Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01094-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01094-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01094-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01094-01 (4093-2024)
Demandante: Aurelio Ordóñez Villamil
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y otro
Tema: Reajuste de las asignaciones básica y de retiro. Aplicación de la
sentencia C-931 de 2004 proferida por la Corte Constitucional.
Sentencia de segunda instancia
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 3 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que declaró probada la excepción de prescripción de la asignación
básica y negó las pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Pretensiones
1. Aurelio Ordóñez Villamil presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos:
1.1. Oficio S-2019-001182/ANOPA-GRULI-1.10 del 10 de enero de 2019, por
medio del cual se negó el reajuste de la asignación mensual, cesantías y
demás prestaciones sociales de enero a diciembre de 2004, así como del
salario pagado a partir de enero de 2005 y hasta la fecha de retiro.
1 En adelante CPACA.
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Demandante: Aurelio Ordoñez Villamil
1.2. Oficio E--00001-201904726-CASUR Id 407069 del 6 de marzo de 2019,
por el cual la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional negó el reajuste
de la asignación de retiro.
2. A título de restablecimiento del derecho pidió:
2.1. El pago del incremento resultado de la diferencia entre la asignación mensual
reconocida en el año 2004 -enero a diciembre- según lo previsto en el Decreto 4158
de 2005, y la que correspondiera por ajustes de actualización conforme con la
inflación causada en el año 2003 y que afectó el valor de la asignación básica de un
oficial en el grado de general o almirante, el cual servía de referente para establecer,
de conformidad con la escala gradual porcentual, el sueldo básico.
2.2. La reliquidación del incremento resultado de la diferencia entre la asignación
mensual pagada por la entidad a partir de enero de 2005 hasta la fecha de retiro,
de acuerdo con los decretos salariales expedidos por el gobierno nacional y la que
realmente correspondía por los ajustes de actualización plena conforme con la
inflación acumulada y causada entre los años 1992 a 2004.
2.3. La corrección de la hoja de servicios que sirvió de fundamento para reconocer
la asignación de retiro.
2.4. El reconocimiento del incremento resultado de las diferencias entre lo pagado y
que realmente corresponde, relativo a las cesantías, indemnizaciones y demás
prestaciones sociales unitarias que le fueron reconocidas en su vida laboral.
2.5. El pago del incremento resultado de la diferencia entre la asignación mensual
de retiro reconocida por la entidad, «conforme a los decretos de salarios expedidos por
el gobierno nacional y la que realmente correspond[ía] por ajustes de actualización plena
conforme a la inflación acumulada y causada entre los años 1992 a 2004 y que afectaron
el valor de la asignación básica (sueldo básico) de un oficial en el grado de General o
Almirante» [sic].
2.6. El pago de los perjuicios en cuantía de 100 smlmv2 como consecuencia «de la
aflicción, frustración y congoja [...] al evidenciar como meras ilusiones o promesas
incumplidas la política económica y social que tenía como finalidad solucionar la
problemática salarial, prestacional y de asignaciones de retiro o pensiones» que
afrontaron los miembros de la Fuerza Pública.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. En la demanda se narraron los siguientes hechos:
3.1. Ingresó a la Policía Nacional y ascendió como oficial en el grado de subteniente
el 2 de noviembre de 1990. Fue retirado del grado de coronel el 11 de octubre de
2016.
3.2. El 8 de agosto de 2016 se emitió la hoja de servicios 79445619, en la cual se
2 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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consignaron los emolumentos salariales que le reconoció la Policía Nacional.
3.3. De conformidad con dicha hoja de servicios, la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional le reconoció la asignación de retiro a través de la Resolución 7074
del 26 de septiembre de 2016.
3.4. El 13 de diciembre de 2018 solicitó a la Policía Nacional y a la Caja de Sueldos
de Retiro el reajuste de las asignaciones salariales y de retiro.
3.5. La Policía Nacional negó el reajuste salarial a través del Oficio S-2019-
001182/ANOPAGRULI-1.10 del 10 de enero de 2019, con sustento en que no había
recibido decreto alguno -expedido por el gobierno nacional- que dispusiera la
reliquidación y ajuste de la asignación mensual con base en la inflación causada.
Contra esta decisión no se interpuso recurso alguno, en tanto se anotó que eran
improcedentes.
3.6. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional negó la reliquidación de la
asignación de retiro mediante el Oficio E-00001-201904726-CASUR Id 407069 del
6 de marzo de 2019. Tampoco se presentaron recursos contra este acto.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se citaron los artículos 4, 48, 53, 218, 220, 230 y 373 de la
Constitución Política; 1, 2, 3 y 13 de la Ley 4 de 1992; y 271 de la Ley 1450 de 2011,
así como los Decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990, en su concepto, porque:
5. Mediante la sentencia C-931 de 2004, la Corte Constitucional ordenó al
gobierno nacional y al Congreso de la República realizar el pago de los reajustes
salariales de todos los servidores públicos antes de que expirara la vigencia fiscal
del año 2004 y que para el 2005 debía haberse reconocido la actualización plena
del derecho a mantener el poder adquisitivo del salario. Las entidades
desconocieron que el artículo 271 de la Ley 1450 de 2011 ordenó establecer una
estrategia para «resolver la litigiosidad en torno a los asuntos relativos a las asignaciones
salariales, a las asignaciones de retiro, al ajuste del IPC».
6. El mantenimiento del poder adquisitivo de las asignaciones de retiro ha estado
ligado al incremento de las asignaciones en actividad para cada grado, lo cual operó
a partir del 31 de diciembre de 2004. Además, el porcentaje de los sueldos básicos
se ha mantenido incólume, «lo cual signific[ó] que no [pudiera] producirse ningún ajuste
que tuviese como finalidad un aumento de dichas remuneraciones o aún el solo
mantenimiento del poder adquisitivo».
