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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07284-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07284-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de febrero de 2026, en virtud de la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07284-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-0315-000-2025-07284-01
Demandantes: AURELIO ORDOÑEZ VILLAMIL
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional. Confirma decisión de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante, contra
la sentencia del 12 de febrero de 2026, en virtud de la cual el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, declaró la improcedencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

Mediante escrito presentado a través de ventanilla virtual el 18 de noviembre de
2025, el ciudadano Aurelio Ordoñez Villamil, por conducto de apoderado judicial2,
entabló acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales a «la seguridad
jurídica, al trabajo en condiciones dignas y justas, la irrenunciabilidad en materia de
seguridad social y al mantenimiento del poder adquisitivo del salario y su impacto
en las prestaciones sociales.»

En sentir del actor, la trasgresión de la citadas garantías encontró sustento en las
decisiones de primera y segunda instancia, proferidas el 3 de mayo de 2024 y 20
de febrero de 2025, respectivamente, las cuales negaron las pretensiones al interior
del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra
de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y la Caja de Suelos

1 Índice 2 cuaderno de primera instancia.
2 El abogado Juan Carlos Arciniegas Rojas a través de mensaje de datos.

1
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Demandante: Aurelio Ordoñez Villamil
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07284-01

de Retiro de la Policía Nacional, contencioso identificado con el radicado 25000-23-
42-000-2019-01094-00/01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, solicitó la protección de sus derechos fundamentales y, en
consecuencia:

PRIMERA: INFIRMAR, REVOCAR, Y/O DECLARAR la nulidad de la sentencia del tres (3) de
mayo de dos mil veinticuatro (2024) y veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025),
proferidas respectivamente por la Subsección “B” Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Sección Segunda Subsección “B” del Consejo de
Estado, radicado 25000-23-42-000-2019-01094-00 y 25000-23-42-000-2019-01094-01
(4093-2024), dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, en
consecuencia, disponer

SEGUNDA: Dejar sin efecto la decisión proferida en la sentencia referida en la pretensión
PRIMERA y en su lugar, Acceder a las pretensiones de acuerdo con el libelo del medio de
control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho impetrado, y en consecuencia, ordenar
que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la providencia de la presente
acción de tutela, la Sección Segunda Subsección “B” del Consejo de Estado, profiera la
sentencia correspondiente en derecho.

TERCERA: Las anteriores pretensiones, se fundamentan en el defecto factico, y material o
sustantivo de la providencia, la cual es contraria al fin de garantizar el debido proceso y al
trabajo en condiciones dignas y justas; la providencia además en si misma se encuentra
fundada en un defecto de falsa o errónea motivación y en un defecto por violación directa de
la Constitución, además la providencia proferida por la Subsección “B” Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Segunda Subsección “B” del
Consejo de Estado, en una omisión, resultado de una actuación en contra de sentencia
debidamente ejecutoriada, desconociendo los efectos vinculantes y resolutivos de la sentencia
C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de
la Corte Constitucional.

CUARTA: Que con el fin de determinar lo ordenado en la sentencia C-931 del veintinueve
(29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Corte
Constitucional, se establezca y declare la pérdida de poder adquisitivo del valor consagrado
como asignación básica y gastos de representación fijados en los decretos salariales por el
Gobierno Nacional a los Ministros de Despacho a partir de lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 2 del Decreto 872 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2 de junio de 1992), y la
consecuente diferencia efectuada en las anualidades de los años 1993 a 2004, ello, como
consecuencia del ajuste año a año realizado por parte del Gobierno Nacional, y la que
realmente corresponde por ajustes de la inflación causada respecto del año inmediatamente
anterior, los cuales se encuentran establecidos en las escalas de asignación básica de los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva, entre los cuales se fijan la de los Ministros de
Despacho, con la expedición de los Decretos 11 de 1993 (Diario Oficial No. 40.711, de 7 de
enero de 1993), 42 de 1994 (Diario Oficial No. 41.168, de 11 de enero 1994), 25 de 1995
(Diario Oficial No. 41.673 de 13 de enero de 1995), 10 de 1996 (Diario Oficial No. 42.689, de
17 de enero de 1996), 31 de 1997 (Diario Oficial No. 42.960, de 17 de enero de 1997), 1758
de 1997 (Diario Oficial No. 43.083, de 14 de julio de 1997), 40 de 1998 (Diario Oficial No.
43.212, de 10 de enero de 1998), 35 de 1999 (Diario Oficial No. 43.473, de 8 de enero de
1999), 2720 de 2000 (Diario Oficial No. 44.272, de 27 de diciembre de 2000), 2710 de 2001
(Diario Oficial No. 44.651, de 19 de diciembre de 2001), 660 de 2002 (Diario Oficial No. 44.770,
de 15 de abril de 2002), 3535 de 2003 (Diario Oficial No. 45.397, de 10 de diciembre de 2003),
4150 de 2004 (Diario Oficial No. 45.761, de 13 de diciembre de 2004), pérdida de poder
adquisitivo con la que se viene causando una serie de daños y perjuicios, con la cual se afecta
el núcleo esencial del derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario de
manera permanente desde el año 2004 a la fecha.

