Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07398-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07398-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07398-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07398-01
Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Temas: Petición ante autoridad judicial
Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
_____________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por Canteras de Florencia Ltda., en contra
de la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de
la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Canteras de Florencia Ltda promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales de petición, de acceso a la administración de
justicia, al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital, a la vida digna y a la especial
protección de las víctimas, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la falta de
respuesta a los requerimientos elevados en distintas fechas ante la autoridad judicial
demandada.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demandada en contra de la Agencia Nacional de Minería, con la finalidad de
cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se le negó la
solicitud de la formalización de minería tradicional.
11 Ver índice 2 de Samai, actuación denominada «49ED_Demanda(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Canteras de Florencia Ltda
2.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en sentencia de única
instancia del 11 de agosto de 2025 accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, y ordenó a la Agencia Nacional de Minería que retomara el proceso de
legalización de minería tradicional NJN-15181 iniciado por la sociedad Canteras de
Florencia Limitada.
2.3. En el curso del medio de control presentó varias solicitudes de impulso procesal,
de prelación de sentencia, de adición, de corrección de sentencia por error material en
la tasación de costas, de decisión integral de pretensiones omitidas y prohibición de
fallo en abstracto, así como el derecho de petición sobre cambio en la fijación del litigio.
2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales por
cuanto a la fecha no ha otorgado respuesta a las diversas solicitudes y escritos que
requerían trámite y decisión por parte del despacho judicial. Esta omisión impide activar
las medidas económicas y operativas derivadas del fallo, que constituyen la única
fuente de sustento del núcleo familiar desplazado.
1.1.1. Pretensiones
3. En Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1. Amparar los derechos fundamentales invocados por vulneración actual, continuada e
injustificada.
2. Ordenar al Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
que resuelva de manera integral y motivada, dentro de un término perentorio no superior a
diez (10) días, todas las solicitudes presentadas y pendientes, a saber:
Sin que ello implique prejuzgar, modificar el fondo del proceso o interferir en la autonomía
judicial.
• Corrección de sentencia por error material en la tasación de costas
• Adición de sentencia presentada por nuestro apoderado
• Decisión integral de pretensiones omitidas
• Memorial de activación de impulso procesal
• Memoriales radicados el 5, 7 y 8 de noviembre
• Derecho de petición sobre fijación del litigio
• Derecho de petición sobre corrección de carga documental
• Trato prioritario
• Adición de sentencia presentada por el representante legal
• Recurso de reposición del 14 de octubre de 2025
3. Ordenar que la respuesta sea notificada inmediatamente al correo institucional del
accionante: angeloucros@gmail.com
4. Prevenir al despacho accionado para que, en el futuro, cumpla los términos razonables y
los principios de celeridad, enfoque diferencial y servicio efectivo de justicia en casos que
involucren víctimas del conflicto armado y menores de edad como ocurre en este caso, donde
confluyen víctimas del conflicto armado, una menor. [...]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
2
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Demandante: Canteras de Florencia Ltda
4. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C2 luego de reiterar las
actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al interior del proceso contencioso
solicitó que se declarara improcedente la petición de amparo por no acreditar el
requisito general de la subsidiariedad, en tanto los asuntos cuestionados se encuentran
en un proceso judicial ordinario en curso. Señaló que, mientras existan etapas
pendientes, mecanismos de impugnación disponibles o solicitudes por resolver, el
amparo no procede como vía para anticipar decisiones ni para sustituir el ejercicio de
las competencias propias del juez natural.
4.1. En sentencia del 11 de agosto de 2025 resolvió de fondo las pretensiones de la
demanda, y, posteriormente, se presentaron solicitudes de aclaración, corrección y
adición, así como comunicaciones presentadas en ejercicio del derecho de petición,
respecto de las cuales algunas ya fueron decididas y otras quedaron en trámite para
resolución por la magistrada o la Sala, conforme a la competencia aplicable y a la
normativa vigente.
4.2. Sin embargo, la parte demandante, de forma directa o por intermedio de su
apoderado, presentó requerimientos sucesivos, lo que constituyó un uso reiterado e
inadecuado de las facultades procesales. Esta conducta resultó contraria a la finalidad
y límites del proceso contencioso administrativo, al desconocer los principios de
seguridad jurídica, cosa juzgada, eficacia procesal y estabilidad de las decisiones
judiciales, que impiden reabrir de manera indefinida asuntos ya resueltos.
