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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07872-00

Fecha
2 de febrero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07872-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

2 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dos (2) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07872-00 (12480)
Accionante: Víctor Hugo Rondón Suárez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de reparación directa.
Subtema 2: suspensión de licencia de conducción. Subtema 3: defecto fáctico y
desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Víctor Hugo Rondón Suárez contra el Tribunal
Administrativo de Santander.

1. Síntesis del caso

El señor Víctor Hugo Rondón Suárez, por intermedio de apoderado, presentó acción
de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al acceso a
la administración de justicia, a la doble instancia y al debido proceso, que consideró
vulnerados con ocasión de la sentencia del 26 de junio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, dentro del expediente identificado con el
radicado núm. 68001-33-33-013-2018-00372-00/02.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2. El señor Víctor Hugo Rondón Suárez tiene por oficio la conducción de vehículo
de servicio público, taxi.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07872-00 (12480)
Accionante: Víctor Hugo Rondón Suárez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

3. La Inspección de Tránsito de Piedecuesta, mediante Resolución núm. 1049 del
4 de julio de 2013, suspendió por 6 meses la licencia de conducción núm.
472455677596 categoría 5, que correspondía al señor Víctor Hugo Rondón Suárez,
por haber reincidido en infracciones de tránsito.

4. El 5 de noviembre de 2013, el accionante, mientras ejercía su actividad como
conductor, fue retenido por integrantes de la Policía Nacional, quienes al verificar el
estado de la licencia de conducción constataron que esta se encontraba
suspendida, por lo que resultó detenido y fue dejado a disposición de la Fiscalía
General de la Nación.

5. En audiencia celebrada, el 20 de diciembre de 2013, ante el Juzgado Tercero
Penal Municipal de Bucaramanga, el ente investigador le formuló el cargo de fraude
a resolución judicial o administrativa, como autor del delito.

6. El señor Víctor Hugo Rondón Suárez interpuso solicitud de revocatoria directa
contra la Resolución núm. 1049 del 4 de julio de 2013, con el argumento de que no
se le notificó el inicio del proceso administrativo sancionatorio en su contra, ni se
garantizó su comparecencia para controvertir pruebas.

7. En consecuencia, la Secretaría de Tránsito de Piedecuesta expidió la
Resolución núm. 049 del 4 de diciembre de 2015 con la cual revocó la Resolución
núm. 1049 de 2013, por irregularidades en el procedimiento administrativo.

8. Posteriormente, el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bucaramanga, mediante sentencia del 19 de septiembre de 2016,
absolvió del cargo imputado al actor, por atipicidad de la conducta.

9. En atención a lo anterior, el señor Víctor Hugo Rondón Suárez presentó
demanda de reparación directa en contra del municipio de Piedecuesta, Secretaría
de Tránsito y Movilidad, con el fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios
materiales y morales causados con ocasión de los efectos negativos de la
Resolución núm. 1049 del 4 de julio de 2013, que derivaron en su captura y
vinculación a un proceso penal, cuya carga no tenía el deber de soportar y le
impidieron por un lapso de 3 años ejercer su oficio como conductor de transporte
público.

10. El Juzgado Catorce Administrativo de Bucaramanga, mediante sentencia del 12
de diciembre de 2022, declaró la responsabilidad administrativa de la entidad
accionada y la condenó al pago de los perjuicios morales reclamados por la parte
actora. Contra dicha decisión, la demandada presentó recurso de apelación.

11. El Tribunal Administrativo de Santander, a través de fallo del 26 de junio de
2025, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda, al considerar que el demandante no acreditó el daño antijuridico,
que permitiera atribuirle una responsabilidad a la autoridad accionada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07872-00 (12480)
Accionante: Víctor Hugo Rondón Suárez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

12. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:

1. TUTELAR los derechos fundamentales a la administración de justicia, a la doble
instancia y al debido proceso del señor HUGO RONDON SUAREZ con C.C. No.
4.172.955 y a todo su núcleo familiar que obran como demandantes en el escrito
de demanda.