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Demandante: Aurelio Ordoñez Villamil
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07284-01

QUINTA: De conformidad al ordinal quinto de la sentencia C-931 del veintinueve (29) de
septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Corte Constitucional, y al
existir vicios sustanciales insubsanables con los cuales el Gobierno Nacional ha expedido los
Decretos 916 de 2005 (Diario Oficial No. 45.865, de 31 de marzo de 2005), 372 de 2006 (Diario
Oficial No. 46.177, de 9 de febrero de 2006), 600 de 2007 (Diario Oficial No. 46.558, de 2 de
marzo de 2007), 643 de 2008 (Diario Oficial No. 46.921, de 4 de marzo de 2008), 708 de 2009
(Diario Oficial No. 47.283, de 6 de marzo de 2009), 1374 de 2010 (Diario Oficial No. 47.692,
de 26 de abril de 2010), 1031 de 2011 (Diario Oficial No. 48.032, de 4 de abril de 2011), 853
de 2012 (Diario Oficial No. 48.412, de 25 de abril de 2012), 1029 de 2013 (Diario Oficial No.
48.794, de 21 de mayo de 2013), 199 de 2014 (Diario Oficial No. 49.057, de 9 de febrero de
2014), 1101 de 2015 (Diario Oficial No. 49.523, de 26 de mayo de 2015), 229 de 2016 (Diario
Oficial No. 49.784, de 12 de febrero de 2016), 999 de 2017 (Diario Oficial No. 50.259, de 9 de
junio de 2017), 330 de 2018 (Diario Oficial No. 50.512, de 19 de febrero de 2018), 1011 de
2019 (Diario Oficial No. 50.976, de 6 de junio de 2019), 304 de 2020 (Diario Oficial No. 51.240,
de 27 de febrero de 2020), 961 de 2021 (Diario Oficial No. 51.774, de 22 de agosto de 2021),
471 de 2022 (Diario Oficial No. 51.991, de 29 de marzo de 2022), 905 de 2023 (Diario Oficial
No. 52.414, de 2 de junio de 2023), 301 de 2024 (Diario Oficial No. 52.689, de 5 de marzo de
2024) y 611 de 2025 (Diario Oficial No. 53.138, de 4 de junio de 2025), por los cuales se fijan
las escalas de asignación básica de los empleos que sean desempeñados por empleados
públicos de la Rama Ejecutiva, entre los cuales se fijan las de los Ministros de Despacho y
evidenciándose que la pérdida de poder adquisitivo acumulado en las anualidades de los años
1992 a 2004, no han sido reconocidas. Decretar la Nulidad de estos en la parte pertinente de
conformidad a las pretensiones inicialmente solicitadas en el medio de control y/o inaplicar por
vía de excepción dichos decretos.

