FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL5092-2020
Radicación n.° 73685
Acta 35
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinte (2020)
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES-, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el veintitrés (23) de octubre de dos mil quince (2015), en el proceso instaurado por MARTHA INÉS LEÓN QUIROZ en contra de la recurrente.
Téngase en cuenta la renuncia presentada por el doctor Diego Hernando Arias al poder otorgado por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. Lo anterior, por cuanto se dio cumplimiento a la exigencia consagrada en el inciso 4º del artículo 76 del Código General del Proceso.
ANTECEDENTES
Martha Inés León Quiroz, demandó a Colpensiones para que se declarara que le asistía el derecho a la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su esposo Luis Gonzalo Vélez Montaño y, en consecuencia, se le condenara al pago de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de aquél, a partir del 16 de junio de 2010; los intereses moratorios o, en su defecto, la indexación de las mesadas pensionales, las costas y agencias en derecho.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que convivió en forma continua e ininterrumpida con el señor Luis Gonzalo Vélez Montaño, compartiendo techo, lecho y mesa, en una relación de afecto y ayuda mutua por espacio de 24 años hasta la fecha de su óbito,16 de junio de 2010, como consecuencia de un accidente de trabajo sufrido cuando laboraba para la empresa Carbones San Fernando S.A., momento para el cual se encontraba afiliado a Colpensiones como cotizante y tenía 1311 semanas de aportes; que la accionada le negó la solicitud pensional, con el fundamento de que Positiva había reconocido la pensión de sobrevivientes por riesgo laboral y le concedió la indemnización sustitutiva por valor de $23.019.138.
Agregó que Positiva le reconoció la pensión de sobrevivientes por cuanto encontró acreditados los requisitos para el acceso a la misma y afirmó que Colpensiones debió reconocerle la pensión ya que era compatible con la originada en riesgos laborales, puesto que esta última se derivaba del infortunio laboral y la de la aludida administradora, del riesgo común, las que tienen reglamentación diferente y los recursos con las que se pagan eran de fuentes de financiación autónomas y se cotizaba separadamente para cada riesgo.
Colpensiones, al contestar el escrito generatriz de la contienda, se opuso al éxito de las pretensiones. Respecto de los hechos manifestó que no le constaban. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer y pagar a la demandante la prestación solicitada, prescripción, improcedencia de condena por intereses moratorios, buena fe, imposibilidad de condena en costas e improcedencia de la indexación.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 13 de julio de 2015, absolvió a Colpensiones de todas las pretensiones incoadas. Costas a la demandante.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a través de sentencia del 23 de octubre de 2015, al resolver la apelación interpuesta por la accionante, revocó la de primer grado y, en su lugar, dispuso:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora Martha Inés León Quiroz en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, y en su lugar, condenar a Colpensiones a pagar a la demandante la pensión de Sobreviviente a partir del 28 de abril del 2012, en suma $624.951 como mesada inicial. Condenar a Colpensiones a pagar a la demandante la suma de $33.324.356 pesos por concepto de retroactivo hasta el mes de septiembre del 2015, debidamente indexada
SEGUNDO: REVOCAR la condena en costas a la demandante, y condenar en primera instancia, a la demandada a pagar las costas procesales; en esta instancia no se produjeron costas sin costas.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal destacó que el problema jurídico a resolver se circunscribía a:
[…] determinar si la pensión de sobreviviente por riesgo profesional que percibe la demandante por la muerte de su compañero permanente resulta compatible o no con la pensión de sobrevivientes del sistema pensional por haber dejado el causante acreditado el derecho a la pensión de vejez en cuanto a la densidad de semanas requeridas.
El colegiado señaló que estaba fuera de discusión que: i) el causante falleció como consecuencia de un accidente de trabajo; ii) la ARL Positiva le reconoció a la demandante una pensión de sobreviviente; iii) el causante había cotizado 1322 semanas al sistema pensional para el cubrimiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte.
Para resolver el problema relativo a la compatibilidad entre la pensión que la actora recibía por la ARL Positiva y la pretendida en el sistema pensional común, asentó que, dada la fecha del fallecimiento del causante, 16 de junio de 2010, la norma aplicable era la Ley 797 de 2003, de la cual citó el parágrafo primero del artículo 12.
