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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00263-00

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00263-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar INFUNDADO el Recurso Extraordinario de Revisión formulado por el señor César Adolfo Pérez Sepúlveda en contra de la sentencia de segunda instancia proferida el 1.° de marzo de 2018 por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 91001- 33-33-001-2016-00004-01, de conformidad con lo señalado en la parte motiva. 35 Se acude a esta norma, en razón a que el recurso fue radicado en el año 2020, esto es, antes de la vigencia de la Ley 2080 de 2021. 835 19 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Recurso Extraordinario de Revisión Radicado: 11001-03-25-000-2019-00263-00 (1575-2019) Recurrente: César Adolfo Pérez Sepúlveda SEGUNDO. Condenar en costas y agencias en derecho al recurrente. La secretaría de esta Sección realizará la respectiva liquidación. TERCERO. – Efectuar las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00263-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

20 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00263-00 (1575-2019)
Recurrente: César Adolfo Pérez Sepúlveda
Vinculado: La Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional de Colombia.
Temas: Causal 1.° del artículo 250 de la Ley 1137 de 2011
Presupuestos de configuración. Oportunidad para presentar
pruebas. Omisión del deber de aportar pruebas.

I. ASUNTO

Se decide el Recurso Extraordinario de Revisión consagrado en el artículo 248 y
siguientes de la Ley 1137 de 2011, presentado por el señor César Adolfo Pérez
Sepúlveda1 en contra de la sentencia de 1.° de marzo de 2018, proferida por la
Subsección “A” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 91001-33-33-001-2016-00004-01.

II. ANTECEDENTES

Del proceso ordinario que motivó la presentación del recurso
extraordinario.

Las pretensiones.

1. Con la demanda se solicitó anular la Resolución 5393 de 1.° de julio de 2015,
a través de la cual se retiró del servicio activo de las Fuerzas Militares – Ejército
Nacional, en forma temporal con pase a la reserva, al Capitán César Adolfo Pérez
Sepúlveda «por inasistencia al servicio sin causa injustificada, de acuerdo con el
tiempo previsto en el Código Penal Militar, para el delito de abandono del servicio
[…]».

2. Como restablecimiento del derecho se exigió el reintegro al cargo
desempeñado y/u a otro de igual o superior jerarquía. El reconocimiento y pago
de los emolumentos salariales y prestacionales dejados de percibir y el

1 El escrito de revisión fue presentado ante la secretaría de esta Sección el 21 de marzo de 2019, tal y como

lo refleja el sello visible en el respaldo del folio 15.

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Recurrente: César Adolfo Pérez Sepúlveda

cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

Hechos relevantes.

3. El 26 de noviembre de 2012, el Capitán César Adolfo Pérez Sepúlveda fue
trasladado al Liceo “General Serviez” de Villavicencio, en calidad de director.
Dicho centro educativo se encuentra ubicado en el cantón militar de Apiay.

4. El 24 de febrero de 2014 fue informado por la secretaria del Liceo que el dinero
en efectivo recolectado a instancias de la rectora de esa institución para la
compra de materiales estudiantiles había sido hurtado.

5. Inmediatamente le ordenó a la secretaria presentar la denuncia ante la Fiscalía
General de la Nación y, el día 27 de ese mes rindió un informe con destino a la
dirección general de los Liceos del Ejército Nacional.

6. Esa dirección solo se preocupó por recuperar el dinero, pero no inició ninguna
investigación administrativa o disciplinaria por esos hechos, ni tampoco requirió
la intervención de la secretaría de educación municipal de Villavicencio, quien
designó a la rectora del ente educativo.

7. Decidido a esclarecer las circunstancias del reseñado hurto, el actor inició una
investigación personal en la que advirtió algunas irregularidades cometidas por
quien fuera su compañera sentimental, un tío de ella y algunos de los mandos
superiores de la Séptima Brigada con sede en Villavicencio.

8. Luego de mencionar esas irregularidades a su compañera sentimental,
empezó a vivir un calvario en su vida familiar y militar, siendo victima de atropellos
por parte de sus superiores, falsas sindicaciones, amenazas en contra de su vida
e integridad personal.

9. El 10 de mayo de ese año el subdirector de los Liceos del Ejército Nacional les
pasó revista a los inventarios de la institución y pidió que le entregara el Liceo,
para lo cual le confirió dos horas.

10. El día siguiente se le informó de su traslado al Batallón 50 “Luís Acevedo
Torres” de la ciudad de Leticia, el cual fue ordenado sin tener en cuenta que
padecía una incapacidad laboral del 35.74% y, además, que en dos ocasiones
había sufrido de leishmaniasis que, por cierto, le impedían desplegar acciones en
zonas selváticas.

11. Por temer represalias en contra de su vida, decide no presentarse a la nueva
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unidad militar y formula denuncias ante el comandante del Ejército Nacional y la
Inspección General de la institución castrense, las cuales no tuvieron ningún eco.

