Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2018-00889-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2018-00889-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-33-000-2018-00889-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
11 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 68001233300020180088901 (69169)
Demandante: BALDOMERO RAMÓN ROJAS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Tema: Error jurisdiccional. Sentencia que impuso sanción de destitución
del cargo e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas a
Juez de Control de Garantías. Transgresión a los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y, autonomía de
independencia judicial. Se acreditó un daño antijurídico. Se
configuró un error jurisdiccional. Afectación relevante a bienes o
derechos convencional y constitucionalmente amparados. Sin
costas en segunda instancia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y
por la Nación – Rama Judicial contra la sentencia del 7 de marzo de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Mediante sentencia del 10 de marzo de 2016, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Santander sancionó con “destitución e
inhabilidad general por el término de diez (10) años” a Baldomero Ramón Rojas,
Juez 20 Penal Municipal de Bucaramanga con Función de Control de Garantías.
Inconforme lo anterior, el señor Ramón Rojas presentó recurso de apelación contra
la precitada decisión y, además, solicitó decretar la nulidad de lo actuado, porque
en el proceso se habían transgredido sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la defensa. No obstante, lo anterior, mediante fallo del 31 de mayo de
2016, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
confirmó el proveído apelado.
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Radicado: 68001233300020180088901 (69169)
Demandante: Baldomero Ramón Rojas
El 15 de noviembre siguiente, el disciplinado presentó acción de tutela contra el
Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y el Consejo Superior de la
Judicatura, pretendiendo el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y autonomía e
independencia judicial, presuntamente vulnerados con las sentencias dictadas en
su contra. La acción de tutela promovida por el señor Ramón Rojas fue seleccionada
por la Corte Constitucional, quien mediante sentencia T 450 del 19 de noviembre de
2018 amparó sus derechos fundamentales y dejó sin efectos el fallo del 31 de mayo
de 2016. Finalmente, el 3 de diciembre de 2018, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura decretó la extinción de la acción disciplinaria
seguida en contra de Baldomero Ramón Rojas por haber operado el fenómeno de
la prescripción.
El demandante considera que las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander y del Consejo Superior de la Judicatura
incurrieron en un error jurisdiccional en las providencias del 10 de marzo de 2016 y
del 31 de mayo de 2016, toda vez que estas se profirieron desconociendo sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y autonomía e independencia
judicial.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 31 de agosto de 20181, Baldomero Ramón Rojas, mediante apoderado judicial y
en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda en contra
de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (en
adelante la “Rama Judicial”) por los perjuicios ocasionados por el error jurisdiccional
contenido en las providencias del 10 de marzo de 2016 y 31 de mayo de 2016,
proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander y el Consejo Superior de la Judicatura, respectivamente.
1 Fl. 3 a 25, C.P.
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la entidad
pública accionada a pagarle, por perjuicios morales, 100 SMLMV; por “afectación a
bienes y/o derechos convencional y constitucionalmente amparados”, 100 SMLMV;
y por lucro cesante, la suma de $1.089.839.498.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, el 10 de marzo de
2016, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander sancionó con “destitución e inhabilidad general por el término de diez
(10) años” a Baldomero Ramón Rojas, Juez 20 Penal Municipal de Bucaramanga
con Función de Control de Garantías, pues estimó que había infringido lo dispuesto
en el numeral 1º del artículo 1532 de la Ley 270 de 1996.
Aduce que, inconforme con lo anterior, en fecha indeterminada, el señor Ramón
Rojas presentó recurso de apelación contra la precitada decisión. Además, solicitó
decretar la nulidad de lo actuado, pues, a su juicio, se habían transgredido sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.
Señala que, mediante sentencia el 31 de mayo de 2016, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura negó la solicitud de nulidad
formulada por el recurrente y confirmó la sentencia apelada.
Afirma que, por lo anterior, el 15 de noviembre de 2016, el disciplinado presentó
acción de tutela contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y el
Consejo Superior de la Judicatura, pretendiendo el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y
autonomía e independencia judicial, presuntamente vulnerados por las referidas
corporaciones.
2 Artículo 153 de la LEAJ: “Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los
siguientes:1. Respetar, cumplir y dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la
Constitución, las leyes y los reglamentos”.
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
Indica que, el mencionado trámite sumarial correspondió por reparto a la Sala
Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander quien, mediante
proveído de tutela del 19 de diciembre de 2016, negó el amparo deprecado al
constatar que no se satisfacía el requisito de inmediatez.
Advierte que, inconforme con la anterior decisión, en fecha indeterminada, el
accionante impugnó la sentencia de tutela.
Destaca que, por el fallo de tutela del 19 de julio de 2017, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura revocó la precitada decisión y,
en su lugar, declaró la improcedencia del amparo constitucional.
Sostiene que, la acción de tutela fue seleccionada por la Corte Constitucional quien,
mediante sentencia T-450 del 19 de noviembre de 2018 amparó sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa e igualdad. Además, afirma que
dicho proveído dejó sin efectos el fallo del 31 de mayo de 2016, proferido por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y ordenó proferir
una nueva decisión.
Indica que, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional, mediante
sentencia del 3 de diciembre de 2018, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura declaró la extinción de la acción disciplinaria
seguida en contra de Baldomero Ramón Rojas por haber operado el fenómeno de
la prescripción.
El demandante considera que las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander y del Consejo Superior de la Judicatura
incurrieron en un error jurisdiccional en las providencias del 10 de marzo de 2016 y
del 31 de mayo de 2016, toda vez que estas se profirieron desconociendo sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y autonomía e independencia
judicial.
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
2. Contestación
El 24 de mayo de 20193 el Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda
y ordenó su notificación a la entidad pública demandada y al Ministerio Público.
2.1. La Rama Judicial4 argumentó que no ocasionó un daño antijurídico al
demandante porque las decisiones proferidas por las Salas Jurisdiccionales
Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y del Consejo
Superior de la Judicatura estuvieron ajustadas a las normas constitucionales y
legales vigentes al momento de los hechos. Formuló como excepciones las que
denominó “culpa exclusiva de la víctima”, “las providencias atacadas fueron emitidas
conforme a derecho” y “la Rama Judicial actuó adecuadamente”.
3. Audiencia inicial
El 29 de septiembre de 20215 el Tribunal Administrativo de Santander celebró la
audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las
excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.
Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio señaló que se circunscribiría
a determinar si “¿se configuran los elementos para declarar responsable a la Nación
– Rama Judicial por los perjuicios causados al señor Baldomero Ramón Rojas,
como consecuencia de los presuntos errores judiciales en los que incurrieron el
Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura en el
trámite del proceso disciplinario No. 68001110200020110106101?”.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 12 de noviembre de 20216 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
3 Fl. 107, C.P.
4 Fl. 110 a 116, C.P.
5 Índice No. 26, SAMAI – Tribunal Administrativo de Santander.
6 Índice No. 51, SAMAI – Tribunal Administrativo de Santander.
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
4.1. La parte demandante7 y la Rama Judicial8 reiteraron lo expuesto en el escrito
de la demanda y en la contestación de este, respectivamente.
4.2. El Ministerio Público guardó silencio.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 7 de marzo de 20229, el Tribunal Administrativo de
Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que
“el Consejo Superior de la Judicatura… erró al sancionar e inhabilitar a Baldomero
Ramón Rojas, por cuanto desconoció que su actuación se ciñó al deber que le
asistía como juez, aun cuando la decisión que adoptara fuera contraria a la tesis de
la Fiscalía”. Además, estimó que las providencias acusadas incurrieron en un error
jurisdiccional, pues vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y autonomía e independencia del funcionario judicial.
En la parte resolutiva el a quo condenó a la Rama Judicial a pagarle a Baldomero
Ramón Rojas, por perjuicios morales,100 SMLMV.
6. Recursos de apelación
Los días 2410 y 28 de marzo de 202211, el extremo activo y la Rama Judicial
interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron concedidos el 8 de agosto de
202212 y admitidos el 30 de junio de 202313.
6.1. El extremo activo14 manifestó que el a quo erró al no reconocer los perjuicios
solicitados a título de lucro cesante y por “afectación grave a los bienes
7 Índice No. 56, SAMAI – Tribunal Administrativo de Santander.
8 Índice No. 54, SAMAI – Tribunal Administrativo de Santander.
9 Índice No. 58, SAMAI – Tribunal Administrativo de Santander.
10 Índice No. 61, SAMAI – Tribunal Administrativo de Santander.
11 Índice No. 65, SAMAI – Tribunal Administrativo de Santander.
12 Índice No. 68, SAMAI – Tribunal Administrativo de Santander.
13 Índice No. 3, SAMAI – Consejo de Estado.
14 Índice No. 65, SAMAI – Tribunal Administrativo de Santander.
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Radicado: 68001233300020180088901 (69169)
Demandante: Baldomero Ramón Rojas
convencional y constitucionalmente amparados”, toda vez que lo probado en el
proceso permitió establecer su causación. Por ello, solicitó el reconocimiento de la
totalidad de los perjuicios solicitados en la demanda.
6.2. La Rama Judicial15 argumentó que no ocasionó un daño antijurídico al
demandante, porque las decisiones adoptadas por las Salas Jurisdiccionales
Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y del Consejo
Superior de la Judicatura se ajustaron a las normas constitucionales y legales
aplicables al caso.
7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 15 de noviembre de 202416 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
7.1. La parte demandante17 y la Rama Judicial18 reiteraron los argumentos
expuestos en los recursos de apelación.
7.2. El Ministerio Público19 manifestó que los medios de convicción decretados y
practicados en el proceso permitían evidenciar que la providencia acusada, esto es,
la sentencia del 31 de mayo de 2016 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura había incurrido en un error jurisdiccional, toda
vez que desconoció los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y
a la igualdad ante de la ley del señor Ramón Rojas. Además, consideró que lo
probado en el proceso permitió acreditar los perjuicios materiales solicitados por el
extremo activo.
15 Índice No. 61, SAMAI – Tribunal Administrativo de Santander.
16 Índice No. 20, SAMAI – Consejo de Estado.
17 Índice No. 26, SAMAI – Consejo de Estado.
18 Índice No, 27, SAMAI – Consejo de Estado.
19 Índice No. 25, SAMAI – Consejo de Estado
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación
interpuestos por la parte demandante y por la Rama Judicial contra la sentencia del 7
de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo20, pues la cuantía, dada por la
pretensión mayor de la demanda21, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga
vocación de doble instancia ante esta Corporación22.
2. Medio de control procedente
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14023 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
20 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”.
21 El artículo 157 del CPACA dispone que “[…] Para los efectos aquí contemplados, cuando en la
demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión
mayor […]”.
22 La pretensión mayor de la demanda se estima en la suma de $1.089.839.498.
23 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona
interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u
omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre
otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa
imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de
la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y
entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una
de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la administración de
justicia.
3. Vigencia del medio de control
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes, ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo,
resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de
un presupuesto procesal24.
Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general25, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las
situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
24 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad
de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración
alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
25 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.
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controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción26, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure27 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia28, cuya consecuencia, por demandar más
26 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos.”.
27 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
28 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.
El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, señala que la acción de reparación directa deberá presentarse dentro
del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de
la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que
cuando el daño alegado proviene de un error judicial el término de caducidad
empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la
providencia judicial que contiene el aludido yerro29.
En el sub examine, se estima que el derecho de acción se ejerció en tiempo, es
decir, dentro del término de dos (2) años previsto para el vencimiento del medio de
control de reparación directa, toda vez que: i) la sentencia del 31 de mayo de 2016,
proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, por medio de la cual se confirmó la sentencia del 10 de marzo de esa
misma anualidad, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander, quedó ejecutoriada el 16 de junio de 2016,
según da cuenta la certificación de esa fecha suscrita por la Secretaría de esa
Corporación30 (hecho probado 7.1.4.); ii) que el 14 de junio de 201831, la parte
demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 158
Judicial II para Asuntos Administrativos de Bucaramanga, la cual se declaró fallida
el 30 de agosto de 201832; y iii) que la demanda se presentó el 31 de agosto de
201833.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010, Rad: 17493; Auto del 9
de mayo de 2011, Rad.: 40.196; Sentencia del 27 de enero de 2012, Rad: 22.205.
