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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07284-00

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07284-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar la solicitud de desvinculación de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur). Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Aurelio Ordoñez Villamil, quien actúa por conducto de apoderado judicial, conforme se expuso en la parte motiva de esta providencia. Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.-. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07284-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C, doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07284-00
Accionante: AURELIO ORDOÑEZ VILLAMIL
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con pretensión de reliquidación de
asignación salarial de oficial de la Policía Nacional. Defectos
sustantivo y fáctico. Requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Aurelio Ordoñez Villamil, quien actúa a través de apoderado
judicial, contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 19 de noviembre de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la irrenunciabilidad de la
seguridad social en materia laboral, al mantenimiento del poder adquisitivo del
salario, al trabajo en condiciones dignas y el principio de seguridad jurídica que
consideró desconocidos por las autoridades judiciales accionadas.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: INFIRMAR, REVOCAR, Y/O DECLARAR la nulidad de la sentencia del tres
(3) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) y veinte (20) de febrero de dos mil
veinticinco (2025), proferidas respectivamente por la Subsección “B” Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Segunda
Subsección “B” del Consejo de Estado, radicado 25000-23-42-000-2019-01094-00 y
25000-23-42-000-2019-01094-01 (4093-2024), dentro del medio de control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, en consecuencia, disponer

SEGUNDA: Dejar sin efecto la decisión proferida en la sentencia referida en la
pretensión PRIMERA y en su lugar, Acceder a las pretensiones de acuerdo con el libelo
del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho impetrado, y en
consecuencia, ordenar que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de
la providencia de la presente acción de tutela, la Sección Segunda Subsección “B”
del Consejo de Estado, profiera la sentencia correspondiente en derecho.
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Accionante: Aurelio Ordoñez Villamil

TERCERA: Las anteriores pretensiones, se fundamentan en el defecto factico, y material
o sustantivo de la providencia, la cual es contraria al fin de garantizar el debido proceso
y al trabajo en condiciones dignas y justas; la providencia además en si misma se
encuentra fundada en un defecto de falsa o errónea motivación y en un defecto por
violación directa de la Constitución, además la providencia proferida por la Subsección
“B” Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección
Segunda Subsección “B” del Consejo de Estado, en una omisión, resultado de una
actuación en contra de sentencia debidamente ejecutoriada, desconociendo los efectos
vinculantes y resolutivos de la sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de
dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Corte Constitucional.

CUARTA: Que con el fin de determinar lo ordenado en la sentencia C-931 del
veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Corte
Constitucional, se establezca y declare la pérdida de poder adquisitivo del valor
consagrado como asignación básica y gastos de representación fijados en los decretos
salariales por el Gobierno Nacional a los Ministros de Despacho a partir de lo dispuesto
en el parágrafo del artículo 2 del Decreto 872 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2 de
junio de 1992), y la consecuente diferencia efectuada en las anualidades de los años
1993 a 2004, ello, como consecuencia del ajuste año a año realizado por parte del
Gobierno Nacional, y la que realmente corresponde por ajustes de la inflación causada
respecto del año inmediatamente anterior, los cuales se encuentran establecidos en las
escalas de asignación básica de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva, entre los
cuales se fijan la de los Ministros de Despacho, con la expedición de los Decretos 11 de
1993 (Diario Oficial No. 40.711, de 7 de enero de 1993), 42 de 1994 (Diario Oficial No.
41.168, de 11 de enero 1994), 25 de 1995 (Diario Oficial No. 41.673 de 13 de enero de
1995), 10 de 1996 (Diario Oficial No. 42.689, de 17 de enero de 1996), 31 de 1997 (Diario
Oficial No. 42.960, de 17 de enero de 1997), 1758 de 1997 (Diario Oficial No. 43.083, de
14 de julio de 1997), 40 de 1998 (Diario Oficial No. 43.212, de 10 de enero de 1998), 35
de 1999 (Diario Oficial No. 43.473, de 8 de enero de 1999), 2720 de 2000 (Diario Oficial
No. 44.272, de 27 de diciembre de 2000), 2710 de 2001 (Diario Oficial No. 44.651, de 19
de diciembre de 2001), 660 de 2002 (Diario Oficial No. 44.770, de 15 de abril de 2002),
3535 de 2003 (Diario Oficial No. 45.397, de 10 de diciembre de 2003), 4150 de 2004
(Diario Oficial No. 45.761, de 13 de diciembre de 2004), pérdida de poder adquisitivo con
la que se viene causando una serie de daños y perjuicios, con la cual se afecta el núcleo
esencial del derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario de manera
permanente desde el año 2004 a la fecha.