SEXTA: Que según lo determinado y ordenado en la sentencia C-931 del veintinueve (29)
de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Corte Constitucional, y
una vez establecida y declarada la pérdida de poder adquisitivo del valor consagrado como
asignación básica y gastos de representación fijados en los decretos salariales por el Gobierno
Nacional a los Ministros de Despacho a partir de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2
del Decreto 872 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2 de junio de 1992), y los decretos
subsiguientes con los cuales, se han realizado los ajustes año a año en el periodo
comprendido entre los años 1993 a 2025, se declare igualmente, la pérdida de poder
adquisitivo al valor fijado como asignación básica y/o sueldo básico de un oficial en el
grado de General o Almirante, ello consecuentemente de la implicación directa, material y
objetiva que consagran, la asignación básica y los gastos de representación fijados por el
Gobierno Nacional a los Ministros de Despacho, en la liquidación del Sueldo Básico de un
oficial en el grado de General o Almirante, de que tratan los artículos 14 y 15 del Decreto
921 de junio 2 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2 de junio de 1992), y del artículo 2º de
los Decretos 25 de 1993 (Diario Oficial No. 40.711, de 7 de enero de 1993), 65 de 1994 (Diario
Oficial No. 41.168, de 11 de enero 1994), 133 de 1995 (Diario Oficial No. 41.676 de 13 de
enero de 1995), 107 de 1996 (Diario Oficial No. 42.693, de 18 de enero de 1996), 122 de 1997
(Diario Oficial No. 42.965, de 23 de enero de 1997), 2072 de 1997 (Diario Oficial No. 43.113,
de 25 de agosto de 1997), 58 de 1998 (Diario Oficial No. 43.212, de 10 de enero de 1998), 62
de 1999 (Diario Oficial No. 43.473, de 8 de enero de 1999), 2724 de 2000 (Diario Oficial No.
44.272, de 27 de diciembre de 2000), 2737 de 2001 (Diario Oficial No. 44.651, de 19 de
diciembre de 2001), 745 de 2002 (Diario Oficial No. 44.773, de 18 de abril de 2002), 3552 de
2003 (Diario Oficial No. 45.398, de 11 de diciembre de 2003), 4158 de 2004 (Diario Oficial No.
45.761, de 13 de diciembre de 2004), 923 de 2005 (Diario Oficial No. 45.865, de 31 de marzo
de 2005), 407 de 2006 (Diario Oficial No. 46.178, de 10 de febrero de 2006), 1515 de 2007
(Diario Oficial No. 46.621, de 7 de mayo de 2007), 673 de 2008 (Diario Oficial No. 46.921, de
4 de marzo de 2008), 737 de 2009 (Diario Oficial No. 47.283, de 6 de marzo de 2009), 1530
de 2010 (Diario Oficial No. 47.698, de 3 de mayo de 2010), 1050 de 2011 (Diario Oficial No.
48.032, de 4 de abril de 2011), 842 de 2012 (Diario Oficial No. 48.412, de 25 de abril de 2012),
1017 de 2013 (Diario Oficial No. 48.794, de 21 de mayo de 2013), 187 de 2014 (Diario Oficial
No. 49.057, de 9 de febrero de 2014), 1028 de 2015 (Diario Oficial No. 49.519, de 22 de mayo
de 2015), 214 de 2016 (Diario Oficial No. 49.784, de 12 de febrero de 2016), 984 de 2017
(Diario Oficial No. 50.259, de 9 de junio de 2017), 324 de 2018 (Diario Oficial No. 50.512, de
19 de febrero de 2018), 1002 de 2019 (Diario Oficial No. 50.976, de 6 de junio de 2019), 318
de 2020 (Diario Oficial No. 51.240, de 27 de febrero de 2020), 976 de 2021 (Diario Oficial No.

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Demandante: Aurelio Ordoñez Villamil
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07284-01

51.774, de 22 de agosto de 2021), 466 de 2022 (Diario Oficial No. 51.991, de 29 de marzo de
2022), 910 de 2023 (Diario Oficial No. 52.414, de 2 de junio de 2023), 305 de 2024 (Diario
Oficial No. 52.689, de 5 de marzo de 2024) y 615 de 2025 (Diario Oficial No. 53.138, de 4 de
junio de 2025), evidenciándose primariamente la pérdida acumulada de poder adquisitivo del
sueldo básico de un General o Almirante, en las anualidades de los años 1992 a 2004; lo que
genera una pérdida de poder adquisitivo causada y acumulada en el periodo comprendido
entre los años 1992 a 2004, con la que se viene causando una serie de daños y perjuicios a
mi prohijado a partir del año 2004 y posteriores, por el incumplimiento de la sentencia C-931
del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la
Honorable Corte Constitucional.