Enseguida, y con sustento en nutridos precedentes de esta Sala, de los cuales citó apartes, evidenció la compatibilidad de la pensión de sobrevivientes de origen profesional con la de vejez de origen común.
Consideró que dado que el causante cotizó las semanas para acceder a la pensión de vejez, sin que hubiera accedido a esta por faltarle el requisito de la edad, para el fallador resultaba razonable que se le otorgara a la accionante la pensión de sobrevivientes por cuanto «entre los riesgos cubiertos por el sistema pensional y para la cual cotizó el causante, es la muerte; y habiendo ocurrido este no existe razón legal para no atender dicha reclamación dado lo que hay que la incompatibilidad consagrada en el literal j) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, se refiere a pensiones reconocidas dentro del mismo sistema» y, recordó, que la pensión reconocida por el sistema de riesgos laborales está concebida, reglamentada y financiada de manera independiente de la prestación pretendida; por lo que lo procedente era revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, fulminar la condena reclamada.
De otro lado, encontró probada la excepción de prescripción alegada por la entidad accionada sobre las mesadas causadas antes del 28 de abril del 2012, por cuanto el fallecimiento se produjo el 26 de junio del 2010, la reclamación se presentó el 30 de septiembre de esa misma anualidad y su respuesta se dio en el año 2011, fecha a partir de la cual se contaba el trienio establecido en la norma adjetiva, dado que la demanda se presentó el 28 de abril del 2015.
Por último, en cuanto a los intereses moratorios reclamados, señaló que no eran procedentes, ya que la pensión se otorgaba con base en el criterio jurisprudencial.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la entidad recurrente que se case totalmente la sentencia impugnada y, en sede de instancia, confirme el fallo de primer grado y se ordene en costas lo que en derecho corresponda.
Con tal propósito formula un único cargo, por la causal primera de casación, que no fue objeto de réplica.
CARGO ÚNICO
Acusa la sentencia de ser violatoria la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de «aplicación indebida del parágrafo 1, del artículo 12 de la Ley 797 de 2003; infracción directa del parágrafo segundo, del artículo 10 de la Ley 776 de 2002».
Destaca que el Tribunal estableció que el deceso del señor Luis Gonzalo Vélez Montaño, fue de origen profesional; y que la ARL Positiva le reconoció la correspondiente prestación no obstante, consideró que por virtud del parágrafo 1.º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, era viable reconocer la sustitución pensional peticionada, lo cual, señala, es un equívoco en razón a que al haber sido reconocida una pensión por riesgo laboral por el fallecimiento del causante «no era procedente que por el mismo «"evento"» se reconociera la sustitución pensional con cargo al régimen de prima media que administra COLPENSIONES».
Indica que el sentenciador de segundo grado infringió de manera directa lo dispuesto en el parágrafo segundo, del artículo 10 de la Ley 776 de 2002, al dejar completamente de lado que la norma claramente dispone que «por el mismo evento no pueden haber dos pensiones con cargo al régimen común y al profesional, tal y como ocurre en el presente caso», puesto que, al haberse reconocido una pensión de origen laboral por el fallecimiento del señor Luis Gonzalo Vélez Montaño, no puede pretender por el mismo evento la sustitución pensional en el régimen de prima media.
Tal infracción condujo al Colegiado a aplicar indebidamente el parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797/03, ya que al no ser compatibles las dos pensiones, no había lugar a la sustitución pensional ordenada y lo procedente era la absolución a Colpensiones.
CONSIDERACIONES
Dado el sendero elegido por el censor para atacar la sentencia de segundo grado es menester advertir que los fundamentos fácticos de la misma, tales como, que: (i) a la señora Martha Inés León Quiroz le fue reconocida pensión de sobrevivientes por parte de la ARL Positiva S.A., con ocasión del fallecimiento de su compañero permanente Luis Gonzalo Vélez Montaño, ocurrido como consecuencia de accidente laboral el 16 de junio de 2010; (ii) el causante se encontraba afiliado al ISS, en donde alcanzó a cotizar 1322 semanas; y iii) se negó la pensión de sobrevivientes de origen común, a consecuencia del reconocimiento de la pensión por origen laboral y se le concedió la indemnización sustitutiva, resultan indiscutibles.