12. En el mes de abril de 2015 dejaron de pagarle su sueldo, por lo que requirió
una reunión con el Inspector General de las Fuerzas Militares. El 6 de mayo de
2015, cuando cumplía esa cita, fue capturado y posteriormente remitido al
Batallón de Infantería N° 50 de Leticia.

13. Posteriormente conoce que, por orden de los mandos generales, se está
tramitando su retiro del servicio, el cual se concretó con el acto administrativo
demandado.

Normas violadas y concepto de violación.

Para el abogado del demandante, la decisión sometida a juicio infringió las
siguientes disposiciones:

• Artículos 4, 6, 83, 121 y 122 de la Constitución Política.
• Artículos 1602 y 1609 del Código Civil.
• Artículos 14, 18 y 25 de la Ley 80 de 1993.
• Artículo 34 de la Ley 95 de 1980.
• Artículos 1072 y 1077 del Código de Comercio.

14. El acto administrativo demandado careció de motivación, lo que le impidió al
afectado ejercer su derecho de defensa, pues no pudo conocer los fundamentos
que determinaron el retiro del servicio.

15. Se aplicó arbitrariamente la Ley 857 de 2003 -que faculta al Gobierno
Nacional para retirar oficiales por razones de servicio-, pues el artículo 4.º
demanda el empleo de criterios objetivos y evaluaciones técnicas para la
desvinculación, lo que aquí se echa de menos.

16. La decisión no explicó la relación entre los hechos imputados -el abandono
del servicio- y la medida adoptada, incurriendo en una incongruencia en la
motivación. Tampoco respetó el principio de razonabilidad, pues se ignoraron
certificados médicos que demostraban una incapacidad del 35.74% y
antecedentes de leishmaniasis, condiciones que hacían inviable su traslado a
Leticia.

17. Se vulneró el derecho de defensa al negarle el acceso a algunos documentos
claves -como los informes emitidos por los comités del Ejercito Nacional y las
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actas que fundamentaron su retiro-, lo que imposibilitó una defensa técnica
adecuada. Se presentó una desviación de poder, ya que se utilizó la facultad
discrecional para silenciar las denuncias que instauró ante distintos entes de
control, lo cual, sumado a la falta de fundamentación objetiva, configuró una
violación integral de las garantías constitucionales.

Sentencia de primera instancia.2

18. Mediante sentencia de 23 de mayo de 2017, el Juzgado Único Administrativo
Oral de Leticia – Amazonas, accedió a las pretensiones de la demanda y condenó
en costas a la parte demandada. Con tales fines, después de reseñar el “retiro
del servicio activo de las Fuerzas Militares por inasistencia injustificada al
servicio”, concluyó que:

19. Erró el apoderado del demandante al considerar que el retiro del servicio de
su mandante obedeció al ejercicio de la potestad discrecional, pues es claro que
tal desvinculación se produjo por la inasistencia injustificada al servicio por más
de cinco (5) días.

20. Aunque antes de la emisión del acto cuestionado el Ejército Nacional expidió
el Acta 411 de 10 de abril de 2015, en la que consignó las circunstancias de
hecho que configuraron el “abandono del servicio” por parte del accionante, lo
cierto es que no adelantó un procedimiento administrativo que le permitiera a este
ser escuchado y presentar las pruebas que tuviera en su poder, destinadas a
demostrar las justificaciones de sus ausencias.

21. La decisión administrativa demandada fue emitida con clara desviación de
poder, pues no se avizoran en ella la aplicación de los principios de razonabilidad
y proporcionalidad. En efecto, al examinar las Actas 411 y 412 del 10 de abril de
2015 que evidencian, en su orden, las circunstancias del “abandono del servicio”
y de la “supervivencia del Capitán Pérez”, no se advierten consideraciones frente
a las condiciones personales, familiares, legales y de salud que le impidieron al
demandante presentarse a la unidad militar de Leticia. Igual conclusión se
predica del concepto jurídico de retiro emitido el 25 de mayo de 2015 y de la
exposición de motivos del 2 de junio de ese año, firmada por el comandante del
Ejército Nacional.

22. En otras palabras, la entidad castrense conocía la situación del accionante,
pues este había presentado denuncias por actos de corrupción institucional y por

2 Expediente digital, índice 22 de la plataforma SAMAI, documento denominado
“D110010325000201900263001RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO20208918423.pdf”.
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amenazas contra su vida, así como quejas y escritos ante diferentes organismos
estatales informando los hechos acaecidos luego del hurto de los dineros del
Liceo “Serviez” de Villavicencio.

23. Adicionalmente, el ente demandado no atendió las diversas patologías de
salud experimentadas por el reclamante, las cuales fueron dadas a conocer por
él.

