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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00775-01

Fecha
7 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00775-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FA L L A Primero. Confirmar sentencia proferida el once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones, con fundamento en lo expuesto en la parte considerativa. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2020-00775-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

7 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2020-00775-01 (3064-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandado: José de Jesús Ramírez Rugeles

Temas: Reconocimiento de pensión de invalidez. Reintegro de mesadas
pagadas requiere acreditación de la mala fe por parte del
pensionado. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal
Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones instauró demanda en
contra de José de Jesús Ramírez Rugeles, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, bajo la modalidad de
lesividad, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES 1

Que se declare la nulidad de la Resolución 00396 de 2011, por la cual ISS reconoció
una pensión de invalidez al señor José de Jesús Ramírez Rugeles, efectiva a partir del
1.° de diciembre de 2002.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene al demandado reintegrar los valores
recibidos por concepto de mesadas, retroactivos y pagos de salud, con ocasión al
otorgamiento de la pensión de Invalidez, que actualmente se fija en la suma de
$160.252.072, conforme lo indica la Resolución SUB 27365 de 29 de enero de 2020.

1 SAMAI. Tribunal Administrativo de Santander. Índice 21. Archivo (01) CC_5637869_Jose_Ramirez(1).pdf contiene

el escrito de la demanda.

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Radicado: 68001-23-33-000-2020-00775-01 (3064-2024)

Se ordene la indexación de los montos reconocidos a favor de la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones, así como los intereses a los que hubiere
lugar, y se condene en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que mediante Resolución 00396 de 2011 2, el ISS reconoció una pensión de invalidez
al señor José de Jesús Ramírez Rugeles. Para ello, tuvo en cuenta un dictamen de
pérdida de la capacidad laboral emitido por el médico laboral adscrito al ISS, el cual
concluyó una calificación del 54.74%, con fecha de estructuración del 1.° de diciembre
de 2002.

Que Colpensiones inició una investigación administrativa adelantada por la Gerencia
de Prevención del Fraude con el fin de revisar el proceso que dio lugar a la concesión
de la prestación a favor del demandado, evidenciando en el recaudo probatorio una
investigación penal llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación, donde se infiere
que empleados del ISS participaron a título de dolo en la comisión del delito de
cohecho, en calidad de coautores en 26 casos de reconocimientos pensionales.

Que dentro del proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral del señor José
de Jesús Ramírez Rugeles, existió injerencia administrativa por parte de empleados
del ISS, consistente en adulterar el dictamen médico. Que dicho acto de corrupción
tenía como único objetivo obtener un mayor beneficio económico respecto al retroactivo
pensional reconocido al accionado, como acreedor de la prestación.

Finalmente, Colpensiones, a través de Resolución SUB 271237 del 1.° de octubre de
2019, revocó la Resolución 00396 de 2011 proferida por el ISS, por medio de la cual
se reconoció una pensión de invalidez a favor de José de Jesús Ramírez.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados los artículos 48 de la Constitución Política y 38 de la Ley 100 de
1993.

Sostuvo que el reconocimiento de la pensión de invalidez cuestionada no se ajusta a
los requisitos establecidos en la normatividad aplicable. Que vulnera de forma directa
el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, la Ley 860 de 2003 y la sentencia de unificación
182 del 8 de mayo de 2019, esto en razón al auto de cierre No. 1265 del 15 de agosto
de 2019, mediante el cual se concluyó que la fecha de estructuración establecida en el
dictamen de calificación de la pérdida de capacidad laboral fue adulterada, con el fin
de obtener un mayor beneficio económico en relación con la liquidación del retroactivo
reconocido, el cual, en condiciones normales no podría concederse.

2 No se cuenta con la fecha del acto.

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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 3 de noviembre de 20203 y notificada al demandado, quien
se opuso a las pretensiones,4 manifestando que no se ha adelantado actuación penal
en su contra ni se ha declarado responsabilidad por la comisión de ningún delito.

Que si bien Colpensiones tiene la facultad de revocar los actos administrativos que
reconocen prestaciones económicas, no puede obligarlo a devolver sumas de dinero
sin haber acreditado su participación en el fraude que presume. Que solo el juez penal,
mediante sentencia condenatoria, puede declarar su responsabilidad penal. Que, si se
demuestra alguna irregularidad en el trámite del reconocimiento pensional, esta ocurrió
al margen de su consentimiento, pues en todo momento creyó tener derecho a la
pensión, la cual fue concedida en debida forma.

Mediante auto del 23 de marzo de 2023 se resolvieron las excepciones previas,
decretaron pruebas, corrió traslado para presentar alegatos de conclusión y se dispuso
dar el trámite de sentencia anticipada. 5

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN 6

El Tribunal Administrativo de Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y, en consecuencia, declaró la nulidad de la resolución que reconoció la
pensión de invalidez.

