Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00446-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00446-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2014-00446-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 66001-23-33-000-2014-00446-02 (0488-2022)
Demandante: Pío Eugenio Vélez Sáenz (q.e.p.d.)
Demandado: ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas (Risaralda)
Tema: Relación laboral encubierta
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia porque el
demandante no demostró la continuada subordinación en la
prestación del servicio
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la
sentencia de primera instancia del 13 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad de los
oficios 0657 del 10 de abril de 2014 y 1549 del 29 de julio de 2014, expedidos
por el gerente de la entidad accionada, por medio de los cuales se negó el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral desde el 1.° de agosto de
2008 hasta el 30 de junio de 20141 y el pago de las prestaciones consecuentes,
lapso durante el cual se desempeñó como médico general en el Área de Consulta
Externa.
2. De manera subsidiaria, solicitó declarar la excepción de
inconstitucionalidad y dar aplicación a los artículos 25 y 53 de la Constitución
Política.
1
En la última sesión de la audiencia inicial, celebrada el 11 de marzo de 2020, el Tribunal fijó el litigio en los
siguientes términos:
«[…] el litigio se circunscribe al estudio de legalidad del acto administrativo No. (sic) 657 del 10 de abril de
2014, expedido por el gerente de la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, por medio del cual se
resolvió negativamente la solicitud de reconocimiento y pago del reajuste salarial y prestacional con su
respectiva indexación a favor del demandante, y en consecuencia se declare la existencia, de una relación
laboral entre el señor Pío Eugenio Vélez Sáenz y la entidad demandada; lo anterior a efectos de determinar
si procede el pago de prestaciones sociales y demás emolumentos que constituyan factor salarial a favor
del demandante de acuerdo con la labor que desempeñaba (médico general en el área de consulta externa),
por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2008 hasta (sic) el 30 de junio de 2014. O si por el
contrario, no hay lugar a declarar la ilegalidad del acto señalado toda vez que la entidad demandada no le
adeuda ninguna acreencia al señor Vélez Sáenz, ya que nunca se presentó un vínculo laboral, pues lo único
que existió fue una prestación de servicios de forma interrumpida, al cual se le cancelaron (sic) los honorarios
pactados en el contrato tal como lo señala la accionada.
[…]
La entidad demandada hace referencia a una incongruencia en las pretensiones de la demanda entre el
numeral 1 y 2 respecto de la fecha en que se solicita la relación laboral, frente a lo cual el despacho interpreta
que se trata del 1 de agosto de 2008 hasta el 30 de junio de 2014».
1
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Demandante: Pío Eugenio Vélez Sáenz (q.e.p.d.)
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) declarar que durante el
período mencionado se configuró una verdadera relación de trabajo entre él y la
demandada; ii) pagar a su favor las indemnizaciones2, sueldos, prestaciones
sociales3 y diferencias salariales correspondientes; iii) compensar a su favor los
aportes a seguridad social que efectuó y que debía asumir la entidad accionada;
iv) indexar los valores que se reconozcan; v) ordenar su vinculación como
empleado de planta; y vi) condenar en costas a la parte demandada.
4. Como concepto de violación argumentó que los actos acusados
vulneraron las normas en que debían fundarse, teniendo en cuenta que se
desempeñó como médico general en el Área de Consulta Externa de la entidad
accionada, vinculado a través de empresas intermediarias, labor por la cual
recibió una remuneración y en cuyo desarrollo se presentó una continuada
subordinación debido al cumplimiento de órdenes y horarios, la presentación de
informes, el uso de uniformes y la ejecución de las funciones en las instalaciones
de aquella.
5. Expuso que le hicieron firmar unos acuerdos con cooperativas de trabajo
asociado, a pesar de que no tenía ánimo asociativo.
Contestación de la demanda
6. La entidad accionada se opuso a las pretensiones argumentando que no
existió una relación laboral directa entre ella y el actor, pues los servicios se
contrataron de manera tercerizada, sin que se hubieran configurado los
elementos de un contrato de trabajo.
7. Indicó que el demandante se unió de manera libre y voluntaria a las
empresas intermediarias a través de las cuales prestó sus servicios como
médico, las que realizaron todos los pagos que correspondían.
8. Adujo que los empleados cooperados del cuerpo médico cumplen sus
tareas de forma autónoma, ya que ellos mismos programan sus turnos con sus
cooperativas; además, la observancia de un horario no es prueba de la relación
laboral.
