Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07362-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07362-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07362-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
29 de abril de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá D.C, veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026).
Consejero Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07362-01
Demandantes: MIGUEL ANTONIO PARRA ROJAS Y OTROS
Demandados: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES EN PROCESO DE REPARACIÓN
DIRECTA Y EN TRÁMITE DE RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. LA SALA
CONFIRMARÁ LA SENTENCIA DE PRIMERA
INSTANCIA QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE EL
AMPARO.
Síntesis del caso: la parte demandante cuestionó una sentencia que accedió parcialmente
a sus pretensiones en un proceso de reparación directa, así como los autos que rechazaron
por extemporáneo el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra aquella
providencia. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente
la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de inmediatez respecto de la sentencia,
pero por falta de relevancia constitucional frente a los autos.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora en contra de la
sentencia del 6 de febrero de 2026 proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en la cual se resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de Miguel Antonio
Parra Rojas, Aurelio Ossa Flórez, y David Andrés Muñoz Gómez, contra
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la Sala
Especial de Decisión 1 del Consejo de Estado.”. (mayúsculas y negrillas
del original – archivo disponible en medio magnético en el índice 00018
del aplicativo SAMAI).
I. ANTECEDENTES
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-007362-01
Demandante: Miguel Antonio Parra y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo
La parte actora promovió proceso de acción de tutela1 en contra de la sentencia del
21 de noviembre de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio de la cual se modificó parcialmente la sentencia que
accedió a las pretensiones de la demanda en el medio de control de reparación
directa promovido en el proceso con radicación no. 25000-23-26-000-2007-00440-
01, así como contra los autos del 30 de enero y 30 de mayo de 2025 proferidos por
la Sala 1 Especial de Decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por medio de los cuales se rechazó por extemporáneo el
recurso extraordinario de revisión interpuesto contra dicha sentencia y se confirmó
esa decisión.
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) En desarrollo de un operativo militar denominado “Zafra I”, adelantado en el año
2004, el Ejército Nacional inmovilizó las dragas denominadas “Trinidad” y “Dinámica
I”, utilizadas en actividades de explotación minera en el río Cotuhé, las cuales fueron
dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
2) Con posterioridad a su incautación, las referidas embarcaciones quedaron a
cargo de la Fiscalía General de la Nación, autoridad que asumió su custodia en el
marco de una investigación penal iniciada por presunta explotación ilícita de
yacimientos mineros, la cual fue posteriormente precluida en el año 2005 por
atipicidad de la conducta.
3) Durante el tiempo en que los bienes permanecieron en custodia de las
autoridades, se produjeron afectaciones relevantes, en tanto la draga “Trinidad” fue
devuelta en estado de deterioro y posteriormente se hundió, mientras que la draga
“Dinámica I” fue objeto de hurto.
1
Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 21 de noviembre de 2025 (índice 00001 del
aplicativo SAMAI).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-007362-01
Demandante: Miguel Antonio Parra y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo
4) Con fundamento en esos hechos, los aquí actores promovieron demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación con el propósito de
obtener el reconocimiento de los perjuicios materiales e inmateriales derivados de
la incautación y la pérdida de sus bienes.
5) Mediante sentencia del 27 de marzo de 2014, la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y declaró la responsabilidad de ambas autoridades 2;
sin embargo, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General
de la Nación3, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 21 de noviembre de 2022, modificó la decisión para
exonerar al Ejército Nacional y declarar responsable únicamente a la Fiscalía
General de la Nación por el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia.
6) La autoridad judicial demandada examinó la legalidad de la incautación de las
dragas por parte del Ejército Nacional y concluyó que no se configuró falla del
servicio, en tanto dicha actuación se encontraba justificada por cuanto existían
indicios de explotación ilícita de yacimientos mineros, tales como la presencia de
mercurio, alteraciones en el lecho del río y otros elementos propios de esa actividad,
lo cual permitía inferir una situación de flagrancia que habilitaba la aprehensión de
los bienes y su puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
2
El tribunal consideró que se configuraron dos títulos de imputación diferenciados pero concurrentes.
