Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07301-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07301-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07301-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
16 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07301-01
Demandante: Carlos Efrén Cáceres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07301-01
Demandante: Carlos Efrén Cáceres
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Tema: Tutela contra acto administrativo. Requisitos generales de
procedencia. Subsidiariedad.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de
tutela del 22 de enero de 2026, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
que resolvió:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la UDAE, el Consejo Seccional
de la Judicatura del Magdalena y la DEAJ respecto de la presente acción de tutela.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de vinculación de la señora Noraida Ladino Lozano, de
conformidad con lo expuesto.
TERCERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela instaurada por el
señor Carlos Efrén Cáceres por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 20 de noviembre de 2025, el señor Carlos Efrén Cáceres interpuso acción de tutela
contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta y
Dirección de Carrera Judicial, por estimar vulnerados los derechos fundamentales a
la igualdad, debido proceso y al «mérito y carrera». En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:
1. Que la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección de Carrera
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nivel Central - Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta, reconozca que CARLOS
EFREN CACERES, adscrito a la Dirección Ejecutiva Seccional de Santa Marta,
pertenezco al Régimen de Carrera Judicial y no a Jurisdicción Laboral Ordinaria.
2. Que la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección de Carrera
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nivel Central - Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta, reconozca que CARLOS
EFREN CACERES, adscrito a la Dirección Ejecutiva Seccional de Santa Marta, deben
garantizarme el acceso de Derechos y Oportunidades, tal como le son garantizadas a
los Servidores Judiciales que Administran Justicia.
3. Que la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección de Carrera
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nivel Central - Dirección
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Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta, reconozca a CARLOS
EFREN CACERES, igualdad de oportunidad para optar en los cargos laborales
Permanentes, Provisionales o por Encargo, que se oferten en la entidad, previo
cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos
4. Que la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección de Carrera
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nivel Central - Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta, ponga en práctica la
normatividad vigente para el retiro de Servidores y empleados que cumplen con los
requisitos para la pensión.
2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
El señor Carlos Efrén Cáceres, de profesión contador, se posesionó en propiedad en
el cargo de auxiliar administrativo, grado 3, de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Santa Marta, a partir del 7 de marzo de 2019. Mediante Resolución CSJMAR23-1158
de 21 de diciembre de 2023 del Consejo Seccional de la Judicatura de Magdalena se
ordenó la inscripción del señor Cáceres en el Registro Seccional de Escalafón de la
Carrera Judicial, en el cargo que ocupa.
En agosto de 2025, el señor Cáceres junto con el señor Álvaro Enrique Torres Cotes
se postularon para ocupar temporalmente el cargo de asistente administrativo, grado
5, el cual estaba vacante porque quien lo ejercía en provisionalidad estaba en licencia
de maternidad.
Por Resolución DESAJSMR25-1887 de 21 de agosto de 2025 de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta se nombró en
provisionalidad a la señora Shadia Chedaui Royero en el referido cargo.
Los señores Cáceres y Torres interpusieron recurso de apelación contra el anterior
acto administrativo al advertir que la persona nombrada no es de carrera y pidió
considerarlo para el cargo al estar inscrito en carrera. Por resolución DESAJSMR25-
2006 de 6 de octubre de 2025 se rechazó por improcedente el recurso de apelación y
no accedió a las peticiones de los recurrentes.
Entre las motivaciones del anterior acto están: (i) la necesidad con urgencia de un
profesional del derecho que apoyara de inmediato el área de contratación; (ii) el
cumplimiento de los requisitos para desempeñar el cargo por la señora Chedaui
Royero; (iii) el nombramiento se hizo en uso de las facultades de la dirección seccional
y con estricto apego a la ley, sin que se advirtiera causal de inhabilidad alguna para el
ejercicio del cargo y (iv) no es aplicable el proceso de selección en ese caso porque
el registro de elegibles para la provisión de cargos en esa dirección estaba agotado.
El actor pidió algunas aclaraciones y por oficio DESAJSMR25-1520 de 11 de
noviembre de 2025, la dirección seccional las resolvió.