30 Fl. 73, C.11.
31 Fl. 84, C.9.
32 Fl. 68, C.9.
33 Fl. 3 a 25, C.P.
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis34.
4.1. Baldomero Ramón Rojas (víctima) está legitimado en la causa por activa, toda
vez que fue el funcionario que fue sancionado con “destitución e inhabilidad general
por el término de diez (10) años”, mediante las sentencias que se aduce que
incurrieron en error judicial, proferidas el 10 de marzo de 2016 y el 31 de mayo de
esa misma anualidad, por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander y del Consejo Superior de la Judicatura,
respectivamente (hechos probados 7.1.1. y 7.1.3.).
4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por la Rama Judicial, ya que las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias
del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y del Consejo Superior de la
Judicatura, fueron quienes profirieron las sentencias del 10 de marzo de 2016 y 31
de mayo de esa anualidad, las cuales son objeto de reproche.
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del
Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y del Consejo Superior de la
Judicatura incurrieron en un error jurisdiccionales en las sentencias del 10 de marzo
de 2016 y 31 de mayo de la misma anualidad, respectivamente, por haber
transgredido los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y autonomía
e independencia judicial del demandante.
34 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
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Radicado: 68001233300020180088901 (69169)
Demandante: Baldomero Ramón Rojas
6. Solución del problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado y sobre aquella que corresponde a
la Administración por error jurisdiccional.
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199135 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho36, que contraría el orden legal37 o que está desprovista de una
causa que la justifique38, resultado que se produce sin derecho, al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida
o protegida39, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra
el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.
La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
35 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
36 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
37 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
39 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
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causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros40.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
6.2. Régimen de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional
En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad
del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de
sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996, regulación que en su artículo 65
dispuso lo siguiente:
“Artículo 65. De la Responsabilidad del Estado. El Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de sus agentes judiciales.”
La mencionada normatividad estableció que el Estado sería patrimonialmente
responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes
eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error
jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad41.
En cuanto a la modalidad de responsabilidad por la actuación judicial, derivada del
error judicial, el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 lo definió como aquel “cometido
por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el
curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.”
En otras palabras, esta fuente de responsabilidad se refiere a aquellos yerros
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
41 Cfr. Artículo 65. Ley 270 de 1996.
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emanados de una autoridad jurisdiccional o de particulares investidos
transitoriamente de la función de impartir justicia en un proceso determinado, que
se materializan en una providencia judicial contraria a derecho, mediante la cual se
interpreta, se declara o se hace efectivo un interés o derecho subjetivo42 y que causa
un daño antijurídico al destinatario de la decisión, pues de haberse dictado conforme
al ordenamiento jurídico, el resultado hubiera sido adecuado y no habría causado la
afectación patrimonial que se pretende resarcir en el juicio de responsabilidad.
El error judicial entonces, puede entenderse como “todo acto judicial ejecutado por
el juez en el proceso, que resulta objetivamente contradictorio con los hechos de la
causa o con el derecho y la equidad, desviando la solución del resultado justo al
que naturalmente debió llegar.”43. Es por ello que la decisión que se reputa errada
puede considerarse como un verdadero “acto ilícito contrario a la ley, sea por acción
u omisión, en el curso del proceso sometido a su jurisdicción.”44
Por otra parte, el legislador en el artículo 67 de la ley 270 de 1996 dispuso una serie
de requisitos para la procedencia de esta fuente de responsabilidad, a saber: (i) que
el afectado haya interpuesto los recursos de ley contra la providencia que se reputa
contener el error y; (ii) que dicha decisión judicial haya cobrado firmeza. Lo anterior
se traduce en que la persona que persiga la responsabilidad del Estado con
fundamento en ese título de atribución, para poder reclamar la responsabilidad
producto de una decisión judicial errónea, debe haber presentado oportunamente
los recursos ordinarios45 procedentes para controvertir la providencia a la que se le
atribuye el error y debe haber certeza de que la manifestación judicial acusada es
inmodificable por haber cobrado firmeza, pues, en caso de no haberse controvertido
aquella, el daño se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la propia
víctima46 que ahora busca el resarcimiento de los efectos patrimoniales nocivos que
42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia del 22 de
noviembre de 2001. Rad.: 13164.
43 Felix A. Trigo Represas – Marcelo J. Lopez Mesa, Responsabiliad del Estado, Tratado de
Responsabilidad Civil, Tomo IV, Ed. La Lñy Buenos Aires, República Argentina, 2008, pg 170.
44 Ibídem
45 En sentencia del 28 de septiembre de 2015, Rad.: 33.733, la Sección Tercera de esta Corporación
manifestó que debía entenderse que los recursos de ley que menciona el artículo 67 de la Ley 270
de 1996 son los medios ordinarios de impugnación y no los recursos extraordinarios.
46 Artículo 70, Ley 270 de 1996.
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la disposición del juez le pudo haber causado o, podría considerarse que el daño
que pudo haber producido es apenas eventual.
Así las cosas, la ley prevé que cuando tales decisiones implican resultados sin razón
legalmente válida, la misma no esté soportada en pruebas debidamente
recaudadas, se aleje de los cánones procesales, sea el resultado o se dicte bajo el
amparo de una violación al debido proceso o signifique una vía de hecho y que
aquella no pueda además ser corregida por los medios y recursos ordinarios
idóneos en el proceso, se califiquen de error judicial y se ordene la indemnización
de los perjuicios que tal equívoco causó, cuando adicionalmente se encuentren
acreditados en el proceso todos los demás elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado.
Empero, tal error no se refiere a cualquier desacierto contenido en una providencia
judicial, pues este debe surgir de una conducta carente de fundamento objetivo,
debe significar la vulneración de derechos o intereses subjetivos y ser contraria al
ordenamiento jurídico.
Es por ello que el error jurisdiccional contenido en la providencia debe ser
determinante para el proceso y para los intereses de las partes y nunca podrá
convertirse en una instancia adicional del proceso47, por lo que el juez deberá
verificar si la decisión controvertida se encuentra jurídicamente motivada y
probatoriamente sustentada, para luego, en virtud de lo preceptuado en el artículo
90 constitucional y en la Ley 270 de 1996, determinar si el Estado está obligado a
responder patrimonialmente por el daño antijurídico que la decisión de uno de sus
jueces causó, previa comprobación de los demás elementos estructurales de la
responsabilidad patrimonial del Estado. No se trata pues, el juicio que busca
declarar la existencia de responsabilidad de los administradores de justicia por las
decisiones erróneas que estos dicten en desarrollo de sus atribuciones judiciales,
de una tercera instancia del juicio en el cual se dictó la decisión lesiva, ni de evitar
que la misma cobre firmeza, destruir su fuerza obligatoria para sus destinatarios,
47 Cfr. Tolivar Alas. Leopoldo. La responsabilidad patrimonial del Estado – juez. Tomás Quintana
López [director]. La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y
ámbitos sectoriales. Valencia: Tirant lo Blanch. 2009. P.524.
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así como tampoco de levantar el estado de cosa juzgada sobre el proceso en la cual
se produjo, ni de sustituir la decisión errónea por una más acertada, pues en el
sistema legal colombiano para ello existen otros mecanismos judiciales apropiados.
En cambio, se trata, como se deduce del texto legal que define la figura, de verificar
si la providencia reputada de contener el error produjo consecuencias patrimoniales
adversas para los destinatarios de esa decisión judicial y que no les corresponde
asumir, así como hacer la imputación de tales daños a la administración de justicia
bajo cuyo amparo y en ejercicio de las potestades estatales se dictó la decisión
errada.
De igual manera, y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación48, este
error puede ser de carácter fáctico o sustantivo, esto es, puede enmarcarse en una
equivocación entre la realidad procesal y la decisión judicial, o residir en la
aplicación distorsionada del derecho. Es así que se puede presentar, entre otros
casos, cuando la autoridad, en ejercicio de funciones jurisdiccionales: i) no valoró
un hecho debidamente probado, que era fundamental para adoptar una decisión de
fondo; ii) consideró que un hecho era fundamental, cuando realmente no lo era; iii)
no decretó una prueba conducente para determinar un hecho relevante y solucionar
el caso concreto; iv) adoptó la decisión judicial con fundamento en un hecho que
era falso; v) aplicó una norma que no era aplicable al caso concreto; vi) dejó de
aplicar una norma que era necesaria para solucionar la litis; vii) aplicó una norma
inexistente o derogada49 o; viii) actuó sin competencia.
Asimismo, y en punto del régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error
jurisdiccional, es dable aclarar que este es un título de atribución de responsabilidad
de carácter subjetivo que impone la carga a la parte demandante de indicar en que
consiste el aludido yerro y demostrar, además del error jurisdiccional, el daño y la
imputación fáctica y jurídica frente al Estado, ante lo cual, la parte demandada, para
eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del error jurisdiccional,
48 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 27 de abril de 2006, Rad.: 14837, del 23
de abril de 2008, Rad.: 16271, del 21 de noviembre de 2017, Rad.: 39515.
49 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27
de abril de 2006. Rad.: 14837.
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una causa extraña que rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los
elementos que componen el juicio de responsabilidad patrimonial.
Finalmente, debe resaltarse frente a aquellas situaciones en las que se discute la
responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial en razón a providencias que
han sido dejadas sin efectos jurídicos por un juez de tutela, que no todo amparo
constitucional y/o procedencia de dicha acción comporta de facto o
automáticamente un error jurisdiccional, pues es al juez de la responsabilidad quien
le corresponde evaluar y examinar en cada caso en concreto, y de cara los medios
de convicción obrantes en el proceso, si hay lugar a la configuración de ese título
de imputación.
7. Caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 7 de marzo de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, el extremo activo afirmó que el a quo erró al no
reconocer los perjuicios solicitados a título de lucro cesante y por “afectación grave
a los bienes convencional y constitucionalmente amparados”, toda vez que lo
probado en el proceso permitió establecer su causación. Por ello, solicitó el
reconocimiento de la totalidad de los perjuicios solicitados en la demanda. A su
turno, la Rama Judicial argumentó que no ocasionó un daño antijurídico al
demandante, porque las decisiones adoptadas por las Salas Jurisdiccionales
Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y del Consejo
Superior de la Judicatura se ajustaron a las normas constitucionales y legales
aplicables al caso en concreto.
En este sentido y comoquiera que la parte demandante y la Rama Judicial
presentaron recurso de apelación contra el fallo del 7 de marzo de 2022, proferido
por el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con lo dispuesto en el
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artículo 328 del Código de General del Proceso50, se resolverá frente al sub-lite, sin
limitación alguna. En atención a ello, de conformidad con lo expuesto, se examinará
si la Rama Judicial es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados
por el error jurisdiccional en que, presuntamente, incurrieron, las Salas
Jurisdiccional Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura y del Consejo
Superior de la Judicatura en las sentencias del 10 de marzo de 2016 y 31 de mayo
de la misma anualidad, respectivamente.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.
7.1. Hechos probados
Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Está probado que, mediante sentencia del 10 de marzo de 2016, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander
sancionó con “destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años” a
Baldomero Ramón Rojas, Juez 20 Penal Municipal de Bucaramanga con Función
de Control de Garantías, pues estimó que el funcionario judicial infringió lo dispuesto
en el numeral 1º del artículo 15351 de la Ley 270 de 1996. De esta información da
cuenta copia auténtica de dicha providencia. El fundamento de la decisión fue el
siguiente:
“[…] debemos adentrarnos en el caso en cuestión, partiendo como sustento
probatorio la simple lectura del informe que originó la puesta en marcha de la presente
actuación disciplinaria, así como el material probatorio obrante que da cuenta de la
comisión por parte del doctor Ramón Rojas, de la falta imputada, al ordenar la libertad
50 Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
51 Artículo 153 de la LEAJ: “Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los
siguientes:1. Respetar, cumplir y dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la
Constitución, las leyes y los reglamentos”.
