RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 41001-23-33-000-2019-00277-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00277-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00277-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. ADICIONAR EL ORDINAL TERCERO de la sentencia del 14 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, en el sentido de declarar de oficio la prescripción del derecho a obtener el reintegro de los valores pagados al señor Edmundo Aljach Zajar con anterioridad al 4 de junio de 2016, de conformidad con lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. TERCERO. Sin costas en esta instancia. 10 Radicación: 41001-23-33-000-2019-00277-01 (1465-2022) Demandante: Departamento del Huila CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2019-00277-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 41001-23-33-000-2019-00277-01 (1465-2022)
Demandante : Departamento del Huila
Demandado : Edmundo Aljach Zajar

Tema : Reconocimiento pensional
Decisión : Confirma la sentencia apelada. No se acreditó la vinculación
laboral entre 1956 y 1970 que sirvió de base para el
reconocimiento pensional, y se desvirtúa la presunción de
buena fe del beneficiario. Se adiciona la decisión para declarar
la prescripción del derecho a obtener el reintegro de los valores
percibidos con anterioridad al 4 de junio de 2016.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia
proferida el 14 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Huila.

I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. El departamento del Huila, por intermedio de apoderado judicial, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declare la nulidad
de la Resolución 0762 de 2001, mediante la cual se reconoció una pensión de jubilación
al señor Edmundo Aljach Zajar (q. e. p. d.)1.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó suspender definitivamente el pago
de la prestación y ordenar al demandado reintegrar las sumas pagadas por concepto de
mesadas y demás emolumentos.

3. Señaló que el accionado solicitó el reconocimiento pensional, aportando
certificados de tiempo de servicio, salario, registro civil, documentos de identidad, entre
otros. El interesado indicó haber laborado como inspector en la Secretaría de Obras

1 El señor Edmundo Aljach Zajar falleció el 18 de febrero de 2022. Actúan como sucesores procesales los señores Luz

Yaneth Rayo (compañera permanente); Cecilia Sterling de Aljach (cónyuge supérstite); Edmundo Aijach Rayo; Michel
Aijach Rayo; Samir Aijach Rayo; Manuel José Aijach Sterling; Eddi Aijach Sterling; Odeth Aijach Sterling; Patricia Aijach
Sterling; Victoria Eugenia Aijach Sterling y a Martín Augusto Aijach Sterling (hijos del causante).

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00277-01 (1465-2022)
Demandante: Departamento del Huila

Públicas2 y como diputado en la Asamblea Departamental del Huila3, con lo cual
acreditaría más de 15 años de servicio al 29 de enero de 1985, fecha en que entró en
vigor la Ley 33 de 1985. En virtud del parágrafo 2.º del artículo 1.º de dicha ley, se le
reconoció la pensión desde el 3 de julio de 1998, quedando a cargo del ente territorial.

4. Posteriormente, la Contraloría Departamental advirtió, en auditoría especial, que
no existían pruebas documentales que acreditaran el tiempo laborado entre 1956 y 1970
en la Secretaría de Obras Públicas, pese a que el interesado aportó un certificado del 12
de junio de 2001. La entidad territorial indicó que no se encontraron nombramientos, actas
de posesión, registros en la historia laboral, nóminas ni constancias de cesantías que
respaldaran dicha vinculación, por lo que se presume que la información fue falsa. En
consecuencia, el demandado no cumplía el requisito legal de tiempo de servicio y se
indujo en error a la administración, por lo que se presentó denuncia penal por presunto
peculado por apropiación, fraude procesal y uso de documento falso.

Contestación de la demanda

5. Se tuvo por no contestada la demanda.

Sentencia apelada

6. El Tribunal Administrativo del Huila declaró la nulidad de la Resolución 0762 del
19 de julio de 2001, ordenó suspender el pago de la pensión reconocida al demandado y
su afiliación al sistema de salud como pensionado. Además, lo condenó a reintegrar,
debidamente indexadas, las sumas recibidas por concepto de retroactivo y mesadas
pensionales. Negó las demás pretensiones y no impuso costas.

7. El Tribunal fundamentó su decisión en la falta de prueba sobre la vinculación
laboral del demandante con la Secretaría de Obras Públicas del Huila entre 1956 y 1970,
periodo en el que habría ejercido como auxiliar de topografía o inspector de vías. Indicó
que, aunque en el archivo digital (Kárdex Zafiro ADM) figura información relacionada, no
se allegó documento que la sustentara. Aun admitiendo que en esa época los
nombramientos eran competencia del secretario de obras públicas, estimó que debía
existir algún rastro en la historia laboral, lo cual no ocurrió.

