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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00573-01

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00573-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: INAPLICAR el articulo 86 de la Ley 2381 de 2024 conforme las razones expuestas en precedencia. SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de 21 de mayo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. 21 Número interno: 4507-2024 Demandante: Colpensiones Demandada: Nancy Cruz Garzón Por consiguiente, el inciso primero del ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada quedará así: “.. SEGUNDO: ORDENAR a la señora Nancy Cruz Garzón identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.794.053, reintegrar a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones, las sumas que hubiere podido devengar por concepto de la sustitución pensional que le fue reconocida a través de las Resolución GNR 136958 del 12 de mayo de 2015, desde el fallecimiento del señor Luis Jaime Cantor Cantor, el 13 de septiembre de 2014, debidamente indexadas, previa certificación que para tal efecto emita la entidad. …” TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00573-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C, seis (6) de febrero dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 25000-23-42-000-2020-00573-01(4507-2024)1
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones)
Demandada: Nancy Cruz Garzón
Medio de Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 2080
control: de 2021
Tema: Prescripción de sumas de dinero percibidas a partir
de un reconocimiento prestacional anulado
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra
la sentencia 21 de mayo de 20242, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca3, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda4

1.1. Pretensiones

La Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones, mediante
apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, para solicitar la nulidad de la Resolución GNR
136958 del 12 de mayo de 2015, por medio de la cual se ordenó la sustitución

1
Expediente hibrido, el digital, puede ser consultado en el aplicativo Samai, en el siguiente enlace:
2
Sala conformada por los magistrados: Patricia Salamanca Gallo, Beatriz Escobar Rojas, Luis Alfredo Zamora
Acosta
3
Sección Segunda, subsección F
4
Índice 20, Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=2500023420002020005730111001
03

2

Número interno: 4507-2024
Demandante: Colpensiones
Demandada: Nancy Cruz Garzón

pensional a favor de la señora Nancy Cruz Garzón, en calidad de compañera
permanente del señor Luis Jaime Cantor Cantor.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene al
accionado restituir las sumas pagadas con ocasión del reconocimiento
efectuado a través del acto administrativo demandado, por valor de $
49.855.740, así como la devolución de los dineros pagados por salud, con
ocasión del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y la indexación
de las sumas reconocidas a favor de la demandante.

Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes:

El Instituto de Seguros Sociales-ISS, por resolución 17748 de 1997,
reconoció una pensión de vejez a favor del señor Luis Jaime Cantor Cantor,
efectiva a partir del 1 de octubre de 1997, en cuantía de $616.000. El señor
Cantor falleció el 13 de septiembre de 2014.

Narró que, con ocasión del fallecimiento del causante, la señora Nancy Cruz
Garzón, quien dijo ser la compañera permanente, reclamó el 30 de
septiembre de 2014 a Colpensiones la pensión de sobrevivientes.

Sostuvo que por Resolución GNR 78807 del 16 de marzo de 2015,
Colpensiones reconoció la pensión de sobrevivientes a favor de la
demandada, la cual se revocó con la GNR 136958 del 12 de mayo de 2015
y en la misma se ordenó el pago de la sustitución pensional, a partir del 13
de septiembre de 2014.

El 24 de mayo de 2017, la señora Luz Miriam Cantor Cantor, en condición
de hija del causante, informó a Colpensiones que el reconocimiento a favor
de la demandada se había obtenido por medios fraudulentos, dado que las
declaraciones que se recaudaron en la actuación administrativa no se
acompasan con la realidad de los hechos, en la medida que el causante no
convivió con la accionada y su vida la compartió con sus hijos.

Informó que, a partir de la anterior información, Colpensiones inició proceso
investigativo a cargo de la Gerencia de Prevención del Fraude que concluyó

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Número interno: 4507-2024
Demandante: Colpensiones
Demandada: Nancy Cruz Garzón

que la adjudicación de la pensión a favor de la señora Cruz Garzón se realizó
de manera indebida.

Por lo anterior, la demandante, a través de Resolución Sub 247060 del 9 de
septiembre de 2019, ordenó revocar en todas y cada una de sus partes la
Resolución GNR 136958 del 12 de mayo de 2015.

Finalmente, por Resolución SUB 264275 del 25 de septiembre de 2019,
Colpensiones ordenó el reintegro de la totalidad de los recursos girados a
título de mesadas, retroactivo y aportes a salud, por valor de $49.855.740,
correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2015
hasta agosto de 2019.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

El Acto Legislativo 01 de 2005; la Ley 100 de 1993, el artículo 12 de la Ley
797 de 2003.

