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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07278-00

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07278-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la tutelante. En consecuencia, se dispone: 2. Dejar sin efectos la sentencia del 28 de abril de 2025, con la que el Tribunal Administrativo del Atlántico decidió en segunda instancia el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 08001-33-33-011-2019-00315-00/01, de acuerdo con la parte motiva. 3. Ordenar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico, que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de esta providencia, decidan el incidente de nulidad promovido por la demandante el 18 de febrero de 2025, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 08001-33-33-011-2019-00315-00/01, en atención a las consideraciones expuestas en la presente providencia. 4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07278-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

29 de enero de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07278-00
Demandante: Ismaelina Chantre

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 29 de enero de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07278-00
Demandante: ISMAELINA CHANTRÉ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO

Tema: Contra providencias judiciales. Indebida notificación. Debido proceso.
Ampara

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Ismaelina Chantré contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico y el Juzgado 11 Administrativo de Barranquilla.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 18 de noviembre de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado, la demandante pidió la protección de su derecho fundamental al debido
proceso.

A juicio de la tutelante, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva de las
sentencias del 11 de octubre de 2024 y del 28 de abril de 2025, mediante las cuales el
Juzgado 11 Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico
decidieron en primera y segunda instancia, en su orden, la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho 08001-33-33-011-2019-00315-00/01.

2. Pretensiones

La demandante formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO. CONCEDER a favor de mi Poderdante la protección constitucional del derecho fundamental
al Debido Proceso, vulnerados por el JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA Y AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO SALA 004 dentro del
proceso con radicado 08-001-33-33-011-2019-00315-00 del Juzgado Once Administrativo del
Atlantico, y al ser enviado al tribunal Administrativo del atlántico le asignan el Radicado, 08-001-
33-33-011-2019-00315-01.

SEGUNDO. Dejar sin efecto todo lo actuado a partir de la notificación de la sentencia dictada por EL
JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA. el día 11 de Octubre de
2024 dentro del proceso de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, solicitado por la
demandante, en Reconvención, COLPENSIONES S.A. notificación realizada el día 22 de Octubre de
2024.

TERCERO. En cumplimiento del numeral anterior, Ordenar al JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, que efectúe al suscrito la notificación del fallo de fecha
11/10/2024, al correo debidamente registrado en el SIRNA, para poder hacer uso del derecho de
defensa y contradicción a través de la apelación de dicho fallo (sic para toda la cita).

1 Índice 1 de Samai.

1

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07278-00
Demandante: Ismaelina Chantre

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1 Actuación administrativa

A través de la Resolución 782 de 1997, el entonces Instituto de Seguros Sociales (ISS) le
reconoció pensión de vejez al señor Javier Enrique Quiros Vásquez, quien falleció el 7 de
mayo de 2015, motivo por el cual Colpensiones sustituyó la pensión a Ismaelina Chantré
mediante la Resolución GNR 295917 del 25 de septiembre de 2015, por tener la condición
de compañera permanente.

La Resolución GNR 295917 del 25 de septiembre de 2015 fue revocada por Colpensiones,
por medio de Resolución SUB5156 del 12 de enero de 2018, con el argumento de que a la
señora Chantré no le asistía el derecho de acceder a la prestación porque no convivió con
el causante durante los últimos 5 años de vida, motivo por el cual le ordenó reintegrar lo
que recibió a través de Resolución SUB18653 del 23 de enero de 2018.

No obstante, con Resolución SUB154431 del 15 de junio de 2018 Colpensiones revocó las
Resoluciones SUB5156 del 12 de enero de 2018 y SUB18653 del 23 de ese mes y ordenó
ingresar nuevamente a la señora Ismaelina Chantré a la nómina de pensionados, sin
embargo, con Resolución SUB 150384 del 12 de junio de 2019 revocó el primero de los
mencionados actos administrativos, con el argumento de que aquella no fue compañera
permanente de Javier Enrique Quiros Vásquez, determinación contra la cual la tutelante
interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación.

Con Resolución 177738 del 9 de julio de 2019, Colpensiones volvió a ordenarle a la actora
que reintegrara lo que recibió por concepto de pensión de sobrevivientes.