7. La asignación básica de un oficial en el grado de general fue el parámetro con
el que se establecieron los sueldos básicos para el personal de oficiales,
suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la fuerza pública; sin
embargo, el gobierno nacional «no fijó la valoración de la asignación básica del oficial en
el grado de General, solo continuó dando aplicación al sueldo básico de dicho grado es
decir al de General o Almirante, de acuerdo con la fórmula que venía aplicando desde el
año 1992, según el artículo 14 del Decreto 921 de ese año», con lo cual se dejó de
establecer el porcentaje indicado para cada grado.
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8. Con el Decreto 921 de 1992 se modificó el porcentaje señalado en el Decreto
335 de 1992 y se determinó uno menor, es decir, se disminuyó del 40% al 31%;
entonces, con independencia del porcentaje que se asignaba, debía atenderse que
el sueldo básico de un oficial en el grado de general o almirante correspondía a la
remuneración mensual de los ministros de despacho, por concepto de asignación
básica y gastos de representación.
9. El ajuste del salario no correspondía propiamente a su incremento, en razón a
que, para que este existiera, se requería que se revisara y modificara,
«aumentándolo», luego del ajuste por inflación, conforme con los factores reales de
carácter socioeconómico que incidieran en su determinación y, especialmente, en
la necesidad de asegurar el mínimo vital del trabajador.
10. De conformidad con la sentencia antes referida, se debía reconocer la
actualización plena del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario de
todos los servidores públicos, incluidos los integrantes de la Fuerza Pública, lo cual
no podía realizarse si no se actualizaban la asignación básica y los gastos de
representación fijados a los ministros de despacho, de conformidad con el índice
acumulado de inflación.
11. Para el año 2004 se debían «ajustar los valores establecidos por el Gobierno
Nacional en el año 2003 con la correspondiente inflación causada en dicho año (2003); y
[...] que a partir del año 2005 se deb[ía] establecer la actualización plena de la asignación
básica y los gastos de representación fijados a los Ministros del Despacho de conformidad
con el índice acumulado de inflación causada en los años 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, adicionándole a ello, a partir del año 1997 la
bonificación de compensación aplicándole a partir del año 1998 la respectiva actualización
indicada».
12. La entidad demandada no tuvo en cuenta los mandatos constitucionales y
legales, pues indicó que los sueldos básicos para el personal del Ejército Nacional
eran fijados por el gobierno nacional, conforme con el cual, debían mantener el
poder adquisitivo constante, a pesar de que el aumento se hizo por debajo de la
inflación causada.
1.2. Contestación de la demanda
13. Las entidades se opusieron a la prosperidad de las pretensiones por las
siguientes razones:
1.2.1. Ministerio de Defensa, Policía Nacional
14. La liquidación salarial se realizó de acuerdo con las disposiciones
reglamentarias y el artículo 13 de la Ley 4 de 1992; además, el acto se expidió por
el funcionario competente y observó las garantías legales y jurisprudenciales
vigentes para el caso.
15. En la sentencia C-931 de 2004 «se ordenó el reajuste salarial de todos los servidores
públicos que ostentaban una calidad de pensionado o de asignación de retiro dentro de las
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vigencias 1999 a 2004, pero dentro de la misma no estableció o se pronunció en relación a
los que se encontraban en servicio activo [...], dentro de estos años el hoy demandante se
encontraba de servicio activo quien fue retiraron en el año 2016, razón por la cual no [era]
procedente la aplicación de la disposición jurisprudencial de la corte constitucional» [sic].
16. En cada anualidad se pagó el salario establecido por el gobierno nacional; en
consecuencia, no existían mayores valores a reconocer. Si se aceptara la
pretensión, se crearía un nuevo régimen salarial exclusivo para el actor, lo cual
quebrantaría el artículo 10 de la Ley 4 de 1992, conforme con el cual carecían de
efectos y no generaban derechos adquiridos las prerrogativas previstas en contra
de lo fijado por aquel.
17. De acuerdo con la Ley 100 de 1993, el aumento se podía establecer con el IPC;
sin embargo, dicho beneficio solo estaba previsto cuando se trataba de pensiones
o asignaciones de retiro, no respecto de los salarios.
1.2.2. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
18. El solicitante se retiró el 11 de julio de 2016 y, mediante la Resolución 7074 del
26 de septiembre de 2016, se le reconoció la asignación de retiro a partir del 11 de
octubre del mismo año.
19. De conformidad con la Ley 4 de 1992, el reajuste salarial debía realizarse
anualmente por el gobierno nacional y toda disposición que se efectuara
contraviniendo dicha disposición no creaba derechos adquiridos. Además, en el
artículo 13 se ordenó establecer una escala gradual porcentual para lograr la
nivelación entre las remuneraciones del personal activo y retirado de la fuerza
Pública. En cumplimiento de ello, se expidió el Decreto 107 de 1996.
20.El artículo 14 de la Ley 100 de 1993 dispuso la forma de reajuste de los
pensionados del sistema general, en el sentido de que se atendería el IPC; sin
embargo, en virtud de la Ley 238 de 1995 se extendió a los miembros de la fuerza
Pública que gozaban de asignación de retiro, lo cual se cumplió.
1.3. La sentencia apelada
21. Mediante sentencia proferida el 3 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca resolvió:
«Primero. Declarar probada la excepción de prescripción de la asignación
básica propuestas por la entidad demandada, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.
Segundo: Negar las pretensiones de la demanda conforme a lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.
Tercero: Sin condena en costas.»
22.Para tal efecto, se detuvo en el marco normativo aplicable y resolvió el caso
concreto en los siguientes términos:
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23. Los decretos que establecían los incrementos salariales de los oficiales
regulaban la escala gradual porcentual con la que se determinaban los valores de
los sueldos de la Fuerza Pública respecto de la asignación básica del grado de
general.
24. En lo relativo a la asignación de retiro, la aplicación del IPC operó a partir de la
Ley 238 de 1995 hasta cuando se expidió el Decreto 4433 de 2004, cuando se
retomó el principio de oscilación, «dejando sin aplicación las normas que regulan ajustes
distintos al mencionado principio, por lo que, no [era] viable jurídicamente reconocer el
reajuste para los años anteriores a 1997 y posteriores al 2004»; en consecuencia, como
la prestación se reconoció a partir del 11 de octubre de 2016, la pretensión no podía
prosperar.