8. La certificación del 12 de junio de 2001, expedida por el jefe de la División
Comercial y de Servicios Generales de la Gobernación del Huila, fue el soporte principal
para el reconocimiento pensional, pero carecía de respaldo documental adicional. Esta
irregularidad fue detectada en una auditoría especial de la Contraloría Departamental del
Huila y no fue desvirtuada en sede judicial.

9. Según constancia de la Secretaría General de Archivo del 19 de diciembre de
2017, al revisar los registros de historias laborales, cesantías, nóminas y el Kárdex

2 Del 1.° de enero de 1956 al 30 de noviembre de 1976.
3 Del 5 de octubre de 1976 al 30 de noviembre de 1991, con interrupciones.

2

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00277-01 (1465-2022)
Demandante: Departamento del Huila

digitalizado, únicamente se encontró a nombre del demandado la Resolución 993 del 24
de agosto de 1995, mediante la cual se le reconocieron cesantías como diputado de la
Asamblea Departamental, cargo que ejerció en varios periodos.

10. Dado que no se probó el tiempo de servicio entre 1956 y 1970, el demandado
acreditó apenas 8 años y 2 meses de servicio con base en el certificado de la Asamblea
Departamental, sin cumplir el mínimo legal de 20 años exigido para acceder a la pensión,
lo que evidenció un reconocimiento irregular.

11. Finalmente, respecto a la devolución de dineros, el Tribunal señaló que, aunque la
buena fe se presume en las actuaciones ante la administración, esta puede ser
desvirtuada. En este caso, el demandado no acreditó el tiempo exigido y presentó una
certificación sin respaldo suficiente, lo que indujo en error a la entidad, quebrantando así
los principios de buena fe y confianza legítima.

Recurso de apelación

12. El demandado interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, argumentando que la certificación laboral del 12 de junio de 2001, suscrita por
Gemma Vargas Ramírez, quien se desempeñaba como jefe de la División de la
Secretaría General de la Gobernación del Huila, fue expedida por funcionaria competente
y, por tanto, goza de presunción de legalidad. Señaló que dicho documento no ha sido
tachado de falso ni desvirtuado en juicio, razón por la cual no puede considerarse inválido
sin prueba en contrario.

13. Cuestionó que se hubiera otorgado mayor valor probatorio a las certificaciones
expedidas por la funcionaria María Marsella Cely Casanova, a pesar de que presentaban
inconsistencias en cuanto al tiempo de servicio del señor Aljach Zajar. A su juicio, dichas
contradicciones generaban dudas razonables y, sin embargo, no se citó a la funcionaria
como testigo para esclarecer el origen y fiabilidad de la información, la cual se extrajo del
sistema Kárdex Zafiro ADM.

14. Sostuvo que la Resolución 0762 de 2001 fue expedida conforme a derecho, tras
un análisis adecuado de los documentos aportados por el solicitante. Alegó que la
auditoría que motivó la demanda de nulidad no fue decretada como prueba ni
controvertida en el proceso, por lo cual carecía de fuerza probatoria para desvirtuar la
legalidad del acto administrativo. Añadió que no se demostró ninguna conducta
fraudulenta por parte de él y que la ausencia de documentos como nóminas, cesantías o
decretos de nombramiento debía atribuirse a deficiencias del archivo institucional, no al
actuar del beneficiario.

15. Reiteró que actuó siempre de buena fe, nunca fue objeto de investigaciones
disciplinarias, fiscales o penales, y que la entidad demandante no acreditó irregularidades
que justificaran la revocatoria de la pensión. Finalmente, advirtió que su estado de salud
es crítico, con una discapacidad mental que le impide valerse por sí mismo, por lo que

3

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00277-01 (1465-2022)
Demandante: Departamento del Huila

consideró injusto que, luego de más de veinte años, la Gobernación pretenda privarlo de
su pensión con base en inconsistencias no demostradas. En consecuencia, solicitó
revocar la sentencia apelada y mantener en firme el acto administrativo que reconoció la
pensión.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

16. Mediante auto proferido el 4 de agosto de 2022 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el demandado. Luego, mediante providencia del 22 de junio de 2023 se
declararon sucesores procesales del señor Edmundo Aljach Zajar (q. e. p. d.) a Luz
Yaneth Rayo (compañera permanente); Cecilia Sterling de Aljach (cónyuge supérstite);
Edmundo Aijach Rayo; Michel Aijach Rayo; Samir Aijach Rayo; Manuel José Aijach
Sterling; Eddi Aijach Sterling; Odeth Aijach Sterling; Patricia Aijach Sterling; Victoria
Eugenia Aijach Sterling y a Martín Augusto Aijach Sterling (hijos del causante).