Argumentó que los actos administrativos demandados no se ajustan a los
preceptos legales que consagran la pensión de sobreviviente, por lo tanto, el
reconocimiento y pago de la prestación económica vulneró de forma directa
la constitución y la ley, por lo que es necesaria la intervención del juez para
que se declare su nulidad.

Señaló que el reconocimiento de la pensión se obtuvo con la comisión de
hechos fraudulentos al presentarse declaraciones que no guardaban
relación con la realidad, como es la convivencia entre el causante y la
demandada, que resultó ser falsa. Actuaciones que pueden adecuarse en
distintas tipologías penales

Afirmó que este reconocimiento constituye un detrimento al patrimonio
público, por ser Colpensiones la administradora del régimen de prima media
con prestación definida.

1.4 Contestación de la demanda

La parte demandada no contestó la demanda.

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Número interno: 4507-2024
Demandante: Colpensiones
Demandada: Nancy Cruz Garzón

1.5 La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 21 de
mayo de 2024, decidió:

[…]
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución GNR 136958 del 12 de mayo de
2015, por medio de la cual se reconoció pensión de sobreviviente a la demandada.

SEGUNDO: ORDENAR a la señora Nancy Cruz Garzón identificada con la cédula de
ciudadanía No. 41.794.053, reintegrar a favor de la Administradora Colombiana de
Pensiones, las sumas que hubiere podido devengar por concepto de la sustitución
pensional que le fue reconocida a través de las Resolución GNR 136958 del 12 de
mayo de 2015, entre el 11 de agosto de 2017 hasta el 9 de septiembre de 2019, por
prescripción trienal, debidamente indexadas, previa certificación que para tal efecto
emita la entidad.
[…]

Los argumentos expresados por el tribunal fueron los siguientes:

Indicó que del acervo probatorio traído al proceso se llegó al convencimiento
que entre el señor Luis Jaime Cantor Cantor (Q.E.P.D.) y la demandada no
existió una convivencia efectiva con vocación de permanencia, un proyecto
de vida común ni de ayuda mutua, que es el requisito exigido para efectos
de reconocer la pensión de sobrevivientes; por el contrario, lo que se puede
inferir es una relación sentimental ocasional. Por consiguiente, la
demandada no tiene derecho para el reconocimiento de la prestación
periódica.

Añadió, que existen suficientes pruebas en el proceso que permiten
demostrar la mala fe ejercida por la señora Nancy Cruz Garzón para
conseguir el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, de
acuerdo con los parámetros establecidos por la jurisprudencia del Consejo
de Estado.

Precisó que la demandada diligenció todos los documentos tendientes a
obtener la sustitución de la pensión por la muerte del señor Luis Jaime
Cantor Cantor, ejecutando acciones inclinadas a perfeccionar su

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Número interno: 4507-2024
Demandante: Colpensiones
Demandada: Nancy Cruz Garzón

reconocimiento, tales como, la presentación de la solicitud de 30 de
septiembre de 2014 ante Colpensiones con sus soportes, declaraciones
extra proceso para acreditar la convivencia, las cuales fueron realizadas por
Esteban Capera Yara y María Rosa Bejarano Paiba, quienes manifestaron
que la convivencia comenzó en el año 2003, cuando la demandada declaró
que la relación solo había iniciado hasta el año 2007.

Además, se pudo advertir que la señora Nancy Cruz no convivió con el
causante, circunstancia que resulta evidente en atención a que el 28 de junio
de 2014 ante notario, aquel manifestó no tener ningún tipo de relación y/o
convivencia con la demandada; de ahí que su hija Luz Miryam Cantor Cantor,
solicitó revocar la pensión, al no existir elementos de convicción de esa
convivencia.

1.6. Recurso de apelación5

Colpensiones presentó apelación parcial porque, aunque comparte la
decisión de declarar la nulidad del acto enjuiciado, no es de recibo lo decidido
frente al restablecimiento del derecho, al considerar que no había lugar a
declarar la prescripción trienal.

Manifestó que el reconocimiento a favor de la demandada se produjo como
consecuencia de un fraude procesal al ser manipuladas las pruebas que
llevaron a la adjudicación de manera errónea una prestación a quién no tenía
el derecho para adquirirla.

Sostuvo que, en este proceso, se probó la mala fe de la demandada y la
manipulación de la verdad, por ello, no hay lugar a la aplicación de la
prescripción.