Como sustento, manifestó que, entre las pruebas allegadas, se encontraba el proceso
penal con radicación 680016000160201102778, en el cual se comprobó que
empleados del ISS recibieron dineros de un tercero para adulterar documentos en 26
trámites pensionales, incluido el del demandado. Que existió injerencia administrativa
por parte de los señores Jaime Velásquez y Sonia Judith Mendoza, servidores del
Instituto de Seguro Social, que se concretó en la adulteración del dictamen para la
concesión de la prestación.

Negó la pretensión de devolución de dineros, considerando que no se logró establecer
que el demandado fuera autor o partícipe de la irregularidad. Que no se acreditó que
hubiera realizado alguna acción tendiente a alterar la fecha de estructuración de la
invalidez, y tampoco quedó demostrado, ni siquiera de manera indiciaria, que entregara
dineros a Slendy Paola Olarte Rojas o a Venancio Esquiaqui. Finalmente, no condenó
en costas.

3 Índice 00021 actuaciones del Tribunal. Documento identificado como (18) 2020-00775-00
4 Índice 00021 actuaciones del Tribunal. Documento identificado como (26) 2020-00775-00
5 Índice 00025 de SAMAI actuaciones del Tribunal.
6 Índice 00035 de SAMAI actuaciones del Tribunal.

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RECURSO DE APELACIÓN 7

La entidad demandante interpuso recurso de apelación manifestando que la
inconformidad respecto al fallo se limita únicamente a lo estipulado en el numeral 2.°
de la sentencia, en el cual se negó la pretensión de devolución de dineros pagados por
concepto de la pensión de invalidez otorgada.

Que en este asunto resulta procedente el reintegro de la totalidad de las sumas
canceladas, pues no es posible concluir que tales valores fueron percibidos de buena
fe, habida cuenta que solicitó el reconocimiento de la prestación a sabiendas de que
no cumplía con los requisitos para ser merecedor de ella.

Que la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional 8 como del Consejo de Estado, 9
en casos de fraude al sistema pensional, ha establecido que cuando se obtiene el
derecho mediante maniobras fraudulentas, se rompe el principio de la buena fe, y se
ordena el reintegro de los dineros pagados.

Cita las reglas de unificación contenidas en la Sentencia SU-182 de mayo 09 de 2019,
y destaca que, según la regla v) no es necesario que el afiliado haya engañado a la
administración para que se apliquen las sanciones correspondientes. Que a su vez, la
regla I), indica que el orden constitucional no ampara a quienes intentan obtener
beneficios de manera injusta. Solo los derechos adquiridos conforme a la ley merecen
protección, según lo dispuesto en el artículo 58 de la Carta Política. Que contrario a
ello, los derechos obtenidos de manera irregular no gozan de la misma salvaguarda
legal.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 17 de junio de 2024 se admitió el recurso 10. Las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala debe determinar si es procedente ordenar el reintegro a favor de Colpensiones
de los dineros percibidos por el accionado producto de la pensión de invalidez
reconocida con la expedición de la Resolución 00396 de 2011. Para dichos efectos,
deberá analizarse si se desvirtuó o no la buena fe del demandado en el trámite de la
concesión de la prestación.

7 Índice 00038 de SAMAI actuaciones del Tribunal.
8 Citó como ejemplos la Sentencia T-218 de 2012 de la Corte Constitucional constató el fraude en una situación

global, donde se evidenció la falta de competencia del juez para conocer y decidir acciones de tutela instauradas
por docentes. Se concluyó que la decisión judicial fue producto de un fraude global, por lo que se dejó sin efectos.
9 La jurisprudencia reconoce que la utilización de documentos apócrifos en el reconocimiento de una prestación

pensional desvirtúa la buena fe del administrado, lo que puede llevar a la devolución de los dineros pagados. Citó
la providencia del 27 de abril de 2023, proferida en la Nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicado No
41001233300020180017201
10 Índice 00004 actuaciones en SAMAI ante está corporación.

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Marco normativo y jurisprudencial

Devolución de mesadas percibidas.

Según lo prescribe el numeral 1, literal c) del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, disposición que reprodujo el
contenido del numeral 2 del artículo 136 del CCA, “no habrá lugar a recuperar lo que
fuese pagado a particulares de buena fe”.

Al respecto, esta Sección 11 en los casos en que las prestaciones periódicas, tales como
la pensión, han sido recibidas como resultado de un error de la administración, ha
mantenido una posición pacífica en punto a que no procederá la devolución de las
mesadas por haber sido percibidas de buena fe. Específicamente se ha sostenido lo
siguiente.

