Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07301-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07301-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07301-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
22 de enero de 2026
Demandante: Carlos Efrén Cáceres
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07301-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07301-00
Demandante: CARLOS EFRÉN CÁCERES
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Tema: Improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos.
Requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Carlos Efrén Cáceres, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela1
contra el Consejo Superior de la Judicatura -en adelante C.S.J-, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial - en adelante DEAJ-, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Santa Marta, Magdalena - en adelante DEAJ Seccional
Santa Marta- y la Unidad de Administración de Carrera Judicial - en adelante UDAE-,
con la que pretende el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, al «mérito y a la carrera judicial».
En sentir del actor, las citadas garantías constitucionales fueron vulneradas por las
resoluciones proferidas por las autoridades accionadas, debido a que, se omitió el
derecho al ascenso del que gozaba el accionante, por ostentar derechos de carrera en
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta.
1 Índice 002 de Samai. Tutela radicada el 19 de noviembre de 2025 a la que se le asignó la secuencia
interna número 11812.
1
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1.2. Pretensiones
El accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en
consecuencia, pidió:
1. Que la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección de
Carrera Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nivel Central -
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta,
reconozca que CARLOS EFREN CACERES, adscrito a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Santa Marta, pertenezco al Régimen de Carrera Judicial y no a
Jurisdicción Laboral Ordinaria.
2. Que la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección de
Carrera Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nivel Central -
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta,
reconozca que CARLOS EFREN CACERES, adscrito a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Santa Marta, deben garantizarme el acceso de Derechos y
Oportunidades, tal como le son garantizadas a los Servidores Judiciales que
Administran Justicia.
3. Que la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección de
Carrera Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nivel Central -
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta,
reconozca a CARLOS EFREN CACERES, igualdad de oportunidad para optar
en los cargos laborales Permanentes, Provisionales o por Encargo, que se
oferten en la entidad, previo cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos.
4. Que la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección de
Carrera Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nivel Central -
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta,
ponga en práctica la normatividad vigente para el retiro de Servidores y
empleados que cumplen con los requisitos para la pensión2.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
El actor explicó que ostenta derechos de carrera en el cargo de auxiliar administrativo
grado 3 de la DEAJ Seccional Santa Marta3.
Señaló que, el 10 de julio de 2025 pidió a la UDAE información sobre los cargos de la
DEAJ Seccional de Santa Marta, discriminado a quienes ostentan derechos de carrera
judicial. La entidad atendió la solicitud en lo que le era competente en el oficio
2 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.
3 Tomó posesión del cargo en propiedad el 7 de marzo de 2019 mediante la Resolución DESAJSMR19-
143 de marzo de 2019 y fue inscrito en carrera judicial a través de la Resolución CSJMAR23-1158de
2023
2
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UDAEO25-1459 el 9 de abril de 20254 y trasladó la petición a la DEAJ Seccional Santa
Marta. Esta última, mediante el oficio DESAJSMO25-799 el 31 de julio de 20255
resolvió la solicitud en lo referente a los cargos que se encuentran adscritos en carrera.
Por otro lado, el tutelante refirió que, el 20 de agosto de 2025 se presentó una vacante
temporal para cubrir una licencia de maternidad en el cargo de asistente administrativo
grado 5 en la DEAJ Seccional Santa Marta, al cual aspiró. Sin embargo, en este
empleo la entidad designó a la señora Shadia Chedraui Royero mediante la Resolución
número 1887 del 21 de agosto de 20256.
El accionante recurrió la Resolución número 1887 de 2025 alegando que, la nombrada
no ostentaba cargos de carrera, ni se encontraba en la lista de elegibles. Además,
cuestionó el hecho de que la vacante no se publicara en el micrositio creado por el
C.S.J., con el fin de que todas las personas interesadas pudieran postularse.
Asimismo, manifestó que en la designación se desatendió lo establecido en el Acuerdo
PCSJA24-12238 de 20247 que dispone que en las vacancias temporales de un cargo
se optará por nombrar a un funcionario de carrera o que haga parte de la lista de
elegibles.
La DEAJ Seccional Santa Marta resolvió el recurso de alzada a través de la Resolución
DESAJSMR25-2006 del 6 de octubre de 2025 comunicada en la misma fecha al actor8.
