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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07185-00

Fecha
16 de febrero de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07185-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07185-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

16 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07185-00
Accionante: Ernesto Javier Molina Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional. Sentido del fallo de
tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Ernesto Javier Molina Jiménez,
a través de apoderado, en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 13 de noviembre de 20252 la parte actora interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad, que considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala
de Decisión Oral, Sección B, debido a que, mediante sentencia del 8 de agosto de
2025, confirmó la providencia de primera instancia emitida por el Juzgado Once
Administrativo Oral de Barranquilla del 9 de mayo del mismo año, que negó las
pretensiones de la demanda, en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho de radicado 08-001-33-33-011-2023-00241-00/-01-W.

2. Hechos

2.1. El hoy accionante interpuso demanda3 contra la Universidad del Atlántico, con
el fin de que se declarara la nulidad del oficio del 9 de febrero de 2022. A título de
restablecimiento del derecho solicitó, entre otras cosas, ordenar a la referida entidad
i) reajustar su mesada pensional con base en “el salario mínimo en lugar del IPC”,

1
Índice 2 de SAMAI, certificado DB804B1392389EE5 BAC12228FF2EDEA9 DB50ED364A2988DA B2D073AD2E3A61D0.
2
Índice 2 de SAMAI, certificado D2ED33C47A1D86F8 EDA00769C64BFCEE 4BA36CB056D5A1DB 2CB18BEA63C1334D.
3
Archivo denominado “003 Demanda […]”, visible a índice 15 de SAMAI, certificado A8C8822C9B08B8E8
8065A6F858628BEB 78B4D09627F14DD0 2140F804BFED59AA.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07185-00
Accionante: Ernesto Javier Molina Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

desde 1995 en adelante; y ii) pagar, de manera indexada, el retroactivo pensional
desde 1995 más los intereses moratorios a que haya lugar.

2.2. El 9 de mayo de 2025 el Juzgado Once Administrativo Oral de Barranquilla, en
sentencia de primera instancia, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Inconforme con la decisión, el entonces demandante presentó recurso de
apelación.

2.4. De su lado, el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 8 de agosto de 20254,
confirmó la sentencia del 9 de mayo del mismo año.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo que:

3.1. La autoridad judicial incurrió en defecto fáctico, porque valoró indebidamente el
certificado de incrementos pensionales expedido por el departamento de gestión de
talento humano de la Universidad del Atlántico, pues erróneamente afirmó que de
su lectura se desprendía que todos los incrementos que se hicieron a sus mesadas
pensionales tuvieron en cuenta el índice de precios al consumidor, cuando lo cierto
es que de dicho documento se extrae que, para tal efecto, a partir del año 1996
hasta 1999, se tomó el salario mínimo mensual legal vigente, más los incrementos
internos que hacía aquella institución educativa.

3.2. El tribunal incurrió en defecto sustantivo, porque erróneamente aplicó el artículo
14 de la Ley 100 de 1993 para realizar el reajuste de su mesada pensional; sin
embargo, debía tomar como referente el salario mínimo mensual legal vigente.

3.3. La sentencia censurada desconoció que, en varias decisiones judiciales con
circunstancias fácticas y jurídicas similares a las del actor, dicha autoridad judicial
ha accedido a las pretensiones de las demandas.

4
Archivo denominado “009 Sentencia_Confirma […]”, visible a índice 8 de SAMAI, certificado B107361D090DB130
ED57D53CAE6C5692 A91C719767BAB9BA 8C5339A2929C8E3D.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07185-00
Accionante: Ernesto Javier Molina Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:

“1. TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD,
toda vez que el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE
DECISIÓN ORAL – SECCIÓN B, de fecha 08 de agosto de 2025, y notificada en fecha
03 de octubre de 2025, mediante la cual se dispuso confirmar las pretensiones de la
demanda interpuesta ante el JUEZ (11) ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE BARRANQUILLA de fecha 09 de mayo de 2025, y notificada el 14 de
mayo de 2025, desconoce su fallo la aplicabilidad del derecho al debido proceso y
consecuentemente a la igualdad.

2. QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia proferida por el H. TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTIO, SALA DE DECISIÓN ORAL – SECCIÓN B, de
fecha 08 de agosto de 2025, y notificada en fecha 03 de octubre de 2025, mediante la
cual se dispuso confirmar las pretensiones de la demanda interpuesta ante el JUEZ (11)
ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA de fecha 09 de
mayo de 2025, y notificada el 14 de mayo de 2025.”5

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1. Mediante auto del 18 de noviembre de 20256 el despacho ponente admitió la
acción de tutela y vinculó al Juzgado Once Administrativo Oral de Barranquilla y a
la Universidad del Atlántico. También dispuso la notificación a las partes y a los
vinculados.

5.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico7 sostuvo que el actor pretende convertir
esta acción constitucional en una tercera instancia con el fin de que se emita un
juicio jurídico, más no constitucional, del asunto materia de discusión, lo cual
resultaría contrario a la naturaleza propia de la acción tuitiva.

Por otro lado, señaló que la sentencia censurada se fundamentó en la línea
jurisprudencial que desarrolla lo atinente a la revocación directa y al reajuste de la
pensión convencional, esto es, los artículos 93 y 97 del CPACA, las Leyes 4 de 1976
y 6 de 1992, las sentencias C-110 de 2006 y C-435 de 2017 de la Corte
Constitucional y la sentencia del 17 de agosto de 2017, expediente 3294-14, del
Consejo de Estado.

5
Índice 2 de SAMAI, certificado DB804B1392389EE5 BAC12228FF2EDEA9 DB50ED364A2988DA B2D073AD2E3A61D0,
folios 1 y 2.
6
Índice 4 de SAMAI, certificado 27F3CFE298E8EA23 E2E36CF026E0827E F47102F09A57136A 8A2313756EA24199.
7
Índice 8 de SAMAI, certificado 07136ED23F2027FF 04EE8151C26EF842 4A9BBABAA97DBD9F 49C547B8958C0369.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07185-00
Accionante: Ernesto Javier Molina Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

5.3. La Universidad del Atlántico8 informó que, revisados los antecedentes
administrativos, se encontró que el reajuste pensional se efectuó con base en el
salario mínimo durante los primeros años y que, una vez la mesada superó ese
umbral, la universidad adoptó el mecanismo de incremento previsto para pensiones
superiores al mínimo, esto es, el Índice de Precios al Consumidor. Esta actuación
fue uniforme, coherente y conforme a la normatividad vigente para todos los
pensionados en condiciones similares.

Advirtió que los reajustes aplicables a mesadas superiores al salario mínimo no
generan derechos adquiridos, pues su naturaleza es variable y depende de lo
dispuesto en la normativa vigente para cada anualidad. La adopción del IPC, como
mecanismo de reajuste, se encuadra plenamente en el ordenamiento jurídico.

Por su parte, señaló que se configura la falta de legitimación por pasiva de esa
institución educativa, aunado al hecho de que lo planteado en la acción de tutela
evidencia la intención de reabrir un debate ya resuelto en el proceso ordinario.

5.4. El Juzgado Once Administrativo Oral de Barranquilla9 no se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Ernesto
Javier Molina Jiménez en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto
2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

8
Índice 9 de SAMAI, certificado F5F29DC4DEBAB19E B51CA251E5B1CBFF D068F262B711A83E B559C749B1AD6EBE.
9
Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que el Juzgado Once Administrativo Oral de
Barranquilla hubiera rendido informe, pese a la notificación electrónica surtida obrante a índice 7 de SAMAI.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07185-00
Accionante: Ernesto Javier Molina Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad10 y de procedencia11 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

4.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”.12

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber13: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202214, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

10
De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
11
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
12
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
13
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
14
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07185-00
Accionante: Ernesto Javier Molina Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

4.2. Para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un medio dirigido a
revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo
fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.