QUINTA: De conformidad al ordinal quinto de la sentencia C-931 del veintinueve (29)
de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Corte
Constitucional, y al existir vicios sustanciales insubsanables con los cuales el Gobierno
Nacional ha expedido los Decretos 916 de 2005 (Diario Oficial No. 45.865, de 31 de
marzo de 2005), 372 de 2006 (Diario Oficial No. 46.177, de 9 de febrero de 2006), 600
de 2007 (Diario Oficial No. 46.558, de 2 de marzo de 2007), 643 de 2008 (Diario Oficial
No. 46.921, de 4 de marzo de 2008), 708 de 2009 (Diario Oficial No. 47.283, de 6 de
marzo de 2009), 1374 de 2010 (Diario Oficial No. 47.692, de 26 de abril de 2010), 1031
de 2011 (Diario Oficial No. 48.032, de 4 de abril de 2011), 853 de 2012 (Diario Oficial No.
48.412, de 25 de abril de 2012), 1029 de 2013 (Diario Oficial No. 48.794, de 21 de mayo
de 2013), 199 de 2014 (Diario Oficial No. 49.057, de 9 de febrero de 2014), 1101 de 2015
(Diario Oficial No. 49.523, de 26 de mayo de 2015), 229 de 2016 (Diario Oficial No.
49.784, de 12 de febrero de 2016), 999 de 2017 (Diario Oficial No. 50.259, de 9 de junio
de 2017), 330 de 2018 (Diario Oficial No. 50.512, de 19 de febrero de 2018), 1011 de
2019 (Diario Oficial No. 50.976, de 6 de junio de 2019), 304 de 2020 (Diario Oficial No.
51.240, de 27 de febrero de 2020), 961 de 2021 (Diario Oficial No. 51.774, de 22 de
agosto de 2021), 471 de 2022 (Diario Oficial No. 51.991, de 29 de marzo de 2022), 905
de 2023 (Diario Oficial No. 52.414, de 2 de junio de 2023), 301 de 2024 (Diario Oficial
No. 52.689, de 5 de marzo de 2024) y 611 de 2025 (Diario Oficial No. 53.138, de 4 de
junio de 2025), por los cuales se fijan las escalas de asignación básica de los empleos
que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, entre los cuales
se fijan las de los Ministros de Despacho y evidenciándose que la pérdida de poder
adquisitivo acumulado en las anualidades de los años 1992 a 2004, no han sido
reconocidas. Decretar la Nulidad de estos en la parte pertinente de conformidad a las
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pretensiones inicialmente solicitadas en el medio de control y/o inaplicar por vía de
excepción dichos decretos.

SEXTA: Que según lo determinado y ordenado en la sentencia C-931 del veintinueve
(29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Corte
Constitucional, y una vez establecida y declarada la pérdida de poder adquisitivo del
valor consagrado como asignación básica y gastos de representación fijados en los
decretos salariales por el Gobierno Nacional a los Ministros de Despacho a partir de lo
dispuesto en el parágrafo del artículo 2 del Decreto 872 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2 de junio de 1992), y los decretos subsiguientes con los cuales, se han
realizado los ajustes año a año en el periodo comprendido entre los años 1993 a 2025,
se declare igualmente, la pérdida de poder adquisitivo al valor fijado como asignación
básica y/o sueldo básico de un oficial en el grado de General o Almirante, ello
consecuentemente de la implicación directa, material y objetiva que consagran, la
asignación básica y los gastos de representación fijados por el Gobierno Nacional a los
Ministros de Despacho, en la liquidación del Sueldo Básico de un oficial en el grado
de General o Almirante, de que tratan los artículos 14 y 15 del Decreto 921 de junio 2
de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2 de junio de 1992), y del artículo 2º de los Decretos
25 de 1993 (Diario Oficial No. 40.711, de 7 de enero de 1993), 65 de 1994 (Diario Oficial
No. 41.168, de 11 de enero 1994), 133 de 1995 (Diario Oficial No. 41.676 de 13 de enero
de 1995), 107 de 1996 (Diario Oficial No. 42.693, de 18 de enero de 1996), 122 de 1997
(Diario Oficial No. 42.965, de 23 de enero de 1997), 2072 de 1997 (Diario Oficial No. 43.113, de 25 de agosto de 1997), 58 de 1998 (Diario Oficial No. 43.212, de 10 de enero
de 1998), 62 de 1999 (Diario Oficial No. 43.473, de 8 de enero de 1999), 2724 de 2000
(Diario Oficial No. 44.272, de 27 de diciembre de 2000), 2737 de 2001 (Diario Oficial No. 44.651, de 19 de diciembre de 2001), 745 de 2002 (Diario Oficial No. 44.773, de 18 de
abril de 2002), 3552 de 2003 (Diario Oficial No. 45.398, de 11 de diciembre de 2003),
4158 de 2004 (Diario Oficial No. 45.761, de 13 de diciembre de 2004), 923 de 2005
(Diario Oficial No. 45.865, de 31 de marzo de 2005), 407 de 2006 (Diario Oficial No. 46.178, de 10 de febrero de 2006), 1515 de 2007 (Diario Oficial No. 46.621, de 7 de mayo
de 2007), 673 de 2008 (Diario Oficial No. 46.921, de 4 de marzo de 2008), 737 de 2009
(Diario Oficial No. 47.283, de 6 de marzo de 2009), 1530 de 2010 (Diario Oficial No. 47.698, de 3 de mayo de 2010), 1050 de 2011 (Diario Oficial No. 48.032, de 4 de abril
de 2011), 842 de 2012 (Diario Oficial No. 48.412, de 25 de abril de 2012), 1017 de 2013
(Diario Oficial No. 48.794, de 21 de mayo de 2013), 187 de 2014 (Diario Oficial No. 49.057, de 9 de febrero de 2014), 1028 de 2015 (Diario Oficial No. 49.519, de 22 de mayo
de 2015), 214 de 2016 (Diario Oficial No. 49.784, de 12 de febrero de 2016), 984 de 2017
(Diario Oficial No. 50.259, de 9 de junio de 2017), 324 de 2018 (Diario Oficial No. 50.512,
de 19 de febrero de 2018), 1002 de 2019 (Diario Oficial No. 50.976, de 6 de junio de
2019), 318 de 2020 (Diario Oficial No. 51.240, de 27 de febrero de 2020), 976 de 2021
(Diario Oficial No. 51.774, de 22 de agosto de 2021), 466 de 2022 (Diario Oficial No. 51.991, de 29 de marzo de 2022), 910 de 2023 (Diario Oficial No. 52.414, de 2 de junio
de 2023), 305 de 2024 (Diario Oficial No. 52.689, de 5 de marzo de 2024) y 615 de 2025
(Diario Oficial No.