3. Argumentos de la acción de tutela
El actor sustentó la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:
Indicó que como consecuencia de las respuestas recibidas en julio de 2025 a unas
peticiones de información elevadas a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico y
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a la Dirección Ejecutiva Seccional de Santa Marta, adscritas al Consejo Superior de
la Judicatura, advirtió que de los 17 cargos de carrera que existían en esa seccional,
13 estaban ocupados en provisionalidad por particulares sin que a las personas que
estaban en carrera se les diera la oportunidad de acceder a estos. Los cargos a los
que se refirió son de profesional universitario, grado 9 y asistente administrativo, grado
7.
Señaló que el 20 de agosto de 2025, a la señora Ligia Rodríguez Mazaret se le
concedió licencia de maternidad, por lo que el cargo de asistente administrativo, grado
5, que ocupaba en provisionalidad quedó vacante temporalmente. Tanto él como el
señor Álvaro Torres Cotes presentaron su hoja de vida para que fuera tenida en cuenta
al momento de nombrar a la persona que supliría la licencia.
Sin embargo, advirtió que el 27 de agosto de 2025 el Área de Talento Humano le
informó que en el referido cargo se nombró a la señora Shadia Chedaui Royero. A
pesar de que presentó recurso de reposición, la decisión no fue reconsiderada.
También solicitó aclaración frente a varios criterios tenidos en cuenta para tal
nombramiento, pero la decisión no se modificó.
Advirtió que, en el mes de septiembre de 2025, la directora seccional de Santa Marta
le pidió la renuncia a la señora Jaclin Elaine Labarces Candelario, quien ocupaba el
cargo de asistente administrativo, grado 7. Alegó que arbitrariamente se nombró en
provisionalidad al señor Luis Alberto Zambrano Barragozza, a pesar de que superó la
edad para pensionarse, pues tiene 66 años. Sostuvo que nombramientos como ese
impiden que personas en carrera puedan acceder a esos cargos.
Alegó que es discriminatorio y violatorio de derecho a la igualdad de los empleados
adscritos a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta
que apoyan las labores administrativas que no se los tenga en cuenta para proveer
cargos de carrera. También es discriminatorio que la directora seccional afirme que
solo tienen derechos de carrera judicial los servidores judiciales que administran
justicia, y que no aplica para los empleados que hacen el apoyo administrativo a las
direcciones seccionales para la Rama Judicial.
4. Trámite procesal de la acción de tutela
En auto del 24 de noviembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante; al Consejo Superior
de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Santa Marta, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial, en calidad de demandados y vinculó al Consejo
Seccional de la Judicatura de Magdalena y a la señora Shadia Chedraui Royero, como
terceros con interés.
5. Oposición
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta pidió
que se declare improcedente la acción de tutela ante la existencia de un mecanismo
judicial específico, idóneo y eficaz para discutir la legalidad de los actos
administrativos cuestionados, y que, en subsidio, si se estudia de fondo, se niegue el
amparo solicitado, al no haberse vulnerado los derechos fundamentales invocados.
Como argumentos de defensa, expuso los siguientes:
Advirtió que la controversia planteada por el actor es esencialmente administrativa en
materia de carrera y provisión de cargos y lo que busca es que se revoquen las
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decisiones de nombramiento en provisionalidad y se le reconozca un «derecho
preferente» a ser designado en un cargo superior por el solo hecho de estar inscrito
en carrera. Así que, señaló que, al cuestionarse la legalidad, conveniencia y
motivación de actos administrativos de nombramiento provisional, así como la gestión
de la entidad frente a la situación pensional de un servidor lo procedente es promover
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Citó la sentencia de unificación SU-917 de 2010, en la que la Corte Constitucional ha
insistido en que el juez de tutela no puede asumir el rol de juez contencioso en asuntos
de empleo público, carrera, nombramientos o provisiones. Y que, la tutela solo opera
de forma residual cuando no existe otro medio judicial o cuando, existiendo, se
demuestra un perjuicio irremediable que exija una intervención urgente. En este caso,
afirmó que no ocurre ninguna de esas excepciones, puesto que el actor mantiene su
cargo de carrera, su salario y su estabilidad.
También se refirió a la sentencia SU-556 de 2014, en la que la Corte reiteró que la
tutela no es un mecanismo para exigir ascensos, encargos o nombramientos
específicos.