La controversia se contrae a determinar si puede predicarse o no la compatibilidad de la pensión de sobrevivientes reconocida a la señora Martha León Quiroz por el sistema de riesgos laborales a través de la ARL Positiva S.A., con ocasión de la muerte de su compañero, con la peticionada pensión de sobrevivientes de origen común.
Para resolver el asunto previamente se considera relevante resaltar:
Configuración del sistema integral de seguridad de social a partir de la Ley 100 de 1993
De conformidad con el artículo 48 de la Constitución se delegó en el legislador el establecimiento de las condiciones sobre las cuales operaría el sistema integral de seguridad social; y haciendo gala del margen de configuración normativa, bajo las reglas y principios constitucionales y los de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación introducidos en el estatuto pensional consagró como su objeto el garantizar los derechos irrenunciables tanto de la persona, como de la comunidad de tener una calidad de vida en condiciones adecuadas, cuando ciertas contingencias la puedan afectar, a través de «la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios.»
Valga en este punto aludir a la sentencia CC C-760-2004, que indica el alcance de los mismos y que, en cuanto a la integralidad, responde a la cobertura de aquellas contingencias que generan afectación a la salud, la capacidad económica y, en general, las condiciones de vida de todas las personas, las que, a la luz de la solidaridad y ayuda mutua, deben contribuir según su capacidad económica para materializar sus garantías; con ello bajo un modelo que articula las políticas, las instituciones, los regímenes, los procedimientos y las prestaciones que permitan concretar sus fines.
La sentencia dispuso:
La eficiencia es la mejor utilización social y económica de los recursos disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente. La universalidad es la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna distinción, en todas las etapas de la vida. La solidaridad es la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio de protección del más fuerte hacia el más débil; es deber del Estado garantizar la solidaridad en el régimen de seguridad social mediante su participación, control y dirección del mismo. La integralidad es la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de la población. Para este efecto cada persona contribuye según su capacidad y recibe lo necesario para atender sus contingencias. La unidad es la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social. La participación es la intervención de la comunidad a través de los beneficios de la seguridad social en la organización, control, gestión y fiscalización de las instituciones y del sistema en su conjunto.
Para lograr tal cometido, el legislador conformó el sistema de seguridad integral como un conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, que concretan la acción protectora con los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios; cada uno de ellos consagró la contingencia objeto de protección, el ámbito personal, los requisitos para acceder a los servicios y prestaciones que de manera independiente contemplan.
Así, el subsistema de salud, que como su nombre indica, se ocupa de la prestación del servicio de salud de la población mediante planes para tal efecto establecidos, a través de dos regímenes: el contributivo dirigido a los trabajadores, o personas con ingresos y, el subsidiado, para aquellos de bajos ingresos, o que no cuentan con ellos.
En lo tocante con los subsistemas de Riesgos Laborales y el Sistema General de Pensiones, debe precisarse que los mismos están dirigidos a la cobertura de contingencias de los trabajadores de un lado, ocasionadas en el trabajo y, de otro, la denominada de origen común, esto es, que su causa no está en la labor desempeñada, que en la actualidad incluyen tanto a dependientes como a independientes.
Lo hasta acá descrito nos permite reafirmar que el sistema de seguridad social es integral, esto es, es uno solo que, a través de la interacción coordinada de sus subsistemas, busca la cobertura de los servicios y prestaciones, de acuerdo con la contingencia que pueda recaer sobre sus afiliados, de manera que se complementa entre sí para concretar la protección de las personas que lo requieran.
Debe resaltarse que las prestaciones definidas por el legislador dentro de cada subsistema, con base en los principios antes enunciados, parte de la realidad de existencia de recursos limitados para la cobertura de las contingencias a las que se ve expuesta la población, por ello, dispuso que estos debían ser utilizados de la forma más eficiente de manera tal que el acceso a la seguridad social sea adecuado, oportuno y suficiente bajo la dirección y control estatal, «evitando la duplicidad, o cruce de coberturas por los subsistemas.»
En ese contexto, el legislador, en aras del principio de eficiencia, contempló que, en el sistema integral de seguridad social, una persona por un mismo evento se beneficie de una sola prestación, o de prestaciones diferenciales entre los subsistemas, mas no que se reconozcan de manera simultánea ante una misma contingencia o evento, y mucho menos si cumplen la igual función o finalidad.