53.138, de 4 de junio de 2025), evidenciándose primariamente la
pérdida acumulada de poder adquisitivo del sueldo básico de un General o Almirante, en
las anualidades de los años 1992 a 2004; lo que genera una pérdida de poder adquisitivo
causada y acumulada en el periodo comprendido entre los años 1992 a 2004, con la que
se viene causando una serie de daños y perjuicios a mi prohijado a partir del año 2004 y
posteriores, por el incumplimiento de la sentencia C-931 del veintinueve (29) de
septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Honorable Corte
Constitucional.

SÉPTIMA: Que como consecuencia de las anteriores pretensiones, se declare
igualmente, la pérdida del poder adquisitivo al valor porcentual fijado como sueldo
básico a mi prohijado y que según la Escala Gradual Porcentual se encuentra
establecido en el grado de grado de CORONEL en un 67.1283%, ello consecuentemente
de la implicación de manera directa, material y objetiva que consagran, la asignación
básica y los gastos de representación fijados por el Gobierno Nacional a los Ministros
de Despacho, y de la Asignación Básica y/o el Sueldo Básico de un oficial en el
grado de General o Almirante, según lo establece el artículo 13 de la Ley 4ª de 1992,
de conformidad al desarrollo contenido inicialmente en los Decretos 872 y 921 de 1992,
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con los cuales se estructuro la base para consolidar una Escala Gradual Porcentual
para el personal de oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la
Fuerza Pública; Escala Gradual Porcentual con la cual, se fijan los sueldos básicos
mensuales a los integrantes de la Fuerza Pública, los cuales corresponden al porcentaje
que se indica para cada grado, con respecto a la asignación básica del grado de General;
Teniéndose que dicha asignación básica no fue establecida, se ha de tener de presente
el desarrollo que sobre el sueldo básico indicado, conllevó la pérdida acumulada
efectuada en las anualidades de los años 1992 a 2004, lo anterior, como consecuencia
de la forma como el Gobierno Nacional ajusta año a año, la asignación básica y los
gastos de representación de los Ministros de Despacho, lo cual tiene una implicación
directa, material y objetiva sobre el sueldo básico de un oficial en el grado de General
o Almirante; evidenciándose primariamente la pérdida acumulada de poder adquisitivo
del sueldo básico de un General o Almirante, en las anualidades de los años 1992 a
2004; lo que genera una pérdida de poder adquisitivo causada y acumulada en el periodo
comprendido entre los años 1992 a 2004, aplicable en la Escala Gradual Porcentual,
con la que se viene causando una serie de daños y perjuicios a mi prohijado a partir del
año 2004 y posteriores, por el incumplimiento de la sentencia C-931 del veintinueve
(29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Honorable
Corte Constitucional.

