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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07138-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07138-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 29 de enero de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07138-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-07138-01
Accionante: CÉSAR ADOLFO PÉREZ SEPÚLVEDA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN A
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se revoca el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
29 de enero de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor César Adolfo Pérez Sepúlveda solicitó, a través de apoderado judicial, el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia y trabajo, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 20 de marzo de
2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
dentro del recurso extraordinario de revisión con número de radicación 11001-03-
25-000-2019-00263-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que promovió demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento con número de radicación 91001-33-33-001-2016-00004-01 contra
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el fin de que se
declarara la nulidad de la Resolución núm. 5393 de 1 de julio de 2015, expedida por
la entidad demandada, mediante la cual se resolvió su retiro del servicio activo y, a
título de restablecimiento del derecho, “[…] exigió el reintegro al cargo desempeñado
y/u a otro de igual o superior jerarquía. El reconocimiento y pago de los emolumentos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Accionante: César Adolfo Pérez Sepúlveda

salariales y prestacionales dejados de percibir y el cumplimiento de la sentencia en los
términos del artículo 192 del CPACA […]”.

2.2. Agregó que, el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Único
Administrativo del Circuito de Leticia - Amazonas, autoridad judicial que, mediante
providencia de 23 de mayo de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda.

2.3. Sostuvoque la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la
providencia mencionada anteriormente y la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 1.o de marzo de
2018, revocó la decisión indicada supra y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda.

2.4. Afirmó que el 28 de marzo de 2019, presentó recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al considerar que se configuraba la causal
prevista en el numeral 1.o del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

2.5. Resaltó que el recurso extraordinario de revisión fue adelantado bajo el radicado
11001-03-25-000-2019-00263-00 y correspondió a la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, autoridad que en providencia de 20 de marzo de
2025 lo declaró infundado y condenó en costas y agencias en derecho al recurrente,
al estimar que los reproches alegados no se encuadraban en la causal invocada.

2.6. Expresó que la providencia antes referida vulneró su derecho al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y trabajo, por haber incurrido, presuntamente,
en los defectos fáctico y sustantivo y en desconocimiento del precedente judicial.

2.7. Manifestó que “[…] La providencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico por
omisión probatoria, al abstenerse de valorar de manera adecuada y suficiente la
sentencia absolutoria proferida por el Juzgado 11 Penal Militar de Brigada el 9 de
febrero de 2018, notificada el 21 del mismo mes, junto con el conjunto de pruebas en
las que se sustentó. Dicho fallo constituía un documento judicial calificado y decisivo,
por cuanto versaba sobre los mismos hechos que dieron origen al acto administrativo
de retiro y a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. […]”.

2.8. Señaló respecto al defecto sustantivo que “[…] La providencia atacada interpretó
de manera restrictiva y desproporcionada el artículo 250 del CPACA, al considerar
que la causal primera de revisión “haberse encontrado documentos decisivos
después de dictada la sentencia” no se configuraba en el presente caso. […]”. Al
respecto señaló que la autoridad judicial accionada “[…] de manera equivocada
desconoció la fuerza mayor, claramente demostrada, la relación del fallo penal militar
con los hechos objeto del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho, y el
estado en el que se encontraba el proceso para el momento en el que se tuvo
conocimiento de dicho documento (8 días antes) […]”.

2.9. Agregó sobre el desconocimiento del precedente que “[…] la decisión que motivó
la presente acción de tutela incurrió en desconocimiento del precedente judicial al

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Accionante: César Adolfo Pérez Sepúlveda

omitir el análisis de la línea jurisprudencial consolidada tanto por la Honorable Corte
Constitucional como por el propio Consejo de Estado. Esta omisión se traduce en una
interpretación restrictiva y descontextualizada del artículo 250 del Código Contencioso
Administrativo (CPACA), que regula las causales de revisión de sentencias en materia
contenciosa administrativa […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA. SOLICITO AMPARAR los DERECHOS FUNDAMENTALES Al
DEBIDO PROCESO, el ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, y al
TRABAJO del señor CÉSAR ADOLFO PÉREZ SEPÚLVEDA, mayor de edad,
identificado con cédula de ciudadanía N° […] expedida en Cúcuta, los cuales
consideramos que fueron vulnerados por el HONORABLE CONSEJO DE
ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN
SEGUNDA, al proferir la sentencia de fecha 20 de marzo de 2025, notificada el
día 27 de mayo de 2025 mediante la cual se declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión presentado por el aquí accionante.