4.3. En providencia del 1º de octubre de 2025 se abstuvo de tramitar la solicitud de
adición presentada el 1.º de septiembre por el representante legal de Canteras de
Florencia Ltda., y reiteró que la parte demandante debía actuar exclusivamente por
medio de abogado inscrito, como ya se había indicado en varias ocasiones. Luego, en
providencia del 3 de diciembre de 2025, reconoció personería al apoderado judicial y
señaló que las demás solicitudes se decidirían en actuación posterior.
4.4. El despacho atendió las actuaciones con diligencia, continuidad y oportunidad.
Sin embargo, la resolución de los asuntos pendientes se efectuó de forma ordenada y
conforme a la capacidad operativa, en atención a la alta carga laboral y al número
considerable de escritos presentados por la parte demandante en menos de un mes.
La reiteración de solicitudes, muchas dirigidas a replantear cuestiones ya resueltas o a
introducir temas ajenos a la etapa procesal, generó presión indebida y afectó la
secuencia del trámite. En consecuencia, las peticiones se decidirán en la providencia
correspondiente, tras su estudio integral y con sujeción a los principios de legalidad,
debido proceso, economía y eficacia.
5. La demandante3 reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial e indicó
que el informe rendido por la autoridad judicial demandada no resolvió ninguna de las
solicitudes que dieron origen a la tutela.
2 Ver índice 12 de Samai, actuación denominada «41CONTESTACIONDE_InformetutelaCantera(.pdf)
NroActua 12».
3
Ver índice 15 de Samai, actuación denominada «Memorial__42Respuesta(.pdf) NroActua 15».
3
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Demandante: Canteras de Florencia Ltda
6. La Agencia Nacional de Minería4 solicitó que se declarara improcedente, o en
su defecto, se negara lo pretendido ante la ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la demandante.
1.3 . Sentencia de primera instancia5
7. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en sentencia del 15 de
diciembre de 2025 declaró improcedente la solicitud de amparo por mora judicial,
debido a la ausencia de parálisis procesal, y, contra providencias judiciales por
incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional, por
las siguientes razones:
7.1. Las 10 solicitudes cuya resolución se pretendía se presentaron entre el 1.º de
septiembre y el 8 de noviembre de 2025, en un lapso de poco más de dos meses, y la
magistrada se pronunció sobre la primera mediante auto del 1.º de octubre de ese año,
en el cual dispuso estarse a lo resuelto en la providencia del 19 de junio anterior, que
requirió a Canteras de Florencia para designar apoderado. Esto evidenció que no omitió
las solicitudes ni mantuvo paralizado el proceso, situación que ya se verificaba antes
de la presentación de la tutela, por lo que la pretensión de resolver las peticiones
formuladas tras la sentencia del 11 de agosto de 2025 no superó el examen formal de
procedencia.
7.2. En cuanto a los reproches de que la sentencia del 11 de agosto de 2025 incurrió
en defectos sustantivo y procedimental absoluto, al negar la indemnización pese a la
acreditación de perjuicios y al modificar el litigio fijado en la audiencia inicial; dichos
argumentos ya los había planteado en las solicitudes del 8 y 22 de octubre de 2025
sobre la adición del fallo, sin embargo, no esperó la decisión sobre esa solicitud ni
justificó su ineficacia o la existencia de un perjuicio irremediable. En consecuencia,
incumplió el requisito de subsidiariedad, por lo que la tutela no puede operar como una
instancia adicional para controvertir decisiones judiciales.
7.3. Por otra parte, en providencia del 30 de enero de 20266 rechazó la solicitud de
aclaración de la sentencia del 15 de diciembre de 2025, por cuanto la demandante no
individualizó los conceptos o frases que, a su juicio, ofrecieron un verdadero motivo de
duda ni, mucho menos, explicó las razones correspondientes, sin embargo, en la
decisión sí se le precisó por qué el análisis de la Sala no versaría sobre la vulneración
del derecho fundamental de petición, sino sobre la afectación del debido proceso.
7.4. Asimismo, negó la solicitud de adición pues si bien la demandante precisó que
se omitió pronunciamiento expreso sobre el derecho fundamental de petición, lo cierto
es que en la decisión se advirtió que el litigio excluía una eventual lesión del derecho
fundamental de petición y se expuso el motivo correspondiente.
