Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07130-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07130-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07130-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07130-00
Demandante: Lesbia María Palacio Ortega
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y Juzgado Séptimo
Administrativo de Sincelejo
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Incompatibilidad entre pensiones de sobrevivientes con
igual causa / Defecto sustantivo
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud de tutela formulada por Lesbia María Palacio Ortega, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Lesbia María Palacio Ortega promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales del debido proceso e igualdad, los cuales
consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 21 de mayo de 2025
por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 70001-
33-33-007-2019-00152-00.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. Con ocasión del fallecimiento de su compañero permanente, Leonel José Monzón
Osorio: i) mediante la Resolución GNR 217985 del 21 de julio de 2015, la
Administradora Colombiana de Pensiones2 le reconoció «pensión de sobrevivientes del
régimen común, con efectos desde el 30 de octubre de 2014»; y Ia) la Administradora de
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_TUTELAPORVIADEHECHOL(.pdf) NroActua 2».
2 Colpensiones.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07130-00
Demandante: Lesbia María Palacio Ortega
Riesgos Laborales Suramericana SA3 le reconoció «pensión de sobrevivientes por
riesgo profesional a partir del 21 de septiembre de 2015, derivada de la naturaleza laboral
del siniestro».
2.2. Colpensiones presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4, en orden a que se declarara la
nulidad de la Resolución GNR 217985 del 21 de julio de 2015, con la que le fue
reconocida «pensión de sobrevivientes del régimen común».
2.3. El Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo, mediante sentencia del 25 de
enero de 2022 declaró la nulidad del acto con el cual Colpensiones le reconoció la
pensión de sobrevivientes, al considerar que las prestaciones de las que era
beneficiaria eran incompatibles, por cuanto «ambas obedecían al mismo evento». En
contra de esa decisión las partes presentaron recurso de apelación.
Tribunal Administrativo de Sucre, en sentencia del 21 de mayo de 2025
2.4. El
confirmó la decisión adoptada en primera instancia. Como consecuencia de lo cual
«cesó el pago de la pensión de sobrevivientes del régimen común a mi favor, manteniéndose
únicamente la prestación de origen laboral. Esta decisión redujo sustancialmente mi ingreso
mensual, afectando mi capacidad para cubrir necesidades básicas y situándome en riesgo
cierto frente a gastos de alimentación, vivienda y salud».
2.5. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en defecto sustantivo porque «aplicó la regla de “incompatibilidad” como una prohibición
absoluta, sin integrar la arquitectura del Sistema Integral de Seguridad Social ni la exigencia
de coordinación armónica entre sus subsistemas», sin analizar que las prestaciones de
las que era beneficiaria tenían diversidad de fuentes, causas y finalidades. Lo
anterior, por cuanto la finalidad del sistema general de riesgos laborales es reparar
el riesgo profesional con financiación autónoma de la Administradora de Riesgos
Laborales, entre tanto, el régimen común protege contingencias no laborales
«mediante un fondo común diferente».
2.6. En ese sentido, «la providencia es sustantivamente defectuosa porque confundió
coordinación con exclusión, trató como idénticas fuentes y finalidades que el sistema
distingue, y omitió la ponderación exigible antes de extinguir una prestación permanente».
2.7. Enviolación directa de la Constitución Política, toda vez que omitió aplicar
directamente «principios constitucionales operativos» que debían orientarla, como lo
son: proporcionalidad, favorabilidad, confianza legítima y no regresividad. Como
sustento de lo anterior, cuestionó que se vulnerara: i) la dimensión sustancial del
debido proceso, al resolver con «automatismo» y omitir el test de proporcionalidad y
ponderación entre fines normativos y derechos en juego; Ia) el derecho a la igualdad
al imponer un trato más gravoso frente a situaciones que, por la estructura del sistema
3 En adelante Suramericana S.A.
4 En adelante CPACA.
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Demandante: Lesbia María Palacio Ortega
integral «se resuelven mediante coordinación y modulación antes que con supresión total»;
y iii) el artículo 53 constitucional, esto es, la «favorabilidad laboral-pensional», por
cuanto se debió optar por la interpretación que mejor protegiera su derecho.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] Que se dejen sin efectos la sentencia del 25 de enero de 2022 (Juzgado Séptimo
Administrativo Oral de Sincelejo, Rad. 70-001-33-33-007-2019-00152-00) y la sentencia
del 21 de mayo de 2025 (Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Segunda, Rad.