17. Durante la oportunidad procesal, no hubo manifestación alguna por la parte
accionante ni por el Ministerio Público.

III. CONSIDERACIONES.

Competencia.

18. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias proferidas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, se abordará el análisis de esta controversia.

Problema jurídico.

19. Corresponde a la Sala determinar de un lado, si el apelante acreditó la vinculación
laboral que afirma haber tenido con la Secretaría de Obras Públicas entre el 1.º de enero
de 1956 y el 30 de diciembre de 1970, periodo determinante para el reconocimiento de
la pensión de jubilación efectuado mediante la Resolución 0762 del 19 de julio de 2001 y
actualmente controvertido por falta de soportes documentales. De otro lado, en caso de
no demostrarse dicho vínculo, corresponde definir si el demandado actuó amparado en
la buena fe al percibir las mesadas pensionales derivadas del acto administrativo
acusado, aspecto decisivo para resolver sobre la restitución de los dineros recibidos.

Análisis del problema jurídico

20. En el presente caso, la Sala confirmará la sentencia apelada, dado que no se
acreditó la vinculación laboral en la Secretaría de Obras Públicas entre 1956 y 1970 y,
en consecuencia, el acto administrativo que reconoció la pensión carecía de sustento

4

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00277-01 (1465-2022)
Demandante: Departamento del Huila

probatorio suficiente. Aunado a lo anterior, se encontró desvirtuada la presunción de
buena fe en la conducta del beneficiario, lo que habilita la devolución de las sumas
recibidas, en aras de proteger la integridad del patrimonio público y salvaguardar la
legalidad del régimen pensional. Sin embargo, se adicionará la decisión de primera
instancia en el sentido de declarar la prescripción del derecho a obtener el reintegro de
los valores percibidos por el demandado con anterioridad al 4 de junio de 2016, en
aplicación de las reglas jurisprudenciales que delimitan la oportunidad para exigir la
restitución de pagos indebidos, conforme a las razones que se expondrán a continuación.

21. La Secretaría General del Fondo Territorial de Pensiones de la Gobernación del
Huila, mediante la Resolución 0762 del 19 de julio de 2001, reconoció al demandado una
pensión de jubilación a partir del 3 de julio de 1998 en cuantía de $ 2.658.125, ordenando
el pago de un retroactivo de $ 138.773.663 correspondientes a las mesadas de 1998 a
2001, incluidas las adicionales.

22. Para el reconocimiento pensional, el interesado allegó certificados expedidos por
la Asamblea Departamental y la Secretaría General sobre salarios y tiempos de servicio.
Según el acto censurado, laboró en la Secretaría de Obras Públicas del 1.° de enero de
1956 al 30 de diciembre de 1970, y en la Asamblea Departamental de forma interrumpida
del 5 de octubre de 1976 al 30 de noviembre de 1991. En total acreditaba 23 años y 2
meses de servicio, razón por la cual se aplicó el parágrafo 2.° del artículo 1.° de la Ley
33 de 1985.

23. La controversia se centra en la validez del tiempo laborado entre 1956 y 1970 en
la Secretaría de Obras Públicas. Sobre este interregno, obra certificación expedida por la
jefe de la División Comercial y de Servicios Generales de la Gobernación del Huila del 12
de junio de 2001, en la que se indicó que el demandado prestó sus servicios desde el 1.°
de enero de 1956 al 30 de diciembre de 1970, especificando el salario mensual y el valor
de la prima de navidad. Se anexaron diez planillas manuscritas en las que aparece el
nombre, cédula y cargo del demandado como auxiliar de topografía e inspector de vías,
correspondientes a los años 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967
y 1969, con detalle de días laborados, jornales, descuentos y saldo líquido, sin que conste
el funcionario responsable de su expedición.