2. Como consecuencia, ordenar al H. Tribunal Administrativo de Santander, revocar
la sentencia de segunda instancia y en su lugar, emitir una en que la fijación del
litigio acoja al caso en concreto.

3. Ordenar al H. Tribunal de Santander, se sirva someter el caso al antecedente
jurisprudencial, en la medida en que los hechos son coincidentes con sentencias
del H. Consejo de Estado, sobre la misma materia.

4. Ordenar al H. despacho, en caso de apartarse del antecedente, presentar
justificación razonable en la forma en que la jurisprudencia lo exige 2.

13. Como fundamento de sus pretensiones, manifestó que la providencia del
Tribunal Administrativo de Santander efectuó un indebido planteamiento del
problema jurídico, toda vez que no analizó los hechos y las pretensiones de la
demanda, pues no tuvo en cuenta que el origen del daño que se expuso en dicho
documento se derivaba de un defectuoso acto administrativo.

14.Explicó que de ninguna manera se anotó en la demanda de reparación directa
que el hecho generador del daño alegado provenía directamente de la vinculación
a un proceso penal; por el contrario, se informó que el menoscabo sufrido fue
ocasionado por una actuación de la administración.

15. Así pues, afirmó que el Tribunal realizó una indebida valoración de los
elementos probatorios aportados al proceso ordinario porque desconoció las
pruebas referentes a la irregular expedición del acto administrativo núm. 1049 de
2013 y su posterior revocación.

16. Por otro lado, indicó que se desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado,
en cuanto se refiere a la responsabilidad estatal derivada del daño generado por
acto administrativo legal particular que posteriormente fue revocado por la misma
administración3.

17. Adicionalmente, resaltó que en caso bajo estudio se configuraba una
responsabilidad del Estado por daño especial, como consecuencia del desequilibrio
de las cargas públicas, como lo ha definido el Consejo de Estado en otros casos4.

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07278-00, índice 2, certificado núm. B9EC45AF3FF91B3C FC1A37AEE1C4709A
C711228040A7C7E6 6D9CDB06B5FA1B40.
2
Se transcribe incluso con errores
3
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de noviembre de 2015, expediente
52001233100020000000301(34254).
4
Consejo de Estado, «sentencias de 13 de diciembre de 1995, Rad. S-470; de enero 19 de 1996, Rad.10095; de enero 19
de 1996, Rad. 10183; de enero 19 de 1996 Rad. 10244; de enero 19 de 1996, Rad. 10256; de enero 19 de 1996, Rad. 10765;
del 25 de enero de 1996 entre otras».
3

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Accionante: Víctor Hugo Rondón Suárez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

2.3. Trámite procesal

18. El despacho ponente, mediante auto del 15 de diciembre de 20255, admitió la
demanda, ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, al Tribunal
Administrativo de Santander, y puso en conocimiento el escrito de tutela al Juzgado
Catorce Administrativo de Bucaramanga y a los señores Johan Sebastián Rondón
Parada, María del Pilar Rondón Parada, Víctor Hugo Rondón Parada y Nelly Parada
Patiño, en su condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

19. El Tribunal Administrativo de Santander6 solicitó que se declare improcedente
la solicitud de amparo porque carece de relevancia constitucional, ya que lo
pretendió por el actor es reabrir un debate propio del proceso ordinario bajo
argumentos que no corresponden a la tutela, lo cual desconoce los principios de
seguridad jurídica y la separación de poderes.

20. Refirió que el demandante parte de una premisa equivocada al afirmar que la
Sala resolvió el caso como si se tratara de una privación de la libertad o de una
simple vinculación penal, y no como un daño derivado de un acto administrativo
irregular posteriormente revocado, pues no tuvo en cuenta los limites definidos en
el trámite del proceso.

