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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2009-00335-01

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2009-00335-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: ADICIONAR la sentencia proferida el (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el sentido de DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN PARCIAL DEL DERECHO a obtener el reintegro de los valores percibidos por el señor Otoniel Umaña de las mesadas causadas anteriores a 2 de marzo de 2006. 23 Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Radicación: 76001233100020090033501 (4346-2024) Segundo. MODIFICAR el numeral segundo de la providencia y en consecuencia, se ordena al señor Otoniel Umaña y/o a sus beneficiarios reintegrar los valores percibidos por concepto de las mesadas pensionales entre los periodos 2 de marzo de 2006 a 14 de mayo de 2007. Tercero: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia. Cuarto: Sin condena en costas. Quinto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-31-000-2009-00335-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

17 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001233100020090033501 (4346-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones
Demandado: Otoniel Umaña

Tema: Reintegro de mesadas pagadas. ADICIONA Y MODIFICA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la curadora ad litem de la parte
demandada contra la sentencia proferida el dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro
(2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones instauró demanda
contra el señor Otoniel Umaña en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin
de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución 08210 de 2001 que le reconoció una
pensión de vejez.

Que se ordene al demandado y/o eventuales beneficiarios sobrevivientes a reintegrar
todos los valores pagados con ocasión al acto administrativo demandado, con sus
respectivos intereses y ajustes monetarios conforme el artículo 178 del CPACA.

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Radicación: 76001233100020090033501 (4346-2024)

Que se condene a la parte demandada al pago de las costas del proceso.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que mediante Resolución No. 2810 de 2001, el ISS le reconoció pensión de vejez al
señor Otoniel Umaña, con un valor inicial de $706.590, a partir del 11 de abril de
2001 teniendo en cuenta una base en 1.352 semanas cotizadas y un IBL de
$785.100, aplicando una tasa de reemplazo del 90%. Se le reconoció un retroactivo
pensional de $57.976.879, valor que fue cancelado en octubre de 2001.

Que la Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados realizó una
auditoría y detectó que la historia laboral usada no estaba generada oficialmente por
el sistema del ISS y al comparar registros, concluyó que el señor Umaña no tenía
semanas válidamente cotizadas, lo que hizo ilegal el reconocimiento de su pensión.

Que luego del procedimiento legal, el 3 de octubre de 2007, se revocó directamente
la Resolución No. 2810 de 2001, dejando sin efecto el reconocimiento de la pensión.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados el numeral 2 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado
por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, literal b) del artículo 12 del Decreto 58 de
1990 y el artículo 48 Constitución Política.

Sostuvo que el acto acusado violó de manera ostensible las normas en que debió
fundarse, porque reconoció una pensión sin cumplir el número mínimo de semanas
cotizadas para adquirir el derecho en virtud del literal b del artículo 12 del Decreto
758 de 1990 en concordancia con el numeral 2 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993
en armonía con el artículo 48 adicionado mediante el Acto legislativo 01 de 2005 de
la Constitución Política.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 17 de marzo de 2022 y ante la imposibilidad de notificar
personalmente al demandado se ordenó emplazamiento y posteriormente se nombró
curador ad litem, quien contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones y
proponiendo excepciones.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca accedió a las pretensiones, declaró la
nulidad del acto que reconoció la pensión y condenó al señor Otoniel Umaña a
reintegrar a Colpensiones la suma total de $168.802.296 debidamente indexada.
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Compulsó copias a la fiscalía general de la Nación, procuraduría general de la Nación
y contraloría general de la República.

Precisó que, pese a que el acto administrativo demandado fue objeto de revocatoria
directa, esta solo surtió efectos hacia el futuro y, por ende, generó consecuencias
jurídicas durante el periodo en que estuvo vigente.

Encontró acreditado que las semanas de cotización a las que alude el acto acusado
1354 y sobre las cuales se reconoció la pensión, no corresponde a la realidad, pues
en el reporte expedido por el ISS, se indicó que cotizó 792 entre los años 1967 y
1990, advirtiendo que solo 362 fueron en los último 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad, lo que significa que no reunía el presupuesto legal
consagrado en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990.