Concluyó que el pago de una prestación generada sin el cumplimiento de los
requisitos legales, atenta igualmente contra el principio de estabilidad
Financiera del Sistema General de Pensiones, establecido por el Acto
Legislativo 001 de 2005 como una obligación del Estado, entendido como el

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Expediente digital –

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Número interno: 4507-2024
Demandante: Colpensiones
Demandada: Nancy Cruz Garzón

manejo eficiente de los recursos asignados a dicho sistema con el objetivo
de garantizar a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad
social y, por ello, existió un perjuicio inminente a la estabilidad financiera del
sistema general de pensiones.

1.7 Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

Con auto de 7 de octubre de 20246, este Despacho admitió el recurso de
apelación conforme lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080
de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda
instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.
Igualmente deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante.

2.1.1 Asuntos preliminares

Términos de oportunidad para ejercitar el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho – Prestaciones periódicas – Sobre la
caducidad establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024

Los términos para presentar oportunamente las demandas ante esta
Jurisdicción fueron consagrados en el artículo 164 del CPACA que, en
relación con el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, prevé:

(i) Como regla general, cuando se pretenda la nulidad y
restablecimiento del derecho, la demanda debe ser presentada

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Índice 6 SAMAI

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Demandante: Colpensiones
Demandada: Nancy Cruz Garzón

dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día
siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo, según corresponda, so pena
del suceso de la caducidad de la acción7.

(ii) A manera de excepción, cuando la demanda sea promovida contra
actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas8, o contra actos producto del silencio administrativo9,
puede presentarse en cualquier tiempo.

Así, conforme a las reglas contenidas en el CPACA, la configuración del
fenómeno jurídico procesal de la caducidad, en asuntos de nulidad y
restablecimiento del derecho, solo resulta predicable respecto de las
demandas adelantadas contra actos administrativos expedidos de manera
cierta y material por la administración que no versen sobre el reconocimiento
y pago de prestaciones periódicas.

No obstante, recientemente el Congreso de la República expidió la Ley 2381
de 2024, que estableció una restricción temporal para el ejercicio de las
acciones contencioso administrativas relacionadas con pensiones, de la
siguiente manera:

«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de
cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la
vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles
del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5)
años a partir de la vigencia de esta ley.»

7
Literal d), numeral 2 del artículo 164 del CPACA.
8
Literal c), numeral 1 del artículo 164 del CPACA.
9
Literal d), numeral 1 del artículo 164 del CPACA.

8

Número interno: 4507-2024
Demandante: Colpensiones
Demandada: Nancy Cruz Garzón

En los precisos términos expuestos por el Legislador, la citada disposición
comporta una modificación del régimen de oportunidad contemplado por el
artículo 164 del CPACA, con vocación de aplicación inmediata, incluso para
los procesos en los que se debate la legalidad de actos administrativos que
reconocieron una pensión y se encontraban en curso a 16 de julio de 2024,
día de promulgación de la comentada ley.

No obstante, en criterio de la Sala, el artículo en comento no puede ser
aplicado de manera contraria a los postulados esenciales que rigen la
implementación de reglas concernientes a la sustanciación y ritualidad de los
juicios preceptuadas por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, pues si bien
es cierto que las normas de derecho procesal son de orden público y «[…]
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a
regir», también lo es que «[…] los recursos interpuestos, la práctica de
pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los
términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes
cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron
las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones».

Por tanto, se concluye que el término de caducidad establecido por la Ley
2381 de 2024 solo resulta oponible respecto de las demandas formuladas
después de su promulgación, pues conforme al artículo 40 de la Ley 153 de
1887, no resulta viable superponer a los procesos en curso un término que
no existía en el momento en que fueron iniciados. Dicha conclusión, además,
se acompasa con los principios de confianza legítima y legalidad y el derecho
fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política.

En consecuencia, comoquiera que el artículo 187 del CPACA prevé que en
«[…] la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada» y que el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024 plantea la eventual configuración de la caducidad de la
acción en procesos como el que nos ocupa, la Subsección considera

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Número interno: 4507-2024
Demandante: Colpensiones
Demandada: Nancy Cruz Garzón

pertinente inaplicar, para este caso concreto, la acotada modificación
procesal, tal como será dispuesto en la parte resolutiva de este fallo.

Lo anterior, se insiste, como medida de satisfacción y garantía de los
principios y prerrogativas constitucionales que rigen los derechos de acceso
a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.

2.2. Problema jurídico

Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si hay lugar a declarar
la prescripción sobre el reembolso de las sumas que ha sufragado la entidad
demandante a la ciudadana accionada, con ocasión del reconocimiento de
la sustitución pensional que le fue anulado.