4.3. En el caso concreto, el señor Molina Jiménez cuestiona, en esencia, que el
Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en defecto fáctico, porque valoró
indebidamente el certificado de incrementos pensionales expedido por el
departamento de gestión de talento humano de la Universidad del Atlántico, pues
erróneamente afirmó que de su lectura se desprendía que todos los incrementos
que se hicieron a sus mesadas pensionales tuvieron en cuenta el índice de precios
al consumidor, cuando lo cierto es que de dicho documento se extrae que, para tal
efecto, a partir del año 1996 hasta 1999, se tomó el salario mínimo mensual legal
vigente, más los incrementos internos que hacía aquella institución educativa.

Por su parte, señala que también incurrió en defecto sustantivo, porque
erróneamente aplicó el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 para realizar el reajuste
de su mesada pensional; sin embargo, debía tomar como referente el salario mínimo
mensual legal vigente.

4.4. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia de segunda
instancia del 8 de agosto de 2025 emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
se observa el siguiente análisis textual:

“[…] Los anteriores antecedentes jurisprudenciales, permiten a este Tribunal arribar a
las siguientes conclusiones:

(i) Los artículos 48 (inciso 6°) y 53 (inciso 2°) de la Carta Política, garantizan el reajuste
periódico de las mesadas pensionales, con el objeto de que no pierdan poder adquisitivo.
(ii) Sin embargo, la norma superior no determinó la metodología para el aludido reajuste.
(iii) Los citados artículos supralegales radicaron en cabeza del Congreso, a través de la
ley, la facultad de adoptar la metodología para el reajuste de las mesadas.
[…] (v) Los derechos pensionales, en cuanto a los requisitos para acceder a la
prestación, definidos con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, o con el
beneficio contemplado en el artículo 36 (régimen de transición) de esa norma,
constituyen derechos adquiridos.
vi) A contrario sensu, el porcentaje de reajuste de la mesada pensional no constituye un
derecho adquirido para sus beneficiarios, sino una mera expectativa.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07185-00
Accionante: Ernesto Javier Molina Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

(vii) A partir de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, hasta la actualidad, la
metodología para el reajuste periódico de las mesadas pensionales está contenida en el
artículo 14 de dicho estatuto, incluso para las pensiones adquiridas con base en
regímenes anteriores al adoptado por dicha ley.

Cabe destacar que, acorde con el artículo 151 de la Ley 100 de 1993, el régimen de
pensiones previsto en esa norma comenzó a regir el 1° de abril de 1994 y para los
servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, como es el caso del
demandante, a más tardar el 30 de junio de 1995.

En el sub – judice, al margen del régimen pensional que le fue aplicado a la accionante,
en tanto no corresponde a lo debatido en este asunto, en el contenido del acto
administrativo de reconocimiento pensional se observa que, la prestación le fue
reconocida en fecha 03 de noviembre de 1994, a partir del 1° de enero de esa misma
anualidad; es decir, en datas anteriores a la entrada en vigor del sistema pensional de
la Ley 100 de 1993 para los servidores territoriales.

En ese sentido, pese a que en el artículo 2° de la Resolución No. 000280 del 03 de marzo
de 1994, que reconoció la prestación a favor del actor, se indicó que, el reajuste anual
de la mesada se efectuaría en el mismo porcentaje de incremento del salario mínimo
mensual, conforme a la Ley 71 de 1988 y así se aplicó hasta el año 1999, lo cierto es
que, acorde con los antecedentes jurisprudenciales citados, ello no es óbice para que, a
partir de esa calenda, la actualización de la mesada se realizara conforme al artículo 14
de la Ley 100 de 1993, ya vigente; es decir, con base en la variación porcentual del
índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el DANE para el año
inmediatamente anterior, toda vez que el valor de dicha mesada siempre ha superado el
del salario mínimo legal mensual vigente.

[…] Adicionalmente, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 es claro en señalar que, las
pensiones “se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año”; por
tanto, no era necesario contar con la autorización de la señora Sánchez Jiménez (sic)

Y es que, en los términos del artículo 97 del CPACA, la autorización o consentimiento
del afectado se requiere cuando el acto administrativo “haya creado o modificado una
situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual
categoría”; empero, como ya se señaló, el incremento anual de la mesada pensional no
constituye un derecho como tal, ni menos una situación jurídica definida, sino una mera
expectativa; por tanto, el primer cargo de la alzada no prospera.