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de los aprehendidos en el cartural penal, pese a que configuraban los presupuestos
de la flagrancia, contrariando con ello el orden normativo.
Considera, entonces la Sala, que analizado con detenimiento el citado
comportamiento del funcionario judicial, éste logra traspasar el límite de lo meramente
objetivo para acceder a los terrenos de la culpabilidad disciplinaria, en la forma como
demanda una sentencia de condena, lo que entonces permite sostener una teoría
sancionatoria en su contra.
Recordemos que, en el caso de marras, efectivamente los aprehendidos se
encontraban en una situación de flagrancia, por lo que no cabe duda que la orden de
libertad que condujo a la excarcelación de los procesados proferida por el doctor
Ramón Rojas era abiertamente ilegal.
Así entonces, bajo el análisis no es mucho lo que ofrece al plenario como elementos
defensivos o exculpantes para el funcionario investigado, pues de las declaraciones
de los capturados solo se puede advertir que tratan de desligarse de la actuación
penal afirmando no encontrarse incursos en el delito enrostrado por parte de la
Fiscalía. Sin embargo, se neta que los mismos elementos de prueba y la situación
fáctica lo que soportan el pedimento de la Fiscalía.
Sin embargo, estima la Sala que contrario al dicho del investigado no hay duda, tal y
como se desprende de las pruebas, que la situación de flagrancia que cobra
existencia en el caso analizado es la contenida en el Código de Procedimiento Penal
como predica el ente Fiscal, dado que los procesados fueron capturados con objetos
de instrumentos – gran cantidad de material videográfico fotográfico con ausencia de
características de originalidad, así como quemadores de CD-, de los cuales aparecía
fundadamente que momentos antes habían incurrido los capturados, por lo menos,
en una violación a los derechos morales y patrimoniales de autor, al dedicarse a la
reproducción y comercialización indebida de los mismos.
[…]
Todo lo antes expuesto lleva finalmente a plantear dos discusiones: de una parte, que
en sentir de la Sala el doctor Baldomero Ramón Rojas como Juez 20 Penal con
Función de Control de Garantías de Bucaramanga, con relación a su actuar
desplegado afectó injustificadamente la prestación del servicio a que estaba obligado,
al haber expedido la orden de libertad a favor de los capturados, desconociendo el
deber previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, al apartarse
abiertamente a la ley y, también al considerar que la captura se produjo por fuera de
las situaciones de flagrancia, por lo que concurre el elemento objetivo del tipo de
prevaricato por acción, dado que en su condición de servidor público, en ejercicio de
sus funciones, profirió la resolución – orden de libertad – manifiestamente contraria a
la ley; colmándose tal eventualidad generosamente.
Ahora, en relación al elemento subjetivo de la conducta enrostrada al disciplinable, se
detiene a decir la Sala que la misma es dolosa, en cuanto era la valoración conjunta
y concatenada de los varios indicios, los que permitían advertir una concordancia y
convergencia, llegándose al grado de probabilidad de certeza racional de la necesidad
de impartir legalidad a dichas capturas, luego, era con fundamento de las pesquisas
que debía el doctor Ramón Rojas elaborar el juicio de valor sobre la legalidad de la
captura dado que era esa la única información que tenía a su alcance para ese
momento, pero sin que ello implicara, como lo pretende hacer valer el disciplinado,
entrar a valorar los mismos como evidencia de responsabilidad penal de las personas
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implicadas o sugerir su respaldo con otros medios de acreditación, para darles plena
validez, pues con ello desbordó su competencia, al hacer un análisis de tipicidad y
antijuridicidad, propio del juez fallador.
Entonces encuentra la Sala que, además de que la orden de libertad fue abiertamente
ilegal, su expedición estuvo afectada al obviar la abundancia de detalles con los que
debía valorar la presentación de la situación de flagrancia y, si bien la Sala no
desconoce la competencia asignada a las autoridades judiciales para valorar y aplicar
las normas jurídicas con fundamento en el principio de autonomía e independencia
judicial, ni puede el investigado amparar su actuar en el mismo, pues dable es advertir
que la misma no es en ningún caso absoluta, pues por tratarse de una actuación
reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, se encuentra limitada
por el orden público preestablecido y, principalmente, por los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al Estado Social de Derecho.
Actuación esta que generó ilicitud sustancial, cuya valoración obedece al hecho de
haberse desligado de esa relación de sujeción que existe entre el juez como servidor
público y la administración que le encomendó la misión de impartir justicia, por lo
tanto, dicho comportamiento es a todos luces contrario al deber consagrado en el
numeral 1º del artículo 153 de la LEAJ.
Así las cosas, llega la Sala al grado de convencimiento de la responsabilidad del
doctor Baldomero Ramón Rojas, pues se apartó consciente y voluntariamente del
querer del Constituyente sin justificación alguna, arribándose a una conclusión
inequívoca de su culpabilidad, al hallarse la misma no demostrada no solo objetiva
sino subjetivamente, razones todas ellas por las cuales resulta valido predicar que se
incurrió por el funcionario investigado en una falta disciplinaria, afectándose la
administración de justicia, al incumplir con sus deberes, distanciándose del servicio
público encomendado, luego debe terminarse este proceso emitiendo sentencia
adversa a sus interés jurídicos procesales en este caso, siendo lo procedente y
jurídico sancionarlo.
Finalmente huelga decir, que para esta Sala resulta en verdad lamentable que un juez
de la República incurra en conductas como las aquí examinadas, que afectan la
imagen de la recta administración de justicia y que, por su impacto social, merecen el
más alto juicio de reproche.
[…]
En mérito de lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Sala
Jurisdiccional Disciplinaría, en Sala de Decisión Trial, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: SANCIONAR al doctor BALDOMERO RAMÓN ROJAS, en su calidad de
Juez 20 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga, por
haber incurrido en la infracción al deber previsto en el artículo 153 numeral 1º de la
Ley 270 de 1996, lo que es constitutivo de una falta disciplinaria gravísima al tenor de
lo dispuesto en el artículo 48 numeral 1º de la Ley 734 de 2002, por incursión en el
delito consagrado en el artículo 413 del C.P., e infracción a lo dispuesto en el artículo
391, numerales 1º y 3º del C.P.P., cometida a título doloso, con DESTITUCIÓN E
INHABILIDAD GENERAL POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS, de acuerdo con
las motivaciones expuestas en la parte considerativa de esta providencia […]"
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
7.1.2. Se acreditó que, inconforme con lo anterior, en fecha indeterminada, el señor
Ramón Rojas presentó recurso de apelación contra la precitada decisión. Además,
solicitó decretar la nulidad de lo actuado pues, a su juicio, le habían transgredido
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa. De esta información
da cuenta copia auténtica del referido memorial52, el cual se señala lo siguiente:
“[…] por medio del presente escrito dos solicitudes, la primera de ellas atañe a que
se decrete la nulidad de lo actuado por afrente directa al debido proceso en el especial
al derecho de defensa. Y la segunda, de no tener asidero los planteamientos de la
primera petición, que se revoque en su totalidad la sentencia proferida el 10 de marzo
de 2016.
El magistrado ponente desatendió las pruebas con absoluta ligereza, desconociendo
de esta manera su deber de realizar una investigación integral, abominación que
presento con los siguientes argumentos: en primer lugar, hago referencia a la génesis
de la sanción disciplinaria, la cual está estrechamente relacionada con la conducta
punible denominado prevaricato por acción, debiendo obedecer al criterio doctrinal y
jurisprudencial acerca de la configuración del comportamiento criminal.
El magistrado ponente dio una interpretación y análisis sesgado a las pruebas. De
otra parte, se resalta una falencia de acreditación, pues desde que se asumió la
competencia se ha sostenido que si hubo una situación de flagrancia y yo, frente a
ese fenómeno jurídico, sostengo a la fecha, de la carencia de elementos que la
constituyen, sin embargo, el magistrado ponente perfila mi postura a la conducta
punible de prevaricato por acción reglado en el artículo 413 del estatuto represor,
posición respetada pero absolutamente distanciada, porque acudí denodadamente a
los criterios doctrinales y jurisprudenciales como elementos constitutivos.
Frente a este transcendental aspecto, reina por ausencia en la foliatura, un fenómeno
de corrupción, ni siquiera tímidamente alguien menciona ese factor, sencillamente por
NO existió, es decir, no acompañó la decisión debatida un interés torcido, corrupto o
mezquino que me llevara a afrentar el ordenamiento jurídico vigente para la época de
los hechos, y es así como este deber de acreditación asignado por el legislador al
Estado, es decir en este caso a la Sala Disciplinaria le correspondía acreditar ese
elemento, no lo hizo; pero si fue diligente a la pesquisa investigativa dirigida a obtener
la realidad de este fenómeno, para fortuna del investigado salió a flote la verdad, en
el sentido que JAMÁS y NUNCA se dio dadiva alguna para torcer el sentido normativo
y soslayar la labor providencial a mi encomendada.
Por lo esbozado anteriormente, solicito al Consejo Superior de la Judicatura como
colegiatura de segunda instancia que entre a SUBSANAR Y REVOCAR la providencia
del 10 de marzo de 2016, en la cual se presentaron múltiples desaciertos jurídicos
que enlodaron mi BUEN NOMBRE frente a la función de dispensar justicia, y se sirvan
adoptar los requerimientos legales, para que NO se emitan adjetivos irresponsables
y ofensivos, que generen mancha a través de la cual se evoca el desprecio humano
al tildarme de constituir mi acción judicial como una vergüenza, un lamento que afecta
la imagen de la recta administración de justicia.}
52 Fl. 329 a 345, C.9.
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Y, como un efecto consecuencia y lógico, se REVOQUE de manera íntegra la
providencia y la condena incoada, y se me ABSUELVA de todos los cargos por
inexistencia plena de falta gravísima.”
7.1.3. Consta que, por sentencia el 31 de mayo de 2016, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura negó la solicitud de nulidad
formulada por el recurrente y, además, confirmó la sentencia apelada. De esta
información da cuenta copia auténtica de dicha providencia53. El fundamento de la
decisión fue el siguiente:
“[…] En primer lugar, esta Colegiatura permite indicar que, con base en lo
contemplado en el artículo 146 de la Ley 734 de 2002, las nulidades se deberán
presentar hasta antes de la sentencia de primera instancia, lo cual no ocurrió en el
presente caso, pues el funcionario investigado no invocó ninguna causal de nulidad,
así como tampoco la ‘mixtura incorrecta’ del pliego de cargos.
Además, esta Colegiatura no observa ninguna irregularidad que viole el debido
proceso y deba declararse de oficio, pues claramente existe un pliego definitivo, no
se puede hablar de ‘mixtura incorrecta’, simplemente lo que existió fue una variación
del pliego y, además, hay gran cantidad de material probatorio que permite estudiar
el caso y proferir fallo en derecho.
De tal forma, esta Colegiatura se abstendrá de analizar las solicitudes de nulidad
deprecadas por el funcionario investigado.
[…]
Para esta Corporación y, contrario a lo expuesto por el disciplinado, de lo probado en
el plenario se tiene efectivamente que la conducta imputada al acusado se consumó,
pues resulta evidente el desconocimiento por parte del juez Baldomero Ramón Rojas
de lo descrito en el artículo 301 numeral 1 y 3 del C.P.P, al haber decretado la
ilegalidad de la captura de tres personas en flagrancia, con argumentos que
desbordaron la legalización, por cuanto este realizó un análisis de tipicidad que es
necesario para establecer la razón por la cual estaban siendo aprehendidos, pero
como ocurrió en el mencionado caso, dicha valoración en razón a la prueba que se
había allegado al proceso permitía afirmar que la privación obedecía a una situación
de flagrancia.
