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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07112-00

Fecha
19 de enero de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07112-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. 21 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009. 22 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018. 11 Radicación: 11001-03-15-000-2025-07112-00 Accionante: Oney Alberto Guevara Perdomo Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07112-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

19 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07112-00
Accionante: Oney Alberto Guevara Perdomo
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional. Sentido del fallo de
tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Oney Alberto Guevara Perdomo,
a través de apoderado, en contra del Tribunal Administrativo del Cauca y del
Juzgado Décimo Administrativo Mixto Oral de Popayán.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 11 de noviembre de 20252 la parte actora interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
mínimo vital y al trabajo, que considera vulnerados por el Juzgado Décimo
Administrativo Mixto Oral de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca, debido
a que, mediante providencia del 15 de octubre de 2025, el primero declaró
improcedente la acción de cumplimiento interpuesta contra el municipio de Caloto,
Cauca, decisión que fue confirmada por el segundo mediante sentencia del 31 de
octubre de 2025, en el marco del expediente radicado n.° 19001-33-33-010-2025-
00242-00/01.

2. Hechos

2.1. El actor manifiesta que es agente de tránsito, vinculado en carrera
administrativa al municipio de Caloto, Cauca. En el ejercicio de su cargo, causó

1
Índice 2 de SAMAI, certificado E0BD54B080C8BD20 DB40FAA211E04A5D D17CC2A9DBE42E52 C1804C3A6BD5C079.
2
Índice 3 de SAMAI, certificado D0BB651028F1862A 6D4B9A5886E3B351 9167D94567D2367D 0B3EB069F9605961.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07112-00
Accionante: Oney Alberto Guevara Perdomo
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

horas extras, razón por la cual el referido municipio expidió la Resolución 1060 de
2023, en la que ordenó el pago de $12.312.264 por dicho concepto.

2.2. Interpuso acción de cumplimiento3 contra el municipio de Caloto, Cauca, en
orden a que se declarara que dicho ente territorial ha incumplido la Resolución 1060
del 24 de noviembre de 2023. En consecuencia, solicitó, entre otras cosas, ordenar
el cumplimiento inmediato de dicho acto administrativo a través del pago de la suma
de $12.312.264.

2.3. Luego, en octubre 15 de 20254, el Juzgado Décimo Administrativo Mixto Oral
de Popayán, en providencia de primera instancia, declaró improcedente la acción
de cumplimiento.

2.4. De su lado, el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 001, el 31
de octubre de 20255, desató la impugnación contra la sentencia del 15 de octubre
de 2025, en el sentido de confirmar su contenido.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo que:

3.1. Las autoridades judiciales accionadas desconocieron que el municipio de
Caloto, Cauca ha sido renuente al cumplimiento de la Resolución 1060 del 24 de
noviembre de 2023, mediante la cual se ordenó a su favor el pago de $12.312.264
por concepto de horas extras laboradas como agente de tránsito, a pesar de que el
trabajo suplementario es un acto reglado en el Decreto 1043 del 1978 y es una
obligación de la administración en las relaciones con sus servidores públicos.

3.2. Las accionadas fundamentaron su decisión en que la acción de cumplimiento
era improcedente por tratarse de un acto administrativo de carácter particular y en
que no se probó la afectación al mínimo vital, lo cual impedía aplicar la procedencia
por riesgo o perjuicio inminente. Sin embargo, en su concepto, “la obligación de la

3
Archivo denominado “001 Acción de cumplimiento”, carpeta “01 Primera instancia”, visible a índice 9 de SAMAI, certificado
0C8F5293F7831779 58C663E9C52A91E9 CCED1CAB5D80753C BCDBA0AE96E92DAC.
4
Archivo denominado “007 Sentencia”, carpeta “01 Primera instancia”, visible a índice 9 de SAMAI, certificado
0C8F5293F7831779 58C663E9C52A91E9 CCED1CAB5D80753C BCDBA0AE96E92DAC.
5
Archivo denominado “003 Sentencia 209 Segunda Inst […]”, carpeta “02 Segunda instancia”, visible a índice 9 de SAMAI,
certificado 0C8F5293F7831779 58C663E9C52A91E9 CCED1CAB5D80753C BCDBA0AE96E92DAC.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07112-00
Accionante: Oney Alberto Guevara Perdomo
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

administración, respecto al pago efectivo de los trabajos suplementarios como
integrantes del salario, NO es una obligación particular y patrimonial sino, un deber
reglamentado del régimen laboral administrativo, del régimen público y función
pública, que en armonía del artículo 25 constitucional, representa un interés social”.

3.3. La jurisprudencia del Consejo de Estado, en particular, la sentencia de 18 de
junio de 2020, dentro del radicado 81001-23-39-000-2020-00067-01(AC), reconoce
la existencia de una presunción legal sobre la dependencia económica del
trabajador respecto de su salario.