Recurso de apelación.3

24. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la parte demandada la
recurrió en apelación. Con tales fines, arguyó:

25. Interpretación errónea de la normatividad sobre el retiro del servicio por
inasistencia injustificada al mismo. El juez de primera instancia exigió la
aplicación de un procedimiento administrativo previo al retiro ordenado en el acto
cuestionado que no se encuentra estipulado en el Decreto 1790 de 2000. La
inasistencia injustificada al servicio es una causal objetiva que solo requiere la
demostración de una ausencia carente de explicación por más de cinco días, sin
necesidad de agotar trámites adicionales. Considerar lo contrario, sería extender
en el tiempo una situación irregular por parte de los miembros de las Fuerzas
Armadas que desnaturaliza la diligencia e inmediatez con que deben obrar los
mandos superiores al respecto.

26. El retiro del servicio del Capitán Pérez Sepúlveda se encuentra
justificado. La desvinculación demandada se justificó en el hecho según el cual
el accionante, al término de su periodo vacacional -14 de enero de 2015-, no se
hizo presente ante el comandante del Batallón de Infantería de Selva N° 50 y,
además, que ante los distintos requerimientos realizados por el mando superior
de esa unidad militar, solo brindó respuesta evasivas que, para nada, lo
excusaban de acudir al servicio.

27. No es admisible que un Oficial del Ejército Nacional, con más de 14 años de
trayectoria institucional y, por ende, conocedor de sus deberes y
responsabilidades, decida ausentarse injustificadamente del servicio a sabiendas
de las consecuencias que ello acarrea.

28. El retiro por ausencia injustificada al servicio es independiente de las
responsabilidades penales y disciplinarias. La aludida causal, que por cierto
es objetiva, solo requiere la prueba de la ausencia no justificada al servicio por

3 Expediente físico, Cuaderno 1 Folios 464-471.
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cinco (5) días, sin que para tales fines deba adelantarse un procedimiento
administrativo previo, pues la norma no lo exige. Además, la sanción -que no
invade las esferas penales y disciplinarias- es proporcional al hecho que le sirve
de causa, pues su finalidad es la de garantizar la prestación efectiva del servicio.

29. El periodo de inasistencia comprendido entre el 14 y el 25 de enero de 2015
era más que suficiente para que el accionante se presentara a la unidad militar
o, en su defecto, informara las razones por las cuales no podía asistir al servicio.

30. El a quo señaló que el traslado de unidad militar no se encontraba justificado,
pero olvidó que este tipo de ordenes de personal no ameritan esas
consideraciones. Además, el demandante, antes que recurrir de esa decisión,
desplegó actuaciones caprichosas para evitar presentarse al Batallón de
Infantería de Selva N° 50 de Leticia.

31. Improcedencia del reintegro y del curso de ascenso. El juez de primer
grado no podía ordenar el curso de ascenso para el demandante, pues este se
encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos previstos en el Decreto 1790
de 2000, dispositivo regulador de la carrera de los oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares.

Sentencia objeto de revisión.4

32. El 1.° de marzo de 2018, la Subsección “A” de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la sentencia de primera
instancia.

33. Para ello, luego de reseñar las normas que regulan el retiro por inasistencia
injustificada al servicio en las Fuerzas Militares, y la jurisprudencia que ha
precisado los alcances para el uso de esa figura, concluyó:

34. Las decisiones de retiro por ausencias no justificadas al servicio requieren el
adelantamiento de un procedimiento breve y sumario en el que se le brinde al
remiso la oportunidad de exponer los hechos y pruebas que justifican su
inasistencia, como garantía del derecho fundamental al debido proceso.

35. Al ser trasladado al Batallón de Infantería de Selva N° 50 de Leticia, el
demandante debía presentarse en esa unidad táctica el 17 de mayo de 2014.
Empero, por razones que no son claras, ese plazo se extendió hasta el 14 de
enero de 2015, data en que la feneció el disfrute de sus vacaciones.

4 Expediente físico, Cuaderno 1 Folios 510-521.
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36. El demandante no asumió las cargas probatorias que le asistían, pues en el
paginario no reposan pruebas que evidencien que, a partir de la última fecha en
cita, justificó los motivos imprevisibles e irresistibles que le impedían presentarse
al servicio. Es más, lo que si se demostró fue que el comandante del Batallón
insistió en conocer los motivos de esa ausencia y, además, instó al actor en varias
oportunidades para que acudiera a la unidad militar.

37. Contrario a lo señalado por el a quo, la entidad demandada si adelantó el
procedimiento breve y sumario echado de menos, pues entre el 14 de enero y el
13 de marzo de 2015, el comandante del Batallón de Infantería de Selva N° 50
de Leticia se comunicó en varias ocasiones con el actor para conocer los motivos
reales que le impedían presentarse al servicio, sin obtener respuestas
satisfactorias al respecto, sino evasivas y afirmaciones sin respaldo probatorio.