[…] (i) En cuanto a la favorabilidad, ha sido la propia jurisprudencia constitucional y
contencioso administrativa, anteriormente citada, la encargada de despejar cualquier
duda en cuanto al marco jurídico vigente y aplicable para el reajuste periódico de las
pensiones, al señalar que corresponde al artículo 14 de la Ley 100 de 1993, incluso para
las pensiones reconocidas con anterioridad al régimen pensional establecido en dicho
estatuto.

(ii) Respecto al principio in dubio pro operario, tampoco tiene cabida, en tanto la clara
redacción del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, permite un entendimiento literal de la
disposición, sin ningún asomo de duda en cuanto a su interpretación. Es así como señala
que, las pensiones se reajustarán anualmente, de oficio, el 1° de enero de cada año,
conforme a la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el
DANE para el año inmediatamente anterior; sin embargo, las pensiones cuyo valor
mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas
oficiosamente, cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario
por el gobierno nacional.

(iii) Con relación a la prerrogativa de la condición más beneficiosa, […] además, la
transición contemplada en el artículo 36 está relacionada con los requisitos de tiempo y
edad para acceder a la pensión, no con la metodología para el reajuste periódico o

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07185-00
Accionante: Ernesto Javier Molina Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

actualización. También, según lo concluido por las jurisprudencias citadas, el artículo 14
de la citada Ley 100 derogó tácitamente del artículo 1° de la Ley 71 de 1988. […]”15

4.5. Luego de lo relatado se advierte que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por
la autoridad judicial accionada en la sentencia censurada.

Pues bien, el Tribunal Administrativo del Atlántico explicó, in extenso, el desarrollo
normativo en materia de reajuste de pensiones antes y después de la expedición de
la Constitución Política de 1991, así como la regulación realizada por la Ley 100 de
1993. Acto seguido, expresamente trajo a colación varias sentencias proferidas por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en especial la providencia del 17 de
agosto de 2017, radicado 11001-03-24-000-2010-00007-00 (3294-14), en la que se
recordó lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-387 de 1994, esto es,
que el porcentaje de reajuste de la mesada pensional no es un derecho adquirido;
y, con base en ello, advirtió lo siguiente:

“[…] Ahora bien, en criterio de la parte demandante, la mesada de quienes se
pensionaron con anterioridad al 1.º de abril de 1994 debe incrementarse en la forma
prevista por la Ley 71 del 19 de diciembre de 1988, esto es, en el mismo porcentaje en
que se ajustaba el salario mínimo, afirmación frente a la cual debe indicarse que el hecho
de que el porcentaje en el cual se reajusta la pensión no sea un derecho adquirido,
implica que el sistema definido por la Ley 100 de 1993 podía regular válidamente la
proporción del aumento de la prestación, derogando el enunciado normativo que venía
rigiendo hasta ese momento, tal y como lo admitió la Corte Constitucional en la sentencia
C-110 de 1996.
(…)

En esas condiciones, no le asiste razón a la parte demandante cuando estima que al
hacer extensivo el porcentaje de reajuste de la mesada pensional que se decreta para
quienes se pensionan con posterioridad al 1.º de abril de 1994 a aquellos que ya tenían
la prestación reconocida para ese momento, la norma demandada hace una inclusión
no prevista en la ley que reglamenta y desconoce los derechos adquiridos de estos
últimos, pues se reitera, la protección de los derechos adquiridos en materia pensional
no comprende la proporción del incremento de la mesada.”16

En ese orden de ideas, el Tribunal Administrativo del Atlántico determinó que, a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y hasta la actualidad, la
metodología para el reajuste periódico de las mesadas pensionales está contenida