«La Sala observa que evidentemente a la demandante no le asistía el derecho
al reajuste que le fue reconocido y que implicó el pago de la mesada pensional
a partir del 1º de enero de 1996 en un monto equivalente a seiscientos diez mil
novecientos cincuenta y nueve pesos con noventa y un centavos ($610.959,91)
cuando por este concepto le correspondía solamente la suma de quinientos
sesenta y cinco mil novecientos sesenta y cinco pesos con sesenta y cuatro
centavos ($565.965,64). Lo anterior teniendo en cuenta que como obtuvo el
derecho pensional a partir del 1º de enero de 1996 no le era aplicable el
incremento previsto en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993.

No obstante, lo anterior, la entidad demandada no estaba facultada para
pretender unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por equivocación
pagó pues fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa medida, los pagos
efectuados por la entidad tienen amparo legal porque fueron recibidos de
buena fe por la demandante y en ese orden, no obstante, la legalidad del acto
que dispuso el reintegro, la Sala considera que la administración no probó
ni en la vía gubernativa ni en la judicial la mala fe de la demandante en la
obtención de los reajustes pagados». (Negrita de la Sala)

Dado que el principio de buena fe trae consigo una presunción de legalidad, que admite
prueba en contrario, le corresponde a quien la echa de menos, probar que el
peticionario actuó de mala fe. En ese sentido, en los eventos en los que por un error
de la administración se reconoce la pensión a quien no reúne los requisitos, no puede
con posterioridad alegar a su favor su propia culpa, a fin de recuperar un dinero que
fue recibido por una persona sin ningún tipo de dolo o actuación malintencionada 12.

No obstante, en aquellos casos en los que el error no devenga de la administración, se
deberá analizar cada caso particular, para determinar si hay lugar o no a la devolución
de los dineros.

11
Sentencia de 17 de mayo de 2007. Número interno: 3287-05.
12 En este sentido, se pronunció la Subsección B, de la Sección Segunda en las sentencias del 17 de noviembre de

2016, número interno: 2677-15, y del 29 de junio de 2017, número interno: 4321-2016.

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Resolución del caso concreto

Para que sea procedente el reintegro de los valores percibidos por aquellas personas
a las que se les ha reconocido una prestación sin tener derecho a ella, es necesario
desvirtuar la presunción de la buena fe del pensionado.

Para resolver el objeto de la apelación, la Sala revisará las pruebas allegadas:

De la Resolución 00396 de 2011 13 se observa que, el 22 de diciembre de 2010,14 el
accionado solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de invalidez,
acreditando 1220 semanas, de las cuales 199 fueron cotizadas en el año anterior a su
declaratoria de invalidez. Que fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del
54.74%, y fecha de estructuración del 1.° de diciembre de 2002, por un médico laboral
del ISS pensiones.

En principio, estamos ante el reclamo de una prestación económica que dio como
resultado una decisión favorable para el acreedor, dado que, según Colpensiones,
contaba con los presupuestos legales para ello. Es decir, no se observa que, previo a
su reconocimiento, se hayan realizado otras peticiones con el mismo objeto.

Tenemos que el derecho fue revocado por la Administradora Colombiana de Pensiones
a través de la Resolución SUB 271237 de octubre 1.° de 2019,15 tras una investigación
administrativa especial por fraude, adelantada por la Gerente del ISS de Bucaramanga,
en la que se advirtieron irregularidades en los reconocimientos pensionales efectuados
durante los años 2010 y 2011. Del acto administrativo en mención se destaca lo
siguiente:

«REPORTE DE LOS HECHOS

El 19 de agosto de 2016, se recibió una denuncia a través de la Línea de Integridad y
Transparencia que quedó registrada con el número de ÉTICO 2GRX8F19, en la que se
indicó que existían posibles hechos de fraude o corrupción con relación a los
documentos aportados (dictamen de calificación de la pérdida de capacidad
laboral) por el ciudadano JOSE DE JESÚS RAMÍREZ RÚGELES identificado con
cédula de ciudadanía No. 5.637.869, con la solicitud de la prestación económica
por invalidez, lo cual consistió en adulterar la fecha de estructuración del estado
de invalidez a fin de obtener mayor beneficio económico por concepto de
retroactivo pensional, esto con ayuda de algunos funcionarios de Instituto de
Seguros Sociales - ISS, lo cual conllevó al reconocimiento de dicha prestación a favor
del señor JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ RÚG ELES identificado con cédula de ciudadanía
No. 5.637.869 mediante Resolución No. 00396 de 2011 emitida por el Instituto de
Seguros Sociales — ISS, investigación que fue de conocimiento de la Fiscalía
General de la Nación, dejando algunas personas capturadas entre ellos el señor

13
La resolución no indica fecha de expedición.
14
SAMAI. Tribunal Administrativo de Santander. Índice 21. Link expediente digital. Carpeta. (CC-5637869.zip).
Archivo. GEN-COM-CF-2017_11552035-20171031093822.pdf.
15 Archivo (GEN-REQ-IN-2019_13179995_9-20191004025918.pdf).

