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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07138-00

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07138-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Cesar Adolfo Pérez Sepúlveda, conforme a lo expuesto en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07138-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

29 de enero de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07138-00
Demandante: Cesar Adolfo Pérez Sepúlveda

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 29 de enero de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07138-00
Demandante: CESAR ADOLFO PÉREZ SEPÚLVEDA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A.

Temas: Contra providencia judicial que resolvió un recurso extraordinario de
revisión. Defecto fáctico, sustantivo y por desconocimiento del
precedente

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Cesar Adolfo Pérez Sepúlveda contra
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 12 de noviembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado, el señor Cesar Adolfo Pérez Sepúlveda pidió la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al trabajo.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión a la providencia del 20
de marzo de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión con radicado 11001-03-25-
000-2019-00263-00.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA. SOLICITO AMPARAR los DERECHOS FUNDAMENTALES Al DEBIDO PROCESO, el
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, y al TRABAJO del señor CÉSAR ADOLFO PÉREZ
SEPÚLVEDA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° xxxxxxx expedida en Cúcuta,
los cuales consideramos que fueron vulnerados por el HONORABLE CONSEJO DE ESTADO – SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA, al proferir la sentencia de fecha 20
de marzo de 2025, notificada el día 27 de mayo de 2025 mediante la cual se declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión presentado por el aquí accionante.

SEGUNDA. ORDENAR al HONORABLE CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA dejar sin efectos la sentencia proferida el día 20 de marzo
de 2025 notificada el día 27 de mayo de 2025, dentro del proceso 11001-03- 25-000-2019-00263-00, y
en su lugar, emitir una nueva decisión en la que se valoren de manera integral, suficiente y razonada
las pruebas decisivas recabadas con posterioridad al fallo de segunda instancia, particularmente la
sentencia absolutoria del Juzgado 11 Penal Militar de Brigada de fecha 9 de febrero de 2018, con sus
fundamentos y pruebas que sin duda alguna deben tener implicaciones en el proceso judicial que nos
convocó.

TERCERA. ORDENAR que en la nueva decisión se garantice de manera plena el derecho fundamental
al debido proceso y al acceso a la justicia, teniendo en cuenta los antecedentes de salud, amenazas,
acoso laboral y persecución que fueron acreditados en sede penal militar, y que resultan determinantes
para establecer la inexistencia de justa causa en el retiro del servicio del señor César Adolfo Pérez
Sepúlveda.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07138-00
Demandante: Cesar Adolfo Pérez Sepúlveda

CUARTA. DISPONER que el cumplimiento de las órdenes impartidas en la presente tutela se haga en
un término no mayor a treinta (30) días hábiles, dada la especial relevancia constitucional del caso y el
estado de vulnerabilidad en que se encuentra el accionante.

QUINTA. ORDENAR a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la DEFENSORÍA DEL
PUEBLO ejercer vigilancia inmediata y estricta sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
tutela, en garantía de la protección efectiva de los derechos fundamentales del señor CÉSAR ADOLFO
PÉREZ SEPÚLVEDA.

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Manifestó el tutelante que se desempeñó como oficial del Ejército Nacional de Colombia
y que, a través de la Resolución 5393 del 1 de julio de 2015, fue retirado del servicio
activo de forma temporal con pase a la reserva, por inasistencia al servicio sin causa
justificada.

Por lo anterior, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
Ejército Nacional, para que se declarara la nulidad de la Resolución 5393 del 1 de julio
de 2015. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara su reintegro al
cargo que desempeñaba o a uno de igual o superior jerarquía y que se pagaran todos los
salarios y emolumentos dejados de percibir.

La demanda se adelantó bajo el radicado 91001-33-33-001-2016-00004-00 y
correspondió al Juzgado Único Administrativo de Leticia que, por sentencia del 23 de
mayo de 2017, declaró la nulidad de la resolución demandada, ordenó que se reintegrara
al demandante al grado que ostentaba al momento de su retiro y que fuera llamado a
curso de ascenso. Además, condenó al Ejército Nacional al pago de prestaciones y
demás emolumentos dejados de devengar desde la fecha del retiro hasta que se hiciera
efectivo el reintegro, declaró que no existió solución de continuidad y condenó en costas
a la parte vencida.