700013333007-2019-00152-02), por configurarse vía de hecho por defecto sustantivo,
defecto en la ponderación y violación directa de la Constitución.
Que se ordene a la autoridad judicial competente proferir nuevo fallo dentro del proceso
de lesividad, aplicando un test de proporcionalidad con enfoque en protección reforzada
de prestaciones periódicas, observando la presunción de buena fe y la confianza legítima,
y armonizando el entendimiento de la incompatibilidad con el deber de coordinación entre
subsistemas de la seguridad social.
[…]
Que, en subsidio, y de estimarse plenamente acreditada la vulneración, se dejen sin
efectos las declaraciones de nulidad del acto GNR 217985 de 2015 y se mantenga o
reponga el pago de la pensión de sobrevivientes del régimen común, con la coordinación
debida frente a la prestación de origen laboral.
Que se declare que no procede la devolución de sumas percibidas al amparo del acto
administrativo anulado, por haber sido recibidas de buena fe y por su naturaleza
alimentaria. […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Tribunal Administrativo de Sucre5 pidió que se declarara improcedente la
solicitud de tutela, por cuanto no superó el requisito de relevancia constitucional,
comoquiera que la demandante acudió a esta con el fin de reabrir una discusión
jurídica agotada en el marco de un proceso ordinario que se adelantó ante el juez
natural. Lo anterior, toda vez que, los argumentos que sustentan las pretensiones se
limitaron a manifestar su desacuerdo con el análisis jurídico y probatorio realizado
por el tribunal de segunda instancia, puesto que este resultó lesivo a sus intereses.
5. Asimismo, en caso de que se encontrara que la solicitud de amparo superó el
requisito mencionado, pidió se negaran las pretensiones, en tanto, con la providencia
objeto de revisión no se vulneraron los derechos fundamentales de la demandante,
pues para su adopción se tuvieron en cuenta los elementos probatorios aportados
por las partes y con estricto apego a las normas y jurisprudencia aplicables, que le
permitieron tener certeza de que era la decisión que correspondía.
5 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado
«21RECIBEMEMORIAL_INFORME_TUTELA_2025_(.pdf) NroActua 12».
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Demandante: Lesbia María Palacio Ortega
6. El Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo6 solicitó que se declarara la
improcedencia del amparo, al considerar que no se acreditó el requisito de relevancia
constitucional y porque, a través de este, la demandante pretendió que en el
escenario de tutela se realizara nuevamente el análisis jurídico y fáctico que fue
abordado en el trámite del proceso ordinario por el juez natural. Adicionalmente, con
las sentencias que se pretenden revisar no se vulneraron derechos fundamentales,
toda vez que estas se profirieron de conformidad con el marco legal y con base en
un análisis riguroso de las pruebas y observancia del debido proceso.
7. Finalmente señaló que, como se expuso en las consideraciones de la providencia
en cuestión, al momento de su fallecimiento, el causante no contaba con las
exigencias legales para que la prestación fuera reconocida post mortem a sus
beneficiarios sobrevivientes, por lo que no era posible «predicar que ya era un derecho
adquirido». Asimismo, la resolutiva adoptada en el proceso ordinario, tuvo en cuenta
el parágrafo 2 del artículo 10 de la Ley 776 de 2002, que establece la prohibición de
percibir de manera simultánea pensiones «otorgadas por los regímenes común y
profesional originados en el mismo evento».
8. Colpensiones7 pretendió que se declarara improcedente la solicitud de tutela, al
encontrar que no cumplió con los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo
6 del Decreto 2591 de 1991, en tanto, «se observa que el despacho accionado procedió
conforme a la ley y la constitución así: (i) aplicó las normas relativas en la materia (ii) aplicó
los preceptos constitucionales sobre el particular (iii) aplicó la jurisprudencia existente en la
materia y (iv) las actuaciones del despacho no transgreden, violan o amenazan los derechos
fundamentales del accionante».
2. Consideraciones
9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente
orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia
judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
10. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.° del Decreto 333 del 6 de
abril de 20218, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra
el Tribunal Administrativo de Sucre.