SEPTIMA: Que como consecuencia de las anteriores pretensiones, se declare igualmente, la
pérdida del poder adquisitivo al valor porcentual fijado como sueldo básico a mi prohijado y
que según la Escala Gradual Porcentual se encuentra establecido en el grado de grado de
CORONEL en un 67.1283%, ello consecuentemente de la implicación de manera directa,
material y objetiva que consagran, la asignación básica y los gastos de representación fijados
por el Gobierno Nacional a los Ministros de Despacho, y de la Asignación Básica y/o el
Sueldo Básico de un oficial en el grado de General o Almirante, según lo establece el
artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, de conformidad al desarrollo contenido inicialmente en los
Decretos 872 y 921 de 1992, con los cuales se estructuro la base para consolidar una Escala
Gradual Porcentual para el personal de oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y
agentes de la Fuerza Pública; Escala Gradual Porcentual con la cual, se fijan los sueldos
básicos mensuales a los integrantes de la Fuerza Pública, los cuales corresponden al
porcentaje que se indica para cada grado, con respecto a la asignación básica del grado de
General; Teniéndose que dicha asignación básica no fue establecida, se ha de tener de
presente el desarrollo que sobre el sueldo básico indicado, conllevó la pérdida acumulada
efectuada en las anualidades de los años 1992 a 2004, lo anterior, como consecuencia de la
forma como el Gobierno Nacional ajusta año a año, la asignación básica y los gastos de
representación de los Ministros de Despacho, lo cual tiene una implicación directa, material
y objetiva sobre el sueldo básico de un oficial en el grado de General o Almirante;
evidenciándose primariamente la pérdida acumulada de poder adquisitivo del sueldo básico
de un General o Almirante, en las anualidades de los años 1992 a 2004; lo que genera una
pérdida de poder adquisitivo causada y acumulada en el periodo comprendido entre los años
1992 a 2004, aplicable en la Escala Gradual Porcentual, con la que se viene causando una
serie de daños y perjuicios a mi prohijado a partir del año 2004 y posteriores, por el
incumplimiento de la sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro
(2004), expediente D-5125 de la Honorable Corte Constitucional.

OCTAVA: De conformidad al parágrafo del artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, se realicen
las declaraciones, que el despacho judicial llegare a encontrar debidamente probadas dentro
de la presente acción de tutela, teniéndose como precedente los artículos 4, 13, 25, 48, 53,
123, 150, 230 y 334 de la Constitución Política y las disposiciones contenidas en las Leyes 42
de 1980, 1 de 1986, 4 de 1992, y al mandato Constitucional ordenado al Gobierno Nacional y
al Congreso de la Republica en la sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de
dos mil cuatro (2004), expediente D-5125.

NOVENA: Como medida restaurativa, ordénese al Ministro de Hacienda y Crédito Público, al
Ministro de Defensa Nacional, al Director del Departamento Administrativo de la Función
Pública, al Director de la Policía Nacional, al Director de la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional y a los funcionarios judiciales que avocaron el conocimiento y profirieron
sentencia en los procesos con radicación 25000-23-42-000-2019-01094-00 y 25000-23-42-
000-2019-01094-01 (4093-2024); a que en evento público dé amplia difusión y publicación se
dé a conocer lo resuelto en la presente acción de tutela, siendo el mismo trasmitido a través
de los canales institucionales del Estado Colombiano, y que en dicho acto las autoridades
deberán expresar sus responsabilidades, y expresen las disculpas por la violación a que fue
objeto el señor AURELIO ORDOÑEZ VILLAMIL por parte del Estado Colombiano desde el
año 2005 al no ser restaurado su derecho a mantener mi pensión acorde al derecho de
mantener el poder adquisitivo, tal como quedo ordenado en sentencia judicial C-931 del

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veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 por la
Honorable Corte Constitucional3.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

El señor Aurelio Ordoñez Villamil, luego de haber prestado sus servicios a la Policía
Nacional en el periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 1990 y 11 de
octubre de 2016, fue retirado del servicio activo en el grado de coronel de la
institución.

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, mediante Resolución 7074
del 26 de septiembre de 2016, reconoció a favor de la citada persona la asignación
de retiro. No obstante, posteriormente, se pidió la reliquidación de la prestación
económica, con base en la inflación presentada en el periodo de 1992 a 2004, y,
en igual sentido, con efectos retroactivos a partir de 2004 y hasta la fecha de su
retiro de la institución.

La anterior solicitud fue negada mediante los Oficios S- 2019 -001182 del 10 de
enero de 2019 y E-00001-201904726 del 6 de marzo de 2019, los cuales fueron
demandados ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, autoridad judicial que clausuró la primera instancia mediante
sentencia del 3 de mayo de 2024.