Señaló que no se adelantó un procedimiento administrativo que garantizara el derecho
de defensa y contradicción del demandante. Que el acto demandado había sido expedido
con desviación de poder, por cuanto no cumplió con los requisitos de proporcionalidad y
razonabilidad, debido a que no fue sustentado en razones objetivas y hechos ciertos,
porque no se atendieron las justificaciones de inasistencia del uniformado y se omitió el
análisis de múltiples situaciones que exoneraban al servidor de un abandono injustificado
del ejercicio de sus funciones, en razón a circunstancia de fuerza mayor.

Inconforme, la entidad demandada apeló y, por sentencia del 1 de marzo de 2018, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, revocó la
decisión para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.

Explicó que, el demandante omitió comparecer al servicio, que la entidad demandada
realizó una serie de gestiones para garantizar su derecho de defensa y al debido proceso,
al brindarle la oportunidad de justificar su ausencia, que, sin embargo, el señor Pérez
Sepúlveda no realizó mayor gestión para demostrar la imprevisibilidad e irresistibilidad
de los motivos que le impidieron prestar sus servicios, por lo que, a su juicio, era
procedente el retiro del servicio del actor, con fundamento en la causal de inasistencia
sin justa causa por más de cinco días, para suplir esa ausencia y, en consecuencia,
mejorar el servicio.

El 28 de marzo de 2019, el señor Cesar Adolfo Pérez Sepúlveda presentó recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 1 de marzo de 2018 dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, al considerar

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Demandante: Cesar Adolfo Pérez Sepúlveda

que se configuraba la causal prevista en el numeral 1º del artículo 250 de la Ley 1437 de
20111.

Dijo que la decisión del 1 de marzo de 2018 hubiera sido dictada en otro sentido de haber
tenido en cuenta la sentencia absolutoria del 9 de febrero de 2018, proferida por el
Juzgado Once Penal Militar de Brigada, en la causa 1254 seguida en su contra por el
delito de abandono del servicio. Que los hechos que originaron ese proceso penal eran
los mismos que determinaron su retiro del servicio a través de la Resolución 5393 del 1
de julio de 2015.

Que la decisión tomada en ese proceso penal no había sido incorporada al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, debido a que cuando se profirió ya se había
cerrado la etapa probatoria. Que en el proceso penal se había encontrado justificada la
inasistencia al servicio, en razón a circunstancias de amenazas, acoso laboral, problemas
de salud y dificultades familiares.

El recurso extraordinario de revisión fue adelantado bajo el radicado 11001-03-25-000-
2019-00263-00 y correspondió al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
que, el 20 de marzo de 20252, lo declaró infundado y condenó en costas y agencias en
derecho al recurrente, al estimar que los reproches alegados no se encuadraban en la
causal invocada.

Adujo que, aunque la prueba allegada era de naturaleza documental y preexistente a la
sentencia impugnada, no se trataba de una evidencia encontrada o recobrada con
posterioridad a la decisión del 1 de marzo de 2018, que esa prueba no tenía un efecto
determinante sobre la sentencia acusada y que no se acreditó la imposibilidad de aportar
esa documental al proceso primogénito por fuerza mayor y/o por obra de la parte
contraria.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la providencia cuestionada incurrió
en los siguientes vicios de fondo:

Defecto fáctico por omitir valorar la sentencia absolutoria del 9 de febrero de 2018
dictada por el Juzgado 11 Penal Militar de Brigada. Dijo que esa sentencia estudió los
mismos hechos que originaron la Resolución 5393 del 1 de julio de 2015 y la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho.

Que esa era una prueba conducente, pertinente y útil, porque guardaba una relación con
la controversia, podía desvirtuar la causal objetiva de retiro invocada y tenía la virtualidad
de modificar el sentido de la decisión.

Defecto sustantivo porque la autoridad judicial demandada realizó una interpretación
restrictiva y desproporcional del numeral 1º del artículo 250 del CPACA, al señalar que
esa causal de revisión no se configuró.

Manifestó que la decisión acusada desconoció que, cuando se notificó la sentencia del 9
de febrero de 2018 dictada por el Juzgado 11 Penal Militar de Brigada el debate
probatorio del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ya se encontraba
culminado, lo que impidió que aportara esa prueba y configuró una circunstancia de
fuerza mayor.

