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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2007-00440-01

Fecha
21 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2007-00440-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA EN EL SERVICIO – responsabilidad por incautación – No se configuró. Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Nación - Fiscalía General de la Nación contra la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Según la demanda, el Ejército Nacional incurrió en una falla en el servicio al inmovilizar las dragas “Dinámica I” y “Trinidad”, sin tener indicios sobre la comisión de una conducta punible; asimismo, la Fiscalía General de la Nación incurrió en una supuesta falla al omitir realizar control de legalidad a la inmovilización, dilatar el trámite de la investigación previa, apreciar inoportunamente las pruebas de descargo, no nombrar como depositarios provisionales de los bienes incautados a sus propietarios, y omitir conservar y restituir los bienes en el mismo estado en que los confiscó. I. SENTENCIA IMPUGNADA 1 Radicación: 25000232600020070044001 (52.165) Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otro Referencia: Acción de reparación directa 1. Corresponde a la sentencia del 27 de marzo de 2014, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de descongestión, dispuso (transcripción literal): “PRIMERO.- No Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación, solicitada por dicha entidad, por lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. “SEGUNDO.- Declárese administrativamente responsable a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, por los perjuicios causados a los demandantes, de acuerdo con lo expuesto en la presente providencia. “TERCERO.- Condenar a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en abstracto de acuerdo con la parte motiva de la presente providencia, de conformidad con el artículo 172 del C.C.A. “CUARTO.- Sin condena en costas. “QUINTO.- Fíjese como honorarios de pericia la suma de $500.000.oo al señor Alfonso Escandón Cortés, los cuales serán cancelados directamente por la parte actora. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2007-00440-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

21 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2.022)

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00440-01 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA –
DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA –
Dilación en la toma de decisiones judiciales e inoportuna apreciación probatoria –
No se configuró / Omisión en el nombramiento de propietarios como depositarios
provisionales – No se configuró / Omisión en los deberes de conservación y
restitución de bienes incautados – Se configuró - FALLA EN EL SERVICIO –
responsabilidad por incautación – No se configuró.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Nación -
Fiscalía General de la Nación contra la sentencia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

Según la demanda, el Ejército Nacional incurrió en una falla en el servicio al
inmovilizar las dragas “Dinámica I” y “Trinidad”, sin tener indicios sobre la comisión
de una conducta punible; asimismo, la Fiscalía General de la Nación incurrió en una
supuesta falla al omitir realizar control de legalidad a la inmovilización, dilatar el
trámite de la investigación previa, apreciar inoportunamente las pruebas de
descargo, no nombrar como depositarios provisionales de los bienes incautados a
sus propietarios, y omitir conservar y restituir los bienes en el mismo estado en que
los confiscó.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1

Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

1. Corresponde a la sentencia del 27 de marzo de 2014, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de
descongestión, dispuso (transcripción literal):

“PRIMERO.- No Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Fiscalía General de la Nación, solicitada por dicha entidad, por lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.

“SEGUNDO.- Declárese administrativamente responsable a la Fiscalía
General de la Nación y al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, por los perjuicios causados a los demandantes, de acuerdo con lo
expuesto en la presente providencia.

“TERCERO.- Condenar a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, en abstracto de acuerdo con la parte
motiva de la presente providencia, de conformidad con el artículo 172 del
C.C.A.

“CUARTO.- Sin condena en costas.

“QUINTO.- Fíjese como honorarios de pericia la suma de $500.000.oo al señor
Alfonso Escandón Cortés, los cuales serán cancelados directamente por la
parte actora.

“SEXTO.- Se reconoce personería a la doctora Martha Cecilia Gómez
Acevedo como apoderada de la Fiscalía General de la Nación identificada
con la Cédula de Ciudadanía No. 31.891.520 de Cali y T.P. No. 43.708 del C.S.
de la Judicatura, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 309
del cuaderno inicial.

“SÉPTIMO.- Por Secretaría, liquídense los gastos del proceso y en caso de
remanentes devuélvanse a la parte actora, pasados dos años sin que estos
sean reclamados, se declarará la prescripción de los mismos a favor del Tesoro
Nacional”1.

1 Folios 355 y reverso del cuaderno principal.

2

Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 1º de agosto de 2007 2
por los señores Miguel Antonio Parra Rojas, Aurelio Ossa Flórez y David Andrés
Muñoz Gómez, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
y la Fiscalía General de la Nación, cuyas pretensiones, hechos principales y
fundamentos de derecho son, los siguientes:

Pretensiones

3. La parte actora pretende la declaración de responsabilidad de las demandadas
y la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios que le
fueron irrogados con ocasión de la inmovilización de las dragas “Trinidad” y
“Dinámica I”, la destrucción de la primera y la pérdida transitoria de la última.

4. Por lo anterior, estimaron la solicitud indemnizatoria en: i) ciento cincuenta
millones de pesos ($150.000.000), por concepto del daño emergente, derivado de
la destrucción de la draga “Trinidad”, ii) dos mil cuatrocientos treinta millones de
pesos ($2.430.000.000), por concepto del lucro cesante causado con la
inmovilización de la draga “Trinidad”; iii) setenta y tres millones quinientos mil pesos
($73.500.000), por concepto del daño emergente, derivado del pago de los cánones
de arrendamiento de la draga “Dinámica I”, iv) tres mil doscientos sesenta y cuatro
mil pesos ($3.264.000.000) por concepto del lucro cesante causado con la
inmovilización de la draga “Dinámica I”; y, v) cien (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, por concepto de perjuicios morales, para cada uno de los
demandantes3.

Hechos

5. Como supuesto fáctico de las pretensiones, los demandantes señalaron que el
30 de diciembre de 2003, el señor Miguel Antonio Parra Rojas suscribió un contrato
de arrendamiento respecto de la draga “Dinámica I”, en calidad de arrendatario, por
el término inicial de 180 días; posteriormente, el mencionado señor, con los demás
demandantes, constituyeron una sociedad de hecho con el objeto de extraer

2 Folios 2 a 19 del cuaderno 1.
3 Folio 3 del cuaderno 1.

3

Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

material aurífero y de arrastre mediante el empleo de una draga de su propiedad,
denominada “Trinidad”.

6. Con el fin de desarrollar dicha actividad, el 3 de junio de 2004, el señor Parra
Rojas radicó las solicitudes de explotación minera FF3-121 y FF3-123, en los
términos establecidos en el artículo 165 de la Ley 685 de 2001, lo cual, a su juicio,
les permitía desarrollar las labores de minería mientras se tramitaba el permiso, sin
el riesgo de sufrir decomiso o exponerse a un proceso penal.

7. El 28 de agosto de 2004, tropas del batallón de infantería de selva No. 50
inmovilizaron las dragas “Trinidad” y “Dinámica I” a orillas del río Cotuhé, en el
corregimiento de Tarapacá, Amazonas, por la presunta explotación ilegal de
recursos naturales; el 30 de agosto siguiente, las dejaron a disposición de la
Fiscalía General de la Nación, autoridad que ese mismo día abrió la investigación
previa ordenando al comandante de la estación de policía de Tarapacá mantener
vigilancia permanente sobre las dragas incautadas; el 1º de septiembre de 2004,
las dragas fueron entregadas en custodia al señor Miguel Antonio Parra Rojas, con
el compromiso de no movilizarlas, y el 3 del mismo mes y año, el Fiscal lo relevó
de la custodia, entregándolas al corregidor de Tarapacá, quien salvó su
responsabilidad.

8. En el trascurso de las diligencias, el 7 de octubre de 2004, la Fiscalía negó la
solicitud de resolución inhibitoria y entrega de las dragas formulada por el
apoderado del señor Parra Rojas por cuanto no contaba con los permisos
ambientales y administrativos para la explotación, decisión que fue confirmada por
la misma autoridad, por considerar que los tripulantes fueron sorprendidos en
flagrancia4. Finalmente, el 31 de agosto de 2005, la Fiscalía Primera Especializada
de Bogotá precluyó la investigación por atipicidad de la conducta, ordenando la
devolución de las dragas, la cual se hizo efectiva en relación con la draga “Trinidad”,
el 6 de octubre de 2005, bien que, según la demanda, reportaba un deterioro de tal
magnitud que llevó a su hundimiento en el río Putumayo. En relación con la draga

4 Si bien dicha decisión también fue objeto del recurso de apelación, lo cierto es que el apoderado del señor

Miguel Antonio Parra Rojas desistió del recurso, por lo que, mediante proveído del 17 de enero de 2005, la
Fiscalía 7 Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca aceptó el desistimiento. Providencia obrante a
folios 3 y 4 del cuaderno 5.

4

Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

“Dinámica I”, su entrega se verificó el 25 de mayo de 2006, dado a que había sido
hurtada del sitio donde se encontraba inmovilizada.

9. Concretaron el reproche al Ejército Nacional en haberse abrogado facultades
de policía judicial para realizar la incautación, sin tener indicios de la comisión de
una conducta punible, ni contar con orden judicial.

10. Frente a la Fiscalía General de la Nación, señalaron que: i) omitió realizar el
control de legalidad de la inmovilización realizada por el Ejército Nacional en los
términos de la Ley 270 de 1996, ii) dilató el trámite de la investigación previa, pues
excedió el término de 6 meses previsto en la Ley 600 de 2000, iii) fue negligente en
el trámite de la investigación, dado que no apreció oportunamente las pruebas de
descargo aportadas desde el inicio de la actuación que demostraban la legalidad
de la conducta y con base en las cuales se declaró la preclusión de la investigación,
iv) omitió nombrar como depositarios provisionales de las dragas a sus propietarios
y/o tenedores, e v) incumplió sus obligaciones como depositario de las dragas, por
cuanto omitió conservar los bienes para evitar su deterioro y restituirlos en el mismo
estado en que fueron incautados, de acuerdo con lo establecido en los artículos 63
y 2263 del Código Civil.

11. Concluyeron que los hechos indicados les ocasionaron los perjuicios materiales
e inmateriales ya referidos.

La defensa

12. El 25 de octubre de 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, admitió la demanda5 y notificado en debida forma el auto
admisorio, las demandadas presentaron los siguientes planteamientos de defensa.

13. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional señaló que los
particulares están obligados a soportar las investigaciones judiciales y
administrativas que se adelanten con el fin de obtener el esclarecimiento de los
hechos, y que los contratos de explotación de recursos naturales, prevén la

5 Folio 28 del cuaderno 1.

5

Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

existencia de riesgos en el desarrollo del objeto contractual, dadas las condiciones
de orden público que caracterizan a las zonas donde se desarrollan. En esa medida,
propuso la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, por
considerar que la parte actora obró conociendo los posibles riesgos inherentes a la
actividad6.

14. La Nación - Fiscalía General de la Nación se opuso a cada una de las
declaraciones y condenas solicitadas por la parte actora, en tanto consideró que
actuó en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales de investigar
las conductas que revistan el carácter de delitos, sin perjuicio de que como
consecuencia de la investigación hubiera declarado la preclusión por atipicidad de
la conducta, ordenando la entrega inmediata de los bienes. De igual manera,
sostuvo que no intervino en la inmovilización e incautación de las dragas, y que los
perjuicios no se encontraban demostrados. En consecuencia, propuso la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva7.

6 Folios 42 a 50 del cuaderno 1.
7 Folios 51 a 57 del cuaderno 1.

6

Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

15. Surtida la etapa probatoria8, mediante auto del 18 de febrero de 2014 el a quo
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
que emitiera concepto9.

8 Durante la actuación se decretaron y practicaron las siguientes pruebas: i) los documentos aportados con la

demanda, que comprenden: copia de los contratos de arrendamiento de la draga “Dinámica I”, constancia
expedida por la empresa Dinámica Minería y Agroindustrial S.A. sobre el arrendamiento de la draga “Dinámica
I”, copia de la póliza de cumplimiento del pago de tributos aduaneros, copia de la escritura pública No. 0170 de
21 de abril de 2004 sobre constitución de la sociedad de hecho “Draga Trinidad” y compraventa de la draga La
Trinidad, copia de la solicitud de prórroga del término de internación y de las declaraciones de importación de
la draga Ritalia 3, copia de las solicitudes de legalización de la actividad minera de la draga “La Dinámica I” con
radicación FF3-123 y FF3-121 y constancia de su radicación, autorización de salida del puerto del remolcador
que transporta la draga “Trinidad” de 22 de junio de 2004, copia oficio BRISEL 26-BILAC50-S3-OP-375 sobre
la misión táctica No. 56 “Zafra I”, copia informe de 30 de agosto de 2004 mediante el cual se dejan las dragas
a disposición de la Fiscalía Regional del Amazonas, copia del informe de 2 de septiembre de 2004 sobre
desarrollo operación “Zafra I”, copia de la declaración rendida por el subteniente Eduardo López Villamizar el 1º
de septiembre de 2004, copia del memorial de 1 de septiembre de 2004 mediante el cual se solicita entrega
provisional de las dragas a la Fiscalía 33 Seccional, auto de 3 de septiembre de 2004 proferido por la Fiscalía
33 Secciona de Leticia, copia del informe 098 DAS.DGO.SIES.CGSR sobre diligencia de inspección y
verificación de las dragas, resolución de preclusión de la investigación penal, proferida por la Fiscalía Primera
Delegada el 31 de agosto de 2005, acta de entrega de la draga “Trinidad” de 6 de octubre de 2005, denuncia
de 31 de octubre de 2005 por el presunto hurto de la draga “Dinámica I” y el remolcador arrueira, documentos
de la entrega de la draga “Dinámica I”, certificación sobre compra de oro al señor Miguel Antonio Parra Rojas,
recibos de pago del arrendamiento de la draga “Dinámica I”, certificación proferida por la Asociación Cabildo
Indígena Mayor de Tarapacá CIMTAR, certificado de matrícula del señor Miguel Antonio Parra Rojas, constancia
de conciliación prejudicial proferida por la Procuraduría Cuarta Judicial Administrativa de Bogotá, veintinueve
(29) fotografías de las dragas “Trinidad” y “Dinámica I”; ii) copia auténtica de las solicitudes de legalización de
explotación minera No. FF3-121 y FF3-122; iii) informe técnico de Ingeominas sobre el depósito de oro aluvial
en el departamento de Amazonas; iv) copia auténtica del expediente penal No. 127069-01; v) informe de 30 de
agosto de 2004, mediante el cual el Ejército Nacional deja a disposición de la Fiscalía Regional del Amazonas
las dragas inmovilizadas; vi) informe del D.A.S. de 14 de septiembre de 2004 sobre la operación “Zafra I”; vii)
informe del D.A.S. de 16 de junio de 2004, sobre la operación “Lince 1”; viii) oficio del Ministerio de Transporte
sobre la imposibilidad de realizar un informe sobre el valor comercial de una draga sin efectuar una inspección
técnica física; ix) memorando SPL-0585 de Corpoamazonia sobre la inexistencia de estudios técnicos sobre los
yacimientos aluviales de oro en Amazonas; x) oficio No. 197/BRSEL 26-BISEL 50-S-2-INT-252 de 20 de octubre
de 2004 del Ejército Nacional sobre la operación “Zafra I”; xi) certificación del Banco de la República sobre los
precios del gramo de oro fino; xii) oficio No. 08-ASC-1054 de la Fiscalía General de la Nación sobre las pólizas
que amparan los bienes recibidos por la entidad; xiii) oficio No.