En esta indicó que, al estudiar la hoja de vida de la señora Shadia Chedraui Royero
advirtió que cumplía ampliamente los requisitos para desempeñar el cargo. En
consecuencia, concluyó que la Resolución 1887 de 2025 se expidió «conforme a las
necesidades del servicio, los procedimientos establecidos y las normas vigentes».
De igual forma, en el referido acto administrativo le explicó que el Acuerdo PCSJA24-
12238 de 2024 se dirige a los despachos judiciales y no a las direcciones seccionales,
pues estas se encargan de la prestación de servicios y ejecución de políticas de
carácter administrativo.
Frente a la anterior el accionante elevó solicitud de aclaración pidiendo: (i) que se le
explique cuál es el perfil [académico y experiencia] para ejercer el cargo de asistente
administrativo grado 5; (ii) se le informe sobre el Acuerdo que se aplica para definir los
4 Índice 002 de Samai. En este oficio la UDAE remitió al actor información general sobre los cargos
adscritos a la DEAJ Seccional Santa Marta.
5 Índice 002 de Samai. En el referido documento la DEAJ Seccional Santa Marta hizo una relación de
las personas que laboran en esa dependencia, el cargo que estas ocupan e indicó si se encuentran
vinculadas en carrera judicial o no.
6 Por medio de la cual se concede una licencia por maternidad a la señora Ligia Patricia Rodríguez y se
dispone un nombramiento en Provisionalidad a la señora Shadia Chedraui Royero en el cargo de
asistente administrativo grado 5.
7 Por el cual se reglamenta el numeral 2 del artículo 132 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo
68 de la Ley 2430 de 2024.
8 Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación contra la Resolución DESAJSMR25-1887
de 21/08/2025.
3
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perfiles para un cargo; (iii) se le indique si la nombrada no está inhabilitada para
posesionarse en la vacante9; (iv) le explique por qué inaplicó el Acuerdo PCSJA24-
12238 de 2024 argumentado que fue suspendido de forma temporal por el Consejo de
Estado10, si la medida cautelar de suspensión se decretó después de la designación
de la señora Shadia Chedraui Royero.
La solicitud de aclaración se resolvió por la DEAJ Seccional Santa Marta mediante la
Resolución DESAJSMO25-1520 que fue comunicada al tutelante el 11 de noviembre
de 202511.
1.4. Fundamentos de la vulneración
El tutelante sostuvo que, el nombramiento de la señora Shadia Chedraui Royero se
efectuó de forma irregular, pues no es una empleada que ostente derechos de carrera
judicial, sin embargo, alegó que, este tipo de situaciones ocurren todo el tiempo en la
DEAJ Seccional Santa Marta, donde la directora de la entidad nombra a su voluntad a
los servidores de esta dependencia.
Expuso el caso de otro nombramiento que, a su juicio, fue arbitrario, y es que, en el
mes de septiembre de 2025, en el cargo de asistente administrativo grado 7 se designó
en provisionalidad a un servidor que ya superó los 66 años, por lo que cumple los
requisitos para adquirir la pensión de jubilación.
En ese sentido, concluyó que, es un desacierto que sea la misma DEAJ Seccional
Santa Marta la que vulnere los derechos fundamentales de los servidores judiciales
que administran justicia, máxime, cuando han adquirido derechos de carrera.
9 El sustento de esta inconformidad lo fundamentó en que la servidora Shadia Chedraui Royero estuvo
vinculada con la empresa Power Services L.T.D.A.
10 Señaló que, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
11001-03-25-000-2025-00056-00 el Consejo de Estado profirió el auto del 5 de septiembre de 2025 en
el que ordenó suspender parcialmente y de forma temporal los efectos del Acuerdo PCSJA24-12238 de
2024.
11 Índice 002 de Samai.
4
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1.5. Trámite de la acción de tutela
1.5.1 Admisión de la tutela
Por medio de auto del 24 de noviembre de 2025, la Magistrada Ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la parte accionante12, y como parte accionada, al
C.S.J.13, a la DEAJ Seccional Judicial de Santa Marta14, a la DEAJ15 y a la UDAE16.
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado
del proceso al Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena17 [autoridad receptora
de algunas solicitudes] y a la señora Shadia Chedraui Royero18 [persona nombrada en el
cargo aspirado por el actor].
