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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2020-00611-01

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2020-00611-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Norte de Santander. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2020-00611-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

16 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 54001-23-33-000-2020-00611-01 (1783-2024)
Demandante: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-
COLPENSIONES
Demandado: JULIO CÉSAR FUENTES

Tema: No acreditación de tiempos de servicios para obtener la
prestación económica. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia proferida el ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

La Administradora Colombiana de Pensiones ─COLPENSIONES─ instauró
demanda contra el señor Julio César Fuentes, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes: 1

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución VPB 13546 del 16 de febrero de 2015
proferida por Colpensiones, por medio de la cual se reconoció una pensión de vejez
a favor del señor Julio Cesar Fuentes, porque se logró determinar que el
reconocimiento pensional fue irregular.

Que se declare la nulidad de la Resolución DPE 16585 de 15 de diciembre de 2020,
proferida por Colpensiones, por medio de la cual se dio cumplimiento al fallo de
tutela emitido por el Tribunal Superior de Cúcuta Sala Civil - Familia, que dispuso
reanudar el pago de la mesada pensional del señor Fuentes y ordenó suspender los
efectos jurídicos de la Resolución DPE 8134 del 19 de mayo de 2020, que revocó
el reconocimiento pensional2, y como consecuencia, reconoció una pensión de
vejez a favor del señor Julio César.

1 Expediente digital índice 23 de SAMAI actuaciones del Tribunal.
2
Que a su vez revocó la Resolución GNR 293228 del 06 de noviembre de 2013.

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Radicado: 54001-23-33-000-2020-00611-01 (1783-2024)

A título de restablecimiento del derecho se ordene al señor Julio César Fuentes,
reintegrar a la entidad la suma de $186.004.044, por concepto de mesadas,
retroactivo, aportes a salud y/o fondo de solidaridad recibidos de forma irregular con
ocasión del reconocimiento de la pensión de vejez, más los valores que se llegaren
a causar en favor de la entidad, con la correspondiente indexación y el pago de
intereses.

Que se condene en costas.
HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el señor Julio César Fuentes solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la
pensión de vejez, la cual fue inicialmente negada mediante Resolución GNR 293228
del 6 de noviembre de 2013, decisión confirmada en reposición por la Resolución
GNR 76706 del 8 de marzo de 2014.

No obstante, al resolver el recurso de apelación, Colpensiones expidió la Resolución
VPB 13546 del 16 de febrero de 2015, en la que revocó su decisión y reconoció la
pensión de vejez a partir del 1 de diciembre de 2014, con 1392 semanas cotizadas,
un IBL de $2.995.869 y una mesada de $2.246.902, conforme al Decreto 758 de
1990. Para el reconocimiento se tuvo en cuenta un formato CLEB expedido por la
alcaldía de San José de Cúcuta que certificaba servicios entre agosto de 1989 y
septiembre de 1992.

Posteriormente, la Gerencia de Prevención del Fraude, mediante Auto de Cierre
309 del 18 de marzo de 2020, concluyó que presuntamente existieron hechos de
fraude, al comprobarse la inexistencia del vínculo laboral entre el beneficiario y la
alcaldía de San José de Cúcuta. En consecuencia, Colpensiones expidió la
Resolución DPE 8134 del 19 de mayo de 2020 revocando el acto de reconocimiento,
decisión confirmada en sede de recurso mediante Resolución DPE 10275 del 27 de
julio de 2020.

Mediante Resolución SUB 143867 del 7 de julio de 2020, se informó al señor
Fuentes que los valores recibidos por concepto de mesadas y retroactivo ascendían
a $186.004.044.

El señor Fuentes promovió acción de tutela, en la que se ampararon sus derechos
al debido proceso, mínimo vital y seguridad social. El fallo dejó sin efectos la
resolución que había revocado la pensión, ordenó su reactivación en la nómina y el
pago ininterrumpido de las mesadas desde mayo de 2020 hasta tanto se resolviera
de fondo sobre la legalidad del reconocimiento. En cumplimiento de la tutela,
Colpensiones expidió la Resolución DPE 16585 del 15 de diciembre de 2020,
disponiendo la reanudación del pago de la mesada pensional y suspendiendo los
efectos del acto de revocatoria.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados el artículo 33 de la Ley 33 de 1985 y el artículo 36 de la Ley
100 de 1993.

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Sostuvo que para el reconocimiento pensional se tuvo en cuenta la información que
de forma fraudulenta se incluyó en un formato tipo CLEB, donde se certificaba una
relación laboral inexistente, por lo que la prestación económica fue concedida en
indebida forma, vulnerando de manera directa la Constitución.