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VENANCIO ESQUIAQUI NAVARRO, por comprobarse que se trató de toda una
estructura criminal organizada.

VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA Y MOTIVACIÓN DE LA
CONCLUSIÓN.

El objeto de esta actuación es establecer si existe hechos de fraude o corrupción en el
reconocimiento pensional, o como lo es en el asunto que nos concierne, actos de
corrupción consistentes en la adulteración o modificación del dictamen de pérdida
de la capacidad laboral en donde se calificó la PCL del señor JOSÉ DE JESÚS
RAMÍREZ RÚGELES identificado con cédula de ciudadanía No. 5.637.869, con un
porcentaje del 54.74% con fecha de estructuración del 01 de diciembre de 2002,
emitido por el médico laboral del Instituto de Seguros Sociales — ISS Pensiones,
fue determinante en el reconocimiento de la prestación económica y el retroactivo
reconocido a favor del señor JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ RÚGELES identificado con
cédula de ciudadanía No. 5.637.869 mediante Resolución No. 00396 de 2011, emitida
por el Instituto de Seguros Sociales — ISS.

Se precisa que dentro de la presente investigación administrativa especial que al señor
JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ RÚGELES identificado con cédula de ciudadanía No.
5.637.869 le fue reconocida una pensión de invalidez mediante Resolución No. 00396
de 2011, emitida por el Instituto de Seguros Sociales — ISS., tal como obra en el
expediente, pensión que fue reconocida con un retroactivo pensional a partir de la fecha
del 02 de diciembre de 2002, fecha establecida como la supuesta fecha de
estructuración del estado de invalidez del señor JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ
RÚGELES según el médico laboral del Instituto de Seguros Sociales — ISS. Vale
la pena resaltar que dentro de la actuación administrativa que se adelanta (investigación
administrativa especial) por parte de esta Gerencia no se debate la existencia de las
patologías calificadas por parte de medicina laboral del Instituto de Seguros Sociales—
ISS., con respecto al señor JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ RÚGELES identificado con
cédula de ciudadanía No. 5.637.869, sino que por el contrario se discute la veracidad
del contenido sustancial del dictamen que sirvió como fundamento para el
reconocimiento de la prestación económica por invalidez y el retroactivo
pensional de la misma reconocida a favor del señor JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ
RUGELES identificado con cédula de ciudadanía No. 5.637.869 mediante Resolución
No. 00396 de 2011, emitida por el Instituto de Seguros Sociales — ISS., puesto que a
la fecha existen graves indicios que conllevan a confirmar, sin lugar a duda
razonable de que los documentos (dictamen de calificación de la pérdida de
capacidad laboral) aportados por este con la solicitud de la prestación económica
elevada ante el Instituto de Seguros Sociales— ISS., fueron adulterados por parte
del médico laboral del Instituto de Seguros Sociales — ISS., con la finalidad de
inducir en error a la administración, y así obtener un beneficio económico no solo
en favor del señor JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ RÛGELES, sino, también en favor
de terceros como lo fueron algunos de los funcionarios del ya liquidado Instituto
de Seguros Sociales — ISS., por lo cual se evidencia que tales actos de
corrupción fueron producto del accionar de toda una estructura criminal dedicada
al detrimento de los recursos públicos pertenecientes al sistema de seguridad
social en pensiones, tal como se desarrollará en los párrafos siguientes del
presente auto.

Es menester indicar que el señor VENANCIO ESQUIAQUI NAVARRO en su condición
de imputado/acusado dentro de la investigación penal adelantada por la Fiscalía
General de la Nación en proceso penal identificado mediante código único de
investigación No. 680016000160201102778, por el delito de cohecho por dar u ofrecer
en concurso homogéneo y sucesivo en 26, artículo 407 del Código Penal, señala que
dentro proceso de calificación de la pérdida de la capacidad laboral del señor