Mediante Resolución SUB 212159 del 6 de agosto y DPE 9037 del 3 de septiembre de
2019, Colpensiones desató los recursos de reposición y apelación formulados contra la
Resolución SUB150384 del 12 de junio anterior, en el sentido de confirmarla.

3.2 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

Colpensiones promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
señora Ismaelina Chantre (a la que se le asignó el número de radicación 08001-33-33-011-
2019-00315-00/01), para que se declarara la nulidad de las Resoluciones GNR 295917
del 25 de septiembre de 2015 y SUB 154431 del 15 de junio de 2018, mediante las cuales
se le reconoció la sustitución de la pensión de Javier Enrique Quiros Vásquez y se dispuso
incluirla en nómina, y se le ordenara reintegrar lo que recibió por concepto de dicha
prestación, habida cuenta de que las declaraciones extrajuicio en las que se indicó que era
compañera permanente del causante no correspondían a la realidad.

Del asunto conoció el Juzgado 11 Administrativo de Barranquilla, que lo admitió el 2 de
diciembre de 2019, decisión que le fue notificada a Ismaelina Chantre, quien formuló
demanda de reconvención en aras de que se anularan las Resoluciones SUB 177738 del
9 de julio de 2019, SUB 212159 del 6 de agosto siguiente y DPE 9037 del 3 de septiembre
de ese año, y a título de restablecimiento del derecho que se dejara incólume el
reconocimiento pensional que se le realizó, al estimar que colmaba las exigencias para
acceder a la prestación.

Con sentencia del 11 de octubre de 2024, el Juzgado de conocimiento anuló las
Resoluciones 295917 del 25 de septiembre de 2015 y SUB 154431 del 15 de junio de 2018
y denegó la pretensión de ordenarle a Ismaelina reintegrar las mesadas que recibió y las
súplicas de la demanda de reconvención, al considerar que se probó que ella y Javier
Enrique Quiros Vásquez no convivieron los últimos 5 años de vida de él, pues se separaron
en el 2006 luego de una infidelidad. No obstante, señaló que no era dable ordenar el
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Demandante: Ismaelina Chantre

reintegro de las sumas recibidas por la allí demandada dado que no se probó que las
hubiese recibido de mala fe.

La anterior providencia fue remitida al correo electrónico
judicialeshernandezeuridio@gmail.com pese a que el señalado por el apoderado de la
señora Ismaelina Chantré para recibir notificaciones era
judicialeshernandezeulidio@gmail.com. La sentencia del 11 de octubre de 2024 fue
apelada por Colpensiones.

El 14 de noviembre de 2024, el apoderado de la accionante le pidió al Juzgado 11
Administrativo de Barranquilla la constancia de notificación del fallo del 11 de octubre de
2024, comoquiera que no le había sido comunicado, y le fuera enviada la decisión en aras
de interponer recurso de apelación, petición desatada por el aludido despacho el 15 de
noviembre de 2024 en el sentido de indicarle: «le remitimos el documento/solicitud requerida»
pero no se adjuntó documento alguno a esa comunicación.

Con auto del 12 de diciembre de 2024 el Juzgado de conocimiento concedió el recurso de
apelación interpuesto por Colpensiones contra la sentencia del 11 de octubre de 2024 y
remitió la comunicación de dicho proveído nuevamente al correo electrónico
judicialeshernandezeuridio@gmail.com.

El 18 de febrero de 2025, el apoderado de la tutelante le solicitó al Tribunal Administrativo
del Atlántico declarar la nulidad de todo lo actuado desde la notificación del fallo del 11 de
octubre de 2024, emitido por el Juzgado 11 Administrativo de Barranquilla, habida cuenta
de que no le fue comunicado en debida forma, lo que le impidió conocerlo e interponer el
respectivo recurso de apelación.

El 21 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió el recurso de
apelación interpuesto por Colpensiones contra la sentencia del 11 de octubre de 2024 y
profirió fallo el 28 de abril del mismo año, en el sentido de confirmar el de primera instancia,
al considerar que no era dable ordenarle a Ismaelina Chantré que reintegrara los dineros
que recibió por la sustitución de la pensión de Javier Enrique Quiros Vásquez porque no
se probó mala fe de su parte. No obstante, el mencionado Tribunal no se pronunció sobre
el incidente de nulidad promovido por el apoderado de la tutelante el 18 de febrero de
2025.