24. El 19 de diciembre de 2017, la profesional universitaria (E) de la Secretaría General
de la Gobernación del Huila certificó que, revisado el Kárdex Zafiro ADM digitalizado, el
demandado figuraba como auxiliar de topografía en varios años entre 1956 y 1969. Sin
embargo, precisó que no existía acto administrativo de nombramiento, historia laboral,
expediente de cesantías ni nóminas que respaldaran tal vinculación.

25. El 16 de diciembre de 2017, la Gobernación expidió una certificación adicional, en
la que reiteró que no reposaban en el archivo decretos de nombramiento, historias
laborales, expedientes de cesantías ni otros documentos que acreditaran la vinculación
laboral.

5

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00277-01 (1465-2022)
Demandante: Departamento del Huila

26. El 29 de diciembre de 2017 la Contraloría Departamental del Huila rindió informe
de auditoría sobre reconocimientos pensionales de 2001 a 2011, poniendo en
conocimiento que encontró inconsistencias que evidenciaban falta de control del Fondo
Territorial. Señaló que en 28 casos se reconocieron las prestaciones sin la existencia de
soportes documentales como historias laborales, expedientes de cesantías, actos de
nombramiento, actas de posesión o nóminas, y advirtió que en algunos kárdex aparecían
cargos que no coincidían con los decretos de nombramiento o eran inexistentes, entre
ellos el caso del accionado.

27. El 8 de octubre de 20184, la Fiscalía Once Seccional del Huila informó que cursaba
una investigación en etapa de indagación contra el señor Edmundo Aljach Zajar por los
presuntos delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y uso de documento falso
(Rad. 410016000583201800023).

28. El 2 de septiembre de 2020, la Secretaría General de la Gobernación, en respuesta
a requerimiento judicial, indicó que según el kárdex digitalizado el demandado laboró
como auxiliar de topografía entre 1956 y 1965 y como inspector de vías de 1966 a 1969.
No obstante, reiteró la ausencia de actos administrativos de nombramiento, historias
laborales, expedientes de cesantías o nóminas que acreditaran la relación laboral, por lo
cual no era posible certificar aportes a seguridad social.

29. También se allegó la historia clínica del demandado, expedida por la ESE Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, en la que consta que desde el 28 de
noviembre de 2018 padecía, entre otras enfermedades, de Alzheimer. En el curso del
trámite de la segunda instancia, el accionado falleció, siendo sustituido procesalmente
por sus herederos.

30. Del material probatorio se concluye que no existe certeza sobre la vinculación
laboral del demandado en la Secretaría de Obras Públicas entre 1956 y 1970. En los
archivos de la Gobernación no reposan decretos de nombramiento, actas de posesión,
nóminas, historias laborales ni expedientes de cesantías que acrediten tal relación, y el
propio accionado no aportó elementos documentales idóneos para demostrarla.

31. La certificación de 2001, que sirvió de fundamento para el reconocimiento
pensional, carece de respaldo documental suficiente. Igual ocurre con las planillas de
salarios anexadas, las cuales no cuentan con la firma del funcionario responsable de su
expedición, circunstancia que impide corroborar su autenticidad. A ello se suma que la
Contraloría Departamental del Huila identificó irregularidades significativas en el
otorgamiento de pensiones en situaciones similares. Todo lo anterior refuerza la
conclusión de que la carga de la prueba recaía en el señor Aljach Zajar, quien no la
satisfizo.

32. Frente al alegato del demandado, según el cual la auditoría que dio origen a la
demanda de nulidad no fue decretada ni controvertida dentro del proceso, razón por la

4 Oficio 20520-01-01-11-0317.

6

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00277-01 (1465-2022)
Demandante: Departamento del Huila

cual —en su criterio— carecía de fuerza probatoria para desvirtuar la legalidad del acto
administrativo, la Sala advierte que tal afirmación es infundada. En efecto, el acta de
auditoría fue allegada con la demanda, decretada como prueba en la audiencia inicial del
26 de agosto de 2020 e incorporada formalmente al proceso, sin que el apoderado del
demandado formulara objeción alguna. En consecuencia, no le asiste razón al apelante
en su cuestionamiento.

33. Por su parte, el kárdex digitalizado no constituye prueba idónea ni suficiente para
acreditar la existencia de una vinculación laboral entre el señor Edmundo Aljach Zajar y
la Secretaría de Obras Públicas en el periodo comprendido entre 1956 y 1970. Se trata
del único soporte que reposa en los archivos institucionales sobre el tiempo de servicio
discutido, sin que exista respaldo en actos administrativos de nombramiento, actas de
posesión, historias laborales, expedientes de cesantías o nóminas oficiales. La ausencia
de estos documentos —que son los medios auténticos previstos por la normativa
administrativa para acreditar el ingreso y permanencia en el servicio público— resta
validez probatoria al simple registro en un sistema digital.