De una parte, concluyó que el Ejército Nacional incurrió en falla del servicio por la incautación
irregular de las dragas, en la medida en que no se acreditó la legalidad de dicha actuación. De otra,
determinó que la Fiscalía General de la Nación era responsable por defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia, debido a la negativa de entrega de los bienes y a la omisión en
garantizar su adecuada custodia y conservación, lo cual derivó en su deterioro y pérdida. Con
fundamento en lo anterior, declaró la responsabilidad de ambas autoridades y profirió condena en
abstracto por los perjuicios causados.
3
La Fiscalía General de la Nación sostuvo que su actuación se ajustó a la legalidad por cuanto los
bienes le fueron puestos a disposición por el Ejército Nacional en el marco de una investigación penal
por presunta explotación ilícita de yacimientos mineros y que las decisiones adoptadas respecto de
su custodia y eventual devolución obedecieron al ejercicio regular de sus funciones. Asimismo, alegó
la ausencia de prueba suficiente del daño y de su imputación, así como la configuración de causales
exonerativas, en particular la posible intervención de terceros en la pérdida de los bienes, lo cual, a
su juicio, excluía su responsabilidad.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-007362-01
Demandante: Miguel Antonio Parra y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo
7) En segundo lugar, analizó la conducta de la Fiscalía General de la Nación y
concluyó que, aunque no se acreditaron irregularidades en la investigación ni en la
valoración probatoria inicial, sí se configuró un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia en relación con la custodia, conservación y restitución de
los bienes incautados dado que no se garantizó la adecuada protección de las
dragas, lo cual derivó en su deterioro y pérdida.
8) Pese a que la apelación había sido interpuesta únicamente por la Fiscalía, la
autoridad judicial demandada consideró que era posible examinar la actuación del
Ejército Nacional, en razón de la relación inescindible entre las actuaciones de
ambas entidades, lo cual justificaba un análisis conjunto para determinar
correctamente la imputación del daño.
9) Posteriormente, los demandantes interpusieron recurso extraordinario de revisión
contra dicha sentencia4, el cual fue rechazado por la Sala 1 Especial de Decisión
del Consejo de Estado mediante auto del 30 de enero de 2025, con fundamento en
que fue presentado de manera extemporánea.
10) Para llegar a esa conclusión, la Sala consideró que el recurso extraordinario de
revisión constituye un proceso autónomo e independiente del proceso principal,
razón por la cual debía regirse por las disposiciones del CPACA, vigente para el
momento de su interposición y no por el régimen del Decreto 01 de 1984 con el cual
se tramitó el proceso de reparación directa.
11) En consecuencia, aplicó el término de un año contado desde la ejecutoria de la
sentencia objeto de revisión, el cual, en el caso concreto, se encontraba vencido
para el momento de presentación del recurso.
12) Los demandantes presentaron recurso de súplica contra esa decisión y la Sala
1 Especial de Decisión del Consejo de Estado (en una integración distinta a aquella
que profirió el auto del 30 de enero de 2025), mediante auto del 30 de mayo de
2025, confirmó la decisión de rechazo y reiteró que el término aplicable para la
4
A partir de los documentos que conforman el expediente de tutela no es posible identificar de
manera expresa las causales taxativas de revisión invocadas por los recurrentes.
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Demandante: Miguel Antonio Parra y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo
presentación del recurso extraordinario de revisión era de un año, por las mismas
razones.
2. Los fundamentos de la vulneración
En la acción de tutela los demandantes enfilaron sus cargos contra la sentencia del
21 de noviembre de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y los autos del 30 de enero y 30 de mayo de 2025 de la Sala 1
Especial de Decisión del Consejo de Estado:
• En cuanto a la sentencia del 21 de noviembre de 2022:
En primer lugar, los actores sostuvieron que la sentencia incurrió en un defecto
procedimental por cuanto la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado excedió el alcance del recurso de apelación interpuesto únicamente por la
Fiscalía General de la Nación en tanto se pronunció sobre la responsabilidad del
Ejército Nacional, pese a que esa autoridad no apeló la decisión de primera
instancia, con lo cual se vulneró el principio de non reformatio in pejus.