21. Explicó que, en el trámite de la audiencia inicial, el juez de primera instancia
declaró la caducidad de la pretensión relacionada con los perjuicios materiales, pero
mantuvo vigente la discusión sobre los perjuicios morales, respecto de lo cual el
demandante justificó su petición en las afectaciones sufridas por la vinculación en
el proceso penal y a su absolución en el año 2016 y sobre esa premisa el Tribunal
analizó el asunto.

22.
En este sentido, expuso que la sentencia cuestionada se limitó a decidir sobre
los perjuicios morales con base en los hechos alegados por el demandante, sin
modificar el objeto del proceso ni agregar nuevos elementos. De modo que
pretender que la Sala analizara nuevamente perjuicios materiales equivaldría a
desconocer los efectos de la caducidad y la seguridad jurídica de las decisiones.

23. En ese contexto, consideró que era pertinente exigir prueba sobre la existencia
real de una privación efectiva de la libertad, dado que el daño moral reclamado se
apoyaba en la narrativa de la captura, la detención y la vinculación a un proceso
penal. Por eso, fue razonable que la Sala no se conformará con afirmaciones sin
respaldo documental.

5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07872-00 índice 4, certificado 33C9ADFF4653678D 99771A106FC73C2B
1019204F49C5C46A 0373002C8726C0DE.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-0782-00 Incide 10, certificado DEE4F4679D8407A8 249455495923D405
5438A71435C04E6F 4AFA6EED2031FE2A.
4

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Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

24. En este orden, concluyó que no había prueba suficiente de privación de la
libertad y que el actor estuvo en libertad durante el proceso penal, siendo esta una
valoración propia del juez natural y no un error que permita la tutela.

25. Añadió que tampoco se desconoció el precedente porque la sentencia del 4 de
noviembre de 2015 expediente núm. 52001233100020000000301(34254), citada
por el actor, no es aplicable al caso objeto de estudio, dado que el daño especial no
es un título de imputación de aplicación automática ni una camisa de fuerza para el
juez, quien tiene autonomía para elegir el régimen de responsabilidad según el caso
y las pruebas.

26. Asimismo, refirió que la revocatoria de un acto administrativo no obliga al
Tribunal a fallar bajo un título específico, ni la tutela puede imponérselo, pues
corresponde al razonamiento motivado del juez.

27. El Juzgado Catorce Administrativo de Bucaramanga y los demás sujetos
vinculados al trámite constitucional guardaron silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Víctor Hugo Rondón Suárez contra el
Tribunal Administrativo de Santander.

3.2. Legitimación en la causa

29. La legitimación en la causa por activa del señor Víctor Hugo Rondón Suárez
está acreditada porque fue el accionante en el proceso de reparación directa en el
que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos
fundamentales.

30. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Santander, debido a que fue la autoridad que profirió la
providencia, objeto de tutela.

3.3. Cuestión preliminar

3.3.1 Determinación del defecto objeto de análisis

31. La Sala considera pertinente aclarar que, el accionante en el escrito de amparo,
omitió identificar el defecto que pretenden atribuirle a la providencia cuestionada,
conforme a las causales de procedencia de la tutela en contra de decisiones
judiciales definidas por la jurisprudencia constitucional.

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Accionante: Víctor Hugo Rondón Suárez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

32. Sin embargo, al revisar los hechos y los argumentos descritos en la solicitud de
amparo, se advierte que la inconformidad del tutelante se concreta en la
interpretación y valoración de las pruebas que realizó la autoridad judicial accionada
dentro del proceso de reparación directa y en la aplicación de decisiones judiciales
del Consejo de Estado, que, a su juicio, constituían un precedente jurisprudencial.
Por esta razón, la Sala analizará el asunto bajo una posible configuración de un
defecto fáctico y un desconocimiento del precedente.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

33. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado7 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional8.

34.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

35.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales9 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

36. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
9
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
6

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Accionante: Víctor Hugo Rondón Suárez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución10.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

37. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional11 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

38. Así pues, la Corte Constitucional12 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»13 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»14;

ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y

iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

39.
En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

40. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de reparación directa del derecho en el que se profirió
la decisión objeto de tutela.