SEGUNDA. ORDENAR al HONORABLE CONSEJO DE ESTADO – SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA dejar sin
efectos la sentencia proferida el día 20 de marzo de 2025 notificada el día 27
de mayo de 2025, dentro del proceso 11001-03-25-000-2019-00263-00, y en su
lugar, emitir una nueva decisión en la que se valoren de manera integral,
suficiente y razonada las pruebas decisivas recabadas con posterioridad al fallo
de segunda instancia, particularmente la sentencia absolutoria del Juzgado 11
Penal Militar de Brigada de fecha 9 de febrero de 2018, con sus fundamentos y
pruebas que sin duda alguna deben tener implicaciones en el proceso judicial
que nos convocó.

TERCERA. ORDENAR que en la nueva decisión se garantice de manera plena
el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la justicia, teniendo en
cuenta los antecedentes de salud, amenazas, acoso laboral y persecución que
fueron acreditados en sede penal militar, y que resultan determinantes para
establecer la inexistencia de justa causa en el retiro del servicio del señor César
Adolfo Pérez Sepúlveda.

CUARTA. DISPONER que el cumplimiento de las órdenes impartidas en la
presente tutela se haga en un término no mayor a treinta (30) días hábiles, dada
la especial relevancia constitucional del caso y el estado de vulnerabilidad en
que se encuentra el accionante.

QUINTA. ORDENAR a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la
DEFENSORÍA DEL PUEBLO ejercer vigilancia inmediata y estricta sobre el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente tutela, en garantía de la protección
efectiva de los derechos fundamentales del señor CÉSAR ADOLFO PÉREZ
SEPÚLVEDA. […]”. [Negrilla del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 19 de noviembre de 2025, el Despacho de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente
acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad de tercero con interés directo en
el resultado del proceso a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional.

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Accionante: César Adolfo Pérez Sepúlveda

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y vinculada, se allegó
el siguiente informe:

5.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado manifestó
que “[…] la decisión cuestionada, antes que infringir los derechos fundamentales
invocados por el tutelante, se ajustó a los parámetros jurisprudenciales emitidos en
cuanto al alcance de la causal 1.° del artículo 250 del C.P.A.C.A. Por consiguiente,
el escrito tutelar solo evidencia el inconformismo del otrora recurrente con la
sentencia del 20 de marzo del año en curso, sin que por tales razones permitan
concluir que sus derechos fundamentales fueron transgredidos […]”.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 29 de enero de 2026, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado resolvió negar las pretensiones de la demanda, debido a que la autoridad
judicial demandada no incurrió en los defectos alegados.

7. Al respecto consideró que:

“[…] el demandante presentó recurso extraordinario de revisión, en el que
señaló que se configuraba la causal prevista en el numeral 1º del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011, debido a que, a su juicio, la decisión del tribunal
hubiere sido distinta de haber conocido la sentencia absolutoria proferida el 9
de febrero de 2018 por el Juzgado 11 Penal Militar de Brigada, en la causa
1254, seguida en su contra por el delito de abandono del servicio, en razón a
que, los hechos que originaron ese proceso penal eran los mismos que
determinaron su retiro del servicio.

Dijo que la sentencia del 9 de febrero de 2018 no había podido ser
incorporada porque, cuando fue expedida, ya se había cerrado el periodo
probatorio del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Que en esa
sentencia se había afirmado que se encontraba en distintas circunstancias
que justificaban su inasistencia al servicio.

Ahora bien, en la providencia del 20 de marzo de 2025, la autoridad judicial
demandada explicó que, la causal prevista en el numeral 1º del artículo 250
del CPACA supone la existencia de una prueba documental, que es
preexistente a la sentencia cuestionada en revisión, que es encontrada o
recobrada con posterioridad a la emisión de aquella, que tiene un impacto
determinante, al punto de causar su modificación y/o revocatoria, pero que no
pudo ser incorporada oportunamente al proceso objeto de revisión por fuerza
mayor, caso fortuito y/o por acciones de la contraparte.