En segundo lugar, alegaron la existencia de un defecto fáctico con fundamento en
que la sentencia concluyó la legalidad de la incautación de las dragas con base en
una inferencia de flagrancia sustentada en elementos indiciarios y testimoniales que
consideraron insuficientes y sin realizar una valoración integral del acervo
probatorio, en particular de los documentos que acreditaban la legalidad de la
actividad minera.
En tercer lugar, alegaron la configuración de un defecto sustantivo, en tanto la
decisión habría introducido la noción de “unidad judicial” para justificar el análisis
conjunto de las actuaciones del Ejército Nacional y de la Fiscalía General de la
Nación sin sustento normativo ni desarrollo argumentativo suficiente.
• En cuanto a los autos del 30 de enero y 30 de mayo de 2025:
Los demandantes alegaron la existencia de un defecto sustantivo con fundamento
en que la Sala 1 Especial de Decisión del Consejo de Estado, en ambas instancias
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-007362-01
Demandante: Miguel Antonio Parra y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo
del recurso extraordinario de revisión, aplicó indebidamente el CPACA para
determinar su oportunidad, pese a que el proceso principal se tramitó bajo el
Decreto 01 de 1984, lo cual implicaba, a su juicio, que el término aplicable era de
dos años y no de uno.
Finalmente, afirmaron la configuración de un defecto procedimental por violación
del régimen de impedimentos en tanto una de las magistradas que participó en la
providencia de segunda instancia del proceso de reparación directa, posteriormente
intervino en el trámite del recurso extraordinario de revisión dirigido contra dicha
decisión, sin apartarse del conocimiento del asunto.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, los demandantes solicitaron el amparo de las
siguientes súplicas:
“1. Declarar que los accionados vulneraron los derechos constitucionales
fundamentales de igualdad, debido proceso, acceso a la administración
de justicia, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica y demás conexos, en
cabeza de los accionantes.
2.En consecuencia de lo anterior, ordenar a los accionados dar trámite a
la acción de revisión interpuesta dentro del proceso con radicado 2007-
0440, por las causales invocadas.
3.Tomar las demás decisiones que considere pertinentes en orden a
hacer efectivos los derechos reclamados dentro del proceso.”. (archivo
disponible en medio magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI –
mayúsculas y negrillas del original).
4. Actuación en primer grado
En auto del 1 de diciembre de 20255, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela, ordenó notificar a los magistrados
integrantes de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y de
las Salas 1 Especiales de Decisión que profirieron las providencias cuestionadas
para que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la
acción y vinculó al comandante del Ejército Nacional y a la fiscal General de la
Nación, como terceros con interés en el resultado del proceso.
5
Índice 00004 del aplicativo SAMAI.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-007362-01
Demandante: Miguel Antonio Parra y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo
5. Sentencia de primera instancia
La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado abordó el análisis
de procedibilidad de la acción de tutela a partir de las providencias cuestionadas.
En relación con los autos del 30 de enero y 30 de mayo de 2025 precisó que el
recurso extraordinario de revisión fue rechazado por extemporáneo y a partir de ello
concluyó que los demandantes no ejercieron el medio de defensa judicial en la
oportunidad procesal correspondiente, por lo cual la acción de tutela no podía ser
utilizada como un mecanismo para subsanar errores procesales imputables a la
parte interesada, ni para reemplazar los instrumentos previstos en el ordenamiento
jurídico.
El carácter subsidiario de la acción de tutela exige a los interesados desplegar una
actuación diligente en la defensa de sus derechos, de modo que la falta injustificada
en el uso de los recursos ordinarios o extraordinarios conduce a la improcedencia
del amparo, razón por la cual no se cumplió con el requisito de subsidiariedad frente
a dichas decisiones.