Que el señor Julio Cesar Fuentes allegó documentación no verídica con el fin de
comprobar que cumplía los requisitos para ser beneficiario de la pensión de vejez,
y obtener beneficio económico, como se pudo comprobar en la investigación
administrativa especial.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 23 de junio de 2021 y por auto del 15 de septiembre del
mismo año se negó la solicitud de medida cautelar solicitada en la demanda.

El pensionado afirmó que la resolución de reconocimiento no fue expedida en forma
irregular, ya que la entidad no ha demostrado probatoriamente el presunto fraude.
Que, además, no existe sentencia debidamente ejecutoriada que demuestre
responsabilidad penal con relación a la comisión del presunto hecho punible. Que
la investigación administrativa adelantada se basa solo en supuestos o presuntos
hechos. Que por el contrario, se allegaron pruebas que demuestran que sí laboró
en el municipio de San José de Cúcuta entre el mes de agosto de 1989 hasta el
septiembre de 1992.

Que tal como lo determinó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en la
sentencia de tutela del 1° de diciembre de 2020, Colpensiones, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de la Protección Social expidieron la
Circular conjunta 13 del 18 de abril de 2007, a través de la cual se adoptaron tres
formatos de certificación de información laboral y de salario, válidos para la emisión
de bonos pensionales y/o para el reconocimiento de pensiones, y se dispuso que
debían ser utilizados obligatoriamente por todas las entidades públicas que
certifiquen tiempo y/o salario para bonos pensionales o pensiones.

Que el formulario CLEB, es responsabilidad del empleador que certifica y para el
caso en comento es el municipio de San José de Cúcuta.

El 23 de marzo de 2023 se llevó a cabo la audiencia inicial y las de pruebas se
celebraron 11 de mayo y el 15 de junio de 2023.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 8 de
febrero de 2.024 accedió a las pretensiones. Declaró la nulidad de las Resoluciones
VPB 13546 del 16 de febrero de 2015 y DPE 16585 de 15 de diciembre de 2020 y
ordenó al demandado reintegrar a favor de Colpensiones la totalidad de las sumas
que devengó entre el 9 de noviembre de 20173 y hasta cuando se encuentre

3 Por haber ocurrido el fenómeno de la prescripción parcial.

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ejecutoriada la presente sentencia. Sin condena en costas.

Manifestó que no se logró evidenciar de manera clara que el demandado hubiera
tenido un vínculo laboral con el municipio de San José de Cúcuta entre el 10 de
agosto de 1989 y el 30 de septiembre de 1992. Que al no cumplir la carga procesal
que le incumbe a la parte interesada consistente en probar el tiempo de servicio en
el municipio de San José de Cúcuta, debía desestimarse el tiempo presuntamente
allí laborado, porque no se evidencia siquiera sumariamente dicha circunstancia.

Que al señor Julio César Fuentes nació el 14 de enero de 1956, razón por la cual
no acreditó para el 1° de abril de 1994 más de 40 años y tampoco 15 años de tiempo
de servicios por ello, no es beneficiario del régimen de transición establecido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Consideró que resulta aplicable el Decreto 758 de 1990 (SIC), de manera que debía
acreditar 62 años de edad y 1300 semanas para adquirir la pensión de vejez, en
consecuencia, al realizar un cálculo sobre los periodos debidamente cotizados,
excluyendo los tiempos de servicio en el municipio de San José de Cúcuta, cuenta
con 1231 semanas de cotización, por lo que se colige que no acreditó los requisitos
para acceder a la prestación económica bajo la normativa vigente.

Que la entidad demandante logró acreditar que el señor Fuentes actuó de mala fe
al valerse de un error de la administración para solicitar el reconocimiento de la
prestación que le fue otorgada a través de la Resolución VPB 13546 del 16 de
febrero de 2015.

Que se logró determinar que si bien la alcaldía de San José de Cúcuta en principio
certificó mediante oficio del 25 de septiembre del año 2013, el presunto periodo que
laboró el demandado con base en lo contenido en la «Caja #477 legajo #139 folio
#115-116 kardex», lo cierto es que mediante oficio del 21 de septiembre de 2023,
dirigido al Tribunal, el mencionado municipio manifestó que no encontró actos
administrativos como nombramiento, posesión o insubsistencia del demandado que
acreditara su vínculo laboral, sin embargo, encontró un Kardex manipulado con
datos falsos.