6 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado
«21RECIBEMEMORIAL_INFORME_TUTELA_2025_(.pdf) NroActua 12».
7 Ver índice 10 de Samai. Archivo denominado
«15RECIBEMEMORIAL_Memorial_GS2025023537SEGEN1(.pdf) NroActua 10».
8 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
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2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
11. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que
en su interior se habían desarrollado sobre el tema.10 Al respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
12. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
13. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo11 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
14. Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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15. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 13 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales14.
16. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
17. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo de Sucre vulneró los derechos fundamentales de Lesbia María Palacio
Ortega con ocasión de la sentencia del 21 de mayo de 2025, mediante la cual,
confirmó la sentencia que declaró la nulidad del acto con el que le fue reconocida una
pensión de sobrevivientes al considerar que resultaba incompatible con la otorgada
por el sistema de riesgos profesionales [ARL Sura], con la que incurrió,
presuntamente, en defecto sustantivo y violación directa de la Constitución Política?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
18. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Del defecto sustantivo
19. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión
que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas
jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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20. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición aplicada se torna regresiva
o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una interpretación sistémica de la
norma; y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
21. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales.
2.4.3. Violación directa de la Constitución Política
22. Se recuerda que fue delimitada, en un principio, como un defecto sustantivo, el
cual se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de
las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.
23. Posteriormente el Alto Tribunal de lo Constitucional, en sentencia SU-069 de 2018,
señaló que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los jueces de
aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4.º de la
Carta que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados», el cual
puede configurarse por dos hipótesis:
24. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en estudio,
lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso a) se dejó
de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional; b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y c) en
las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución.
25. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
contenidos en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad contenida en su artículo 4, ante la existencia de incompatibilidad
con las disposiciones legales.
2.4.4. Sobre el caso concreto
26. LesbiaMaría Palacio Ortega acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
sentencia proferida el 21 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Sucre,
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07130-00
Demandante: Lesbia María Palacio Ortega
Sala Segunda de Decisión, con la que se confirmó la de primera instancia que declaró
la nulidad del acto con el que le fue reconocida pensión de sobrevivientes, al concluir
que resultaba incompatible por la reconocida por la ARL Sura.
27. Lo anterior, al considerar que con esta el tribunal incurrió en defecto sustantivo
porque «aplicó la regla de “incompatibilidad” como una prohibición absoluta, sin integrar la
arquitectura del Sistema Integral de Seguridad Social ni la exigencia de coordinación
armónica entre sus subsistemas», sin analizar que las prestaciones de las que era
beneficiaria tenían diversidad de fuentes, causas y finalidades.
28. Al respecto, se advierte que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Sucre se sustentó en las siguientes consideraciones:
«[…] De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 10 de la Ley 776 de 2002] […] no
pueden coexistir cobros de dos pensiones de sobrevivientes reconocidas a una persona,
originadas en el mismo evento (muerte del causante) y que se hayan otorgado por el
régimen común y por el régimen profesional.
La H. Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral ha trazado un nuevo criterio
jurisprudencial en el asunto, concluyendo en la Sentencia SL5092-2020, radicación No.
73685 del 23 de septiembre de 2020, magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena, "(...)
que existe incompatibilidad entre las pensiones de sobrevivientes del sistema general de
riesgos laborales y la del sistema general de pensiones, cuando el acto generatriz de la
prestación emerge de un mismo evento, acontecimiento o suceso.”
En esa oportunidad consideró la Corte que, nos encontramos ante un solo sistema dentro
del cual interactúan de manera armónica y coordinada sus subsistemas. De manera
textual, se trae a colación el pronunciamiento de la Corporación frente al contenido del
parágrafo No. 2 del artículo 10 de la Ley 776 de 2002:
“La disposición en cita evidencia que efectivamente el legislador estructuró diferentes
garantías a sus afiliados, con base en el riesgo objeto de amparo de tal manera que
toda circunstancia derivada del trabajo, sería objeto de las prestaciones del Subsistema
de riesgos profesionales, y dado que la invalidez y la muerte también pueden ser
consecuencia de hechos que no se relacionan en nada con la actividad profesional,
estableció su amparo por el subsistema pensional, razón por la cual, ante un mismo
evento, como puede ser la invalidez o la muerte de un trabajador, tendrá lugar la
protección según el origen de la contingencia, con lo que a partir de la entrada en
vigencia del Sistema Integral de Seguridad Social, las prestaciones por los riesgos
anotados se tornan incompatibles, pues, se insiste, por el mismo suceso la finalidad
de la pensión es la misma, es decir, amparar la contingencia del fallecimiento.”