161118/MD-CE-JEOPE-DIAJO de 3 de febrero
de 2009 del Ejército Nacional sobre funciones en el territorio nacional; xiv) declaración de 25 de marzo de 2009,
rendida por el señor Álvaro Hernando Ilian Cuartas, amigo de los demandantes; xv) declaración de 9 de marzo
de 2009, rendida por el señor Juan Ochavano Acho, corregidor del municipio de Tarapacá; xvi) declaración de
9 de marzo de 2009, rendida por el señor Gervacio Greffa Greffa, agricultor de la comunidad Nueva Unión; xvii)
declaración de 9 de marzo de 2009, rendida por el señor Eliseo Nariño Viena, docente del colegio departamental
Villa del Carmen de Tarapacá; xviii) declaración de 17 de julio de 2009, rendida por el señor Alexander Quintero
Medina, primo del demandante David Andrés Muñoz; xix) oficio DTSG-624 del Ingeominas, radicado el 17 de
septiembre de 2009, sobre la inexistencia de estudios técnicos de los yacimientos aluviales de oro en
Amazonas; xx) oficio DAS.SAMA.DIRS.No. 848751 de 6 de octubre de 2009, sobre la inexistencia de
documentos adicionales relacionados con la operación “Zafra I”; xxi) oficio de 30 de octubre de 2009 del
Ministerio de Transporte sobre requerimientos para avalúo comercial de una draga; xxii) memorial de 1 de
febrero de 2010 del auxiliar de la justicia – contador público Augusto Caro Rodríguez sobre imposibilidad de
realizar el dictamen pericial sin una contabilidad organizada; xxiii) oficio de 3 de febrero de 2010 de Ingeominas,
en el que informa que los estudios de explotación o prospección son asumidos por los particulares; y, xxiv)

7

Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

16. La Nación – Fiscalía General de la Nación sostuvo que la parte actora incurrió
en culpa al no haber solicitado la devolución de las dragas, y que el bien incautado
reportó un deterioro normal por el paso del tiempo10.

17. La parte actora afirmó que no se configuró la eximente de responsabilidad de
culpa exclusiva de la víctima, por cuanto su actuación se limitó al desarrollo de una
actividad lícita, siendo la conducta negligente de la pasiva la causante del daño11.

18. En esta oportunidad procesal, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y el Ministerio Público, guardaron silencio.

La decisión

19. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C de descongestión, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, en los términos indicados al inicio de esta sentencia.

20. De manera preliminar, precisó que el sub examine debe analizarse a partir de
los títulos de imputación de falla en el servicio respecto de la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, por la incautación de las dragas, y de defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia en relación con la Nación – Fiscalía
General de la Nación, por el deterioro de los mencionados bienes.

21. Como fundamento de su decisión, el a quo manifestó que el Ejército Nacional
incurrió en falla en el servicio, debido a que, en el acta de incautación se constata
que las dragas “Dinámica I” y “Trinidad” fueron retenidas sin que existiera orden
judicial o se hubiera comprobado la comisión de alguna conducta punible en
flagrancia, dado que, a su juicio, los documentos aportados por el señor Miguel
Antonio Parra Rojas en el momento de la inmovilización, demostraban la
legalización de la explotación minera; estos fueron, i) copia de la póliza de seguro

dictamen pericial de 9 de diciembre de 2013, presentado por el perito Alfonso Escandón Cortés sobre liquidación
de perjuicios materiales.
9 Folios 306 del cuaderno 1.
10 Folios 247 a 254 y 308 del cuaderno 1.
11 Folios 321 a 342 del cuaderno 1.

8

Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

de cumplimiento a favor de la DIAN, ii) copia de la factura emitida por Transportar
Ltda. por la prestación del servicio de tramitación y registro de importación, iii) copias
del trámite de importación de la draga “Ritalia 3”, la cual, en virtud de la constitución
de la sociedad de hecho conformada por los demandantes, pasó a llamarse
“Trinidad”, iv) certificaciones emitidas por el Instituto Colombiano de Geología y
Minería -Ingeominas- , en las cuales consta que el señor Parra Rojas presentó las
solicitudes de legalización de explotación minera con No. FF3-121 y FF3-123 para
el mineral oro aluvial en la jurisdicción del municipio de Tarapacá, y v) copias de los
formularios simplificados para solicitar la legalización de explotaciones mineras,
identificados con el número de radicación FF3-121 y FF3-123.

22. Frente a la Fiscalía General de la Nación consideró que había incurrido en
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por cuanto, por un lado,
mediante providencia del 7 de octubre de 2004 negó la entrega provisional de las
dragas al señor Miguel Antonio Parra aduciendo que no presentó la autorización
legal para su explotación y, por otro, omitió poner los bienes en custodia de otra
entidad o secuestre que realizara su cuidado y mantenimiento, con miras a evitar
su deterioro y la pérdida de la draga “Dinámica I”.

23. Sobre esta base, condenó en abstracto a la pasiva al pago de los perjuicios
materiales derivados de la incautación y deterioro de ambas dragas, a la vez que,
negó los perjuicios morales deprecados en la demanda por falta de prueba sobre
su acreditación12.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

24. Inconforme con la decisión anterior, la Fiscalía General de la Nación interpuso
recurso de apelación, en el cual solicitó revocar la sentencia, por considerar que el
daño invocado por los demandantes, no se produjo a consecuencia de la
investigación penal, sino de la custodia y cuidado de los bienes incautados por parte
del corregidor departamental de Tarapacá-Amazonas, quien tenía su tenencia

12 Folios 344 a 355 del cuaderno principal.

9

Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

material y efectiva, de conformidad con los artículos 67 de la Ley 600 de 2000 y 161
de la Ley 165 de 2001, y por tanto, es quien debe responder por el deterioro de los
bienes.

25. Así mismo, sostuvo que no incurrió en defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, debido a que actuó en cumplimiento de sus deberes
constitucionales y legales al adelantar la investigación penal por los delitos de
contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo y de
explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales (artículos 333 y 338, L.
599 de 2000). Indicó que los demandantes no presentaron las licencias o títulos
mineros, ni los estudios de impacto ambiental exigidos para realizar la explotación
de recursos naturales, de conformidad con los artículos 194 a 199, 204 a 211, 281
a 283 y 306 de la Ley 685 de 2001, como tampoco demostraron que se trataba de
proyectos mineros especiales o desarrollos comunitarios (arts. 248 y 249 ibídem),
esto, por cuanto la explotación se desarrollaba en beneficio de la comunidad, y no
en favor de los demandantes.

26. Adicionalmente, indicó que no estaban demostrados los perjuicios, dado que la
sociedad de hecho conformada por los demandantes no llevaba libros de
contabilidad, ni registro de sus movimientos, operaciones y actividades13.

27. En proveído del 29 de octubre de 201414, esta Corporación admitió el recurso
de apelación interpuesto, y el 4 de diciembre siguiente corrió traslado a las partes
para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto15.

28. La parte actora señaló que los bienes incautados se encontraban vinculados a
una investigación penal, en los términos del artículo 67 de la Ley 600 de 2000 y, por
ende, la delegación de su cuidado y custodia no eximía de responsabilidad a la
Fiscalía General de la Nación; asimismo, afirmó que el ente instructor inició la
investigación penal a pesar de que estaba demostrada la atipicidad de la conducta,

13 Folios 358 a 374 del cuaderno principal.
14 Folios 397 y 398 del cuaderno principal.
15 Folio 400 del cuaderno principal.

10

Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

y además inaplicó el artículo 64 ibídem que la autorizaba a entregar
provisionalmente los bienes a sus tenedores y/o propietarios16.

29. La Fiscalía General de la Nación señaló que el daño era imputable al
corregimiento de Tarapacá, lo cual la eximía de responsabilidad, y que la parte
actora no demostró que hubiera incurrido en defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia ni la pérdida total de las dragas17.

30. Las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

31. No existiendo razones o motivos que conduzcan a la Sala a declarar una
nulidad o a volver sobre la definición de su competencia, se procede a resolver el
recurso de apelación ya indicado.

Problema jurídico

32. Los aspectos centrales traídos a colación por la Nación – Fiscalía General de la
Nación, apuntan a determinar si tal entidad es responsable por el daño reclamado
por la parte actora, derivado del supuesto defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia en que incurrió, al: i) dilatar la investigación previa y no
analizar oportunamente las pruebas de descargo, ii) omitir nombrar como
depositarios provisionales de las dragas a los demandantes y iii) omitir conservar y
restituir las dragas “Trinidad” y “Dinámica I” en el mismo estado en que fueron
incautadas, y de ser así, iv) se verificará si se configuró la eximente de
responsabilidad de culpa de un tercero atribuida al corregidor departamental de
Tarapacá por la entidad recurrente.

16 Folios 401 a 414 del cuaderno principal.
17 Folios 415 a 418 del cuaderno principal

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Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

33. En principio, la Sala no efectuará pronunciamiento alguno en torno a la
responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional en relación
con las supuestas fallas en que incurrió en la incautación de las dragas. No obstante
esa circunstancia, se advierte que dependiendo del estudio que se haga en relación
con la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, conforme a su alegato
exculpatorio de segunda instancia, en la medida que en el régimen penal de la Ley
600 de 2000 – aplicable al sub examine– no se estableció la figura jurídica del
control de legalidad del proceso de incautación, y en tanto que se predica una
unidad judicial en las actuaciones adelantadas por la pasiva, la Sala podrá
considerar la necesidad de calificar varios de los hechos en relación con la
responsabilidad de la autoridad castrense, ante el vínculo inescindible que existe
entre las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y la incautación efectuada
por el Ejército Nacional.

34. Respecto de los perjuicios morales negados por el a quo, la Sala no abordará
su análisis, por cuanto tal aspecto no fue objeto de cuestionamiento en el recurso
de apelación que se analiza.

Lo probado

35. En el expediente obra el siguiente material probatorio con el que esta
Subsección encuentra probados los hechos relevantes que a continuación se
enlistan:

• El 30 de diciembre de 2003, la sociedad Dinámica Minera y Agroindustrial
S.A. (Dimiasa), en calidad de arrendador, y el señor Miguel Antonio Parra, en
calidad de arrendatario, celebraron un contrato de alquiler de la draga “Dinámica
I”, por el término inicial de 180 días18, el cual fue prorrogado hasta el 30 de
diciembre de 200419. Asimismo, mediante certificación de 8 de mayo de 2007,

18 Folio 1 del cuaderno 2 y 27 del cuaderno 7.
19 Folios 2 y 3 del cuaderno 2 y 28 y 29 del cuaderno 7.

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Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

expedida por la sociedad Dinámica Minera y Agroindustrial S.A., se afirmó que el
contrato se ejecutó hasta el 30 de mayo de 200620.

• Mediante escritura pública No. 0170 de 21 de abril de 2004, el señor Miguel
Antonio Parra Rojas protocolizó la venta de las dos terceras partes de la draga
“Ritalia 3” a los señores Aurelio Ossa Flórez y David Andrés Muñoz; de igual forma,
en dicho instrumento público declararon la constitución de una sociedad de hecho
para la extracción de material aurífero y de arrastre en todo el territorio nacional,
acordando que en adelante la draga se denominaría “Trinidad”21.

• El 30 de agosto de 2004, el comandante de la base militar de Tarapacá,
Amazonas, perteneciente al Batallón Selva No. 50 del Ejército Nacional, puso a
disposición de la Fiscalía Regional del Amazonas diferentes dragas, entre ellas,
las denominadas “Trinidad” y “Dinámica I”, las cuales fueron detenidas el 28 de
agosto anterior en cumplimiento de lo ordenado en la misión táctica “Zafra I”, cuyo
objetivo principal era desarrollar una operación ofensiva de registro y control militar
del área fronteriza con el fin de ubicar las dragas, incautar maquinaria y detener
personal nacional y/o extranjero que estuviera realizando la explotación ilegal de
riquezas mineras sobre el río Cotuhé22.

Según el informe de la diligencia, los elementos encontrados en la draga “Trinidad”,
fueron23:

“ELEMENTO CANTIDAD
Tanques con 1.000 galones de A.C.P.M 04
Canecas desocupadas 24
Botes sin motor 02
Tubos de 12 pulgadas 02
Tubos de 5 pulgadas 04
Canecas de acero 02
Discos en acero 04
Placas en acero 04
A.C.P.M. por galones 80

20 Folio 4 del cuaderno 2.
21 Folios 6 a 18 del cuaderno 2 y 1 a 4 del cuaderno 9.
22 Folios 49 a 56 del cuaderno 2.
23 Folios 42 a 48 del cuaderno 2 y 80 a 86 del cuaderno 8.

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Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

Gasolina por galones 20
Bote de fibra con motor 50 honda 01
Bote de aluminio con motor 40 Yamaha 01
Motobomba yamax 01
Planta eléctrica diesel Kubota 01
Soldador lincon 01
Equipo de soldadura del corregimiento 01
Bomba de succión de la draga 01
Canecas plásticas de 55 galones 10
Canecas metálicas de 55 galones 07

“SEGUNDO PISO. LA VIVIENDA DEL PERSONAL
Refrigerador esmaltec 450 01
• ancho 1.35 mt
• alto 90 cm
• fondo 67.5 cm
Camas 02
Camarotes 03
Cocinas a gas de 4 fogones con horno 01
Bomba hidráulica “THEBE” dañado 01
Grabadora de CD Y VCD sankey 01
Repuestos de filtros de aceite nuevos 03

Así mismo, la draga de propiedad de la empresa Dinámica Minera y Agroindustrial
S.A. (Dimiasa), contaba con los siguientes elementos:

“3 motores escania para mover los brazos hidráulicos y la bomba.
Remolcador motor mercedes
3 deslizadores metálicos por 5 personas
1 fibra por 8 personas
2 plantas eléctricas VW
1 nevera pequeña
2 televisores de 24 pulgadas
Aproximadamente 15.000 galones de A.C.P.M.
18 canecas plásticas vacías
2 cocinas integral conformada por 4 fogones y a gas por draga
1 cama sencilla
2 camarotes
1 cama doble
6 pipas de gas de 40 libras
2 pipas de gas de 20 libras

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Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

1 torno
3 equipos de soldadura
1 motobomba honda
1 sistema de aire acondicionado dañado
4 lavadoras
1 comedor de 8 puestos
1 mesa con dos bancas
1 mesa con cuatro bancas
250 mts de cable de acero aproximadamente nuevo
6 extintores
6 congeladores
1 compresor de aire
1 cargador de baterías”24.

• Con base en el informe anterior, el 30 de agosto de 2004, la Fiscalía 33
Seccional Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Leticia, abrió la
investigación previa con el fin de verificar la legalidad o ilegalidad de la explotación
aurífera, para lo cual dispuso el desplazamiento a Tarapacá y solicitó información
al Ministerio de Minas acerca de la existencia de autorizaciones para la explotación
aurífera en las riberas del río Cotuhé25.

• Mediante proveído del 31 de agosto de 2004, la Fiscalía 33 Seccional
dispuso: i) oír en versión libre a los propietarios de las dragas, ii) oír en declaración
a las personas que tuvieran conocimiento de hechos relacionados con la
contaminación del río o la afectación de recursos naturales en la zona por causa
de la explotación aurífera, y iii) establecer mediante testimonio rendido por el
subteniente Eduardo López Villamizar, las circunstancias dentro de las cuales
fueron incautadas las dragas y balsas artesanales26.