Para esta Colegiatura, tal y como acertadamente se plasmó en el fallo objeto de
apelación, la captura de las tres personas se efectuó en cumplimiento a lo previsto en
el artículo 301 del C.P.P., por cuanto la prueba recaudada evidenciaba una
comercialización, almacenamiento y venta de productos piratas, lo cual se típica como
una conducta punible de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos
conexos, artículo 271 del C.P.
Para la Sala no son re recibo los argumentos del doctor Baldomero Ramón Rojas,
para justificar la declaratoria de ilegalidad de las capturas, pues los ciudadanos si
fueron capturados en flagrancia.
53 Fl. 365 a 404, C.10.
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Radicado: 68001233300020180088901 (69169)
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Conforme lo plasmado, estima esta Colegiatura que del acervo probatorio recaudado
se colige que las personas capturadas, lo fueron en flagrancia, pues fueron
sorprendidas durante la comisión de un delito y además, con elementos de los cuales
ciertamente se podía predicar que provenían de la comisión de un delito o de haber
participado en el mismo.
Considera esta Sala, además, que contrario a lo argumentado por el funcionario
apelante, en el derecho disciplinario no es indispensable describir en forma detallada
los elementos que conforman el tipo, como si ocurre en materia penal, por
consiguiente, en este evento no es relevante verificar si el operador de justicia recibió
dadivas o incurrió en alguna forma de corrupción, pues como lo establece la norma,
artículo 48 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, constituye falta gravísima ‘1. Realizar
una descripción típica en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se
cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o
abusando del mismo’.
Ahora bien, no desconoce esta Corporación que quienes administran justicia están
amparados en el principio constitucional de autonomía e independencia funcional,
para sostener la anterior postura, no implica colegir que a los jueces en el ejercicio
del referido principio les este permitido rebasar el ámbito de movilidad discursiva que
se construye desde la abstracción propia de los enunciados jurídicos; de allí que no
toda decisión judicial puede considerarse ajustada a derecho por el simple hecho de
provenir de un operador judicial el cual alegue que ella se torna inatacable por estar
revestida de tal garantía constitucional, toda vez que una situación son los juicios de
razonabilidad interpretativa construidos desde ella y otra la arbitrariedad de los
contenidos normativos.
Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala encontramos que al doctor
Baldomero Ramón Rojas, le correspondió en el desempeño del cargo presidir la
audiencia de legalización de captura, pues se advierte que declaró la ilegalidad de la
captura de los indiciados y, en consecuencia, concedió la libertad a los mismos.
Así las cosas, esta Sala CONFIRMARÁ la sentencia apelada proferida el 10 de marzo
de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura
de Santander, mediante la cual se sancionó al doctor Baldomero Ramón Rojas, en su
condición de Juez 20 Municipal con Función de Control de Garantías de
Bucaramanga, con destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de funciones
públicas por el término de diez (10) años, como autor responsable de infringir el deber
previsto en el artículo 153 numeral 1 de la Ley 270 de 1996.
En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: No decretar la nulidad solicitada por el funcionario apelante.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia apelada proferida el 10 de marzo de 2016, por
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander, mediante la cual se sancionó al doctor Baldomero Ramón Rojas, en su
condición de Juez 20 Municipal con Función de Control de Garantías de
Bucaramanga, con destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de funciones
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
públicas por el término de diez (10) años, como autor responsable de infringir el deber
previsto en el artículo 153 numeral 1 de la Ley 270 de 1996 […]”
7.1.4. Se probó que el 16 de junio de 2016, quedó ejecutoriada la sentencia del 31
de mayo de 2016 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura. De esta información da cuenta la certificación de esa
fecha, suscrita por la Secretaría de esa Corporación54.
7.1.5. Se demostró que, el 15 de noviembre de 2016, el disciplinado presentó acción
de tutela contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y el Consejo
Superior de la Judicatura, pretendiendo el amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y autonomía e
independencia judicial, presuntamente vulnerados por las referidas corporaciones.
De esta información da cuenta copia auténtica de la sentencia de tutela del 19 de
noviembre de 2018, proferida por la Corte Constitucional55.
7.1.6. Está probado que, mediante sentencia del 19 de diciembre de 2016, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander
negó el amparo constitucional solicitado al constatar que no se satisfizo el requisito
de inmediatez. De esta información da cuenta copia auténtica de la sentencia de
tutela del 19 de noviembre de 2018, proferida por la Corte Constitucional56.
7.1.7. Se demostró que, informe con la anterior, en fecha indeterminada, el
accionante impugnó la precitada decisión. De esta información da cuenta copia
auténtica de la sentencia de tutela del 19 de noviembre de 2018, proferida por la
Corte Constitucional57.
7.1.8. Consta que, mediante sentencia de tutela del 19 de julio de 2017, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura revocó la precitada
decisión y, en su lugar, declaró la improcedencia del amparo constitucional. De esta
54 Fl. 73, C.11.
55 Índice No. 18, SAMAI – Tribunal Administrativo de Santander.
56 Índice No. 18, SAMAI – Tribunal Administrativo de Santander.
57 Índice No. 18, SAMAI – Tribunal Administrativo de Santander.
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
información da cuenta copia auténtica de la sentencia de tutela del 19 de noviembre
de 2018, proferida por la Corte Constitucional58.
7.1.9. Se acreditó que, en fecha indeterminada, la Corte Constitucional seleccionó
para revisión la acción de tutela presentada por Baldomero Ramón Rojas. De esta
información da cuenta copia auténtica de la sentencia de tutela del 19 de noviembre
de 2018, proferida por la Corte Constitucional59.
7.1.10. Está probado que, mediante sentencia T-450 del 19 de noviembre de 2018,
la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa e igualdad del accionante. Además, dejó sin efectos el proveído del 31 de
mayo de 2016, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura y ordenó proferir una nueva decisión. De esta información da cuenta
copia auténtica de dicha providencia60. El fundamento de la decisión fue el siguiente:
“[…] la Sala advierte que las autoridades judiciales accionadas, efectivamente,
sí incurrieron en un evidente defecto sustantivo con violación del debido
proceso del actor por violación directa de la Constitución al generar una intensa
afectación al principio de autonomía e independencia judicial. Ello, en atención
a que la decisión que adoptó el Juez Veinte Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Bucaramanga, investigado y sancionado
disciplinariamente, fue razonable, acorde con las circunstancias de hecho y de
derecho valoradas en la audiencia preliminar de legalización de la captura
celebrada el 22 de junio de 2011. Pero, además, porque ambos fallos
disciplinarios desconocieron su ámbito funcional como operador jurídico
encargado no solamente de verificar las acciones u omisiones del ente
investigador, sino de adoptar las medidas que estime pertinentes y necesarias
para proteger los derechos fundamentales de las personas investigadas. A
continuación, se explican estos razonamientos.
La decisión adoptada por el Juez Veinte Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías de Bucaramanga, en el trámite de la audiencia preliminar de legalización
de la captura llevada a cabo el 22 de junio de 2011, fue razonable, acorde con las
circunstancias de hecho y de derecho allí valoradas:
En primer término, sea esta la oportunidad, sin embargo, para advertir que, aun
cuando la conducta por virtud de la cual se investigó disciplinariamente y terminó
sancionándose al señor Baldomero Ramón Rojas fue la relacionada puntualmente
con su decisión de haber decretado, en su calidad de Juez Veinte Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, la ilegalidad del
procedimiento de aprehensión de tres personas que, al parecer, fueron sorprendidas
con gran cantidad de material fonográfico, videográfico y cinematográfico en el Centro
Comercial ‘San Bazar’, lo cierto es que tanto el informe del Jefe del Área de Delitos
58 Índice No. 18, SAMAI – Tribunal Administrativo de Santander.
59 Índice No. 18, SAMAI – Tribunal Administrativo de Santander.
60 Índice No. 18, SAMAI – Tribunal Administrativo de Santander.
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
contra el Patrimonio Económico de la Policía Nacional, que dio lugar al trámite
de oficio de la queja y que, por esa vía, suscitó la investigación que en esta
oportunidad se censura, como las providencias disciplinarias de primera y
segunda instancia, contienen supuestos fácticos que no se corresponden con
la realidad sustancial, en la medida en que allí se da por descontado que en la
audiencia preliminar de registro y allanamiento de los dispositivos
decomisados, el funcionario disciplinado ‘ordenó la devolución inmediata del
material incautado, bajo la premisa de que a los artistas no les interesaba si en el
centro comercial objeto de la diligencia se comercializaba este tipo de material’.
Desde luego, como bien puede extraerse del acápite de antecedentes, se trata de
una información falsa que agravó la situación contextual objeto de la queja
formulada en contra del señor Baldomero Ramón Rojas y que no fue advertida,
en su momento, por los jueces disciplinarios, quienes asumieron la
correspondiente investigación y adelantaron las diligencias procesales
pertinentes sin contrastar esa actuación temerariamente reprochada con lo
verdaderamente acontecido en el trámite de la audiencia preliminar de control
de legalidad posterior de los referidos procedimientos.
Hecha esa claridad, conviene ahora pasar a explicar el primer planteamiento. Para
ello, es de mérito recordar que el 21 de junio de 2011, personal adscrito a la Policía
Nacional, en cumplimiento de orden judicial dictada por la Fiscalía Quinta de la Unidad
de Estructura y Apoyo de la misma ciudad, practicó diligencias de registro y
allanamiento a 37 locales del Centro Comercial ‘San Bazar’ por reproducirse y
comercializarse allí fonogramas, videogramas y obras cinematográficas no originales.
En el marco de dicho operativo, no solo se incautó un número considerable de discos
compactos, sino que se dispuso la captura en flagrancia de tres personas que,
presuntamente, vendían, ofrecían o exhibían tales reproducciones.
Presentados los respectivos informes de policía judicial dentro del término legal de
rigor, la Fiscalía Quinta de la Unidad de Estructura y Apoyo de Bucaramanga solicitó
poner a disposición del juez de control de garantías tanto los objetos recolectados
como a los aprehendidos, correspondiendo el adelantamiento de sendas audiencias
preliminares al Juzgado Veinte Penal Municipal de Bucaramanga, presidido en ese
entonces por el señor Baldomero Ramón Rojas.
Así las cosas, en audiencia celebrada el 22 de junio de 2011, dicho funcionario
judicial, luego de valorar la evidencia física aportada (informes de policía y
declaraciones juradas de testigos sometidos a reserva que establecieron con
verosimilitud la vinculación de los lugares registrados con el delito investigado),
resolvió declarar la legalidad formal y material de los procedimientos de registro y
allanamiento mediante los cuales se decomisó gran cantidad de dispositivos no
autorizados, al cumplirse con las formalidades previstas en los artículos 220, 221,
222, 224 y 225 del ordenamiento procesal penal.
Posteriormente, dio paso a la revisión del procedimiento de captura de las tres
personas que se hallaban en el Centro Comercial ‘San Bazar’. De esa manera, la
Fiscalía Quinta de la Unidad de Estructura y Apoyo de Bucaramanga inició la lectura
de los informes de policía judicial describiendo que, en el caso del primer
aprehendido, este se encontró cerrando uno de los locales con películas y discos
compactos de distintos géneros y títulos sin autorización legal y luego intentó huir
siendo detenido al atribuírsele la venta y exhibición del material (adjuntándose acta
de derechos del capturado, constancia de buen trato y tarjeta decadactilar). Frente al
segundo, indicó que estaba en otro de los locales tratando de vender material similar
a un sujeto, acusándosele de ser sorprendida al momento de cometer el delito y
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
capturada con instrumentos indicativos de su participación en aquel (se adjuntaron
acta de derechos del capturado, constancia de buen trato y tarjeta decadactilar).
Finalmente, en cuanto hace a la tercera persona capturada, especificó que se trataba
de una empleada del local en el que atendía y vendía los objetos incautados,
inculpándosele también por haber sido hallada con material falseado que daba cuenta
de su mediación en la realización de la conducta punible (se acompañó acta de
derechos del capturado, constancia de buen trato y tarjeta decadactilar).