9. Señaló que no es procedente la indemnización moratoria ni puede
hablarse de despido sin justa causa, toda vez que no ha habido mora y la
terminación del vínculo contractual ocurrió por decisión de las empresas
intermediarias.
10. Puso de presente que el demandante laboraba de manera concomitante
para la empresa Emergencia Médica Integral (antes SER), en diferentes turnos y
horarios, para lo cual no tenía que solicitar permiso a las empresas contratistas
ni a la entidad accionada.
2
Indemnización por no haber pagado oportunamente los salarios y las prestaciones sociales; indemnización
por la falta de pago o consignación de las cesantías; e indemnización por despido injustificado.
3
Cesantías, prima de servicio, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad y demás prestaciones
que se le reconozcan a un empleado de planta de la entidad accionada.
2
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11. Explicó que los servicios del actor no tuvieron vocación de permanencia,
sino que fueron temporales; y que se configuró la prescripción extintiva (trienal)
de los derechos laborales reclamados.
12. En ese contexto, planteó las excepciones de proposición jurídica
incompleta, prescripción, caducidad y pleito pendiente.
Decisión de las excepciones previas y mixtas
13. En la audiencia inicial celebrada el 29 de marzo de 2016, el Tribunal
declaró probada de oficio la excepción de ineptitud de la demanda y dio por
terminado el proceso de manera parcial, en cuanto a la pretensión de nulidad del
Oficio 1549 del 29 de julio de 2014, ya que no se agotó el requisito de
procedibilidad de conciliación prejudicial respecto de ese acto administrativo.
14. Por otro lado, el a quo declaró no probada la excepción de caducidad de
la acción; difirió para la sentencia la decisión sobre la prescripción extintiva; y
requirió una información antes de resolver la excepción de pleito pendiente.
15. El 21 de febrero de 2018 el Tribunal reanudó la audiencia inicial y declaró
probada parcialmente la excepción de pleito pendiente, por lo que excluyó de la
fijación del litigio el período comprendido entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre
de 2009, ya que este estaba siendo analizado por la jurisdicción ordinaria laboral
en otro proceso judicial; sin embargo, dicha decisión fue revocada por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante auto del
14 de noviembre de 2019, ya que no había identidad de partes, hechos y
pretensiones, de tal manera que no era viable que el a quo excluyera del litigio la
referida pretensión, aunque debía tener cuidado con ordenar pagos dobles4.
Sentencia apelada
16. Mediante sentencia del 13 de agosto de 2021, el Tribunal negó las
pretensiones porque el demandante no cumplió con la carga de probar la
existencia de la relación laboral.
17. Precisó que los trabajadores vinculados a empresas de servicios
temporales o cooperativas de trabajo asociado solo pueden desarrollar
actividades transitorias u ocasionales para entidades estatales. Así pues, para
«desvirtuar» las vinculaciones a través de tales cooperativas se deben demostrar
los elementos propios de una relación de trabajo.
18. Indicó que no obra prueba sobre el objeto contractual ni las funciones para
las cuales el actor fue contratado por COOMULTISERPRO CTA, ni de la relación
contractual de esta última con la entidad accionada.
4
En el auto del 14 de noviembre de 2019, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
advirtió que el juez de lo contencioso administrativo debía ser cuidadoso en evitar un doble pago por igual
concepto, toda vez que en la jurisdicción ordinaria laboral los jueces están facultados para emitir fallos ultra
y extra petita.
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19. Respecto de Temporales de Occidente SAS y UT Salud y Bienestar,
señaló que se aportaron los contratos de trabajo que suscribieron con el
accionante, pero no se acreditó el vínculo contractual que habrían tenido aquellas
con la demandada.
20. En relación con SERSALUD UT, la jurisdicción ordinaria laboral declaró
que entre dicha empresa y el actor existió un contrato de trabajo a término
indefinido desde el 1.° de enero hasta el 31 de diciembre de 2009, y ordenó el
pago de las cesantías, los intereses a las cesantías, la prima de servicio, la
compensación de vacaciones, la indemnización por despido injusto y la
indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo, condena que comprendió de manera solidaria a la ESE Hospital Santa
Mónica de Dosquebradas. En consecuencia, este período no se tendrá en
cuenta, en aras de evitar un pago doble por igual concepto.