Con el fin de abordar el problema jurídico se tratarán los siguientes aspectos
2.1. Devolución de sumas de dinero; 2.2.; Hechos probados; y 2.3. Solución
al caso concreto.

2.1. Devolución de sumas de dineros pagadas a particulares

Respecto a la devolución de las sumas de dinero pagadas con ocasión del
acto administrativo censurado y declarado nulo en la sentencia de primera
instancia, se señala que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo en el literal c) del numeral 1 del artículo 164
prevé que «[…] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de
buena fe». Ello, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 83 de la

Constitución Política, que dispone: «las actuaciones de los particulares y de las
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá
en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».

En este orden de ideas, se considera que la buena fe es uno de los principios
generales del derecho y gobierna las relaciones entre la administración
pública y los ciudadanos, tal y como así lo indicó la Corte Constitucional en
la sentencia C-131 de 2004, quien agregó:

«En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios, como
una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga

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Número interno: 4507-2024
Demandante: Colpensiones
Demandada: Nancy Cruz Garzón

la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las
autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume,
y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de
las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del
principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen
el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser
entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto
que se deben los sujetos intervinientes en la misma.

En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa
que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso
concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha
producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de
las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las
lagunas del sistema jurídico».

Entonces, la buena fe se presume en todos los actos de los particulares y de
las autoridades, supuesto al que se ajusta el ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la
Ley 1437 de 2011.

2.2. De lo probado en el proceso10

Obran en el expediente los siguientes documentos:

1. Resolución número 017748 de 1997, por medio de la cual el Instituto
de Seguros Sociales reconoció una pensión por vejez al señor Luis
Jaime Cantor Cantor, a partir del 1 de octubre de 1997.

2. Registro civil de defunción con indicativo serial 08658601, que da
cuenta del fallecimiento del señor Luis Jaime Cantor Cantor el 13 de
septiembre de 2014.

3. Acta de declaración ante la Notaria 1ª de Soacha de los señores
Esteban Capera y María Rosa Bejarano Paiba:

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Expediente digital

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Demandada: Nancy Cruz Garzón

4. Declaración juramentada de convivencia y/o no convivencia del señor
Luis Enrique Cantor y Nancy Cruz:

5. Acta de declaración juramentada con fines extraprocesales del señor
Luis Jaime Cantor Cantor, en los siguientes términos:

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6. Declaración juramentada con fines extraprocesales, acta 5854 de la
señora Nancy Cruz Garzón:

7. Resolución número GNR 78807 del 16 de marzo de 2015, por medio
de la cual Colpensiones reconoció y ordenó el pago de una pensión
de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor Luis Jaime
Cantor Cantor, a partir del 13 de septiembre de 2014; a favor de la

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Demandante: Colpensiones
Demandada: Nancy Cruz Garzón

señora Nancy Cruz Cantor, en calidad de cónyuge o compañera, en
cuantía de $644.350.

8. Resolución GNR 136958 del 12 de mayo de 2015, por medio de la
cual Colpensiones revocó la Resolución GNR 788707 del 16 de marzo
de 2015, por medio de la cual se reconoció la pensión de
sobrevivientes a favor de la señora Nancy Cruz Garzón. Y reconoció
y ordenó el pago de la sustitución pensional a favor de la demandada.

9. Oficio del 23 de mayo de 2017, por medio de la cual Luz Miriam Cantor
Cantor, solicitó la revocatoria de la resolución por medio de la cual se
reconoció la sustitución pensional a favor de la señora Nancy Cruz
Garzón, por el fallecimiento del señor Luis Jaime Cantor Cantor, en
atención a que el reconocimiento se produjo por hechos fraudulentos.

10. Auto de pruebas número APSUB 2773 del 26 de julio de 2017, por el
cual se dio apertura al término probatorio en el proceso administrativo
para determinar la veracidad de la información que condujo al
reconocimiento prestacional a favor de la accionada.

11. Oficio 2018-13391617 del 23 de octubre de 2018, por medio del cual
Colpensiones informó a la accionada la apertura de la investigación
especial número 424-17.

12. Oficio número BZG2019_11452713, por medio de cual se le informó
a la demandada el cierre de la investigación.

13. Auto 1239 del 12 de agosto de 2019, por medio del cual se ordenó el
cierre de una investigación administrativa especial, en el que se
dispuso remitir, junto con los soportes probatorios a la Gerencia
Nacional de Determinación de Derechos, para que procediera a tomar
la decisión que en derecho correspondía, así como a la Fiscalía
General de la Nación para que investigara la comisión de los punibles
de fraude procesal, falsedad documental y estafa.