OCTAVA: De conformidad al parágrafo del artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, se
realicen las declaraciones, que el despacho judicial llegare a encontrar debidamente
probadas dentro de la presente acción de tutela, teniéndose como precedente los
artículos 4, 13, 25, 48, 53, 123, 150, 230 y 334 de la Constitución Política y las
disposiciones contenidas en las Leyes 42 de 1980, 1 de 1986, 4 de 1992, y al mandato
Constitucional ordenado al Gobierno Nacional y al Congreso de la Republica en la
sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004),
expediente D-5125.

NOVENA: Como medida restaurativa, ordénese al Ministro de Hacienda y Crédito
Público, al Ministro de Defensa Nacional, al Director del Departamento Administrativo de
la Función Pública, al Director de la Policía Nacional, al Director de la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional y a los funcionarios judiciales que avocaron el
conocimiento y profirieron sentencia en los procesos con radicación 25000-23-42-000-
2019-01094-00 y 25000-23-42-000-2019-01094-01 (4093-2024); a que en evento
público dé amplia difusión y publicación se dé a conocer lo resuelto en la presente acción
de tutela, siendo el mismo trasmitido a través de los canales institucionales del Estado
Colombiano, y que en dicho acto las autoridades deberán expresar sus
responsabilidades, y expresen las disculpas por la violación a que fue objeto el señor
AURELIO ORDOÑEZ VILLAMIL por parte del Estado Colombiano desde el año 2005 al
no ser restaurado su derecho a mantener mi pensión acorde al derecho de mantener el
poder adquisitivo, tal como quedo ordenado en sentencia judicial C-931 del veintinueve
(29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 por la Honorable
Corte Constitucional.

2. Hechos

Del escrito de tutela y los archivos obrantes en el proceso ordinario, se advierten
como hechos relevantes los siguientes:

El actor manifestó que ingresó a la Policía Nacional en el grado de subteniente el 2
de noviembre de 1990 y que se retiró del servicio el 11 de octubre de 2016, cuando
ostentaba el grado de coronel, a lo que agregó que durante su vinculación con la
entidad recibió su asignación básica conforme con el incremento anual fijado por el
Gobierno Nacional a través de los correspondientes decretos dictados sobre el
asunto.
Informó que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) le
reconoció asignación de retiro a través de Resolución núm. 7074 de 26 de
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septiembre de 2016, efectiva a partir del 11 de octubre de 2016 en cuantía del 93%
del sueldo de actividad correspondientes a su grado.

Añadió que el 13 de diciembre de 2018, la parte actora solicitó a la Policía Nacional
y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional efectuar la reliquidación y
cancelar desde 2004 hasta la fecha de retiro, la actualización causada por la
inflación entre los años 1992 a 2004 de la asignación mensual y prestaciones
sociales

Expresó que mediante Oficios S- 2019 -001182 del 10 de enero de 2019 y E-00001-
201904726 del 6 de marzo de 2019, la Policía Nacional y la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional respectivamente, dieron respuesta en forma
desfavorable a las peticiones incoadas.

Afirmó que ante lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Policía Nacional y la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), para que se declarara la nulidad
de los oficios en precedencia. A título de restablecimiento del derecho pidió que se
ordenara la reliquidación y pago de su asignación salarial y, en consecuencia, de su
asignación de retiro, conforme con la variación del IPC de los años 1992 al 2004.

Aseveró que la demanda se adelantó bajo el radicado 25000-23-42-000-2019-
01094-00 y correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, que por sentencia del 3 de mayo de 2024 declaró
probada la excepción de prescripción de la asignación básica propuesta por la
entidad demandada1 y denegó las pretensiones, al considerar que los incrementos
efectuados a la asignación básica del actor en las anualidades referidas (1992-
2004) fueron realizados conforme a los lineamientos contenidos en los decretos que
para el efecto expidió el Gobierno Nacional, lo cual tornaba inviable acceder a la
reliquidación de su asignación de retiro incorporando los porcentajes del IPC
dejados de incluir en su asignación básica, comoquiera que el reajuste previsto en
la Ley 238 de 1995 se refiere a las asignaciones de retiro del personal que prestó
sus servicios a las fuerzas militares y no a los sueldos devengados por dichos
servidores en actividad.

Indicó que inconforme, el demandante apeló y manifestó que el a quo se había
apartado, sin justificación, de lo previsto en la sentencia C-931 de 2004 dictada por
la Corte Constitucional, que, según dijo, protegía el poder adquisitivo de los salarios
de los servidores públicos.
2
Manifestó que por sentencia del 20 de febrero de 2025 , la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, revocó el ordinal primero de la sentencia
que declaró probada la excepción de prescripción y, en lo demás, confirmó la
decisión apelada, básicamente por las mismas consideraciones del a quo.