Ordenó la devolución de los dineros porque se advierten las inconsistencias en la
historia laboral, las cuales sumadas a la conducta procesal asumida por el
demandado (quien no actuó de manera honesta y trasparente, y tampoco aportó
documento alguno en sede administrativa ni judicial que acreditará el cumplimiento
mínimo de semanas cotizadas y explicaría las inconsistencias) desvirtúan la
presunción de buena fe.

RECURSO DE APELACIÓN

La curadora ad litem interpuso recurso de apelación en el que solicitó no se le ordene
al señor Otoniel Umaña el reintegro de las sumas de dinero que le fueron pagadas y
que no se les compulsen copias a los organismos de control y a la fiscalía general
de la Nación.

Manifestó que como curadora ad litem no ha podido establecer ubicación o contacto
alguno con el demandado, que ha sido difícil controvertir las pruebas o encontrar un
material probatorio que contrarié el allegado dentro del proceso por la parte
demandante.

Señaló que la devolución de las sumas pagadas con ocasión a la expedición del acto
ilegal se encuentra supeditada a la verificación de conductas reprochables dirigidas
a defraudar a la administración para obtener tales reconocimientos, así pues, si tal
presupuesto no se acredita, no habrá lugar a ordenar el reintegro, y a desvirtuar dicha
presunción de buena fe.

Que es necesario y de vital importancia dentro del proceso, que en principio la
entidad demandante hubiera demostrado la mala fe del señor Otoniel Umaña, así
mismo, no basta solo con acreditar la ilegalidad del acto administrativo, para ordenar
el reintegro de lo pagado entre los años 2001 a 2007. Se requiere la existencia de
conductas viciadas de mala fe.

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TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 7 de octubre de 2024 se admitió el recurso de apelación. Las partes y el señor
agente del Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa.

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La Sala debe determinar si deben revocarse las ordenes de reintegro de los dineros
percibidos por el señor Otoniel Umaña producto de las mesadas pagadas por
encontrarse desvirtuada su buena fe en el trámite de su reconocimiento pensional y
también, la de compulsar copias a los organismos de control y a la fiscalía general
de la Nación.

Marco normativo y jurisprudencial

Devolución de mesadas percibidas

Según lo prescribe el numeral 1, literal c) del artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, disposición que
reprodujo el contenido del numeral 2 del artículo 136 del CCA, «no habrá lugar a
recuperar lo que fuese pagado a particulares de buena fe».

Al respecto, esta Sección1 en los casos en que las prestaciones periódicas, tales
como la pensión, han sido recibidas como resultado de un error de la administración,
ha mantenido una posición pacífica en punto a que no procederá la devolución de
las mesadas por haber sido percibidas de buena fe. Específicamente se ha
sostenido lo siguiente.

La Sala observa que evidentemente a la demandante no le asistía el derecho al
reajuste que le fue reconocido y que implicó el pago de la mesada pensional a partir
del 1º de enero de 1996 en un monto equivalente a seiscientos diez mil novecientos
cincuenta y nueve pesos con noventa y un centavos ($610.959,91) cuando por este
concepto le correspondía solamente la suma de quinientos sesenta y cinco mil
novecientos sesenta y cinco pesos con sesenta y cuatro centavos ($565.965,64).
Lo anterior teniendo en cuenta que como obtuvo el derecho pensional a partir del 1º
de enero de 1996 no le era aplicable el incremento previsto en el artículo 143 de la
Ley 100 de 1993.
No obstante, lo anterior, la entidad demandada no estaba facultada para pretender
unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por equivocación pagó pues

1 Sentencia de 17 de mayo de 2007, radicado 25000-23-25-000-1999-05334-01 (3287-05). Ver también: Sección

Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de septiembre de 2014, radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02
(3130-2013). Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 21 de junio de 2007, radicado 25000-23-25-000-
2004-03752-01 (0950-2006). Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de marzo de 2008, radicado:
68001-23-15-000-2001-03370-01 (0488-07). Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de noviembre de
2016. Radicado: 13001-23-33-000-2013-00149-01 (2677-2015).