25. El demandante no cumplió con las condiciones legales para que le fuera
aplicado algún reajuste en los términos de la Ley 100 de 1993, en razón a que se
trataba de 2 tipos de emolumentos con naturaleza distinta, por un lado, la asignación
básica salarial y, de otro, la prestación de retiro, «lo que conduc[ía] a la inaplicabilidad
de la norma en cuanto al reajuste de la asignación salarial». Para regular los salarios del
personal en actividad, el gobierno nacional aplicó la escala gradual, la cual no podía
ser modificada por decisión judicial.
26. En la sentencia C-1433 de 2000 la Corte Constitucional sostuvo que la
equivalencia entre el trabajo y el salario exigía mantener actualizado el valor de este
último a través de su ajuste periódico en armonía con el comportamiento de la
inflación; sin embargo, dicha postura fue rectificada en la sentencia C-1064 de 2001
cuando indicó que el derecho al aumento real del salario no era absoluto, como no
lo era ninguno en el Estado, razón por la cual podía ser limitado, no desconocido.
27. Si bien el IPC era una variable económica que podía atenderse para establecer
el aumento anual de los salarios de los servidores públicos, lo cierto era que no
constituía la única fórmula aplicable para ello, pues también lo era la situación real
del país, la política macroeconómica, la ponderación racional del gasto público,
entre otras.
28. En la sentencia C-931 de 2004 se puntualizó que para la determinación de los
reajustes anuales de los salarios se debía tener en cuenta que el derecho a
mantener el poder adquisitivo del salario no era absoluto y que solo podía ser
limitado para promover el fin de preservar la estabilidad macroeconómica al reducir
el gasto en circunstancias del déficit fiscal y elevado endeudamiento para no afectar
el gasto público social.
29. Para las anualidades reclamadas no se desconoció el ordenamiento
constitucional y legal, pues si bien la Constitución protegió el poder adquisitivo del
salario, ello no significaba que necesariamente el incremento tuviera que hacerse al
tenor del IPC.
30. Una vez «producida la desvinculación del servicio de un trabajador, las prestaciones
o reconocimientos salariales que habitualmente se reconocían y pagaban, [perdían] la
condición periódica, por lo que [era] evidente que el periodo reclamado de haber resultado
procedente (2004 a 2016) se encontra[ba] prescrito».
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1.4. El recurso de apelación
31. Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación
y lo sustentó en los siguientes términos:
32. El a quo no solo se alejó de la realidad y contexto constitucional, sino que
desconoció la sentencia C-931 de 2004 proferida por la Corte Constitucional que se
detuvo en el mantenimiento y restablecimiento del poder adquisitivo de los salarios.
33. Si bien era cierto que, en materia salarial, la Fuerza Pública se encontraba
sujeta a la escala gradual porcentual -materializada con los decretos expedidos
anualmente por el gobierno nacional-, ello debía corresponder a una fuente laboral
para realizar el incremento como lo era el poder adquisitivo.
34. Se demostró que la asignación básica y los gastos de representación de un
ministro de despacho tuvo una pérdida acumulada, lo cual repercutió de manera
directa en el sueldo básico. Además, lo pretendido en nada obedecía a la aplicación
del principio de favorabilidad ni de ajuste de asignaciones de retiro en virtud del
artículo 14 de la Ley 100 de 1993, pues existía un mandato constitucional plasmado
en la sentencia citada, en la que se impartieron órdenes inoponibles a cualquier
autoridad, incluso la judicial.
35. El a quo acudió a una interpretación discriminatoria porque lo solicitado
obedeció al reconocimiento con todas las implicaciones que conllevó la
actualización plena de los salarios de acuerdo con la inflación causada y acumulada
entre 1992 y 2004, el cual debía ser acatado por la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional.
36. Ante la imposibilidad de aplicar el parámetro de congelación total de los salarios
medios y altos y la persistente inactividad del legislador en el desarrollo del artículo
53 de la Constitución, la Corte acudió a criterios jurisprudencialmente deducidos
que debían ser tenidos en cuenta por las autoridades competentes a fin de
garantizar el derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario.
37. El a quo desconoció que era el derecho reconocido en la sentencia C-931 de
2004 el que se reclamaba, por lo tanto, se debía examinar si lo condicionado era la
Ley 848 de 2003 y/o los decretos que fijaron las remuneraciones y si la orden de
reconocer la actualización plena del salario conforme con el índice acumulado de
inflación se cumplió y en qué forma.
38. La ausencia de desarrollo normativo de una prestación no era una justificación
válida para dejar de tomar medidas adecuadas y necesarias que efectivizaran los
derechos progresivamente, por lo tanto, el incremento debió efectuarse para el año
2004 en 2.49% y a partir de 2005 en 52.2543%, «resultado entre la asignación mensual
(salario) pagada por la entidad de acuerdo a lo decretado por el Gobierno Nacional y la que
correspond[ía] de acuerdo a los criterios jurisprudenciales»[sic].
39. Afirmar que los incrementos anuales se presumían legales y que se cumplió con
la obligación de mantener el poder adquisitivo de la remuneración era contrariar las
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disposiciones constitucionales y jurisprudenciales de la Corte Constitucional, en
especial el «derecho pro homine».