Que, si la documental no fue aducida, incorporada o solicitada dentro de las
etapas procesales pertinentes por circunstancias distintas a las señaladas en
la norma, no era procedente esa causal. Que el documento debía poseer un
nivel de persuasión que resultara suficiente para incidir en el sentido de la
decisión o generar en el juzgador una convicción distinta de los hechos.

[…]

Por último, manifestó que no aportar la sentencia del 9 de febrero de 2018 al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no obedeció a una

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Accionante: César Adolfo Pérez Sepúlveda

circunstancia de fuerza mayor y/o por obra de la parte contraria, pues la
misma parte actora solo había advertido que no había aportado esa
providencia porque las etapas probatorias del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho ya habían precluido.

A partir de lo anterior, para la Sala, la autoridad judicial demandada no incurrió
en los defectos alegados por la parte actora, por cuanto no se configuraba la
causal de revisión prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA.

La Sala observa que, de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente,
se pudo constatar que, la sentencia del 9 de febrero de 2018 no fue
encontrada o recobrada con posterioridad a la sentencia del 1 de marzo de
2018 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A., debido a que esa documental pudo ser incorporada
al proceso antes de que se dictara sentencia de segunda instancia.

Que la sentencia del 9 de febrero de 2018 no era decisiva respecto de la
decisión de segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, porque estaban relacionadas con hechos distintos.

Que la no incorporación de la sentencia del 9 de febrero de 2018 no obedeció
a circunstancia de fuerza mayor, caso fortuito o a la voluntad de la
contraparte, porque, según la propia manifestación del demandante, no fue
allegada al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho debido a que
ya había culminado la etapa probatoria de ese proceso.

La Sala no advierte que la decisión cuestionada contenga errores
sustanciales y que estos provengan directamente de deficiencias en la
valoración probatoria, a tal punto que no corresponda con la sana crítica o
que no atienda a criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación
[…]”.

[…]

“[…] Sin embargo, se advierte que esa decisión realizó una interpretación
normativa del numeral 8º del artículo 25 de la ley 200 de 1995, que está
relacionado con la falta disciplinaria por abandono injustificado del cargo o del
servicio; no obstante, la decisión cuestionada declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión, al estimar que los reproches alegados no se
encuadraban en la causal invocada.

Por otro lado, respecto de la sentencia del 20 de enero de 2011 proferida por
el Consejo de Estado, en el expediente 25000-23-25-000-2003-01222-01, la
Sala debe señalar que ese cargo está dirigido a insistir en la tesis de la parte
actora, relacionada con que si se configuró la causal de revisión prevista en
el numeral 1 del artículo 250 del CPACA y se debió tener en cuenta la
sentencia absolutoria proferida el 9 de febrero de 2018 por el Juzgado 11
Penal Militar de Brigada, en la causa 1254, seguida en contra del actor por el
delito de abandono del servicio […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia, con base en
los siguientes argumentos:

“[…] La Sala, al calificar la acción de tutela como un intento de tercera instancia,
omitió distinguir entre el control constitucional de una providencia judicial y la
revisión ordinaria de su corrección jurídica o probatoria. La mencionada
conversión a una nueva instancia solo se configura cuando el amparo pretende

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Accionante: César Adolfo Pérez Sepúlveda

sustituir el criterio del juez ordinario, lo cual no ocurre cuando se alega, como
en este caso, una omisión probatoria con relevancia constitucional.

La Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela es procedente
contra providencias judiciales cuando se demuestra que la autoridad judicial
prescindió de valorar una prueba determinante, o cuando el razonamiento
adoptado desconoce de manera grave los estándares mínimos del debido
proceso. En tales eventos, el juez de tutela no actúa como un juez de instancia,
sino como garante de la supremacía constitucional, función que resulta
indelegable e irrenunciable.

En el presente caso, la Sala no analizó si la providencia judicial cuestionada
incurrió en una omisión probatoria con impacto directo en la decisión, sino que
descartó el estudio de fondo mediante una aplicación genérica y automática del
argumento de la tercera instancia, sin verificar si el reproche formulado se
inscribía dentro de los supuestos constitucionalmente admitidos para la
procedencia del amparo.

Así, el uso del argumento de la “tercera instancia” operó como un mecanismo
de cierre del debate constitucional, impidiendo el examen de una posible
vulneración de derechos fundamentales y desnaturalizando la función de la
acción de tutela como instrumento de protección efectiva frente a decisiones
judiciales que, por omisión o exceso, se apartan de los parámetros
constitucionales.