1 Artículo 250. Causales de Revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales

de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito
o por obra de la parte contraria.

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Demandante: Cesar Adolfo Pérez Sepúlveda

Que el no valorar la sentencia de la justicia penal militar controvierte la finalidad de las
normas probatorias, que buscan evitar decisiones injustas. Que esa sentencia tenía plena
relación con los hechos. Que la interpretación realizada por la autoridad judicial
demandada constituye un error técnico que trasgrede sus garantías fundamentales y
acoge la lógica formalista del Ejército Nacional y del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

Desconocimiento del precedente fijado en las sentencias C-769 de 1998 dictada por la
Corte Constitucional y del 20 de enero de 2011 proferida por el Consejo de Estado, en el
expediente 25000-23-25-000-2003-01222-01, que, según la parte actora, analizaron el
artículo 250 del CPACA, que regula las causales del recurso extraordinario de revisión.

Señaló que los actos administrativos de retiro por inasistencia al servicio no podían
fundamentarse exclusivamente en la contabilización de los días de ausencia, porque se
debían valorar las justificaciones que aportara el servidor público.

Que la autoridad judicial demandada adoptó una interpretación objetiva y mecánica de la
causal, sin tener en cuenta la sentencia de la justicia penal militar, que avaló las
justificaciones que presentó.

5. Trámite procesal

Por auto del 19 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda y,
entre otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y en calidad de terceros con
interés, al director del Ejército Nacional y al ministro de Defensa Nacional.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 25 de noviembre
de 2025.

6. Intervenciones

El magistrado del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, ponente de
la decisión controvertida, reiteró los fundamentos de la providencia del 20 de marzo de
2025, para afirmar que no se infringieron los derechos reclamados por la parte actora y
que, por el contrario, su decisión se ajustó a los parámetros jurisprudenciales proferidos
sobre el alcance de la causal 1ª del artículo 250 del CPACA.

El director del Ejército Nacional y el ministro de Defensa Nacional no se pronunciaron,
pese a que, como se vio, fueron debidamente notificados.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Cesar Adolfo Pérez Sepúlveda para dejar sin efectos la providencia del 20 de marzo de
2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por medio de
la cual se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión con radicado 11001-03-
25-000-2019-00263-00.

La Sala anticipa que denegará las pretensiones de la parte actora, por cuanto la autoridad
judicial demandada no incurrió en los defectos alegados.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y, (iii) el análisis del caso concreto.

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2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

La relevancia constitucional se encuentra acreditada, toda vez que no alude a una
discusión de orden legal o económico y cumple con la carga argumentativa de señalar
que, si existieran los errores que alega la parte actora, se estaría vulnerando sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al
trabajo.

La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo
con la verificación del expediente del proceso objeto de tutela, la decisión del 20 de
marzo de 2025, fue comunicada por correo electrónico del 27 de mayo de 2025, de modo
que fue debidamente notificada el 29 de mayo siguiente y, por su parte, la demanda de
tutela fue radicada el 12 de noviembre de 2025, esto es, cinco meses y 13 días después,
término que no supera los seis meses fijados por la Sala plena de esta Corporación como
plazo razonable.

La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado
que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y cuestiona la
providencia que declaró infundado un recurso extraordinario de revisión presentado
contra la sentencia de segunda instancia dictada en ese proceso.

También se identifican los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental; esto es, expuso de manera clara que la vulneración de los derechos
fundamentales invocados proviene de advertir que la autoridad judicial demandada
incurrió en defectos fáctico, sustantivo y en desconocimiento del precedente al proferir la
providencia del 20 de marzo de 2025.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona
la decisión que declaró infundado un recurso extraordinario de revisión que presentó
contra una sentencia de segunda instancia.

4. Análisis del caso concreto

La parte actora adujo que la providencia del 20 de marzo de 2025, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, incurrió en:

i) Defecto fáctico porque no se valoró la sentencia del 9 de febrero de 2018 proferida
por el Juzgado 11 Penal Militar de Brigada.