[…]
La demandada se opone alegando que la nulidad del acto vulnera sus derechos, al
desconocer el precedente sobre compatibilidad de las pensiones de Sobrevivientes
otorgadas por el Sistema General de Pensiones y el Sistema General de Riesgos
Profesionales, las cuales son aplicables al caso.
[…]
Conforme al recurso de apelación presentado por la parte demandada, su desacuerdo
radica en que la juez de primera instancia desconoció el precedente sobre compatibilidad
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Demandante: Lesbia María Palacio Ortega
de las pensiones de Sobrevivientes otorgadas por el Sistema General de Pensiones y el
Sistema General de Riesgos Profesionales, las cuales considera aplicables al caso.
Para la Sala la decisión se encuentra acorde con el precedente actual de la H. Corte
Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, aplicable al caso concreto, citado en la
parte considerativa de esta providencia, de las que se concluye la incompatibilidad entre
la pensión de sobrevivientes del subsistema general de riesgos laborales y la del
subsistema general de pensiones, cuando el acto que da lugar al reconocimiento de la
prestación, se origina en un mismo evento.
No le asiste razón a la demandada al señalar que los dos beneficios percibidos pueden
devengarse de manera simultánea, siempre que los beneficiarios acrediten las exigencias
legales, dado que dichas pensiones mantienen causas, fuentes de financiación,
finalidades y regulaciones diferentes. Lo anterior, pues dentro del sistema integral de
seguridad social quedó regulada la coordinación armónica entre el sistema de pensiones
y el de riegos laborales, toda vez que, ante igual acontecimiento, como es la muerte o la
invalidez, no es posible percibir simultáneamente pensiones de ambos subsistemas.»
29. Asimismo, después de adelantar un comparativo entre los actos de reconocimiento
pensional expedidos por Colpensiones y Suramericana SA, concluyó que las 2
tuvieron como fuente el fallecimiento del causante «como consecuencia de un accidente
de trabajo», por lo que se encontraban incursas en la prohibición del parágrafo 2 del
artículo 10 de la Ley 776 de 2002, según la cual « [n]o hay lugar al cobro simultáneo de
las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. Como tampoco lo habrá
para pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional originados en el
mismo evento» [se resalta].
30. Descendiendo a los reproches concretos, de los apartes transcritos de la decisión
objeto del presente trámite de tutela, se advierte que no se omitió adelantar un
análisis en relación con la fuente de las prestaciones que le fueron otorgadas, sino
que, al contrario, después de verificar los elementos probatorios aportados al
expediente se concluyó que el hecho que hizo a la demandante acreedora de los
referidos reconocimientos pensionales fue el fallecimiento del afiliado al sistema [su
compañero permanente] como consecuencia de un «accidente de trabajo», por lo que
se encontraba incursa en la prohibición contenida en el citado artículo 10 de la Ley
776 de 2002.
31. De igual forma tampoco se encuentra que el Tribunal Administrativo de Sucre
hubiese omitido analizar la finalidad de las prestaciones, puesto que, justamente en
ese marco, sustentó su decisión en antecedentes jurisprudenciales de la Corte
Suprema de Justicia en los que, con claridad se indicó que «ante un mismo evento,
como puede ser la invalidez o la muerte de un trabajador tendrá lugar la protección según el
origen de la contingencia, con lo que a partir de la entrada en vigencia del Sistema Integral
de Seguridad Social, las prestaciones por los riesgos anotados se tornan incompatibles,
pues, se insiste, por el mismo suceso la finalidad de la pensión es la misma, es decir,
amparar la contingencia del fallecimiento».
32. Así las cosas, no se acreditó el defecto sustantivo alegado por Lesbia María
Palacio Ortega, por cuanto el ad quem sí analizó la fuente, causa y finalidad de las
prestaciones que le fueron otorgadas y, justamente, al encontrar que estas coincidían
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en los dos reconocimientos concluyó que eran incompatibles de conformidad con lo
dispuesto por el legislador [artículo 10 de la Ley 776].