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JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ RÛGELES identificado con cédula de ciudadanía No.
5.637.869 existió injerencia administrativa por parte del señor JAIME VELASQUEZ
y la Dra. SONL.A JUDITH MENDOZA, dicha injerencia consistió en adulterar el
dictamen de pérdida de la capacidad laboral del señor JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ
RÚGELES, y que dicho acto de corrupción tenía como único objetivo obtener un
mayor beneficio económico respecto al retroactivo pensional que posteriormente
se le reconocería al señor JOSE DE JESÚS RAMÍREZ RÚGELES como beneficiario
de la prestación económica por invalidez, la cual efectivamente después le fue
reconocida mediante Resolución No. 00396 de 2011, emitida por el Instituto de Seguros
Sociales — ISS., beneficio que no solo se vería reflejado en el beneficiario directo de
dicha prestación, es decir, del señor JOSE DE JESÚS RAMÍREZ RÚGE LES, sino del
cual haría parte toda una organización y estructura criminal dedicada a desfalcar los
recursos públicos del sistema de la seguridad social en pensiones, señalamiento que
recae sobre los pagos que según el señor VENANCIO ESQUIAQUI NAVARRO en su
condición de imputado/acusado dentro de la Investigación penal de la referencia se
hicieron a los señores JAIME VELASQUEZ y la Dra. SONIA JUDITH MENDOZA, la
señora SLENDY PAOLA OLARTE, quien recibió la suma de $17.500.000,00;
$14.000.000.oo. para la Dra. SONIA JUDITH MENDOZA; $10.000.000 para JOSUE
ACEVEDO; y $50.000 para JAIME VELAZQUEZ. Señalamientos que no fueron
desmentidos o desvirtuados por los implicados dentro del proceso penal de la
referencia, y que por el contrario, se aceptó cargos por parte del imputado/acusado
señor VENANCIO ESQUIAQUI NAVARRO.

(…)

En conclusión y por la hipótesis desarrollada anteriormente, es claro que para esta
Gerencia existe la certeza de la existencia de actos de corrupción (injerencia
administrativa —adulteración de fecha de estructuración (respecto de los
documentos (dictamen de calificación de la pérdida de la capacidad laboral)
aportados con la solicitud de prestaciones económicas por parte del señor JOSÉ
DE JESÚS RAMÍREZ RÚGELES identificado con cédula de ciudadanía No. 5.637.869,
y que sirvieron como fundamento para el reconocimiento de la prestación económica
por invalidez por parte del Instituto de Seguros Sociales — ISS., la cual se encuentra a
cargo de Colpensiones a día de hoy, situación que necesariamente conlleva a que el
señor JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ RÚGELES identificado con cédula de ciudadanía
No. 5,637.869 incurrió en conductas punibles tales como falsedad en documento
público, fraude procesal, peculados por apropiación en Favor de terceros, estafa
agravada, entre otras. Se ha encontrado entonces, que efectivamente estamos frente a
un hecho de fraude, toda vez que se tuvo en cuenta para el reconocimiento prestacional
un dictamen de pérdida de la capacidad laboral adulterado; luego, la acción anterior
constituye varios tipos penales como ya se dijo, tales como fraude procesal, por inducir
en error la administración para el reconocimiento de una pensión y un retroactivo
pensional bajo supuestos falsos.

(…)» (Negrilla para resaltar).

Se tiene además que la Fiscalía General de la Nación, en el proceso con radicación
680016000000201600154, adelantó una investigación penal en la ciudad de
Bucaramanga por la presunta comisión de delitos por parte de empleados del ISS y de
un tercero de nombre Venancio Esquiaqui Navarro,16 quienes participaron en la
elaboración y alteración de dictámenes de pérdida de capacidad laboral
sobrecalificada.

16 Quienes cobraban dinero para realizar los trámites necesarios a fin de obtener la correspondiente prestación

económica.

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Radicado: 68001-23-33-000-2020-00775-01 (3064-2024)

Dentro de las pruebas allegadas, se observa el escrito de acusación,17 en contra de la
señora Slendy Paola Olarte (09 de junio de 2016), por los delitos de cohecho propio,
fraude procesal y falsedad, del que se desprende lo siguiente:

«Isabel Cristina Martínez Mendoza en calidad de Gerente de atención al pensionado
del ISS, denunció ante la Fiscalía General de la Nación, que al realizar una auditoria
o análisis de algunos de los expedientes relativos al reconocimiento de pensiones
por invalidez para los años 2010 y 2011 se evidenció que el soporte o documento
válido para el reconocimiento prestacional, es decir, dictamen médico laboral, no
corresponde al resultado original de la evaluación médica que reposa en la base
de datos de la Gerencia Nacional del ISS y antecedentes físicos de los archivos
del médico laboral, reconociéndose pensiones y pagándose algunos retroactivos de
manera irregular. Es así que las ilicitudes consistían en: 1. Cambios de calificación
inicial; 2. Cambios en la fecha de estructuración, es decir, la fecha en que la persona
presentó la pérdida de capacidad laboral y en inválidos desde el momento que se da la
misma. 3. Porcentaje de pérdida de capacidad laboral, esto es, se emitieron dictámenes
falsificando los formularios en su número consecutivo, adulteró el porcentaje, fecha y
firmas de los médicos del ISS y médicos de la junta regional. 4. De calificación de
invalidez, como es el caso de Norte de Santander, está falsedad fue establecida por
confrontar los dictámenes con los emitidos por médicos laborales auditados y visados
por el Dr. Hermes Rodolfo Suarez Vega, médico del ISS, es así que se advierte en
auditoria a 28 dictámenes de prestaciones reconocidas con dictámenes
irregulares.