Verificado, entonces, el contenido del artículo 302 de la Ley 906 de 2004, referente al
procedimiento que debe adelantarse en caso de que se suscite una captura en
flagrancia, y habiéndosele dado traslado de los informes de registro y allanamiento
a las partes procesales, la Fiscalía culminó su intervención explicando que el delito
cometido se encontraba inserto en el artículo 271 del Código Penal, alusivo a la
violación de los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, cuyos verbos
rectores corresponden a vender, ofrecer y exhibir.
Luego de escuchar a los abogados defensores de cada uno de los implicados,
quienes no plantearon mayores objeciones, el Juez Veinte Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga intervino para advertir que ‘en
el sistema penal acusatorio existían dos formas de restringir el derecho de
locomoción: de un lado, la captura por orden escrita de que trata el artículo 297 del
Código de Procedimiento Penal y, por otro, la aprehensión en situación de flagrancia
en los casos estipulados en el artículo 301 ejusdem, siendo esta última una figura con
especiales exigencias, como la de que haya lugar a medida de aseguramiento, que
exista convicción plena de un comportamiento criminal que pueda originar la captura
y que los verbos rectores atribuidos sean ejecutados al momento de realización del
registro y allanamiento’.
[…]
En las anotadas condiciones, el funcionario judicial, previa lectura del artículo 301 de
la Ley 906 de 2004 sobre la figura de la flagrancia, en contraste con los informes de
policía judicial de la diligencia y teniendo en cuenta los verbos rectores imputados,
concluyó que: en relación con el indiciado que se encontró tratando de cerrar un local
y fue aprehendido por la Policía mientras huía del centro comercial no se advertía la
estructuración de ningún verbo rector aducido por la Fiscalía, pues, en su criterio, tal
vez, como vio que todos los locales se estaban cerrando o allanando, le pareció fácil
ir a cerrar el que tenía a su cargo, sin que en la propia diligencia le hubiesen
encontrado vendiendo, ofreciendo o exhibiendo discos compactos. En ese sentido, el
numeral 3º del artículo 301 no encaja en la descripción fáctica relatada, ya que es
claro que alguien falsificó los discos, pero no se puede suponer que haya sido el
acusado y mucho menos en situación de flagrancia para poderlo capturar.
En el caso del indiciado que estaba tratando de vender material a otro sujeto, señaló
que el solo informe de la captura no bastaba, pues allí no había constancia alguna o
declaración del tercero que respaldara ese hecho, con lo cual ni la venta ni la compra
podían darse por acreditadas, observándose, por lo demás, que el funcionario de
policía judicial dejó escapar esa evidencia, ya que no hizo entrevista ni interrogatorio
y tampoco adelantó los mecanismos prescritos en el ordenamiento procesal penal
para tener certeza sobre la comisión de un punible, como es el caso del seguimiento
de personas o la utilización de agentes encubiertos. Y es que no puede endilgársele
que momentos antes participó en el delito de la forma en que lo establecen los
numerales 1º y 3º del artículo 301, pues si bien hay evidencia de sobra para afirmar
que en los locales de ‘San Bazar’ se comercializa ilegalmente material fonográfico,
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
videográfico y cinematográfico, no por ello puede decirse que se estructura la
flagrancia en su actuar, constituyéndose otra falencia de acreditación.
Por último, en lo que tiene que ver con la indiciada que atendía uno de los locales, el
juez reparó en el hecho de que en el informe de policía judicial simplemente se señaló
que se trataba de una empleada de un punto comercial con más de 2000 discos
compactos no originales que eran comercializados al público de forma ilegal, sin
ningún tipo de acreditación, debido a que no aparece información sobre quién los
estaba comprando o a quién se ofrecían, ni entrevistas ni otros formatos en los que
aparezca debidamente fundado que los haya reproducido o falsificado, vendido,
ofrecido o exhibido.
Por lo hasta aquí consignado, el Juez Veinte Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Bucaramanga subrayó que no era suficiente con la simple
descripción de las circunstancias en que se produjeron las capturas dentro del
respectivo informe de la autoridad policiva para que se configurase la situación de
flagrancia, pues cierto era que lo absolutamente indispensable consistía en acreditar,
al menos sumariamente, la responsabilidad en la comisión del delito o su participación
en él. De ahí que, por virtud de esa postura, anunciara a las partes la posibilidad que
les asistía de interponer los recursos ordinarios estipulados en el artículo 176 del
Código de Procedimiento Penal, declarando, consecuencialmente, la ilegalidad del
procedimiento de captura de los sujetos aprehendidos y restableciendo su derecho a
la libertad.
Como puede apreciarse de la narración tomada contextualmente del disco compacto
que contiene el audio de la audiencia preliminar de legalización de la captura
realizada el 22 de junio de 2011, la decisión a la que arribó el juez de control de
garantías deviene por entero razonable en el marco de un conjunto de aspectos
fácticos, jurídicos y probatorios que lo llevaron a considerar legítimamente que no
cabía validar la medida restrictiva del derecho fundamental a la libertad de los sujetos
aprehendidos por resultar abiertamente ilegal e inconstitucional.
Lo anterior, porque a pesar de que tenía la carga argumentativa y el deber de
acompañar al control posterior de legalidad, la evidencia e información suficiente que
sustentara los motivos de la captura en flagrancia, la Fiscalía Quinta de la Unidad de
Estructura y Apoyo de Bucaramanga simplemente se apoyó en los mismos informes
de policía judicial con base en los cuales se efectuaron las diligencias de registro y
allanamiento en los locales del centro comercial “San Bazar”, sin que en ellos obrara
constancia detallada y concreta de hechos jurídicamente relevantes -relacionados
con las causales que identifican la situación de flagrancia- o de elementos de prueba
adicionales que no ofrecieran duda respecto de la autoría o participación en la
comisión de la conducta punible investigada, más allá de una referencia tangencial
indicadora del momento y lugar en que se realizaron las aprehensiones.
Incluso, ha de destacarse que el tipo penal endilgado a las personas capturadas,
orientado a la protección de los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos
(artículo 271 del C.P.P.), se caracteriza por ser complejo o pluriofensivo, lo que
significa que adolece de la falta de una descripción objetivo-formal que dificulta la
adecuada subsunción de diversas conductas humanas en la normativa, razón por la
que debe existir absoluta claridad, en cuanto a los supuestos fácticos que rodearon
los hechos, las calidades de los involucrados y las consecuencias del comportamiento
investigado para así definir, en caso de que se trate de una aprehensión en flagrancia,
la existencia o no del nexo de causalidad entre la afectación al bien jurídico tutelado
y el actuar censurado penalmente.
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
Ello conlleva la aplicación del principio de proporcionalidad para determinar si el
sentido y alcance de la medida restrictiva del derecho fundamental a la libertad resulta
abiertamente improcedente en función del grado de afectación del derecho frente al
beneficio obtenido, comoquiera que bien puede tratarse de un hecho punible que no
tiene prevista pena privativa de la libertad o de actos claramente insignificantes que
exigen un análisis mucho más intenso acerca de la necesidad de la aprehensión.
Las providencias disciplinarias desconocieron el ámbito funcional del Juez Veinte
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga como
operador jurídico encargado no solamente de verificar las acciones u omisiones del
ente investigador, sino de adoptar las medidas que estime pertinentes y necesarias
para proteger los derechos fundamentales de las personas investigadas:
Como ya ha sido apuntado, al señor Baldomero Ramón Rojas, en su calidad de Juez
Veinte Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, le
correspondió realizar, el 22 de junio de 2011, audiencia preliminar de legalización de
la captura en situación de flagrancia de tres personas que, aparentemente, se
encontraban en el Centro Comercial “San Bazar” vendiendo, ofreciendo y exhibiendo
fonogramas, videogramas y obras cinematográficas no originales.
Así, tras cederle la palabra a la representante de la Fiscalía Quinta de la Unidad de
Estructura y Apoyo de Bucaramanga para que sustentara la medida restrictiva del
derecho a la libertad impuesta provisionalmente, individualizara a los indiciados,
describiera los supuestos factuales que dieron lugar a las capturas y expusiera las
razones justificativas que, en su criterio, demostraban la existencia de la figura de la
flagrancia descrita en los numerales 1º y 3º del artículo 301 del Código de
Procedimiento Penal, el funcionario judicial de control de garantías procedió a
preguntar a las partes e intervinientes si se oponían o no a la legalidad de la captura,
luego de lo cual analizó, en un sentido amplio, algunos elementos valorativos
relacionados con el delito de violación a los derechos patrimoniales de autor, su
incidencia social y algunas de las complejidades más comunes del modelo procesal
colombiano para determinar la relevancia jurídico-penal de ciertas conductas
subsumidas en ese tipo. Fue así como remató puntualizando que no era suficiente
con la mera descripción de las circunstancias en que se habían producido las
aprehensiones en los informes de policía judicial para dar por verificada la situación
de flagrancia, en la medida en que resultaba indispensable acreditar la posible
responsabilidad en la comisión del delito.
Por consiguiente, resolvió decretar la ilegalidad del procedimiento de captura que le
fue puesto a su consideración y, en ese sentido, dispuso el restablecimiento inmediato
del derecho a la libertad de los sujetos aprehendidos, previo anuncio sobre la
procedencia de los recursos ordinarios de reposición y/o apelación de que trata el
artículo 176 del Código de Procedimiento Penal.
Considerado el anterior recuento del trámite surtido en la audiencia preliminar de
legalización de la captura llevada a cabo el 22 de junio de 2011, queda claro para la
Sala de Revisión que la actuación allí desplegada por el señor Baldomero Ramón
Rojas, fungiendo como Juez Veinte Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Bucaramanga, hace parte integral de su ámbito competencial y no es
ajena a su rol funcional de verificar la conformidad legal y constitucional de las
decisiones jurisdiccionales que adopte la Fiscalía General de la Nación.
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
En efecto, por un lado, está visto que, como resultado de su proceso decisional,
el juez de control de garantías no se encontraba ante una única respuesta
constitucionalmente posible: sus alternativas, tratándose de una solicitud de
legalización del procedimiento de captura en situación de flagrancia, proceden
del análisis sobre la configuración o no de alguno de los supuestos fácticos
descritos en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Esto último
lleva, o bien a que se admita la legalidad de la medida limitativa del derecho a
la libertad o bien a que se decrete su ilegalidad.
De otra parte, el hecho de que el Juez Veinte Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Bucaramanga haya expuesto en sede de la audiencia
preliminar diferentes juicios de valor sobre la trascendencia jurídica de los informes
de policía judicial para legitimar una captura en flagrancia y así obtener evidencia de
responsabilidad penal, no puede tener ningún tipo de repercusión sustancial o
procesal negativa, comoquiera que, en dicho escenario, es viable que se desarrolle
una controversia en torno a los elementos probatorios, con características, finalidades
y contenidos significativamente diversos a las que tiene ocurrencia en el juicio oral.
En ese orden de ideas, no se presenta ningún desbordamiento de la
competencia del juez de control de garantías al promover, en desarrollo de una
audiencia preliminar de legalización de la captura, una controversia probatoria,
por cuanto la misma debe ser garantizada siempre que se advierta la posible
afectación de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.
Por último, es menester traer a colación que, en calidad de garante de la reserva
judicial de la limitación de derechos fundamentales, el juez de control de garantías,
en ejercicio de la revisión de la legalidad y constitucionalidad de una investigación
penal, no está vinculado exclusivamente a las pretensiones que haga la Fiscalía o
cualquiera otro de los intervinientes, ni mucho menos sometido a la toma automática
e irreflexiva de decisiones, sino que está autorizado para adoptar las medidas que,
dentro de los márgenes razonables que definen los principios y normas
contenidas en la propia Carta Política y en atención a las específicas
circunstancias del caso concreto, garanticen de la mejor manera la efectividad
de los derechos, bienes e intereses involucrados.