21. En cuanto a SERVITEMPORALES SA, se aportaron los contratos que esta
suscribió con la entidad accionada y la comunicación a través de la cual dicha
empresa le informó al actor que su contrato de trabajo no sería renovado; no
obstante, no se acreditó cuál era el objeto contractual ni las actividades para las
que fue contratado el accionante ni de los documentos allegados se pueden
identificar los extremos temporales del vínculo.
22. Adicionalmente, expuso que no existe prueba de la remuneración que
habría recibido el actor durante el tiempo en que habría prestado sus servicios
para la entidad accionada.
23. Frente a la subordinación, se refirió al testimonio que rindió el señor Víctor
Fabián Morales Rojas y concluyó que su relato fue general y con él no se pueden
identificar los extremos temporales de la relación con cada cooperativa ni las
órdenes específicas que eran impartidas; y que la información brindada no
genera certeza acerca de si el horario que cumplía el actor era facultativo o
impuesto por la entidad accionada.
24. Insistió en que no está probado que el accionante recibiera órdenes de
algún funcionario de la demandada, memorandos, llamados de atención o
misivas, ni que cumpliera un horario dispuesto por esta última.
25. Destacó que la mera ejecución de una actividad misional constituye un
indicio de la continuada subordinación que debe ser valorado con otras
circunstancias relevantes.
26. Explicó que el demandante tampoco demostró que cumplía sus funciones
en las mismas condiciones de tiempo, modo y lugar que los empleados de planta
de la entidad accionada, con iguales horarios y bajo órdenes de un superior
jerárquico.
27. Por último, el Tribunal decidió no imponer condena en costas porque no
están justificadas las erogaciones por este concepto ni se observa alguna
conducta que amerite tal condena.
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Recurso de apelación
28. Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación
aduciendo que con la prueba testimonial acreditó que laboró como médico en la
entidad accionada desde el 1.° de agosto de 2008 hasta el 30 de junio de 2014;
que el gerente de esta última le hacía la entrevista de trabajo y lo remitía a la
cooperativa de turno para su vinculación; que recibía órdenes de la jefe de
enfermería o del médico coordinador; que no gozaba de autonomía frente al
cuadro de turnos que tenía que cumplir, pues cualquier permiso o modificación
debía tramitarse por medio de la demandada, la cual le proveía los materiales y
el lugar de trabajo.
29. Puso de presente que los extremos temporales del vínculo laboral también
están demostrados con las certificaciones y contratos que obran en el
expediente; y que en la contestación de la demanda se aceptó que trabajó en la
entidad accionada como médico general en el Área de Consulta Externa.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
30. Por auto del 28 de abril de 2022 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
31. La entidad demandada se pronunció de manera extemporánea sobre el
recurso de apelación, de suerte que no se tendrán en cuenta los argumentos
expuestos en dicha actuación5.
32. El ministerio público no rindió concepto en esta fase procesal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
33. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.
Cuestión previa: la sucesión procesal
34. El 15 de septiembre de 2023, la abogada Lina Patricia Barón Ramírez,
quien venía representando los intereses del demandante, allegó nuevos poderes
que las señoras Nidia Castillo Vargas y Valeria Vélez Castillo le confirieron a ella
y al abogado Luis Carlos Castro Torres para que las representaran en este
proceso, en sus condiciones de cónyuge supérstite e hija del actor,
respectivamente6.
5
El auto del 28 de abril de 2022 fue notificado mediante anotación en estado del 13 de mayo de 2022. Por
consiguiente, la demandada podía pronunciarse sobre el recurso de apelación dentro del término de
ejecutoria de dicha providencia, el cual venció el 18 de mayo de 2022; sin embargo, la entidad accionada
radicó el memorial con «alegatos de conclusión» el 23 de mayo de 2022, por correo electrónico, es decir,
de manera extemporánea.
6
Índice 18 de SAMAI.
5
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35. Luego, el 15 de enero de 2024, la abogada mencionada aportó copia del
registro civil de defunción con indicativo serial 10739782, el cual da cuenta de
que el accionante falleció el 17 de noviembre de 20227.
36. Al respecto, se observa que las señoras Nidia Castillo Vargas y Valeria
Vélez Castillo no acreditaron su condición de cónyuge supérstite e hija del
demandante, pues solo allegaron los nuevos poderes y el registro civil de
defunción del actor, de tal manera que no se les puede reconocer como
sucesoras procesales de la parte demandante.