2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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ii) Defecto sustantivo por interpretación restrictiva y desproporcional del numeral 1º
artículo 250 del CPACA.

iii) Desconocimiento del precedente fijado en las sentencias C-769 de 1998 dictada por
la Corte Constitucional y del 20 de enero de 2011 proferida por el Consejo de Estado, en
el expediente 25000-23-25-000-2003-01222-01.

La Sala precisa que estudiará los cargos de manera conjunta porque apuntan a demostrar
que, si se configuró la causal de revisión invocada y, por lo tanto, se debió tener en cuenta
la mencionada sentencia dictada por la justicia penal militar y acceder a las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Previo a resolver, conviene precisar que la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por el actor tuvo por objeto la declaratoria de nulidad de la Resolución
5393 del 1 de julio de 2015, por medio de la cual se le retiró del servicio activo de las
Fuerzas Militares por inasistencia al servicio sin causa justificada por más de cinco días.

La demanda se adelantó bajo el radicado 91001-33-33-001-2016-00004-00 y
correspondió al Juzgado Único Administrativo de Leticia que, por sentencia del 23 de
mayo de 2017, declaró la nulidad de la resolución demandada, ordenó el reintegro del
demandante y condenó al Ejército Nacional a pagar los sueldos, prestaciones sociales y
demás emolumentos dejados de percibir, al estimar que, no se había adelantado un
procedimiento administrativo en el que se permitiera al actor ejercer su derecho de
defensa.

Que hubo desviación de poder, debido a que no se aplicaron los principios de
razonabilidad y proporcionalidad.

Inconforme, la entidad demandada apeló y el 1 de marzo de 2018, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, revocó la decisión,
para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda, al considerar que sí se había
adelantado un procedimiento en el que se le otorgó la oportunidad al demandante de
exponer los motivos que le impidieron presentarse al servicio.

Que el retiro se encontraba plenamente justificado y había respetado el debido proceso
del señor Pérez Sepúlveda.

Posteriormente, el demandante presentó recurso extraordinario de revisión, en el que
señaló que se configuraba la causal prevista en el numeral 1º del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011, debido a que, a su juicio, la decisión del tribunal hubiere sido distinta de
haber conocido la sentencia absolutoria proferida el 9 de febrero de 2018 por el Juzgado
11 Penal Militar de Brigada, en la causa 1254, seguida en su contra por el delito de
abandono del servicio, en razón a que, los hechos que originaron ese proceso penal eran
los mismos que determinaron su retiro del servicio.

Dijo que la sentencia del 9 de febrero de 2018 no había podido ser incorporada porque,
cuando fue expedida, ya se había cerrado el periodo probatorio del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Que en esa sentencia se había afirmado que se encontraba
en distintas circunstancias que justificaban su inasistencia al servicio.

Ahora bien, en la providencia del 20 de marzo de 2025, la autoridad judicial demandada
explicó que, la causal prevista en el numeral 1º del artículo 250 del CPACA supone la
existencia de una prueba documental, que es preexistente a la sentencia cuestionada en
revisión, que es encontrada o recobrada con posterioridad a la emisión de aquella, que
tiene un impacto determinante, al punto de causar su modificación y/o revocatoria, pero
que no pudo ser incorporada oportunamente al proceso objeto de revisión por fuerza
mayor, caso fortuito y/o por acciones de la contraparte.

Que, si la documental no fue aducida, incorporada o solicitada dentro de las etapas
procesales pertinentes por circunstancias distintas a las señaladas en la norma, no era

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procedente esa causal. Que el documento debía poseer un nivel de persuasión que
resultara suficiente para incidir en el sentido de la decisión o generar en el juzgador una
convicción distinta de los hechos.

Que los reproches que sustentaban el recurso extraordinario de revisión no se
encontraban en la causal invocada, por lo que se debía declararse infundado.

Señaló que la sentencia del 9 de febrero de 2018 no detentaba la calidad de encontrada
o recobrada, debido a que esa providencia sí pudo haber sido aportada al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho antes de que se dictara la sentencia de segunda
instancia.

Que al apoderado del demandante nada le impedía remitir esa prueba al fallador de
segunda instancia, quien debía definir si la incorporaba y corría traslado a las partes o si
la requería en uso de la potestad fijada en el artículo 212 del CPACA.