40. La asignación básica y los gastos de representación de un ministro de despacho
eran el referente directo para establecer la asignación básica de un oficial en el
grado de general o almirante y este, a su vez, para determinar los sueldos asignados
a cada grado en la escala gradual porcentual. Mediante el Conpes 2570 de 1991 se
estableció una política económica a favor de los miembros de la Fuerza Pública que
tenía como finalidad la nivelación salarial; su desarrollo se estableció a partir del
año 1992 mediante los Decretos 335, 872 y 921 de 1992, «en los cuales se adoptó en
el artículo 2º de los decretos proferidos desde 1993 hasta la fecha (Decretos 25 de 1993 –
910 de 2023) el parámetro normativo en comento, lo que conlleva ineludiblemente a la
necesidad de la actualización plena de acuerdo a la inflación causada y acumulada en el
periodo comprendido entre los años 1992 a 2004 de la Asignación Básica y los Gastos de
Representación de un Ministro del Despacho, los cuales afectaron el valor de la asignación
básica (sueldo básico) de un oficial en el grado de General o Almirante, el cual sirve de
referente para establecer de conformidad con la Escala Gradual Porcentual, el sueldo
básico» [sic].
1.5. Trámite de la segunda instancia
41. En auto del 30 de agosto de 2024 se admitió el recurso de apelación interpuesto
por la parte actora contra la sentencia del 3 de mayo de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los términos de la Ley 2080 de 2021.
42. El Ministerio Público estimó que la sentencia debía confirmarse porque los
salarios del personal en actividad de la Fuerza Pública, ajustados con la escala
gradual, no podían modificarse por decisión judicial. Además, en los decretos
expedidos en los años 1992, 1999, 2001, 2002 y 2003 se establecieron los montos
salariales que devengó el actor como oficial activo de la Policía Nacional, sin que
fuera pertinente acudir a una fuente distinta para realizar el aumento, tal como lo
previó el artículo 10 de la Ley 4 de 1992. En consecuencia, tampoco tenía derecho
a la reliquidación de la asignación de retiro.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
43. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de conformidad
con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y
subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Problema jurídico
44. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿Aurelio Ordóñez Villamil
tiene derecho a que se reliquide la asignación de retiro reconocida, como
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consecuencia del reajuste de la asignación básica que percibió en los años 1992 a
2004 y de 2005 a la fecha de su retiro, de conformidad con la inflación acumulada
y, de acuerdo con la sentencia C-931 de 2004 proferida por la Corte Constitucional?
45. Para resolver el anterior planteamiento, la Sala seguirá la siguiente estructura
expositiva: primero se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial aplicable y,
a continuación, se resolverá el caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre el régimen salarial de la Fuerza
Pública
46. El artículo 150 de la Constitución Política previó que el Congreso de la
República tiene, entre otras, la función de dictar las normas generales y señalar en
ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno nacional para
«[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y la Fuerza Pública».
47. Con fundamento en la anterior disposición, se expidió la Ley 4 de 1992 3, en la
cual se ordenó que, para fijar el régimen salarial y prestacional de los miembros de
la Fuerza Pública [entre otros], el gobierno nacional debía tener en cuenta, entre
otras cosas, la sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal y la
racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es las limitaciones
presupuestales para cada organismo o entidad. Con base en lo anterior, dispuso
que el gobierno nacional modificaría el régimen salarial correspondiente a los
empleados «aumentando sus remuneraciones».
48. Adicionalmente, en el artículo 13, previó que el gobierno nacional establecería
una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y
retirado de la Fuerza Pública, la cual debía producirse en las vigencias fiscales de
1993 a 1996.
49. Como se observa, las asignaciones básicas están sujetas a los decretos que
expide anualmente el gobierno nacional4, los cuales constituyen única fuente para
realizar el incremento salarial, pues el artículo 10 ibidem estableció expresamente
que «[t]odo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional
en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos».
50. Ahora bien, el artículo 14 de la Ley 100 de 19935 ordenó que las pensiones «se
reajustar[ía]n anualmente de oficio [...] según la variación porcentual del Índice de Precios
al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior». El objetivo
3 «[M]ediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en
el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política».
4 Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de
1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de
2005, 407 de 2006, 1515 de 2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011, 842 de
2012 y 1017 de 2013, 187 de 2014, 1028 de 2015, 214 de 2016, 984 de 2017, 324 de 2018, 1002
de 2019, 318 de 2020, 976 de 2021, 466 de 2022, 910 de 2023.
5 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
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principal de esta norma se contrajo a que dichas prestaciones mantuvieran su poder
adquisitivo.
51. Asimismo, el artículo 279 ibidem previó que lo dispuesto en la ley no se aplicaría
a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, pero mediante la
Ley 238 de 19956 se adicionó en el sentido de que dichas excepciones no
implicaban «la negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y
142 [...] para los pensionados de los sectores aquí contemplados».
52. A partir de lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación7 señaló
pacíficamente que el reajuste conforme con el IPC procedía únicamente cuando se
trataba de asignaciones de retiro, siempre y cuando resultara más favorable y hasta
antes de que fuera expedida la Ley 923 de 20048 y el Decreto 4433 de 20049, pues
a partir de este momento se estableció que las asignaciones de retiro y pensiones
se incrementarían «en el mismo porcentaje en que se aument[aran] las asignaciones en
actividad para cada grado» [artículo 42].
53. Ciertamente, desde el año 200710, esta corporación sostuvo lo que a
continuación se transcribe:
«[...] no existe la menor duda en el sentido que bajo los mandatos del artículo
original 279 de la ley 100 de 1993 los pensionados de las Fuerzas Militares y
de la Policía Nacional no eran acreedores del reajuste de sus pensiones como
lo dispone el artículo 14 de aquella, vale decir, teniendo en cuenta la variación
porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE para
el año inmediatamente anterior, sino como lo disponía el decreto 1212 de
1990, o sea mediante la oscilación de las asignaciones de los miembros de la
Policía Nacional en actividad.
[...] a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, el grupo de pensionados de
los sectores excluidos de la aplicación de la ley 100 de 1993, sí tienen derecho
a que se les reajuste sus pensiones teniendo en cuenta la variación
porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE como
lo dispuso el artículo 14 de la última y a la mesada 14 en los términos del
artículo 142 ibidem».
54.Más recientemente, en la sentencia proferida el 14 de julio de 2022 11, se
puntualizó lo siguiente:
«1.- Con la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 (26 de diciembre de
1995 fecha de su publicación), las excepciones consagradas en el artículo
279 de la Ley 100 de 1993 presentaron una modificación consistente en que
a los pensionados de los sectores allí contemplados entre ellos los de las
6 «Por la cual se adiciona el artículo 279 de la Ley 100 de 1993».