4
Ver índice 16 de Samai, actuación denominada «51_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
InformedetutelaCA(.pdf) NroActua 16».
5 Ver índice 30 del expediente de primera instancia. Archivo denominado
«62Sentenciatutel_SentNo11tute00020260(.pdf) NroActua 30».
6
Ver índice 37 del expediente de primera instancia. Archivo denominado
«67Autoqueresuel_2420250739800VF(.pdf) NroActua 37».
4
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1.4. El escrito de impugnación7
8. Canteras de Florencia Ltda impugnó la sentencia de primera instancia, y sostuvo
que su solicitud de amparo no controvirtió providencia judicial alguna, como lo entendió
el a quo. Afirmó que tal interpretación desnaturalizó sus pretensiones, pues estas se
dirigían exclusivamente a cuestionar la omisión prolongada de respuesta frente a
solicitudes concretas, máxime cuando no busca impulsar el trámite, alterar el orden de
decisión ni provocar un pronunciamiento de fondo, sino obtener contestaciones
expresas sobre asuntos específicos y autónomos.
8.1. La sentencia de primera instancia omitió examinar el derecho fundamental
invocado, al excluir el análisis del derecho de petición bajo el argumento de una
supuesta naturaleza jurisdiccional de las solicitudes, cuando estas se presentaron en
ejercicio de una garantía constitucional reconocida en el artículo 23 de la Constitución
Política, cuya exigibilidad también cobija a las autoridades judiciales, obligadas a
responder en plazos razonables incluso dentro de procesos en curso.
8.2. La Corte Constitucional ha establecido que la falta injustificada de respuesta por
parte de autoridades judiciales vulnera directamente el derecho de petición, sin que se
requiera acreditar mora estructural. En ese contexto, advirtió varias omisiones
concretas, tales como la falta de respuesta a la solicitud de modificación de la fijación
del litigio, la ausencia de pronunciamiento sobre peticiones específicas y la falta de
decisión frente a solicitudes de adición y corrección relacionadas con costas y agencias
en derecho.
8.3. Por otra parte, existió un error en la conformación del contradictorio y en la
representación de la autoridad demandada, pues la magistrada Adriana Polidura
Castillo allegó informe de manera unilateral y en nombre propio, sin que el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C emitiera un pronunciamiento institucional.
Asimismo, omitió considerar el enfoque diferencial aplicable a las víctimas.
8.4. Posteriormente, en escrito complementario8 reiteró los argumentos expuestos en
el escrito, y enfatizó en el error metodológico en el que incurrió el a quo al confundir
entre «solicitud procesal» y «derecho fundamental de petición», pues la sentencia
impugnada erróneamente sostuvo que al existir solicitudes de adición/corrección,
entonces el derecho de petición no se activa.
2. Consideraciones
9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en
el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de la
7 Ver índice 31 del expediente de primera instancia. Archivo denominado
«64RECIBEMEMORIAL_impugnacionacciondet(.pdf) NroActua 31».
8
Ver índice 41 del expediente de primera instancia. Archivo denominado «Memorial__69Recurso(.pdf)
NroActua 41».
5
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solicitud de tutela - el derecho de petición; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.
2.1. Competencia
10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20009 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201910, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
2.2. Cuestión previa
11. La Sala aclara que, de conformidad con lo expuesto en el escrito de
impugnación, si bien están de por medio actuaciones judiciales surtidas en el marco del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-03-26-
000- 2016-00096-00, lo cierto es que la parte demandante fue enfática en aclarar que
su solicitud de amparo no estaba dirigida a cuestionar ninguna providencia judicial, y,
por el contrario, orientó su reclamación a la protección del derecho de petición. Razón
por la cual, el análisis se suscribirá a la presunta vulneración del derecho de petición
ante autoridad judicial.
2.3. Problemas jurídicos
12. De conformidad con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si la
solicitud de tutela es procedente para proteger el derecho fundamental de petición de
Canteras de Florencia Ltda., de cara a solicitudes de contenido procesal elevadas ante
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C?
2.4. Procedencia de la solicitud de tutela
13. El artículo 86 constitucional señala que: «[…] [e]sta acción solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:
«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
14. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia11, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un
9 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
10 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
11 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121 de
2003.