Agregó que la Sección Quinta del Consejo de Estado ha desarrollado una doctrina
constante según la cual la discusión sobre si la administración escogió «bien o mal»
a un provisional, si valoró adecuadamente su experiencia o si comparó de forma
razonable el perfil de varios aspirantes, no puede trasladarse al escenario de la tutela,
sino que debe ser objeto de los medios de control contenciosos.
Precisado lo anterior, frente a la vacante temporal generada por la licencia de
maternidad de la señora Ligia Rodríguez Mazenett, indicó que esa dirección seccional
no ha negado que el actor remitió su hoja de vida ni que manifestó su interés en ocupar
el cargo de asistente administrativo, grado 5. Sin embargo, advirtió que dicho interés
no genera, por sí solo, un derecho subjetivo a ser nombrado.
En ese caso, sostuvo que se analizaron las hojas de vida disponibles, se valoró la
experiencia, la formación y la trayectoria dentro de la entidad, y se concluyó que la
señora Shadia Chedraui Royero, quien ya se encontraba vinculada, contaba con un
perfil más ajustado para las funciones del cargo, lo cual se plasmó en la Resolución
DESAJSMR25-2006 y en la respuesta posterior a las aclaraciones solicitadas por el
actor.
Agregó que esa decisión se ajustó a lo previsto en la Ley 270 de 1996, concretamente
en el régimen de carrera regulado por el artículo 132, que establece, entre otras cosas,
que la provisión de los cargos de carrera se hace a través del concurso de méritos y
que, en ausencia de lista de elegibles vigente, la administración puede acudir a la
figura de la provisionalidad, precisamente para no paralizar el servicio. En estos casos,
el director seccional ejerce la facultad nominadora que le confiere esa ley estatutaria,
evalúa las circunstancias del servicio y designa, de manera motivada, a la persona
que considere idónea.
En ese entendido, observó que el actor desconoce ese marco y pretende que la
carrera judicial se interprete como un derecho automático de ascenso, lo cual no tiene
sustento ni en la ley ni en la jurisprudencia.
Explicó que no puede pretenderse que por pertenecer a la carrera judicial se habilita
automáticamente para suplir una vacante por provisionalidad, tal convicción
desconoce la estructura misma del sistema porque la provisionalidad es una figura
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transitoria destinada a proteger el servicio mientras se convoca y se adelanta el
concurso definitivo.
Sobre el aspecto pensional del señor Luis Zambrano, indicó que no existe omisión
alguna de la dirección seccional. En concreto, precisó que la edad no es el único
requisito pensional y que en este caso el área de Talento Humano ya inició y tramitó
las gestiones necesarias para establecer, con certeza, si están reunidos los requisitos
para acceder a la pensión, como son los tiempos y semanas cotizadas. Advirtió que
no puede exigirse por vía de tutela que tome una decisión apresurada de retiro, pues
ello implicaría afectar también los derechos de un servidor que no es parte directa en
este trámite.
De otro lado, aclaró que la condición de empleado de carrera del actor nunca ha sido
discutida ni desconocida y que su estabilidad en el cargo se ha respetado en todo
momento. Y que, ninguna de las decisiones cuestionadas por el actor ha tenido por
efecto retirarlo, desmejorarlo, sancionarlo o modificar su situación de carrera.
También precisó que siempre ha garantizado al señor Carlos Efrén Cáceres el pleno
ejercicio de sus derechos y ha sido diligente frente a cada una de sus solicitudes
administrativas. Como prueba mencionó que mediante Resolución DESAJSMR25-
1754 del 24 de junio de 2025, se le otorgó licencia no remunerada para desempeñar
otro cargo dentro de la Rama Judicial, lo que evidencia la flexibilidad y apoyo
institucional que siempre ha recibido. Posteriormente, tal y como consta en la
Resolución DESAJSMR25-08 del 8 de julio de 2025, se aceptó su renuncia a dicha
diligencia y se dispuso su reintegro inmediato al cargo de carrera.
Finalmente, respecto de las respuestas dadas a las aclaraciones formuladas por el
actor, señaló que lo que hizo fue precisar el régimen jurídico aplicable, la pertenencia
de los servidores administrativos al régimen de carrera regulado en la Ley 270 de 1996
y la sujeción total de la entidad al ordenamiento jurídico, pero en ningún documento
se afirmó que los empleados administrativos carezcan de derechos de carrera o que
estén por fuera de la Constitución; por el contrario, se explicó que, además del régimen
especial de carrera, también les cobijan las garantías generales del empleo público y
los mecanismos de control jurídico existentes. El actor, al interpretar esos textos, sacó
conclusiones que no se derivan del contenido real de los oficios.