Riesgo objeto de protección por parte del Subsistema de Riesgos Laborales e interacción con el subsistema pensional
Partiendo de lo expuesto, y teniendo en consideración una nueva mirada jurisprudencial, nos encontramos ante un solo sistema dentro del cual interactúan de manera armónica y coordinada sus subsistemas. En cuanto al de Riesgos laborales, encontramos que el Decreto 1295 de 1994, vigente actualmente, lo definió «como el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan»; algo importante es que dejó por sentado que formaba parte del sistema integral de seguridad social de la Ley 100 de 1993.
Al mismo tiempo, sumó a este subsistema, aquellas normas que en materia de salud ocupacional se relacionaran con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y aquellas relativas al mejoramiento de las condiciones de trabajo que para ese momento regían.
Dentro de su objeto incluyó, entre otros, el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas de invalidez o muerte que se derivaran de accidente laboral o enfermedad del mismo origen y, contempló, en caso de procedencia de este tipo de prestaciones, en coordinación armónica con el subsistema pensional, que el pensionado se hacía acreedor de la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos prevista por la Ley 100 de 1993.
Valga la pena aclarar que si bien el artículo 53 del Decreto 1295 de 1994, que contemplaba lo acá señalado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia CC-C452-2002, la motivación de tal decisión se fundamentó en el exceso de la facultad concedida por el legislador; y, en todo caso, permitió que la misma mantuviera sus efectos hasta diciembre de 2002. Por esta razón, en la Ley 776 de 2002, se reprodujo en el artículo 15 igual disposición, e incluyó de manera expresa en el parágrafo 2º del artículo 10 - que regula el monto de la pensión de invalidez tratándose de afiliados- que no habría lugar al cobro simultáneo de la incapacidad temporal y pensión de invalidez y agregó la imposibilidad de recibir pensiones simultáneas por los subsistemas de riesgos y pensional originadas en el mismo evento; el parágrafo dispuso:
[…]
Parágrafo 2°. No hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. Como tampoco lo habrá para pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional originados en el mismo evento.
El trabajador o quien infrinja lo aquí previsto será investigado y sancionado de acuerdo con lo dispuesto en las leyes vigentes, sin perjuicio de las restituciones a que haya lugar por lo cobrado y obtenido indebidamente. (Negrita fuera de texto)
La disposición en cita evidencia que efectivamente el legislador estructuró diferentes garantías a sus afiliados, con base en el riesgo objeto de amparo de tal manera que toda circunstancia derivada del trabajo, sería objeto de las prestaciones del Subsistema de riesgos profesionales, y dado que la invalidez y la muerte también pueden ser consecuencia de hechos que no se relacionan en nada con la actividad profesional, estableció su amparo por el subsistema pensional, razón por la cual, ante un mismo evento, como puede ser la invalidez o la muerte de un trabajador, tendrá lugar la protección según el origen de la contingencia, con lo que a partir de la entrada en vigencia del Sistema Integral de Seguridad Social, las prestaciones por los riesgos anotados se tornan incompatibles, pues, se insiste, por el mismo suceso la finalidad de la pensión es la misma, es decir, amparar la contingencia del fallecimiento.
En línea con lo expuesto, dentro del sistema integral de seguridad social quedó expresamente regulada la coordinación armónica entre el sistema de pensiones y el de riegos laborales, pues se reitera ante igual acontecimiento, como es la muerte o la invalidez, no pueden percibirse de manera simultánea pensiones de ambos subsistemas y, en todo caso, de proceder la prestación de origen laboral, se establece de manera coordinada y complementaria el derecho a recibir la indemnización sustitutiva o devolución de saldos en el pensional, según el régimen al que perteneciera el afiliado.
Es de señalar que la situación en precedencia es diferente a la línea de pensamiento mayoritaria que ha sido pacífica y reiterada por parte de esta Sala relativa a la posible compatibilidad pensional, como quiera que estas pensiones mantienen causas, fuentes de financiación, finalidades y regulaciones diferentes, como por ejemplo se explicó en las sentencias CSJ SL17477-2017 y CSJ SL4399-2018.