• En versión libre rendida el 31 de agosto de 2004, el señor Miguel Antonio
Parra Rojas afirmó no haber recibido respuesta frente a las solicitudes radicadas

24 Folios 80 a 86 del cuaderno 8.
25 Folio 19 del cuaderno 4.
26 Folio 20 del cuaderno 4.

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Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
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Referencia: Acción de reparación directa

para legalizar la actividad minera que ejercía artesanalmente mediante el uso de
mercurio27.

En esa oportunidad, anexó, entre otros documentos: i) copia del contrato de
arrendamiento de la draga “Dinámica I”, junto con su declaración de importación28,
ii) copia de la escritura pública No. 0170 de 21 de abril de 200429, correspondiente
a la adquisición de la draga “Ritalia 3” y a la constitución de la sociedad de hecho
conformada por los demandantes, iii) copias del trámite de importación de la draga
“Ritalia 3”30, iv) copia de la certificación expedida por Ingeominas sobre la
radicación de la solicitud de legalización de la actividad minera realizada con la
draga “Dinámica I” con radicado FF3-121, en la que se señalaba la imposibilidad
de proceder mediante medidas de decomiso, suspensión de la actividad de
explotación por parte de los alcaldes, ni acciones penales, mientras no se
resolviera la solicitud (artículo 165 de la Ley 685 de 2001)31, y v) copia de una
segunda solicitud de legalización de explotación minera de la draga “Dinámica I”,
con número de radicación FF3-123 de 3 de junio de 200432.

• El 1º de septiembre de 2004, la Fiscalía se dirigió a la base militar de frontera
del corregimiento de Tarapacá para tomar la declaración del subteniente Eduardo
López Villamizar, quien participó en el operativo de incautación. En su declaración,
indicó que durante las labores de empalme evidenciaron que las dragas habían
estado en el río durante 20 días, y que, si bien en el momento del operativo no
estaban en funcionamiento, en el lugar se observaba deslizamiento de mercurio
de los planchones de las dragas hacía el río, destrucción de las orillas del río y
montículos de arena, lo cual era producido por las labores de succión desarrolladas
por las máquinas.

Igualmente, afirmó que el desplazamiento de las dragas al corregimiento de
Tarapacá estuvo mediado por la necesidad de reparar uno de los motores de las
dragas, la imposibilidad de realizar su traslado de noche por ausencia de visibilidad

27 Folios 21 a 23 del cuaderno 4.
28 Folios 43 a 48 del cuaderno 4.
29 Folios 51 a 57 del cuaderno 4.
30 Folios 58 a 64 del cuaderno 4.
31 Folio 86 del cuaderno 4.
32 Folios 87 a 90 del cuaderno 4.

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Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
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Referencia: Acción de reparación directa

para navegar, y la necesidad de requerir personal adicional para que las operara,
puesto que, sus tripulantes manifestaron que no sabían manejarlas33.

• En acta de diligencia de custodia del 1º de septiembre de 2004, la Fiscalía
33 Seccional Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Leticia dejó las
dragas “Trinidad” y “Dinámica I” en custodia del señor Miguel Antonio Parra Rojas,
con la obligación de que las mantuviera en el sitio donde se encontraban y de
preservar los accesorios contenidos en las mismas34. Con ese propósito expidió el
oficio No. 224 dirigido al comandante de la Estación de Policía de Tarapacá -
Amazonas, para que vigilara el cumplimiento de dichas obligaciones35.

• Ese mismo día, tras haber suscrito el acta de la diligencia de custodia, el
señor Miguel Antonio Parra Rojas solicitó a la Fiscalía 33 Seccional Delegada ante
los Juzgados Penales del Circuito de Leticia, la entrega definitiva o provisional de
las dragas “Trinidad” y “Dinámica I”, por considerar que no se cometió conducta
punible alguna36.

• A través de proveído del 3 de septiembre de 2004, el Fiscal 33 Seccional
Delegado ante los Juzgados Penales del Circuito de Leticia dejó en custodia del
corregidor departamental de Tarapacá los bienes incautados, relevando de la
misma al señor Miguel Antonio Parra Rojas. En dicho documento se indicó que el
corregidor aceptó recibir los bienes con la constancia de que salvaba su
responsabilidad por no tener suficiente personal disponible para ejercer la
custodia37.

• El 28 de septiembre de 2004, el señor Miguel Antonio Parra Rojas, a través
de apoderado judicial, solicitó al Fiscal Primero Seccional de la Unidad de Delitos
Contra la Administración Pública, de Justicia y el Medio Ambiente, se inhibiera o
abstuviera de iniciar la etapa sumarial, por considerar que no se incurrió en el
presunto delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, en
tanto que, el formulario de legalización de la actividad minera No. FF3-123 de 3 de

33 Folios 57 y 58 del cuaderno 2 y 132 y 133 del cuaderno 4.
34 Folio 134 del cuaderno 4.
35 Folio 135 del cuaderno 4.
36 Folio 59 del cuaderno 2 y 137 del cuaderno 4.
37 Folios 60 y 61 del cuaderno 2.

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Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
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Referencia: Acción de reparación directa

junio de 2004 (a nombre de la draga “Dinámica I”), lo autorizaba a desarrollar la
actividad en los términos del artículo 165 de la Ley 685 de 2001, y además, no
estaba demostrado que con la extracción se estuviera causando graves daños a
los recursos naturales o al medio ambiente, pues en el “plan operativo institucional”
de junio de 2004 realizado por la ingeniera de minas Amanda López para
Corpoamazonia, se concluyó que los impactos ambientales generados a causa de
la actividad minera en el río Cotuhé eran mínimos, por cuanto se utilizan sistemas
de producción limpios con el uso del mercurio. En consecuencia, reiteró la solicitud
de entrega provisional de las dragas “Dinámica I” y “Trinidad” 38.

• Mediante informe No. 2840/SAMA, DIRS.2911 de 5 de octubre de 2004, el
D.A.S. allegó a la Fiscalía 33 Seccional de Leticia, el informe T.3187/04 del 24 de
septiembre anterior relativo al análisis de una muestra de arrastre recogida en la
draga “Trinidad” el día del operativo, la cual arrojó como resultado presencia de
mercurio39.

• Mediante resolución de 7 de octubre de 2004, la Fiscalía Primera Seccional
negó la resolución inhibitoria a favor del señor Miguel Antonio Parra Rojas y la
entrega de las dragas, por considerar que el investigado no contaba con el
respectivo permiso para la explotación, dado que, el formulario de legalización de
explotaciones mineras únicamente demostraba el inicio del trámite para obtener la
autorización de explotación del oro; además, el artículo 165 del Código de Minas
no podía interpretarse aisladamente, puesto que la extracción mediante succión
del material del fondo del cauce del río Cotuhé con una tubería de 16 pulgadas,
mediante la acción de un motor de 315 H –como quedó descrito en la solicitud de
legalización-, podía generar graves daños a los recursos naturales o al medio
ambiente, haciendo necesario que previo al otorgamiento de la licencia de
explotación se presentara un estudio de impacto ambiental, como se desprende
del artículo 64, 194 y 195 ibídem.

Adicionalmente, negó la devolución de las dragas en virtud de lo preceptuado en
el artículo 67 de la Ley 600 de 2000, debido a que, el delito investigado era
eminentemente doloso y los mencionados bienes fueron empleados para extraer
38 Folios 151 a 154 del cuaderno 4.
39 Folios 293 a 298 del cuaderno 4 y 5 a 10 del cuaderno 8.

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Referencia: Acción de reparación directa

el mineral del fondo del cauce, sin contar con las autorizaciones ambientales y del
Ministerio de Minas y Energía40.

• Mediante resolución del 7 de octubre de 2004, la Fiscalía Primera Seccional
de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, de Justicia y el Medio
Ambiente, abrió la investigación por el delito de explotación ilícita de yacimiento
minero y otros materiales (artículo 338, L. 599 de 2000) encaminada a identificar e
individualizar a los propietarios de las dragas aún no identificados y determinar si
contaban con permisos para realizar el dragado. De igual manera, dispuso oír en
indagatoria al señor Miguel Antonio Parra Rojas y otros, y comisionó a la Fiscalía
Seccional de Leticia para realizar la inspección de las dragas incautadas y la
elaboración de los respectivos inventarios41.

• Inconforme con la decisión que negó la solicitud de proferir decisión
inhibitoria y la entrega de los elementos retenidos, el 8 de noviembre de 2004, el
señor Miguel Antonio Parra Rojas, a través de apoderado, interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación, insistiendo en sus alegatos iniciales42.

• Con la resolución de 30 de noviembre de 2004, la Fiscalía de conocimiento
decidió no reponer la resolución del 7 de octubre anterior, por considerar que
persistían los motivos que condujeron a la apertura de la investigación y a negar
la entrega de las dragas. En consecuencia, concedió en el efecto devolutivo el
recurso de apelación interpuesto43.

• El 12 de enero de 2005, el señor Miguel Antonio Parra Rojas rindió diligencia
de indagatoria, en la cual negó haber incurrido en el hecho punible y aportó
diferentes documentos, entre estos, las certificaciones de 4 de junio de 2004
expedidas por Ingeominas, relativas a la radicación de las solicitudes de legalización
de explotación minera FF3-121 (a nombre de la draga “Dinámica I”), FF3-122 (a
nombre de la draga “Trinidad”) y FF3-123 (a nombre de la draga “Dinámica I”), y el
“plan operativo institucional” de Corpoamazonia de junio de 200444.

40 Folios 195 a 203 del cuaderno 4.
41 Folios 202 y 203 del cuaderno 4.
42 Folios 221 a 228 del cuaderno 4.
43 Folios 950 y 951 del cuaderno 12.
44 Folios 112 a 116 del cuaderno 7.

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Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
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Referencia: Acción de reparación directa

• En la misma fecha, rindieron indagatoria los señores David Andrés Muñoz
Gómez45 y Aurelio Ossa Flórez46, quienes manifestaron que desarrollaban la
actividad minera de manera artesanal mediante el empleo de la draga “Trinidad”.

• Mediante proveído del 17 de enero de 2005, la Fiscalía 7 Delegada ante el
Tribunal Superior de Cundinamarca, aceptó el desistimiento del recurso de
apelación presentado por el apoderado del señor Miguel Antonio Parra Rojas47 el
11 de enero anterior48, decisión que fue notificada personalmente al interesado el
20 de enero del mismo año49.

• En proveído del 20 de enero de 2005, la Fiscalía Primera Seccional dispuso
la ruptura de la unidad procesal, por cuanto la presunta conducta punible
investigada no se cometió en coparticipación criminal y, por tanto, ordenó continuar
bajo la radicación 127069 la investigación por la incautación de las dragas “Trinidad”
y “Dinámica I”.

Con ese propósito, sostuvo que las labores de investigación estaban orientadas a
documentar el proceso de extracción de oro realizado por las mencionadas dragas,
dadas sus características, capacidad instalada, equipos, potencia de los motores,
personal y materiales50.

• En oficio No. 024 de 21 de enero de 2005, la Fiscalía Primera Seccional
solicitó al Departamento Administrativo de Seguridad (D.A.S.) i) la inspección y
elaboración de los inventarios de las dragas “Dinámica I” y “Trinidad”, ii) la
verificación de la documentación aportada por los procesados respecto de la
propiedad e importación de las mencionadas dragas, e iii) investigar el proceso de
extracción de oro desarrollado por las dragas atendiendo a su capacidad instalada,
equipos, potencia de los motores, personal y materiales empleados51.

45 Folios 118 a 121 del cuaderno 7.
46 Folios 122 a 125 del cuaderno 7.
47 Folios 3 y 4 del cuaderno 5.
48 Folio 268 del cuaderno 4 y 103 del cuaderno 7.
49 Según sello de notificación personal visible a folio 215 del cuaderno 11.
50 Folio 141 del cuaderno 7.
51 Folio 142 del cuaderno 7 y 548 del cuaderno 11.

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Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

• Con oficio No. 139 de 10 de marzo de 2005, la Fiscalía Primera Seccional
solicitó al D.A.S. que remitiera los resultados de la inspección y demás información
solicitada mediante el oficio No. 024 del 21 de enero anterior52.

• El 11 de abril de 2005, el D.A.S. rindió el informe 098 DAS.DGO.SIES.CGSR
relativo a la diligencia de inspección realizada a las dragas “Dinámica I” y “Trinidad”
el 7 de marzo del mismo año, en presencia del señor Miguel Antonio Parra Rojas.

Con el referido documento, se aportó un registro fotográfico de las dragas “Dinámica
I” y “La Trinidad” y en punto al inventario de cada máquina, se expresó (transcripción
literal):

“2.1. EMBARCACIÓN (DRAGA) INDUSTRIAL DENOMINADA DINÁMICA

“Propietario: Dinámica Minera y Agroindustrial S.A.
Arrendador (sic): MIGUEL ANTONIO PARRA ROJAS

“Dimensiones, infraestructura, maquinaria y equipo:

28 mts de largo x 14 mts ancho x 1.6 mts altura

Un (01) motor Escania Serial 3126848 capacidad 315 H.P para operación
dragado
Una (01) Boba hidráulica Serial s110202482
Un (01) Comando Hidráulico serial 254092-10
Un (01) Generador eléctrico Motor MWM Serial 0229.03.22397 cap. 52 P.D.
Un (01) Motor hidráulico Guincho Trasero TRW Serial 29171999
Una (01) Manguera de Succión capacidad 12”
Un (01) Motor hidráulico Gincho delantero Parker torqlink T0335MS010AAAA
Un (01) Equipo de soldadura 65425 marca ITAIPU cap 425W
Un (01) Compresor serial 70621044 cap 250 psi
Una (01) Manguera de 16 pulgadas de diámetro y 23 Mts de largo utilizada para
la succión del material
Un (01) Batidor manual

52 Folio 982 del cuaderno 12.

21

Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
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Referencia: Acción de reparación directa

Una (01) batea (utilizada para separar oro de la tierra)
Una (01) piscina para depósito de material succionado
Dos estufas de cuatro puestos INRESA serial 07746
Dos (02) congeladores marca colmaster
Un (01) televisor marca phillips de 21”
Una (01) lavadora marca LG 18 Lbs
Dos (02) ventiladores
Un (01) motor (dañado)
Una (01) pulidora manual
10.000 galones de A.C.P.M.

Presenta, además, un remolcador marca Mercedes Benz, 125 serial om
352344912 No. 100-56-4-55 CFW 61-1 0460000495-464 para la navegabilidad
de la embarcación.

(…)

“2.4. EMBARCACIÓN (DRAGA) INDUSTRIAL DENOMINADA TRINIDAD

Propietarios: Sociedad conformada por los señores MIGUEL ANTONIO
PARRA ROJAS, AURELIO OSSA FLÓREZ Y ANDRÉS MUÑOZ.

Dimensiones, infraestructura, maquinaria y equipo

18 mts de largo x 14 ancho x 1.6 mts altura.

Un (01) motor MACK cap 230 HP serial 239CB5358B-4212D13978360
Un (01) comando hidráulico marca Hidrobert
Una (01) bomba de succión marca SEMMI denominación 346-13 No. 747-14
Un (01) motor hidráulico guincho delantero derecho TRW1206892008094
Un (01) motor hidráulico guincho de la lanza TRW 2917-19-99
Un (01) motor marca Kubota
Un (01) equipo de soldadura cap 250PTA
Una (01) motobomba marca yamaz 175
Un (01) equipo de soldadura marca LINCOLN cap 250 PTA
Diez (10) canecas plásticas
Siete (07) laminas
Una (01) estufa marca smaltec 4 puestos

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Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

Un (01) congelador marca smaltec
Cuatro camarotes
Un (01) motor batidor manual
Un rotor metálico
Timbos vacíos mercurio”53.