14. Informe técnico de investigación de la Gerencia de Reconocimiento,
Investigación y Convivencia de Colpensiones, con número de
apertura COLCO 54111, radicado 2017-5327924 del 12 de julio de

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Número interno: 4507-2024
Demandante: Colpensiones
Demandada: Nancy Cruz Garzón

2017, con el objetivo de investigar la convivencia entre Luis Cantor y
la ciudadana demandada. De ella podemos destacar:

«[…] Conforme a todo lo expuesto, se debe concluir que
presuntamente nos encontramos frente a un hecho de fraude en el
reconocimiento de pensión de sobrevivientes a favor de la señora
NASNCY CRUZ GARZÓN, identificada con la cédula de ciudadanía
NP 41.794.053; toda vez que las declaraciones extra juicio allegadas
para el reconocimiento prestacional carecen de veracidad, debido a
que las mismas según la investigación adelantada se estipulan hechos
contrarios a la verdad y además contiene direcciones de los
declarantes que no existen, lo anterior teniendo en cuanta el material
probatorio recaudado en la Investigación Administrativa Especial y en
la documentación que reposa dentro del expediente pensional de señor
Luis Jaime Cantor Cantor (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 149.331, respecto del cual se demostró que
no sostuvo ninguna relación, ni convivencia con nadie desde el año
2003 y por ende tampoco con la señora NANCY CRUZ GARZÓN.

[...] se logra determinar que en el presente caso presuntamente se
constituyen los delitos de estafa agravada, fraude procesal y falsedad
en documento público, las cuales afectan de manera directa a
Colpensiones, toda vez que se genera un detrimento patrimonial frente
a recurso públicos, se afecta la confianza que los afiliados tienen en la
entidad u se obtiene el reconocimiento de un derecho que podría
corresponder a otro ciudadano.
[…]» (sic)

15. Resolución SUB 247060 del 9 de septiembre de 2019, por la que
Colpensiones dispuso:

«[…]revocar en todas y cada una de sus partes la Resolución No. GNR
136958 del 12 de mayo de 2015, mediante la cual se revocó la
Resolución GNR 78807 del 16 de marzo de 2015 y en consecuencia
reconoció e ingresó a nómina una sustitución pensional a la señora
CRUZ GARZON NANCY identificado con Cédula ciudadanía No.
47194053, en calidad de Compañera, en un porcentaje 100%, con
ocasión del fallecimiento del señor CANTOR CANTOR LUIS JAIME
[…]»
[…] Negar el reconocimiento de una sustitución pensional a la señora
CRUZ GARZÓN NANCY […]revocó la Resolución GNR 136958 del 12
de mayo de 20152. Resolución 16628 de 25 de junio de 1999, a través

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Número interno: 4507-2024
Demandante: Colpensiones
Demandada: Nancy Cruz Garzón

de la cual la institución demandante reglamentó la resolución anterior
[…]».

16. Resolución SUB 264275 del 25 de septiembre de 2019, por medio de
la cual Colpensiones ordenó a la señora Nancy Cruz Garzón el
reintegro de la totalidad de los recursos girados a título de mesas,
retroactivos y aportes a salud, por valor de $49.855.740.

17. Resolución SUB 3340049 del 6 de diciembre de 2019, por medio de
la cual se rechazó el recurso de reposición y en subsidio de apelación
contra la resolución SUB 247060 del 9 de septiembre de 2019.

2.5. Solución al caso concreto

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, de acuerdo con el
recurso de apelación presentado por la entidad demandante, como apelante
único, la Sala deberá determinar si es preciso revocar parcialmente el
numeral segundo de la sentencia de primer grado, en cuanto ordenó el
reintegro de lo devengado por concepto de sustitución pensional solo desde
el 11 de agosto de 2017 hasta el 9 de septiembre de 2019, por prescripción
trienal.

Es claro para la Subsección que Colpensiones por Resolución GNR 136958
del 12 de mayo de 2015 reconoció a favor de la señora Nancy Cruz Garzón
la sustitución pensional, en calidad de compañera permanente del causante
Luis Jaime Cantor Cantor. La entidad demandante solicitó la nulidad de esta
resolución y como restablecimiento del derecho, el reintegro de las sumas
de dinero recibidas por la demandada.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F, por sentencia del 21 de mayo de 2024, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y dispuso el reintegro de las sumas pagadas, al
encontrar desvirtuada la buena fe, al obtenerse el reconocimiento con
fundamento en declaraciones sin fundamento en la realidad; sin embargo, el
Tribunal de instancia declaró la prescripción de lo pagado antes del 11 de
agosto de 2017.