De conformidad con la realidad procesal, si bien no obra prueba que demuestre un
actuar doloso o la participación directa del demandado en la manipulación de la
información proveniente del ente territorial, lo cierto es que no puede desconocerse
que se valió de dicho error para solicitar el reconocimiento de la prestación,
guardando silencio frente al tiempo de servicio cuestionado. En tal sentido, no es
posible atribuir exclusivamente a un yerro de la administración el reconocimiento
pensional, pues resulta evidente la conducta desleal del demandado. Por esta
razón, dispuso ordenar la devolución de las sumas percibidas por concepto de
mesadas y retroactivo pensional.

RECURSOS DE APELACIÓN

El demandado interpuso recurso de apelación por considerar que la decisión
impugnada no cumple con el principio de congruencia previsto en el artículo 281 del
CGP, por cuanto la demanda se fundamentó en la presunta existencia de un fraude

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en el reconocimiento pensional y el operador no puede apartarse de la realidad
procesal, porque la prueba recaudada (certificado de salarios mes a mes con
consecutivo 887 detalla los salarios percibidos, como también que su relación
laboral fue desde agosto de 1989 hasta septiembre de 1992), desvirtua el supuesto
fraude.

Considera que no existe incongruencia entre las pruebas documentales y tampoco
puede sostenerse que hay evidencia documental sumaria que advierta la relación,
teniendo en cuenta, además, que en la actuación procesal se encuentra el
certificado de salarios expedido por la Subsecretaría de Talento Humano del
municipio de Cúcuta.

Que no podían estudiarse de manera residual los testimonios cuando la prueba
documental es la idónea y principal para acreditar el tiempo de servicios, la cual sí
reposa en el plenario y son los certificados.

Que respecto a la consideración de que el demandado solo cuenta con 1231
semanas de cotización, se debió aplicar, en atención al principio de favorabilidad, la
sentencia SL 138-2024 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que
modificó considerablemente su postura y la forma de contabilizar las semanas
cotizadas al Sistema General de Pensiones, no solo para las pensiones de vejez,
advirtiendo que las cotizaciones han de ser contabilizadas en cuantía de días (28,
29, 30 o 31) como respuesta al tiempo laborado, aunque los aportes se efectúen en
cuantía de 30 días por mes.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 11 de diciembre de 2024 se admitió el recurso y se dispuso que, una vez
ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin necesidad
de traslados. Las partes no se manifestaron.

El Ministerio Público emitió concepto en el que solicitó se revocara la decisión y se
mantenga la presunción de legalidad de los actos acusados para lo cual indicó que
no se prueba intervención alguna del señor Fuentes en la expedición de las
certificaciones de los años 2012 y 2013 que dieron cuenta de sus labores entre los
años 1989 y 1992.

Que el documento base de la apelación fue descartado por la autoridad judicial de
primera instancia sin los fundamentos explícitos y razonables que dieran mayor
convicción, pues las otras certificaciones que contradijeron su contenido hicieron
descripciones atinentes a presuntas alteraciones o a que simplemente no se
encontraron soportes de vinculación al municipio y por tanto dieron por inexistente
esa situación.

Que el hecho de que no se encontraran documentos alusivos a la vinculación o
ingreso o la separación del servicio, no representa una verdad absoluta. Que en los
documentos que se dicen alterados, se advierte a simple vista podría obedecer a
borrones o al uso de una máquina de escribir cuyas cintas podían dejar reflejos.
Que esto debe aclararse mediante análisis de especialistas en materia documental,

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pero para efectos probatorios se encuentran otros documentos que no fueron
tachados de falsos ni controvertidos.

Que no se probó más allá de cualquier duda la alteración del documento formato de
la Contraloría Municipal -Sección Control Previo-, pues no se tomó la declaración
del señor Manuel Salvador Navarro Urón de quien se afirmó realizó la certificación
del año 2012. Que tampoco hubo revisión de la nómina y los desprendibles
mensuales, o de testimonios de quienes laboraron en la Secretaría de Hacienda o
en Tesorería entre 1989 y 1992 (debió existir jefe que pueda ubicarse), aspectos
que eran de entera responsabilidad de la parte actora que se conformó con las
últimas certificaciones aportadas a su investigación interna pero no tachó de falsas
las certificaciones que dan cuenta de la prestación de servicios en el lapso de 1989
(agosto) a 1992 (septiembre).