10
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
7

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Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

41. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 26 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Santander fue notificada el 7 de julio siguiente15, y la demanda de tutela se presentó
el 10 de diciembre de 202516, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por
la jurisprudencia constitucional17 y del Consejo de Estado18 como razonable.

42. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

43. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.

44. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos fáctico y desconocimiento
del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos
que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

45. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Santander
vulneró los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la
doble instancia y al debido proceso del señor Víctor Hugo Rondón Suárez. En
particular, deberá establecer si incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento
del precedente al proferir la sentencia del 26 de junio de 2025, que revocó la
providencia del 12 de diciembre de 2022, expedida por el Juzgado Catorce
Administrativo de Bucaramanga y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda promovida por el accionante en contra del municipio de Piedecuesta,
Secretaría de Tránsito y Movilidad.

46. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.

3.5.1. El defecto fáctico

47. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»19. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión20» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

15
Samai, exp. 6800133-33-013-2018-00372-02, índice 20.
16
Samai, exp. 11001-15-000-2025-0787200-00 índice 1.
17
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
19
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
20
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
8

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48. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»21. Por su parte, la dimensión negativa
se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran
los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución
del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes
que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en
aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»22.

49. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados
hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso 23.

50. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial24, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»25.

51. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente
opuesta –siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de
los materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas

21
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
23
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
24
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
25
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
9

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de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]26.

3.5.2 El desconocimiento del precedente judicial

52. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas27.

53. Al respecto, la Corte Constitucional28 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos
analizados y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente
considerado por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior.
Frente a la obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad
del precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este
precepto de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están
sometidos al imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e
independencia para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les
presenta la ley. Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la
jurisprudencia de la Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo
aquella emitida por el legislador, sino además comprende todas las fuentes del
derecho incluidas las sentencias que interpretan la Constitución como norma de
normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre
de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido
proceso y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como
objetivo principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de
los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que
rigen el ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia
interpretativa es un principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto
a la igualdad en la aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales29.

26
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
27 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
28 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
29 Se transcribe incluso con errores.
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Accionante: Víctor Hugo Rondón Suárez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

54. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia30.

55. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»31.

56. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela32.

57. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación33.

58. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.

3.6. Caso concreto

59. En el asunto bajo estudio, Víctor Hugo Rondón Suárez presentó demanda de
reparación directa en contra del municipio de Piedecuesta, Secretaría de
Transportes y Movilidad, con el fin de que se resarcieran los perjuicios causados
con ocasión de los efectos negativos de la Resolución núm. 1049 del 4 de julio de

30 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
31 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
32 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
33 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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Accionante: Víctor Hugo Rondón Suárez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

2013, que derivaron en su captura e inmersión en un proceso penal, cuya carga no
tenía el deber de soportar.

60. En primera instancia, el Juzgado Catorce Administrativo de Bucaramanga,
mediante providencia del 12 d diciembre de 2022, accedió al reconocimiento y pago
de los perjuicios morales reclamados por el demandante. Apelada la anterior
decisión, el Tribunal Administrativo de Santander emitió fallo el 26 de junio de 2025,
en el que revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

61. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto,
que la autoridad judicial accionada, al proferir el fallo del 26 de junio de 2025, incurrió
en defecto fáctico, por cuanto omitió efectuar un análisis adecuado de la demanda
de reparación directa, pues no tuvo en cuenta que el origen del daño que se expuso
en el mencionado documento se derivaba de una actuación irregular de la
administración municipal y no de su vinculación al proceso penal.

62. Agregó que el Tribunal realizó una indebida valoración de los elementos
probatorios aportados al proceso ordinario porque desconoció las pruebas
referentes a la irregular expedición del acto administrativo núm. 1049 de 2013 y su
posterior revocación.