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fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa medida, los pagos efectuados
por la entidad tienen amparo legal porque fueron recibidos de buena fe por la
demandante y en ese orden, no obstante, la legalidad del acto que dispuso el
reintegro, la Sala considera que la administración no probó ni en la vía
gubernativa ni en la judicial la mala fe de la demandante en la obtención de los
reajustes pagados. (Negrita para resaltar)

Dado que el principio de buena fe trae consigo una presunción de legalidad, que
admite prueba en contrario, le corresponde a quien la echa de menos, probar que el
peticionario actuó de mala fe. En ese sentido, en los eventos en los que por un error
de la administración se reconoce la pensión a quien no reúne los requisitos, no puede
con posterioridad alegar a su favor su propia culpa, a fin de recuperar un dinero que
fue recibido por una persona sin ningún tipo de dolo o actuación malintencionada. 2

No obstante, en aquellos casos en los que el error no provenga de la administración,
se deberá analizar cada caso particular, para determinar si hay lugar o no a la
devolución de los dineros.

Resolución del caso concreto

En el recurso interpuesto la curadora ad litem de la parte demandada sostuvo que
no ha logrado establecer contacto con el demandado lo que dificulta la defensa y que
además, no existe prueba que desvirtué su buena fe, por ello considera deben
revocarse las órdenes de devolución y negarse las pretensiones.

Al respecto la Subsección manifiesta que el principal valor de la figura llamada
curador ad litem es asegurar el derecho a la defensa de la persona que representa,
con la finalidad de que no se vea perjudicada en el proceso debido a su ausencia o
incapacidad.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha dicho que su designación tiene como
finalidad esencial proteger los derechos del ausente, que no por estarlo, puede recibir
un tratamiento procesal desventajoso, pues éste redundaría en menoscabo de
algunos de los derechos sustantivos que en el proceso se controvierten. Constituye,
pues, un instrumento protector del derecho fundamental de defensa.3

En el presente asunto, la Sala encuentra que la defensa del señor Otoniel Umaña se
garantizó en el proceso a través de la labor de la curadora ad litem quien no solo
contestó la demanda y propuso excepciones, presentó escrito de alegatos de
conclusión, sino que además interpuso recurso de apelación en contra de la
sentencia que le resultó adversa a su defendido, lo que permite en principio concluir
que los derechos al debido proceso y defensa del ausente han sido protegidos
judicialmente.

2 En este sentido, se pronunció la Subsección B, de la Sección Segunda en las sentencias del 17 de noviembre

de 2016, interno: 2677-15, y del 29 de junio de 2017, número interno: 4321-2016.
3
Sentencia T – 088 de febrero 9 de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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Ahora si bien resulta cierto que no establecer contacto con el demandado dificulta la
defensa, también lo es que en el proceso judicial la curadora ad litem ejerce una labor
de argumentación respecto de aquellas pruebas aportadas con la demanda e incluso
puede pedir el decreto oficio de aquellas que considere necesarias en procura de los
intereses y defensa del demandado.

En ese sentido, las irregularidades o inconsistencias que según la demanda
ocurrieron en el trámite de reconocimiento pensional, tienen como sustento
probatorio los antecedentes administrativos allegados los cuales fueron puestos en
conocimiento de la curadora ad litem y pudo controvertirlos solicitando las pruebas
que según sus conocimientos jurídicos considerara necesarias o pertinentes.

Es claro que en su ejercicio no está a obligada a lo imposible y que el principal
interesado en defender la legalidad del derecho reconocido es el demandado, a quien
con la designación de su curadora ad litem, se reitera se le garantizaron sus derechos
a la defensa, contradicción y debido proceso.

Precisado lo anterior, para que haya lugar a ordenar la devolución de las sumas
percibidas, fruto de las mesadas pensionales reconocidas, es requisito indispensable
que se logre acreditar la mala fe por parte del pensionado, la cual se observa por
ejemplo cuando en el trámite administrativo se despliegan actividades dolosas y mal
intencionadas, en procura de un beneficio.