Finalizado así el segundo planteamiento, la Sala concluye que el funcionario
judicial asumió a cabalidad su rol funcional de control de garantías durante el
desarrollo de la audiencia preliminar de legalización de la captura y ante los
hechos concretos de cada uno de los casos y las especificidades ofrecidas en
ellos, en contraste con las normas jurídicas aplicables, resolvió decretar la
ilegalidad del procedimiento de captura realizado por la policía judicial,
atendiendo propósitos constitucionalmente relevantes: privilegiar los derechos
fundamentales de las partes involucradas en la causa, en este caso la libertad
de los aprehendidos por no acreditarse debidamente la situación de flagrancia
en los procedimientos de captura mediante los medios de prueba pertinentes.
Ciertamente, las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de
la Judicatura de Santander y del Consejo Superior de la Judicatura invadieron
el ámbito funcional del juez natural, anteponiendo su criterio interpretativo en
la valoración que el Juez Veinte Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Bucaramanga realizó de las situaciones de flagrancia alegadas en
la audiencia preliminar de legalización de la captura celebrada el 22 de junio de
2011. Con ello, indiscutiblemente, violaron el derecho fundamental al debido
proceso del actor, por incurrir en un defecto sustantivo en la aplicación de las
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
normas disciplinarias e imponerle sanción de destitución e inhabilidad por
adoptar una decisión judicial cobijada por la protección que los principios de
autonomía e independencia judicial confieren al ámbito funcional de los
operadores jurídicos.
La decisión judicial disciplinaria también vulneró directamente la Constitución
al castigar la escogencia de una opción hermenéutica válida por parte del juez
natural y su ejercicio activo dirigido al cumplimiento de su rol funcional de
protección de los derechos fundamentales de las personas investigadas.
Por todo lo precedentemente analizado, la Sala de Revisión habrá de revocar la
sentencia del 19 de julio de 2017, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura
-Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, en la que se revocó el fallo de primera instancia
proferido el 19 de diciembre de 2016 por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander -Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Sala de Conjueces-, en el que a su vez
se denegó el amparo solicitado y, en su lugar, concederá la protección invocada de
los derechos al debido proceso, a la defensa y a la igualdad ante la ley del señor
Baldomero Ramón Rojas.
En tal virtud, dejará sin efecto ni valor alguno la sentencia del 31 de mayo de 2016,
proferida por el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-,
en la que se confirmó el fallo disciplinario de primera instancia proferido 10 de marzo
de 2016 por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander -Sala Jurisdiccional
Disciplinaria-, en el que a su vez se sancionó al señor Baldomero Ramón Rojas, en
su calidad de Juez Veinte Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Bucaramanga, por haber incurrido en la infracción al deber previsto en el numeral 1º
del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, constitutivo a su vez de falta disciplinaria
gravísima al tenor de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de
2002, dada la incursión en el delito consagrado en el artículo 413 del Código Penal
e infracción a lo estipulado en el artículo 301, numerales 1º y 3º del Código de
Procedimiento Penal, cometida a título doloso, con “DESTITUCIÓN E INHABILIDAD
GENERAL POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS”. Por lo tanto, en su reemplazo,
se ordenará al Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-
que, en un plazo perentorio, proceda a emitir de nuevo el correspondiente fallo de
segunda instancia dentro del proceso disciplinario surtido en contra del señor
Baldomero Ramón Rojas, con el fin de dar cabal aplicación al precedente
constitucional en la materia y las directrices que sobre los principios de autonomía e
independencia judicial frente a sanciones de tipo disciplinario ha expuesto esta
Corporación, tal y como se dejó consignado en la parte considerativa de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO-. REVOCAR la sentencia del 19 de julio de 2017, proferida por el Consejo
Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, en la que se revocó el
fallo de primera instancia proferido el 19 de diciembre de 2016 por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander -Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Sala de
Conjueces-, en el que a su vez se denegó el amparo solicitado y, en su lugar,
CONCEDER la protección invocada de los derechos al debido proceso, a la defensa
y a la igualdad ante la ley del señor Baldomero Ramón Rojas.
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
SEGUNDO-. DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 31 de mayo de 2016, proferida
por el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, en la que
se confirmó el fallo disciplinario de primera instancia proferido 10 de marzo de 2016
por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander -Sala Jurisdiccional
Disciplinaria-, en el que a su vez se sancionó al señor Baldomero Ramón Rojas, en
su calidad de Juez Veinte Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Bucaramanga, por haber incurrido en la infracción al deber previsto en el numeral 1º
del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, constitutivo a su vez de falta disciplinaria
gravísima al tenor de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de
2002, dada la incursión en el delito consagrado en el artículo 413 del Código Penal
e infracción a lo estipulado en el artículo 301, numerales 1º y 3º del Código de
Procedimiento Penal, cometida a título doloso, con “DESTITUCIÓN E INHABILIDAD
GENERAL POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS”.
TERCERO-. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional
Disciplinaria- que, en el término improrrogable de quince (15) días hábiles, contados
a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a emitir de nuevo el
correspondiente fallo de segunda instancia dentro del proceso disciplinario surtido en
contra del señor Baldomero Ramón Rojas, para dar cabal aplicación al precedente
constitucional en la materia y las directrices que sobre los principios de autonomía e
independencia judicial frente a sanciones de tipo disciplinario ha expuesto esta
Corporación, tal y como se dejó consignado en la parte considerativa de esta
providencia […]”
7.1.11. Finalmente, se probó que, en cumplimiento a lo ordenado por la Corte
Constitucional, mediante sentencia del 3 de diciembre de 2018, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decretó la extinción
de la acción disciplinaria seguida en contra de Baldomero Ramón Rojas por haber
operado el fenómeno de la prescripción. De esta información da cuenta copia
auténtica de la referida providencia61. El fundamento de la decisión fue el siguiente:
“[…] a juicio de esta Colegiatura la conducta [disciplinable] se consumó el 22 de junio
de 2011 cuando el doctor Baldomero Ramón Rojas, quien para la época de los hechos
fungía como Juez 20 Penal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga,
participó en la Audiencia de Legalización de Captura, frente al procedimiento
realizado el 21 de junio del mismo año, en el que se dio captura a tres personas,
quienes se encontraban comercializando material fotográfico, videográfico y
cinematográfico, al presuntamente haber decretado ilegales las capturas y ordenado
la entrega inmediata del material incautado, aduciendo que a los artistas no les
interesaba si en el centro comercial objeto de la diligencia, se comercializaba este
tipo de material, deviniendo en imperativo decretar la decisión del procedimiento por
extinción de la acción disciplinaria, al haber acaecido el fenómeno jurídico de la
prescripción, el 21 de junio de 2016.
Finalmente, se precisa que las diligencias ingresaron al despacho de quien aquí funge
como Magistrada ponente para dar cumplimiento a la sentencia de tutela T 450 del
19 de noviembre de 2018, proferida por la Sala Tercera de Revisión de la Corte
61 Índice No. 66, SAMAI – Tribunal Administrativo de Santander.
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
Constitucional, mediante la cual se resolvió dejar sin efectos el fallo proferido por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el 31 de mayo
de 2016, el 23 de noviembre de 2018, esto es, cuando ya había acaecido el fenómeno
de la prescripción de la acción disciplinaria.
En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, y con el
fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la acción de tutela No. T 450 del 19 de
noviembre de 2018, proferida por la Corte Constitucional,
RESUELVE:
PRIMERO: ORDENAR la TERMINACIÓN del procedimiento disciplinario en favor del
doctor Baldomero Ramón Rojas, Juez 20 Penal con Función de Control de Garantías
de Bucaramanga, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia […]”
7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver los cargos invocados en los recursos de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria condicional de los componentes que lo conforman. Por lo anterior,
se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño
antijurídico y; ii) su imputación frente al Estado.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración62-63.
62 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
63 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia
considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad
civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya
trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que
el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente:
“La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de
un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
7.2.1. El daño antijurídico
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento; es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que
contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique,
violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta
contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra en
términos generales el fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para
explicarlo integralmente.
En el caso sub examine el daño se hace consistir en la transgresión a los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad ante la ley de
Baldomero Ramón Rojas, debido a la sanción disciplinaria que le fue impuesta
mediante sentencia del 31 de mayo de 2016, proferida por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por la cual se confirmó la
sentencia del 10 de marzo de 2016, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, la cual se acusa de contener
un error jurisdiccional.
El daño está probado, pues lo medios de convicción obrantes en el expediente
permitieron constatar: i) que el 10 de marzo de 2016, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander sancionó con
“destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años” a Baldomero
Ramón Rojas, Juez 20 Penal Municipal de Bucaramanga con Función de Control
de Garantías, pues estimó que el funcionario judicial infringió lo dispuesto en el
numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 (hecho probado 7.1.1.); ii) que
su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
mediante sentencia del 31 de mayo de 2016, proferida por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sentencia apelada; y
iii) que, posteriormente, mediante sentencia T-450 del 19 de noviembre de 2018, la
Corte Constitucional dejó sin efectos el proveído del 31 de mayo de 2016, proferido
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (hecho
probado 7.1.10).
Lo anterior permite concluir que, desde el 16 de junio de 2016, día en que quedó
ejecutoriada la sentencia del 31 de mayo de 2016 proferida por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (hechos probados 7.1.3 y 7.1.4.),
hasta el 19 de noviembre de 2018, fecha en la cual la Corte Constitucional profirió
la sentencia T-450 de esa misma fecha (hecho probado 7.1.10), que dejó sin efectos
la sanción disciplinaria impuesta a Baldomero Ramón Rojas, el accionante sufrió
una afectación a sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a
la igualdad ante la ley, lo cual comporta la causación de un daño cierto y reviste el
carácter de antijurídico, pues se trata de una afectación injustificada a los citados
postulados iusfundamentales que, como intereses legítimos e inalienables a toda
persona, encuentran protección en el ordenamiento jurídico, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 1364 y 2965 de la Carta Política. Además, el menoscabo
resulta antijurídico, pues se trata de una afectación a un derecho protegido por el
ordenamiento jurídico, cuya lesión no encuentra justificación.
De igual forma y tal y como se expondrá en el numeral 7.2.2. de la presente
64 Artículo 13: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política
o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a
aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentra en circunstancia
de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”
65 Artículo 29: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistencias al acto que se le imputa ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En
materia penal, la ley permisiva o favorable, aún cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso
público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es
nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación al debido proceso.”
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sentencia, la lesión injustificada a los derechos del señor Ramón Rojas igualmente
devino en antijurídica, toda vez que la decisión contenida en la providencia acusada
resulta ilegal y/o contraría a derecho, con lo cual se causó una lesión a los derechos
fundamentales del demandante al debido proceso, a la defensa y a la igualdad ante
la ley, lo cual no se está en la obligación jurídica de soportar. Al efecto, es pertinente
señalar que, aunque toda persona que está sujeta a las resultas de un proceso debe
soportar una decisión contraria a sus intereses, esta no está en la obligación de
asumir que dicha providencia sea contraria a la ley, tal y como sucedió en el sub-
lite y se desarrollará subsiguientemente.
7.2.2. La imputación
Para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico a la Rama Judicial, debe
examinarse si la conducta que adoptaron las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias
del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y del Consejo Superior de la
Judicatura, contribuyeron fáctica y jurídicamente en su causación.
Pues bien, según el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 para que sea procedente
reclamar indemnización de perjuicios por un error jurisdiccional el afectado deberá
haber interpuesto los recursos de ley contra dicha providencia y ésta deberá
encontrarse en firme66.
Según lo expuesto, es preciso indicar que en el sub examine no se cumplieron los
presupuestos para estudiar la eventual configuración de un error jurisdiccional en la
sentencia del 10 de marzo de 2016, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander (hecho probado 7.1.1.), toda
vez que, si bien esta providencia fue recurrida, lo cierto es que ella no se encontraba
en firme por tratarse de una sentencia de primera instancia frente a la que se había
presentado recurso de alzada, siendo este uno de los requisitos que exige el artículo
67 de la Ley 270 de 1996 para que se pueda pretender una indemnización de
perjuicios a título de error judicial.