63. Por otro lado, expuso que se desconoció la jurisprudencia del Consejo de
Estado, en cuanto se refiere a la responsabilidad estatal derivada del daño generado
por acto administrativo particular que posteriormente fue revocado por la misma
administración34.

64. Adicionalmente, resaltó que en el caso bajo estudio se configuraba una
responsabilidad del Estado por daño especial, como consecuencia del desequilibrio
de las cargas públicas, como lo ha definido el Consejo de Estado en otros casos35.

65. Ahora bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela, se
observa que, el Tribunal Administrativo de Santander, de manera preliminar, indicó
que en dicha instancia no era procedente analizar nuevamente la caducidad como
lo pretendía la entidad demandada (municipio de Piedecuesta, Secretaría de
Tránsito y Movilidad) en el recurso de apelación, pues dicho asunto ya había sido
definido por el juez de primera instancia en la audiencia inicial del 15 de agosto de
2019. Al respecto, la autoridad judicial expuso lo siguiente:

[…] en audiencia inicial del 15 de agosto de 2019, la primera instancia declaró probada
la caducidad respecto de las pretensiones de lucro cesante derivados de la Resolución
número 1049 del 4 de julio de 2013, que suspendió la licencia de conducción del señor
Víctor Hugo Rondón Suárez. Sin embargo, no ocurrió lo mismo respecto del daño moral
derivado de su vinculación en el proceso penal, toda vez que la absolución se produjo
el 19 de septiembre de 2016 y en ese orden, como la demanda se presentó dentro de
los dos (2) años siguientes, se concluyó que se presentó en término. La anterior

34
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de noviembre de 2015, expediente
52001233100020000000301(34254).
35
Consejo de Estado, «sentencias de 13 de diciembre de 1995, Rad. S-470; de enero 19 de 1996, Rad.10095; de enero 19
de 1996, Rad. 10183; de enero 19 de 1996 Rad. 10244; de enero 19 de 1996, Rad. 10256; de enero 19 de 1996, Rad. 10765;
del 25 de enero de 1996 entre otras».
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Accionante: Víctor Hugo Rondón Suárez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

decisión fue confirmada por esta Corporación mediante providencia del 23 de junio de
20216. En la decisión de segunda instancia […].

66. Así pues, el Tribunal Administrativo de Santander advirtió que en atención al
principio preclusividad, que rigen las actuaciones procesales, no era procedente
volver al debate sobre la caducidad del medio de control judicial y, en consecuencia,
el litigio se debía concentrar en la responsabilidad atribuida al municipio de
Piedecuesta y la procedencia de los perjuicios morales reclamados por la parte
demandante.

67. La providencia acusada, con el fin de analizar los elementos de la
responsabilidad patrimonial del Estado, precisó que, en criterio del demandante, el
daño antijurídico del que pretendía obtener la reparación de perjuicios morales
consistía en la vinculación al proceso penal y la privación de la libertad a la que fue
sometido el señor Víctor Hugo Rondón Suárez, como consecuencia del acto
administrativo contenido en la Resolución núm. 1049 del 4 de julio de 2013, que
ordenó la suspensión de su licencia de conducción por el término de 6 meses.

68.De esta manera, para determinar si la situación vivida por el accionante era un
daño antijuridico reparable por el Estado, el Tribunal expuso lo siguiente:

Los artículos 4°, 6° y 95 inciso 7°, Superiores imponen a toda persona el deber de
acatar la Carta Política, respetar las leyes y colaborar activamente con la
Administración de justicia. En armonía con ello, el Consejo de Estado 36 ha reiterado
que la vinculación a un proceso penal, en sí misma, no constituye un daño antijurídico,
sino una carga procesal que debe ser asumida por los ciudadanos como parte del deber
general de contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados y al funcionamiento
adecuado del sistema de justicia penal.

69. Seguidamente, la providencia objeto de tutela mencionó que al proceso
administrativo se aportó el escrito de acusación y otros documentos del trámite
penal, pero estos no tenían la idoneidad y suficiencia para acreditar una supuesta
privación de la libertad procesado.