1
En relación con de prescripción de la asignación básica, debe reiterarse que, una vez producida la
desvinculación del servicio de un trabajador, las prestaciones o reconocimientos salariales que habitualmente
se reconocían y pagaban, pierden la condición de periódica, por lo que, es evidente que el periodo reclamado
de haber resultado procedente (2004 a 2016) se encontraría prescrito.
2
Notificada por correo electrónico del 14 de mayo de 2025.
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3. Fundamentos de la acción

La parte accionante expresó que, en el caso bajo examen, se supera el requisito de
relevancia constitucional, agotó todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial, cumple con el requisito de inmediatez, se identifican de manera
razonable los hechos que generaron la vulneración de sus derechos y no se trata
de una tutela contra tutela.

En cuanto al fondo del asunto, si bien la parte actora alegó cargos por defecto
sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es que esos
argumentos están dirigidos a evidenciar la configuración de un defecto sustantivo,
debido a que, a juicio del tutelante, las autoridades judiciales demandadas
desconocieron los efectos de la sentencia C-931 de 2004 dictada por la Corte
Constitucional que, según el accionante, imponía que se accediera a las
pretensiones de la demanda del proceso ordinario, debido a que tenía derecho al
reajuste solicitado, porque su asignación básica entre los años 1992 al 2004 no
había sido liquidada conforme a la inflación.

Además, invocó un defecto por violación directa de la Constitución, porque en
las providencias acusadas se había inaplicado los artículos 13, 26, 48, 53, 216, 217,
218 y 230 de la Constitución Política. Así como un defecto fáctico, porque no se
examinaron las pruebas que demostraban la vulneración sistemática del núcleo
esencial de su salario que, sostuvo, desvalorizó el poder adquisitivo del mismo.

4. Trámite procesal

Mediante auto de 24 de noviembre de 2025, el consejero sustanciador requirió a la
parte interesada para que allegara poder especial legalmente conferido que lo
legitimara para interponer la acción de tutela.

Cumplido lo anterior, mediante proveído de 10 de diciembre de 2025, el despacho
admitió la demanda y ordenó notificar a la parte actora y a la autoridad judicial
accionada –Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Asimismo, a la Nación- Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía -como terceros interesados en el resultado del
proceso-, y se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en
virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios correspondientes el día
11 de diciembre de 2025.
5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B

El magistrado ponente de la decisión de primera instancia remitió el link del proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho y reiteró las consideraciones de
la sentencia objeto de reproche.

6

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Accionante: Aurelio Ordoñez Villamil

5.2. Respuesta de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

Por conducto de la jefe asesora Jurídica indicó que no existe vulneración de los
derechos fundamentales invocados atribuibles a la entidad, por lo que solicitó se le
desvincule del trámite al no tener legitimación en la causa por pasiva.

5.3. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional, pese a ser notificados, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Cuestión preliminar

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional solicitó su desvinculación de la
acción constitucional, al considerar que no ostenta legitimidad en la causa por
pasiva, en razón a que las pretensiones de la tutela están dirigidas contra la
sentencia definitiva adoptada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho adelantado por la parte actora.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala
no accederá a la solicitud de desvinculación, en tanto se advierte que su vinculación
se dio como tercero con interés en las resultas del trámite constitucional dada su
condición de demandada en el marco de la demanda impetrada en el marco del
proceso ordinario.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al
incurrir en los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la constitución.

4. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones3.

3
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7

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Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto
de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida

4
la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
8

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razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se
debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya
fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

5. Estudio y solución del caso concreto

La parte demandante presenta acción de tutela contra la decisión adoptada por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho núm. 25000-23-42-000-2019-01094-00/01,
por considerar que la sentencia de 20 de febrero de 2025 desconoce sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la irrenunciabilidad de la seguridad social en
materia laboral, al mantenimiento del poder adquisitivo del salario, al trabajo en
condiciones dignas y el principio de seguridad jurídica.

Sin embargo, de la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de tutela,
la Sala advierte que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

En esencia, en ese proceso y en la acción de tutela la parte actora señala que se
debió ordenar el reajuste de la asignación básica que recibió entre los años de 1992
a 2004, con base en la inflación de esos años y de acuerdo con lo previsto en la
sentencia C-931 de 2004 dictada por la Corte Constitucional.

Sobre el particular, en el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra
la sentencia del 3 de mayo de 2024 dictada por la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se extrae lo siguiente:

“Ante la argumentación ortodoxa y pragmática con la cual el Juez de instancia ha venido
avocando el mandato Constitucional dado al Gobierno Nacional y al Congreso de la
República, adicionalmente al indicar el planteamiento jurídico, este, está alejado no solo
de la realidad y contexto constitucional, legal y normativo, sino del mismo aspecto
jurisprudencial ordenado en dicha sentencia constitucional, si se tiene en cuenta el
mandato de carácter constitucional al que hace referencia la Corte Constitucional en su
sentencia C-931 de 2004, y la cual omite de manera abierta y deliberada el funcionario
fallador de primera instancia.

