su mesada pensional, la señora
Carmen Rosa Sarmiento de Chávez no hubiera acudido por su propio interés ante
Colpensiones a exigir el restablecimiento de su presunto derecho pensional.

En consecuencia, la Sala acompaña las consideraciones expuestas por el Tribunal
para afirmar que la actuación de la parte demandada no se rigió por el principio de
la buena fe y, por ello, procede la devolución de las sumas que le fueron canceladas
por concepto del reconocimiento pensional. En ese orden, se confirmará la decisión
de instancia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala

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considera que en este caso se logró desvirtuar la presunción de buena fe respecto
del actuar de la señora Carmen Rosa Sarmiento de Chávez en el trámite del
reconocimiento de la pensión de vejez que devengaba, motivo por el cual deviene
procedente la orden de reintegro de los valores percibidos en los términos en que
fue dispuesto por el a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 11 de noviembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las pretensiones de la
demanda interpuesta por la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Con salvamento de voto Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
AVM

21

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