Se resolverá previas las siguientes

CONSIDERACIONES

La Sala debe determinar si efectivamente hubo una indebida valoración de las
pruebas aportadas en el proceso por parte del tribunal y si Colpensiones logró
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, a través
de los cuales se reconoció una pensión de vejez al señor Julio César Fuentes y se
dio cumplimiento a un fallo de tutela.

Para abordar el asunto propuesto resulta necesario, en atención a los supuestos
fácticos, realizar algunas precisiones previas con respecto a la procedencia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos
administrativos que fueron revocados directamente por la administración con
fundamento en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003.

Posibilidad de presentar demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
respecto de un acto que ha sido revocado

Según los antecedentes del presente caso, se tiene que mediante Resolución VPB
13546 del 6 de febrero de 20154 Colpensiones reconoció una pensión de vejez al
señor Julio César Fuentes con fundamento en la Ley 33 de 1985, al haber
acreditado un total de 9.748 días laborados correspondientes a 1.392 semanas, con
un IBL del 75% y a partir del 1° de diciembre de 2014.

Que el 19 de mayo de 2020 por Resolución DPE 8134, 5 se revocó el acto
administrativo de reconocimiento pensional, decisión que fue confirmada por
Resolución DPE 10275 del 27 de julio de 2020, con base en el auto de cierre No.
0309 del 18 de marzo de 2020, proferido dentro de la investigación administrativa
especial No. 31-19, llevada a cabo por la Gerencia de Prevención del Fraude
facultada por el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 y el artículo 243 de la Ley 1450
de 2011 y la Resolución 555 de 2015.

4 Expediente digital índice 23 de SAMAI actuaciones del Tribunal, archivo
21ED_019EXPEDIENTEADTVO20(.pdf)
5 Ibidem.

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La revocatoria directa fue consagrada como un mecanismo especial que puede
ejercer la administración frente a sus propias actuaciones, para lo cual no es
necesario la participación del juez, sino que opera de oficio y con ella se le permite
verificar el cumplimiento de los requisitos para la obtención del derecho y la
legalidad de los documentos que sirvieron de soporte.

Ahora, luego de realizar estas precisiones sobre la figura de la revocatoria directa,
resulta importante puntualizar que el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho resulta procedente contra los actos que ya fueron revocados
unilateralmente por la administración, pues tal como lo sostuvo la Corte
Constitucional en la sentencia SU-182 de 2019, este mecanismo excepcional: i) no
resuelve definitivamente sobre la legalidad del acto administrativo, ii) la entidad no
tiene la competencia para expulsar del ordenamiento jurídico un acto pensional y,
iii) tampoco tiene la facultad de retrotraer los efectos derivados del reconocimiento
pensional.

La Corte Constitucional en la sentencia de unificación ya referida, no solo precisó el
alcance del artículo 19 de la Ley 797 de 2003, sino que además reiteró los principios
y criterios trazados por la Sentencia C-835 de 2003 a través de la cual se estudió la
constitucionalidad de la misma norma.

Los parámetros fijados en la providencia de unificación son compartidos en su
integridad por esta Subsección y, por tanto, como los efectos que tiene la
revocatoria de que trata el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 son hacia futuro (ex
nunc) y dicha decisión no implica un juicio de legalidad respecto del acto
administrativo de reconocimiento pensional, resulta procedente que tanto los
particulares como la administración puedan acudir ante el juez administrativo a
través del medio de control previsto en el artículo 138 del CPACA para cuestionar
precisamente la legalidad del acto que concedió la prestación.

Así, para el caso de las entidades, pueden pretender además de la nulidad del acto
de reconocimiento pensional, el restablecimiento del derecho que no sería otro que
recuperar los dineros que hayan sido girados por una maniobra fraudulenta.

Las anteriores consideraciones permiten concluir que el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho es el mecanismo judicial procedente para cuestionar
la legalidad de un acto administrativo de reconocimiento pensional, no obstante, el
mismo haber sido revocado unilateralmente por la administración con fundamento
en la prerrogativa contenida en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003.

Caso concreto

Resulta relevante aclarar desde ya que en el presente asunto corresponde analizar
la legalidad del acto que reconoció el derecho a la pensión de vejez y del que se
profirió en cumplimiento a un fallo de tutela6 y si respecto de ellos, en sede judicial

6 La Resolución DPE 16565 del 15 de diciembre de 2020, se expidió en cumplimiento de fallo de tutela proferido

por el Tribunal Superior de Cúcuta Sala Civil – Familia que dejó sin efectos la resolución que revocó el
reconocimiento pensional. En dicho fallo se resolvió lo siguiente: TERCERO: DEJAR SIN EFECTO la
Resolución DPE 8134 del 19 de mayo de 2020 y todas las demás actuaciones expedidas con fundamento en
ésta por la AGP COLPENSIONES, conforme las motivaciones expuestas. Por ende, ORDENAR a la
Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, a través de su representante legal, y/o quien

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se acreditaron los cargos de nulidad. Es decir, no se está revisando la legalidad de
la resolución que revocó de forma directa y unilateral el acto administrativo de
reconocimiento que es objeto de control judicial.