34. El kárdex carece de autenticidad y fiabilidad intrínseca, en tanto no consta la fecha
de su elaboración ni el funcionario responsable de su registro, lo cual impide verificar la
integridad y correspondencia de la información allí contenida con los soportes
administrativos originales. Así, el registro se configura como una referencia secundaria,
sin valor autónomo para demostrar derechos laborales o pensionales.

35. Adicionalmente, con la auditoría especial de la Contraloría Departamental del Huila
sobre reconocimientos pensionales, se evidenciaron inconsistencias en el uso de los
kárdex como fuente exclusiva de soporte, pues en diversos casos estos registraban
cargos inexistentes o distintos a los decretos de nombramiento. Tales hallazgos
confirman que la información contenida en el kárdex no puede considerarse plena ni
suficiente para demostrar una relación laboral.

36. En ese sentido, conforme a los principios de la carga de la prueba (art. 167 del
CGP) correspondía al beneficiario aportar elementos documentales fehacientes que
respaldaran el tiempo de servicio reclamado. La sola existencia de un registro en el
kárdex, sin sustento en actos administrativos, resulta insuficiente y no satisface el
estándar probatorio requerido para la consolidación de un derecho pensional.

37. Por lo tanto, el kárdex digitalizado debe ser descartado como medio de prueba
autónomo y valorado, en el mejor de los casos, como un indicio de bajo grado de
convicción, incapaz de desvirtuar la inexistencia de documentos oficiales que acrediten
el vínculo laboral controvertido.

38. Así las cosas, debe tenerse por no acreditado el tiempo laborado entre 1956 y
1970 y, por tanto, el reconocimiento pensional efectuado en 2001 resulta carente de
soporte jurídico válido, pues el tiempo laborado en la Asamblea Departamental del Huila
resulta insuficiente para otorgarle el derecho pensional al demandado.

7

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00277-01 (1465-2022)
Demandante: Departamento del Huila

39. En asuntos de contornos similares, esta corporación ya ha tenido oportunidad de
pronunciarse, particularmente en las sentencias del 1.° de septiembre de 2022 y del 12
de diciembre de 2023, proferidas dentro de los procesos radicados 41001-23-33-000-
2018-00184-01 (1062-2022) y 41001-23-33-000-2018-00127-01 (3260-2022),
respectivamente.

40. En cuanto a la devolución de las sumas percibidas, se advierte que la Resolución
0762 de 2001 se soportó en una certificación que fue aportada por el interesado, siendo
carente de respaldo documental, según dio cuenta la mencionada auditoria y en planillas
manuscritas que no cuentan con firma de funcionario responsable, lo que compromete
su autenticidad. No obran en el expediente actos administrativos de nombramiento,
historias laborales, expedientes de cesantías ni nóminas que acrediten el tiempo de
servicio reclamado. A ello se suma que la Contraloría Departamental del Huila identificó
irregularidades similares en diversos reconocimientos pensionales, lo que confirma un
patrón de fallas graves en la documentación aportada. Estos elementos son suficientes
para tener por desvirtuada la presunción de validez de los documentos que dieron origen
al acto administrativo acusado.

41. Conforme a la jurisprudencia de la Sección Segunda5 del Consejo de Estado, la
presunción de buena fe puede ser desvirtuada no solo por prueba directa de fraude, sino
también a partir de indicios graves, precisos y concordantes que revelen un conocimiento
efectivo de las circunstancias irregulares que rodearon el otorgamiento de la pensión. En
el caso concreto, el demandado aportó documentos cuya inconsistencia fue plenamente
verificada en sede administrativa y judicial, lo que constituye un indicio grave y
concordante de que el reconocimiento pensional se otorgó con base en información
irregular que indujo a error a la administración.