4. Fundamentos de la tutela

La parte demandante adujo que la tutela colmaba las exigencias generales de
procedibilidad de la acción de amparo contra providencias judiciales.

En cuanto el fondo del asunto, aunque la demandante sostuvo que la sentencia del 11
de octubre de 2024, con la que el Juzgado 11 Administrativo de Barranquilla decidió en
primera instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 08001-33-33-
011-2019-00315-00/01, incurrió en violación directa de la Constitución Política, lo cierto
es que los argumentos se encuentran relacionados con la configuración de un defecto
procedimental. En efecto, expuso que no le fue notificada en debida forma porque la
respectiva comunicación fue enviada a un correo electrónico diferente al de su apoderado,
pues se remitió al buzón virtual judicialeshernandezeuridio@gmail.com, pese a que el
correcto era judicialeshernandezeulidio@gmail.com, lo que le impidió conocerla y apelarla
oportunamente.

Que la sentencia del 28 de abril de 2025, emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
violaba el debido proceso porque no se pronunció sobre el incidente de nulidad que
formuló el 18 de febrero de 2025, omisión que le impidió obtener un pronunciamiento
sobre la indebida notificación del fallo del 11 de octubre de 2024 y la posibilidad de
apelarlo.

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Demandante: Ismaelina Chantre

5. Trámite procesal

Con auto del 26 de noviembre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la tutela de la
referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a las autoridades accionadas y vincular
como tercero con interés a Colpensiones, toda vez que fue demandante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 08001-33-33-011-2019-00315-00/01.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes mediante correos electrónicos enviados el
24 de noviembre de 2025.

6. Intervenciones

El Tribunal Administrativo del Atlántico, por conducto de la ponente de la providencia
de segunda instancia cuestionada, enunció las actuaciones surtidas en el expediente
08001-33-33-011-2019-00315-00/01 y admitió que no se pronunció sobre el incidente de
nulidad formulado por la actora el 18 de febrero de 2025, sin embargo, señaló que la tutela
de la referencia era improcedente porque no se recurrió el auto con el que se concedió el
recurso de apelación interpuesto por Colpensiones contra la sentencia proferida en primera
instancia en dicho asunto contencioso-administrativo.

Que «toda vez que en efecto existe una solicitud incidental, antes de proferirse la sentencia de
segunda instancia, este despacho estaría dispuesto al cumplimiento de una orden de amparo», en
aras de determinar si, en efecto, aconteció la indebida notificación de la sentencia del 11
de octubre de 2024, emitida por el Juzgado 11 Administrativo de Barranquilla.

El Juzgado 11 Administrativo de Barranquilla sostuvo que el apoderado de la
accionante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 08001-33-33-011-
2019-00315-00/01 no fue diligente en advertir la presunta indebida notificación del fallo del
11 de octubre de 2024, toda vez que se le informó que podía consultar esa providencia en
el sistema de gestión judicial Samai y pese a ello, no presentó el respectivo recurso de
apelación contra esa determinación judicial.

Que la tutela de la referencia se promovió más de 3 meses después de emitirse el fallo de
segunda instancia cuestionado, lo que denotaba que no se colma la exigencia de
inmediatez.

Colpensiones, por conducto de su Dirección de Asuntos Constitucionales, indicó que en
virtud del principio de autonomía judicial no era dable que el juez de tutela accediera al
amparo pretendido, ya que (i) los argumentos empleados por la tutelante debieron
plantearse en el expediente 08001-33-33-011-2019-00315-00/01 y (ii) sobre la
controversia allí debatida acaeció el fenómeno de la cosa juzgada, toda vez que se dictó
sentencia de segunda instancia en ese asunto contencioso-administrativo.

II. CONSIDERACIONES

1. Delimitación de la controversia

En el escrito de tutela, la demandante controvierte las sentencias del 11 de octubre de
2024 y del 28 de abril de 2025, por cuyo conducto el Juzgado 11 Administrativo de
Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico decidieron en primera y segunda
instancia, en su orden, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 08001-33-
33-011-2019-00315-00/01.