37. Con todo, la Sala estima pertinente explicar que la sucesión procesal es
una figura que opera de pleno derecho o por ministerio de la ley, lo que significa
que, una vez fallece un litigante que hubiere estado representado por apoderado
judicial, su calidad procesal se transmite automáticamente a las personas a las
que alude el artículo 68 del CGP, las cuales pueden intervenir o no, pero en uno
u otro evento los efectos de la sentencia las cobijarían.
38. Así, cuando el litigante fallecido estaba representado por apoderado, como
ocurrió en este caso, el juez puede continuar con el trámite sin que ello afecte la
relación jurídica sustancial ni los elementos estructurales del proceso.
39. Tampoco es obligatorio que el juez notifique a quienes tienen vocación de
sucederlo procesalmente, aunque puede adelantar actuaciones informativas en
aras de la transparencia y la publicidad. En cualquier caso, la omisión de dicha
comunicación no constituye causal de nulidad8.
Problema jurídico
40. La Sala debe definir si la parte demandante demostró la existencia de una
relación laboral encubierta con la entidad accionada o no, a fin de establecer si
se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia.
Análisis del problema jurídico
41. La Sala confirmará la decisión apelada porque las pruebas aportadas al
expediente no permiten acreditar la continuada subordinación en la prestación
del servicio ni existe claridad en torno a su carácter personal durante todo el
tiempo referido en la demanda.
42. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala considera necesario
exponer lo siguiente:
43. El demandante pretende que se declare la existencia de una relación
laboral entre él y la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas desde el 1.°
de agosto de 2008 hasta el 30 de junio de 2014, tiempo durante el cual se habría
desempeñado como médico general en el Área de Consulta Externa, vinculado
a través de empresas intermediarias con las que celebró contratos de trabajo.
7
Índice 20 de SAMAI.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto de
ponente del 8 de abril de 2025, expediente 41001-23-33-000-2019-00277-01 (1465-2022).
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Demandante: Pío Eugenio Vélez Sáenz (q.e.p.d.)
44. En primer lugar, resulta importante precisar que el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pereira, Sala Cuarta de Decisión Laboral, mediante sentencia
del 7 de septiembre de 2020, revocó el fallo que había proferido el Juzgado
Tercero Laboral de Pereira el 6 de febrero de 2018 y, en su lugar, declaró que
entre el accionante y las integrantes de la Unión Temporal de Servicios
Profesionales en Salud (SERSALUD) «existió un contrato de trabajo a término
indefinido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2009»9.
45. En consecuencia, el mencionado tribunal ordenó pagar a favor del
demandante las cesantías, los intereses a las cesantías, la prima de servicio, la
compensación de vacaciones, la indemnización por despido injusto y la
indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo. Asimismo, la referida autoridad judicial declaró que la ESE Hospital de
Santa Mónica de Dosquebradas era responsable solidaria del pago de dichas
acreencias. En dicha providencia se indicó lo siguiente:
En este punto del análisis resulta pertinente recordar que, la vigilancia, el control
y la supervisión que el contratante del convenio civil-comercial E.S.E Santa
Mónica de Dosquebradas eventualmente realizó sobre la ejecución de las
obligaciones derivadas del mismo, conforme lo señaló la testimonial, no es
equiparable a los conceptos de subordinación y dependencia propios de la
relación de trabajo, como desacertadamente lo dijo el A Quo, pues estos últimos
tienen una naturaleza distinta, y el hecho de la autonomía contractual que
permeó el contrato suscrito entre los demandados en modo alguno implica la
veda total de instrucciones o el ejercicio de control y supervisión del contratante
sobre el contratista, ni que la delegación de actividades que impliquen
representación del empleador conduzca a concluir que se está en presencia de
un contrato de trabajo. No puede dejarse de lado que en virtud de la
especialísima labor contratada (la prestación de servicios de salud), sí resultaba
posible que, en algunas ocasiones se haya configurado una especie de
subordinación técnica, es decir, que el trabajador de la Unión Temporal pueda
recibir del beneficiario de la obra o contratante instrumentos o instrucciones
fundamentales para el desarrollo de su labor, a fin de cumplir con estándares
obligatorios que están enmarcados en las diferentes política sanitarias y de
calidad, que deben cumplirse en el marco de la prestación de los servicios de
salud, más se insiste, de lo emanado de la prueba testimonial recaudada no
refulge que esas eventuales instrucciones o coordinación emanadas de
personal al servicio de la E.S.E dieran pie a la configuración de facto de una
relación laboral entre el personal de servicios de la Unión Temporal y la entidad
pública […].