38. Corolario, el retiro del servicio se encuentra plenamente justificado y,
además, respetó el debido proceso del demandante.

39. Si el Capitán Pérez estaba inconforme con su traslado a la unidad militar de
Leticia y consideraba que esa decisión constituía una persecución de orden
laboral y una desmejora de sus condiciones de trabajo, debió acudir a los
instrumentos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico y no obrar como
lo hizo, esto es, prolongar sin justificación su inasistencia al servicio.

40. Así pues, como tal determinación no fue impugnada, le correspondía cumplir
con la orden depositada en ella y presentarse, en el menor tiempo posible, a su
nueva unidad táctica.

El Recurso Extraordinario de Revisión.5

La causal invocada.

41. El señor César Adolfo Pérez Sepúlveda, a través de apoderado, señaló que
en este asunto se configuró la causal de revisión contenida en el numeral 1.° del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, la cual, por su importancia aquí, se
transcribe a continuación:

«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el

5 Expediente físico, cuaderno principal folios 1-15.
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recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria. […]».

El fundamento del recurso.

42. Para el recurrente, el tribunal de segunda instancia hubiese tomado una
decisión distinta de haber conocido la sentencia absolutoria proferida el 9 de
febrero de 2018 por el Juzgado Once Penal Militar de Brigada, dentro de la causa
1254 seguida en contra del actor por el delito de “abandono del servicio”.

43. Ello, en razón a que los hechos que originaron ese proceso penal son los
mismos que determinaron el retiro del servicio demandado en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.

44. Que la sentencia adoptada en el proceso penal no pudo ser incorporada al
trámite ordinario, porque cuando fue emitida el periodo probatorio en este se
encontraba vencido. En esa decisión, el juez militar encontró que el recurrente
estaba inmerso en distintas circunstancias que justificaban su inasistencia al
servicio, tales como: amenazas contra su vida, eventos de acoso laboral,
problemas de salud física y emocional, dificultades familiares, entre otros.

Pretensiones. El recurrente solicitó revocar la sentencia de 1.° de marzo de
2018, proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y, en consecuencia, se accedan a las súplicas
de la demanda.

Pronunciamiento del Ejército nacional.6

Su apoderado contestó el recurso alegando, en esencia, que:

45. Los argumentos del recurrente no satisfacen los requisitos legales que
configuran la causal de revisión invocada, pues el documento que pretende hacer
valer no cumple con el estándar de “ser decisivo”, amén de que no acreditó que
la imposibilidad de su aportación obedeciera a una fuerza mayor y/o un caso
fortuito.

46. Por el contrario, se encuentra acreditado que la no incorporación de esa
sentencia se produjo por la impericia y negligencia del abogado del demandante
quien, a pesar de conocer la existencia del proceso penal, no desplegó las
acciones pertinentes para su entrega en el trámite de nulidad y restablecimiento

6 Expediente digital, índice 12 de la plataforma SAMAI.
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del derecho, entre ellas, recurrir las decisiones de cierre probatorio y/o de
apertura de los alegatos de conclusión, o pedir al tribunal que pidiera
oficiosamente esa prueba.

47. El Recurso Extraordinario de Revisión no puede ser empleado para subsanar
las falencias en materia de carga de la prueba y/o la falta de diligencia del
apoderado del Capitán Pérez Sepúlveda.

48. Debe aplicarse el principio «NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM
ALLEGANS» y, en consecuencia, despachar negativamente el presente recurso,
pues el recurrente no puede obtener beneficios de su propia culpa.

III. CONSIDERACIONES

49. Competencia. Esta Subsección es competente para resolver el presente
recurso de revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la
Ley 1437 de 2011 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019,
contentivo del Reglamento Interno de esta Corporación.

50. De la oportunidad para interponer el recurso. De conformidad con lo
señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, cuando el recurso se
fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral 1°, entre otras, podrá
presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».

51. En el presente asunto, la providencia objeto de revisión fue proferida el 1.° de
marzo de 2018 y notificada a las partes el día 21 de ese mes.7 Por tanto, como
el recurso fue radicado en la secretaría de esta Sección el 21 de marzo de 2019,8
esto es, dentro del año siguiente a la comunicación de aquella -no a su ejecutoria
que, por supuesto, se concretó en fecha posterior-, se concluye que su
presentación fue realizada dentro de la oportunidad legal.

52. Problema jurídico. De acuerdo con lo planteado en el recurso extraordinario,
corresponde a la Sala determinar si: ¿La sentencia de 1.° de marzo de 2018,
proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en la causal prevista en el numeral 1.°
del artículo 250 del CAPCA?

53. Para resolver ese interrogante se reseñará: i) la naturaleza y objeto del
Recurso Extraordinario de Revisión y; ii) el contenido y alcance de la causal 1.°

7 Folios 522-525 del cuaderno principal.
8 Ver respaldo del folio 15.
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del artículo 250 del CPACA.