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:

“PRIMERO: ORDENAR a las accionadas a REVOCAR y que vuelvan a RESOLVER la
acción de cumplimiento.

SEGUNDO: si bien se considera pertinente amparar directamente los derechos
fundamentales de mi representado, ORDENAR a la ALCALDÍA DE CALOTO-CAUCA,
dar CUMPLIMIENTO INMEDIATO e INTEGRAL a la Resolución 1060 de 2023
(Noviembre 24), efectuándose para ello, el pago en favor del señor ONEY ALBERTO
GUEVARA PERDOMO identificado con cédula de ciudadanía 1.081.182.078 de
Villavieja Huila, por el valor de $12.312.264.oo

TERCERO: Emitir las Ordenes que ultra y extra petitamente considere el Juez de Tutela,
para cesar la afectación a mi representado.”6 (Resaltado original del texto).

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1. Mediante auto del 13 de noviembre de 20257 el despacho ponente admitió la
acción de tutela y vinculó al municipio de Caloto, Cauca. También dispuso la
notificación a las partes y al vinculado.

5.2. El Tribunal Administrativo del Cauca8 solicitó considerar los argumentos
expuestos en la providencia censurada mediante la cual se evidencia la realización
de un “análisis pormenorizado de las razones que sustentaron la decisión que se

6
Índice 2 de SAMAI, certificado E0BD54B080C8BD20 DB40FAA211E04A5D D17CC2A9DBE42E52 C1804C3A6BD5C079,
folio 7.
7
Índice 5 de SAMAI, certificado 1416445EFCB2E6B3 9AD24BCAB2115A8B C1FA9FC793FB69AA A90DB15374CC0D2B.
8
Índice 9 de SAMAI, certificado 0D2EE8AB28F75B68 FFFB1E8690CBB186 CF0E3B96900F0441 96C3C0771B57D408.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07112-00
Accionante: Oney Alberto Guevara Perdomo
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

cuestiona, sin que se evidencie vía de hecho alguna, en la medida que se ajustan a
las normas y jurisprudencia aplicables al caso”.

5.3. El municipio de Caloto, Cauca9 señaló que la acción de cumplimiento es
improcedente para ordenar gastos, de conformidad con el parágrafo del artículo 9
de la Ley 393 de 1997.

Posteriormente, allegó memorial10 a través del cual aportó certificación emitida por
la tesorera del municipio de Caloto en la que señala que “[…] durante los últimos
seis (22) meses calendario, correspondientes a los años 2024 y lo que va corrido
del año 2025, ha cumplido puntualmente con el pago por todos los conceptos de
nómina exigidos por ley, para con los siguientes funcionarios: Oney Alberto Guevera
Perdomo […]”.11

Así, afirmó que “[l]a mencionada prueba tiene por objeto demostrar la inexistencia
de una afectación al mínimo vital, en tanto la omisión relacionada con el
reconocimiento y pago de horas extras de vigencias anteriores (tiempo
suplementario) no compromete la satisfacción de las necesidades básicas del
servidor, dado que la administración ha cumplido con el pago oportuno de su
nómina. En ese sentido, la certificación se aporta como medio de convicción
conducente, pertinente y útil, cuyo propósito es sustentar que las pretensiones
elevadas mediante acción de cumplimiento no se ajustan al carácter subsidiario y
residual de dicho mecanismo, toda vez que no se evidencia la afectación alegada
ni la excepcionalidad requerida para activar esta vía procesal.”12

5.4. El Juzgado Décimo Administrativo Mixto Oral de Popayán13 hizo un recuento
de las actuaciones surtidas en esa instancia y afirmó que la decisión tomada dentro
del proceso es jurídicamente acertada porque preserva la naturaleza residual de la
acción de cumplimiento, evita su utilización como mecanismo sustitutivo de
procesos ejecutivos y garantiza la coherencia del sistema judicial. Insistió en que la
decisión se tomó conforme a la Constitución Política, a la Ley 393 de 1997 y a la
jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

9
Índice 12 de SAMAI, certificado 09A6D37863F117DE F9A6F2B62E12A409 143B25B5F3F02FE6 535AAAB8105A1C59.
10
Índices 15 y 17 de SAMAI, certificados 2B8E042B1DB41A13 9AA01926D3156B7D 834F8EFD4CC61012
CC4D377151990916 y 67623253B14949C3 F25B411D86328F3B BD5700F56C424A79 2C48E76C70FD003A,
respectivamente.
11
Índice 15 de SAMAI, certificado 2B8E042B1DB41A13 9AA01926D3156B7D 834F8EFD4CC61012 CC4D377151990916.
12
Índice 17 de SAMAI, certificados 67623253B14949C3 F25B411D86328F3B BD5700F56C424A79 2C48E76C70FD003A.
13
Índice 13 de SAMAI, certificado 9B750DE6186B863B 255040BA82C8503C 48AB1C958B5D1574 618C490BCB985B06.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07112-00
Accionante: Oney Alberto Guevara Perdomo
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por Oney
Alberto Guevara Perdomo en contra del Tribunal Administrativo del Cauca y del
Juzgado Décimo Administrativo Mixto Oral de Popayán, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13
del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Cuestión previa