7 Ver, por ejemplo, las sentencias proferidas el 17 de mayo de 2007 (8464-2005), 15 de noviembre
de 2012 (25000-23-25-000-2010-00511-01).
8 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política».
9 «Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública».
10 Sentencia proferida el 17 de mayo de 2017, número interno 8464-2005.
11 Número interno 25000-23-42-000-2019-00883-01 (0501-2022).
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Fuerzas Militares y Policía Nacional, en virtud del principio de favorabilidad y
conforme a los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993 se les podía reajustar
la asignación de retiro conforme al índice de precios al consumidor del año
inmediatamente anterior certificado por el DANE y la mesada 14,
respectivamente, siempre que el incremento realizado por el Gobierno
Nacional en los decretos anuales de las asignaciones en actividad de los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional sea inferior.
2.- En vigencia de la Ley 238 de 1995 el reajuste por favorabilidad de las
asignaciones de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional conforme al índice de precios al consumidor señalado en el artículo
14 de la ley 100 de 1993, en cada caso concreto, aplica desde el año 1993
hasta 2004, toda vez que a partir del 1.° de enero de 2005 se implementó
nuevamente el principio de oscilación a través de la expedición del Decreto
4433 de 2004.
3.- El reajuste conforme al IPC incide directamente en la base de la respectiva
prestación pensional y debe servir para la liquidación de los incrementos que
a partir del año 2005 se efectuaran sobre dicha prestación».
55. En suma, el reajuste conforme con el IPC procede únicamente respecto de las
asignaciones de retiro y pensiones, pero no de las asignaciones básicas, en razón
a que las leyes y decretos reglamentarios no especificaron modificación alguna o
disposición diferente de que el gobierno nacional, a través de decretos, es el que
establece el incremento de las asignaciones básicas de los miembros de la Fuerza
Pública.
2.4. De lo probado
56. En el expediente se encuentran los siguientes hechos probados:
57. Aurelio Ordóñez Villamil ingresó a la Policía Nacional y se desempeñó como
oficial desde el 2 de noviembre de 1990 al 11 de julio de 2016.
58. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional le reconoció la asignación
de retiro a través de la Resolución 7074 del 26 de septiembre de 2016, en cuantía
equivalente al 93% del sueldo básico de actividad para el grado y partidas
legalmente computables, a partir del 11 de octubre de 2016.
59. El 13 de diciembre de 2018 solicitó a la Policía Nacional y a la Caja de Sueldos
de Retiro el reajuste salarial y de la asignación de retiro. Sin embargo, las peticiones
fueron negadas a través de los siguientes actos:
59.1. Oficio S-2019-001182/ANOPA-GRULI-1.10 del 10 de enero de 2019, expedido
por la responsable de procedimientos de nómina, en el cual se indicó:
«Los sueldos básicos para el personal uniformado y no uniformado de la
Policía Nacional, los fija anualmente el Gobierno Nacional, de conformidad
con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, [...], siendo
importante resaltar que la Policía Nacional a través del Área Nómina de
Personal Activo, únicamente es competente para liquidar los haberes del
personal en servicio activo, contemplados en los decretos anuales de sueldo,
por consiguiente no está facultada para realizar reconocimiento de salarios
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y/o prestaciones que no estén establecidos en las disposiciones legales que
rigen la materia, como lo citan en uno de sus apartes los referidos decretos
[...].
Siendo importante indicar que la policía nacional no ha recibido decreto
alguno expedido por el gobierno nacional, que disponga el reconocimiento de
pagos por concepto de reliquidación de salarios sobre el Índice de Precios al
Consumidor (IPC), motivo por el cual jurídicamente no es viable atender de
manera favorable su petición».
59.2. Oficio E-00001-201904726-CASUR Id 407069 del 6 de marzo de 2019, por el
cual la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional negó el reajuste de la
asignación de retiro.
«[...] el Gobierno Nacional, al expedir el Decreto anual de incremento del
sueldo para la Fuerza Pública, ha establecido los parámetros que rigen los
reajustes de los salarios dando aplicación a la escala gradual porcentual
contemplada en las normas especiales que han regulado la materia y que la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ha venido acatando, sin que
pueda variar los criterios fijados por el Gobierno Nacional, toda vez que dichos
reajustes se fundamentan en el sistema prestacional de los miembros de la
Fuerza Pública, correspondiendo al Congreso de la República, mediante ley,
modificar los parámetros fijados para el aumento de las asignaciones de retiro.
Así mismo y revisado su expediente administrativo, se constató que a partir
de la fecha del reconocimiento de la asignación de retiro y hasta la presente,
la Caja de Sueldos de Retiro ha incrementado la prestación de conformidad
con los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional que establecen la
Escala Gradual Porcentual.
Por lo anteriormente expuesto, la Entidad no adeuda valor alguno por el citado
concepto, como tampoco es procedente atender favorablemente la petición
de reajuste de asignación mensual de retiro en los términos de su solicitud.»
2.5. Caso concreto
60. En el recurso se indicó que la asignación básica debía ser reajustada porque la
sentencia C-931 de 2004 proferida por la Constitución Política estableció que se
debía reconocer la actualización plena del derecho.
61. La sentencia que sirvió de sustento a la apelación, esto es la C-931 de 2004,
declaró la exequibilidad del artículo 2 de la Ley 848 de 2003 «[p]or la cual se decreta
el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia
fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004» con las condiciones que se
transcriben:
«Primero: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003, en
cuanto prevé un reajuste salarial en el mismo índice de la inflación registrada
para el año 2003, a favor de aquellos servidores públicos que devengan hasta
dos salarios legales mínimos mensuales.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003
condicionado a que el Gobierno y el Congreso, al momento definir
concretamente cuál será la limitación del derecho a mantener el poder
adquisitivo real de los salarios de los servidores públicos que devengan más
de dos salarios legales mínimos mensuales, aplicable en la vigencia
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presupuestal en curso, tengan en cuenta los criterios jurisprudenciales
recogidos en la consideración jurídica número 3.2.11.8.4. de la presente
Sentencia. Es decir, la Ley de presupuesto examinada sólo puede tenerse
como ajustada a la Constitución si incorpora las partidas necesarias para
mantener, en los términos de esta providencia, actualizados los salarios de
los servidores públicos de ingresos medio o altos.