Asimismo, con el mencionado informe, entre otros documentos, el D.A.S. allegó los
formularios de legalización de explotación minera de 3 de junio de 2004,
identificados con la radicación FF3-121 (a nombre de la draga “Dinámica I”)54, FF3-
122 (a nombre de la draga “Trinidad”)55 y FF3-123 (a nombre de la draga “Dinámica
I”)56; y el oficio SCT-0113 de 4 de febrero de 2005 del Ingeominas, en el cual se
indicó que bajo el plan de legalización previsto en el artículo 165 de la Ley 685 de
2001, no era posible decomisar el mineral extraído ni ejercer acciones penales
durante el tiempo que estuviera en trámite la solicitud de legalización de la actividad
minera, “salvo que se comprobara el deterioro ambiental generado por la
explotación”57.

• En diligencia de ampliación de indagatoria celebrada el 19 de abril de 2005,
ordenada el 5 de abril anterior por el despacho de conocimiento58, el señor Miguel
Antonio Parra Rojas explicó que el mercurio detectado por el personal técnico del
D.A.S. en la draga “Trinidad” se empleaba para separar el oro una vez extraído del
río, sin verterlo al cauce59.

• El 20 de abril de 2005, la Fiscalía Primera Seccional corrió traslado del
dictamen rendido por el D.A.S.60, el cual, luego de surtidas las notificaciones, finalizó
el 5 de mayo siguiente, sin que los sujetos procesales hubieran solicitado aclaración,
ampliación o adición61.

53
Folios 8 a 17 del cuaderno 5, 22 a 35 del cuaderno 11 y 1023 a 1036 del cuaderno 12.
54 Folios 22 a 36 del cuaderno 5 y 36 a 50 del cuaderno 11.
55 Folios 37 a 55 del cuaderno 5 y 51 a 69 del cuaderno 11.
56 Folios 56 a 74 del cuaderno 5 y 70 a 84 del cuaderno 11.
57 Folios 92 y 93 del cuaderno 5 y 85 y 86 del cuaderno 6.
58 Folio 144 del cuaderno 7.
59 Folios 279 a 282 del cuaderno 4 y 145 a 150 del cuaderno 7.
60 Folio 151 del cuaderno 7.
61 Folio 161 del cuaderno 7.

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Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

• El 25 de abril de 2005, el D.A.S. remitió a la Fiscalía Primera Seccional el
oficio 184 de 31 de marzo de 2005 suscrito por Corpoamazonia, mediante el cual
se informó que los investigados no tenían expedientes de seguimiento ambiental
registrados en dicha Corporación. Al mismo tiempo, se precisó que el mencionado
expediente se aperturaba a solicitud de parte, luego de haber obtenido el contrato
de concesión para la exploración y explotación de materiales62.

• El 6 de mayo de 2005, el Fiscal Primero Seccional de la Unidad de Delitos
Contra la Administración Pública, de Justicia y el Medio Ambiente, cerró la
investigación, de conformidad con el artículo 393 del C.P.P.63. Decisión que cobró
ejecutoria el 23 de junio siguiente64.

• El 13 de mayo de 2005, el apoderado del señor Miguel Antonio Parra Rojas
presentó alegatos precalificatorios, reiterando los argumentos esgrimidos durante la
actuación65.

• A su turno, el 6 de julio de 2005, el Ministerio Público señaló que no se
demostró mediante prueba pericial o concepto técnico, la existencia de impactos
ambientales significativos generados a causa de dicha actividad, la cual, además,
estaba amparada por el artículo 165 de la Ley 685 de 2001, en tanto que se
encontraban en trámite las solicitudes de legalización radicadas por el señor Miguel
Antonio Parra Rojas66.

• El 7 de julio de 2005, el expediente pasó al despacho para calificación67.

• El 12 de agosto de 2005, la Fiscalía Primera Seccional señaló que, según
información proporcionada por la DIAN, la draga “Dinámica I” presuntamente había
sido hurtada y se encontraba bajo la jurisdicción de las autoridades brasileñas. En
consecuencia, ofició a las diferentes autoridades para que informaran si ante esos
despachos fue formulada denuncia al respecto, y en caso positivo, se remitiera

62 Folios 286 y 287 del cuaderno 4.
63 Folio 44 del cuaderno 7.
64 Folio 80 del cuaderno 7.
65 Folios 49 a 73 del cuaderno 7 y 455 a 481 del cuaderno 11.
66 Folios 82 a 86 del cuaderno 7 y 488 a 492 del cuaderno 11.
67 Folio 87 del cuaderno 7.

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Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

copia de la denuncia, a la vez que, solicitó al corregidor de Tarapacá informar con
carácter urgente sobre la situación de las dragas “Dinámica I” y “La Trinidad”, que
fueron dejadas bajo su custodia68, lo cual fue comunicado a las diferentes
autoridades mediante oficios del 16 de agosto siguiente69.

• En oficio No. 780 SIJIN – DEAMA la seccional de policía judicial e
investigación del departamento de policía de Amazonas, informó a la Fiscalía
Primera delegada que no se habían recibido denuncias por el hurto de la draga
“Dinámica I”70.

• El 31 de agosto de 2005, la Fiscalía de conocimiento, calificó el mérito del
sumario con resolución de preclusión a favor de los señores Miguel Antonio Parra
Rojas, Aurelio Ossa Flórez y David Andrés Muñoz Gómez, y ordenó la entrega
definitiva de las dragas “Dinámica I” y “Trinidad”.

Como fundamento de la decisión, señaló que la conducta desplegada por los
sindicados era atípica, por cuanto no se demostró que con la actividad minera
desarrollada por los sindicados se hubieran generado graves perjuicios al medio
ambiente, dado que según el informe de la visita realizada por la ingeniera Amanda
López Mora al río Cotuhé en junio de 2004, los impactos en dicha zona eran
mínimos debido al empleo de sistemas de producción limpios con el uso de
mercurio; y además, estaba demostrada la radicación de diferentes solicitudes de
legalización de la explotación minera, con las cuales, no había lugar a perseguir la
acción penal, de conformidad con el artículo 165 de la Ley 685 de 200171.

• Mediante informe No. 323 INV-CTI-LA del 1º de septiembre de 2005, el jefe
de la unidad investigativa del C.T.I. en Leticia comunicó a la Fiscalía de
conocimiento que la DIAN presentó denuncia por el hurto de las dragas dinámica I,
II y III acaecido el 1º de julio anterior, cuya investigación cursaba en la Fiscalía 32
Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Leticia, y que, las dragas
habían sido retenidas en Ipiranga (Brasil) por tropas del ejército de ese país72.

68 Folios 91 y 164 del cuaderno 7.
69 Folios 92 a 96 del cuaderno 7.
70 Folio 179 del cuaderno 7.
71 Folios 76 a 80 del cuaderno 2 y 171 a 175 del cuaderno 7.
72 Folios 187 a 190 del cuaderno 7.

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Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

• Ejecutoriada la resolución de preclusión, mediante oficio No. 255 de 16 de
septiembre de 2005, la Fiscalía comunicó al Inspector de Policía del Corregimiento
de Tarapacá sobre la decisión de entregar las dragas “Dinámica I” y “La Trinidad” al
señor Miguel Antonio Parra Rojas, quien representaba a los señores Aurelio Ossa
Flórez y David Andrés Muñoz Gómez, de acuerdo con el poder otorgado por ellos a
su favor73.

• El 6 de octubre de 2005, el corregidor de Tarapacá entregó la draga
“Trinidad” al señor Miguel Antonio Parra Rojas74. – no obra en el expediente el
inventario ni el registro fotográfico de la draga y de sus “elementos inservibles”, a
los cuales se hace referencia en el acta de entrega –.

• El 31 de octubre de 2005, el señor Miguel Antonio Parra Rojas denunció el
hurto de la draga “Dinámica I” y su remolcador “arrueira” acaecido el 28 de junio
anterior en el corregimiento de Tarapacá75.

• El 4 de mayo de 2006, el administrativo encargado del corregimiento de
Tarapacá entregó al señor Miguel Antonio Parra Rojas la draga “Dinámica I”, tras
haber sido devuelta por la Justicia Federal de Brasil y trasladada desde la base
militar de Ipiranga76.

En el acta de entrega se detallaron los siguientes elementos: “1 draga con
accesorios de conservación y manutención, 2 tanques tipo balsa con A.C.P.M., 1
balsa pequeña con tanque A.C.P.M., 1 remolcador denominado “Arrueira”, 1 bote
en aluminio con motor 4o HP, 1 torno industrial y 3 botes en aluminio sin motor”.
Además, se indicó que se tomaron 3 fotos en el momento de la entrega – no
obrantes en el expediente –77.

73 Folio 185 del cuaderno 7 y 582 del cuaderno 12.
74 Folio 81 del cuaderno 2 y 23 del cuaderno 8.
75 Folios 82 y 83 del cuaderno 2.
76 Folios 87 a 91 del cuaderno 2.
77 Folio 92 del cuaderno 2.

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Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

Determinación de la responsabilidad de la Nación- Fiscalía General de la
Nación por dilación en la toma de decisiones judiciales e inoportuna
apreciación probatoria

36. La Constitución Política establece el derecho a una pronta y cumplida justicia
en el artículo 29, como una garantía propia del debido proceso que se concreta en
el trámite sin dilaciones injustificadas. En igual sentido, el artículo 228 constitucional
dispone que “los términos procesales se observarán con diligencia” y que “su
incumplimiento será sancionado”, con lo cual eleva a rango constitucional los
principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial.

37. El artículo 7 de la Ley 270 de 1996 estableció que la administración de justicia
debe ser eficiente, lo cual implica que los funcionarios y empleados judiciales deben
ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la
calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la
ley.

38. En relación con los parámetros para establecer si el retardo de una decisión
judicial está en la base de un juicio de responsabilidad del Estado, esta Corporación
ha sostenido que se deben observar diversos factores, entre ellos, la complejidad
del asunto, la conducta de las partes, el volumen de trabajo y los estándares de
funcionamiento de cada despacho judicial, así como las especificidades de cada
trámite judicial, incluido el análisis de factores exógenos al proceso, como reformas
normativas, paralización del servicio y, en general, circunstancias de toda índole
con impacto directo en el trámite de los procesos y su duración78.

78 Al respecto, esta Corporación ha sostenido:

“Para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del Estado por fallas en la
administración de justicia derivadas del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo
estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el
comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que
tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los
términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que
se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino
desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados
de una demandada que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para
atenderla”. Ver. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de noviembre de 2004, exp.
13539, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 25 de agosto de 2011, exp. 19162, C.P. Hernán
Andrade Rincón.

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Referencia: Acción de reparación directa

39. Por ello, solo la dilación injustificada que desborde la acción diligente de las
autoridades judiciales, puede tomarse como causa de afectaciones antijurídicas a
los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva de
las partes e intervinientes pues, no todo procedimiento que se prolongue en el
tiempo más allá de las previsiones legales puede calificarse automáticamente como
desmesurado, excesivo o irrazonable. Esto, si se tiene en cuenta que el paso del
tiempo sin que se produzca una decisión judicial puede obedecer a diversas
circunstancias ajenas al operador judicial.

40. Con el anterior marco conceptual y con fundamento en las pruebas a las cuales
se hizo referencia antes, el análisis de la responsabilidad de la Fiscalía General de
la Nación se despliega a partir de la revisión de las atribuciones que tiene en el
desarrollo del procedimiento penal reglado en la Ley 600 de 2000, Código oponible
a los hechos de la presente acción respecto del plazo razonable que se le otorga a
los despachos judiciales para clausurar el análisis de la responsabilidad del
sindicado y proferir decisión de fondo, así como, a la luz de las circunstancias
justificantes que pueden acaecer en el trámite procesal, bajo la propia realidad de
la administración de justicia.

41. En ese orden de ideas, conviene precisar que los artículos 322 y 325 de la Ley
600 de 2000 establecían que la investigación previa tendría como finalidad
determinar la ocurrencia de una conducta punible y recaudar las pruebas
indispensables para individualizar e identificar a los posibles autores o participes,
dentro de un término máximo de seis (6) meses, vencidos los cuales se dictaría
resolución de apertura de instrucción o resolución inhibitoria.

42. Así, de cara al análisis de la violación de términos aducida por la parte actora,
se observa que, el 30 de agosto de 2004, la Fiscalía 33 Seccional Delegada ante
los Juzgados Penales del Circuito de Leticia declaró abierta la fase de investigación
previa con el fin de verificar si la explotación aurífera era ilegal o se adelantaba con
permiso de la autoridad competente.

43. Así mismo, el 7 de octubre de 2004, la Fiscalía Primera Seccional de la Unidad
de Delitos Contra la Administración Pública, de Justicia y el Medio Ambiente de

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Referencia: Acción de reparación directa

Cundinamarca negó la resolución inhibitoria a favor del señor Miguel Antonio Parra
Rojas, y en su lugar, abrió la instrucción. En consecuencia, la investigación previa
se prolongó por el término de 1 mes y 7 días, sin exceder el término previsto en el
artículo 325 ibídem, de ahí que, no se encuentre demostrada la dilación imputada
a la pasiva durante el trámite de la investigación previa.

44. Por otra parte, en relación con la oportunidad para apreciar las pruebas de
descargo, el artículo 327 de la Ley 600 de 2000 estableció que el Fiscal General de
la Nación o su delegado, se abstendría de iniciar la instrucción cuando apareciera
demostrado que la conducta no existió, que es atípica, que la acción penal no puede
iniciarse o que está demostrada una causal de ausencia de responsabilidad.

45. No obstante, de encontrarse mérito para iniciar la instrucción, según el artículo
331 ejusdem, el Fiscal General de la Nación o su delegado, abriría la investigación
indicando los fundamentos de la decisión, las personas por vincular y las pruebas
a practicar, con el fin de determinar: i) si se ha infringido la ley penal, ii) quién o
quiénes son los autores o partícipes de la conducta punible, iii) los motivos
determinantes y demás factores que influyeron en la violación de la ley penal, iv)
las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizó la conducta, v) las
condiciones sociales, familiares o individuales que caracterizan la personalidad del
procesado, su conducta anterior, sus antecedentes judiciales, de policía y sus
condiciones de vida, y vi) los daños y perjuicios de orden moral y material que causó
la conducta punible.

46. Con las anteriores finalidades, el cierre de la investigación se produciría cuando
se hubiera recaudado la prueba necesaria para calificar o cuando se hubiera
vencido el término de instrucción, esto es, dieciocho (18) meses, contados a partir
de la fecha de su iniciación, o hasta veinticuatro (24) meses si se tratara de tres (3)
o más sindicados o delitos (artículo 329 del C.P.P. 79).

79 Ley 600 de 2000. “Artículo 329. Termino para la instrucción. El funcionario judicial que haya dirigido o realizado

la investigación previa, si fuere competente, será el mismo que abra y adelante la instrucción, salvo que se haya
dispuesto su desplazamiento.
… el término de instrucción no podrá exceder de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de su
iniciación.
No obstante, si se tratare de tres (3) o más sindicados o delitos, el término máximo será de veinticuatro (24)
meses.
Vencido el término de instrucción, la única actuación procedente será la calificación.”