Para el juez a quo del proceso ordinario, la autoridad demandada no incurrió en
vicio alguno de ilegalidad de los actos administrativos enjuiciados, pues, de una
parte, no se cumplían las condiciones legales para acceder al reajuste pretendido,
y, por otra parte, tampoco se desconoció el ordenamiento jurídico frente al poder
adquisitivo del salario, dado que tanto el Gobierno Nacional como el Congreso de
la República, sobre la materia, dieron cumplimiento a los lineamientos fijados por la
Corte Constitucional en las sentencias C-1017 de 2003 y C-931 de 2004.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con ocasión del recurso de
apelación interpuesto por la parte actora, dictó providencia de segunda instancia el
20 de febrero de 2025. Al respecto, frente a los reparos planteados por el
demandante, indicó lo siguiente:

67. Como en el sub examine no se ha debatido que en las anualidades solicitadas se
hubiese disminuido el salario, sino que debía ser reajustado en los términos de la
sentencia antes mencionada, debe comprenderse que no se vulneró ese derecho y,
como se desempeñó como oficial de la Policía Nacional, al tenor de la misma
sentencia, aquel se podía limitar. Ahora, el hecho de que esos ajustes se hubieran
dispuesto en proporción inferior a la inflación causada en el año inmediatamente

3 Transcripción literal del texto original con posibles errores.

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anterior no conlleva por sí mismo a la vulneración de los derechos del actor, en razón
a que, en la sentencia mencionada, la Corte Constitucional consideró que este no es
«el único parámetro que pueda ser tenido en cuenta» para esos efectos.

68. Agregase a lo anterior que, tal como lo sostuvo la entidad demandada, el único
competente para fijar el aumento de los salarios es el gobierno nacional, de manera
que no son las vinculadas a esta litis las que están llamadas a reconocer un valor
mayor del dispuesto por aquel, en virtud del artículo 10 de la Ley 4 de 1992.

[…]

73. En ese orden argumentativo, ha de señalarse que el demandante no tiene derecho
a las diferencias salariales que solicitó; además, como el reajuste de la asignación de
retiro depende de la prosperidad del incremento del salario, no hay lugar a conceder
dicha petición, en razón a que el régimen de la Fuerza Pública ordena la aplicación
del principio de oscilación.

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes el 14 de mayo de 2025 4.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

El actor, luego de recapitular los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, explicando cómo, desde su punto de vista,
se encuentran satisfechos en el presente asunto, acusó las sentencias de haber
incurrido en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

En ese sentido, acotó que en el presente caso los juzgadores de instancia no
tuvieron en cuenta los derroteros que fijó la Corte Constitucional con ocasión de la
sentencia C-931 de 2004, la cual, en su criterio, no fue aplicada por las autoridades
judiciales accionadas, para, en su lugar, referir otras providencias judiciales que
incluso fueron dictadas con anterioridad a dicha providencia.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El magistrado ponente de la decisión de primera instancia, por auto del 10 de
diciembre de 20255: admitió la acción de tutela; ordenó la notificación de las
autoridades judiciales accionadas6; vinculó como terceros con interés a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional7, Policía Nacional8 y a la Caja de Sueldos de Retiro

4 Ver índice 12, cuaderno de segunda instancia, ordinario 25000-23-42-000-2019-01094-01
5 Ver índice 11, cuaderno de primera instancia.
6 A través de los correos electrónicos: scs02sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co,
rmemorialessec02sctadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co, notifjbedoya@consejodeestado.gov.co,
tutelasportocarrero@consejodeestado.gov.co, javilas@consejodeestado.gov.co,
sjaimesv@consejodeestado.gov.co, ihernandezb@consejodeestado.gov.co,
dcogolloj@consejodeestado.gov.co, nperezp@consejodeestado.gov.co y
ces2secr@consejodeestado.gov.co.
7 A través del correo electrónico: notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co.
8 A través de los correos electrónicos: segen.consejo@policia.gov.co y
notificacion.tutelas@policia.gov.co

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Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07284-01

de la Policía Nacional9; solicitó la remisión del expediente del proceso ordinario; y
reconoció personería jurídica al apoderado judicial del accionante.