70. Al respecto, la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander se pronunció
sobre el alcance probatorio de los elementos aportados al proceso ordinario, en los
siguientes términos:

[…] En efecto, no se aportó boleta de detención, acta de legalización de captura,
certificado de tiempo de reclusión, ni constancia del INPEC u otra autoridad competente
que permita establecer de manera objetiva y verificable que el ciudadano fue
efectivamente privado de su libertad con ocasión directa del acto administrativo que
ordenó la suspensión de su licencia de conducción.

Si bien, en el escrito de acusación se afirma que el procesado fue «detenido», tal
afirmación carece de respaldo documental y constituye tan solo una mención narrativa
que no se soporta en prueba alguna. Lo único que eventualmente podría inferirse —a
partir de esa referencia— es que el procesado acudió a diligencia de indagatoria bajo

36
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, treinta y uno (31) de mayo de
dos mil diecinueve (2019), Radicación número: 05-001-33-31-023-2006-00002-00, 05-001-33-31-012-2006- 00019-00, 05-
0001-33-31-021-2006-00022, 05-001-33-31-012-2006-00021-00 y 05001- 23-31-000-2005-06076-01(48292) Acumulados
Consejero ponente: Guillermo Sánchez Luque
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07872-00 (12480)
Accionante: Víctor Hugo Rondón Suárez
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alguna medida transitoria, en aras de explicar la razón por la cual se encontraba
manejando con la licencia de conducción suspendida; sin embargo, ello no permite
concluir que se trató de una privación formal y material de la libertad.

Además, el Consejo de Estado indicó que «si la detención tuvo lugar de conformidad
con la normatividad prevista al momento de la aprehensión y frente a las condiciones
en que esta se presentó, se entenderá que el daño no es antijurídico y, por lo tanto,
quien lo padeció tendrá el deber de soportarlo y no tendrá derecho a que se le
indemnicen perjuicios por su padecimiento»37.

En estas condiciones, no se configura el presupuesto fáctico esencial del daño
antijurídico, por lo cual no es posible avanzar en el análisis de la imputación ni del
segundo problema jurídico relacionado con los supuestos perjuicios morales
reclamados.

Incluso si se superaran las falencias advertidas respecto de los elementos que
estructuran la responsabilidad extracontractual, los medios de convicción allegados al
proceso resultan insuficientes para acreditar la configuración del perjuicio moral
aducido por la parte actora, el cual no resulta dable ser presumido.

Se recalca que, en situaciones y/o hipótesis en las que el Consejo de Estado «ha
reconocido la posibilidad de acreditar el perjuicio moral mediante la valoración y
aplicación de presunciones judiciales y/o de hombre, únicamente procede su
indemnización siempre y cuando se acredite su configuración, dimensión y magnitud
mediante cualquier medio de convicción», conforme como se evidencia en sentencia
del 11 de diciembre de 2024 dentro del proceso 68001233300020180088901
(69169)38.

En ese orden, la Sala evidencia que en el presente caso la parte actora no cumplió con
la carga probatoria que le era exigible. Conforme a lo dispuesto en el artículo 167 del
Código General del Proceso, corresponde a las partes probar los supuestos de hecho
de las normas que invocan como fundamento de sus pretensiones.

71. De acuerdo con lo hasta aquí consignado, se observa que el Tribunal efectuó
un análisis de los documentos aportados al proceso ordinario, entre estos, las
diligencias de la actuación penal y el contenido de la demanda de reparación directa,
lo cual le permitió concluir que la parte demandante no allegó elemento alguno con
el que se hubiese acreditado que estuvo privado de la libertad por un determinado
tiempo.

72. En efecto, para la autoridad judicial accionada la afirmación de que estuvo
«detenido» solo permitía inferir que el actor «acudió a la diligencia de indagatoria
bajo alguna medida transitoria, en aras de explicar la razón por la cual se encontraba
manejando con la licencia de conducción suspendida», por lo que no se podía
deducir que estuvo sometido a una privación formal y material de su derecho a la
libre locomoción.