[…]
Pues bien, atendiendo tanto los objeto sociales, como la labor desplegada por
el trabajador, las cuales consistían en la atención de pacientes en el área de
consulta externa de la E.S.E demandada, en su calidad de médico, se colige de
manera fehaciente que existe la aludida afinidad y conexidad, en consideración
a que, las labores desarrolladas por el demandante como trabajador de la U.T
9
En dicha providencia se indicó lo siguiente:
«De la misma se extrae además que el actor entregó su fuerza de trabajo a la Unión Temporal demandada,
quien lo contrató para la prestación de sus servicios como profesional de salud en las instalaciones de la
Empresa Social del Estado Santa Mónica, con ocasión a los convenios que ambas entidades suscribieron,
pues así lo pusieron de presente los declarantes escuchados en el curso del proceso, quienes al unísono
manifestaron no solo que la Unión Temporal contrató al actor bajo la modalidad de un contrato a término
indefinido, sino además que era esa entidad la que realizaba los pagos del salario y de los aportes a la
seguridad social, le entregaba la dotación y, además controlaba lo atinente a las solicitudes de permisos o
cambios de turno a través del personal de coordinación de área, contratado de manera directa por dicha
entidad, por lo que en virtud del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, ha de presumirse en su favor
la existencia de un contrato de trabajo».
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Sersalud, no son extrañas y ajenas a la labor y actividad normal de la ESE
Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, pues basta reparar el aludido contrato
de compraventa de servicios de salud que ligó a ambas entidades relacionado
con el apoyo de procesos hospitalarios integrados en las distintas áreas, para
concluir que los servicios de salud cubren una necesidad importantísima y
esencial para el adecuado servicio que presta la Empresa Social del Estado, de
modo que, esta es responsable solidaria de los haberes laborales a cargo de la
Unión Temporal Sersalud en pro del trabajador, por lo que así se declarará.
46. Así las cosas, lo concerniente al período comprendido entre el 1.° de enero
y el 31 de diciembre de 2009 ya fue objeto de análisis por parte de la jurisdicción
ordinaria laboral, la cual concluyó que el actor fue empleado de la Unión Temporal
SERSALUD, mas no de la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, de tal
manera que frente a ese lapso no se realizará estudio alguno en esta
oportunidad, pues ya existe una decisión judicial que debe acatarse.
47. En segundo lugar, la Sala se ocupará del período que va del 1.° de agosto
al 31 de diciembre de 2008, y desde el 1.° de enero de 2010 hasta el 30 de junio
de 2014.
48. Sobre el particular, el demandante afirma que la entidad accionada celebró
varios contratos de prestación de servicios con empresas de servicios temporales
y cooperativas de trabajo asociado, y que estas últimas lo habrían enviado a
trabajar como médico general en aquella.
49. De acuerdo con los artículos 70 de la Ley 79 de 1988 y 3 del Decreto 4588
de 2006, las cooperativas de trabajo asociado son organizaciones sin ánimo de
lucro destinadas a producir bienes, ejecutar obras o prestar servicios para
satisfacer las necesidades de la comunidad en general y de sus asociados,
quienes tienen la doble condición de gestores y aportantes de la capacidad de
trabajo. Adicionalmente, los artículos 7 de la Ley 1233 de 2008 y 17 del Decreto
4588 de 2006 establecen que las cooperativas no pueden funcionar como
empresas de intermediación laboral ni disponer del trabajo de sus asociados para
proveer mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en
misión, so pena de incurrir en causal de disolución y asumir la responsabilidad
por las obligaciones que se generen a favor del trabajador asociado, de manera
solidaria con el tercero beneficiario del servicio.
50. A su turno, los artículos 71 de la Ley 50 de 1990 y 2 del Decreto 4369 de
2006 establecen que las empresas de servicios temporales pueden celebrar
contratos para proveer personal a terceros beneficiarios, con el fin de colaborar
temporalmente en el desarrollo de las actividades de estos, en los casos que
prevé el artículo 77 de la citada ley10 y que están orientados por el carácter
ocasional o accidental de las actividades.