1.6. Intervenciones

La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento a lo ordenado en el auto
admisorio de la acción de tutela, libró los oficios dirigidos a los sujetos procesales
en virtud de los cuales se recibieron los siguientes escritos:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

Por conducto del Magistrado Ponente de la decisión enjuiciada, explicó que sobre
este asunto ha habido varios casos similares, en los que los jueces de tutela han
negado o declarado la improcedencia de la acción.

Acto seguido, refirió que, contrario a lo planteado por la parte accionante, en el
asunto sometido a su conocimiento si se llevó a cabo el estudio de la sentencia C-
931 de 2004.

Finalmente, precisó que el amparo constitucional incurre en improcedencia por falta
de relevancia constitucional, pues busca que sea una tercera instancia frente a las
providencias dictadas por los jueces ordinarios, aunado que sus argumentos solo
reflejan inconformidades con los argumentos que en su oportunidad fueron
expuestos.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B

El Magistrado Ponente de la decisión de primera instancia recapituló los principales
hitos del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, para precisar
que el estudio del asunto se realizó atendiendo los derroteros legales
correspondientes y, por ende, no habría lugar a acceder a las pretensiones
plasmadas en el escrito de tutela.

1.6.3. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

En su intervención anticipó que no existió un hecho constitutivo de vulneración de
los derechos fundamentales invocados por el accionante, como quedó demostrado
en el proceso ordinario que negó las súplicas de nulidad y restablecimiento del
derecho. Conforme lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia de la acción
constitucional.

9 A través del correo electrónico: judiciales@casur.gov.co

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Por otro lado, puso de presente que la acción de tutela cuestiona únicamente las
decisiones de instancia, sin que se formule reparo alguno a dicha entidad y, en ese
sentido, solicitó su desvinculación del trámite.

1.6.4. Policía Nacional

Explicó que en el presente asunto no se advierte la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el señor Ordoñez Villamil, pues su controversia fue
conocida por dos autoridades judiciales que concluyeron que no había ilegalidad
alguna de las decisiones de la administración.

Asimismo, puso de presente que en el presente asunto no se acredita la existencia
de un perjuicio irremediable que justifique la acción de tutela, pues el actor
actualmente devenga su asignación de retiro que es cubierta por la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional.

En suma, solicitó de manera principal que se nieguen las pretensiones de amparo,
dado que el amparo no puede ser usado como un medio de impugnación
extraordinario frente a las providencias dictadas en el curso del proceso ordinario.

1.7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 12 de febrero de 2026,
declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Aurelio
Ordoñez Villamil, por cuanto el debate planteado no gozaba de relevancia
constitucional.

Para arribar a dicha conclusión, estimó que los argumentos sobre los cuales
descansa la solicitud de amparo coincidía con los planteados a lo largo del
contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo anterior, por cuanto el fin
perseguido en ambos trámites es idéntico, al punto que el fundamento es la misma
sentencia de la Corte Constitucional, esto es la sentencia C-931 de 2004.

En ese sentido, concluyó que el mecanismo constitucional, para el presente caso,
tenía como finalidad que el juez de tutela realice un nuevo estudio del debate
suscitado entre las partes del proceso ordinario, lo cual significaría, en otros
términos, que sería una tercera instancia.

Por otro lado, en cuanto a la solicitud de desvinculación que en su momento formuló
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, negó la misma por cuanto la
entidad en comento tenía un interés en las resultas del caso.

La decisión fue notificada a través de correo electrónico enviado el 16 de febrero de
2026.

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1.8. Impugnación

Con escrito radicado el 19 de febrero de 2026, la parte actora presentó impugnación
a la decisión de primera instancia solicitando su revocatoria para, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la acción de tutela.

Reprochó que el fallo indicara que el asunto no gozaba de relevancia constitucional,
desconociendo decisiones de la Corte Constitucional en las cuales ha aceptado el
amparo como mecanismo para salvaguardar los derechos de las personas.

Alegó que no es posible sostener que la decisión cuestionada ya no puede ser
enjuiciada, alegando un supuesto fenómeno de cosa juzgada. Lo anterior, por
cuanto, vía tutela, es posible reprochar dicha sentencia incluso después de estar en
firme.

En suma, solicitó que se revoque el fallo del 12 de febrero de 2026 y, como
consecuencia de lo anterior, se accedan a las súplicas establecidas en el escrito de
amparo.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación al fallo de tutela proferido
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019 del Consejo
de Estado.