Asimismo, ofició a las secretarías del Consejo Superior de la Judicatura, de la DEAJ
Seccional Santa Marta, a la DEAJ y la UDAE para que publiquen la presente tutela en
la página institucional.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se recibieron las
siguientes:
1.6.1. DEAJ19
Explicó que, el actor adjudica la vulneración de sus derechos fundamentales a la
expedición de la Resolución DESAJSMR25-2006 del 6 de octubre de 2025 proferida
por la DEAJ Seccional Santa Marta y otros actos administrativos emitidos por esa
misma autoridad, en los que atendió solicitudes elevadas por el accionante, referentes
a la forma en que se proveen los empleos de la planta de personal de esa dependencia
Además, recordó que, si bien la DEAJ administra a la Rama Judicial a nivel nacional,
también desconcentró muchas de sus tareas en las diferentes direcciones seccionales
de cada región o departamento en las que pueden ejecutar su labor con autonomía
suficiente; dentro de estas se encuentran las situaciones administrativas sobre el
régimen salarial y prestacional de los servidores judiciales.
12 Índice 007 de Samai. La notificación se envió al correo: carlosc1445@hotmail.com y
ccacere@cendoj.ramajudicial.gov.co.
13 Índice 007 de Samai. La notificación se envió al correo:
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co.
14 Índice 007 de Samai. La notificación se envió al correo: mrlopeze@cendoj.ramajudicial.gov.co
dsajsmrnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co; ofjudstma@cendoj.ramajudicial.gov.co.
15 Índice 007 de Samai. La notificación se envió al correo: deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co.
16 Índice 007 de Samai. La notificación se envió al correo: carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co.
17 Índice 007 de Samai. La notificación se envió al correo: consecmag@cendoj.ramajudicial.gov.co
auditsantamarta@cendoj.ramajudicial.gov.co y mecsjmagdalena@cendoj.ramajudicial.gov.co.
18 Índice 015 de Samai. La notificación se envió al correo: schedraur@cendoj.ramajudicial.gov.co.
19 Índice 014 de Samai.
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Por lo anterior, consideró que carece de legitimación en la causa para resolver las
reclamaciones elevadas por el actor, por lo que solicitó su desvinculación.
1.6.2. Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena20
El presidente de la entidad indicó que, conforme a las funciones que le otorga el
artículo 101 de la Ley 270 de 1996 no se encuentra la competencia nominadora en los
cargos que corresponden a cada seccional, pues esa potestad es exclusiva de la
dirección de las respectivas dependencias: en este caso, de la directora de la DEAJ
Seccional Santa Marta.
En consecuencia, concluyó que se configura una falta de legitimación en la causa por
pasiva de esta dependencia y pidió ser desvinculado.
1.6.3 Álvaro Torres Cotes
El interesado allegó un escrito en el que manifestó ser víctima de discriminación, en
los mismos términos que el accionante, dado que también postuló su hoja de vida para
ocupar el cargo de asistente administrativo grado 5 en provisionalidad, sin embargo,
en dicha vacante se designó a la señora Shadia Chedraui Royero, quien no hace parte
de la lista de elegibles ni ostenta derechos de carrera judicial.
Indicó que, tal como lo hizo el actor, también recurrió la resolución de nombramiento
de la referida servidora, no obstante, su solicitud se resolvió de forma desfavorable por
la DEAJ Seccional Santa Marta y esta respuesta le genera inquietudes respecto de si
los empleados adscritos a esta dependencia pueden ser tenidos en cuenta o no para
un ascenso o una licencia.
1.6.4 UDAE21
La entidad solicitó su desvinculación del presente proceso de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no tiene competencia ni
injerencia alguna en lo pretendido por el actor porque la decisión sobre los
nombramientos de los empleados de las direcciones ejecutivas seccionales
corresponde exclusivamente a los directores de cada seccional.
De no acceder a lo anterior pidió que se niegue el amparo puesto que no ha vulnerado
los derechos fundamentales invocados por el accionante.
20 Índice 017 de Samai.
21 Índice 019 y 020 de Samai.
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1.6.5. DEAJ Seccional Santa Marta22
La directora de esta dependencia manifestó que el problema que plantea el actor gira
en torno a su inconformidad con las decisiones administrativas relacionadas con: (i) la
provisión temporal del cargo de asistente administrativo grado 5 con ocasión de la
licencia de maternidad de la servidora que lo venía ocupando en provisionalidad, para
cuya vacante se postuló el accionante; (ii) la continuidad del señor Luis Alberto
Zambrano en un empleo de planta pese a que ya cumple las condiciones para adquirir
la pensión de jubilación.