De lo anterior, concluyó que esa dirección ejecutiva seccional ha cumplido sus
deberes legales y constitucionales al responder las solicitudes del actor, tramitar los
recursos y actuar, en general, dentro del marco normativo que gobierna la carrera
judicial y la administración de personal. No se advierte en su conducta una acción u
omisión ni un trato desigual ni medida adversa que pueda calificarse como
vulneradora de los derechos fundamentales del señor Cáceres.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) señaló que no es la
autoridad competente para resolver reclamaciones administrativas relacionadas con
designaciones en la planta de personal de las respectivas direcciones seccionales. En
consecuencia, en este caso es la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Santa Marta es la entidad legitimada en la causa por pasiva para soportar la presunta
amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados.
En atención a lo anterior, pidió la desvinculación del presente trámite por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
La Unidad de Administración de la Carrera Judicial (CARJUD) afirmó que su
actuar administrativo no ha vulnerado ni afectado los derechos fundamentales
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invocados por el actor, puesto que los hechos narrados en la acción de tutela no
guardan ninguna relación con las competencias de esa unidad ni es la llamada a
definir la situación particular que se alega. En consecuencia, no debió ser vinculada
como demandada en la presente acción de tutela.
Precisó que sus facultades o competencias se dirigen a la convocatoria al concurso
de méritos, a la conformación de los registros de elegibles y la elaboración de las listas
de elegibles, pero no interviene en el nombramiento de quienes ocuparán los
diferentes cargos a proveer, tanto en carrera como en provisionalidad, por ser este un
acto propio de cada autoridad nominadora.
Entonces, aclaró que la decisión sobre los nombramientos de los empleados de las
direcciones ejecutivas seccionales corresponde exclusivamente a los directores de
estas. Y para el caso en concreto, la autoridad competente para determinar los
nombramientos de los cargos de asistente administrativo, grado 7, y asistente
administrativo, grado 5, es la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Santa Marta.
Por lo indicado, pidió la desvinculación de esa unidad del presente trámite por falta de
legitimación en la causa por pasiva o en su defecto se niegue la solicitud de amparo
en lo que a esta respecta.
6. Intervención de los terceros con interés
El Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena advirtió que no tiene
competencia nominadora en los cargos que corresponden a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Santa Marta, conforme lo dispuesto en el artículo 103 de la
Ley 270 de 1996. Así que ese consejo seccional no ha realizado actuación alguna que
constituya vulneración de los derechos del actor, por lo que no tiene legitimación en
la causa por pasiva y debe ser desvinculado de este trámite.
7. Otras intervenciones
El señor Álvaro Torres Cotes manifestó que también es «víctima de discriminación
por parte de la Directora Seccional de Administración Judicial de Santa Marta» porque
también se postuló para el cargo de asistente administrativo, grado 5 en
provisionalidad; pero se designó a la señora Shadia Chedraui Royero, a pesar de que
no hace parte de la lista de elegibles ni ostenta derechos de carrera judicial.
Señaló que al igual que el actor, recurrió la resolución de nombramiento de la citada
empleada, pero no prosperó.
Por último, pidió que se aclare «el tema de que si a los Empleados adscritos a la
Dirección EJECUTIVA, no aplica o no los derechos de Carrera Judicial, si tenemos
derecho a ser tenidos en cuenta para cubrir los cargos que quedan en Vacancia
Definitiva, Temporal o por encargo.».
La señora Noraima Ladino Lozano se limitó a indicar que «al igual que al compañero
CARLOS EFREN CACERES mis derechos también están siendo vulnerados y cito la
tutela interpuesta con radicado 11001-03-15-000-2025-07301-00, es por lo cual
mediante el correo electrónico solicito mi vinculación al presente tramite
constitucional». Al final del correo, debajo del nombre se lee «Auxiliar Administrativo
grado 03-DESAJ Santa Marta»
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La señora Kelly Patricia Centeno Ruiz se pronunció en idéntico sentido al considerar
que «al igual que al compañero CARLOS EFREN CACERES mis derechos también
están siendo vulnerados y cito la tutela interpuesta con radicado 11001-03-15-000-
2025-07301-00, es por lo cual mediante el correo electrónico solicito mi vinculación al
presente trámite constitucional». Se observa que al final del correo, debajo del nombre
se lee «ASISTENTE ADMINISTRATIVO/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SANTA MARTA»
8. Sentencia de primera instancia
El 22 de enero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia
de primera instancia, en la cual declaró improcedente la solicitud de tutela por no
cumplir el requisito de subsidiariedad.