10
«Artículo 77. Los usuarios de las empresas de servicios temporales sólo podrán contratar con éstas en
los siguientes casos:
1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6o del
Código Sustantivo del Trabajo.
2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por
enfermedad o maternidad.
3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los
períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis (6) meses
prorrogable hasta por seis (6) meses más».
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51. En ese contexto, esta corporación ha concluido que cuando un trabajador
en misión realiza labores permanentes en beneficio de una empresa usuaria en
contravía de la habilitación legal explicada, esta última se hace responsable de
los derechos laborales y prestacionales conculcados si se acredita la existencia
de una relación de trabajo11.
52. Bajo ese panorama, del período bajo estudio (1.° de agosto al 31 de
diciembre de 2008 y 1.° de enero de 2010 al 30 de junio de 2014) solo se
encuentran en el expediente los siguientes contratos de prestación de servicios
suscritos entre la entidad accionada y algunas empresas privadas:
Contrato u orden de
Contratista Duración Objeto
servicios
Cooperativa de Trabajo
Desarrollar los procesos,
Asociado Multifuncional
subprocesos y
012 del 5 de enero de de Servicios 27 días contados a
procedimientos médico-
2012 y otrosí12 Profesionales partir del 5/1/2012
asistenciales en las
(COOMULTISERPRO
diferentes áreas de la ESE
CTA)
Cooperativa de Trabajo
Desarrollar procesos,
Asociado Multifuncional
subprocesos y
015 del 31 de enero de Servicios 2 meses contados a
procedimientos médico-
de 201213 Profesionales partir del 1/2/2012
asistenciales en las
(COOMULTISERPRO
diferentes áreas de la ESE
CTA)
Suministrar y administrar el
Servicios Temporales
personal profesional en el
05 del 17 de enero de Empacamos S.A. 17/1/2013 al
área médico-asistencial,
2013 y prórrogas14 (SERVITERMPORALES 30/10/2013
para cumplir con los
S.A.)
contratos que tiene la ESE
Cooperativa de Trabajo
Garantizar el personal
Asociado Multifuncional
administrativo para el
09 del 22 de enero de de Servicios 7 meses contados
desarrollo de los procesos
201315 Profesionales desde el 23/1/2013
administrativos en las
(COOMULTISERPRO
diferentes áreas de la ESE
CTA)
Cooperativa de Trabajo
Asociado Multifuncional
01 del 2 de enero de de Servicios
Hasta el 12/1/2014 Ilegible
201416 Profesionales
(COOMULTISERPRO
CTA)
53. Obsérvese que el objeto del contrato 09 del 22 de enero de 2013 consistió
en la provisión de personal administrativo para atender procesos de igual
naturaleza, mas no para desarrollar actividades médico-asistenciales como las
que dice haber ejecutado el actor. Además, no fue posible conocer el objeto del
contrato 01 del 2 de enero de 2014, ya que la copia aportada al proceso es
ilegible.
54. Por consiguiente, la Sala encuentra que el actor solo logró acreditar la
existencia de los contratos de prestación de servicios 012 del 5 de enero de 2012,
015 del 31 de enero de 2012 y 05 del 17 de enero de 2013, suscritos con
COOMULTISERPRO CTA y SERVITEMPORALES S.A., cuya ejecución
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 3 de marzo de 2022, expediente 66001-23-33-000-2016-00014-01 (3798-2018).
12
Índice 46 de SAMAI del tribunal.
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Índice 46 de SAMAI del tribunal.
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Índice 46 de SAMAI del tribunal
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comprendió los lapsos que van del 5 al 31 de enero de 2012; 1.° de febrero al 31
de marzo de 2012; y 17 de enero al 30 de octubre de 2013.
55. Lo anterior significa que el actor no cumplió con la carga de demostrar el
vínculo que pudo haber existido entre la entidad accionada y las empresas
intermediarias que lo habrían enviado a laborar como médico general en las
instalaciones de aquella durante todo el tiempo analizado, a pesar de que era su
carga en tanto debía probar la prestación personal del servicio a favor de la ESE
demandada.