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47. Así, según los artículos 393 y 395 del mismo cuerpo normativo, ejecutoriada la
providencia de cierre de investigación, se ordenaría traslado por ocho (8) días a los
sujetos procesales para que presentaran las solicitudes que consideraran
necesarias en relación con las pretensiones sobre la decisión que debiera
adoptarse. Vencido el término anterior, procedería la calificación del mérito del
sumario con preclusión o resolución de acusación.

48. Lo anterior, sin perjuicio de que el Fiscal General de la Nación o su delegado
pudiera declarar precluida la investigación penal mediante providencia
interlocutoria en el momento en que apareciera demostrado que la conducta no
existió, o que el sindicado no la cometió, o que es atípica, o que estuviera
demostrada una causal excluyente de responsabilidad, o que la actuación no podía
iniciarse o proseguirse (artículo 39 del C.P.P.).

49. En el sub examine se encuentra probado que el 7 de octubre de 2004, la
Fiscalía Primera Seccional de la Unidad de Delitos Contra la Administración
Pública, de Justicia y el Medio Ambiente profirió resolución de apertura de la
instrucción por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros
materiales (artículo 338, L. 599 de 200080), por considerar que la explotación minera
realizada por los sindicados mediante dragado, con el empleo de un motor de 315
HP y una tubería de 16 pulgadas, podía generar graves daños a los recursos
naturales o al medio ambiente, circunstancia que, a su juicio, obligaba a realizar
una proyección del impacto ambiental, previo al otorgamiento de la licencia de

80 “Artículo 338. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El que sin permiso de autoridad

competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga yacimiento minero, o
explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar
graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y
multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

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explotación, de conformidad con lo establecido en los artículos 64 81, 19482 y 19583
de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas).

50. Así las cosas, si bien el inciso primero del artículo 165 ibídem estableció que
formulada la solicitud de legalización de la explotación minera y mientras ésta no
fuera resuelta por la autoridad minera, no habría lugar a proceder respecto de los
interesados, mediante el decomiso provisional de los minerales o la suspensión de
la explotación por parte de los alcaldes, ni a proseguirles las acciones penales
señaladas en los artículos 159 – explotación y explotación ilícita- y 160 –
aprovechamiento ilícito- del Código de Minas; lo cierto es que, para ese momento
procesal no obraban en el expediente documentos indicativos de dicho trámite
respecto de la draga “Trinidad”, como tampoco se había verificado la autenticidad
de los documentos aportados por el señor Miguel Antonio Parra Rojas durante su
versión libre para probar el inicio del trámite de legalización de la explotación
desarrollada con la draga “Dinámica I”, y menos aún, se habían surtido las
averiguaciones para determinar si la actividad desarrollada con las dragas causaba
graves daños al medio ambiente por la destrucción de las orillas del río y el
deslizamiento de árboles producido por la succión, como lo había manifestado el
subteniente Eduardo López Villamizar, quien participó en el operativo “Zafra I”.

51. Conviene precisar que, en consideración a la capacidad y potencia de las
dragas “Trinidad” y “Dinámica I”, y el empleo de mercurio en el proceso de
explotación, le correspondía al ente instructor adelantar la investigación, como en
efecto hizo, pues la mera presentación del formulario de legalización resultaba

81 “Artículo 64. Área en corrientes de agua. (…) Durante la exploración, el interesado deberá justificar, mediante

estudios técnicos la necesidad de retener la totalidad del área solicitada en concesión.
“Lo anterior sin perjuicio de que se obtengan las respectivas autorizaciones ambientales para intervenir las
zonas escogidas para la extracción de los minerales, dentro del área de la concesión”.
82 “Artículo 194. Sostenibilidad. El deber de manejar adecuadamente los recursos naturales renovables y la

integridad y disfrute del ambiente, es compatible y concurrente con la necesidad de fomentar y desarrollar
racionalmente el aprovechamiento de los recursos mineros como componentes básicos de la economía nacional
y el bienestar social. Este principio deberá inspirar la adopción y aplicación de las normas, medidas y decisiones
que regulan la interacción de los dos campos de actividad, igualmente definidos por la ley como de utilidad
pública e interés social”.
83 “Artículo 195. Inclusión de la Gestión Ambiental. Para todas las obras y trabajos de minería adelantados por

contrato de concesión o por un título de propiedad privada del subsuelo, se incluirán en su estudio, diseño,
preparación y ejecución, la gestión ambiental y sus costos, como elementos imprescindibles para ser aprobados
y autorizados.
En ningún caso la autoridad ambiental podrá otorgar permisos, concesiones, autorizaciones o licencias de orden
ambiental, para obras y trabajos no amparados por un título minero”.

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insuficiente para determinar si los medios empleados en la explotación podían
causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente y, por tanto,
establecer la tipicidad de la conducta.

52. Sobre esta base, es claro que la instrucción se orientó a documentar el proceso
de extracción de oro realizado por las mencionadas dragas, dadas sus
características, capacidad instalada, equipos, potencia de los motores, personal y
materiales empleados en la actividad, así como, a verificar la radicación de las
solicitudes de legalización de explotación minera, la existencia de estudios de
impacto ambiental en la zona y licencias ambientales, piezas procesales que fueron
allegadas al expediente, así:

i) En declaración rendida el 1º de septiembre de 2004, el subteniente Eduardo
López Villamizar señaló que al desplazarse de la draga “Trinidad” a la draga
“Dinámica I” observó que las orillas del río se encontraban destruidas por la succión
realizada con las dragas, ocasionando el deslizamiento de los árboles, y que con la
lluvia corría mercurio de los planchones de las dragas hacía el río.

ii) En el memorial de 28 de septiembre de 2004 y en la diligencia de indagatoria
de 19 de abril de 2005, el señor Miguel Antonio Parra Rojas aportó el “plan operativo
institucional” de junio de 2004 realizado por la ingeniera de minas Amanda López
para Corpoamazonia, en el cual se concluyó que los impactos ambientales
generados con la actividad minera en el río Cotuhé son mínimos, por cuanto se
utilizan sistemas de producción limpios.

iii) El 5 de octubre de 2004, el Departamento Administrativo de Seguridad (D.A.S.)
arrimó al expediente el informe T.3187/04 del 24 de septiembre anterior relativo al
análisis de una muestra de arrastre recogida en la draga “Trinidad” el día del
operativo, la cual arrojó como resultado la presencia de mercurio.

iv) Luego de reiterar la solicitud el 21 de enero y 10 de marzo de 2005, el 11 de
abril siguiente, el D.A.S. rindió el informe 098 DAS.DGO.SIES.CGSR relativo a la
diligencia de inspección realizada a las dragas “Dinámica I” y “Trinidad” y anexó los
formularios de legalización de explotación minera de 3 de junio de 2004,
identificados con la radicación FF3-121 (a nombre de la draga “Dinámica I”), FF3-

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122 (a nombre de la draga “Trinidad”) y FF3-123 (a nombre de la draga “Dinámica
I”), documentos en los que se especificó que la draga “Trinidad” realizaba la
explotación del mineral succionando el fondo del río con un motor de 310HP y una
tubería de 16 pulgadas y la draga “Dinámica I” realizaba la actividad minera con un
motor de 315 HP e igual tubería.

v) El 25 de abril de 2005, Corpoamazonia remitió la relación de los contratos de
concesión a los cuales les hacía seguimiento ambiental, precisando que el
respectivo expediente se aperturaba, a solicitud de parte, luego de haber obtenido
el contrato de concesión para la exploración y explotación de materiales.

53. Tras la práctica probatoria, el 6 de mayo de 2005, la Fiscalía Primera Seccional
de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, de Justicia y el Medio
Ambiente cerró la investigación, decisión que cobró ejecutoria hasta el 23 de junio
siguiente84, debido a la necesidad de comisionar a la Unidad de Fiscalías
Delegadas ante el Juzgado Penal del Circuito de Leticia para que realizara la
notificación personal de dicho proveído.

54. En el transcurso de las diligencias, el expediente pasó al despacho con los
alegatos precalificatorios presentados por los sujetos procesales y el Ministerio
Público el 7 de julio de 200585, y el 31 de agosto del mismo año, la Fiscalía Primera
Seccional calificó el mérito del sumario con resolución de preclusión de la
investigación, por encontrar demostrada la atipicidad de la conducta investigada,
en tanto que, el artículo 165 del Código de Minas permitía desarrollar la actividad
extractiva mientras se estudiaba la solicitud de legalización, y además, no se
demostró que dicha actividad generara perjuicios al medio ambiente, pues, según
el informe rendido por la ingeniera Amanda López Mora, los impactos ambientales
eran mínimos.

55. Con lo anterior, es claro para la Sala que la Fiscalía General de la Nación debía
adelantar la investigación con el fin de establecer la legalidad de la actividad de
exploración y explotación aurífera desarrollada por las dragas “Trinidad” y
“Dinámica I”, en atención a la posible afectación a los recursos naturales o al medio

84 Según informe secretarial del 21 de junio de 2005 obrante a folio 488 del cuaderno 11.
85 Folio 493 del cuaderno 11.

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ambiente, como en efecto hizo, y que la etapa instructiva no se prolongó más allá
del término previsto legalmente, puesto que, no excedió el término de veinticuatro
(24) meses, establecido en el artículo 329 ibídem, aplicable en este caso por
tratarse de tres (3) o más sindicados, toda vez que, entre el 7 de octubre de 2004
–cuando se abrió la investigación– y el 31 de agosto de 2005– cuando se calificó el
mérito del sumario– solo transcurrieron 10 meses y 24 días.

56. Así las cosas, no encuentra la Sala que la pasiva hubiera incurrido en dilación
durante la etapa de investigación previa, ni que la apreciación probatoria se hubiera
realizado por fuera de la oportunidad prevista para tal efecto, sin perjuicio de lo cual,
se itera que, para la prosperidad de las pretensiones, no basta con la simple
afirmación de la violación de los términos legales, pues aquello no se acompasa
con las exigencias para la procedencia de responsabilidad por el título de
imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, toda vez
que la prolongación de una etapa procesal más allá de las previsiones legales no
puede calificarse automáticamente como irrazonable, debiendo demostrarse que la
autoridad incurrió en una dilación arbitraria e injustificable.

57. Se precisa, además, que el solo hecho de permanecer vinculado a una
investigación penal, al igual que, las medidas cautelares que se adopten en su
desarrollo o el comiso de los bienes con los que se haya cometido la supuesta
conducta punible o que provengan de su ejecución, son cargas que se derivan de
los deberes constitucionales consagrados en el numeral 7 del artículo 95 Superior,
como acción legítima del Estado, sobre la cual los asociados están en la obligación
de someterse, y que bajo ningún punto de vista puede calificarse como una ruptura
de las cargas públicas, susceptible de indemnización.

58. A tono con las razones hasta aquí expuestas, se concluye que no se demostró
que la pasiva hubiera incurrido en un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia por retardo injustificado en la adopción de una decisión
judicial o por inoportuna apreciación probatoria, que fuera susceptible de
indemnización y, en cambio, se advierte que la actuación procesal señalada en
párrafos anteriores se adelantó con el propósito de determinar si la actividad
extractiva desarrollada por las dragas implicaba un daño a los recursos naturales o
al medio ambiente y que la misma se adelantó sin exceder el término legal previsto

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para tal efecto. En consecuencia, se revocará en este aspecto la sentencia que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Determinación de la responsabilidad de la Nación- Fiscalía General de la
Nación por omisión en el nombramiento de los propietarios y/o tenedores de
las dragas como depositarios provisionales

59. En términos de los artículos 67 del Código de Procedimiento Penal86 y 100 del
Código Penal87 en los delitos dolosos, cuando los bienes que tengan libre comercio
y pertenezcan al responsable penalmente sean utilizados para la realización de la
conducta punible o provengan de su ejecución, pasarán a poder de la Fiscalía
General de la Nación o a la entidad que ésta designe, a menos que la ley disponga
su destrucción o destinación diferente.

86 “Artículo 67. Comiso. Los instrumentos y efectos con los que se haya cometido la conducta punible o que

provengan de su ejecución, y que no tengan libre comercio, pasarán a poder de la Fiscalía General de la Nación
o a la entidad que ésta designe, a menos que la ley disponga su destrucción o destinación diferente.
“Igual medida se aplicará en los delitos dolosos, cuando los bienes que tengan libre comercio y pertenezcan al
responsable penalmente sean utilizados para la realización de la conducta punible o provengan de su ejecución.
“En los delitos culposos, los vehículos automotores, naves o aeronaves, cualquier unidad montada sobre ruedas
y los demás objetos que tengan libre comercio se someterán a los experticios técnicos dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes, contados a partir del momento en que hayan sido puestos a disposición del funcionario
y se entregarán provisionalmente al propietario o legítimo tenedor, salvo que se haya solicitado y decretado su
embargo y secuestro. Sin embargo, en los eventos de vehículos de servicio público colectivo, podrán ser
entregados a título de depósito provisional al representante legal de la empresa a la cual se encuentre afiliado
con la obligación de rendir cuentas sobre lo producido y devolución cuando el funcionario judicial así lo disponga.
En tal caso, no procederá la entrega hasta tanto no se tome decisión definitiva respecto de ellos.
“La entrega será definitiva cuando se garantice el pago de los perjuicios, se hayan embargado bienes del
sindicado en cuantía suficiente para atender al pago de aquellos o haya transcurrido un año desde la realización
de la conducta, sin que se haya producido afectación del bien.
(…)”
87 “Artículo 100. Comiso. Los instrumentos y efectos con los que se haya cometido la conducta punible o que

provengan de su ejecución, y que no tengan libre comercio, pasaran a poder de la Fiscalía General de la Nación
o a la entidad que esta designe, a menos que la ley disponga su destrucción.
“Igual medida se aplicará en los delitos dolosos, cuando los bienes, que tengan libre comercio y pertenezcan al
responsable penalmente, sean utilizados para la realización de la conducta punible, o provengan de su
ejecución.
“En las conductas culposas, los vehículos automotores, naves o aeronaves, cualquier unidad montada sobre
ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio, se someterán a los experticios técnicos y se entregaran
provisionalmente al propietario, legitimo tenedor salvo que se haya solicitado y decretado su embargo y
secuestro. En tal caso, no procederá la entrega, hasta tanto no se tome decisión definitiva respecto de ellos.
“La entrega será definitiva cuando se garantice el pago de los perjuicios, se hayan embargado bienes del
sindicado en cuantía suficiente para atender al pago de aquellos, o hayan transcurrido diez y ocho (18) meses
desde la realización de la conducta, sin que se haya producido la afectación del bien”.

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Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

60. Cosa distinta ocurría respecto de los delitos culposos, caso en el cual, los
vehículos automotores, naves o aeronaves, cualquier unidad montada sobre ruedas
y los demás objetos que tuvieran libre comercio, se entregarían provisionalmente a
sus propietarios o legítimos tenedores salvo que se hubiera solicitado y decretado
su embargo y secuestro.