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Número interno: 4507-2024
Demandante: Colpensiones
Demandada: Nancy Cruz Garzón

La entidad demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, y pidió que se revoque de manera parcial la sentencia, alegando
que en la acción de lesividad no es posible declarar configurado el fenómeno
de la prescripción por tratarse de dineros públicos y, además, debe
condenarse en costas a la parte vencida de quien se probó que actuó de
mala fe.

Como lo concluyó el a-quo, en el proceso se desvirtuó la presunción de
buena fe de la ciudadana demandada porque, a sabiendas que carecía de
los requisitos para acceder al reconocimiento prestacional reclamado,
acreditó ante la entidad demandante declaraciones que daban cuenta de
vida en común con Luis Jaime Cantor Cantor durante los 5 años anteriores
a su muerte, lo que indujo a un error a Colpensiones, y por ello, sí es
procedente la devolución de los dineros percibidos.

Sin embargo, tal y como lo expresó el fallo apelado, dichas declaraciones
vertidas ante Notaria, las de Esteban Capera Yara y María Rosa Bejarano
Paiba, tienen serias inconsistencias como es que les consta que la
ciudadana demandada y el causante convivían desde el 2003, que es
contradictoria con otra declaración de la señora Cruz Garzón en la que
refiere que dicha relación se inició en el 2007.

Además, como destacó el Tribunal, dentro de la investigación administrativa
adelantada por la entidad demandante se encontró según lo indicado en el
Auto No. 1239 del 12 de agosto de 2019, que la dirección aportada por los
declarantes no existe.

Sumado a que lo referido por la ciudadana demandada no dio certeza de
una relación permanente con el causante, sino que tenía vocación ocasional,
lo cual coincide con lo aseverado por Andrea Susana Bello Cantor, nieta del
causante, dentro de la investigación administrativa.

En conclusión, el plenario no da cuenta de elementos de convicción que
respalden el derecho concedido a la ciudadana demandada a título de

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Número interno: 4507-2024
Demandante: Colpensiones
Demandada: Nancy Cruz Garzón

sustituta del derecho prestacional que en vida disfrutó Luis Jaime Cantor
Cantor.

Ahora bien, la inconformidad de la entidad demandante está centrada en la
aplicación del fenómeno de prescripción, dado que el Tribunal consideró que
este fenómeno debe contabilizarse desde el momento de presentación de la
demanda.

Pues bien, la Subsección A de esta sección, ha indicado11:

«Por ello, es viable aceptar que la actuación de la señora Melo Melo no se
rigió por el principio de la buena fe, que como ya se dijo no es un postulado
absoluto, sino que tiene límites demarcados por principios de igual categoría
constitucional, como la prevalencia del interés general, la vigencia de un
orden justo y el desarrollo de la función administrativa con base en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia y economía. Además, como ya
quedó dicho el mismo principio no puede analizarse de manera aislada sino
en armonía con el máximo ordenamiento constitucional precisamente por
cuanto cumple una función esencial en la interpretación jurídica.
Entonces, si la línea de aplicación del inciso 2° del numeral 2° del artículo 136
del Decreto 01 de 1984, por parte de ésta Corporación, ha obedecido en
mayor medida a salvaguardar a los particulares que en marco de la buena fe
han percibido prestaciones periódicas como consecuencia de decisiones
tomadas de manera errónea por la administración, por la convicción del
ciudadano en que el acto emanado está sujeto a legalidad; empero, no puede
tener cabida en este caso tal previsión normativa pues es evidente, como lo
consideró la Corte Constitucional en el caso análogo, que se dieron una serie
de dudosas actuaciones de tipo global para obtener el reconocimiento de la
pensión gracia, cuya final destinataria fue la actora. En consecuencia, no
puede aceptarse que se aplique en el sub lite tal beneficio jurídico cuando se
ha obtenido lucro a través de una acción reprochable.
Además, si bien es cierto que en estas diligencias no se acreditó que la
autoridad disciplinaria hubiere investigado y sancionado a los partícipes de la
actuación señalada, ello no es óbice para desconocer las evidentes
irregularidades surtidas en este caso, que es análogo al examinado por la
Corte Constitucional, por lo que ante la concurrencia de las demás
situaciones se advierte la mala fe de la señora Luz Mery Melo Melo. En este
sentido se le ordenará, la devolución de los dineros que hubiere podido
devengar18 por concepto de la pensión gracia a ella reconocida, sumas que
deberá indexar, conforme a lo señalado por el artículo 178 y s.s. del Decreto
01 de 1984, como se pidió en la demanda, previa certificación que expida la
entidad al efecto.
Para hacer efectiva la devolución de las sumas que han sido sufragadas a la
demandada, deberá la administración suscribir con ésta un acuerdo de
reembolso, que preste mérito ejecutivo, en condiciones tales que los montos
y plazos acordados para tal efecto no pongan en condiciones de indignidad a
la obligada, para lo cual deberá tenerse en cuenta sus condiciones socio
económicas.
Además, en procura de lograr el cumplimiento de lo pactado y dependiendo
de las circunstancias en que se halle la obligada, la entidad podrá establecer
la exigencia de las garantías que considere necesarias.»