15
Archivo denominado “009 Sentencia_Confirma […]”, visible a índice 8 de SAMAI, certificado B107361D090DB130
ED57D53CAE6C5692 A91C719767BAB9BA 8C5339A2929C8E3D.
16
El Tribunal Administrativo del Atlántico en la providencia objeto de censura en esta oportunidad, citó al Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de agosto de 2017, radicado 11001-03-24-000-2010-00007-00(3294-14).
Archivo denominado “009 Sentencia_Confirma […]”, visible a índice 8 de SAMAI, certificado B107361D090DB130
ED57D53CAE6C5692 A91C719767BAB9BA 8C5339A2929C8E3D, folios 18 y 19.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07185-00
Accionante: Ernesto Javier Molina Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

en el artículo 14 de dicho estatuto, incluso para las pensiones adquiridas con base
en regímenes anteriores al adoptado por dicha ley.

Con fundamento en lo anterior, el tribunal encontró acreditado que, si bien la
prestación le fue reconocida al hoy accionante en el año 1994, es decir, antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en el nivel territorial, y que por esa razón
el reajuste anual de la mesada inicialmente se efectuaría en el porcentaje de
incremento del salario mínimo mensual, conforme a la Ley 71 de 1988, y así se
aplicó hasta el año 1999, lo cierto era que ello no impedía que, a partir de esa data,
la actualización de la mesada se realizara en los términos del artículo 14 de la Ley
100 de 1993, ya vigente, esto es, con base en el IPC certificado por el DANE para el
año inmediatamente anterior, toda vez que el valor de dicha mesada siempre ha
superado el del salario mínimo legal mensual vigente.

Finalmente, recordó que el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 es claro en señalar
que las pensiones “se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada
año”, razón por la cual no era necesario contar con la autorización del entonces
demandante.

4.6. En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la acción de tutela, es preciso señalar que no basta
con manifestar inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de
censura o alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya
que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que
no trascienden al plano constitucional.

4.7. De otro lado, respecto al argumento orientado al desconocimiento del
precedente fijado por el Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, esta última
corporación ha sostenido que establecer su configuración exige que el accionante
vincule la falta de aplicación de una regla jurisprudencial con la violación de una
garantía fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia por qué el
precedente con identidad fáctica y jurídica era aplicable en su caso y de qué forma
la inobservancia de tales consideraciones o reglas jurisprudenciales afectaron sus
garantías fundamentales.17

17
Compárese, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11
de octubre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-04599-00.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07185-00
Accionante: Ernesto Javier Molina Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Ahora, en el sub lite, el accionante manifiesta que “[l]a presente Tutela tiene su razón
de ser la gran cantidad de fallos emitidos por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO, en donde conceden la razón a los pensionados de la Universidad del
Atlántico (Profesores y trabajadores) en sus justas peticiones”. Sin embargo, no
especifica ni detalla las providencias que pretende hacer valer y mucho menos
indica la similitud fáctica y jurídica que permita acertadamente concluir que, en
efecto, se incurrió en la causal específica invocada, para ligar de manera
inescindible los fundamentos de hecho con una situación que pudiera transgredir
los derechos fundamentales de los que es titular. Esta falta de sustento impide el
análisis del cargo y exime a la Sala de realizar un estudio de fondo, lo que permite
concluir que el defecto alegado carece de relevancia constitucional.

4.8. Así, para esta Subsección es claro que el accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como
se vio, los reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate que
tuvo lugar en el proceso de nulidad y restablecimiento, con el fin de que prevalezca
su interpretación sobre la acogida por el Tribunal Administrativo del Atlántico en el
proceso 08-001-33-33-011-2023-00241-00/-01-W. Cuestión distinta es que la parte
accionante no comparta el sentido de la decisión adoptada, aspecto que desborda
el ámbito de competencia del juez constitucional, en tanto no le corresponde definir
la forma en que el juez natural debe decidir.

Se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía
e independencia judicial ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en
razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada18, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario19.

5. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,
no se encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte

18
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
19
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07185-00
Accionante: Ernesto Javier Molina Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejera de Estado Consejero de Estado

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