No obstante, la Sala analizará la tutela únicamente frente a la sentencia del 28 de abril de
2025, toda vez que los argumentos expuestos por la demandante no atacan las
consideraciones expuestas por el Juzgado 11 Administrativo de Barranquilla en el fallo del
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11 de octubre de 2024, sino la omisión del Tribunal Administrativo del Atlántico de decidir
el incidente de nulidad promovido por el apoderado de la demandante el 18 de febrero de
2025, olvido por podría afectar la validez de aquella providencia.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la
demandante para cuestionar la sentencia del 28 de abril de 2025, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Atlántico decidió en segunda instancia la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho 08001-33-33-011-2019-00315-00/01, sin pronunciarse
previamente sobre el incidente de nulidad promovido por el apoderado de la tutelante el 18
de febrero de 2025 por la presunta indebida notificación del fallo que desató en primera
instancia ese asunto contencioso-administrativo.

La Sala anticipa que accederá al amparo pretendido en este trámite constitucional,
comoquiera que la providencia cuestionada incurrió en defecto procedimental porque no
se desató previamente el referido incidente de nulidad.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinaciones judiciales y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

3. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que de
demostrarse el defecto invocado por la accionante se afectaría la garantía superior al
debido proceso, pues la omisión del Tribunal Administrativo del Atlántico de desatar el
incidente de nulidad promovido por aquella en el expediente 08001-33-33-011-2019-
00315-00/01, impidió determinar si el fallo que decidió ese asunto en primera instancia se
notificó o no en debida forma, lo que resultaba indispensable para establecer si se le privó
injustificadamente a la tutelante de la posibilidad de apelar esa determinación judicial.

Asimismo, se constata que la discusión planteada por la accionante es constitucional y
no netamente legal o económica, comoquiera que el proceso 08001-33-33-011-2019-
00315-00/01 versaba sobre el reconocimiento de una pensión, aspecto que involucra
garantías superiores como la seguridad social, el mínimo vital y demás prerrogativas que
salvaguarda una mesada pensional.

2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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Además, no se evidencia que la tutela se utilice como un instrumento para reiterar
argumentos, ya que si bien la indebida notificación de la sentencia censurada fue
formulada por la tutelante dentro del expediente 08001-33-33-011-2019-00315-00/01, no
obtuvo un pronunciamiento sobre el particular, es decir, no fue desestimada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, de ahí que se infiera que la tutela no se emplea como una
instancia adicional al mencionado trámite contencioso-administrativo.

La demanda también cumple el requisito de inmediatez por cuanto, de acuerdo con la
verificación del proceso 08001-33-33-011-2019-00315-00/01, el correo electrónico con el
que se comunicó la providencia cuestionada fue enviado el 4 de julio de 2025, por lo que
se entiende notificada el 8 del mismo mes y año de conformidad con el numeral 2 del
artículo 2054 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), y la tutela fue presentada el 18 de noviembre de 2025 (4 meses
y 10 días después), es decir, cuando no habían transcurrido los 6 meses
jurisprudencialmente reconocidos como el plazo razonable para formular la acción de
tutela contra providencias judiciales.

Asimismo, se agotó el mecanismo establecido por el ordenamiento jurídico en los
procesos contencioso-administrativos cuando acontece una presunta indebida
notificación, pues dentro del expediente 08001-33-33-011-2019-00315-00/01 la
demandante promovió incidente de nulidad, pero no obtuvo respuesta, pues el Tribunal
Administrativo del Atlántico no se pronunció sobre el particular antes de emitir la sentencia
atacada y contra esta decisión no procedía recurso alguno, conforme al artículo 243A5 del
CPACA.

Es de advertir que la solicitud de adición de la sentencia, de que trata el artículo 2876 del
Código General del Proceso (CGP), no era un instrumento adecuado para obtener un
pronunciamiento del Tribunal Administrativo del Atlántico sobre el incidente de nulidad
que promovió la demandante, comoquiera que de acontecer la indebida notificación no
podía invalidar el fallo cuestionado en virtud del principio de inmutabilidad de las
sentencias de que trata el artículo 285 ibidem, que prevé de manera expresa: «[l]a
sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció».

Tampoco es posible asumir que el apoderado de la demandante contó con la posibilidad
de recurrir el auto del 12 de diciembre de 2024, con el que el Juzgado 11 Administrativo
de Barranquilla concedió el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones contra la
sentencia del 11 de octubre de 2024, en aras de advertir la indebida notificación, pues el
mensaje de comunicación de la decisión fue remitido al correo
judicialeshernandezeuridio@gmail.com, esto es, al equivocado, de ahí que sea dable inferir
que no lo conoció.