11
C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, primero (1) de septiembre de dos mil catorce (2014), radicación
Número: 25000-23-25-000-2011-00609-02(3130-13), Actor: Caja Nacional de Previsión Social Eice En Liquidación
• Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional Y Contribuciones Parafiscales De La Protección Social –
U.G.P.P.-, Demandado: Luz Mery Melo Melo

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Número interno: 4507-2024
Demandante: Colpensiones
Demandada: Nancy Cruz Garzón

Y más recientemente, dijo12 esa misma Subsección lo siguiente que:

«[…] En criterio de la Sala, de acuerdo con la realidad procesal acreditada en
este medio de control de legalidad, el actuar omisivo y silente de la demandada
fue decisivo para que la administración de manera indebida le otorgara una
mesada pensional que usufructuó sin tener razón jurídica para ello.
Es así como el reconocimiento ilegal de la pensión de jubilación, no se puede
reprochar únicamente a un error de la administración, sino que resulta palmaria
la actuación fraudulenta en la obtención del reconocimiento pensional.
En ese orden, en lo concerniente al reintegro de las mesadas pensionales
recibidas con ocasión del acto ilegal, esta Corporación ha sostenido que para
que proceda la devolución de prestaciones periódicas pagadas a los
particulares de buena fe, se debe probar por parte de la administración que el
demandado incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, es
decir, que se utilizaron documentos falsos o maniobras abusivas dentro de la
actuación administrativa, y que ello conllevó el reconocimiento de un derecho
pensional.
Así las cosas, se deberá verificar a la luz de las pruebas regularmente
aportadas al proceso, si la actitud de la demandada en sede administrativa o
para los efectos de la consecución del derecho, se apartó de los postulados del
principio de la buena fe, y si fue determinante en el resultado final de la
actuación.
Luego, para que resulte procedente ordenar el reintegro de los valores
recibidos por aquellas personas a las que se les haya reconocido o mantenido
una prestación social sin tener derecho a ella o por un monto mayor al que
correspondía, en el proceso es indispensable que esté acreditada la mala fe
con que pudieron actuar para obtener el pago de los beneficios otorgados, en
atención a que la buena fe es una presunción que requiere ser desvirtuada.
Pese a que el contenido del artículo 83 de la Constitución Política es
aparentemente claro, es fundamental considerar que la naturaleza jurídica de
la buena fe como principio general del derecho, implica que su vinculación a
patrones fácticos específicos es muy amplia y compleja.
Así pues, el principio de buena fe en el derecho administrativo, significa que los
poderes públicos no pueden defraudar la legítima confianza que los ciudadanos
aprecian objetivamente en su actuación; de manera que el ciudadano puede
confiar en la administración y a su vez ésta puede confiar en el ciudadano;
confianza que en todo caso, debe desprenderse de signos externos, objetivos,
inequívocos, que induzcan racionalmente al administrado a confiar en la
apariencia de legalidad de una actuación administrativa concreta.22
De suerte que, el actuar con rectitud y honestidad es una exigencia que se
deriva del principio general de la buena fe y que permite crear un ambiente de
confianza imprescindible para el buen funcionamiento del sistema pensional.
…
Teniendo en cuenta lo hasta ahora expuesto, se advierte que la beneficiaria de
la pensión en esta litis no demostró que cumplía con los requisitos de edad y
tiempo de servicios requeridos para beneficiarse de la prestación pensional,
pese a los múltiples requerimientos que se le hicieran en la actuación
administrativa, ni acudió a esta instancia, motivo por el cual es dable inferir que,
aun cuando fue informada, se benefició del error en que se incurrió en el acto
de reconocimiento.
Adicionalmente, llama la atención de la Sala el hecho de que, pese a que desde
el mes de abril de 2007 se suspendió el pago de su mesada pensional, la
señora Carmen Rosa Sarmiento de Chávez no hubiera acudido por su propio
interés ante Colpensiones a exigir el restablecimiento de su presunto derecho
pensional.
En consecuencia, la Sala acompaña las consideraciones expuestas por el
Tribunal para afirmar que la actuación de la parte demandada no se rigió por el