Normas y jurisprudencia aplicables.

La naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión.

54. El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:

«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los
Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».

55. La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que, por su naturaleza, el
Recurso Extraordinario de Revisión es un medio judicial de impugnación que, por
excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las
sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada.

56. Lo anterior, en razón a que puede ser dirigido en contra de las sentencias
ejecutoriadas proferidas por cualquiera de las autoridades que integran la
jurisdicción de lo contencioso administrativo -jueces y tribunales administrativos,
así como las subsecciones y secciones de esta Corporación-.

57. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento
de la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de
situaciones externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso
ordinario, pero que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio
de cosa juzgada.

58. En sentencia de 3 de marzo de 2020,9 la Sala Décima Especial de Revisión
de este Tribunal, expresó:

«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.

43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI
Capítulo I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –Ley 1437 de 2011-, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de
impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la

9Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), consejera Ponente Dra. Sandra Lisett Ibarra
Vélez.
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cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones
injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la
ley».10

44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir
las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en
cualquier instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces
Administrativos cuya naturaleza permita la interposición del recurso. En
consecuencia, el recurso extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es
considerado por la doctrina11 como un medio de impugnación con la virtud de
afectar de manera excepcional el principio de inmutabilidad de las sentencias que
hacen tránsito a cosa juzgada, pues con este se abre la posibilidad de controvertir
un fallo ejecutoriado, siempre que se configure alguno de los eventos consagrados
en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.12

45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión
tiene por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión
controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas
que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del
legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa
juzgada […]».13

59. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el
debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias
probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las
providencias; iv) controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los
errores por falta de aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al
momento de resolver el caso sometido a juicio.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, consejero Ponente Dr. Alberto Yepes

Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014.
11 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE,

2016, Pág. 884.
12 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse

recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir
una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con
mayor derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al
tiempo del reconocimiento, la aptitud legal neCésaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia,
o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que
declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado
la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su
expedición. // 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se
propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».
13 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15-

000-2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia de 29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
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60. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la
procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre
una argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente
entre los fundamentos y la causal alegada.14 En la sentencia que se viene
citando, esta Corporación expresó:

«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate
propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso
extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad
interpretativa del juez15 o para corregir errores «in iudicando»16, sino que fue
consagrado para discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron
indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el
caso de los documentos falsos o adulterados17-, o no pudieron ser tenidos en
cuenta a pesar de ser determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas
recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho18-, o fueron
sobrevinientes a la decisión y hacen que esta última carezca de razón de ser –
como en el caso de la causal cuarta,19- o deben poder ser objeto de examen judicial
–como cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de
recurso de apelación20-.

47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia
está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la
obligación elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de
ese formalismo, debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y,
especialmente, los hechos que le sirven de fundamento y la configuran.

48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los
argumentos en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es
dable al recurrente realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas
o los juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida
ni pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el
ejercicio del derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos
ordinarios de defensa, como si se tratara de una nueva instancia.

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión,

sentencia de 13 de octubre de 2020, expediente No. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV), consejero
Ponente Dr. Alberto Montaña Plata.
15 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001-03-

15- 000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia.
16 En sentencia C- 998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los

errores in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación
indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea…».
17 Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos

falsos o adulterados».
18 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales

se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
19 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de

la sentencia.
20 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de

apelación.
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49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder
la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la
sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo».21

El contenido y alcance de la causal 1 del artículo 250 del CPACA.

61. El numeral 1.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo dice, a la letra, que:

«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria.»

62. De acuerdo con el anterior dispositivo, la causal en cita se cristaliza cuando:

i) Se trata de una prueba documental que;

ii) Preexistente a la sentencia cuestionada en revisión;

iii) Es encontrada o recobrada con posterioridad a la emisión de aquella
decisión y, por tanto;

iv) Tiene un impacto determinante en ella, al punto que prohíja su
modificación y/o revocatoria, pero que;

v) No pudo ser incorporada oportunamente al proceso primigenio por
fuerza mayor, caso fortuito y/o acción de la contraparte.

21 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios

pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia
de 27 de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: «…
no constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate
probatorio o sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales
señaladas en la ley, cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo.
(....)». En ese mismo sentido, en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia
López Díaz, se manifestó que con el recurso extraordinario especial de revisión «(...) No se trata de
controvertir el juicio de valoración propio del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes
adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas anteriores del
proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo
de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)».
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63. Esta Corporación ha sido insistente al pregonar que la causal en referencia
solo se aplica a pruebas documentales, por lo que no es admisible frente a otro
tipo de evidencias como los testimonios o las inspecciones judiciales.22

64. Así entonces, se extiende a los elementos enlistados en el artículo 243 del
C.G.P., esto es «los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de
datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas,
videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos
y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo,
y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.»