Sumado a lo anterior, debe advertirse que la Corte Constitucional precisó en un caso
similar al aquí debatido que el recurso extraordinario de revisión no era procedente para
debatir una indebida notificación, dado que para ello resultaba necesario que no se
hubiere podido alegar la nulidad en el proceso y la tutelante sí lo hizo, de manera que no
se configura causal de procedencia de ese recurso, lo que convierte a la tutela en el único
instrumento procedente para decidir sobre el particular. Así lo dijo el alto tribunal7:

68. En este caso, el accionante alegó la nulidad por indebida notificación en el trámite de ejecución de
la sentencia condenatoria, es decir, durante una de las oportunidades previstas en la ley. Por esa razón,
no es aceptable el argumento planteado por el Inpec, según el cual el accionante debía también acudir
al recurso extraordinario de revisión. Como se acaba de indicar, las normas reseñadas disponen que

4«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío

del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
5 «No son susceptibles de recursos ordinarios las siguientes providencias:

1. Las sentencias proferidas en el curso de la única o segunda instancia».
6 «Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de

conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia
complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad […]».
7 Sentencia T-400 de 2025, M. P. Natalia Ángel Cabo.

6

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para alegar una nulidad en un recurso extraordinario de revisión es necesario que la persona no la
hubiese podido alegar en otra oportunidad, como lo es la ejecución de la sentencia. En otras palabras,
no se cumplió con el supuesto normativo que permite alegar la nulidad como causal del recurso
extraordinario de revisión […].

69. La Sala considera que en este caso basta con que el accionante hubiese presentado el incidente
de nulidad en la primera oportunidad que tuvo para ello. Además, como se aclaró en el estudio del
requisito de inmediatez, el accionante presentó los recursos y solicitudes pertinentes ante la falta de
pronunciamiento sobre ese incidente de nulidad.

[…] el accionante alegó los reparos que ahora plantea en la acción de tutela. Sin embargo, estos reparos
no fueron resueltos por el juez ordinario, por lo que la acción de tutela es el único mecanismo disponible
para insistir en la protección de sus derechos fundamentales y obtener un pronunciamiento de fondo
ante la grave situación que pone de relieve.

También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generaban la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto
es, expuso de manera clara que la presunta vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso se derivó de la omisión del Tribunal Administrativo del Atlántico de
pronunciarse sobre el incidente de nulidad formulado por la supuesta indebida
notificación del fallo del 11 de octubre de 2024, emitido por el Juzgado 11 Administrativo
de Barranquilla.

5. Análisis del caso concreto

En la solicitud de amparo la demandante sostiene que la sentencia de segunda instancia
cuestionada incurre en defecto procedimental, porque el Tribunal Administrativo del
Atlántico no se pronunció previamente sobre el incidente de nulidad que formuló por la
presunta indebida notificación de la sentencia del 11 de octubre de 2024, con la que el
Juzgado 11 Administrativo de Barranquilla decidió en primera instancia la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho 08001-33-33-011-2019-00315-00/018.

De las pruebas allegadas a este trámite constitucional la Sala evidencia que
Colpensiones promovió contra la tutelante demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho (lesividad) 08001-33-33-011-2019-00315-00/01, con el fin de obtener (i) la
anulación de las Resoluciones GNR 295917 del 25 de septiembre de 2015 y SUB 154431
del 15 de junio de 2018, a través de las cuales le sustituyó la pensión de Javier Enrique
Quiros Vásquez, por ser su compañera permanente, y la incorporó en nómina, y (ii) la orden
de que reintegrara lo recibido como mesada.

La señora Ismaelina Chantré promovió demanda de reconvención contra Colpensiones
para que se anularan las Resoluciones SUB 177738 del 9 de julio de 2019, SUB 212159
del 6 de agosto siguiente y DPE 9037 del 3 de septiembre de ese año, con las que
Colpensiones revocó el acto administrativo que le concedió la sustitución pensional y
dispuso que debía reintegrar lo que recibió como mesada, y se declarara que le asistía
derecho de acceder a la prestación.