Es así, que los criterios expuestos en el a-quo por el sustanciador, para negar el derecho
reclamado, no solo contradicen la interpretación y jurisprudencia decantada por la Corte
Constitucional, sino, que además es contraria al contexto y realidad jurídica que rige
desde el fallo de la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-931 de 2004.

Se solicita al Consejo de Estado, para resolver el presente recurso tener en cuenta, la
relevancia y alcance jurisprudencial de la sentencia C-931 de 2004, en cuanto al
mantenimiento y restablecimiento del poder adquisitivo de los salarios con el fin
de que no se quebrante el núcleo esencial de los mismos, y por ende de las
asignaciones de retiro, tomando importantísima aplicación el precedente constitucional
como lo expone la Corte Constitucional en la sentencia T-656 de 2011 donde sostuvo
lo siguiente:

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(…) Si bien es cierto, en materia salarial el personal de la Fuerza Pública se encuentra
sujeto a la escala gradual porcentual, la que se materializa con los decretos que
anualmente expide el Gobierno Nacional en los que se establecen las pautas para
determinar el monto que devengarán sus miembros cada año, ello debe corresponder
a una fuente laboral y constitucional para realizar el correspondiente incremento salarial,
y que a todas luces debe ser procedente y ajustarse al derecho de mantener actualizado
el poder adquisitivo de los salarios de conformidad a las fuentes que ellos tengan
determinados.

Lo anterior conlleva, obligatoriamente, a tener claridad en la concepción y aplicación de
factores diáfanos en relación a la indexación, incremento y aumentos de los salarios a
los integrantes de la Fuerza Pública; y no como de manera equivocada y desacertada
lo entienden los Magistrados del Tribunal, pues este, NO analiza en su concepción
jurídica el periodo de la limitación a la que se vio sometida la asignación básica
(Sueldo básico) de un oficial en el grado de General esto es entre los años 1992 a
2004.

(…) 8. Es de señalarse entonces, que lo pretendido en nada obedece a aplicación del
principio de favorabilidad, ni de ajuste de asignaciones de retiro y pensiones en virtud
del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, pues como se relacionó en el HECHO TRECE de
la demanda, existe un mandato de orden constitucional emitido por la Corte
Constitucional mediante la sentencia C-931 de 2004 donde se dieron órdenes
perentorias y explicitas, tanto al Congreso de la República como al Gobierno Nacional,
oponibles a cualquier autoridad incluso la judicial.

9. Por eso, dentro de la tesis de la pérdida del poder adquisitivo de las asignaciones de
retiro o pensiones de la Fuerza Pública entre los años 1997 a 2004, que ha sido el
argumento de la favorabilidad que ha asumido y avocado en sendas sentencias lo
contencioso administrativo, ha de ser revaluada jurídicamente por lo que se hace
necesario, recalcar la estructura del régimen especial de la Fuerza Pública en materia
salarial, prestacional y de asignaciones de retiro o pensiones, y no continuar
replicándose contenidos de sentencias, que de manera sistemática vienen vulnerando
los derechos salariales y prestacionales (asignaciones de retiro o pensiones) de dicho
gremio de servidores públicos. Pues no solo las argumentaciones y consideraciones
son contrarias a derecho, sino que se pueden constituir en hechos punibles que
quebrantan o vulneran los derechos humanos, laborales y de seguridad social a dichos
servidores.

10. Por ello, es necesario indicar que el fallo se encuentra viciado por un defecto
sustantivo y en tal sentido se deberá revocar y en su lugar reconocer lo pretendido de
conformidad al libelo de la demanda; aspectos estos, que fueron mal analizados por el
sustanciador y avalados por la sala del Tribunal.

(…) 28. Aspecto decantado de manera detallada en la Tabla 1 “Evolución de la
Asignación Básica y Gastos de Representación fijada a los Ministros del
Despacho”; así mismo, se dejó plasmado la forma como han de actualizarse las
partidas computables de asignación básica y gastos de representación de un Ministro
del Despacho con el fin de obtener su poder adquisitivo real. Lo anterior soportado en
la prueba documental aportada mediante la copia del oficio No. 20144000138271
del 01/10/2014 y 20154000090691 del 29-05-2015 (Rad. 2015000090691) del
Departamento Administrativo de la Función Pública, la entidad certifica de manera
detallada los incrementos año a año y la variación de conformidad a la inflación causada
en cada anualidad, aspecto que no fue valorado por el fallador.