En consecuencia, ORDENA al Gobierno Nacional y al Congreso de la
República que con carácter urgente, si aun no lo ha hecho, dentro del ámbito
de sus competencias, tomen las medidas necesarias para realizar el pago de
los reajustes salariales de todos los servidores públicos cobijados por la ley
de presupuesto general de la Nación, antes de que expire la vigencia fiscal
del año 2004. Para esos propósitos, deberán efectuarse las adiciones o
traslados presupuestales necesarios, antes de que expire dicha vigencia
fiscal.»
62. En la parte considerativa de la decisión, la Corte Constitucional se detuvo en los
siguientes temas:
62.1. La jurisprudencia precedente en materia de reajuste de los salarios de los
servidores públicos cobijados por la ley anual de presupuesto, concretada en las
sentencias C-815 de 1999, C-1017 de 2003, C-1433 de 2000, C-1064 de 2001, en
las cuales se indicó que la Constitución Política protegió el derecho constitucional a
mantener el poder adquisitivo del salario y que ello comprendía que cada año fuera
reajustado para los servidores cobijados por la ley anual de presupuesto. Al
respecto, sostuvo lo siguiente:
«En otras palabras, en la Sentencia C-1064 de 2001 la Corte mantuvo la ratio
decidendi de la C-1433 de 2000, es decir, la consideración según la cual la
Constitución protege el derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo
del salario y que ello comprende que cada año éste sea reajustado para todos
los servidores cobijados por la ley anual de presupuesto. Pero se apartó de
las consecuencias deducidas de esta premisa en la Sentencia anterior. En
consecuencia, en 2001 no impartió una orden específica contentiva de una
fórmula única para aumentar los salarios de todos los servidores públicos,
sino que, tomando como pauta artículo 187 de la Constitución Política, que
señala el criterio para determinar el aumento salarial de los congresistas
acudiendo al promedio ponderado de los salarios de los servidores de la
administración central, diferenció el conjunto de servidores públicos que por
su nivel de salario merecían una protección reforzada, de aquellos que
devengan más y no la requerían. Aquellos cuyo salario fuera menor a dicho
promedio ponderado tenían un derecho “de carácter intangible” a mantener el
poder adquisitivo real, en virtud de la protección constitucional reforzada que
la Constitución dispone a su favor (C.P Art. 334.), de la obligación del Estado
de velar la igualdad sea real y efectiva (C.P Art. 13) y asegurar a todas las
personas condiciones de vida digna. (C.P Art.1). Este primer grupo de
trabajadores, dijo la Sentencia C-1064 de 2001, tenía derecho a que se les
aumentara su salario, no sólo nominalmente sino de forma tal que se
mantuviera el poder adquisitivo real del mismo. Para tal efecto debía tenerse
como criterio preponderante la inflación. En el caso de los servidores públicos
que devengaran salarios más altos a este tope, la situación era diferente, pues
no se trataba de sujetos que merecieran una protección reforzada. Por lo tanto
su derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario podía ser limitado,
siempre y cuando la limitación fuera razonable. Sobre la razonabilidad de la
limitación estimó que el juicio del juez constitucional debía ser estricto, por
cuanto la limitación podía llegar a afectar derechos constitucionales como el
salario móvil, el mínimo vital o la dignidad.»
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62.2. Los criterios generales que han fundamentado el conjunto de decisiones en lo
relativo al derecho constitucional de los servidores públicos a mantener el poder
adquisitivo real del salario son, entre otros: (i) el principio recogido en el artículo 53
de la CP que debía ser interpretado como un derecho constitucional de los
trabajadores a mantener el poder adquisitivo; (ii) este no es absoluto, como no lo es
ninguno en el Estado de Derecho, «por lo cual puede ser limitado más no desmejorado,
desconocido o vulnerado»; (iii) «no resultan igualmente afectados por el fenómeno
inflacionario todos los servidores públicos, por lo cual los límites impuestos al derecho al
mantener la capacidad adquisitiva del salario pueden ser diferentes, según se trate de
servidores que devengan salarios bajos, medios, o altos»; y (iv) a los servidores públicos
a quienes se les limite el derecho, «el Estado les debe garantizar que, dentro de la
vigencia del plan de desarrollo de cada cuatrienio, progresivamente se avance en los
incrementos salariales que les corresponden, en forma tal que se les permita a estos
servidores alcanzar la actualización plena de su salario, de conformidad con las variaciones
en el I.P.C.».
63. Con fundamento en lo anterior, la Corte sostuvo que, ante la imposibilidad de
aplicar el parámetro de congelación total de los salarios de los trabajadores de
ingresos medios y altos, se debían tener en cuenta para esa vigencia fiscal [2004],
«a fin de garantizar el derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario», los
siguientes criterios:
«[...]
a. Existe un derecho constitucional, en cabeza de todos los servidores
públicos, a mantener el poder adquisitivo de sus salarios (artículo 53 y
concordantes, CP) y, por ende, a que se realicen ajustes anuales en
proporción igual o superior a la inflación causada en el año inmediatamente
anterior, sin que éste sea el único parámetro que pueda ser tenido en cuenta.