Como cuestión previa, negó las solicitudes de desvinculación de la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, del Consejo Seccional de la Judicatura del
Magdalena y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al considerar que
era necesario conservar la vinculación de todos los que se pudieran ver involucrados
en la posible transgresión de los derechos fundamentales invocados.
Y frente a la solicitud de vinculación de la señora Noraida Ladino Lozano, el a quo la
negó al no advertir un interés legítimo en el presente trámite constitucional porque no
se opuso a la Resolución 1887 de 2025, acto administrativo controvertido en esta
oportunidad.
En cuanto a la resolución del caso concreto, expuso las siguientes razones:
Advirtió que el señor Carlos Efrén Cáceres expuso inconformidades frente a la
Resolución 1887 de 2025, que nombró en provisionalidad a la señora Shadia Chedraui
Royero en el cargo de asistente administrativo, grado 5 en la DEAJ Seccional Santa
Marta; vacante a la que el actor también aspiró. Y que el actor interpuso recurso, pero,
en Resolución DESAJSMR25-2006 de 2025, se negó.
Sostuvo que las referidas resoluciones son actos administrativos que contienen
decisiones de la administración susceptibles de control judicial, por lo que las
inconformidades respecto de estas deben plantearse ante el juez de lo contencioso
administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del CPACA. Ese es el medio idóneo y eficaz para obtener
la protección de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.
Agregó que en ese proceso el actor puede solicitar las medidas cautelares que
considere necesarias para proteger y garantizar el objeto del medio de control, como
lo es la suspensión provisional de los actos demandados, según lo contemplan los
artículos 229 y 231 ib.
Sostuvo que el juez de tutela no está instituido para analizar la legalidad de los actos
administrativos, para ello el legislador estableció una vía judicial ordinaria.
De todas maneras, verificó que en este caso no se acredita ninguna de las
circunstancias excepcionales que la jurisprudencia ha admitido como válidas para
superar el requisito de la subsidiariedad. En concreto, observó que el cargo de
asistente administrativo, grado 5, no es de aquellos de periodo fijo determinado por la
Constitución o por la ley y lo que el actor pretendía era el reconocimiento de una
prevalencia para ocupar dicha plaza por ostentar un empleo de carrera en un grado
inferior.
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Además, indicó que no se exhibieron circunstancias que podrían afectar los derechos
fundamentales del actor ni condiciones particulares de edad, estado de salud, posición
social u otras, por las cuales resultara desproporcionado exigirle acudir al mecanismo
ordinario ante los jueces administrativos.
9. Impugnación
El señor Carlos Efrén Cáceres impugnó la decisión de primera instancia con el fin de
que en segunda instancia se conceda el amparo de los derechos fundamentales
invocados, teniendo en cuenta que es una persona en desigualdad de oportunidades,
para acreditarlo informó que es mayor de 55 años; de profesión contador público y
que fue diagnosticado con: hernia cervical y lumbar y calificado con una pérdida de
capacidad laboral de 27,88%, ansiedad, insomnio y disfunción social y diabetes tipo
II.
Señaló que, al ingresar al sistema de carrera judicial, siempre tuvo claro que la única
forma de mejorar su calidad de vida era acceder a un cargo de mayor jerarquía salarial
en la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta, y que
las vacantes serían ofertadas por la entidad en forma provisional o por encargo.
Advirtió que a su edad en Colombia es considerado como una persona de baja
producción, lo que hace muy difícil la posibilidad de acceso a un empleo que tenga
una mejor remuneración salarial, que mejore su ingreso, por lo cual es importante su
permanencia en el sistema de carrera judicial con el pleno goce de los derechos que
ello implica y en la actualidad es el único ingreso económico para el mantenimiento
digno de su calidad de vida y salud.