Mediante sentencia del 11 de octubre de 2024, el Juzgado 11 Administrativo de Cartagena
anuló las Resoluciones cuestionadas por Colpensiones, porque se demostró que la señora
Ismaelina Chantré no convivió con el difunto sus últimos 5 años de vida; sin embargo, se
desestimó la pretensión de ordenarle reintegrar las sumas que recibió como mesada, ya
que no se probó mala fe de su parte. Además, se denegaron las súplicas de la demanda
de reconvención.

La anterior providencia fue comunicada al apoderado de la demandante al correo
electrónico judicialeshernandezeuridio@gmail.com, sin embargo, su dirección virtual de
notificaciones era judicialeshernandezeulidio@gmail.com (que fue identificada
previamente como el buzón en el que se recibían las notificaciones).

8 Es de anotar que si bien el actor también reprocha el fallo del 11 de octubre de 2024, el estudio de la Sala se centra

en el del 28 de abril de 2025, tal como se advirtió en el acápite de cuestión preliminar de esta providencia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07278-00
Demandante: Ismaelina Chantre

El 14 de noviembre de 2024, el aludido profesional del derecho pidió al juzgado de
conocimiento que le suministrara la constancia de notificación de la sentencia del 11 de
octubre de 2024, por lo que el despacho judicial emitió oficio el 15 de noviembre de 2024,
en el que indicó: «le remitimos el documento/solicitud requerida», sin embargo, no se adjuntó
documento alguno a esa comunicación.

El 12 de diciembre de 2024, el Juzgado 11 Administrativo de Barranquilla concedió el
recurso de apelación promovido por Colpensiones, en el que indicó que debía ordenársele
a la tutelante reintegrar las mesadas que recibió.

El 18 de febrero de 2025, el apoderado de la tutelante promovió incidente de nulidad ante
el Tribunal Administrativo del Atlántico, toda vez que no se le notificó en debida forma el
fallo del 11 de octubre de 2024; no obstante, esa Corporación profirió sentencia el 28 de
abril de 2025, en el sentido de confirmar el fallo de primera instancia, pero no se pronunció
sobre el aludido trámite incidental.

Efectuadas las anteriores precisiones fácticas y con la finalidad de establecer si la
providencia cuestionada comporta violación directa de la Constitución Política, debe
advertirse que la notificación en el ámbito judicial es un acto procesal en virtud del cual las
autoridades judiciales comunican sus decisiones a las partes del proceso y a los
interesados, con la finalidad de que las conozcan, las cumplan y las controviertan en el
evento en que no estén de acuerdo con ellas, a través de los mecanismos previstos en el
ordenamiento jurídico.

Ese acto procesal es una expresión del principio superior de publicidad y garantiza el
derecho fundamental al debido proceso de quienes participan en diligencias judiciales,
pues, tal como se advirtió, les permite conocer las determinaciones y promover en su contra
los recursos previstos en el ordenamiento jurídico para cuestionarlas, de manera que
cuando el acto de notificación no se efectúa en debida forma, se desconocen esos
preceptos superiores.

Ahora bien, las disposiciones procesales establecen varios tipos de notificaciones
(personal, por estados, electrónicamente, entre otras) y cada uno de ellos depende de la
providencia que se comunica, como el artículo 203 del CPACA, que estipula que las
sentencias deben notificarse «mediante envío de su texto a través de mensaje al buzón
electrónico para notificaciones judiciales».

Cabe advertir que cuando una de las partes en el proceso estima que no se le comunicó
en debida forma una providencia judicial, cuenta con la posibilidad de promover un
incidente de nulidad con la finalidad de invalidar las actuaciones surtidas con
posterioridad al acto de comunicación, conforme al artículo 1339 del CGP, por lo que es
el instrumento natural para dilucidar si hubo o no desconocimiento del debido proceso en
la notificación de las determinaciones judiciales y así asegurar que cuando no se realiza
en debida forma, el perjudicado pueda obtener la corrección de la equivocación y ejercer
su prerrogativa de defensa.

Visto lo anterior, la Sala evidencia que, en efecto, el 18 de febrero de 2025 el apoderado
de la tutelante promovió incidente de nulidad ante el Tribunal Administrativo del Atlántico,
al considerar que no se le notificó el fallo del 11 de octubre de 2024, con el que el Juzgado

9 «El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

[…]
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o
el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de
aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en
debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio
de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula
la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este
código».
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Demandante: Ismaelina Chantre

11 Administrativo de Barranquilla decidió en primera instancia la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho 08001-33-33-011-2019-00315-00/01, pues la comunicación
de la decisión se envió al correo electrónico judicialeshernandezeuridio@gmail.com, pese
a que el correcto era judicialeshernandezeulidio@gmail.com.