En lo que respecta a la sentencia del 21 de noviembre de 2022 la primera instancia
advirtió que fue notificada mediante edicto electrónico del 6 de diciembre de 2022,
desfijado el 13 del mismo mes, por lo cual quedó ejecutoriada el 17 de diciembre de
2022; sin embargo, la acción de tutela fue interpuesta el 24 de noviembre de 2025,
es decir, casi tres años después de la ejecutoria de la providencia, sin que los
actores hubieran expuesto razones que justificaran dicha tardanza o permitieran
flexibilizar el análisis de inmediatez.
6. Impugnación
Los demandantes presentaron impugnación contra el fallo de primera instancia6,
concedida en auto del 6 de abril del presente año7.
6
Índice 00022 del aplicativo SAMAI.
7
Índice 00026 del aplicativo SAMAI.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-007362-01
Demandante: Miguel Antonio Parra y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo
En su escrito, cuestionaron que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado hubiese declarado la improcedencia del amparo por incumplimiento de
los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, sin efectuar un análisis de fondo de
los defectos alegados.
Insistieron en que el proceso de reparación directa se tramitó con el régimen del
Decreto 01 de 1984 y que, de conformidad con el artículo 308 del CPACA, debía
continuar y culminar bajo dicho estatuto, lo cual implicaba que el término para
interponer el recurso extraordinario de revisión era de dos años y no de uno.
La acción de tutela no pretende convertirse en una instancia adicional sino
garantizar la protección de los derechos fundamentales vulnerados por las
providencias judiciales cuestionadas.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones estas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce
mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera
inmediata y eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o
vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir con
ella términos precluidos o acciones caducadas.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-007362-01
Demandante: Miguel Antonio Parra y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la Sala 1 Especial de Decisión del
Consejo de Estado con el fin de que se amparen los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad,
presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 21 de noviembre de
2022, así como de los autos del 30 de enero y 30 de mayo de 2025, proferidos por
las autoridades judiciales demandadas, respectivamente.
En los términos en que fue planteada la controversia, la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, en cuanto al
incumplimiento del requisito de inmediatez respecto de la sentencia del 21 de
noviembre de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.
No obstante, en relación con los autos del 30 de enero y 30 de mayo de 2025
emitidos por la Sala 1 Especial de Decisión del Consejo de Estado, si bien se
mantendrá la decisión de improcedencia, esta no se fundamentará en el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, como lo consideró el a quo, sino en
la ausencia de relevancia constitucional, por las razones que aquí se expondrán:
2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales
Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.
En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no
todos los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-007362-01
Demandante: Miguel Antonio Parra y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo
competencia de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre
constitucional como la seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.
Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de
la Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un
modelo de requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas,
orientados a preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro
de los cuales ocupa un lugar central la imperiosa necesidad de constatar que el
debate que se propone reviste una genuina, verdadera y marcada relevancia
constitucional.
En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres
finalidades concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los
jueces ordinarios, impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos
de mera legalidad; ii) restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia
efectiva de derechos fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este
mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones
judiciales ejecutoriadas.
En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente 8, la Corte ha
reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede
desnaturalizarse en un medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento,
sustituir el criterio del juez natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e
insistió en que el juez constitucional sólo puede intervenir cuando la controversia
planteada trasciende el ámbito de la legalidad y se proyecta como un problema
genuinamente constitucional que afecte derechos fundamentales de las partes
involucradas.
De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de
índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce
de un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad
8
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
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Demandante: Miguel Antonio Parra y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo
frente a la interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración
probatoria, de manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación
de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o
aplicación de una norma procesal9”, carecen, en principio, de relevancia
constitucional, salvo que se acredite de manera específica una afectación grave y
desproporcionada de derechos fundamentales.
En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se
había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen
este presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un
asunto constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte
actora “busca una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya
concluidos con la intención de revivir los términos procesales”.