65. En cuanto a que debe tratarse de una prueba encontrada o recobrada
después de dictada la providencia objeto de revisión, la jurisprudencia de este
tribunal ha indicado que debe tratarse de una evidencia documental que,
preexistente al fallo de instancia -pero no posterior a él-, solo pudo ser obtenida
por la parte recurrente con posterioridad a la emisión de aquél.

66. Por tanto, cuando tales elementos no fueron aducidos, incorporados o
solicitados dentro de las etapas procesales pertinentes por circunstancias
distintas a las señaladas en la norma, no deviene procedente la causal.23

67. Igualmente, el documento debe poseer un nivel de persuasión tal que resulte
suficiente para incidir en el sentido de la decisión o generar en el juzgador una
convicción distinta respecto de hechos que, en el desarrollo del proceso, no
consideró debidamente acreditados.

68. En relación con el último requisito señalado, esto es, que la imposibilidad de
aportar la prueba documental obedezca a fuerza mayor, caso fortuito y/o acción
de la parte contraria, esta corporación ha indicado que:

«66. Ahora bien, es neCésario que el recurrente demuestre24 que la razón por la
cual no pudo aportar el documento al proceso fue atribuible al actuar intencional
22 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N° 19, sentencia de 19 de septiembre

de 2022, expediente 11 001 03 15 000 2021 11456 00, C.P. Dr. William Hernández Gómez.
23 Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección B, sentencia de 11 de noviembre de 2016, expediente

No. 25000-23-26-000-1996-13158-01(34697), consejera Ponente Dra. Stella Conto Díaz del Castillo.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión;

sentencia del 7 de febrero de 2017, radicación 11001 03 15 000 2016 01440 00 (rev); M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio «Al haber calificado expresamente la ley los motivos de la falta de la prueba documental en
el proceso, “el simple olvido, incuria o abandono de la parte” 2 7 que habría sido beneficiada con la prueba
no constituyen razones válidas para promover la revisión de una sentencia. -/ También se ha dicho que “no
basta con una dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera ‘imposibilidad’
apreciada objetivamente...” 2 8 - / De otra parte, la jurisprudencia advierte que la fuerza mayor, el caso fortuito
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de la contraparte, orientado a impedir que la prueba se pudiera arrimar a la
actuación judicial, o una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito; sin
embargo, en torno a las dos últimas situaciones, esta Corporación ha sostenido
que solo en caso de demostrarse la fuerza mayor se podría configurar la causal:

«[…]

Empero, la jurisprudencia de esta Sala ha distinguido entre la fuerza mayor
y el caso fortuito, en el entendido que solo cuando se da la primera puede
prosperar la causal, en cuanto extraña y por ende externa a la esfera jurídica
de las vinculadas a la relación jurídica procesal, de suerte que aunque
imprevisible, impone a cada quien asumir su propio riesgo. El caso fortuito, por el
contrario, proviene de la propia actividad, por lo que, aún imprevisible por parte
de quien pretende beneficiarse en la prueba, tampoco conlleva responsabilidad
en cuanto cada quien está obligado a asumir su propio riesgo y a reparar por su
traslado a terceros, esto es, a quien resulta ser ajeno al mismo. De donde no
puede argüirse “olvido, incuria o abandono de la parte”,25 por parte de quien
pretende beneficiarse con la prueba, tampoco “dificultad por grave que pueda
parecer, por cuanto la ley exige una verdadera ‘imposibilidad’ apreciada
objetivamente”.26

Aunado a lo expuesto, la jurisprudencia advierte que tanto la fuerza mayor,
como la obra de la parte contraria, deben probarse, 27 esto es, aportar
elementos de convicción acorde con los cuales se deje en evidencia las
circunstancias que hicieron imposible el aporte oportuno de los
documentos.28

Y a más de esto, la jurisprudencia de la Corporación también ha reiterado que se
debe probar la imprevisibilidad e irresistibilidad, puesto que, en términos
generales, la primera es criterio fundamental para determinar el caso fortuito,
como el suceso interno que se da dentro del campo de actividad de quien produce
el daño, mientras que la segunda, lo es de la fuerza mayor, como un acaecimiento
externo al proceder de quien produce el daño.29.»30