Del sistema hay una copia de seguridad a nivel nacional. Es así que verificado y
confrontado se establecieron las irregularidades.18

(…)

En interrogatorios el imputado Venancio Esquiaqui Navarro, relata clara y
espontáneamente en que consistió su participación a lo que manifestó que los
funcionarios del ISS en todos sus niveles cobraban dinero por realizar los trámites
necesarios a fin de obtener la correspondiente pensión de invalidez, es así señala
a que funcionarios ofreció dinero y en virtud del trámite, cual paciente se
benefició pagó, iniciando su versión el pasado 05 de julio de 2011 ante las (sic) Unidad
Anticorrupción de Bucaramanga, señalando en particular la participación de Slendy
Paola Olarte, quien se desempeña como secretaria de medicina laboral, vinculada
mediante contrato de prestación de servicios y quien a través de dadivas, gratificaciones
o coimas tramitaba los dictámenes médicos para que con ellos se solicitara la
correspondiente pensión por supuesta invalidez. Reitera el coimputado que los trámites
en los que participó la investigada SLENDY PAOLA OLARTE ROJAS, entre otros,
precisándose las fechas, el valor acordado y entregado y el presunto beneficiario
de la pensión, así:

(…)

23. Del paciente José Ramírez Rúgeles,19 con cc # 5.637.869, en este caso hubo
injerencia administrativa por parte de JAIME VELASQUEZ y la Dra. SONIA JUDITH
MENDOZA, los pagos efectuados para este trámite corresponden a: $17.500.000,

17 Archivo (GEN-COM-CF-2017_11552035-20171031093824.pdf.).
18 Informe investigador de campo de fecha 21 de julio de 2011, suscrito por Humberto Carlos Aranzalaz Vanegas,

investigador del CTI Bucaramanga, se estableció con cotejo de los dictámenes con la base de datos su no
correspondencia y por ende la falsedad.
19 Dictamen falso que ingresó a nómina del ISS.

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recibidos por SLENDY PAOLA OLARTE, $14.000.000 para la Dra. SONIA JUDITH
MENDOZA, $10.000.000 para JOSUE ACEVEDO $50.000 para JAIME VELASQUEZ.

Hechos en los que se infiere la participación a título de Dolo y en calidad de Coautora
de la investigada SLENDY PAOLA OLARTE ROJAS, pues se le señala de haber
recibido DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS MILLONES DE
PESOS (256.500.000)20 en 26 casos tramitados por el Coimputado VENANCIO
ESQUIAQUI para que actuara contrario a sus deberes oficiales (COHECHO PROPIO
ART. 405 C.P) de los cuales producto de la investigación se estableció que de esos 26
casos en las que participó se falsearon 20 dictámenes médicos, (FALSEDAD
IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 286 C.P) de los cuales se obtuvo
induciendo en error al ISS en 16 casos (FRAUDE PROCESAL ART. 453 CP) que
finalmente obtuvieron el pago fraudulento de su pensión de invalidez por valor de
$1.438.640.077” (PECULADO POR APROPIACIÓN EN FAVOR DE TERCEROS ART.
397 INC 1, en 8 oportunidades e inciso 2 en 8 oportunidades del CP).verbigracia como
se señala a continuación frente a los 16 casos en los que se incluyó en nómina, se les
canceló el valor de su pensión, así como el de establecerse ser falsos los dictámenes
médicos que fundamentaron su invalidez:

No. Nombre CÉDULA PAGOS
11 RAMÍREZ RUGELES JOSÉ DE JESÚS 5.637.869 $153.713.236,00

(…)».(Negrilla para resaltar).

Se observa el preacuerdo 21 realizado por el señor Venancio Esquiaqui Navarro con la
Fiscalía, aceptando su responsabilidad por el delito de cohecho por dar u ofrecer, del
mismo se destaca lo siguiente:

«En la fecha, la Fiscalía Veintitrés (23) Seccional llegó a un preacuerdo con el imputado
Venancio Esquiaqui Navarro quien asistido por su defensor Dr Luis Eduardo Agón
Camacho, manifestando en forma libre, consciente y voluntaria, renunciar a los
derechos consagrados en los literales b) y k) del Art. 8 del C.P.P. Con el fin de obtener
una disminución punitiva dentro de los topes de que trata el art 350, 351 del Código
Penal Adjetivo, que para tal efecto será pactado con la Fiscalía, dado el momento
procesal en que se encuentra el proceso, esto es, previo a la presentación del escrito
de acusación, en un (50%) de la pena imponible como única rebaja preacordada. Ahora
atendiendo que se le imputó como Autor responsable del injusto penal descrito en el
artículo 407 del C.P, en concurso homogéneo y sucesivo consistente en veintiséis (26)
cohechos por dar u ofrecer.».