61. Sobre este aspecto, la custodia de los bienes vinculados a un proceso penal
que fueran puestos a órdenes de la Fiscalía, podía delegarse en particulares, y solo
en caso de encontrarse acreditado que no correspondían a objetos materiales o
instrumentos con los que se hubiera cometido la conducta punible o que provinieran
de su ejecución, era procedente su devolución al dueño, poseedor o tenedor de los
mismos (artículo 64, L. 600 de 2000).

62. En el caso que se examina, se advierte que si bien la parte actora le endilga
responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación por haber omitido entregar las
dragas “Trinidad” y “Dinámica I” provisionalmente a sus propietarios o tenedores
mientras se surtía la investigación, lo cierto es que la conducta investigada era
eminentemente dolosa, de ahí que, de haberse arribado al grado de certeza
respecto de la comisión del delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros
materiales (artículo 338, L. 599 de 2000), los bienes incautados habrían pasado a
poder de la Fiscalía General de la Nación, sin que el artículo 67 ibídem hubiera
dispuesto su entrega provisional a los propietarios o tenedores mientras se
adelantaba la investigación, por tratarse, se itera, de una conducta dolosa.

63. Consonante con lo anterior, vale destacar que los señores Miguel Antonio Parra
Rojas, Aurelio Ossa Flórez y David Andrés Muñoz Gómez eran parte del proceso
penal, por lo que, en su calidad de indagados no podían ser destinatarios de la
custodia de los bienes, dado que, según el artículo 64 de la Ley 600 de 2000, dicha
posibilidad solo estaba habilitada para particulares, quienes adquirían la condición
de depositarios provisionales, de modo que, no solo la imputación subjetiva del
delito a título de dolo sino su condición de sindicados, impedían que les fueran
entregadas las dragas provisionalmente.

64. Así las cosas, aun cuando el señor Miguel Antonio Parra Rojas solicitó la
entrega provisional o definitiva de las dragas el 1 y 28 de septiembre de 2004;

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Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
Actor: Miguel Antonio Parra Rojas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

ciertamente, la Fiscalía Primera Seccional negó su entrega provisional, en virtud de
lo preceptuado en el artículo 67 de la Ley 600 de 2000, debido a que el delito
investigado era de carácter doloso, por cuanto los mencionados bienes fueron
empleados para extraer el mineral del fondo del cauce, sin contar con
autorizaciones ambientales ni títulos mineros.

65. De igual manera, en ese momento sumarial resultaba improcedente su
devolución en los términos del artículo 64 del mismo cuerpo normativo, pues no se
habían aportado los elementos materiales probatorios que posteriormente
desvirtuaron la comisión de la conducta punible, tal como se explicó en el acápite
anterior.

66. Así, considerando que el Código Procesal Penal aplicable al sub examine
restringía la entrega provisional de los bienes incautados a sus propietarios o
poseedores, por cuanto fueron empleados en la comisión de la presunta conducta
punible y la imputación subjetiva del delito se produjo a título de dolo, la Sala
revocará la sentencia recurrida en este aspecto y, en su lugar, negará las
pretensiones de la demanda por las razones expuestas.

Determinación de la responsabilidad de la Nación- Fiscalía General de la
Nación por omisión en los deberes de conservación y restitución de bienes
incautados.

67. En relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
derivado del deterioro de bienes que han sido objeto de comiso por la Fiscalía
General de la Nación por provenir de un delito o haber sido empleados para la
comisión de una conducta punible88, y que, por decisión posterior, deben ser
devueltos a sus legítimos propietarios, poseedores o tenedores, la Sala ha
considerado que el Estado es responsable de conformidad con las reglas
establecidas para el depósito de bienes.

88 El Código de Procedimiento Penal vigente en la época de los hechos – artículo 67 de la Ley 600 de 2000-,

preveía la posibilidad de aplicar el comiso a los bienes o instrumentos involucrados en la realización de una
conducta punible, los que previamente podían ser incautados por orden de la correspondiente autoridad con
esa finalidad.

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Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
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Referencia: Acción de reparación directa

68. En este sentido, la responsabilidad del Estado se asimila a la del depositario en
el depósito necesario, esto es, el que no depende de la libre voluntad del
depositante, como ocurre en el caso de una incautación o comiso, de ahí que, según
el artículo 2263 del Código Civil89 en armonía con el 1171 del Código de Comercio90,
el depositario responda hasta de la culpa leve en la custodia y conservación de la
cosa, al tiempo que se presuma que el deterioro o la pérdida se debe a su culpa,
debiendo probar una causa extraña para liberarse de responsabilidad.

69. Así mismo, en aplicación de las reglas del contrato de depósito, la entidad
demandada, responsable de la custodia del bien, tiene la obligación de restituir la
cosa en el mismo estado en que la recibió, salvo su deterioro natural, de
conformidad con lo previsto en el artículo 2253 del Código Civil 91.

70. En el sub lite, la parte actora hace consistir la responsabilidad de la Nación-
Fiscalía General de la Nación en el incumplimiento de los deberes de conservación
de los bienes sujetos a un proceso penal y de restitución en el mismo estado en que
fueron incautados, lo cual derivó en la destrucción de la draga “Trinidad” y la pérdida
transitoria de la draga “Dinámica I”, postergando el cumplimiento de la orden de
devolución dispuesta mediante la resolución de preclusión de 31 de agosto de 2005.

71. Con el material probatorio ya relacionado, para la Sala es claro que si bien se
presentaron inconsistencias en el cuidado y conservación de las dragas, no se
demostró que el daño alegado respecto de la draga “Trinidad” sea imputable a la
pasiva; mientras que, en relación con la draga “Dinámica I” sí se probó que la
Fiscalía 33 Seccional Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Leticia
incurrió en deficiencias al momento de su restitución, por las razones que se
exponen a continuación:

89
“Artículo 2263. Responsabilidad del depositario. La responsabilidad del depositario se extiende hasta la culpa
leve”.
90 “Artículo 1171. Responsabilidad del depositario. El depositario responderá hasta de culpa leve en la custodia

y conservación de la cosa. Se presumirá que la pérdida o deterioro se debe a culpa del depositario, el cual
deberá probar la causa extraña para liberarse”.
91 “Artículo 2253. El depositario es obligado a la restitución de la misma cosa o cosas individuales que se han

confiado en depósito, aunque consistan en dinero o cosas fungibles salvo el caso del artículo 2206.
“La cosa depositada debe restituirse con todas sus accesiones y frutos”.

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Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
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Referencia: Acción de reparación directa

72. En primer lugar, se advierte que, si bien el 3 de septiembre de 2004, la Fiscalía
33 Seccional Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Leticia dejó en
custodia del corregidor departamental de Tarapacá los bienes incautados, lo cierto
es que dicha autoridad aceptó recibirlos dejando constancia de que salvaba su
responsabilidad frente a su cuidado, debido a que no contaba con suficiente
personal disponible para ejercer su custodia, circunstancia que en sí misma refleja
la precariedad con la que el ente instructor dispuso sobre el cuidado de los bienes,
pues, a sabiendas de que esto acontecía, no adoptó medidas para mitigar un posible
daño.

73. En efecto, debe destacarse que para satisfacer los deberes de custodia y
conservación de los bienes incautados, no basta con que la Fiscalía disponga
dejarlos bajo la custodia de otra autoridad, sino que, en su calidad de director de la
etapa instructiva, advertida la situación de insuficiencia de recursos para realizar
una debida custodia de las dragas, debió, en el momento que así lo considerara
necesario, relevar al custodio o proporcionarle los medios para que ejerciera
diligentemente el encargo.

74. Sobre esta base, en relación con la draga “Trinidad”, observa la Sala que, aun
cuando en la diligencia de inspección de las dragas ordenada por la Fiscalía Primera
Seccional de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, de Justicia y el
Medio Ambiente, obrante en el informe 098 DAS.DGO.SIES.CGSR de 11 de abril
de 2005, no se reportó pérdida o deterioro; ciertamente, al momento de su
devolución se dejó consignado en el acta de entrega de 6 de octubre de 2005 que
presentaba “elementos inservibles” y que, con posterioridad, se produjo su
hundimiento.

75. Al respecto, se anota que no se allegó al expediente el inventario y registro
fotográfico que forman parte integral del acta, documentos con los cuales podrían
identificarse específicamente los elementos averiados y establecer su grado de
deterioro, por lo que, la sola afirmación de la devolución de la draga con “elementos
inservibles” no permite inferir que la draga sufrió un deterioro anormal y, mucho
menos que, aquél hubiera conducido a su hundimiento.

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76. Debe precisarse que, en la declaración rendida por el señor Juan Ochavano
Hacho, quien acudió al presente proceso de reparación directa en calidad de testigo,
éste confirmó haber recibido las dragas en buen estado de conservación y no
haberles realizado mantenimiento durante el tiempo que las tuvo en custodia,
asegurando que una vez dejó el cargo, “sup[o] que habían desvalijado las dragas
[refiriéndose en general a las siete dragas incautadas durante la operación Zafra I],
que se habían hundido, que las habían robado, que a unas las habían llevado para
Ipiranga, que es una base militar del Brasil”92. (Se destaca).

77. A su vez, se probó en este proceso que tras la devolución de la draga “Trinidad”,
esta fue utilizada por sus propietarios, y que su hundimiento se produjo con
posterioridad, tal como lo advirtió el testigo Alexander Quintero Medina, primo del
demandante David Andrés Muñoz Gómez y trabajador de la referida draga, quien,
afirmó lo siguiente (transcripción literal):

“el señor Miguel Antonio Parra Rojas, me comentó que la habían entregado,
a mediados del año 2005, más exactamente en el mes de octubre de 2005,
que estuvimos en la draga, que nos tocó llegar a hacer una reconstrucción,
estaba deteriorada totalmente, así la entregaron, la reconstruimos en parte lo
que más se pudo, como para poder trabajar. A mí me tocó la reconstrucción
mediante mano de obra, trabajamos en la reconstrucción unas cuatro (4)
personas, desconozco el costo de la reparación y la reconstrucción, le calculo
que en madera únicamente se fueron unos dos a tres millones de pesos,
repuestos y otros arreglos, que se le hicieron, no sé su costo, no sé cuánto se
fue de plata, el clima daña todo allá, puesto que es un clima tropical. El casco
flotante de la draga, tocaba estar haciendo mantenimiento, y como estuvo
paralizada totalmente por espacio de año y medio aproximadamente, y las
pérdidas habían sido tan enormes, como estaba tan dañado el casco, nos
orillamos y anclamos en el río Putumayo, quince minutos arriba de Tarapacá
y la draga comenzó a hundirse a media noche, en el mes de noviembre del
año de 2005, hasta que se hundió totalmente”93 (se destaca).

78. Se precisa, de todas maneras, que si bien la declaración anterior fue rendida
por quien manifestó tener un vínculo familiar y de subordinación con la parte actora,

92 Folios 338 a 345 del cuaderno 2.
93 Folios 158 a 160 del cuaderno 1.

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lo cierto es que de la valoración del testimonio en conjunto con los demás elementos
de prueba no se advierten contradicciones, por el contrario, la declaración guarda
congruencia con otros hechos acreditados en el expediente, como el momento en
que fue devuelta la draga “Trinidad” y su hundimiento.

79. Sobre este aspecto, conviene mencionar que con la demanda se allegaron
varias fotografías aparentemente de la draga “Trinidad” antes de la incautación, al
momento de la entrega y durante las maniobras de rescate tras su hundimiento, sin
embargo, carecen de mérito probatorio, en tanto que no es posible determinar su
origen, época o lugar donde fueron tomadas, y menos aún, fueron objeto de
reconocimiento o ratificación durante el proceso94. Es más, es claro que aun en el
caso de cumplir con las exigencias para ser tenidas como prueba, tampoco
demuestran el nexo de causalidad entre el daño reclamado – la destrucción de la
draga “Trinidad” - y la conducta desplegada por la pasiva en su mantenimiento y
custodia.

80. Con todo, aunque está demostrado que no se realizaron mantenimientos a la
draga “Trinidad”, siendo entregada con “elementos inservibles”, y que se hundió con
posterioridad a su devolución; no escapa al análisis probatorio que, no se aportó al
expediente una prueba técnica que permitiera tener por demostrado el tipo de
mantenimiento que debió dársele a la embarcación y su maquinaria, en función de
su operatividad y manejabilidad, o si la presencia de elementos averiados al
momento de su entrega, -de los cuales ni siquiera se tiene certeza sobre los
elementos que los conforman-, condujeron a su hundimiento o destrucción.

81. En este punto, igualmente, debe señalarse que el dictamen pericial practicado
en el presente proceso, se limitó a realizar el cálculo contable de los perjuicios
materiales deprecados, y no, a definir desde un enfoque técnico, la relación de
causalidad entre el estado de conservación de la embarcación al momento de su
entrega y su posterior hundimiento, por lo que, si bien contiene el cálculo del daño
emergente derivado de la destrucción de la aludida draga, a partir de una estimación
de su valor, dicho peritaje no demuestra la imputabilidad de tal daño a la pasiva, en

94 Folios 109 a 122 del cuaderno 2.

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tanto que, desconoce que la draga fue regresada y puesta en funcionamiento por
sus propietarios por aproximadamente 1 mes hasta que se produjo su hundimiento.

82. En este orden ideas, comoquiera que no puede derivarse desde la perspectiva
fáctica y fenoménica que la presencia de “elementos inservibles” al momento de la
entrega de la draga “Trinidad”, -de los cuales, se itera, ni siquiera se tiene certeza
sobre los elementos que los conforman-, condujeron a su hundimiento o destrucción,
se impone concluir que no se demostró que la Fiscalía General de la Nación sea
responsable del daño deprecado, consistente en la destrucción de la aludida draga,
debiendo, en este aspecto, negarse las pretensiones de la demanda.

83. De otra parte, en relación con la draga “Dinámica I”, obra evidencia que da
cuenta que fue hurtada en territorio colombiano el 1º de junio de 2005 y recuperada
por autoridades brasileñas previo a la definición de su situación jurídica por parte
del ente instructor, esto es, mientras se encontraba bajo la custodia del corregidor
de Tarapacá, lo cual revela la omisión en la adopción de medidas de cuidado para
prevenir su hurto, comprometiendo la responsabilidad estatal, puesto que si bien la
draga fue recuperada y finalmente entregada al señor Miguel Antonio Parra Rojas,
lo cierto es que tal como se ha advertido, la entidad demandada guardó una
conducta completamente omisiva respecto de sus obligaciones de cuidado y
conservación, y que la consecuente demora en su entrega se presenta como un
daño que el interesado no tiene la obligación de soportar, al lado de lo cual no
acreditó un hecho que excluyera su responsabilidad en el marco de las obligaciones
que le eran exigibles en el contexto del depósito de bienes.

84. Siendo así, obra prueba de la antijuridicidad del daño, pues una vez cobró
ejecutoria la resolución de preclusión de la investigación 95, el 16 de septiembre de
2005, la Fiscalía Primera Seccional de la Unidad de Delitos Contra la Administración
Pública, de Justicia y el Medio Ambiente ofició al Inspector de Policía del
Corregimiento de Tarapacá para que realizara la entrega de las dragas, la cual,

95 La resolución de preclusión fue proferida por la Fiscalía Primera Seccional de la Unidad de Delitos Contra la

Administración Pública, de Justicia y el Medio Ambiente el 31 de agosto de 2005 y notificada a la totalidad de
sujetos procesales el 9 de septiembre siguiente, de ahí que, de conformidad con lo establecido en el artículo
187 de la Ley 600 de 2000, la providencia hubiera cobrado ejecutoria 3 días después de notificada, lo que
ocurrió el 14 de septiembre del mismo año, por ser el 10 y 11 días no hábiles.