73. En síntesis, para el Tribunal no se cumplieron los requisitos necesarios para
considerar que existió un daño antijurídico que sufrió el demandante, por lo que no
era procedente analizar el elemento de la imputación. Además, refirió que los

37
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 208 de junio del 2019, C.P. Nicolas Yepes Corrales.
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”.
Sentencia del 11 de diciembre de 2024, Rad. 68001233300020180088901 (69169). Magistrado ponente: Nicolás Yepes
Corrales
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instrumentos probatorios aportados al proceso ordinario no tenían la idoneidad y
condición suficiente para acreditar un perjuicio moral alegado por la parte
demandante, el cual no puede presumirse, como lo ha indicado la jurisprudencia del
Consejo de Estado.

74. Por lo anterior, la corporación judicial accionada concluyó que la parte actora no
cumplió con la carga probatoria, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 167
del Código General del Proceso, razón por la cual no era procedente confirmar la
decisión de primera instancia que accedió al reconocimiento y pago de los perjuicios
morales reclamados por el demandante.

75. En este orden de ideas, se observa que la sentencia del 26 de junio de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, realizó un análisis razonable
y adecuado de los documentos aportados al proceso, la normativa y la
jurisprudencia aplicable al asunto, lo que le permitió concluir que en el caso bajo
estudio no se configuró un daño antijuridico atribuible al Estado, que implicara emitir
una orden de reparación a favor de la parte demandante.

76. En efecto, se advierte que el análisis probatorio desarrollado por la autoridad
judicial accionada lejos de mostrar una situación indebida por acción u omisión, lo
que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al contenido de los
documentos aportados a la actuación judicial, por lo que no es posible inferir que la
decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es que el Tribunal no le
haya otorgado el valor probatorio que la tutelante pretendía que se les atribuyera a
los medios de prueba allegados al proceso.

77. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»39.

78. Adicionalmente, se advierte que la autoridad judicial accionada aplicó los
criterios jurisprudenciales del Consejo de Estado, de acuerdo con las circunstancias
en las que se desarrolló el caso del señor Víctor Hugo Rondón Suárez, en lo
concerniente a la reclamación de los perjuicios morales, sin incurrir en un
desconocimiento del precedente de esta corporación.

79. Dicho esto, para la Sala no es aceptable que el accionante pretenda alegar una
vulneración de derechos fundamentales con el argumento de que el Tribunal
Administrativo de Santander desconoció que el daño se causó por la actuación
administrativa que lo afectó, cuando resulta evidente que desde el trámite de la
audiencia inicial tuvo conocimiento que el asunto se centraría en examinar la
reparación del menoscabo alegado y el posible reconocimiento de perjuicios

39
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
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morales derivado de la actuación penal, pues el resarcimiento del perjuicio material
causado por la Resolución núm. 1049 de 2013 fue desestimado por el juez de
primera instancia, al no cumplir el presupuesto de la caducidad. Dicha decisión no
fue cuestionada por el hoy actor en tutela.

80. Por lo expuesto, la Sala se advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de
los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en el expediente de
reparación directa. Por estas razones, si bien la providencia objeto de tutela no
resultó favorable al tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus
garantías constitucionales.

81. De esta manera, no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la
acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el
debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de reparación directa,
con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a sus
intereses y pretensiones.

4. Conclusión

82. La providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander no vulneró
los derechos fundamentales invocados por la parte actora, por cuanto no se
evidencia en su contenido un análisis arbitrario, o caprichoso, ajeno a preceptos
jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por los
defectos fáctico y desconocimiento del precedente, que exija la intervención del juez
de tutela. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo invocada por el
accionante.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por el señor Víctor Hugo Rondón
Suárez en contra del Tribunal Administrativo de Santander, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

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Accionante: Víctor Hugo Rondón Suárez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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