En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña
una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con
invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le
asiste la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión
cuestionada comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado
que fue reiterado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de
agosto de 2014 en la que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales10”, enfatizando en que corresponde al demandante
justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so pena de rechazo o
improcedencia.
En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento
más exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte
Constitucional fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se
presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención
de un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un
9
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez
Ramírez, sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-007362-01
Demandante: Miguel Antonio Parra y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo
problema jurídico de naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos
que se pretenden atribuir a la providencia objeto de censura, con una explicación
clara sobre el por qué estos desbordan el margen de interpretación y conducen a la
vulneración concreta de un derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la
acreditación del requisito “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje
que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada” de tales
derechos:
“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que
el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
(ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la
acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte,
se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales.11”.
En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción
de tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos
o simples desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto
la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la
acción de tutela no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la
corrección jurídica de la decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador
ordinario ni reabrir litigios legalmente concluidos.
Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección
de las decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que
resulta diáfano que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo
con el único fin de cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez
natural, simplemente por encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable
a sus intereses, dicho mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la
óptica constitucional.
11
Idem.
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Demandante: Miguel Antonio Parra y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo
El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo
del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario
con miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura,
específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la
consecuencia lógica es que el amparo así deprecado se torna a todas luces
improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que
no compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete
únicamente a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de
precisas facultades para ello.
El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces
ordinarios, de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que
comporten una genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los
derechos fundamentales, en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son
de su resorte, so pena de vaciar de contenido las competencias asignadas a cada
jurisdicción. El rol del juez de tutela no puede ni debe confundirse con el de una
instancia revisora de las providencias proferidas por los jueces naturales y cualquier
intento dirigido a reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde
luego, debe ser contenido.
En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019,
SU-128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la
acción de tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción
de tutela debe trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la
interpretación, aplicación o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental;
ii) la controversia no puede limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado
carente de proyección constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar
una afectación grave, concreta y desproporcionada de derechos fundamentales
atribuible a una decisión judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es
constitucionalmente relevante una pretensión dirigida a replantear discusiones que
ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el proceso ordinario, mediante los
recursos propios de la jurisdicción competente.
Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la
acción para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-007362-01
Demandante: Miguel Antonio Parra y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo
establecido por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta
hipótesis comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar,
prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e
ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se
garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de las
demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la independencia de los jueces
ordinarios12” (negrillas adicionales)
En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio
que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación
clara y específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de
interpretación razonable y comporta una afectación grave e injustificada de
derechos fundamentales.
En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga
al juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se
pretende emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear
discusiones probatorias o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente
económicos o privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo
avanzar al examen de los defectos alegados en el caso concreto.
2.2. El análisis de la relevancia constitucional respecto de los autos del 30 de
enero y 30 de mayo de 2025 proferidos por la Sala 1 Especial de Decisión
del Consejo de Estado.
1) La Sala considera que la acción de tutela no superó el requisito de relevancia
constitucional en relación con los autos del 30 de enero y 30 de mayo de 2025, por
cuanto, del examen integral de la demanda, se advierte que los reproches de los
actores se dirigen esencialmente a controvertir la interpretación jurídica adoptada
por la Sala 1 Especial de Decisión del Consejo de Estado en torno a la norma
aplicable para determinar la oportunidad del recurso extraordinario de revisión.
12
Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia
Ángel Cabo.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-007362-01
Demandante: Miguel Antonio Parra y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo
2) En efecto, si bien los demandantes invocaron la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales, lo cierto es que la sustentación de los cargos en lo
atinente a estas providencias, se limitó a reiterar su inconformidad con la decisión
que rechazó por extemporáneo el recurso extraordinario de revisión e insistir en
que dicho medio debía regirse por el Decreto 01 de 1984 y no por el CPACA.