66 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de julio de 2012, Rad.: 22581.
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De otro lado, se observa que, frente a la sentencia del 31 de mayo de 2016, proferida
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, sí se
cumplen los presupuestos para estudiar la eventual configuración de un error
jurisdiccional, teniendo en cuenta que dicha providencia se encontraba en firme y
frente a ella no procedían recursos ordinarios por tratarse de una providencia de
segunda instancia (hecho probado 7.1.3.).
Así pues, se tiene que, en el caso sub examine, el demandante alega que la
sentencia del 31 de mayo de 2016, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura incurrió en un error jurisdiccional, toda vez
que esta fue dictada desconociendo sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y autonomía e independencia judicial. Al efecto, el extremo activo señaló
en el escrito de la demanda lo siguiente: “los fallos disciplinarios vulneraron
flagrantemente los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y
contradicción, y configuraron graves errores jurisdiccionales que afectaron los
derechos a la igualdad, confianza legítima, igualdad, acceso a la administración de
justicia y autonomía judicial, pues de no haberse presentado, habrían conducido a
una decisión totalmente diferente, más acorde con la realidad procesal y respetuosa
de los derechos fundamentales, en que se habría absuelto de toda responsabilidad.
Todo lo anterior, supone un error jurisdiccional que no requiere de calificativos
adicionales a su gravedad, pues, en el presente caso, nos hallamos ante una
actuación tan arbitraria, caprichosa e ilegal, que compromete de manera evidente
la responsabilidad patrimonial del Estado”.
En este orden de ideas, se observa que el fundamento de la sentencia del 31 de
mayo de 2016, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria (hecho probado
7.1.3.), la cual se acusa de contener un error jurisdiccional, fue el siguiente:
“[…] En primer lugar, esta Colegiatura permite indicar que, con base en lo
contemplado en el artículo 146 de la Ley 734 de 2002, las nulidades se deberán
presentar hasta antes de la sentencia de primera instancia, lo cual no ocurrió en el
presente caso, pues el funcionario investigado no invocó ninguna causal de nulidad,
así como tampoco la ‘mixtura incorrecta’ del pliego de cargos.
Además, esta Colegiatura no observa ninguna irregularidad que viole el debido
proceso y deba declararse de oficio, pues claramente existe un pliego definitivo, no
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se puede hablar de ‘mixtura incorrecta’, simplemente lo que existió fue una variación
del pliego y, además, hay gran cantidad de material probatorio que permite estudiar
el caso y proferir fallo en derecho.
De tal forma, esta Colegiatura se abstendrá de analizar las solicitudes de nulidad
deprecadas por el funcionario investigado.
[…]
Para esta Corporación y, contrario a lo expuesto por el disciplinado, de lo probado en
el plenario se tiene efectivamente que la conducta imputada al acusado se consumó,
pues resulta evidente el desconocimiento por parte del juez Baldomero Ramón Rojas
de lo descrito en el artículo 301 numeral 1 y 3 del C.P.P, al haber decretado la
ilegalidad de la captura de tres personas en flagrancia, con argumentos que
desbordaron la legalización, por cuanto este realizó un análisis de tipicidad que es
necesario para establecer la razón por la cual estaban siendo aprehendidos, pero
como ocurrió en el mencionado caso, dicha valoración en razón a la prueba que se
había allegado al proceso permitía afirmar que la privación obedecía a una situación
de flagrancia.
Para esta Colegiatura, tal y como acertadamente se plasmó en el fallo objeto de
apelación, la captura de las tres personas se efectuó en cumplimiento a lo previsto en
el artículo 301 del C.P.P., por cuanto la prueba recaudada evidenciaba una
comercialización, almacenamiento y venta de productos piratas, lo cual se tipifica
como una conducta punible de violación a los derechos patrimoniales de autor y
derechos conexos, artículo 271 del C.P.
Para la Sala no son de recibo los argumentos del doctor Baldomero Ramón Rojas,
para justificar la declaratoria de ilegalidad de las capturas, pues los ciudadanos si
fueron capturados en flagrancia.
Conforme lo plasmado, estima esta Colegiatura que del acervo probatorio recaudado
se colige que las personas capturadas, lo fueron en flagrancia, pues fueron
sorprendidas durante la comisión de un delito y, además, con elementos de los cuales
ciertamente se podía predicar que provenían de la comisión de un delito o de haber
participado en el mismo.
Considera esta Sala, además, que contrario a lo argumentado por el funcionario
apelante, en el derecho disciplinario no es indispensable describir en forma detallada
los elementos que conforman el tipo, como si ocurre en materia penal, por
consiguiente, en este evento no es relevante verificar si el operador de justicia recibió
dadivas o incurrió en alguna forma de corrupción, pues como lo establece la norma,
artículo 48 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, constituye falta gravísima ‘1. Realizar
una descripción típica en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se
cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o
abusando del mismo’.
Ahora bien, no desconoce esta Corporación que quienes administran justicia están
amparados en el principio constitucional de autonomía e independencia funcional,
para sostener la anterior postura, no implica colegir que a los jueces en el ejercicio
del referido principio les este permitido rebasar el ámbito de movilidad discursiva que
se construye desde la abstracción propia de los enunciados jurídicos; de allí que no
toda decisión judicial puede considerarse ajustada a derecho por el simple hecho de
provenir de un operador judicial el cual alegue que ella se torna inatacable por estar
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
revestida de tal garantía constitucional, toda vez que una situación son los juicios de
razonabilidad interpretativa construidos desde ella y otra la arbitrariedad de los
contenidos normativos.
Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala encontramos que al doctor
Baldomero Ramón Rojas, correspondió en el desempeño del cargo presidir la
audiencia de legalización de captura, pues se advierte que declaró la ilegalidad de la
captura de los indiciados y, en consecuencia, concedió la libertad a los mismos.
Así las cosas, esta Sala CONFIRMARÁ la sentencia apelada proferida el 10 de marzo
de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura
de Santander, mediante la cual se sancionó al doctor Baldomero Ramón Rojas, en su
condición de Juez 20 Municipal con Función de Control de Garantías de
Bucaramanga, con destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de funciones
públicas por el término de diez (10) años, como autor responsable de infringir el deber
previsto en el artículo 153 numeral 1 de la Ley 270 de 1996.
En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: No decretar la nulidad solicitada por el funcionario apelante.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia apelada proferida el 10 de marzo de 2016, por
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander, mediante la cual se sancionó al doctor Baldomero Ramón Rojas, en su
condición de Juez 20 Municipal con Función de Control de Garantías de
Bucaramanga, con destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de funciones
públicas por el término de diez (10) años, como autor responsable de infringir el deber
previsto en el artículo 153 numeral 1 de la Ley 270 de 1996 […]”
Ahora bien, mediante sentencia T-450 del 19 de noviembre de 2018, la Corte
Constitucional estimó que la precitada providencia transgredió los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa e igualdad de Baldomero Ramón
Rojas, porque incurrió en un “evidente defecto sustantivo con violación al debido
proceso por violación directa de la Constitución al generar una intensa afectación al
principio de autonomía e independencia judicial”. Precisamente, el alto tribunal
constitucional evidenció, en primera medida, que la decisión adoptada por el
funcionario judicial como Juez 20 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bucaramanga fue razonable y acorde con las circunstancias de hecho
y derecho valoradas en la audiencia preliminar de legalización de captura, y
además, en segundo lugar, que el fallo disciplinario mediante el cual se impuso la
sanción al señor Ramón Rojas, desconoció su ámbito funcional como operador
jurídico.
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Es así que, acompasando la decisión adoptada por la Corte Constitucional en la
sentencia T-450 del 19 de noviembre de 2018, se concluye que la sentencia del 31
de mayo de 2016, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, por la cual se confirmó lo resuelto el 10 de marzo de 2016,
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander que sancionó con “destitución e inhabilidad general por el término de diez
(10) años” a Baldomero Ramón Rojas, Juez 20 Penal Municipal de Bucaramanga
con Función de Control de Garantías, incurrió en un error jurisdiccional por las
razones que a continuación se exponen:
En primer lugar, se advierte que la sentencia acusada contiene supuestos fácticos
y jurídicos que no se corresponden con la realidad sustancial, pues, en dicha
providencia, se da por descontado que en la audiencia de registro y allanamiento
de los dispositivos decomisados el funcionario judicial “ordenó la devolución
inmediata del material incautado, bajo la premisa de que a los artistas no les
interesaba si en el centro comercial objeto de la diligencia se comercializaba este
tipo de material”. Sí, es que ello no se acompasa con la realidad, pues, conforme lo
advirtió la misma Corte Constitucional en la sentencia T 450/18, ello se trató de
información inexacta y no verificada por la autoridad disciplinaria que, a lo sumo,
agravó el alcance y contexto de la queja formulada contra el entonces funcionario
judicial, pues obvió tal situación, pese a que carecía de fundamento fáctico y, sin
perjuicio de lo anterior, adelantó la investigación y adoptó la decisión sancionatoria
sin contrastar que esta actuación no se ajustaba con lo verdaderamente ocurrido en
la diligencia preliminar.
A su turno, en segundo lugar, se advierte que, aunque la sentencia acusada
consideró que el funcionario judicial desatendió lo dispuesto en el numeral 1º del
artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por cuanto decretó la ilegalidad de la captura de
unas personas aprehendidas en flagrancia, lo cierto es ello no comporta de facto
una desatención a la normativa antes referida, pues para que se configure la
situación de flagrancia no basta la simple descripción de las circunstancias que
produjeron la restricción transitoria a la libertad, sino que se requiere la acreditación,
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
al menos sumariamente, de la presunta comisión del delito investigado o su
participación en él. Es así como, la decisión adoptada por el funcionario judicial
resultó razonable y en modo alguno supondría una conducta que se encuadrara en
un tipo disciplinario, pues, al valorar varios de los aspectos fácticos, jurídicos y
probatorios del caso, este llegó al pleno convencimiento de que la aprehensión de
los sujetos investigados podría resultar contraria al ordenamiento jurídico.
Por lo anterior, se evidencia que la providencia acusada, esto es, la sentencia del
31 de mayo de 2016 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura incurrió en un error jurisdiccional, pues, conforme se
advirtió precedentemente, invadió el ámbito y/o espectro funcional del juez natural
de la causa penal, desconociendo los principios de autonomía e independencia
judicial, y, además, antepuso su criterio interpretativo y hermeneútico en la
valoración que el funcionario judicial realizó respecto a las situaciones de flagrancia
lo que a lo postre conllevó a una violación de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y a la igualdad ante la ley.
En punto de lo anterior, no está demás señalar que, si bien en el presente asunto
litigioso se constató que la providencia del 31 de mayo de 2016 proferida por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura incurrió en un error
judicial por cuanto se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a
la defensa y a la igualdad ante la ley del señor Baldomero Rojas que a la postre
fueron amparados mediante la sentencia T – 450 del 19 de noviembre de 2018,
proferida por la Corte Constitucional, lo cierto es que no toda procedencia de un
amparo constitucional y/o de una acción de tutela contra una providencia judicial da
lugar automáticamente a un error jurisdiccional, ya que el juez de la responsabilidad
debe evaluar en cada caso concreto, y de cara a las pruebas decretadas y
practicadas en el proceso, la configuración de dicho título de atribución y con ello la
responsabilidad de la Administración.
En suma, se advierte que, en el presente caso, la Rama Judicial incurrió en un error
judicial y contribuyó fáctica y jurídicamente en la causación del daño antijurídico
sufrido por el demandante, pues este se produjo porque la sentencia del 31 de mayo
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
de 2016 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura fue dictada transgrediendo sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y a la igualdad ante la ley.
8. Liquidación de perjuicios
A continuación, se realizará la liquidación de perjuicios a favor del demandante,
teniendo en cuenta únicamente aquellos solicitados en el escrito de la demanda, a
saber, los perjuicios morales, por “afectación a bienes y/o derechos convencional y
constitucionalmente amparados” y el lucro cesante.