42. De la valoración integral del material probatorio se desprende un indicio grave,
preciso y concordante que desvirtúa la presunción de buena fe. El hecho indicador
radica en que el único soporte institucional del tiempo de servicio entre 1956 y 1970 es
el registro en el kárdex digitalizado, el cual carece de autenticidad y respaldo documental:
no consta fecha de elaboración, funcionario responsable ni coincidencia con actos de
nombramiento, historias laborales, expedientes de cesantías o nóminas oficiales. Este
hallazgo se corrobora con el informe de auditoría de la Contraloría Departamental del
Huila, que evidenció la existencia de cargos inexistentes o incongruentes en varios
registros y advirtió fallas graves de control documental. A partir de este conjunto
probatorio, se infiere que los documentos aportados por el interesado para obtener el
reconocimiento pensional no constituyen prueba idónea de la relación laboral alegada y
que el reconocimiento pensional se produjo con fundamento en información irregular que
indujo a error a la administración, configurándose así el indicio necesario para ordenar la
restitución de las sumas percibidas.

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de julio de 2025, Rad. 68001-23-33-000-2020-

00761-01 (4362-2024).

8

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00277-01 (1465-2022)
Demandante: Departamento del Huila

43. En ese orden, la valoración de los documentos cuestionados y de los hallazgos de
control fiscal evidencia que el reconocimiento pensional se produjo sin soporte
administrativo válido, lo que quebrantó los principios de legalidad, moralidad
administrativa y sostenibilidad financiera del sistema pensional. La devolución de las
sumas indebidamente pagadas no constituye una sanción sino una consecuencia
necesaria para restituir el patrimonio público y restablecer el orden jurídico vulnerado.

44. En consecuencia, al no encontrarse acreditada la buena fe que impida la
restitución, tal como lo decidió el Tribunal resulta procedente ordenar la devolución de las
sumas indebidamente percibidas, decisión que además se justifica en la necesidad de
proteger la integridad del patrimonio público y salvaguardar la legitimidad del régimen
pensional.

• Prescripción de mesadas pensionales

45. Seguidamente, resulta necesario analizar si en este caso se presentó el
fenómeno de la prescripción trienal de que trata el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de
19686, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 19697.
En efecto, esta Corporación8 ha considerado que las normas enunciadas no hicieron
diferencia alguna entre que la acción sea interpuesta por un empleado o por una entidad
pública cuando demanda su propio acto administrativo, ya que en esta clase de
situaciones se ha decretado la prescripción del derecho a recobrar las mesadas
pensionales desde la fecha a partir de la cual se efectuó el reconocimiento pensional
hasta los tres (3) años anteriores al momento en que la entidad de previsión presentó la
demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

46. Así pues, en el presente asunto el reconocimiento pensional se efectuó desde el
19 de julio de 2001 y el departamento del Huila presentó la demanda el 4 de junio de
20199, esto es, después de transcurridos más de tres años. En tal sentido, operó la
prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 4 de junio de 2016, es decir,
las generadas tres años atrás a la presentación de la demanda.

47. En consecuencia, se adicionará el ordinal tercero de la sentencia de primera
instancia, en el sentido de declarar la prescripción del derecho a obtener el reintegro de
los valores pagados al señor Edmundo Aljach Zajar con anterioridad al 4 de junio de 2016.

Condena en costas.

6 «Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años contados desde
que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la
autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo
por un lapso igual.»
7 «1°. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto,
prescriben en tres [3] años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.»
8 Ver entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 8 de febrero de 2018,

Rad. 52001-23-31-000-2012-0017-02 (2740-2017); del 7 de noviembre de 2024, Rad. 68001-23-33-000-2020-00775-
01 (3064-2024); del 19 de junio de 2025, Rad. 05001-23-33-000-2014-00790-01 (0850-2022), y del 3 de julio de 2025,
Rad. 68001-23-33-000-2020-00761-01 (4362-2024).
9 Información que se extrae del sello de radicación ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva -

Oficina Judicial, visible en la demanda que obra en el expediente digitalizado.

9

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00277-01 (1465-2022)
Demandante: Departamento del Huila

48. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

49. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

50. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

51. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda vez
que las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera parcial,
en la medida que se declaró la prescripción trienal, por manera que no puede predicarse
que alguna de las partes haya sido vencida en el proceso. En consecuencia, se
prescindirá de la condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. ADICIONAR EL ORDINAL TERCERO de la sentencia del 14 de septiembre
de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, en el sentido de declarar de
oficio la prescripción del derecho a obtener el reintegro de los valores pagados al señor
Edmundo Aljach Zajar con anterioridad al 4 de junio de 2016, de conformidad con lo
expuesto en esta providencia.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO. Sin costas en esta instancia.

10

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00277-01 (1465-2022)
Demandante: Departamento del Huila

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.