Se cuenta también con la copia de la audiencia de lectura del fallo celebrada el 7 de
mayo de 2017 22 por el Juzgado Quinto Penal de Circuito de Bucaramanga, con
funciones de conocimiento, en la cual consta que la señora Slendy Olarte aceptó su
responsabilidad y participación en la adulteración de dictámenes médicos que sirvieron
para el trámite de los reconocimientos pensionales de diferentes ciudadanos y por
recibir recursos.

20 Ver análisis informe investigador campo de fecha 17/08/2013. Pág 11. Suscrito por el Doctor Óscar Gutiérrez

Bernal, jefe de la Unidad Anticorrupción.
21Archivo (GEN-COM-CF-2017_11552035-20171031093822.pdf.)
22Archivo (identificado con el nombre GEN-COM-CF-2017_11552035-20171031093826.pdf. y GEN-COM-CF-

2017_11552035-20171031093824.pdf)

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Del conjunto de pruebas reunidas en el proceso penal la Sala advierte que quedó
acreditado el fraude configurado en los años 2010 y 2011, el cual consistió en la
falsificación de documentos oficiales para que, con base en ellos, el Instituto de Seguro
Social otorgara pensiones de invalidez. Situación de la que no solo se beneficiaron los
servidores públicos del ISS involucrados, sino también aquellas personas a quienes se
les concedió el derecho.

La señora Slendy Paola Olarte Rojas, secretaria de medicina laboral de la entidad y el
señor Venancio Esquiaqui Navarro, tercero implicado, reconocieron su participación en
la gestión de los conceptos médicos necesarios para la solicitud de la respectiva
prestación económica. La investigación reveló que, la señora Olarte Rojas, recibió
$256.500.000 por 26 casos tramitados por Esquiaqui Navarro, en los que se alteraron
20 dictámenes y se indujo en error al Instituto de Seguro Social en 16 ocasiones, lo que
llevó al pago de esas acreencias por un total de $1.438.640.077.

Entre los beneficiarios se encuentra el señor José de Jesús Ramírez Rugeles, quien
fue plenamente identificado por los acusados. Adicionalmente, se destaca que, según
informes presentados por la Fiscalía, del cotejo de documentos 23 se determinó que su
concepto médico era falso y que había sido incluido en la nómina de la entidad, 24 lo
que le permitió recibir un pago de $153.713.236.

Llama la atención de la Sala que, dadas las circunstancias que rodean la concesión de
la pensión de invalidez a favor del demandado, la administración decidió suspender el
derecho el 20 de mayo de 2011,25 sin que se advierta que el señor José Ramírez
Rugeles se haya manifestado al respecto.

Que pasados 8 años, cuando Colpensiones revocó la Resolución 00396 de 2011,26se
limitó a alegar la prescripción de las sumas pagadas, argumentando que la
Administradora Colombiana de Pensiones tenía conocimiento de las presuntas
irregularidades desde 2011, pero no inició la investigación administrativa hasta octubre
de 2019, momento en el cual ya habían vencido los términos. Asimismo, indicó que era
improcedente el reintegro pretendido dado que no hay sentencia condenatoria que lo
declare responsable y tampoco la habrá, ya que la investigación que en algún momento
existió precluyó.27

23
Nota a pie de página 19 “Informe Investigador de CAMPO DE FECHA 21 DE JULIO DE 2011 suscrito por
HUMBERTO CARLOS ARANZALAZ VANEGAS, investigador del CTI Bucaramanga, se estableció con cotejo
de los dictámenes con la base de datos su no correspondencia y por ende, la falsedad”. Archivo. (GEN-COM-
CF-2017_11552035-20171031093824.pdf.
24
Nota a pie de página 1 “Dictamen falso que ingresó a nómina del I.S.S”. Archivo. (GEN-COM-CF-
2017_11552035-20171031093824.pdf.
25 Según se desprende de la resolución que revocó el acto que reconoció la pensión de invalidez en favor del

demandado.
26 Mediante Resolución SUB 271237 del 1.° de octubre de 2019.
27 Recurso de reposición y en subsidio apelación, visible en archivo (GRF-REP-AF-2019_14055359-

20191017021447.pdf).

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Posteriormente, mediante la sentencia que se analiza, el tribunal declaró la nulidad del
referido acto administrativo, decisión que, aunque fue desfavorable para el pensionado,
este no recurrió.