8.1.1. En la demanda se solicitó condenar a la entidad demandada a pagar, por
perjuicios morales, 100 SMLMV a Baldomero Ramón Rojas. A su turno, el Tribunal
reconoció por dicho concepto la suma de 100 SMLMV al demandante.
Ahora bien, se tiene que el perjuicio moral “se encuentra compuesto por el dolor, la
aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego,
temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño
antijurídico”67, sentimientos que deben ser graves, de entidad y trascendencia, pues
no se puede indemnizar una simple molestia, disgusto o perturbación68.
Es así que, en situaciones y/o hipótesis divergentes a aquellas en las que esta
Corporación ha reconocido la posibilidad de acreditar el perjuicio moral mediante la
valoración y aplicación de presunciones judiciales y/o de hombre, únicamente
procede su indemnización siempre y cuando se acredite su configuración,
dimensión y magnitud mediante cualquier medio de convicción69.
67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Acta del 28 de agosto
de 2014, referente a la unificación de jurisprudencia frente a la reparación de perjuicios inmateriales.
68 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia del 5 de agosto de 2014,
Exp. 2003-00660-01. “Este daño, entonces, debe ser de grave entidad o trascendencia, lo que
significa que no debe ser insustancial o fútil, pues no es una simple molestia la que constituye el
objeto de la tutela civil”.
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”.
Sentencia del 25 de mayo de 2022, Rad. 30554.
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
En el caso en concreto, se advierte que los medios de convicción decretados y
practicados en el proceso no dan cuenta de alguna afectación en tal sentido. De
hecho, aunque el demandante afirmó en el escrito de la demanda que “[…] el doctor
Baldomero Ramón Rojas padeció un intenso daño moral representado en la tristeza,
aflicción, angustia, congoja y desesperación”, lo cierto es que ninguna prueba
permitió acreditar su causación, existencia y magnitud, máxime, si se tiene en
cuenta que en no puede la parte que aduce un hecho probarlo simplemente con su
propio dicho70.
De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que en el presente caso la parte
actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del
Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el perjuicio que se alega
requiere de prueba, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal onus,
impide establecer la existencia del perjuicio reclamado.
Bajo el anterior contexto, se negará el rubro solicitado por el extremo activo a título
de perjuicios morales, teniendo en cuenta que no se aportó ninguna prueba que
permitiera acreditar su causación.
8.1.2. Por otra parte, el demandante pretende que se imparta una condena a la
entidad demandada, por “afectación a bienes y/o derechos convencional y
constitucionalmente amparados”, en cuantía de 100 SMLMV.
Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación, siguiendo los lineamientos
planteados en las diferentes sentencias de unificación proferidas por esta
Subsección, se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominado perjuicio
fisiológico o daño a la vida en relación. En su lugar, reconoció las categorías de
70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”.
Sentencia del 23 de agosto de 2024, Rad. 64834.
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
daño a la salud71 (cuando estos provengan de una lesión a la integridad psicofísica
de la persona) y de afectación relevante a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados72, estos últimos que se reconocerán siempre y
cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se requiera su
reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los
hechos.
En esa forma de reparación se privilegiará la compensación, a través de medidas
reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y de su núcleo familiar
más cercano, las cuales, se repite, operarán teniendo en cuenta la relevancia del
caso y la gravedad de los hechos. Lo anterior, con el propósito de: i) reconocer la
dignidad y reparación integral de las víctimas, ii) reprobar las violaciones a los
derechos humanos y iii) concretar las garantías de verdad, justicia, reparación y no
repetición.
Así las cosas, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los
hechos73, y comoquiera que en el presente proceso se acreditó una transgresión a
los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad ante la
ley del demandante y, con ello, una “afectación a bienes y/o derechos convencional
y constitucionalmente amparados”, se encuentra razonable reconocer a título de
71 “(…) se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de
septiembre de 2011, exp. 19031 y 38222 (…) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda
la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una
persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso
a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia a
una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (…) la Sala unifica su jurisprudencia
en relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones temporales en el sentido de
indicar que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se
otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter
permanente y, a partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el
cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (…)”
(Se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente 28832, M.P. Danilo
Rojas Betancourth y expediente 31170. M.P. Enrique Gil Botero.
72 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de
unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente 32988 M.P. Ramiro Pazos Guerrero
y exp. 26251. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de
unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente 32988 M.P. Ramiro Pazos Guerrero
y exp. 26251. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
daño a bienes constitucional o convencionalmente protegidos, como perjuicio
autónomo susceptible de reparación y, en aplicación de los principios de arbitrio
judicial74 y reparación integral75, el monto de 10 SMLMV a Baldomero Ramón Rojas.
8.1.3. Finalmente, en el escrito de la demanda se solicitó condenar a la Rama
Judicial a pagar, por lucro cesante, la suma de $1.089.839.498.
En cuanto al lucro cesante, esta Corporación ha sostenido que se trata de la
ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como
consecuencia de la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el daño,
habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima o de los perjudicados.
Pues bien, en aras de determinar si procede la indemnización de perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante, es necesario precisar los siguientes
aspectos:
Se probó que Baldomero Ramón Rojas se desempeñó como funcionario judicial en
provisionalidad desde el 17 de enero de 2013 hasta el 22 de abril de 2016. De esta
74 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”.
Sentencia del 8 de agosto de 2012, Rad,: 23380: “[…] al respecto, es importante la distinción
efectuada por Alejandro Nieto, entre arbitrio y arbitrariedad, según la cual, es los esquemas sociales
y jurídicos modernos, no es posible privar al juez de potestades de arbitrio judicial; lo importante es
saber trazar la línea divisorio a partir de la que aquella potestad legítima de los funcionarios judiciales,
se transforma en arbitrariedad, momento en el que las decisiones se tornan, claramente ilegítimas
y, por consiguiente, en vías de hecho. Sobre el particular, el autor señala: ‘El arbitrio judicial es un
criterio de la toma de decisión. El juez adopta resoluciones siguiendo o bien un criterio de legalidad
o bien un criterio de su propio arbitrio o bien – como lo es más frecuente – combinando ambos de tal
manera que la decisión es fijada con su arbitrio dentro de las posibilidades que le ofrece la legalidad.
Si la ley diera una solución precisa y unívoca al conflicto, no habría lugar para el arbitrio. Pero como
esto sucede muy pocas veces, dado que la naturaleza general y abstracta de la ley no le permite
entrar en las peculiaridades del caso en concreto, es imprescindible la intervención de un ser humano
que conecte ambos polos de la relación – la ley y el caso – utilizando al efecto primero la
interpretación de la norma y luego su adaptación al caso en concreto. El arbitrio es el factor humano
que el juez añade a los datos aportados por el ordenamiento jurídico. El arbitrio es fruto del árbol de
la prudencia, madurado al sol de la justicia (del sentimiento de justicia) con el transcurso de la
experiencia. El arbitrio hace que la sentencia sea una obra humana y no el mero resultado de una
ecuación lógica o de un proceso mecanicista. Rechazar el arbitrio no es sólo desconocer una práctica
manifiesta, es negar la condición ética del juez del que se desconfía hasta el punto de que se supone
que cuando se introduce un elemento distinto de la lógica tradicional, se desempeña inevitablemente
en la arbitrariedad”.
75 Ley 446 de 1998, Artículo 16: “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de
Justicia, la valoración de los daños irrogados a las personas y las cosas atenderá los principios de
reparación integral y equidad, y observara los criterios técnicos actuariales”.
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información da cuenta el certificado de servicios expedido por el área de Recursos
Humanos de la Dirección Seccional Bucaramanga de la Rama Judicial76.
Adicionalmente, se acreditó que, para la fecha en que la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura profirió la sentencia que sancionó
disciplinariamente a Baldomero Ramón Rojas, esto es, el 31 de mayo de 2016, este
ya no se encontraba vinculado con la Rama Judicial.
Según lo expuesto, se evidencia que los medios de prueba obrantes en el proceso
no permiten determinar que, por los efectos de la sentencia del 31 de mayo de 2016
proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, el señor Ramón Rojas se hubiere privado de realizar alguna actividad
económica que le representara un provecho económico susceptible de ser
resarcido. Es que, aunque la referida autoridad jurisdiccional le impuso al
demandante como sanción disciplinaria una inhabilidad para desempeñar cargos
públicos por el término de diez (10) años, lo cierto es que ello no traía consigo la
imposibilidad de ejercer su profesión como abogado y/o llevar a cabo cualquier otra
actividad que le representa un provecho económico.
Así, salvo prueba en contrario, cuando no se acredita que la víctima ejercía una
actividad económica al momento que sufre el daño, lo jurídicamente viable es
entender que no devengaba un ingreso que le representara un provecho económico.
Bajo el anterior contexto, como en el presente caso el demandante no acreditó que
ejercía una actividad económica que le representara un ingreso cierto y así un
provecho económico, la reclamación que pretende por lucro cesante se torna en
eventual.
Por lo anterior, la Sala no reconocerá el perjuicio material en la modalidad lucro
cesante, pues no se probó su causación.
76 Índice No. 58, SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
En consecuencia, en la parte resolutiva de esta sentencia se modificará la sentencia
del 7 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en
el sentido de condenar a la Nación – Rama Judicial a pagar, por “afectación a bienes
y/o derechos convencional y constitucionalmente amparados”, 10 SMLMV a
Baldomero Ramón Rojas y negar las demás pretensiones de la demanda.
9. Condena en costas
Se procede a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia conforme
a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del Código
General del Proceso, entre las que se encuentra la relativa a su composición, esto
es, por expensas y gastos procesales, honorarios de auxiliares de la justicia y
agencias en derecho que deben ser “[…] tasadas y liquidadas con criterios objetivos
y verificables en el expediente”. Precisamente, frente a las reglas para la imposición
de la condena, la norma procesal general establece que ésta procede en contra de
la parte vencida o contra quien se resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación y, que “[…] solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación”.
En virtud de lo anterior, se observa que en este caso no procede su imposición por
los componentes de expensas y honorarios de auxiliares de la justicia, debido a que
no se encuentra acreditado en el expediente que las partes hubieren incurrido en
gastos por esos conceptos durante el trámite de segunda instancia. Precisamente,
debe señalarse que en el presente asunto litigioso no se decretaron pruebas en el
trámite de segunda instancia, por lo cual de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de
202177, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión.
77 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará
de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la
apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán
pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si
fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de
alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no
habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar
sentencia”.
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
En lo relativo a las agencias en derecho, entendidas como “la porción de las costas
imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa”, se evidencia que
en atención a lo previsto en el numeral 8º del artículo 365 del Código General del
Proceso y tomando en consideración que la entidad demandada no desplegó
actuación en segunda instancia, no se impondrá una orden para que proceda su pago,
pues, no existe una causación material que así las sustente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 7 de marzo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones de la
demanda, la cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación - Rama Judicial
por el daño ocasionado a Baldomero Ramón Rojas por el error jurisdiccional en que
se incurrió en la sentencia del 31 de mayo de 2016, proferida por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
SEGUNDO: CONDENAR a la Nación - Rama Judicial a pagar a favor de Baldomero
Ramón Rojas, por ‘afectación a bienes y/o derechos convencional y
constitucionalmente amparados’, 10 SMLMV, de conformidad con lo dispuesto en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: SIN COSTAS”
SEGUNDO: Se RECONOCE personería judicial a María del Carmen Jiménez
Castillo, identificada con la cédula de ciudadanía No. 27.978.228 y portadora de la
tarjeta profesional No. 153.332 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderada sustituta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial, conforme a la sustitución a esta otorgada78 y a lo dispuesto en los artículos
75 del CGP y 5º de la Ley 2213 de 2022.
78 Índice No. 27, SAMAI – Consejo de Estado.
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Demandante: Baldomero Ramón Rojas
TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala Magistrado
VF
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