En consecuencia, la negativa del amparo con fundamento en la prohibición de
la tercera instancia no se ajusta a la jurisprudencia constitucional, pues en el
caso concreto la tutela no pretendía corregir la providencia cuestionada, sino
verificar su validez constitucional, objetivo que justifica plenamente la
intervención del juez de tutela y que fue indebidamente descartado por la Sala
[…]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

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Accionante: César Adolfo Pérez Sepúlveda

VIII.2. Problemas jurídicos

10. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.

11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

13. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental

7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.

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absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

18. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

19. El señor César Adolfo Pérez Sepúlveda solicitó, a través de apoderado judicial,
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y trabajo, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de
20 de marzo de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dentro del recurso extraordinario de revisión con número de
radicación 11001-03-25-000-2019-00263-00.

20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

21. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.

22. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales14, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.

23. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

24. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202217 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07138-01
Accionante: César Adolfo Pérez Sepúlveda

tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del texto].

25. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.

26. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión

18
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.

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Accionante: César Adolfo Pérez Sepúlveda

planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales19.

27. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y
trabajo, por haber incurrido, presuntamente, en los defectos fáctico y sustantivo y
en desconocimiento del precedente judicial.

28. Manifestó que “[…] La providencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico por
omisión probatoria, al abstenerse de valorar de manera adecuada y suficiente la
sentencia absolutoria proferida por el Juzgado 11 Penal Militar de Brigada el 9 de
febrero de 2018, notificada el 21 del mismo mes, junto con el conjunto de pruebas en
las que se sustentó. Dicho fallo constituía un documento judicial calificado y decisivo,
por cuanto versaba sobre los mismos hechos que dieron origen al acto administrativo
de retiro y a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. […]”.

29. Señaló respecto al defecto sustantivo que “[…] La providencia atacada interpretó
de manera restrictiva y desproporcionada el artículo 250 del CPACA, al considerar
que la causal primera de revisión “haberse encontrado documentos decisivos
después de dictada la sentencia” no se configuraba en el presente caso. […]”. Al
respecto señaló que la autoridad judicial accionada “[…] de manera equivocada
desconoció la fuerza mayor, claramente demostrada, la relación del fallo penal militar
con los hechos objeto del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho, y el
estado en el que se encontraba el proceso para el momento en el que se tuvo
conocimiento de dicho documento (8 días antes) […]”.

30. Agregó sobre el desconocimiento del precedente que “[…] la decisión que motivó la
presente acción de tutela incurrió en desconocimiento del precedente judicial al omitir
el análisis de la línea jurisprudencial consolidada tanto por la Honorable Corte
Constitucional como por el propio Consejo de Estado. Esta omisión se traduce en una
interpretación restrictiva y descontextualizada del artículo 250 del Código Contencioso
Administrativo (CPACA), que regula las causales de revisión de sentencias en materia
contenciosa administrativa […]”.

31. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional, ii) el caso involucra un debate jurídico eminentemente legal y iii) la
parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia, con
lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural.

19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Accionante: César Adolfo Pérez Sepúlveda

32. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

33. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que no está
exponiendo que la providencia cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad
judicial, sino que el motivo de su inconformidad consiste en que sí se configuró la
causal de revisión prevista en el numeral 1.° del artículo 250 del CPACA y se debió
tener en cuenta la sentencia absolutoria proferida el 9 de febrero de 2018 por el
Juzgado 11 Penal Militar de Brigada, en la causa 1254, seguida en su contra por el
delito de abandono del servicio.

34. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
providencia cuestionada así:

“[…] De acuerdo con lo planteado en el recurso extraordinario, corresponde a
la Sala determinar si: ¿La sentencia de 1.° de marzo de 2018, proferida por la
Subsección “A” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en la causal prevista en el numeral 1.° del artículo 250
del CPACA?

69. Desde ya, advierte la Subsección que declarará infundado el Recurso
Extraordinario de Revisión, en razón a que los reproches que lo sustentan no
se encuadran en la causal invocada por el recurrente.