Respecto del primer caso indicó que, se trata de una tutela contra la Resolución
DESAJSMR25-2006, mediante la cual esta dirección decidió un recurso y explicó que,
después de valorar las hojas de vida que se presentaron, valoró la experiencia, la
formación y la trayectoria dentro de la entidad, y concluyó que la señora Shadia
Chedraui Royero, quien ya se encontraba vinculada, contaba con un perfil más
ajustado para las funciones del cargo, sin embargo, el actor está inconforme con lo
anterior, dada su aspiración a esa oferta laboral.
Explicó que, dicha decisión se ajustó a lo previsto en la Ley 270 de 1996 que señala
que la provisión de cargo se hace a través del concurso de méritos, no obstante, en
ausencia de una lista de elegibles se pueden proveer las vacantes por medio de la
figura de la provisionalidad, como en efecto se hizo.
En consecuencia, en lo que a esta pretensión se refiere, pidió que se declare
improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad porque el tutelante
pretende usar este mecanismo para que se revoquen los actos administrativos de
nombramiento en provisionalidad y se le otorgue una especie de «derecho preferente»
con el fin de obtener el ascenso, para lo cual, el peticionario cuenta con el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa.
Frente a la segunda circunstancia, explicó que, en lo que respecta al señor Zambrano,
el área de talento humano de la seccional se encuentra haciendo las verificaciones del
caso para establecer si efectivamente cumple con los requisitos para acceder a la
pensión dado que esta institución no puede proceder al retiro de un servidor sin haber
verificado su situación pensional, sin embargo, el actor no le es dable usar la tutela
para presionar una decisión administrativa anticipada, menos cuando ello implicaría
afectar los derechos de otro empleado, el cual ni siquiera es parte en este proceso.
Finalmente señaló que, ha resuelto cada una de las solicitudes elevadas por el
tutelante de forma completa y célere y fueron debidamente notificados, por lo que
concluyó que no existe vulneración a los derechos por este invocados.
22 Índice 021 de Samai.
7
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la acción
constitucional presentada por el señor Carlos Efrén Cáceres, por cuanto esta se dirige,
entre otros, contra el Consejo Superior de la Judicatura. Lo anterior, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto Ley
2591 de 1991, el numeral 8º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, y el artículo 25 del Acuerdo 080
de 2019 «Reglamento Interno del Consejo de Estado».
2.2. Cuestión previa
2.2.1. Solicitud de desvinculación
La UDAE, el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena y la DEAJ solicitaron
su desvinculación, dado que, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por
pasiva.
Esta solicitud será negada, dado que, precisamente las acciones realizadas por cada
una de las accionadas y su eventual responsabilidad serán materia de estudio en este
proceso. En ese sentido, es necesario conservar la vinculación de todos los que se
pudieran ver involucrados en la posible transgresión de los derechos fundamentales
invocados.
2.2.2. Solicitud de vinculación
El 21 de enero de 2021 la señora Noraida Ladino Lozano pidió ser vinculada a este
mecanismo constitucional, bajo el siguiente argumento:
«Considero que al igual que al compañero CARLOS EFREN CACERES mis derechos
también están siendo vulnerados y cito la tutela interpuesta con radicado 11001-03-15-
000-2025-07301-00, es por lo cual mediante el correo electrónico solicito mi vinculación
al presente tramite constitucional.»
La anterior petición será negada por cuanto la Sala no advierte que exista un interés
legítimo en el presente trámite constitucional dado que la señora Ladino Lozano no
presentó ninguna oposición contra la Resolución número 1887 de 2025, por la cual se
nombró a la señora Shadia Chedraui Royero; cuya designación fue recurrida por el
accionante y ello culminó en la expedición de la Resolución DESAJSMR25-2006 del 6
de octubre de 2025, siendo este el acto administrativo controvertido en la presente
acción.