Que la providencia del 9 de febrero de 2018 no era decisiva ni determinante frente a la
sentencia recurrida, porque no guardaba relación con los hechos que determinaron el
retiro del servicio, debido a que el proceso adelantado en la justicia penal militar estaba
relacionado con la presunta comisión del delito de abandono del servicio, por no haberse
presentado dentro de los cinco días siguientes a la orden de traslado que se le realizó al
señor Pérez Sepúlveda en el año 2014.

Que, por el contrario, la desvinculación del actor se fundamentó en la inasistencia al
servicio sin justa causa el 19 de enero de 2015, cuando terminaron sus vacaciones.

Por último, manifestó que no aportar la sentencia del 9 de febrero de 2018 al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho no obedeció a una circunstancia de fuerza mayor
y/o por obra de la parte contraria, pues la misma parte actora solo había advertido que
no había aportado esa providencia porque las etapas probatorias del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho ya habían precluido.

A partir de lo anterior, para la Sala, la autoridad judicial demandada no incurrió en los
defectos alegados por la parte actora, por cuanto no se configuraba la causal de revisión
prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA.

La Sala observa que, de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente, se pudo
constatar que, la sentencia del 9 de febrero de 2018 no fue encontrada o recobrada con
posterioridad a la sentencia del 1 de marzo de 2018 dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A., debido a que esa documental pudo
ser incorporada al proceso antes de que se dictara sentencia de segunda instancia.

Que la sentencia del 9 de febrero de 2018 no era decisiva respecto de la decisión de
segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, porque estaban
relacionadas con hechos distintos.

Que la no incorporación de la sentencia del 9 de febrero de 2018 no obedeció a
circunstancia de fuerza mayor, caso fortuito o a la voluntad de la contraparte, porque,
según la propia manifestación del demandante, no fue allegada al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho debido a que ya había culminado la etapa probatoria de ese
proceso.

La Sala no advierte que la decisión cuestionada contenga errores sustanciales y que
estos provengan directamente de deficiencias en la valoración probatoria, a tal punto que
no corresponda con la sana crítica o que no atienda a criterios de objetividad,
racionalidad, legalidad y motivación.

En este punto, conviene resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
determinado que la acción de tutela contra decisiones judiciales se concibe como un juicio

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Demandante: Cesar Adolfo Pérez Sepúlveda

de validez, mas no de corrección4, y que, por lo tanto, este mecanismo no puede utilizarse
como una instancia para discutir asuntos de índole probatoria que dieron origen a otro
proceso.

Finalmente, la Sala encuentra que tampoco se configura el cargo por desconocimiento
del precedente alegado.

La Sala debe aclarar que, con relación a la sentencia C-769 de 1998 dictada por la Corte
Constitucional, no puede predicarse un defecto por desconocimiento del precedente, sino
un eventual defecto sustantivo por inaplicación de la interpretación normativa realizada
en esa providencia.

Sin embargo, se advierte que esa decisión realizó una interpretación normativa del
numeral 8º del artículo 25 de la ley 200 de 1995, que está relacionado con la falta
disciplinaria por abandono injustificado del cargo o del servicio;no obstante, la decisión
cuestionada declaró infundado el recurso extraordinario de revisión, al estimar que los
reproches alegados no se encuadraban en la causal invocada.

Por otro lado, respecto de la sentencia del 20 de enero de 2011 proferida por el Consejo
de Estado, en el expediente 25000-23-25-000-2003-01222-01, la Sala debe señalar que
ese cargo está dirigido a insistir en la tesis de la parte actora, relacionada con que si se
configuró la causal de revisión prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA y se
debió tener en cuenta la sentencia absolutoria proferida el 9 de febrero de 2018 por el
Juzgado 11 Penal Militar de Brigada, en la causa 1254, seguida en contra del actor por
el delito de abandono del servicio.

Las anteriores razones son suficientes para que se deniegue las pretensiones de la parte
actora, debido a que la autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos alegados.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Cesar Adolfo
Pérez Sepúlveda, conforme a lo expuesto en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

4 Ver, entre otras, las sentencias T.344 de 2015, SU-425 de 2016, y T-022 de 2019.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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