3) No obstante, dicha controversia no es nueva en sede de la acción de tutela, en
tanto fue expresamente planteada por los propios demandantes en el recurso de
súplica interpuesto contra el auto del 30 de enero de 2025 y resuelta mediante auto
del 30 de mayo de 2025, en el cual la Sala 1 Especial de Decisión del Consejo de
Estado explicó:
"Como ya se indicó, la parte recurrente solicita que al trámite del recurso
extraordinario de revisión se le apliquen las normas del CCA, por cuanto
estima que debe regirse por la codificación bajo la cual se admitió el
proceso ordinario en el que se dictó la sentencia recurrida y, en ese orden,
se contabilice el plazo de 2 años8 para la interposición oportuna del
escrito de demanda.
De acuerdo con dicha alegación, la Sala precisa que, si bien es cierto que
el proceso ordinario en el que se dictó la providencia objeto del presente
recurso extraordinario de revisión se tramitó en vigor de las normas del
CCA, también lo es que su trámite debe adelantarse bajo las normas
vigentes al momento de su interposición.
En efecto, según la Ley 1437 de 2011 el recurso extraordinario se
adelanta bajo un procedimiento especial e independiente que inicia con la
admisión del recurso, previo examen de los requisitos que se exigen en el
artículo 252 del CPACA y culmina con la sentencia que lo declara
infundado o fundado, previo registro de un número de radicado diferente
para su identificación.
Cabe señalar que en vigencia del CCA la interposición del recurso
extraordinario se incorporaba al expediente ordinario, como lo indica la
parte actora; sin embargo, ello no resulta indicativo de que constituyera
una instancia adicional o un mecanismo para insistir en la controversia
ordinaria en tanto estaba delimitado por causales especiales y un trámite
reglado.
De allí que a partir de lo previsto en los términos de los artículos 248 a
255 de la Ley 1437 de 2011, del examen de constitucionalidad del que se
ocupó la Corte Constitucional y de la interpretación que realizó esta
Corporación, se precisó que el trámite extraordinario es independiente del
proceso en el que se dictó la sentencia recurrida (...)
De la anterior norma se tiene que el CPACA se aplica a partir del 2 de julio
de 2012, fecha en la que entró en vigor. Luego, todas las demandas que
se presenten desde esta fecha, como la aquí examinada, se tramitarán
bajo el régimen normativo del CPACA.
16
Expediente: 11001-03-15-000-2025-007362-01
Demandante: Miguel Antonio Parra y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo
En ese orden, el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia
cuestionada, conforme se concluyó en la providencia suplicada, debía
atender los plazos delimitados para su ejercicio oportuno, en los términos
del artículo 251 del CPACA.
Por lo precedente, la Sala considera que resulta acertado lo decidido en
la providencia recurrida al señalar que el trámite del recurso extraordinario
de la referencia se regía por el CPACA; y que, en consecuencia, no era
posible admitirlo debido a que se superó con creces el tiempo para su
ejercicio oportuno (...)”. (archivo disponible en medio magnético en el
índice 00002 del aplicativo SAMAI)
4) De ese modo, se evidencia que la autoridad judicial demandada no solo conoció
de la controversia, sino que la resolvió de manera expresa, en el sentido de
considerar que el recurso extraordinario de revisión constituye un proceso
autónomo e independiente, por lo que, en su criterio, está sujeto al régimen del
CPACA vigente para el momento de su interposición y, por ende, al término de un
año previsto en dicho estatuto, con lo cual respondió a los mismos argumentos que
hoy se reiteran en sede de la acción de tutela.
5) En ese contexto, la presente acción de tutela no plantea un problema
constitucional autónomo, sino que pretende reabrir una discusión jurídica ya
debatida y decidida en el trámite del recurso extraordinario de revisión, lo cual
resulta incompatible con la naturaleza excepcional de este mecanismo.
6) En otras palabras, la inconformidad de los demandantes no se estructura como
la denuncia de una actuación arbitraria o manifiestamente contraria a la
Constitución, sino como un desacuerdo con la interpretación jurídica adoptada por
el juez natural, lo cual no habilita la intervención del juez de tutela.