Así las cosas, se deberá verificar a la luz de las pruebas regularmente aportadas al
proceso, si la actitud de la parte demandada en sede administrativa o para los efectos
de la consecución del derecho, se apartó de los postulados del principio de la buena
fe, y si fue determinante en el resultado final de la actuación.

De la revisión de las pruebas allegadas se observa que mediante Resolución 008210
de 20014 el ISS reconoció al señor Otoniel Umaña como beneficiario del régimen de
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y dando aplicación al
Decreto 758 de 1990, el cual exige tener 60 años y 500 semanas de cotización en
los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad o 1000 semanas en
cualquier tiempo. La liquidación se efectuó teniendo en cuenta 1352 semanas
cotizadas.

Que mediante auditoría realizada por la Gerencia Nacional de atención al
Pensionado se detectaron inconsistencias en varias historias laborales con las cuales
se reconocieron prestaciones económicas, entre ellas estaba la del señor Otoniel
Umaña5.

4 Expediente digital consultado en la plataforma Samai del tribunal archivo 13 - Demanda - Contrato 104 DE

2020 - SASI-2020-09 (.pdf)(.pdf) NroActua 93,folio 257.
5 Hecho 3 de la demanda y tal supuesto se observa también en varios de los actos administrativos que hicieron

parte de la investigación administrativa.

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En oficio de 18 de mayo de 2007 se comunicó al Gerente General de historia laboral
del ISS, inconsistencias en la historia laboral del señor Otoniel Umaña pues las
semanas realmente cotizadas no concordaban con las que reposan en la base de
datos del Seguro Social6. Se informó además que debido a los hallazgos el pago de
la mesada pensional fue suspendido en la nómina de mayo de 2007. También que
al solicitar el expediente al archivo7, se advirtió que este no reposa físicamente por
lo anterior se formuló denuncia ante la Fiscalía por la perdida.8

Que por Resolución No. 15491 del 7 de septiembre de 20079, el Instituto de Seguros
Sociales (ISS) inició una investigación administrativa para verificar la legalidad del
reconocimiento de la pensión de vejez otorgada al señor Otoniel Umaña. En
desarrollo de esa labor, a través del Auto No. 3624 del 11 de septiembre de 2007 10
solicitó al señor Umaña rendir declaración y aportar pruebas sobre inconsistencias
detectadas en su historia laboral. Sin embargo, no compareció ni presentó
documentación dentro del plazo establecido, que venció el 28 de septiembre de 2007.

Se observa que el señor Umaña actuando a través de apoderada presentó el 17 de
julio de 200711 petición ante el ISS con el objeto de conocer el por qué le fue
suspendido el pago de su mesada pensional y en su respuesta recibió el Oficio
DHLYNP-588 de 12 de septiembre de 2007, en el cual le informan que al revisar la
historia laboral y demás antecedentes que obran en sus archivos, se advirtieron
irregularidades en su derecho pensional lo que hacía presumir un fraude, motivo por
el que se procedió a dar orden a suspender el pago de su mesada y se le requirió
con la finalidad de que allegue documentos o información que sirva para acreditar
las semanas de cotización.12

Que concluida la etapa probatoria la investigación administrativa adelantada y al
encontrarse fundamentos suficientes que evidencian el incumplimiento de los
requisitos legales para acceder a la pensión, el ISS a través de la Resolución 12780
de 3 de octubre de 200713 revocó el acto por considerar que el reconocimiento de la
prestación se efectuó de manera ilegal, por cuanto el (la) asegurado(a) no contaba
con la densidad mínima de semanas requeridas para acceder al derecho.