En consecuencia, no puede haber una política permanente del Estado que
permita la disminución del poder adquisitivo del salario.
b. El derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario no es
un derecho absoluto. No obstante, no cualquier interés estatal justifica su
limitación. Sólo puede ser limitado para promover el fin constitucionalmente
imperioso de preservar la estabilidad macroeconómica reduciendo el gasto en
circunstancias de déficit fiscal y elevado endeudamiento para no afectar el
gasto público social (artículo 350, CP), asegurando así la efectividad de la
solidaridad como principio fundamental del Estado Social de Derecho (artículo
1, CP), dentro de un contexto económico que justifique la necesidad de la
limitación (artículo 2, CP).
c. El derecho de los servidores públicos que perciban salarios iguales o
inferiores a dos (2) salarios mínimos legales mensuales a mantener el poder
adquisitivo de su salario no podrá ser objeto de limitaciones dado que tales
servidores se encuentran en las escalas salariales bajas definidas por el
Congreso de la República a iniciativa del Gobierno. Por lo tanto, éstos
servidores deberán recibir el pleno reajuste de sus salarios de conformidad
con el nivel de inflación registrada en el año 2003.
d. Las limitaciones que se impongan al derecho constitucional de los
servidores públicos a mantener el poder adquisitivo del salario sólo puede
afectar a aquellos que tengan un salario superior a los dos (2) salarios
mínimos legales mensuales. El derecho de tales servidores públicos puede
ser objeto de limitaciones, es decir, su salario podrá ser objeto de ajustes en
una proporción menor a la de la inflación causada en año 2003, siempre y
cuando se dé cumplimiento a los siguientes parámetros normativos: [...]».
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64. Como se observa, en la sentencia que sirvió de sustento a la apelación, la Corte
Constitucional acudió a las sentencias C-1433 de 2000, C-1064 de 2001 y se detuvo
en la imposibilidad de congelar los salarios de los servidores públicos y limitar el
derecho a mantener el poder adquisitivo de su salario, pero como este no era
absoluto, determinó que aquellos que lo percibieran en cuantía superior a 2 smlmv12
podían ser objeto de limitación, en razón a que no eran sujetos de especial
protección del Estado.
65. Sobre dichas sentencias, esta Sección se ha pronunciado en los siguientes
términos:
«En esa medida, el alto tribunal constitucional, tomó distancia respecto de los
precedentes invocados en los que señaló un aumento salarial a partir de una
fórmula única y específica, v.gr. la indexación con base en la inflación del año
anterior como criterio mínimo al estimar que la orden de aplicar una fórmula
única y específica de indexación salarial para cualquier nivel salarial no es
compatible con la ratio decidendi de las sentencias que constituyen
precedente inmediato y directo del fallo C-1433 de 2000.
Lo anterior deja ver que, si bien el IPC es una variable económica que puede
ser tenida en cuenta para determinar el aumento anual de los salarios de los
servidores públicos, también lo es que, no constituye la única fórmula
aplicable para ello, pues, también lo son el peso de la situación real del país,
las finalidades de la política macroeconómica, la ponderación racional del
gasto público entre otras.»
66. Así las cosas, considera la Sala que, ciertamente, la Constitución Política y la
ley prevén el deber de garantizar el derecho a mantener el poder adquisitivo del
salario, pero no únicamente conforme con la variación porcentual del IPC o la
inflación, pues el gobierno nacional, a través de los decretos que expide
anualmente, puede acudir a otros parámetros.
67. Como en el sub examine no se ha debatido que en las anualidades solicitadas
se hubiese disminuido el salario, sino que debía ser reajustado en los términos de
la sentencia antes mencionada, debe comprenderse que no se vulneró ese derecho
y, como se desempeñó como oficial de la Policía Nacional, al tenor de la misma
sentencia, aquel se podía limitar. Ahora, el hecho de que esos ajustes se hubieran
dispuesto en proporción inferior a la inflación causada en el año inmediatamente
anterior no conlleva por sí mismo a la vulneración de los derechos del actor, en
razón a que, en la sentencia mencionada, la Corte Constitucional consideró que
este no es «el único parámetro que pueda ser tenido en cuenta» para esos efectos.
68. Agregase a lo anterior que, tal como lo sostuvo la entidad demandada, el único
competente para fijar el aumento de los salarios es el gobierno nacional, de manera
que no son las vinculadas a esta litis las que están llamadas a reconocer un valor
mayor del dispuesto por aquel, en virtud del artículo 10 de la Ley 4 de 1992. Al
respecto, en la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021, esta Subsección
sostuvo lo siguiente:
«La asignación básica del personal de la Fuerza Pública está sujeta a los
12 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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decretos que anualmente expide el Gobierno Nacional, en los que se fijan las
pautas para determinar el monto que devengarán sus miembros anualmente,
impidiendo recurrir a una fuente distinta para realizar el correspondiente
incremento salarial, puesto que, a partir del Decreto 107 de 1996, quedaron
debidamente nivelados los salarios del personal castrense. Para la Sala
resulta improcedente acceder a las pretensiones de la demanda, toda vez que
los incrementos efectuados a la asignación básica del actor en las
anualidades referidas fueron realizados conforme a los lineamientos
contenidos en los decretos que para el efecto expidió el Gobierno Nacional,
lo cual torna también inviable acceder a la reliquidación de su asignación de
retiro incorporando los porcentajes del IPC dejados de incluir en su asignación
básica desde 1997 hasta la fecha de su pago efectivo.
Lo anterior por cuanto el reajuste previsto en la Ley 238 de 1995 se refiere a
las asignaciones de retiro del personal que prestó sus servicios a las fuerzas
militares y no a los sueldos devengados por dichos servidores en actividad;
por lo cual, la Sala arriba a la conclusión de que no se encuentra desvirtuada
la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, porque el
demandante carece del derecho a la reliquidación de las asignaciones
básicas que devengó como miembro activo del Ejército Nacional con
aplicación del IPC para los años de 1997 a 2003, toda vez que los incrementos
determinados por el Gobierno nacional tienen pleno sustento constitucional y
legal, y no están llamados a ser sustituidos en virtud de la expedición de la
Ley 238 de 1995 y, por ende, tampoco es viable ordenar el reajuste de su
asignación de retiro».