67. Así las cosas, para verificar si le asiste razón a la parte recurrente cuando
alega la configuración de esta causal es neCésario, en principio, verificar si los
documentos que se aducen como recobrados, en efecto, lo son, dentro de los
parámetros expuestos por la jurisprudencia y si está demostrado que la falta de

o la obra de la parte contraria, según el caso, deben probarse 2 9 y, además, que la prueba debe establecer
que verdaderamente fueron esas circunstancias las que hicieron imposible el aporte oportuno de los
documentos.3 0 » (cursiva y números de cita propios del texto transcrito).
25 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18 de

febrero de 2010, Rad. 2597-07.».
26 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

sentencia de 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(rev).».
27 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

sentencias de 20 de abril de 1998, Rad. rev-110 y 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(rev).»
28 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

sentencia de 26 de julio de 2005, Rad. 1998-00177(rev). En este caso hubo un incendio que destruyó unos
registros civiles que luego se trajeron al recurso extraordinario de revisión, pero el infortunio ocurrió mucho
después de presentada la demanda. La Sala consideró que el incendio (caso fortuito) no fue en realidad la
razón que impidió aportarlos en su momento.»
29 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, concepto de 12 de

diciembre de 2006, radicación 11001-03-06-000-2006-00119-00(1792), actor: Ministerio de Transporte.».
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de mayo de 2018, radicación:

11001-03-25-000-2014-00329-00, número interno: 1001-14, m.p. Sandra Lisset Ibarra Velez.
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aportación de estos al proceso, ocurrió por una situación de fuerza mayor o por
una causa atribuible al actuar de la parte contraria.»31

Caso concreto.

Interrogante único: ¿La sentencia de 1.° de marzo de 2018, proferida por la
Subsección “A” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en la causal prevista en el numeral 1.° del artículo 250 del
CAPCA?

69. Desde ya, advierte la Subsección que declarará infundado el Recurso
Extraordinario de Revisión, en razón a que los reproches que lo sustentan no se
encuadran en la causal invocada por el recurrente.

70. De cara a los elementos que la integran y que fueron señalados en el acápite
anterior, esta Sala observa que, aunque la prueba allegada es de naturaleza
“documental” y, además, “preexistente a la sentencia impugnada”, no se
trata de una evidencia: a) “encontrada o recobrada” con posterioridad a la
sentencia, b) con un efecto determinante sobre ella y, c) que haya dejado de ser
aportada al proceso primigenio por fuerza mayor y/o por obra de la parte
contraria.

71. En primer lugar, se dirá que los señalados verbos rectores apuntan y
demandan que la prueba documental exista antes de la emisión del fallo de
instancia, pero que, por motivos ajenos a la voluntad del interesado, no pudieron
ser allegados al proceso judicial de manera oportuna.

72. Ello indica que las pruebas documentales producidas luego de emitida la
sentencia recurrida no avalan la procedibilidad de la causal en estudio. Tampoco
prohíjan esa prosperidad aquellos documentos que, siendo anteriores a la
providencia definitiva, no fueron aportados y/o solicitada su incorporación al
proceso por incuria y/u omisión de la parte. Por eso, se recuerda que el Recurso
Extraordinario de Revisión no constituye una herramienta de defensa que permita
corregir las omisiones probatorias de los sujetos procesales.

73. En sentencia de 4 de junio de 2019,32 la Sala Cuarta Especial de Decisión de
esta Corporación expresó:

«30. El precepto contempla el verbo « encontrar o recobrar» lo cual implica que

31 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 18 de diciembre

de 2020, expediente 11 001 03 15 000 2018 00164 00, C. P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
32 Expediente 11 001 03 15 000 2014 00447 00 (REV), C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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la prueba documental existía, no se tuvo oportunamente por las razones que dice
la ley (fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria), pero se logró
conseguir ya terminado el proceso, ello se traduce en que, para la prosperidad
del recurso, es indispensable entre otros requisitos, que el recurrente hubiere
estado durante todo el proceso en imposibilidad de aportar la prueba respectiva
por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

31. Por ello, son inadmisibles en este recurso extraordinario documentos
fechados con posterioridad al fallo, como tampoco es válido edificar la causal con
documentos que, aun siendo anteriores a la providencia que se cuestiona,
claramente pudieron haber sido aportados o solicitados en las oportunidades
procesales correspondientes, pues el recurso extraordinario de revisión no puede
convertirse en el medio para subsanar yerros o falencias de las partes respecto
de la carga probatoria, de manera que, al haber calificado expresamente la ley
los motivos de la falta de la prueba documental en el proceso, «el simple olvido,
incuria o abandono de la parte»33 que habría sido beneficiada con la prueba no
constituyen razones válidas para promover la revisión de una sentencia.»

74. Descendiendo al caso actual, la prueba documental que se pretende hacer
valer está constituida en la sentencia de 9 de febrero de 2018, proferida por el
Juzgado Once Penal Militar de Brigada, a través de la cual absolvió penalmente
al Capitán César Adolfo Pérez Sepúlveda del punible de «ABANDONO DEL
SERVICIO».

75. Sin embargo, tal documento no detenta la calidad de “encontrado o
recobrado” porque, aunque existía antes del fallo que ahora se cuestiona, si
pudo ser aportado al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho antes de
su emisión.