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respecto de la draga “Dinámica I” solo se produjo hasta el 4 de mayo de 2006, esto
es, 7 meses y 18 días después de la fecha en que debió efectuarse su entrega.

85. Conforme a lo anterior, el retardo en la entrega de la draga “Dinámica I”
obedeció a la desatención de los deberes de custodia, cuidado y conservación de
los bienes sujetos a comiso en el marco de un proceso penal, lo cual compromete
la responsabilidad de la entidad demandada bajo las reglas del depósito ya
referidas, que en punto al riesgo de pérdida o deterioro de los bienes objeto de la
medida, establece la presunción de responsabilidad del depositario, salvo que
demuestre causa extraña, lo cual, se itera, no ocurrió en el presente asunto.

86. Y si bien la recurrente propuso la eximente de responsabilidad de culpa de un
tercero, atribuyendo la responsabilidad por el daño al corregidor departamental de
Tarapacá, por cuanto aquél era quien tenía la custodia y cuidado de los bienes
incautados, ciertamente la misma no está llamada a prosperar, pues la
responsabilidad por la pérdida y deterioro anormal de los bienes que son
decomisados está a cargo de la entidad que mediante actos de poder dispuso la
incautación y comiso de los mismos, sin perjuicio de que mediando la intervención
de un custodio, la parte afectada pueda demandar la responsabilidad de la una o el
otro, dado que ambos estarían llamados a responder de forma solidaria 96.

87. Así las cosas, el hecho de que la Fiscalía General de la Nación hubiera dejado
las dragas en custodia del corregidor de Tarapacá durante la etapa instructiva, no
la exime de responsabilidad por el daño reclamado, en tanto la causa eficiente y
determinante del daño fue el incumplimiento de los deberes de conservación y
cuidado, lo que en el presente caso derivó de la conducta omisiva de la Fiscalía
General de la Nación respecto de la advertida insuficiencia de recursos del
depositario para realizar una debida custodia, por lo que, se insiste, el ente instructor
debió relevar al custodio o proporcionarle los medios para que ejerciera
diligentemente el encargo.

96 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección B., sentencia del 30 de noviembre de 2016, exp. 37.508,

M.P.: Danilo Rojas Betancourth. En el mismo sentido, sentencia de la Subsección A del 14 de marzo de 2018,
exp. 38.861, M.P. María Adriana Marín.

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88. Así mismo, si bien la entidad recurrente le endilga responsabilidad al corregidor
de Tarapacá invocando el artículo 161 de la Ley 685 de 2001 – Código de Minas -,
lo cierto es que en los eventos de explotación ilícita de yacimientos mineros, la
facultad otorgada a los alcaldes para proceder al decomiso, se limita a la
aprehensión de los minerales derivados de la explotación ilícita, de modo que,
contrario a lo señalado por la recurrente, no existe norma especial que haya
reasignado la facultad de comiso de la Fiscalía General de la Nación antes descrita
-artículo 67 de la Ley 600 de 2000-, a la primera autoridad de un municipio o
corregimiento.

89. Lo anterior se desprende de lo previsto en los artículos 161 y 164 de la Ley 685
de 2001 que, en su tenor literal, disponen:

“Artículo 161. Decomiso. Los alcaldes efectuarán el decomiso provisional de
los minerales que se transporten o comercien y que no se hallen amparados
por factura o constancia de las minas de donde provengan. Si se comprobare
la procedencia ilícita de los minerales se pondrán además a disposición de la
autoridad penal que conozca de los hechos. Lo dispuesto en este artículo no
se aplicará a la minería de barequeo”.

“Artículo 164. Aviso a las Autoridades. Quien tenga conocimiento del
aprovechamiento, exploración o explotación ilícita de minerales dará aviso al
alcalde del lugar y éste, previa comprobación de la situación denunciada,
procederá al decomiso de los minerales extraídos y a poner los hechos en
conocimiento de la autoridad minera, sin perjuicio de las acciones penales
correspondientes” (Se destaca).

90. Como se observa, no es dable sostener que la primera autoridad del
corregimiento de Tarapacá sea el responsable exclusivo del daño reclamado,
puesto que la medida administrativa de decomiso provisional asignada a los
alcaldes municipales no se predica de la maquinaria con la que se desarrolla la
exploración y explotación que se considera ilícita y, mucho menos, excluye el
ejercicio de la acción penal y las facultades que dentro del mismo se le han otorgado
a la Fiscalía en materia del comiso de los bienes involucrados en la comisión de una
conducta punible, tal como se ha explicado.

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91. A tono con las razones hasta aquí expuestas, la Sala considera que existió un
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia imputable a la Nación –
Fiscalía General de la Nación, concretado en las omisiones del ente instructor de
velar por el efectivo cumplimiento de los deberes de custodia, cuidado y
conservación de la draga “Dinámica I”, circunstancia que se tradujo en su hurto e
implicó una dilación de 7 meses y 18 días en su entrega. Este daño no está llamado
a ser soportado por la parte demandante, toda vez que el mencionado bien se
encontraba en custodia del ente instructor y debía ser devuelto oportunamente.

92. Por las razones expuestas, se procederá a confirmar la providencia apelada, en
lo relativo a la responsabilidad de la demandada frente a la imputación por la pérdida
transitoria de la draga “Dinámica I”.

Determinación de la responsabilidad de la Nación- Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional por la incautación de las dragas “Trinidad” y “Dinámica I” .

93. Comoquiera que la Fiscalía General de la Nación no incurrió en un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia durante el trámite de la investigación
penal, salvo por la omisión en los deberes de custodia, cuidado y conservación de
la draga “Dinámica I”, como se anotó en precedencia, resulta necesario abordar el
análisis de responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
en relación con la incautación de las dragas, en tanto se verificó que el ente
instructor encontró procedente someter dichos bienes a comiso, por estar
involucrados en la comisión de una presunta conducta punible.

94. Sobre esta base, la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional se analiza desde sus funciones constitucionales y legales, las
cuales están referidas a la finalidad primordial de “la defensa de la soberanía, la
independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”
(artículo 217 de la Constitución), así como, al deber de proteger a todas las
personas en su vida, honra y bienes, de conformidad con el artículo 2° ejusdem, sin
perjuicio de que en desarrollo del mandato previsto en el artículo 113 Superior
colabore de forma armónica con las demás ramas del poder público para la
realización de los fines del Estado.

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Radicación: 25000232600020070044001 (52.165)
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Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

95. Precisamente, en desarrollo de estas finalidades, el legislador asignó al Ejército
Nacional y demás órganos que conforman las Fuerzas Militares, el deber de “velar
en todo el territorio nacional por la protección y defensa del medio ambiente y los
recursos naturales renovables y por el cumplimiento de las normas dictadas con el
fin de proteger el patrimonio natural de la nación, como elemento integrante de la
soberanía nacional”97.

96. De ahí que, si bien reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional98 ha
sostenido que la asignación de funciones de policía judicial a las Fuerzas Militares
resulta incompatible con su independencia y autonomía, a la vez que desnaturaliza
su estructura y objetivos esenciales99; lo cierto es que, las actividades desarrolladas
por el Ejército Nacional en ejercicio del deber de protección de las personas o de la
preservación del orden público y la convivencia ciudadana, o la protección y defensa
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, mediante la captura de
delincuentes en flagrante actividad delictiva, o la aprehensión física de bienes que
están siendo utilizados para la comisión de un hecho que reviste las características
de una conducta punible o que son producto del mismo, sea una actuación legítima,
sin que con ello invada competencias que son privativas de policía judicial, estas
son, las que por su naturaleza implican una actividad investigativa.

97. Agréguese a lo dicho que la incautación puede originarse no sólo en un mandato
escrito de la Fiscalía General de la Nación sino también por el accionar de la
autoridad facultada para ello, por ejemplo, en los casos de flagrancia 100,

97 Ley 99 de 1993 “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado

de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”. Artículo 103.
98 Corte Constitucional, Sentencia C-034/93. En el mismo sentido, Sentencia C-179/94, Sentencia C-251/02 y

Sentencia C- 1024/02, entre otras.
99 En este sentido, la Corte Constitucional en la sentencia C-251 de 2002, señaló (transcripción literal):

“[A]dscribir a las Fuerzas Militares una dualidad de funciones (la militar y la de policía judicial) e imponer una
correlativa dualidad de jerarquías (el superior en el rango y la Fiscalía General de la Nación), desvertebraría su
estructura, quebrantaría la necesaria unidad de mando y no aseguraría que en caso de conflicto entre las dos
funciones - no descartable dentro del clima de confrontación armada que se vive en varios lugares del territorio
nacional y que ha obligado a las fuerzas militares a robustecer su presencia y multiplicar sus operativos- prime
la de policía judicial”.
100 “Artículo 345. Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: 1. La persona es sorprendida y

aprehendida al momento de cometer una conducta punible. 2. La persona es sorprendida e identificada o
individualizada al momento de cometer la conducta punible y aprehendida inmediatamente después por
persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho. 3. Es sorprendida y capturada con objetos,

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circunstancia que le imponía, en este caso, al Ejército Nacional abstenerse de
utilizar los bienes aprehendidos y ponerlos inmediatamente a órdenes de la Fiscalía
(artículo 64, ibídem101).

98. Con las pruebas a las que se hizo referencia antes, en el sub lite se observa
que el 28 de agosto de 2004, militares pertenecientes al Batallón Selva No. 50 del
Ejército Nacional, incautaron las dragas “Trinidad” y “Dinámica I”, en cumplimiento
de la misión táctica “Zafra I”, cuyo objetivo principal era desarrollar una operación
ofensiva de registro y control militar del área fronteriza, con el fin de ubicar las
dragas, incautar maquinaria y detener personal nacional y/o extranjero que
estuviera realizando la explotación ilegal de riquezas mineras sobre el río Cotuhé.
Asimismo, se demostró que el 30 de agosto siguiente, la autoridad castrense puso
las dragas a disposición de la Fiscalía Regional del Amazonas.

99. Respecto de las condiciones bajo las cuales se produjo la inmovilización de las
máquinas, con la declaración del subteniente Eduardo López Villamizar, quien
participó en el operativo, la Fiscalía verificó que durante las labores de empalme el
Ejército Nacional evidenció que las dragas habían estado en el río durante 20 días,
y que, si bien en el momento del operativo no estaban en funcionamiento, en el lugar
se observaba deslizamiento de mercurio de los planchones de las dragas hacía el
río, destrucción de las orillas del río y montículos de arena, lo cual era producido por
las labores de succión desarrolladas por las máquinas; además, durante la
aprehensión se tomaron muestras de mercurio de la draga “Trinidad”, sin que se
hubiera allegado en ese momento el permiso minero o los estudios de impacto
ambiental que desvirtuaran la afectación al medio ambiente y a los recursos
naturales, todo lo cual, en ese momento, constituyó elementos probatorios
indicativos de la utilización de los bienes aprehendidos como medio o instrumento
del presunto delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales
(artículo 338, L. 599 de 2000).

instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido una conducta
punible o participado en ella”.
101 “Artículo 64. (…) Los bienes que se encuentren vinculados a un proceso penal o que sin estarlo sean

aprehendidos por las autoridades facultadas para ello, no podrán ser utilizados por éstas y deberán ser puestos
inmediatamente a órdenes de la Fiscalía, la que podrá delegar su custodia en los particulares”.

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100. Con lo anterior, es claro que el Ejército Nacional no incurrió en una actuación
abiertamente arbitraria o negligente al momento de aprehender las dragas, pues, la
misma se fundó en la figura de la flagrancia inferida por las cosas, por cuanto la
afectación medio ambiental evidenciada por el subteniente y la presencia de
mercurio en la draga “Trinidad”, así como, la ausencia de los títulos mineros y de
los estudios de impacto ambiental, permitían inferir razonablemente que
posiblemente se acababa de realizar la conducta punible, lo cual, imponía la
obligación al Ejército Nacional de aprehender los bienes y dejarlos a disposición de
la Fiscalía para que se adelantara la respectiva investigación.

101. Ahora, si bien la aprehensión se produjo el 28 de agosto de 2004 y el 30 de
agosto siguiente la autoridad castrense puso las dragas a disposición de la Fiscalía
Regional del Amazonas; lo cierto es que, según la mencionada declaración, el
desplazamiento de las dragas al corregimiento de Tarapacá estuvo mediado por la
necesidad de reparar uno de los motores de las dragas, la imposibilidad de realizar
su traslado de noche por ausencia de visibilidad para navegar, y la necesidad de
requerir personal adicional para que las operara, puesto que, sus tripulantes
manifestaron que no sabían manejarlas, por lo que, es dable concluir que dadas las
circunstancias particulares de su movilización, aquellas fueron puestas a órdenes
de la Fiscalía oportunamente.

102. En este orden de ideas, se concluye que no se demostró que el Ejército
Nacional hubiera incurrido en falla en el servicio por la incautación de las dragas
“Trinidad” y “Dinámica I”, por cuanto para ese momento existían elementos e
indicios que permitían inferir que las dragas habían sido empleadas en la posible
comisión del delito, bajo la configuración de la flagrancia inferida por las cosas,
siendo puestos a disposición de la Fiscalía oportunamente; aunado a lo cual,
tampoco se advierte que exista nexo causal entre la actuación imputada a la
autoridad castrense y los perjuicios deprecados en la demanda, en tanto que
aquellos están referidos exclusivamente a la actuación del ente instructor. En
consecuencia, se revocará en este aspecto la sentencia que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas con anterioridad.

103. Conviene precisar que, si bien por regla general aquellos temas no propuestos
en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad

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quem; de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 357 del C.P.C.102, aplicable en
sede contencioso administrativo según se dispone en el artículo 267 del C. C. A., el
recurso de apelación se entiende interpuesto en lo que es desfavorable al apelante,
de ahí que, en el presente caso, se encuentre que el recurso de apelación
interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, al ser la parte vencida, comprendió
no sólo el reproche frente a la declaración de su responsabilidad, sino a aquellos
aspectos vinculados con las imputaciones que se le endilgan como lo es la
incautación de las dragas, de manera que, correspondía a esta Sala analizar la
legalidad de dicha actuación.

104. Así mismo, aun cuando el principio de la non reformatio in pejus es un
derecho individual mediante el cual la parte que resultó parcialmente vencida en el
proceso, al apelar no le puede ser modificado lo que le fue favorable porque la
contraparte, al no recurrir, consintió en lo que se decidió en su contra; de acuerdo a
la posición actual de la Sección Tercera, la aplicación de dicha garantía no es
absoluta, por cuanto admite como excepción, además del evento en que debe
surtirse el grado jurisdiccional de consulta a favor de la parte que no apeló, aquel
en que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre
puntos íntimamente relacionados con aquella103. De ahí que, considerando el
recurso presentado por la Fiscalía General de la Nación, esta Sala se encuentra
facultada para analizar si los medios probatorios dan lugar a declarar la
responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, o para
decidir sobre la ausencia de prueba de una indebida incautación, como ocurrió en
el presente asunto.