Además, el reproche del demandado radica en que, a su juicio, en la sentencia de
primera instancia no se valoraron de manera adecuada las pruebas allegadas, las
cuales —según afirma— acreditan su vinculación laboral y el tiempo de servicio
prestado en el municipio de Cúcuta entre agosto de 1989 y el 30 de septiembre de
1992.

Al respecto, la Sala precisa que de la lectura de la sentencia se advierte que la
decisión se fundamentó, principalmente, en la falta de veracidad de los documentos
aportados para acreditar el tiempo de servicios laborado en el municipio de San
José de Cúcuta, los cuales sirvieron de sustento al reconocimiento pensional. Es
decir, el tribunal no dejó de valorar las pruebas aportadas, pues realmente constató
cada una de ellas e incluso decretó pruebas de oficio7 relacionadas con el tiempo
de servicios y vinculación laboral con dicho ente territorial y al final concluyó que de
su análisis integral no se tenía certeza del tiempo de servicio laborado durante los
años 1989 a 1992.

Se advirtió en la providencia que existían incongruencias en las pruebas allegadas
y poca credibilidad. De hecho, destacó que si bien el municipio expidió en los años
2012 y 2013 certificaciones de tiempo de servicios y salarios que sirvieron de
soporte al momento del reconocimiento pensional, estas se hicieron con base en
los documentos obrantes en la Caja #477 legajo #139 folio 115-116 KARDEX, los
cuales presentan tachones, enmendaduras y borrones. Los que además no cuentan
con soportes de la información en el contenida, pues no se tienen contratos,
decretos de nombramiento, insubsistencias o renuncias, resoluciones, actas de
posesión, desprendibles de nómina, pagos de cesantías etc.

Revisado el informe rendido el 19 de mayo de 2023 por el profesional del Área del
archivo central y que fue el sustento para dar respuesta en el asunto judicial a la
prueba decretada por el tribunal, se observa que si bien no se encontraron actos
administrativos que vinculen laboralmente al aquí demandado, sí se indicó que obra
un registro a nombre del señor Fuentes «en la Caja #477, Legajo #139. Folios #115-116
donde se ubica un Kardex en el que se muestran tachones y/o enmendaduras al igual que
borrones».8

haga sus veces y/o tenga ese deber, si aún no lo ha hecho, que dentro del término de cinco (5) días
siguientes a la notificación de la presente providencia, reactive en nómina de pensionados por vejez al
señor Julio César Fuentes y disponga lo necesario para que efectivice el pago de las mesadas pensionales
causadas a su favor, desde el momento en que se decretó la revocatoria del emolumento prestacional, esto es,
a partir del mes de mayo de 2020, y continúe realizando el pago de manera ininterrumpida hasta tanto las
autoridades competentes resuelvan de manera definitiva sobre los hechos que dieron origen a aquella
resolución, en el evento en que COLPENSIONES acuda a ellas mediante el ejercicio de las acciones a que
haya lugar. (Negrita del texto)
7 Decretó como prueba de oficio solicitar al municipio de San José de Cúcuta certificación de los tiempos de

vinculación laboral del señor Fuentes y copia de toda la historia laboral, requerimiento que fue atendido mediante
comunicación del 30 de mayo de 2023 donde la subsecretaria de Administración de Talento Humano de la
entidad territorial indicó que conforme la información allegada por el archivo central, el señor Julio César Fuentes
no ha tenido vínculo alguno con la alcaldía municipal.
8 Por parte del municipio fueron allegadas al plenario las copias digitales de los Kardex que se encuentran en

el archivo central.

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Adicionalmente, en el proceso judicial se recibieron las declaraciones de los señores
Pedro Lucio Contreras Quintana y Miguel Ángel Maldonado Serrano, testigos
solicitados por la parte demandada, quienes de manera general indicaron que para
los años 1989 y 1992 veían que el señor Julio César Fuentes, entraba y salía de la
tesorería municipal y también manifestaron, sin mayor certeza, que el demandado
sí laboró en el municipio. Sin embargo, en sus declaraciones no expresaron conocer
aspectos relacionados con su trabajo, tales como su horario, tipo de vinculación, la
remuneración, funciones, jefe inmediato etc.