56. En línea con lo anterior, se encuentran en el expediente los siguientes
contratos de trabajo que celebró el accionante con algunas empresas de
servicios temporales:
Empleadora Tipo de Duración Lugar de Objeto
contrato trabajo
Contrato ESE Hospital
individual de Santa Mónica Médico general de
SERSALUD U.T. Desde el 1/1/2009
trabajo a término de consulta externa
indefinido Dosquebradas
Contrato ESE Hospital
UT SALUD Y individual de Santa Mónica
Desde el 1/1/2010 «Médico CE»
BIENESTAR trabajo a término de
indefinido Dosquebradas
Contrato de
Temporales de trabajo por «Pereira –
Desde el 20/5/2012 Médico
Occidente SAS ejecución de Dosquebradas»
obra-labor
57. Sobre los anteriores contratos vale la pena resaltar que el celebrado con
SERSALUD U.T., fue objeto de estudio por la jurisdicción ordinaria laboral, como
se expuso previamente, de suerte que no se emitirá ningún pronunciamiento en
torno a la vinculación que surgió de él.
58. Adicionalmente, de los documentos allegados al proceso no es posible
determinar en qué fechas terminó la ejecución de los contratos de trabajo que
celebró el demandante con UT Salud y Bienestar y Temporales de Occidente
SAS; y tampoco se conoce si el contrato suscrito con esta última se ejecutó a
favor de la entidad accionada, pues solo se indicó que el lugar de trabajo era
«Pereira – Dosquebradas».
59. También obra en el expediente una certificación expedida por
COOMULTISERPRO CTA el 2 de septiembre de 2008, en la cual se indicó que
el actor era asociado de dicha cooperativa y prestaba sus servicios en la entidad
accionada «realizando procesos y subprocesos de médico»; y que estaba
vinculado por medio de «acto cooperativo» desde el 1.° de agosto de 200817.
60. Sin embargo, esta certificación resulta ambigua en tanto no se logra
comprender si el actor estaba trabajando en las instalaciones de la demandada
17
En la certificación aludida se indicó lo siguiente: «Que el Doctor PÍO EUGENIO VÉLEZ SÁENZ […] es
asociado activo de la Cooperativa Multifuncional de Servicios Profesionales “COOMULTISERPRO CTA”,
Presta servicios en la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas realizando procesos y subprocesos
de Médico; está vinculado por medio de acto cooperativo desde el 1 de [a]gosto del año [d]os [m]il [o]cho
(2008 […]».
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desde el 1.° de agosto de 2008 hasta entonces (2 de septiembre de 2008) o si lo
que realmente se quería señalar era que estaba vinculado a
COOMULTISERPRO CTA desde el 1.° de agosto de 2008, mediante acuerdo
cooperativo, caso último en el que no se sabe desde qué momento habría
empezado a desempeñarse como médico en la entidad accionada.
61. En línea con lo anterior, el testigo Víctor Fabián Morales Rojas relató que
laboró en la entidad accionada desde el 1.° de febrero de 2009 hasta diciembre
de 2013; y refirió que el actor trabajaba allí desde el 2008 porque en una ocasión
este último le comentó que llevaba un (1) año de servicio.
62. Así pues, al testigo no le constaba que el demandante hubiera prestado
sus servicios en la entidad accionada entre el 1.° de agosto y el 31 de diciembre
de 2008 y desde el 1.° de enero hasta el 30 de junio de 2014, pues para esos
momentos no estaba laborando en dicha entidad, de tal manera que no podía dar
cuenta de algo que no observó.
63. En esas condiciones, la Sala concluye que la parte demandante no
acreditó la prestación personal del servicio entre el 1.° de agosto y el 31 de
diciembre de 2008, ni del 1.° de enero al 30 de junio de 2014, pues de este
período no da cuenta la prueba documental ni la testimonial.
64. Respecto del período que va del 1.° de enero de 2010 al 31 de diciembre
de 2013, en principio podría considerarse demostrada la prestación personal del
servicio con base en los contratos que celebró el accionante con UT Salud y
Bienestar y Temporales de Occidente SAS, en complemento con el testimonio
del señor Víctor Fabián Morales Rojas, quien señaló que el actor estuvo vinculado
a la ESE demandada a través de empresas intermediarias y que compartieron
constantemente en las instalaciones de la entidad accionada, entre el 1.° de
febrero de 2009 y diciembre de 2013.