Así como difiere también en el trato en relación con los pensionados por el Sistema General de pensiones, que nuevamente ingresan o se mantienen dentro del mundo laboral, puesto que la misma Ley de riesgos laborales contempla la obligatoriedad de cotización al sistema de riesgos laborales de los pensionados, razón por la cual, en el evento de acaecer una nueva enfermedad, o un accidente por el riesgo creado por la nueva labor desempeñada habrá lugar a la prestación correspondiente en riesgos laborales.
Caso concreto
El señor Luis Gonzalo Vélez Montaño falleció como consecuencia de un accidente laboral el 16 de junio de 2010; y, por esta contingencia, le fue reconocida a la accionante la pensión de sobrevivientes dentro del Subsistema de Riesgos laborales aspectos que están fuera de discusión.
En ese escenario acaecido en vigencia de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, mediante el cual se crean el sistema integral de seguridad social con sus subsistemas, el Decreto Ley 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002, que consagran de manera clara que el subsistema de riesgos laborales se encarga de las contingencias de invalidez y muerte originadas con ocasión del trabajo, últimas bajo las cuales, de darse el amparo de origen laboral por invalidez o muerte, generaba en el subsistema pensional la posibilidad de obtener la indemnización sustitutiva, o la devolución de saldos; no le asiste derecho a la señora Martha Inés León Quiroz, por el mismo hecho que es la muerte, obtener una segunda pensión de sobrevivientes en el sistema pensional. En la colaboración armónica y unificada del sistema, la prestación procedente era la indemnización sustitutiva de la pensión de origen común.
Valga recordar que, por sustracción de materia, en el subsistema pensional, no se amparan contingencias derivadas del origen laboral, y su acción protectora se activa por efectos de contingencias ajenas a la labor profesional, lo cual, a no dudarlo, hubiera excluido la cobertura por la muerte del causante dentro del mismo.
Con sustento en lo expuesto, el Tribunal incurrió en los errores que le fueron endilgados dado que la acción protectora del sistema integral de seguridad social se generó por la muerte del señor Luis Gonzalo Vélez Montaño con ocasión al accidente laboral que este sufriera, razón por la cual no era dable aplicar el parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 - modificatoria de la Ley 100 de 1993 -, que regula la pensión de sobrevivientes de origen común; más aún si por este evento le fue reconocida la pensión de origen laboral y, con ello, dejó de lado el contenido tanto del parágrafo 2º del artículo 10 de la Ley 776 de 2002, así como el 15 de la misma norma.
Nuevo criterio jurisprudencial
A la luz de lo discurrido, la Corte concluye que existe incompatibilidad entre las pensiones de sobrevivientes del sistema general de riesgos laborales y la del sistema general de pensiones, cuando el acto generatriz de la prestación emerge de un mismo evento, acontecimiento o suceso, por lo que la sala adopta esta nueva línea de pensamiento.
Así las cosas, el ataque fustigado sale victorioso y habrá lugar a casar la sentencia del Tribunal.
Sin costas en el recurso extraordinario.
SENTENCIA DE INSTANCIA
En sede de instancia baste trasladar los argumentos de la esfera casacional referidos a que el origen del deceso del señor Luis Gonzalo Vélez Montaño, fue consecuencia de la labor desempeñada profesionalmente, razón por la cual el Subsistema de Riesgos Laborales le otorgó la pensión de sobrevivientes a la accionante y, en consecuencia, en el subsistema de pensiones tiene derecho a la indemnización sustitutiva de pensión, dada la incompatibilidad de la pensión entre los subsistemas referidos por tratarse del mismo evento y que la prestación en los dos subsistemas tiene la misma finalidad.
En armonía con lo discurrido, lo procedente es confirmar la sentencia de primer grado que absolvió de las peticiones de la demanda.
Sin costas en el recurso de apelación. Las de primera instancia como se fijaron por el A quo.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada, el veintitrés (23) de octubre de dos mil quince (2015), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por MARTHA INÉS LEÓN QUIROZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES y, en sede de instancia se confirma en todas sus partes la sentencia de primer grado.