En efecto, el recuento probatorio atrás relacionado, en concepto de esta
Subsección, permite concluir que le asiste razón al tribunal al considerar que no
existe pleno convencimiento de que efectivamente el demandado haya laborado en
el municipio de San José de Cúcuta pues no se cuenta con soporte documental que
así lo acredite.

Para la Subsección, las certificaciones allegadas son una trascripción de la
información que está contenida en el KARDEX, la que se reitera debido a su estado
no se considera idónea para certificar el tiempo de servicio, más porque a simple
vista se observan tachones o enmendaduras en los años certificados como
laborados. Tampoco lo dicho por los dos testigos permite a la Sala tener el
convencimiento de que efectivamente el demandado laboró en el municipio San
José de Cúcuta, pues no fueron precisos ni claros en sus declaraciones.

En síntesis, no se encuentra probado que el demandado cumplió con los tiempos
de servicios para adquirir la pensión de jubilación, razón por la cual, se confirmará
la decisión de declarar la nulidad de las Resoluciones mediante la cual se reconoció
dicha pensión.

Ahora, en la sentencia el tribunal se ordenó la devolución de los dineros pagados
por considerar desvirtuada la buena fe del demandado. Al respecto tenemos que
conforme a la jurisprudencia de la Sección Segunda9 del Consejo de Estado, la
presunción de buena fe puede ser desvirtuada no solo por prueba directa de fraude,
sino también a partir de indicios graves, precisos y concordantes que revelen un
conocimiento efectivo de las circunstancias irregulares que rodearon el
otorgamiento de la pensión.

En el caso concreto, está acreditado que el demandado allegó documentos al
momento de solicitar la pensión cuyas inconsistencias fueron plenamente
verificadas tanto en sede administrativa como judicial. También que no demostró
que efectivamente haya prestado sus servicios durante los años que dice laboró en
el municipio de San José de Cúcuta pues los testimonios practicados en sede
judicial no dan certeza de ese vínculo laboral. Lo anotado constituye un indicio grave
y concordante que desvirtúa dicha presunción, toda vez que la prestación se otorgó
con base en información irregular que indujo en error a la administración y en el
curso del proceso no se allegaron pruebas que acreditaran que su derecho fue
legalmente obtenido.

9 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, Sentencia 4 de septiembre de 2015, C.P. Juan Camilo

Morales Trujillo Exp. 41001-23-33-000-2019-00277-01 (1465-2022).

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

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9

Radicado: 54001-23-33-000-2020-00611-01 (1783-2024)

En tales circunstancias, la Subsección ha dicho que la devolución de las sumas
indebidamente pagadas no se configura como una sanción, sino como una
consecuencia necesaria para restituir el patrimonio público y restablecer el orden
jurídico vulnerado10.

Así, al encontrarse desvirtuada la buena fe que impediría la restitución resulta
procedente la orden de reintegro dispuesta por el Tribunal, a partir del 9 de
noviembre de 2017, por operar la prescripción respecto a las mesadas causadas
con anterioridad. Decisión que además encuentra justificación en la necesidad de
proteger la integridad del erario y salvaguardar la legitimidad del régimen pensional.

Finalmente, el demandado manifestó en su recurso, que el tribunal omitió aplicar
por favorabilidad la interpretación contenida en la SentenciaSL 138-2024 de la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia que modificó considerablemente su postura
y la forma de contabilizar las semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones,
ello teniendo en cuenta las 1231 semanas acreditadas.

Sobre ese punto, la Subsección considera que no es posible entrar a realizar su
estudio, pues constituye una pretensión frente a la cual no hubo pronunciamiento
en sede administrativa, tampoco hizo la parte demandada formuló una demanda de
reconvención con dicho fin, lo que impide a la Sala efectuar pronunciamiento, pues
de hacerlo se vulnerarían en esta instancia derechos como el debido proceso, la
defensa y en particular, la decisión previa de la administración.

De la condena en costas

La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021 fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; y, en ese sentido, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

En consecuencia, se impondrán costas a la parte vencida, por cuanto se negaron
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
10 Ibid.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

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10

Radicado: 54001-23-33-000-2020-00611-01 (1783-2024)

con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro
(2024) por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones
expuestas en la parte motiva.

Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandada. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo del Norte de Santander.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

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11

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