76. Así las cosas, no son aceptables los argumentos izados en el recurso de
revisión, relacionados con que la imposibilidad de su aporte obedeció al
vencimiento del periodo probatorio, pues nada impedía que el abogado del
recurrente remitiera aquella providencia al fallador de segunda instancia,
corporación que debía definir, de acuerdo con las reglas procesales pertinentes,
si la aceptaba y le corría traslado de ella al Ejército Nacional y/o si la requería en
uso de las potestades previstas en el artículo 212 del C.P.A.C.A.

77. En segundo lugar, la señalada providencia no es “decisiva ni determinante
frente a la sentencia recurrida”, pues no guarda relación con los hechos que
determinaron el retiro del servicio.

78. Así, de la providencia en cuestión se advierte que la causa 1254 adelantada
en contra del actor por el delito de «ABANDONO DEL SERVICIO», tuvo génesis

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, Rad. 2597-07.
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en la no presentación inmediata por parte de este, dentro de los cinco días
siguientes a la orden de traslado, al Batallón de Infantería de Selva N° 50 con
sede en Leticia.

79. Por su parte, la desvinculación demandada se fundamentó en la «inasistencia
al servicio sin causa justificada, de acuerdo con el tiempo previsto en el Código
Penal Militar, para el delito de abandono del servicio […]», previamente calificada
en el Acta 411 del 10 de abril de 2015,34 ante la omisión de presentarse a la
unidad militar el 19 de enero de 2015.

80. En esta Acta se puede leer lo siguiente:

«[…] De acuerdo a lo anterior el señor Capitán PEREZ SEPULVEDA CÉSAR cometió la
inasistencia al servicio por más de cinco días consecutivos sin causa justificada desde el
día 19 de enero del 2015 al no haberse presentado por termino de sus vacaciones en la
Unidad Táctica y sin que a la fecha de hoy en la que se elabora la correspondiente acta,
se haya recibido Información por parte del Oficial sobre el motivo por el cual no ha hecho
presentación en esta Unidad, pese a los contactos hechos por vía telefónica como consta
en el acta de demostración de supervivencia […].»

81. En consecuencia, como la Resolución 5393 de 1.° de julio de 2015 retiró del
servicio activo de las Fuerzas Militares al recurrente, con sustento en los hechos
denunciados en la anterior acta, se concluye que la absolución de la causa penal
que aquí fue anexada, carece de injerencia en el asunto debatido.

82. En tercer lugar, y sin perjuicio de lo antes señalado, se tiene que la no
aportación de esa sentencia al trámite de nulidad y restablecimiento del derecho
no obedeció a una fuerza mayor y/o a obra de la parte contraria. En efecto, en el
recurso en estudio, el abogado de la parte actora reconoció que no allegó esa
documentación porque el periodo probatorio se encontraba vencido.

83. En el fundamento de hecho «Vigésimo Octavo» del recurso, el jurista afirmó:

«Además, porque el demandante (aquí recurrente) no pudo aportarlos al proceso
por el simple hecho de que al momento de practicarse las pruebas en dicho
proceso penal y develarse la realidad de lo ocurrido con su inasistencia, este no
tenía la forma de aportarlos al presente juicio, pues las etapas probatorias habían
precluido y el simplemente estaban (sic) a merced de lo que el tribunal
considerara resolver, lo que las convierte en una causal de fuerza mayor.»

84. Corolario, y en atención a que el cargo formulado no prosperó, la Sala
declarará infundado el aludido medio de impugnación.

34 Folio 27 del cuaderno 2.
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Condena en costas.

85. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en su versión original,35 establece que
«[s]alvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil». A su turno, el artículo 365 del
Código de Procedimiento Civil prevé que:

«Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará
a las siguientes reglas:

1. [s]e condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código.

[…]. ».

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación.

86. En este contexto, atendiendo a que el recurso extraordinario no prosperó, es
procedente la imposición de esta condena, por cuanto el Ejercito Nacional
intervino en este trámite a través de abogado, quien se aprestó a defender sus
intereses. Por lo que sigue, se condenará en costas y agencias en derecho al
recurrente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar INFUNDADO el Recurso Extraordinario de Revisión
formulado por el señor César Adolfo Pérez Sepúlveda en contra de la sentencia
de segunda instancia proferida el 1.° de marzo de 2018 por la Subsección “A” de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 91001-
33-33-001-2016-00004-01, de conformidad con lo señalado en la parte motiva.

35 Se acude a esta norma, en razón a que el recurso fue radicado en el año 2020, esto es, antes de la

vigencia de la Ley 2080 de 2021.
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Recurso Extraordinario de Revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00263-00 (1575-2019)
Recurrente: César Adolfo Pérez Sepúlveda

SEGUNDO. Condenar en costas y agencias en derecho al recurrente. La
secretaría de esta Sección realizará la respectiva liquidación.

TERCERO. – Efectuar las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión
judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del Consejo
de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes
del Código General del Proceso.

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