Consta también prueba de una acción de tutela presentada el 22 de agosto de 200714
y tramitada ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santiago de Cali en contra
del ISS en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales por contar

6 Ibid, folios 259 y ss.
7 Ibid, folios 286 y ss.
8 Ibid, Folio 278
9 Ibid, folios 143 y ss.
10 Ibid, folios 138 y ss.
11 Expediente digital consultado en la plataforma Samai del tribunal archivo 9 - demanda - contrato 104 de 2020

• sasi-2020-09 (.pdf).
12 Ibid, folios 134 y ss
13 Ibid, folios 98 y ss.
14 Ibid, folios 122 y ss

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con más de 70 años y tener como único sustento económico su mesada pensional.
Fruto de la cual fue proferida la Sentencia de 11 de septiembre de 200715 en la que
se ordenó a la mencionada entidad realizar nuevamente el pago de la totalidad de
las mesadas pensionales dejadas de cancelar. Decisión que según se concluye del
Oficio 9 de noviembre de 200716 fue revocada en segunda instancia por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, en providencia de 7 de noviembre de 2007, y
negó por improcedente la acción de tutela.

Teniendo en cuenta lo hasta ahora expuesto, se advierte que el beneficiario de la
pensión en esta litis no demostró que cumplía con los requisitos de edad y tiempo de
servicios requeridos para beneficiarse de la prestación pensional. Que pese a los
requerimientos que se le hicieron durante la investigación administrativa no acudió ni
allegó documentos que acreditaran su derecho y desvirtuaran la teoría del caso de
la entidad demandante.

No hay duda de que conoció las razones del por qué le fue suspendido el pago de
su mesada, pues en respuesta a una petición presentada a través de apoderada le
fue informado por el ISS, y además le fue requerido aportar pruebas de sus semanas
de cotización y no lo hizo, lo que conllevó a que su derecho fuera revocado
posteriormente.

Llama la atención de la Sala varios aspectos: Las inconsistencias en las semanas de
cotización, la pérdida del expediente físico de su trámite pensional pero más aún que
pese a que desde el mes de mayo de 2007 el ISS suspendió el pago de la mesada
pensional y puso en conocimiento las irregularidades encontradas en su historia
laboral, el demandado no mostró interés en desvirtuar las acusaciones. Tampoco se
preocupó en allegar pruebas que conservarán su derecho pensional. Y si bien
presentó una acción de tutela, en ella solo buscó la protección de sus derechos
fundamentales entre los cuales; “petición, mínimo vital, salud y seguridad social” por
ser una persona mayor de 70 años que depende económicamente de su mesada
pensional. Es decir, no explicó o allegó pruebas relacionadas con su historia laboral
que sirvieran de sustento para reactivar el pago de sus mesadas.

Lo cierto es que aun cuando no existe prueba de que las inconsistencias en las
cotizaciones sean consecuencia directa de algún documento falso aportado por el
pensionado, lo cierto es que se benefició del error del acto de reconocimiento y
percibió ilegalmente una prestación económica desde el 2001 al 200717 a sabiendas
de que no acreditaba el número de semanas requerido.

15 Ibid, folios 122 y ss.
16 Ibid, folios 94 y 95.
17 En la Sentencia 29 de junio de 2023, proferida por la Sección Segunda, Subsección (A). M.P. Rafael Francisco

Suárez Vargas, radicado 76001-23-31-000-2009-00300-01 (3150-2022), se analizó un asunto con contornos
facticos similares y en dicha oportunidad esta Subsección confirmó la decisión de primera instancia que accedió
a las pretensiones de nulidad de los actos y a la devolución de los dineros por encontrarse desvirtuada la buena
fe del demandado.

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Radicación: 76001233100020090033501 (4346-2024)

Se precisa además que del análisis de las pruebas allegadas se concluye que en las
oportunidades en las que el demandado actuó a través de apoderada -al presentar
petición en sede administrativa y ante la interposición de una acción de tutela-, no
dio razones que permitieran a la Sala inferir que recibió esos pagos de buena fe por
estar convencido de que su derecho era legal. Tampoco justificó de alguna forma ser
ajeno a las inconsistencias que se presentaron en su historia laboral, únicamente
mostró su inconformidad ante la suspensión del pago de su mesada pensional y la
afectación económica por su avanzada edad.

En consecuencia, la Sala acompaña las consideraciones expuestas por el Tribunal
para afirmar que la actuación de la parte demandada no se rigió por el principio de la
buena fe y, por ello, procede la devolución de las sumas que le fueron canceladas
por concepto del reconocimiento pensional.