69. Igualmente, en la sentencia del 25 de agosto de 202213 se expuso lo que se
transcribe a continuación:
«En ese sentido, para los años 2004 al 2015 (año de retiro), lapso para el cual
el demandante solicita la reliquidación salarial, el Gobierno nacional, en
cumplimiento del artículo 13 de la Ley 4 de 1992, fijó la escala gradual
porcentual para los miembros de la Fuerza Pública a través de los Decretos
4158 del 2004; 923 del 2005; 407 del 2006; 1515 del 2007; 673 del 2008; 737
del 2009; 1530 del 2010; 1050 del 2011; 842 del 2012; 1017 del 2013; 187
del 2014; y 1028 del 2015.
Así, debido a que para esos periodos el señor José Javier Herrera Velandia
era miembro activo de la Policía Nacional, ya que su retiro definitivo se
produjo el 18 de febrero del 2015, el incremento de su sueldo básico mensual
debía atender a las citadas disposiciones gubernamentales. Por tanto, el
desacuerdo con los salarios fijados debió discutirse a partir del contenido de
los mencionados decretos, pues fue en aquellos en donde se plasmó la
voluntad de la administración sobre el particular.
[...]
Ahora, sobre la asignación mensual de los ministros de despacho y su
relación con el salario del señor José Javier Herrera, debe decirse que tales
argumentos tampoco tienen vocación de prosperidad, en atención a que
como lo pretendido es discutir el modo en que el Gobierno nacional ha fijado
la remuneración de dichos servidores públicos, los actos administrativos
demandados carecen de la idoneidad necesaria para estudiar ese aspecto,
en tanto no se ocupan del tema concerniente al salario de los ministros.»
70.Y es que la sentencia supra citada examinó la constitucionalidad de la Ley 848
de 2003 que decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital para el año
2004, de manera que no podría aplicarse a las vigencias anteriores como lo
13 Subsección A, radicación 25000 23 42 000 2019 01059 01 (1103-2021).
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pretendió la parte actora, máxime si el gobierno nacional incrementó los salarios.
71.Sobre el particular, en la sentencia proferida el 10 de noviembre de 202214, esta
Sección sostuvo que «la Corte Constitucional ordenó la actualización plena del derecho
a mantener el poder adquisitivo real del salario de todos los servidores públicos, en los
precisos términos de la consideración jurídica número 3.2.11.8.4, y en este numeral la Corte
no hizo mención a esa actualización histórica como lo indica el demandante»; asimismo,
puntualizó que no eran contrarios a la Constitución los reajustes salariales de los
altos funcionarios con un porcentaje menor al de la inflación, siempre y cuando no
fuera permanente, sino temporal; de ahí que la Corte haya explicado que «la aludida
limitación no es una deuda que adquiere el Estado con los servidores públicos» y «tampoco
es reembolsable al final de un determinado periodo, porque se trata de un ahorro fiscal para
asegurar otros fines y principios constitucionales de mayor envergadura».
72. En la misma providencia citada, se examinó la legalidad de los Decretos 4150
de 2004, 916 de 2005 y 372 de 2006 en lo que concernía al incremento salarial
establecido por el gobierno nacional, para concluir que (i) este y el Congreso de la
República cumplieron con las directrices trazadas en las sentencias C-1017 de 2003
y C-931 de 2004 proferidas por la Corte Constitucional, en razón a que, a partir del
año 2004, se aumentó el porcentaje de los funcionarios hasta alcanzar como
incremento uno superior al 100% de la inflación cuando finalizó la vigencia del Plan
de Desarrollo 2003 - 2006; y (ii) en los años posteriores a 2005 se expidieron los
decretos en cumplimiento de los lineamientos impuestos por la alta corporación.
73. En ese orden argumentativo, ha de señalarse que el demandante no tiene
derecho a las diferencias salariales que solicitó; además, como el reajuste de la
asignación de retiro depende de la prosperidad del incremento del salario, no hay
lugar a conceder dicha petición, en razón a que el régimen de la Fuerza Pública
ordena la aplicación del principio de oscilación.
74. De acuerdo con lo anterior, si el actor no ostenta el derecho al reajuste
solicitado, tal como lo concluyó el a quo, devenía improcedente pronunciarse sobre
la prescripción y declararla en la parte resolutiva, razón por la cual se revocará el
ordinal primero de la sentencia apelada.
2.6. Costas
75. El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil,
hoy Código General del Proceso.
76. Sobre la aplicación de esta norma, en la sentencia proferida el 1 de diciembre
de 201615, esta Subsección prohijó el siguiente criterio:
14 Sección Segunda, Subsección A, radicación 11001-03-25-000-2015-00277-00 (0541-2015).
15 Subsección B, expediente 1908-2014.
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01094-01 (4093-2024)
Demandante: Aurelio Ordoñez Villamil
«La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar,
mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre
la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas
siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de
las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la
carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición
o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se
aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).»
77. No evidencia la Sala que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni
se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal,
razón por la cual, no se condenará en costas en esta instancia.
2.7. Conclusión
78. Por las razones anotadas en precedencia, se revocará el ordinal primero que
declaró probada la excepción de prescripción de la asignación básica y, en lo
demás, se confirmará, en razón a que el solicitante no tenía derecho a que se
reajustara la asignación básica devengada en los años 1992 a 2004 porque el
incremento de la asignación básica mensual del personal activo de las Fuerzas
Militares y de Policía recae únicamente en el gobierno nacional, de conformidad con
la Ley 4 de 1992 y, aunque no se haya dado en los precisos términos de la inflación,
no puede considerarse que ello vulnere sus derechos laborales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Revocar el ordinal primero de la sentencia proferida el 3 de mayo de 2024
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró probada la excepción
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01094-01 (4093-2024)
Demandante: Aurelio Ordoñez Villamil
de prescripción de la asignación básica, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.
Segundo. En lo demás, confirmar la sentencia proferida el 3 de mayo de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la
demanda presentada por Aurelio Ordóñez Villamil contra la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto Cfr. Rad. AV.
05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH
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