29. Afirmar como lo hace el Juez en el a quo, denota, la falta de valoración de las
pruebas documentales aportadas y enunciadas; pruebas necesarias, conducentes,
pertinentes y útiles, cuya finalidad es poder evidenciar, no solo la pérdida acumulada
del poder adquisitivo de los salarios, sino el incumpliendo de la actualización a partir
del año 2004 y subsiguientes de dichos salarios teniendo en cuenta la inflación
causada y acumulada en el periodo comprendido entre los años 1992 a 2004”.

10

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Ahora, en la acción de tutela la parte actora invoca los mismos argumentos pero
bajo la caracterización de los defectos (i) sustantivo, debido a que, a juicio del
actor, las autoridades judiciales demandadas desconocieron los efectos de la
sentencia C-931 de 2004 dictada por la Corte Constitucional, que imponía que se
accediera a las pretensiones de la demanda del proceso ordinario, debido a que si
tenía derecho al reajuste solicitado porque su asignación básica entre los años 1992
al 2004 no había sido liquidada conforme a la inflación.

Además, invocó un defecto por (ii) violación directa de la Constitución, porque
en las providencias acusadas se había inaplicado los artículos 13, 26, 48, 53, 216,
217, 218 y 230 de la Constitución Política. Así como un (iii) defecto fáctico, porque
no se examinaron las pruebas que demostraban la vulneración sistemática del
núcleo esencial de su salario que, sostuvo, desvalorizó el poder adquisitivo del
mismo.

Sin embargo, dicha discusión fue resuelta por el máximo órgano de la jurisdicción
contenciosa administrativa, que en sentencia del 2 de febrero de 2025, sostuvo:

“60. En el recurso se indicó que la asignación básica debía ser reajustada porque la
sentencia C-931 de 2004 proferida por la Constitución Política estableció que se debía
reconocer la actualización plena del derecho.

61. La sentencia que sirvió de sustento a la apelación, esto es la C-931 de 2004, declaró
la exequibilidad del artículo 2 de la Ley 848 de 2003 «[p]or la cual se decreta el
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004» con las condiciones que se
transcriben:

(…)

62. En la parte considerativa de la decisión, la Corte Constitucional se detuvo en los
siguientes temas:

62.1 La jurisprudencia precedente en materia de reajuste de los salarios de los
servidores públicos cobijados por la ley anual de presupuesto, concretada en las
sentencias C-815 de 1999, C-1017 de 2003, C-1433 de 2000, C-1064 de 2001, en las
cuales se indicó que la Constitución Política protegió el derecho constitucional a
mantener el poder adquisitivo del salario y que ello comprendía que cada año fuera
reajustado para los servidores cobijados por la ley anual de presupuesto. Al respecto,
sostuvo lo siguiente:

(…)

62.2 Los criterios generales que han fundamentado el conjunto de decisiones en lo
relativo al derecho constitucional de los servidores públicos a mantener el poder
adquisitivo real del salario son, entre otros: (i) el principio recogido en el artículo 53 de
la CP que debía ser interpretado como un derecho constitucional de los trabajadores a
mantener el poder adquisitivo; (ii) este no es absoluto, como no lo es ninguno en el
Estado de Derecho, «por lo cual puede ser limitado más no desmejorado, desconocido
o vulnerado»; (iii) «no resultan igualmente afectados por el fenómeno inflacionario todos
los servidores públicos, por lo cual los límites impuestos al derecho al mantener la
capacidad adquisitiva del salario pueden ser diferentes, según se trate de servidores
que devengan salarios bajos, medios, o altos»; y (iv) a los servidores públicos a quienes
se les limite el derecho, «el Estado les debe garantizar que, dentro de la vigencia del
plan de desarrollo de cada cuatrienio, progresivamente se avance en los incrementos
salariales que les corresponden, en forma tal que se les permita a estos servidores
alcanzar la actualización plena de su salario, de conformidad con las variaciones en el
I.P.C.».
11

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63. Con fundamento en lo anterior, la Corte sostuvo que, ante la imposibilidad de aplicar
el parámetro de congelación total de los salarios de los trabajadores de ingresos medios
y altos, se debían tener en cuenta para esa vigencia fiscal [2004], «a fin de garantizar
el derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario», los siguientes criterios: (…)

64. Como se observa, en la sentencia que sirvió de sustento a la apelación, la Corte
Constitucional acudió a las sentencias C-1433 de 2000, C-1064 de 2001 y se detuvo en
la imposibilidad de congelar los salarios de los servidores públicos y limitar el derecho
a mantener el poder adquisitivo de su salario, pero como este no era absoluto,
determinó que aquellos que lo percibieran en cuantía superior a 2 smlmv podían ser
objeto de limitación, en razón a que no eran sujetos de especial protección del Estado.

65. Así las cosas, considera la Sala que, ciertamente, la Constitución Política y la ley
prevén el deber de garantizar el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario,
pero no únicamente conforme con la variación porcentual del IPC o la inflación, pues el
gobierno nacional, a través de los decretos que expide anualmente, puede acudir a
otros parámetros.