Costas como se dijo en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
JORGE LUIS QUIROZ ÁLEMAN
SALVAMENTO DE VOTO
Demandante: Martha Inés León Quiroz
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones
Radicación: 73685
Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena
Como tuve la oportunidad de manifestarlo en la Sala en la que se debatió el asunto, disiento de la decisión adoptada por la mayoría, en la medida que, en mi criterio, en el presente asunto no es aplicable la regla establecida en los artículos 53 del Decreto 1295 de 1994 y 15 de la Ley 776 de 2002. Lo anterior, como quiera que la incompatibilidad entre pensiones de sobrevivientes que otorgan las cajas o fondos de pensiones y las concedidas por las administradoras de riesgos laborales, se predica siempre que el causante no haya causado una pensión de vejez.
En el presente asunto, la accionante solicitó la pensión de sobrevivientes por el deceso de su esposo a partir del 16 de junio de 2010 cuando aquel falleció debido al accidente de trabajo que ocurrió cuando laboraba para Carbones San Fernando S.A., momento para el cual se encontraba afiliado a Colpensiones como cotizante y tenía 1311 semanas de aportes. La demandada negó dicha prestación como quiera que la demandante ya tenía reconocida una pensión de sobrevivientes, pero de origen laboral.
Como se sabe, el Tribunal revocó el fallo absolutorio de primer grado, y condenó a la convocada a reconocer la prestación pretendida, al considerar que ambas prestaciones origen profesional y la otra de origen común son compatibles, dado que el causante cotizó las semanas para acceder a la pensión de vejez, sin que la hubiera consolidado por cuanto no había cumplido el requisito de edad.
Adicionalmente, determinó razonable otorgar la referida pensión por cuanto el fallecido cotizó para tres riesgos invalidez, vejez y muerte y ocurrida esta última no existe razón legal para no atender la reclamación dado que la incompatibilidad consagrada en el literal j) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 se refiere a pensiones reconocidas dentro del mismo sistema; luego, la prestación otorgada por el sistema de riesgos profesionales está concebida, reglamentada y financiada de manera independiente de la pretendida en el sub lite.
Por tal razón, a través de la vía directa, la accionada recurrente acusó al juez de segunda instancia de aplicar indebidamente el parágrafo 1.º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 e infringir el parágrafo segundo del artículo 10 de la Ley 776 de 2002, en la medida que, a su juicio, tales prestaciones son incompatibles y, por tanto, no había lugar a la sustitución pensional ordenada.
Ahora, en la sentencia de cuya motivación discrepo, la mayoría de la Sala concluye que, ante un mismo evento, como puede ser la invalidez o la muerte de un trabajador, tendrá lugar la protección según el origen de la contingencia, con lo que a partir de la entrada en vigencia del Sistema Integral de Seguridad Social, las prestaciones por los riesgos citados se tornan incompatibles, pues ante el mismo evento la finalidad de la pensión es la misma, es decir, amparar la muerte o la invalidez, según el caso.
En este caso, el fallecido dejó causada la prestación de vejez bajo el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, solo que no accedió a ella por no cumplir con el requisito de la edad; sin embargo, como tantas veces lo ha dicho la jurisprudencia, la muerte habilita la edad y, en consecuencia, se trataba de un derecho consolidado, cuya sustitución coexiste con la pensión de sobrevivientes generada por el siniestro ocurrido en un accidente de trabajo.
Según el precepto que se cita cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de dicha ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2.º de ese artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes.
En tal dirección, en la sentencia que aprobó la mayoría de la Sala, mal podía inferirse que Luis Gonzalo Vélez Montaño no causó la pensión de vejez, pues se repite el hecho de la muerte habilitó el requisito de edad que consagra la norma. De allí que se concluya que dejó causada la pensión de vejez, sustituida luego a sus beneficiarios.
Si lo anterior es claro, también lo debe ser que no es aplicable la regla según la cual la pensión de sobrevivientes que se deriva del sistema de riesgos laborales no es compatible con una de sobrevivientes por riesgo común cuando el afiliado fallece sin consolidar la pensión de vejez. Lo anterior, por cuanto el de afiliado causó la prestación, y ante su deceso, trasladó ese derecho en favor de sus beneficiarios, razón por la cual no se trataba de uno nuevo en construcción, sino de la transferencia de uno ya consolidado.
En los anteriores términos, salvo el voto.
Fecha ut supra.
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
Magistrada