A pesar de que el tutelante atacó las providencias de primera instancia del 15 de
octubre de 2025 y del 31 del mismo mes y año que la confirmó, la Sala analizará
únicamente la última en mención, puesto que se observa que fue la que concluyó la
acción de cumplimiento de radicado 19001-33-33-010-2025-00242-00/01.

3. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

4. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad14 y de procedencia15 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

14
De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
15
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07112-00
Accionante: Oney Alberto Guevara Perdomo
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

5. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

5.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”.16

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber17: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202218, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

5.2. Para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un medio dirigido a
revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo
fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.

5.3. En el caso concreto, el señor Guevara Perdomo cuestiona, en esencia, que el
Tribunal Administrativo del Cauca a. desconoció que el municipio de Caloto, Cauca,
ha sido renuente al cumplimiento de la Resolución 1060 del 24 de noviembre de
2023, mediante la cual se ordenó a su favor el pago de $12.312.264 por concepto

16
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
17
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
18
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07112-00
Accionante: Oney Alberto Guevara Perdomo
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

de horas extras laboradas como agente de tránsito; y b. fundamentó, erróneamente,
su decisión en que la acción de cumplimiento era improcedente por tratarse de un
acto administrativo de carácter particular y en que no se probó la afectación al
mínimo vital, lo cual impedía aplicar la procedencia por riesgo o perjuicio inminente.
Sin embargo, en su concepto, “la obligación de la administración, respecto al pago
efectivo de los trabajos suplementarios como integrantes del salario, NO es una
obligación particular y patrimonial sino, un deber reglamentado del régimen laboral
administrativo, del régimen público y función pública, que en armonía del artículo 25
constitucional, representa un interés social”.

5.4. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia de segunda
instancia del 31 de octubre de 2025, emitida por el Tribunal Administrativo del
Cauca, se observa el siguiente análisis textual:

“[…] 4.2. Según se vio, la parte actora formuló petición a la entidad con el fin de que se
ordenara a la entidad accionada el pago de la suma de $ 12.312.264, por concepto de
horas extras laboradas, reconocidas en su favor la Resolución nro. 1060 del 24 de
noviembre de 2023. […]

[…] 4.2.1. En primer lugar, se destaca que el reconocimiento y pago de las acreencias
laborales -horas extras-, se ordenó, según el mismo acto administrativo, con “cargo al
presupuesto de gastos de la presente vigencia”, que no era otra que la del año 2023.

Así, cuando existe una apropiación presupuestal, la acción de cumplimiento requiere que
la obligación sea actualmente exigible, pues, según la misma jurisprudencia, el concepto
de anualidad fiscal (1. ° de enero a 31 de diciembre) es determinante, ya que después
del cierre de la vigencia fiscal, la obligación con cargo a ese presupuesto específico
expira, y la acción de cumplimiento no puede utilizarse para "revivir oportunidades de
reclamo fenecidas" o para ordenar desembolsos sobre apropiaciones inexistentes o
comprometer vigencias futuras. Por ello, como aquí se pretende la ejecución de un gasto
presupuestado en la vigencia 2023 que no fue ejecutado, la acción de cumplimiento no
resultaría procedente en los términos jurisprudenciales arriba expuestos.

4.2.2. Con todo, en segundo lugar, tal y como lo señaló la primera instancia, como la
parte actora pretende, a través de la acción de cumplimiento, la ejecución de unas sumas
de dinero que fueron reconocidas en un acto administrativo de carácter particular, resulta
evidente que estas se pueden hacer efectivas por otro medio judicial: el proceso
ejecutivo.

En otros términos, la pretensión relativa a la ejecución de unas sumas de dinero
reconocidas en la Resolución nro. 1060 del 24 de noviembre de 2023, no puede
abordarse en el marco de una acción de cumplimiento, dado el carácter residual y
subsidiario de esta, porque dicho pago puede solicitarse a través de un proceso
ejecutivo.

[…] En conclusión, la jurisprudencia ha consolidado un criterio restrictivo frente al uso de
la acción de cumplimiento para reclamar obligaciones dinerarias, privilegiando los
mecanismos ordinarios como el proceso ejecutivo y protegiendo la autonomía del
sistema presupuestal diseñado por el constituyente. Esta posición busca evitar que la
acción de cumplimiento se convierta en un mecanismo alternativo para eludir las vías

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07112-00
Accionante: Oney Alberto Guevara Perdomo
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

procesales ordinarias establecidas para el cobro de acreencias y preserve así el
equilibrio entre las diferentes ramas del poder público en materia presupuestal.