70. De cara a los elementos que la integran y que fueron señalados en el acápite
anterior, esta Sala observa que, aunque la prueba allegada es de naturaleza
“documental” y, además, “preexistente a la sentencia impugnada”, no se
trata de una evidencia: a) “encontrada o recobrada” con posterioridad a la
sentencia, b) con un efecto determinante sobre ella y, c) que haya dejado de
ser aportada al proceso primigenio por fuerza mayor y/o por obra de la parte
contraria.

[…]

74. Descendiendo al caso actual, la prueba documental que se pretende hacer
valer está constituida en la sentencia de 9 de febrero de 2018, proferida por el
Juzgado Once Penal Militar de Brigada, a través de la cual absolvió penalmente
al Capitán César Adolfo Pérez Sepúlveda del punible de «ABANDONO DEL
SERVICIO».

75. Sin embargo, tal documento no detenta la calidad de “encontrado o
recobrado” porque, aunque existía antes del fallo que ahora se cuestiona, si
pudo ser aportado al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho antes
de su emisión.

76. Así las cosas, no son aceptables los argumentos izados en el recurso de
revisión, relacionados con que la imposibilidad de su aporte obedeció al
vencimiento del periodo probatorio, pues nada impedía que el abogado del
recurrente remitiera aquella providencia al fallador de segunda instancia,

13

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07138-01
Accionante: César Adolfo Pérez Sepúlveda

corporación que debía definir, de acuerdo con las reglas procesales pertinentes,
si la aceptaba y le corría traslado de ella al Ejército Nacional y/o si la requería
en uso de las potestades previstas en el artículo 212 del C.P.A.C.A.

77. En segundo lugar, la señalada providencia no es “decisiva ni determinante
frente a la sentencia recurrida”, pues no guarda relación con los hechos que
determinaron el retiro del servicio.

78. Así, de la providencia en cuestión se advierte que la causa 1254 adelantada
en contra del actor por el delito de «ABANDONO DEL SERVICIO», tuvo génesis
en la no presentación inmediata por parte de este, dentro de los cinco días
siguientes a la orden de traslado, al Batallón de Infantería de Selva N° 50 con
sede en Leticia.

79. Por su parte, la desvinculación demandada se fundamentó en la
«inasistencia al servicio sin causa justificada, de acuerdo con el tiempo previsto
en el Código Penal Militar, para el delito de abandono del servicio […]»,
previamente calificada en el Acta 411 del 10 de abril de 2015, ante la omisión
de presentarse a la unidad militar el 19 de enero de 2015.

[…]

81. En consecuencia, como la Resolución 5393 de 1.° de julio de 2015 retiró del
servicio activo de las Fuerzas Militares al recurrente, con sustento en los hechos
denunciados en la anterior acta, se concluye que la absolución de la causa
penal que aquí fue anexada, carece de injerencia en el asunto debatido.

82. En tercer lugar, y sin perjuicio de lo antes señalado, se tiene que la no
aportación de esa sentencia al trámite de nulidad y restablecimiento del derecho
no obedeció a una fuerza mayor y/o a obra de la parte contraria. En efecto, en
el recurso en estudio, el abogado de la parte actora reconoció que no allegó esa
documentación porque el periodo probatorio se encontraba vencido […]”.
[Negrilla del texto]

35. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

36. Así las cosas, la Sala evidencia que la discusión planteada por el actor fue
resuelta por la autoridad judicial accionada, la cual fue enfática en señalar que (i) la
prueba documental- sentencia 9 de febrero de 2028- proferida por el Juzgado Once
Penal Militar de Brigada, a través de la cual absolvió penalmente al Capitán César
Adolfo Pérez Sepúlveda del punible de “Abandono del Servicio”, no detenta la
calidad de “documento encontrado o recobrado” porque, aunque existía antes del
fallo ahora cuestionado, si podía aportarlo al proceso ordinario; y (ii) en el recurso
de revisión, el accionante pretendió plantear inconformidades probatorias y jurídicas
del juez ordinario, lo que desconoce las razones de procedencia del referido
recurso. Por consiguiente, la demanda de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional.

37. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo

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Accionante: César Adolfo Pérez Sepúlveda

cuestionado […]”20. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”21.

38. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”22.

39. Con fundamento en lo anterior, esta Sección revocará el fallo impugnado y, en su
lugar, se declarará improcedente la presente acción de tutela por carecer de
relevancia constitucional, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 29 de enero de 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE
la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
21
Ibid.
22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07138-01
Accionante: César Adolfo Pérez Sepúlveda

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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