33. De otra parte, la demandante sustentó su pretensión de amparo en la presunta
violación directa de la Constitución Política, al considerar que se habían desconocido
sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y « favorabilidad laboral-
pensional». Al respecto, la Sala precisa lo siguiente:
33.1. En relación con el debido proceso, se recuerda que como lo ha sostenido esta
Corporación, cuando el reproche se sustente en el desconocimiento de este derecho
se deberá explicar en relación con los núcleos esenciales que lo componen, estos
son «i) [e]l derecho al juez natural o funcionario competente; ii) [e]l derecho a ser juzgado
según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas
procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) [l]as garantías
de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba
de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un
proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el
derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem15». Sin embargo, lo
expuesto en la solicitud de tutela no hizo referencia a la vulneración de los
mencionados elementos de este derecho fundamental, así como tampoco, el material
probatorio permite concluir que la autoridad judicial competente lo hubiese
desconocido.
33.2. En cuanto a la igualdad, que, como lo ha señalado la Corte Constitucional16, uno
de sus principales rasgos es «su carácter relacional», por cuanto, de este se desprende
el deber de «igual trato a situaciones idénticas y diferenciado ante circunstancias que no
son asimilables, la prohibición de cualquier consideración discriminatoria y finalmente, la
responsabilidad de adoptar acciones positivas que permitan alcanzar la igualdad material,
especialmente en grupos marginados y en situación de debilidad manifiesta». De acuerdo
con lo anterior, si bien la demandante manifestó que le había sido desconocido este
derecho, no explicó en qué se manifestó un trato desigual que la hiciera acreedora
de la acción afirmativa pretendida, por lo que tampoco se encuentra acreditada esta
vulneración.
33.3. Frente a la «favorabilidad laboral-pensional», para abordar este aspecto, se pone
de presente que hay lugar a acudir a este principio cuando se está ante dos normas
aplicables al caso concreto o cuando una tiene dos interpretaciones plausibles, caso
en el cual, el operador tendrá el deber de aplicar aquella que sea más favorable, esto
es, el interprete de la norma deberá optar por la que «mayor amparo le otorgue al
trabajador17» o beneficiario. Sin embargo, ni en los argumentos de la solicitante ni del
análisis de los elementos probatorios aportados se advierte que se configuren alguno
de los supuestos planteados, esto es, no se está ni ante dos normas jurídicas
aplicables ni ante dos interpretaciones posibles de una disposición.
15 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001-03-15-000-2018-01884-00.
16 Corte Constitucional, sentencia C-084 de 2020.
17 Corte Constitucional sentencia T-730 de 2014.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07130-00
Demandante: Lesbia María Palacio Ortega
33.4. En efecto, para la Sala, como lo concluyó el tribunal demandado, el parágrafo 2
del artículo 10 de la Ley 776 es claro al señalar que «[n]o hay lugar al cobro simultáneo
de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. Como tampoco lo
habrá para pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional originados en
el mismo evento», disposición frente a la que el legislador no estableció excepción
alguna.
34. Como se observa, la autoridad judicial demandada analizó la normativa y el
precedente jurisprudencial que consideró era aplicable al caso [en este caso el
proferido por la Corte Suprema de Justicia], de conformidad con las circunstancias
particulares de Lesbia María Palacio Ortega, cuya valoración le permitió ratificar la
incompatibilidad existente entre el reconocimiento y pago de 2 pensiones de
sobrevivientes, cuyo origen provenía de una misma causa.
35. Así las cosas, esta Sala de decisión observa que la corporación judicial
demandada no incurrió en ninguna de las causales específicas de procedencia de la
solicitud de tutela contra providencia judicial alegadas, debido a que su decisión fue
proferida conforme a las normas y jurisprudencia reguladoras de su función judicial,
apoyada en el material probatorio obrante en el proceso para efectuar la
interpretación que consideró más ajustada al caso concreto.
36. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
37. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
3. Conclusión
38. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales invocados por Lesbia María Palacio Ortega en la
solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Sucre.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07130-00
Demandante: Lesbia María Palacio Ortega
F A L L A:
Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Lesbia María Palacio
Ortega, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Sucre
y el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JMC/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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