[…] Tal y como lo determinó la primera instancia -con la salvedad de la jurisdicción
competente- el actor busca ejecutar el valor de unas acreencias laborales reconocidas
en un acto administrativo, lo que claramente implicaría eludir el proceso ejecutivo y
desconocer con ello lo dispuesto en el artículo 9. ° de la ley 393 de 1997, máxime cuando
no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.”19

5.5. Luego de lo relatado, se advierte que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por
la autoridad judicial accionada en la sentencia censurada.

Pues bien, el Tribunal Administrativo del Cauca encontró acreditado que el
reconocimiento y pago de las horas extras, de conformidad con la Resolución 1060
de 2023, se ordenó con “cargo al presupuesto de gastos de la presente vigencia”,
esto es, la del año 2023, y frente al asunto sostuvo que el Consejo de Estado ha
reiterado su posición frente a la improcedencia de la acción de cumplimiento
respecto de las normas que implican gastos. En consecuencia, concluyó que, como
en el presente caso se pretendía la ejecución de un gasto presupuestado en la
vigencia 2023 que no fue ejecutado, la acción de cumplimiento era improcedente.

Adicionalmente, explicó la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de
cumplimiento y, en ese sentido, determinó que el hoy accionante pretendía la
ejecución de una suma de dinero reconocida por un acto administrativo de contenido
particular, esto es, la Resolución 1060 del 24 de noviembre de 2023, razón por la
cual el medio idóneo era el proceso ejecutivo.

Así, fundamentó su decisión en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 y en
pronunciamientos del Consejo de Estado que le permitieron concluir que la
jurisprudencia ha consolidado un criterio restrictivo frente al uso de la acción de
cumplimiento para reclamar obligaciones dinerarias, pues se han privilegiado
mecanismos ordinarios como el proceso ejecutivo.

5.6. Finalmente, el accionante aduce que no se tuvo en cuenta el precedente
jurisprudencial contenido en la sentencia del 18 de junio de 2020, radicado 81001-
23-39-000-2020-00067-01(AC), proferida por la Sección Cuarta del Consejo de

19
Archivo denominado “003 Sentencia 209 Segunda Inst […]”, carpeta “02 Segunda instancia”, visible a índice 9 de SAMAI,
certificado 0C8F5293F7831779 58C663E9C52A91E9 CCED1CAB5D80753C BCDBA0AE96E92DAC.

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Accionante: Oney Alberto Guevara Perdomo
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Estado, en la cual se señala la presunción de la dependencia económica del
trabajador respecto de su salario.

Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la configuración del defecto
del desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de Estado exige que el
accionante vincule la falta de aplicación de una regla jurisprudencial con la violación
de una garantía fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia por
qué el precedente con identidad fáctica y jurídica era aplicable en su caso y de qué
forma la inobservancia de tales consideraciones o reglas jurisprudenciales afectó
sus garantías fundamentales.20

Esta Subsección observa que el señor Guevara Perdomo se limita a transcribir la
referida providencia sin indicar la similitud fáctica y jurídica que permita afirmar que,
en efecto, se incurrió en la causal específica invocada, para ligar de manera
inescindible los fundamentos de hecho con una situación que pudiera transgredir
los derechos fundamentales de los que es titular. Esta falta de sustento impide el
análisis del cargo y exime a la Sala de realizar un estudio de fondo, lo que permite
concluir que el defecto alegado carece de relevancia constitucional.

En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la acción de tutela, es preciso señalar que no basta
con manifestar inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de
censura o alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya
que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que
no trascienden al plano constitucional.

5.7. Así, para esta Subsección es claro que el accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como
se vio, los reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate que
tuvo lugar en la acción de cumplimiento con el fin de que prevalezca su
interpretación frente a la acogida por el Tribunal Administrativo del Cauca en el
proceso 19001-33-33-010-2025-00242-00/01. Cuestión distinta es que la parte
accionante no comparta el sentido de la decisión adoptada, aspecto que desborda

20
Compárese, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11
de octubre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-04599-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07112-00
Accionante: Oney Alberto Guevara Perdomo
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

el ámbito de competencia del juez constitucional, en tanto no le corresponde definir
la forma en que el juez natural debe decidir.

En razón a lo expuesto, los elementos señalados en precedencia le permiten a la
Sala inferir, con claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente
examinado por el juez competente.

Se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía
e independencia judicial ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en
razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada21, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario22.

6. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,
no se encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

21
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
22
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07112-00
Accionante: Oney Alberto Guevara Perdomo
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejera de Estado Consejero de Estado

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