Bajo ese entendimiento, consideró que la directora Seccional de Administración
Judicial de Santa Marta interpretó de forma errada las facultades que le otorgan las
Leyes 270 de 1996 y 2430 de 2024, al aplicarlas desproporcionadamente al proveer
los cargos de carrera judicial sin tener en cuenta los derechos de carrera que él tiene
desde el 2019.
Insistió en que en las respuestas dadas a sus peticiones, la citada funcionaria afirmó
que no tiene ningún derecho para los cargos que se oferten en provisionalidad, porque
no presta servicio de justicia. Tal consideración fomenta un trato desigual entre los
empleados que laboran en despachos judiciales (que prestan servicio de justicia) y los
empleados que hacen la logística de la entidad, lo cual resulta vulneratorio y abusivo
y pone en riesgo el derecho de participar en la convocatoria en nuevos cargos que se
generen en la seccional.
Aunado a lo anterior, señaló que es arbitraria la interpretación errática de la directora
seccional al indicarle que como no presta servicio de justicia no pertenece al régimen
laboral ordinario vigilado por el Ministerio de Trabajo, tal apreciación puede acarrear
a futuro la perdida de los derechos laborares ganados o la exclusión del sistema de
carrera judicial, por lo cual debe adoptarse una medida cautelar.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
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Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
De conformidad con lo alegado en el escrito de impugnación, corresponde a la Sala
determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia, que declaró
improcedente la acción de tutela promovida por el señor Carlos Efrén contra el
Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta y Dirección
de Carrera Judicial, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso y al «mérito y carrera» con la expedición de las Resoluciones
DESAJSMR25-1887 de 21 de agosto de 2025 y DESAJSMR25-2006 de 6 de octubre
de 2025 y del Oficio DESAJSMR25-1520 de 11 de noviembre de 2025.
La Sala anticipa que confirmará la sentencia impugnada al no cumplirse el requisito
de subsidiariedad porque el actor tiene a su alcance otro medio de defensa judicial
idóneo para la protección de los derechos fundamentales aquí invocados.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá al requisito general de subsidiariedad
y al análisis del caso concreto. Previo a ese estudio es necesario resolver unas
solicitudes de vinculación.
Cuestión previa. Vinculación al trámite de la presente acción
La Sala observa que el fallador de primera instancia no se pronunció sobre la solicitud
de intervención de la señora Kelly Patricia Centeno Ruiz, por lo que se hará en esta
instancia. La ciudadana en su escrito indicó que se le están vulnerando sus derechos,
pero solo se limita a hacer esa afirmación sin especificar cuáles derechos
fundamentales ni la situación particular que ocasiona tal transgresión. Tampoco
acredita que haya presentado recurso u objeción alguna frente al nombramiento en
provisionalidad de la señora Shadia Chedaui Royero. En consecuencia, al no estar
demostrado el interés con el que pretende acudir al trámite de esta tutela, se negará
su intervención.
Es del caso también precisar que el a quo incluyó en el fallo impugnado la intervención
del señor Álvaro Torres Cotes, pero nada dijo en las consideraciones sobre la
aceptación de su vinculación, por lo que entiende la Sala que lo hizo de manera tácita.
Sin embargo, tampoco se hace mención alguna de su caso al resolver la solicitud de
tutela y frente a esa omisión no existe pronunciamiento alguno del citado señor Torres
Cotes, en la oportunidad para impugnar, razón suficiente para guardar silencio en esta
instancia sobre la presunta vulneración de los derechos que alega desconocidos, en
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el entendido que también se postuló para el cargo en el que se nombró a la señora
Shadia Chedaui Royero.
Del requisito general de subsidiariedad
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y
la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia
de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera
que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos
que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los
derechos fundamentales.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra
la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen
las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
Análisis del caso concreto
El señor Carlos Efrén Cáceres, en su calidad de empleado de carrera judicial en el
cargo de asistente administrativo, grado 3 de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Santa Marta, acude a la acción de tutela con el fin de que
se corrija el actuar de su nominadora en relación con la provisión de cargos en
provisionalidad en esa seccional.
En concreto, sostuvo que se vulneran sus derechos fundamentales al no haber sido
tenido en cuenta para ocupar un cargo de asistente administrativo, grado 5, que quedó
vacante temporalmente, a pesar de estar inscrito en carrera judicial y cumplir con los
requisitos para ejercer esa plaza. Advirtió que, aunque postuló su hoja de vida, la
citada dirección seccional, mediante Resolución DESAJSMR25-1887 de 21 de agosto
de 2025, nombró en provisionalidad a la señora Shadia Chedaui Royero en el referido
cargo.