(…)

67. Como en el sub examine no se ha debatido que en las anualidades solicitadas se
hubiese disminuido el salario, sino que debía ser reajustado en los términos de la
sentencia antes mencionada, debe comprenderse que no se vulneró ese derecho y,
como se desempeñó como oficial de la Policía Nacional, al tenor de la misma sentencia,
aquel se podía limitar. Ahora, el hecho de que esos ajustes se hubieran dispuesto en
proporción inferior a la inflación causada en el año inmediatamente anterior no conlleva
por sí mismo a la vulneración de los derechos del actor, en razón a que, en la sentencia
mencionada, la Corte Constitucional consideró que este no es «el único parámetro que
pueda ser tenido en cuenta» para esos efectos.

68. Agregase a lo anterior que, tal como lo sostuvo la entidad demandada, el único
competente para fijar el aumento de los salarios es el gobierno nacional, de manera que
no son las vinculadas a esta litis las que están llamadas a reconocer un valor mayor del
dispuesto por aquel, en virtud del artículo 10 de la Ley 4 de 1992. Al respecto, en la
sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021, esta Subsección sostuvo lo siguiente:

(…)

73. En ese orden argumentativo, ha de señalarse que el demandante no tiene derecho
a las diferencias salariales que solicitó; además, como el reajuste de la asignación de
retiro depende de la prosperidad del incremento del salario, no hay lugar a conceder
dicha petición, en razón a que el régimen de la Fuerza Pública ordena la aplicación del
principio de oscilación”.

Como puede evidenciarse, la discusión que propone la parte actora ya fue resuelta
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que explicó que,
la Constitución Política y la ley preveían el deber de garantizar el derecho a
mantener el poder adquisitivo de los salarios de los servidores públicos, pero que
ello no implicaba acudir únicamente a la variación del IPC o a la inflación, debido a
que el Gobierno Nacional podía recurrir a otros parámetros.

Que el demandante no discutía que en las anualidades pretendidas se hubiere
disminuido su salario, sino que el mismo debía ser reajustado conforme con el IPC,
por lo que, a su juicio, no se vulneró el derecho a mantener el poder adquisitivo de
su salario.

En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades judiciales
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demandadas en el proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este
mecanismo constitucional.

Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar
si era procedente o no tener ordenar la reliquidación pretendida por el demandante.
La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos
fundamentales, que no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener
una opinión jurídica diversa o procurar imponer una decisión distinta a la adoptada
por las autoridades jurisdiccionales de instancia.

Por otro lado, la Sala debe señalar que los cargos por violación directa de la
Constitución y por defecto fáctico no cumplen el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto la parte actora no cumplió con la carga mínima de
argumentación respecto al porqué la discusión que plantean reviste una clara,
marca e indiscutible relevancia constitucional.

Para la Sala, la parte actora no cumplió con la carga argumentativa de explicar por
qué esos cargos trascienden las inconformidades que percibe de la decisión
adoptada por las autoridades judiciales demandadas de denegar las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-
42-000-2019-01094-00/01

El simple alegato de la vulneración de los derechos fundamentales no es suficiente
para tener por satisfecho el requisito de relevancia constitucional, puesto que es
necesario, se itera, que se ponga en evidencia la afectación desproporcionada de
los derechos fundamentales alegados, pues “la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo
mismo que una simple relación con aquel”.

Con mayor razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la sentencia cuestionada fue
el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo especializado
en asuntos laborales y de la seguridad social, evento en el que los requisitos de
procedibilidad son más estrictos. Así lo explicó la propia Corte Constitucional, en la
sentencia T-398 de 2017.

“Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de
Justicia o del Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en
manifestar que los requisitos de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de
decisiones judiciales de los órganos de cierre de la jurisdicción ordinaria y contenciosa
administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia. Por ello, “la tutela contra
providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la medida en
que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y
es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional
al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control
abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad
que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los
principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de
órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las
interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener
una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.

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Finalmente, se advierte que la petición relacionada con que se declare la nulidad de
los decretos señalados en la pretensión quinta del escrito de tutela se trata de
argumentos nuevos que el actor no expuso en el proceso ordinario y, por lo tanto,
tampoco cumplen el requisito de relevancia constitucional y la Sala no está
habilitada para pronunciarse al respecto. Sobre el particular, se debe señalar que la
acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar, mejorar o modificar los
argumentos propuestos ante el juez natural.

Las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente la solicitud de
amparo, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Negar la solicitud de desvinculación de la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional (Casur).

Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Aurelio Ordoñez Villamil, quien actúa por conducto de apoderado judicial, conforme
se expuso en la parte motiva de esta providencia.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.-. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

14

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