12
C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas, veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023), radicación: 76001-
23-31-000-2009-00300-01 (3150-2022), Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones
Demandado: Carmen Rosa Sarmiento Chávez

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Número interno: 4507-2024
Demandante: Colpensiones
Demandada: Nancy Cruz Garzón

principio de la buena fe y, por ello, procede la devolución de las sumas que le
fueron canceladas por concepto del reconocimiento pensional. En ese orden,
se confirmará la decisiónde instancia.
[..].

Por ello, para esta Subsección no es procedente la declaratoria del
fenómeno jurídico de la prescripción, luego que equivaldría a validar lo
percibido por la ciudadana demandada cuando se sabe de acuerdo a lo
acreditado en el expediente que acudió a pruebas que no daban cuenta de
la realidad de la relación sentimental que supuestamente sostuvo con el
señor Luis Jaime Cantor Cantor.

En ese sentido, al haberse indicado en sede judicial, que lo recibido a título
de sustitución pensional por Nancy Cruz Garzón fue recibido de mala fe, la
consecuencia lógica de esta declaración era ordenar la devolución de todo
lo que percibió pues a la luz del artículo 58 constitucional cuando estipula:
«Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las
leyes civiles…», sino se adquirió con justo título no existe protección por parte
del ordenamiento jurídico.

Así las cosas, la decisión adoptada por el Tribunal de instancia en cuanto a
decretar la prescripción de las mesadas percibidas por la ciudadana
demandada, no las comparte esta Sala y en consecuencia imponen revocar
esta restricción para hacer el recaudo desde el momento en que se le
reconoció la sustitución pensional, esto es, a partir de la muerte del señor
Luis Jaime Cantor Cantor, el 13 de septiembre de 2014.

En consecuencia, la Sala revocará parcialmente la sentencia apelada pero
solo en lo pertinente desde cuando se hace efectiva la devolución de las
mesadas pensionales percibidas de mala fe por la señora Nancy Cruz
Garzón comoquiera que se autoriza el recaudo desde el momento en que se
le reconoció la sustitución pensional, a partir de la muerte del señor Luis
Jaime Cantor Cantor, el 13 de septiembre de 2014.

2.6. Sobre la condena en costas

No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los
presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha

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Número interno: 4507-2024
Demandante: Colpensiones
Demandada: Nancy Cruz Garzón

sostenido que dichas normas otorgan al juez la facultad de valorar la
procedencia de las costas, lo cual implica examinar la actuación procesal de
la parte vencida, verificar con certeza su causación y constatar que la
conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No es suficiente el simple
resultado adverso del proceso.

En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes
a lo largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, se
abstendrá de imponerlas en esta sede.

III. DECISIÓN

Vistas las anteriores consideraciones, la Sala revocará parcialmente la
sentencia proferida el 21 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, sección segunda, subsección F, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, pero solo en lo pertinente el momento a
partir del cual se hace el recaudo, esto es, a partir de la muerte del señor
Luis Jaime Cantor Cantor, el 13 de septiembre de 2014.

Lo anterior se traduce en la modificación del inciso primero del ordinal
segundo de la sentencia apelada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: INAPLICAR el articulo 86 de la Ley 2381 de 2024 conforme las
razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de 21 de mayo de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

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Demandante: Colpensiones
Demandada: Nancy Cruz Garzón

Por consiguiente, el inciso primero del ordinal segundo de la parte resolutiva
de la sentencia apelada quedará así:

“..
SEGUNDO: ORDENAR a la señora Nancy Cruz Garzón identificada con la
cédula de ciudadanía No. 41.794.053, reintegrar a favor de la Administradora
Colombiana de Pensiones, las sumas que hubiere podido devengar por
concepto de la sustitución pensional que le fue reconocida a través de las
Resolución GNR 136958 del 12 de mayo de 2015, desde el fallecimiento del
señor Luis Jaime Cantor Cantor, el 13 de septiembre de 2014, debidamente
indexadas, previa certificación que para tal efecto emita la entidad.
…”

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devolver el
expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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