Y aunque interpuso recurso de apelación contra el anterior acto para advertirle a la
dirección seccional que la persona nombrada no es de carrera, entre otras razones y
solicitudes, por Resolución DESAJSMR25-2006 de 6 de octubre de 2025 se rechazó
por improcedente dicho recurso y no accedió a las peticiones.
Posteriormente, pidió unas aclaraciones, las cuales fueron atendidas por la dirección
seccional por Oficio DESAJSMR25-1520 de 11 de noviembre de 2025.
En relación con los anteriores actos, el señor Cáceres alega que la dirección seccional
no tuvo en cuenta el mérito y ascenso de los empleos de carrera de la planta de
personal y que sufrió un trato discriminatorio frente a quienes desempeñan cargos con
funciones jurídicas y no administrativas como el que ocupa, a pesar de estar inscrito
en carrera judicial. En conclusión, considera que la nominadora está desconociendo
los derechos de carrera y la posibilidad que tiene de ocupar un cargo en
provisionalidad de mayor jerarquía.
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Sobre el particular, la Sala comparte las razones del juez de primer grado, pues es
evidente que el actor acude a la acción de tutela como mecanismo principal para
exponer las inconformidades que tiene frente a las Resoluciones DESAJSMR25-1887
de 21 de agosto de 2025 y DESAJSMR25-2006 de 6 de octubre de 2025 y el Oficio
DESAJSMR25-1520 de 11 de noviembre de 2025, expedidos por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta.
Esas decisiones son verdaderos actos administrativos que pueden someterse a
control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativa, a través de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplada en el artículo 138
del CPACA. Es al juez natural a quien le compete analizar las circunstancias
particulares del caso y determinar si le asiste o no el derecho que reclama.
De igual forma, el artículo 229 ib. prevé que el juez podrá decretar las medidas
cautelares pertinentes cuando se evidencia que la vulneración es flagrante, razón por
la que el actor cuenta también con otro medio de defensa provisional e idóneo, en
caso de considerar que se le causó un perjuicio irremediable.
En conclusión, la acción de tutela no es el escenario apropiado para exponer la
inconformidad frente a la provisión temporal de un cargo para el que el actor pretendía
ser nombrado. Este mecanismo es subsidiario a aquellos ordinarios dispuestos por el
legislador para la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos.
Así que el mecanismo principal al que debe acudir el ahora actor es el de nulidad y
restablecimiento del derecho, como quedó expuesto. Y solo es posible, en forma
excepcional promover la acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable.
Empero, en este caso no se advierten circunstancias graves e inminentes que impidan
al señor Cáceres ejercer el medio de control ordinario y de considerarlo proponer el
decreto de una medida cautelar.
Si bien, con ocasión del escrito de impugnación el actor informó su edad y condiciones
de salud, ello por sí solo no habilita al juez de tutela para estudiar de fondo sus
planteamientos, menos si tal como está acreditado en el expediente ocupa un cargo
en carrera judicial, de manera que sus circunstancias laborales de estabilidad no están
comprometidas.
Por último, en lo atinente a la situación del señor Luis Alberto Zambrano Barragosa en
un cargo de la planta de personal de la dirección seccional, a pesar de que, a su juicio,
ya cumplió las condiciones de edad para acceder a la pensión y su continuidad impide
que otra persona acceda a ese empleo, la Sala advierte que la acción de tutela es
improcedente para exponer tal inconformidad.
Se concluye que al juez de tutela no le está permitido inmiscuirse en las decisiones
sobre designación, nombramiento o manejo de las situaciones administrativas de los
servidores judiciales, adoptadas por los nominadores.
En consecuencia, teniendo en cuenta que la acción de tutela no cumple con el
requisito general de subsidiariedad, se confirmará el fallo de primera instancia que
declaró improcedente la solicitud de amparo promovida por el señor Carlos Efrén
Cáceres.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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Demandante: Carlos Efrén Cáceres
FALLA
1. Negar la solicitud de vinculación de la señora Kelly Patricia Centeno Ruiz.
2. Confirmar la sentencia impugnada del 22 de enero de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Fimado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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