Prescripción de mesadas pensionales

Seguidamente, resulta necesario ADICIONAR la sentencia de primera instancia pues
en ella si bien se ordenó la devolución de los dineros por encontrarse desvirtuada la
buena fe del demandado, se omitió analizar si en este caso se presentó el fenómeno
de la prescripción trienal de que trata el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 196818,
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 196919.

En efecto, esta Corporación20 ha considerado que las normas enunciadas no hicieron
diferencia alguna entre que la acción sea interpuesta por un empleado o por una
entidad pública cuando demanda su propio acto administrativo, ya que en esta clase
de situaciones se ha decretado la prescripción del derecho a recobrar las mesadas
pensionales desde la fecha a partir de la cual se efectuó el reconocimiento pensional
hasta los tres (3) años anteriores al momento en que la entidad de previsión presentó
la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

El reconocimiento pensional se efectuó desde el Resolución 08210 de 2001 que le
concedió una pensión de vejez y Colpensiones presentó la demanda el 02 de marzo
de 200921, esto es, después de transcurridos más de tres años. En tal sentido, operó
la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 02 de marzo de 2006,
es decir, las generadas tres años atrás a la presentación de la demanda. No obstante,
como el pago por dicho concepto fue suspendido el 14 de mayo de 200722, en el caso

18 «Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años contados

desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador
ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero sólo por un lapso igual.»
19 «1°. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto,

prescriben en tres [3] años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.»
20 Ver entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 8 de febrero de

2018, Rad. 52001-23-31-000-2012-0017-02 (2740-2017); del 7 de noviembre de 2024, Rad. 68001-23-33-000-
2020-00775-01 (3064-2024); y del 19 de junio de 2025, Rad. 05001-23-33-000-2014-00790-01 (0850-2022).
21 Información que se extrae del índice 00001 de SAMAI del tribunal de primera instancia.
22 Ibid, folio 441.

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Radicación: 76001233100020090033501 (4346-2024)

concreto solo hay lugar a ordenar la devolución de sumas percibidas por el
demandado, entre los periodos; 2 de mayo de 2006 a 14 de mayo de 2007.

En consecuencia, se declarará de oficio la prescripción parcial del derecho a obtener
el reintegro de los valores percibidos por el señor Otoniel Umaña de las mesadas
causadas anteriores a 2 de marzo de 2006.

A su vez, se modificará el numeral segundo de la sentencia y en ese sentido, se
ordenará al señor Otoniel Umaña y/o sus beneficiarios reintegrar los valores
percibidos por concepto de las mesadas pensionales entre los periodos 2 de marzo
de 2006 a 14 de mayo de 2007.

Finalmente, con relación a la solicitud de revocar las ordenes de compulsar copias a
los organismos de control y a la fiscalía general de la Nación, la Sala no accederá a
ello, toda vez que para el Tribunal la circunstancias objeto de análisis en el presente
asunto ameritan tal decisión y así lo dispuso, aspecto que hace parte de su
autonomía como autoridad judicial y frente a la cual está Subsección no encuentra
reparo.

De la condena en costas de segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio introducido
por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 23 en el que se indica que
dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró
con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A considera que en el
presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando los argumentos
esbozados por la parte vencida en sus distintas intervenciones, no se presenta tal
supuesto, por el contrario, en sus escritos se observan argumentos razonables en
defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se impondrá condena en costas
en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: ADICIONAR la sentencia proferida el (2) de mayo de dos mil veinticuatro
(2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el sentido de
DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN PARCIAL DEL DERECHO a obtener
el reintegro de los valores percibidos por el señor Otoniel Umaña de las mesadas
causadas anteriores a 2 de marzo de 2006.

23
Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia
de fundamento legal.

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Radicación: 76001233100020090033501 (4346-2024)

Segundo. MODIFICAR el numeral segundo de la providencia y en consecuencia, se
ordena al señor Otoniel Umaña y/o a sus beneficiarios reintegrar los valores
percibidos por concepto de las mesadas pensionales entre los periodos 2 de marzo
de 2006 a 14 de mayo de 2007.

Tercero: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia.

Cuarto: Sin condena en costas.

Quinto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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