7) En estas condiciones, la controversia planteada no trasciende el ámbito de la
legalidad ni se proyecta como un problema constitucional nítido en los términos
fijados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
sobre acción de tutela contra providencias judiciales, sino que lo que en realidad se
pretende es que el juez de tutela sustituya el criterio de la Sala 1 Especial de
Decisión del Consejo de Estado.
8) En consecuencia, se confirmará la improcedencia de la acción de tutela respecto
de los autos del 30 de enero y 30 de mayo de 2025, pero por falta de relevancia
constitucional, por cuanto el interés de los demandantes es emplear la acción de
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-007362-01
Demandante: Miguel Antonio Parra y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo
tutela como una instancia adicional para cuestionar una interpretación jurídica ya
adoptada por la autoridad judicial competente.
2.3 El presupuesto general de la inmediatez en las acciones de tutela
El requisito de inmediatez constituye una exigencia que reclama la verificación de
una correlación temporal entre la solicitud de amparo y el hecho judicial vulnerador
de los derechos fundamentales.
Dicho presupuesto propugna porque los afectados sean diligentes en sus reclamos
con el fin de que acudan ante los jueces de manera inmediata a ventilar las
situaciones que vulneran o amenazan sus garantías constitucionales en orden a
que se puedan tomar medidas urgentes y pertinentes para el amparo de tales
derechos.
En otros términos, lo que se busca es que la acción de tutela se promueva en un
término prudencial y razonable en la medida que, en tanto mecanismo de protección
“inmediata13” de derechos fundamentales, este amparo constitucional pueda cumplir
su cometido y el paso del tiempo no sea tan significativo, irrazonable ni
desproporcionado que torne ineficaz o inane el control constitucional de la actividad
judicial por vía de la acción de tutela.
Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado para explicar el sentido y
alcance de este requisito, así:
“En ese sentido, es necesario promover la acción de tutela contra
providencias judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario
la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en
entredicho, ya que no se entiende por qué si la amenaza o violación del
derecho era tan perentoria, no se acudió al mecanismo constitucional con
anterioridad. Como consecuencia de ello, permitir un excesivo paso del
tiempo ante la posibilidad de una reclamación constitucional contra una
providencia judicial, puede afectar además el principio de seguridad jurídica;
de tal manera que la inmediatez sea claramente una exigencia ineludible en
13
En efecto, el artículo 86 de la Constitución Política que consagró la acción de tutela establece:
“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.”. (negrillas adicionales).
18
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Demandante: Miguel Antonio Parra y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales14”.
En esos términos, es claro que resulta de la esencia de este medio de defensa
judicial la “urgencia” en la protección de las garantías fundamentales, de ahí que se
exija a los afectados el ejercicio de la acción tan pronto como tengan conocimiento
de la vulneración o amenaza.
Tal requisito cobra mayor relevancia tratándose de acciones de tutelas contra
providencias judiciales, en tanto que en este caso se pretende dejar sin efectos una
decisión judicial, de modo que el lapso que transcurra entre la notificación o
ejecutoria de la providencia y la presentación de la acción debe ser razonable, so
pena de que como una de las consecuencias lógicas del principio de seguridad
jurídica el solo paso del tiempo conlleve a que la providencia se proyecte, consolide
sus efectos y se legitime.
De lo contrario se generaría una total incertidumbre sobre la firmeza de las
decisiones con la consecuente afectación al principio de la cosa juzgada y los
derechos de los terceros, quienes se verían abocados a tener que esperar de
manera indefinida a que su contraparte no haga uso de esta herramienta o
someterse a procesos sempiternos, lo cual desde luego desdibuja la esencia de
este mecanismo e implicaría sacrificar principios tan valiosos de cualquier
ordenamiento jurídico como lo son la seguridad jurídica y la cosa juzgada.
Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia constitucional también ha
sido enfática en cuanto a que el presupuesto de la inmediatez no puede ser
equiparado en toda su extensión al fenómeno extintivo de caducidad propio de las
acciones ordinarias, pues, si consideramos que la finalidad del primero justamente
es erigirse en la primera herramienta de protección y defensa ante acciones u
omisiones que pongan en riesgo o vulneren garantías iusfundamentales en
ocasiones aplicar de manera estricta el término de 6 meses puede resultar en una
decisión excesivamente rigurosa.
Ello es así, en la medida que no siempre el simple transcurso del tiempo puede
llevar al juez a concluir que la acción de tutela se ha presentado de forma tardía
14
Corte Constitucional, sentencia SU-184 de 2019.
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ante la posibilidad de que existan circunstancias especiales que no solo justifiquen
que la demanda no se hubiere presentado en un término razonable, sino que
demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental son
permanentes, persisten en el tiempo y hacen que la violación sea siempre actual.
Para ello, la jurisprudencia constitucional ha construido varias excepciones que
deben analizarse en cada caso concreto en orden a racionalizar la exigencia de la
inmediatez, a saber:
“(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes;
(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión;
(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;
(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de acaecida
la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición 15”.
En suma y con la claridad de que tales eventos “no son taxativos”, el juez debe
valorar si la tardanza en el ejercicio de la acción tuvo origen en razones
jurídicamente válidas que expliquen de manera razonable la inactividad de la parte
actora, hipótesis en las cuales el amparo constitucional siempre será procedente.
2.4 Verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez respecto de la
sentencia del 21 de noviembre de 2022 proferida por la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado.
1) La Sala comparte la conclusión a la cual arribó el a quo, en cuanto a que en el
presente asunto no se cumplió con el requisito de inmediatez respecto de la
sentencia del 21 de noviembre de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
2) En efecto, de conformidad con las actuaciones obrantes en el expediente, se
encuentra acreditado que dicha providencia fue notificada mediante edicto
electrónico fijado el 6 de diciembre de 2022 y desfijado el 13 del mismo mes.
15
Corte Constitucional, sentencia T-189 de 2009.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-007362-01
Demandante: Miguel Antonio Parra y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo
3) No obstante, la acción de tutela fue interpuesta el 21 de noviembre de 2025 (no
el 24 de noviembre de 2025 como lo afirmó el a quo), lo cual evidencia que
transcurrió un lapso cercano a tres años entre la notificación de la providencia
cuestionada y la presentación de la demanda, por lo cual se superó ampliamente el
término que la jurisprudencia ha considerado razonable.
4) La Sala advierte que en este caso tampoco se explicó ni justificó la presentación
tardía de la acción, pues los demandantes no esgrimieron ningún i) motivo válido o
situación personal que justificara su inactividad; ii) no se aprecia que se esté ante
una vulneración o amenaza permanente, iii) que el fundamento de la acción haya
surgido después de acaecida la actuación violatoria de los derechos, o iv) ninguna
otra circunstancia especial que permita flexibilizar el término de inmediatez.
Conclusión
Como la acción de tutela no se presentó en un plazo razonable respecto de la
sentencia del 21 de noviembre de 2022, sin que los demandantes hubieran
expuesto una razón válida que justificara la tardanza, se confirmará la
improcedencia del amparo frente a dicha providencia por incumplimiento del
requisito de inmediatez.
De otra parte, respecto de los autos del 30 de enero y 30 de mayo de 2025, la Sala
confirmará la decisión de improcedencia, aunque no por incumplimiento del requisito
de subsidiariedad sino por ausencia de relevancia constitucional, en tanto los
demandantes pretenden reabrir por vía de tutela una discusión jurídica sobre el
régimen normativo aplicable al recurso extraordinario de revisión, asunto que ya fue
planteado en el recurso de súplica y resuelto de manera expresa y motivada por la
Sala 1 Especial de Decisión del Consejo de Estado.
En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
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Demandante: Miguel Antonio Parra y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de
tutela, por las razones expuestas en esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes e intervinientes o por el
medio que resulte más expedito y eficaz.
3º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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