2.2. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante y el material probatorio recaudado, corresponde a la Sala definir si
confirma, modifica o revoca la decisión de primera instancia. Por lo anterior, es
menester resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿Se superan los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se responderá lo siguiente:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, vulneró los
derechos fundamentales invocados por el señor Aurelio Ordoñez Villamil, con
ocasión de la sentencia del 20 de febrero de 2025 dictada al interior del
proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
radicado 25000-23-42-000-2019-01094-00/01?
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Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) estudio sobre los requisitos de procedencia
adjetiva y, finalmente, de encontrarse superados (iv) el caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201210
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11 y declaró su
procedencia.12

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
12 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
10
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2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

El criterio de relevancia constitucional establece la distinción que debe existir entre
el juez natural del caso y el juez constitucional, respetando la competencia que cada
uno tiene. Pues, como se ha sostenido en líneas anteriores, la acción de tutela no
se erige en una tercera instancia. Al respecto, la Sala considera pertinente traer a
colación lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022 13,
la cual, desarrolló y explicó los derroteros que deben observarse en aplicación de
este requisito de relevancia constitucional.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se
garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal14 (Énfasis de la
Sala).

13 M.P. Natalia Ángel Cabo.
14 Sentencia SU-573 de 2019.

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De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico15; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”16

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal.”17 En este orden, se reitera que el examen de
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”18

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto19, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal20. (Resaltado de
la Sala)

2.5. Caso Concreto

Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación al amparo
constitucional, el fallo de primera instancia, la impugnación presentada por la parte
actora y las pruebas incorporadas al trámite, la Sala confirmará la decisión de
primera instancia

15 Sentencia SU-103 de 2022.
16 Sentencia SU-103 de 2022.
17 Sentencia SU-103 de 2022.
18 Sentencia SU-128 de 2021.
19 Sentencia SU-573 de 2019.
20 Ibid.

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Como punto de partida, se comparte la conclusión que en su momento expuso el a
quo al concluir que el argumento expuesto por el actor, esto es lo atinente a la
aplicación de la sentencia C-931 de 2004 dictada por la Corte Constitucional, fue un
asunto que fue estudiado tanto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, como por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B.

Lo anterior, pone en evidencia, sin mayores disquisiciones, que la pretensión del
accionante, es que a través de la acción de tutela, el juez constitucional se erija en
una tercera instancia que estudie desde el punto de vista legal las pretensiones que
en su momento se ventilaron en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento
del derecho.

Ahora bien, tanto en el escrito introductorio como en el de impugnación, se plantea
un yerro frente a la aplicación de la citada sentencia C-931 de 2004 al caso del
señor Ordoñez Villamil. No obstante, esta Sección estima que dicho reparo se
contrae es a la mera inconformidad de la parte con las conclusiones expuestas por
la accionada en su providencia, lo cual no implica que trasgreda garantías
constitucionales.

Adicionalmente, se destaca que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de
2022, precisó que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales debe examinarse con especial rigor, correspondiendo al accionante
demostrar la existencia de una afectación desproporcionada a un derecho
fundamental derivada de una actuación judicial abiertamente arbitraria.

Asimismo, se debe tener en cuenta que en este caso en particular, el amparo tiene
como objeto cuestionar una decisión que fue proferida por el órgano de cierre de la
jurisdicción contencioso-administrativa en su especialidad laboral, lo cual impone
una mayor carga desde el punto de vista argumentativo, en la que evidencie de
manera clara e irrefutable el yerro endilgado. No obstante, dicha labor se echa de
menos en el presente asunto, pues, se reitera, la parte se limitó a reiterar los reparos
que fundamentaron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por lo anterior, se pone de presente que formular un desacuerdo con una decisión
judicial y alegar, de manera concomitante, la vulneración de derechos
fundamentales no convierte automáticamente el asunto en uno de relevancia
constitucional.

Finalmente, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el
debate planteado por la parte actora busca mutar la acción constitucional en una

13
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instancia adicional y reabrir un debate ya zanjado por el juez contencioso, conforme
las etapas que para tal efecto estableció el legislador.

De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela y la
desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el requisito de relevancia
constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de febrero de 2026, en virtud de la
cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró la improcedencia de la
acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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