65. Ahora bien, no se puede pasar por alto que el testigo citado mencionó que
las vinculaciones con las empresas intermediarias (se hizo referencia general,
mas no a la situación particular del actor) no permanecieron por más de un (1)
año, pues solían durar veinte (20) días, un (1) mes o dos (2) meses. Ello genera
dudas importantes acerca de si el servicio que pudo haber prestado el
demandante para la entidad accionada entre el 1.° de enero de 2010 y el 31 de
diciembre de 2013 fue continuo o si existieron interrupciones.
66. Todo lo anterior refleja la gran incertidumbre que existe en torno a la
prestación del servicio durante todo el tiempo relacionado en la demanda, lo que
significa en últimas que el actor no cumplió con la carga probatoria de que trata
el artículo 167 del CGP, norma que establece que cada parte debe demostrar los
hechos que alega.
67. En gracia de discusión, si se aceptara que se probó la prestación personal
del servicio entre el 1.° de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013, de manera
continua, en todo caso no podrían prosperar las pretensiones de la demanda
porque tampoco se acreditó la continuada subordinación durante el desarrollo de
las labores, tal como se expone a continuación:
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68. El testigo Víctor Fabián Morales Rojas indicó que el demandante se
desempeñó como médico general en el Área de Consulta Externa; cumplía un
horario de trabajo, el cual no podía modificar autónomamente; tenía como jefe a
la coordinadora médica de turno; cumplía sus deberes en las instalaciones de la
entidad accionada, la cual le proveía el consultorio y elementos como bata,
tensiómetro y fonendoscopio; y asistía a reuniones a las que acudía el personal
médico en general.
69. Sobre el particular, vale la pena recordar que la continuada subordinación
denota el «poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir
la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e
instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como
este debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias
[…] se destaca dentro del elemento de subordinación, no solamente el poder de
dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder
disciplinario que el empleador ejerce sobre este […]»18.
70. Sin embargo, ninguna de las pruebas que obran en el expediente
(documentales y testimonial) da cuenta de que la entidad accionada le realizaba
llamados de atención al actor, le emitía órdenes tendientes a determinar el modo
en que tenía que cumplir sus tareas, le establecía el cuadro de turnos que al
parecer seguía o le imponía reglamentos y regímenes disciplinarios o correctivos.
Por el contrario, ante la pregunta de si había observado que la ESE demandada
le hubiere llamado la atención al accionante, el testigo ya citado señaló que nunca
observó ninguna queja o exaltación por parte de la entidad.
71. Adicionalmente, resulta imperioso resaltar que, en todo caso, la
observancia de horarios, la supervisión de la ejecución de las labores por parte
de coordinadores médicos y la asistencia a reuniones solo pueden entenderse
como manifestación del principio de coordinación19, mas no de subordinación,
pues se trataba de un entendimiento entre ambas partes para organizar el
desarrollo de las tareas.
72. En igual sentido, la realización de las actividades en las instalaciones de
la entidad y con algunos elementos que esta proveía tampoco demuestran una
continuada subordinación, sino la necesidad de garantizar la prestación del
servicio en condiciones óptimas. Piénsese en la inconveniencia de que el servicio
público de salud sea prestado por médicos que cumplan sus tareas en cualquier
lugar y con implementos que no satisfagan las exigencias sanitarias, de
seguridad y confiabilidad, sin supervisión alguna20.
73. Así pues, el esfuerzo probatorio relevante de cara a demostrar la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios y la consecuente
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 9 de septiembre de 2021, expediente 20001 23 39 000 2016 00062 01 (2794-2019).
20
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 7 de abril de 2025, expediente 76001-23-33-000-2012-00157-01 (2718-2021); y sentencia
del 24 de julio de 2025, expediente 73001-23-33-000-2020-00053-01 (4975-2023).
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existencia de una relación laboral tiene que apuntar a exponer hechos que
reflejen una continuada subordinación en la ejecución de las tareas; sin embargo,
como la parte demandante no acreditó la ocurrencia de tales supuestos, se
confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones, sin que
resulte necesario hacer pronunciamientos adicionales en torno al elemento de la
remuneración, ya que lo expuesto en suficiente para tomar tal decisión.
La condena en costas de segunda instancia
74. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
75. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
76. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
77. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 13 de agosto de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, que negó las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante,
a favor de la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas. Para tal efecto, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
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Demandante: Pío Eugenio Vélez Sáenz (q.e.p.d.)
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Risaralda.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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