Liquidación de perjuicios

Daño emergente

105. Para el caso sub examine, la parte actora solicitó por concepto de daño
emergente la suma de setenta y tres millones quinientos mil pesos ($73.500.000)

102 La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá

enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere
indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla (…)”.
103 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sub-Sección C; Sentencia del 24 de enero de 2011; Exp. 16326; M.P.:

Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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por el pago de los cánones de arrendamiento de la draga “Dinámica I” durante el
tiempo que estuvo inmovilizada, perjuicio al que accedió el a quo mediante condena
en abstracto.

106. No obstante lo anterior, comoquiera que el perjuicio que corresponde
indemnizar consiste en el pago de los cánones de arrendamiento realizado durante
el período que se retardó la entrega de la draga “Dinámica I”, por causa de su pérdida
transitoria, esto es, durante 7 meses y 18 días, entre el 16 de septiembre de 2005 –
cuando se ofició al inspector de policía del corregimiento de Tarapacá para que
realizara la entrega- y el 4 de mayo de 2006 –cuando se hizo efectiva-, la Sala
procederá a estudiar de acuerdo con las pruebas allegadas la existencia y magnitud
del mismo.

107. En primer lugar, conviene precisar que el señor Miguel Antonio Parra Rojas, es
el único demandante que cuenta con un vínculo jurídico con la draga “Dinámica I”,
en tanto que, sobre dicho bien, celebró un contrato de arrendamiento con su
propietario la sociedad Dinámica Minera y Agroindustrial S.A. (Dimiasa), el cual,
según certificación realizada por la misma sociedad, se ejecutó desde el 30 de
diciembre de 2003 hasta el 30 de mayo de 2006, circunstancia que se encuentra
corroborada con los soportes de los pagos mensuales realizados por el señor Parra
Rojas durante dicho período, por valor de tres millones quinientos mil pesos
($3.500.000)104.

108. Así las cosas, considerando que los anteriores documentos se presumen
auténticos, dado que no fueron tachados de falsos por la parte demandada, y en tal
calidad, acreditan el perjuicio deprecado, advierte la Sala que, para la liquidación del
perjuicio, debe tomarse el valor pagado por concepto de cánones de arrendamiento
durante el período indemnizable -7 meses y 18 días-, esto es, veintiséis millones
quinientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos con noventa y
nueve centavos ($26.599.999,99), y actualizarlo a valor presente.

109. De conformidad con lo anterior, para liquidar el daño emergente aplicando la
fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es

104 Folios 95 a 102 del cuaderno 2.

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igual a la renta histórica (R), es decir, a la suma de veintiséis millones quinientos
noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos con noventa y nueve
centavos ($26.599.999,99) multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de
precios al consumidor del mes del mes anterior a esta sentencia – agosto de 2022 -
, por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que se produjo la
devolución de la draga al señor Miguel Antonio Parra Rojas – mayo de 2006 -.

índice final – agosto/2022 (121.50)
Ra = R (26.599.999,99) -------------------------------------------------------
índice inicial – mayo/2006 (60.29)

Ra = $53.605.904,77

110. Por lo anterior, la Sala modificará la sentencia del a quo, en orden a condenar
a la Fiscalía General de la Nación a pagar la suma de cincuenta y tres millones
seiscientos cinco mil novecientos cuatro pesos con setenta y siete centavos
($53.605.904,77) por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño
emergente, a favor del señor Miguel Antonio Parra Rojas.

Lucro cesante

111. En relación con el lucro cesante consistente en la utilidad que dejó de producir
la draga “Dinámica I”, se observa que el a quo encontró procedente acceder a la
reparación de este perjuicio mediante condena en abstracto.

112. Frente a la acreditación de dicho perjuicio durante el período en que se
postergó la devolución de la draga “Dinámica I”, esto es, entre el 16 de septiembre
de 2005 y el 4 de mayo de 2006, al sub lite se allegaron:

i) Las solicitudes de legalización de la explotación minera de hecho realizada con
la draga “Dinámica I”, de 3 de junio de 2004, las cuales fueron radicadas bajo
los números FF3-121 y FF3-123;

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ii) La Resolución SCT No. 00912 de 23 marzo de 2006, mediante la cual se
rechazó la solicitud de legalización No. FF3-121105, decisión que cobró
ejecutoria el 6 de septiembre siguiente106; y,
iii) La Resolución SCT No. 01015 de 29 de marzo de 2006, mediante la cual se
rechazó la solicitud de legalización No. FF3-123107, que igualmente quedó
ejecutoriada el 6 de septiembre del mismo año108.

113. Con lo anterior, es claro que, durante el período a indemnizar -entre el 16 de
septiembre de 2005 y el 4 de mayo de 2006-, se encontraban en trámite las
solicitudes de legalización de la explotación minera de hecho realizada con la draga
“Dinámica I”.

114. Así las cosas, considera la Sala que el perjuicio patrimonial reclamado se
deriva una actividad legal – explotación minera de hecho -, por cuanto, en los
términos del artículo 165 del Código de Minas109, era posible realizar dicha actividad
mientras se encontrara en trámite la solicitud de legalización, circunstancia
demostrada en el sub examine, sin perjuicio de la obligación de mitigar y corregir el
impacto ambiental producido con la explotación, de conformidad con el parágrafo 4º
del artículo 4 del Decreto 2390 de 2002110.

115. De otro lado, respecto a la tasación del perjuicio, al expediente se allegó el
dictamen pericial de 9 de diciembre de 2013, realizado por el perito avaluador
Alfonso Escandón Cortés.

105 Folios 150 a 152 del cuaderno 2.
106 Según constancia de ejecutoria obrante al folio 155 del cuaderno 2.
107 Folios 186 y 187 del cuaderno 2.
108 Según constancia de ejecutoria obrante al folio 190 del cuaderno 2.
109 “Artículo 165. Legalización. Los explotadores de minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro

Minero Nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable, de tres (3) años contados a partir del primero
(1o) de enero de 2002, que la mina o minas correspondientes les sean otorgadas en concesión llenando para
el efecto todos los requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre para contratar.
Formulada la solicitud y mientras ésta no sea resuelta por la autoridad minera, no habrá lugar a proceder,
respecto de los interesados, mediante las medidas previstas en los artículos 161 y 306, ni a proseguirles las
acciones penales señaladas en los artículos 159 y 160 de este Código. (…)”.
110 “Parágrafo 4º. Cuando proceda el rechazo de la solicitud, del acto administrativo que la declare se

compulsará copia a la autoridad ambiental competente, con el fin de que ésta orden la adopción de medidas
necesarias a tomar por parte del solicitante para mitigar y corregir el impacto ambiental producido por la
explotación de hecho. Igualmente, se compulsará copia del mismo al alcalde del municipio en que se adelantare
la explotación, con el fin de que éste proceda a efectuar diligencia de cierre, suspensión de trabajos y decomiso
de mineral, de conformidad con el artículo 306 del Código de Minas”.

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116. Examinado el contenido del dictamen pericial en lo relativo a la liquidación del
lucro cesante de la draga “Dinámica I”, de entrada, advierte la Sala que dicha
experticia no permite tener por acreditada la liquidación del perjuicio, por cuanto, el
perito no diferenció entre las utilidades dejadas de percibir por la producción de la
draga “Dinámica I” y “Trinidad”; además, afirmó que las utilidades de la actividad
extractiva correspondían al 60% de la operación, mientras que el 40% atañía a
gastos de afinación, sin presentar las razones técnicas de dicha ponderación.

117. Al respecto, debe precisarse que el perito consideró que la producción mensual
promedio de ambas dragas – Dinámica I y Trinidad – era de 9.377,23 gramos de
oro, a partir de lo afirmado en la demanda y según las facturas111 y la certificación
de la compra de metales preciosos realizada por el Banco de la República al señor
Miguel Antonio Parra Rojas en el 2004, en la que se relacionan las siguientes
cifras112:

No. Contenido Contenido
Fecha Valor pagado ($)
operación oro plata
11-May-04 65 1340.32 65.15 41.650.776,00
11-May-04 66 824.67 2.47 25.615.638,00
11-May-04 67 1155.22 3.46 35.884.874,00
11-May-04 68 803.20 2.40 24.948.605,00
11-May-04 69 795.13 2.37 24.697.870,00
11-May-04 70 971.54 2.91 30.178.766,00
11-May-04 71 1349.72 4.04 41.927.886,00
03-Ago-04 149 1193.65 7.05 36.652.243,00
13-Sep-04 170 199.53 0.66 6.095.071,00
13-Sep-04 171 744.25 2.44 22.749.046,00
TOTAL 290.400.775,00

118. Como se evidencia en el cuadro anterior y en las facturas de compra de metales
preciosos que respaldan la información presentada, los 9.377,23 gramos de oro -
resultado de la sumatoria de la columna “contenido oro”- vendidos por el señor
Miguel Antonio Parra Rojas, corresponden a la extracción realizada con ambas

111 Folios 30 a 35 del cuaderno 5.
112 Folio 94 del cuaderno 2.

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dragas durante el año 2004, y no mes a mes como lo consideró el perito, motivo
adicional para descartar la tasación del perjuicio realizada en el dictamen pericial.

119. Aunado a esto, se advierte que con los demás documentos obrantes en el
expediente no es posible establecer el promedio mensual de la extracción de
minerales realizada con la draga “Dinámica I”, puesto que, si bien en los formularios
de legalización de la actividad minera Nos. FF3-121 y FF3-123, radicados a nombre
de dicha draga, se afirmó que su producción mensual correspondía a 5.000 y 6.000
gramos de mineral, respectivamente; lo cierto es que, tales cifras, además de ser
dispares, no prueban la producción real de la draga, pues, como se evidenció,
tampoco se aproximan a lo realmente vendido por el señor Parra Rojas durante el
2004, por concepto de la extracción realizada con ambas dragas.

120. Además, si bien se aportó la certificación de los precios diarios del gramo de
oro fino para las operaciones de compra y venta, entre el 28 de agosto de 2004 y el
12 de diciembre de 2008113, lo cierto es que, tampoco se cuenta con una opinión
técnica que permita tener por acreditado el monto de los gastos operativos en la
explotación minera, elemento indispensable para determinar la utilidad dejada de
percibir.

121. Por lo anterior, comoquiera que no obran en el expediente documentos que
permitan tasar el perjuicio, corresponde acceder a su indemnización mediante
condena en abstracto.

Incidente de liquidación del perjuicio

122. Dado que en el expediente no obra prueba que permita establecer el lucro
cesante consistente en el valor de las utilidades dejadas de percibir por concepto de
la actividad minera de la draga “Dinámica I”, la Sala proferirá una condena en
abstracto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 172 del C.C.A. con el fin de
que la Nación – Fiscalía General de la Nación pague al señor Miguel Antonio Parra
Rojas, la indemnización que se liquide en trámite incidental, para lo cual habrán de
tenerse en cuenta los siguientes parámetros:

113 Folios 236 a 241 del cuaderno 2.

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123. La parte actora solicitará la práctica de un dictamen pericial que permita
establecer el promedio de producción mensual de la draga “Dinámica I” y los gastos
operativos mensuales asociados a la actividad minera, con el fin de determinar el
monto total de las utilidades mensuales que se debieron percibir entre el 16 de
septiembre de 2005 y el 4 de mayo de 2006, teniendo en cuenta sus características
técnicas, capacidad instalada, equipos, potencia de los motores, el personal y
materiales requeridos para desarrollar la actividad, así como el precio de compra y
venta de los minerales para el período indemnizable y demás condiciones del
mercado que resulten relevantes.

124. Para tal efecto, conviene precisar que las dimensiones, infraestructura,
maquinarias y equipos iniciales de la draga “Dinámica I” corresponden a los descritos
en los inventarios de incautación y de la diligencia de inspección, realizados el 28 de
agosto de 2004 y 11 de abril de 2005, los cuales, en su conjunto, corresponden a
los siguientes:

“Dimensiones, infraestructura, maquinaria y equipo:

28 mts de largo x 14 mts ancho x 1.6 mts altura

Un (01) motor Escania Serial 3126848 capacidad 315 H.P para operación
dragado
Una (01) Boba hidráulica Serial s110202482
Un (01) Comando Hidráulico serial 254092-10
Un (01) Generador eléctrico Motor MWM Serial 0229.03.22397 cap. 52 P.D.
Un (01) Motor hidráulico Guincho Trasero TRW Serial 29171999
Una (01) Manguera de Succión capacidad 12”
Un (01) Motor hidráulico Gincho delantero Parker torqlink T0335MS010AAAA
Un (01) Equipo de soldadura 65425 marca ITAIPU cap 425W
Un (01) Compresor serial 70621044 cap 250 psi
Una (01) Manguera de 16 pulgadas de diámetro y 23 Mts de largo utilizada para
la succión del material
Un (01) Batidor manual
Una (01) batea (utilizada para separar oro de la tierra)
Una (01) piscina para depósito de material succionado
Dos estufas de cuatro puestos INRESA serial 07746
Dos (02) congeladores marca colmaster

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Un (01) televisor marca phillips de 21”
Una (01) lavadora marca LG 18 Lbs
Dos (02) ventiladores
Un (01) motor (dañado)
Una (01) pulidora manual
10.000 galones de A.C.P.M.
Tres (3) deslizadores metálicos por 5 personas.
Una (1) fibra por 8 personas.
Dos (2) plantas eléctricas VW
Una (1) nevera pequeña
Una (1) motobomba honda

Presenta, además, un remolcador marca Mercedes Benz, 125 serial om
352344912 No. 100-56-4-55 CFW 61-1 0460000495-464 para la navegabilidad
de la embarcación.

125. Igualmente, se itera que a folios 237 a 241 del cuaderno 2, obra la certificación
del precio diario del gramo de oro fino durante el período indemnizable, expedida
por el Banco de la República, la cual no se transcribe por razón de su extensión.

126. El valor nominal o histórico del perjuicio que se calcule en fecha cierta,
deberá actualizarse aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, siendo la
renta actualizada (Ra) igual a la renta histórica (R), multiplicada por la cifra que
arroje dividir el índice final de precios al consumidor, esto es, el certificado al
momento en que se resuelva el incidente, por el índice inicial de precios al
consumidor vigente a la fecha que se determine que se produjo el daño, esto es el
deterioro de determinado bien.

Ra = Rh índice final
índice inicial

127. El incidente para la regulación de los perjuicios deberá tramitarse en los
términos previstos en los artículos 178 del C.C.A. y 137 del C.P.C., y promoverse
por la parte interesada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de
la presente sentencia.

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Condena en costas

128. En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la
Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el
artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55
de la Ley 446 de 1998.

IV. PARTE RESOLUTIVA

129. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 27 de marzo de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de
descongestión que, en virtud en los aspectos materia del recurso de apelación,
quedará de la siguiente manera:

SEGUNDO: DECLARAR responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación
por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que incurrió al
no velar por el cumplimiento efectivo de los deberes de custodia, cuidado y
conservación de la draga “Dinámica I”, circunstancia que implicó dilación en su
entrega.

TERCERO: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar por
concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente a favor del
señor Miguel Antonio Parra Rojas, la suma de $53.605.904,77.

CUARTO: CONDENAR en abstracto a la Nación – Fiscalía General de la Nación,
de acuerdo con la parte motiva de la presente providencia, de conformidad con el
artículo 172 del C.C.A.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

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Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

SEXTO: Sin condena en costas.

SÉPTIMO: En los demás aspectos, CONFÍRMESE la sentencia de primera
instancia.

OCTAVO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Aclaración de voto
VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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