No obstante, en la sentencia del 28 de abril de 2025, con la que el aludido Tribunal decidió
en segunda instancia el expediente 08001-33-33-011-2019-00315-00/01, no se hizo
mención al incidente de nulidad formulado por la tutelante, lo que para la Sala comporta
desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso, por ende, defecto
procedimental, ya que se omitió determinar si aconteció la indebida notificación del fallo del
11 de octubre de 2024 invocada por la demandante, lo que resultaba indispensable para
establecer si se le privó injustificadamente de la posibilidad de apelar esa determinación.

Ahora bien, aunque las autoridades accionadas indiquen que el apoderado de la
demandante supo de la sentencia del 11 de octubre de 2025, porque recibió el oficio del
15 de noviembre de 202410, y sugieran que ello subsanó cualquier irregularidad en la
notificación de la decisión, la Sala estima que ese aspecto debió ser desatado en el
incidente de nulidad, pues es el instrumento establecido en el ordenamiento jurídico para
decidir sobre el particular, de ahí que debiera resolverse antes de haberse emitido el fallo
del 28 de abril de 2025.

En ese orden de ideas, el Tribunal Administrativo del Atlántico estaba en la obligación de
determinar si aconteció la indebida notificación de la sentencia del 11 de otubre de 2024,
pues de haberse configurado era necesario dejar sin efectos las actuaciones posteriores
a la notificación de esa providencia y comunicarla correctamente, con el fin de que la
tutelante pudiera interponer en su contra el recurso de apelación, aspecto, que, se reitera,
no se aclaró, lo que involucró vulneración del derecho fundamental al debido proceso de
ella e impone acceder al amparo pretendido.

Así las cosas, se concluye que la providencia cuestionada incurre en defecto
procedimental porque al terminar el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
08001-33-33-011-2019-00315-00/01 sin pronunciarse sobre el incidente de nulidad
propuesto por el apoderado de la señora Ismaelina Chantré, se le vulneró el derecho
fundamental al proceso por no dilucidarse si aconteció o no la indebida notificación del fallo
del 11 de octubre de 2024, lo que, se reitera, era necesario para determinar si contaba con
la posibilidad de apelar esa providencia.

En consecuencia, la Sala (i) amparará el derecho fundamental al debido proceso de la
accionante, (ii) dejará sin efectos la sentencia del 28 de abril de 2025, con la que el
Tribunal Administrativo del Atlántico decidió en segunda instancia el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho 08001-33-33-011-2019-00315-00/01, y le (iii) ordenará que,
dentro de los 20 días siguientes a la notificación de esta providencia, decida el incidente
de nulidad promovido por el apoderado de Ismaelina Chantré el 18 de febrero de 2025.

Cabe anotar que dicho amparo no involucra una declaración de indebida notificación a la
tutelante de la sentencia del 11 de octubre de 2024, ya que ese aspecto debe ser
dilucidado por el Tribunal Administrativo del Atlántico al decidir el referido incidente de
nulidad, que, dicho sea de paso, de encontrarse configurada derivaría en la anulación de
las actuaciones posteriores a la notificación del mencionado fallo y la orden de realizarla
en debida forma.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

10 Por medio del cual el juzgado de conocimiento contestó la solicitud de entrega de constancia de la notificación del

fallo presentada el 14 del mismo mes y año.
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Demandante: Ismaelina Chantre

III. FALLA

1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la tutelante. En consecuencia,
se dispone:

2. Dejar sin efectos la sentencia del 28 de abril de 2025, con la que el Tribunal
Administrativo del Atlántico decidió en segunda instancia el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 08001-33-33-011-2019-00315-00/01, de acuerdo con la
parte motiva.

3. Ordenar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico, que, dentro de los
20 días siguientes a la notificación de esta providencia, decidan el incidente de nulidad
promovido por la demandante el 18 de febrero de 2025, en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 08001-33-33-011-2019-00315-00/01, en
atención a las consideraciones expuestas en la presente providencia.

4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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