8
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En efecto el acto controvertido afecta directamente los intereses del tutelante, situación
que no se advierte frente a la solicitante, máxime porque ni siquiera explica cuál es el
motivo de su inconformidad frente a lo que se debate en este mecanismo, ni las
razones por la que considera vulnerados sus derechos fundamentales.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala dar respuesta al siguiente interrogante:
• ¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad del actor, al expedir las Resoluciones 1887 de 2025;
DESAJSMR25-2006 del 6 de octubre de 2025, y; DESAJSMO25-1520 del 11
de noviembre de 2025 a través de las que se efectuó un nombramiento en
provisionalidad en el cargo de asistente administrativo grado 5 en la DEAJ
Seccional Santa Marta?
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
naturaleza de la acción de tutela; (ii) el carácter subsidiario del mecanismo
constitucional y su procedencia excepcional frente a actos administrativos susceptibles
de control ante el juez contencioso administrativo y, (iii) el análisis del caso concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de forma supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro mecanismo, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable23.
2.5. El carácter subsidiario del mecanismo constitucional y su procedencia
excepcional frente a actos administrativos susceptibles de control ante el juez
contencioso administrativo
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la tutela y determina que “[e]sta
acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
23 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
9
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judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto Ley 2591
de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de cada
proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la jurisprudencia.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos,
no puede desconocer las acciones judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico,
ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que
conoce de un asunto de su competencia24.
El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991, de donde
se deriva que la protección de los derechos fundamentales no es un asunto reservado
exclusivamente a la acción de tutela, ya que todas las herramientas jurídicas deben,
en principio, buscar la defensa de aquellos y los operadores judiciales deben cumplir
su función jurisdiccional como jueces de convencionalidad, de constitucionalidad y de
legalidad.
Por tanto, esta Sala reitera su posición en el sentido de que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las
controversias que se puedan suscitar frente a un acto administrativo, en atención a la
existencia de los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del
derecho, en los cuales se pueden solicitar medidas cautelares en los términos de los
artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 201125.
Ahora bien, lo expuesto no desconoce que, en determinadas oportunidades, el
mecanismo de defensa judicial principal no resulta idóneo ni eficaz para otorgar la
protección solicitada, toda vez que puede emitirse una decisión administrativa que,
pese a encontrarse protegida por la presunción de legalidad, esta resulte
24 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y
la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo
común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la
Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada
una de las jurisdicciones.”
25 La posesión contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del
Consejo de Estado, del 10 de septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-23 33-
000-2015-00440-01 y del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-000-2016
00293-01.
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absolutamente arbitraria, discriminatoria o que su aplicación práctica vulnere el núcleo
esencial de los derechos fundamentales. En esos casos, el recurso de amparo se torna
procedente y desplaza a la acción judicial primordial para conjurar la afectación de las
garantías superiores.
2.6. Caso concreto
La parte actora sostuvo que sus garantías constitucionales han sido vulneradas por
las entidades accionadas, con la expedición de la Resolución DESAJSMR25-2006 6
de octubre de 2025 emitida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Santa Marta, Magdalena, y las demás resoluciones que la confirmaron y
aclararon.
Consideró que, se transgreden sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso puesto que, pese a que ocupa un cargo de carrera en la DEAJ Seccional
Santa Marta y se postuló a la vacante provisional en el empleo de asistente
administrativo grado 5 de esa dependencia; la referida entidad optó por nombrar a la
señora Shadia Chedraui Royero a través de la Resolución DESAJSMR25-2006 6 de
octubre de 2025, pese a que la servidora no ostenta derechos de carrera, ni se
encuentra en la lista de elegibles.
Además, señaló que la oferta de empleo referida no se publicó en el micrositio creado
por el C.S.J. para tal fin, desatendiendo lo establecido en el Acuerdo PCSJA24-12238
de 202426.
Previo a adentrarse en el estudio del asunto de la referencia, la Sala advierte que el
presente caso no supera el requisito de subsidiariedad porque el señor Carlos Efrén
Cáceres interpone este mecanismo con ocasión de la expedición de la Resolución
DESAJSMR25-2006 de 2025, con la que se despachó desfavorablemente el recurso
interpuesto contra la Resolución 1887 de 2025, que había nombrado en
provisionalidad a la señora Shadia Chedraui Royero en el cargo de asistente
administrativo grado 5 en la DEAJ Seccional Santa Marta; vacante a la que el
accionante también aspiró.