Es importante señalar que, a pesar de que la entidad siempre cuestionó la alteración
del dictamen médico que sirvió de sustento para el otorgamiento de la prestación
económica, en lo relativo a la fecha de estructuración, si el demandado realmente
contaba con una condición de invalidez que le impidiera continuar laborando y valerse
por sus propios medios, lo normal era que utilizara las herramientas procesales a su
disposición para demostrar su derecho, en sede administrativa y judicial. Contrario a
ello, de las pruebas allegadas al expediente se desprende que estuvo conforme con la
decisión del ISS a través de la cual se suspendió el pago de su mesada pensional y
con la sentencia de primera instancia.

De la investigación penal, la Sala concluye que, para poder perpetrar este fraude, tanto
los empleados del ISS como el tercero implicado admitieron haber solicitado y obtenido
dineros de manera indebida, para lo cual identificaron a los favorecidos, los montos
recibidos y la participación de cada infractor, lo que evidencia que todos los
involucrados tenían conocimiento de la ilegalidad dentro de esta estructura criminal.

En ese sentido, no se puede afirmar que solo los servidores del Instituto del Seguro
Social vinculados al proceso penal sean responsables de las irregularidades
encontradas, tampoco que el señor José de Jesús Rugeles estuviera ajeno a lo
ejecutado en el marco del fraude, pues fue la persona que más se lucró, respecto de
quien se demostró la falsificación del dictamen y la realización de acciones ilícitas que
lo beneficiaron.

Se estima que las circunstancias que envuelven el caso comprometen la buena fe que
debía regir el actuar del demandado, lo que impide considerar que desconocía los actos
que facilitaron el reconocimiento indebido de su prestación. En ese orden la Subsección
se aparta de lo expuesto por el tribunal en este punto, ya que, de acuerdo con lo
señalado, la devolución de las sumas que le fueron canceladas por concepto del
reconocimiento pensional, en principio, resulta procedente.

Análisis de la prescripción

Sobre el particular, el Consejo de Estado 28 ha señalado que la estructuración de la
mentada figura requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no se
hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los derechos que
considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se
haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso igual,
tal como lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al presente caso,
que reza lo siguiente:

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15 de

noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.

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«ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.

1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968
y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa
obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero solo por un lapso igual.».

Ahora, esta Subsección29 ha dispuesto que para estudiar esta figura no existe
diferencia si el medio de control es presentado por un administrado particular o por la
entidad pública en la modalidad de lesividad. En este último evento, la prescripción se
ha analizado desde la fecha a partir de la cual se reconoció el derecho hasta el
momento en que la autoridad presentó la demanda ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.

Tal como se verifica en el caso concreto, la Administradora Colombiana de Pensiones
reconoció y ordenó el pago de la pensión de invalidez a favor del demandado por
Resolución 00396 de 2011, y presentó la demanda el 18 de agosto de 2020,30 es decir,
por fuera de los 3 años de que trata la norma en comento, por lo que se entiende que
en el presente asunto operó el fenómeno prescriptivo sobre las mesadas pensionales
percibidas anteriores al 18 de agosto de 2017. Sin embargo, dado que el pago por
dicho concepto se suspendió en el año 2011, no habría lugar a ordenar la devolución
de dineros, ya que, a partir de esa anualidad (2011), el pensionado no recibió ninguna
suma por parte de la entidad. En ese sentido se confirmará la sentencia, pero por las
razones expuestas.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio
objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el
cual, en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre
demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera
relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, malintencionada o de
mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición efectuada por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre que se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

29 Sentencias del 8 de febrero de 2018, Radicación:52001-23-31-000-2012-00017-02(2740-2017); del 21 de junio

de 2018, Radicación: 52001-23-31-000-2012-00187-01 (1031-2016); 28 de octubre de 2021; Radicación: 66001-23-
33-000-2015-00221-01 (4963-2018).
30 Según acta de reparto visible en el archivo ((02) NULIDAD Y REST COLPENSIONES VS JOSE RAMIREZ.pdf).

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Radicado: 68001-23-33-000-2020-00775-01 (3064-2024)

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección
A de esta Sección, aclara que adoptará la postura en virtud de la cual, se deberá
analizar la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme al inciso 2 del
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

De acuerdo con las anteriores reglas, y en atención a que el Consejo de Estado ya ha
venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a estudiar dicha situación
a la luz de la normativa vigente.

En el presente caso, se observa de las actuaciones de primera instancia, que no hay
lugar a la condena en costas, pues no se advierte carencia de fundamentación jurídica,
por el contrario, la parte en sus escritos, expuso argumentos razonables en defensa
jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FA L L A

Primero. Confirmar sentencia proferida el once (11) de abril de dos mil veinticuatro
(2024) por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las
pretensiones, con fundamento en lo expuesto en la parte considerativa.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo
a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

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