De esta solicitud de amparo, se observa que la tanto la Resolución 1887 de 2025,
como la DESAJSMR25-2006 6 de octubre de 2025, corresponden a actos
administrativos que contienen decisiones de la administración pasibles de control
judicial, de manera que la inconformidad que expuso la parte actora respecto de las
aludidas determinaciones administrativas deben plantearse ante el juez de lo
contencioso administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, el cual dispone:
26 Por el cual se reglamenta el numeral 2 del artículo 132 de la Ley 270 de 1996, modificado por el
artículo 68 de la Ley 2430 de 2024.
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Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso
o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el
daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo
del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o
la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la
demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.
Asimismo, al interior del mencionado proceso es factible que el actor solicite ante el
juez natural del asunto las medidas cautelares que considere necesarias para proteger
y garantizar el objeto del proceso, como lo indica el artículo 229 ibidem:
En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de
ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a
petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente
decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias
para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de
la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
Incluso, tratándose de la situación particular del accionante, podrá solicitar la
suspensión provisional del acto administrativo objeto de la demanda, atendiendo los
parámetros que para tal efecto dispone el artículo 231 ibidem que indica lo siguiente:
Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de
sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o
en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis
del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como
violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente
se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá
probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.
Al respecto, se remembra que el objeto de la acción de tutela de la referencia es
discutir las decisiones adoptadas por la DEAJ Seccional Santa Marta que derivaron en
el nombramiento de la señora Shadia Chedraui Royero en el cargo de asistente
administrativo grado 5 y, en consecuencia, que se nombre al actor en esa vacante.
Cuestión que fue planteada por el accionante ante la entidad y que le resolvió
negativamente.
Así las cosas, se insiste en que el juez de tutela no está instituido para analizar la
legalidad de los actos administrativos y verificar si en el proceso de expedición de éstos
no se incurrió en irregularidad alguna que afecte su validez, dado que para tales
menesteres el legislador estableció una vía judicial ordinaria.
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Finalmente, es preciso señalar que, en este caso, tampoco se acreditó ninguna de las
circunstancias excepcionales que la jurisprudencia ha admitido como válidas para
superar el requisito de la subsidiariedad. Esto es así porque:
a) El cargo de asistente administrativo grado 5 no es de aquellos de periodo fijo
determinado por la Constitución o por la ley27.
b) En este caso no se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer
lugar en la lista de elegibles, toda vez que la discusión del actor estaba dirigida al
reconocimiento de una prevalencia para ocupar la vacante de asistente administrativo
grado 5 por ostentar un empleo de carrera en un grado inferior.28
c) No se exhiben circunstancias a primera vista que podrían afectar los derechos
fundamentales del accionante y no hay evidencia de que los fundamentos de las
pretensiones y la afectación puedan escapar del control del juez de lo contencioso
administrativo. Por tanto, no se acreditó que este asunto contenga «una marcada
relevancia constitucional»29.
d) La parte actora no demostró, ni en el proceso constitucional se observó que esta se
encontrara bajo condiciones particulares de edad, estado de salud, condición social u
otras, por las cuales resultase desproporcionado exigirle acudir al mecanismo ordinario
ante los jueces administrativos.30
Así las cosas, al existir otro medio de defensa para lo pretendido por el tutelante y no
acreditarse ninguna situación excepcional, se encuentra que, el mecanismo principal
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el idóneo y eficaz para obtener
la protección de los derechos fundamentales invocaos por la parte accionante.
En consecuencia, como la acción promovida no satisface el requisito de la
subsidiariedad, se declarará su improcedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
27 Corte Constitucional, sentencias T-509 de 2011, T-604 de 2013, T-748 de 2013, SU-553 de 2015, T-
551 de 2017, T-610 de 2017 y T-059 de 2019.
28 Corte Constitucional, sentencias SU-136 de 1998, T-455 del 2000, T-102 de 2001, T-077 de 2005, T-
521 de 2006, T-175 de 2009, T-556 de 2010, T-156 de 2012, entre otras.
29 Corte Constitucional, sentencias T-785 de 2013, T-160 de 2018, entre otras.
30 Corte Constitucional, sentencia T-320 de 2024; T-179 de 2024.
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FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la UDAE, el Consejo
Seccional de la Judicatura del Magdalena y la DEAJ respecto de la presente acción de
tutela.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de vinculación de la señora Noraida Ladino Lozano,
de conformidad con lo expuesto.
TERCERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela instaurada por
el señor Carlos Efrén Cáceres por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme
a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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