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derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.4.1. Sobre el derecho de petición
15. Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de
petición ha señalado la Corte Constitucional:
«[…] Aun cuando es claro que el ordenamiento jurídico tiene establecidos otros mecanismos
de defensa judicial para exigir el cumplimiento del derecho de petición, como lo es el acudir
ante la jurisdicción contenciosa administrativa, luego de agotada la vía gubernativa, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que resulta muy oneroso para el peticionario
acceder al mecanismo judicial con el solo propósito de obtener la respuesta a una petición
formulada, corriendo el riesgo que, para la época en que se adopte la decisión judicial,
ningún interés represente ya para el accionante la solicitud formulada o no produzca en
forma oportuna el efecto inicialmente pretendido por éste.
Por tanto, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, y con el fin de evitar
un desgaste innecesario del aparato judicial, atendiendo a su carácter de derecho
fundamental de aplicación inmediata, ha considerado esta Corporación que el derecho de
petición solo puede ser protegido de manera eficiente y efectiva a través de la acción de
tutela cuya finalidad, como quedó expuesto, es satisfacer al particular con un
pronunciamiento frente a la solicitud por él realizada […]»12.
16. En cuanto a los aspectos generales del derecho fundamental en estudio, de
conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, «[…] Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]», lo cual no solo
implica que la respuesta se produzca dentro de los términos de ley, sino que esta sea
suficiente, efectiva y congruente.
17. En ese mismo sentido, según lo establecido en la Constitución Política, el
derecho de petición comprende varios elementos así: (1) la posibilidad de presentar
solicitudes respetuosas ante las autoridades, sin que estas puedan negarse a recibirlas
o tramitarlas; (2) el derecho a obtener una respuesta oportuna; (3) el derecho a que
dicha respuesta sea de fondo, es decir, que quien la expide tiene la obligación de emitir
un pronunciamiento completo y coherente respecto de todos los asuntos relacionados
en la solicitud, sin que ello signifique que la misma deba ser favorablemente al
peticionario; y, (4) el derecho a recibir una comunicación oportuna frente a la decisión.
18. Ahora, en cuanto a las peticiones elevadas ante autoridades judiciales, se
recuerda que serán procedentes, únicamente, cuando se trate de requerimientos
ajenos a cuestiones e impulsos procesales; así lo señaló la Corte Constitucional en la
sentencia T-394 de 201813:
12 Sentencia 1103 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería.
13 MP Diana Fajardo Rivera.
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«[…] 5.2. Ahora bien, en lo que respecta al derecho de petición ante autoridades judiciales,
esta Corporación ha precisado sus alcances al manifestar que si bien es cierto que el
derecho de petición puede ejercerse ante los jueces y en consecuencia estos se encuentran
en la obligación de tramitar y responder las solicitudes que se les presenten, [37] también lo
es que “el juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como también
las partes y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que
las disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son
necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas peticiones
relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a
las normas propias de cada juicio”.[38]
En este sentido, la Corte ha sostenido que el alcance del derecho de petición encuentra
limitaciones respecto de las peticiones presentadas frente a autoridades judiciales, toda vez
que han de diferenciarse los tipos de solicitudes, las cuales pueden ser de dos clases: (i) las
referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que se encuentran reguladas en el
procedimiento respectivo de cada juicio, debiéndose sujetar entonces la decisión a los
términos y etapas procesales previstos para tal efecto; y (ii) aquellas peticiones que por ser
ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la
autoridad judicial bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la
administración y,[39] en especial, de la Ley 1755 de 2015[40].
En este orden, la omisión del funcionario judicial en resolver las peticiones relacionadas a
su actividad jurisdiccional según las formas propias del proceso respectivo, configura una
violación del debido proceso y del derecho al acceso a la administración de justicia[41]. Por
otro lado, la omisión de la autoridad jurisdiccional en resolver las peticiones formuladas en
relación con los asuntos administrativos constituye una vulneración al derecho de petición[42].
[…]».
2.4.2. Análisis de la Sala
19. Canteras de Florencia Ltda promovió solicitud de tutela con el fin de que se
amparara su derecho fundamental, y, en consecuencia, se ordenara a la autoridad
judicial demandada, dar respuesta a las peticiones presentadas en diferentes fechas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-03-26-000-2016-00096-00. Al respecto, de las pruebas obrantes en el
expediente se observa14:
20. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en sentencia de única
instancia del 11 de agosto de 2025 accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, y ordenó a la Agencia Nacional de Minería que retomara el proceso de
legalización de minería tradicional NJN-15181 iniciado por la sociedad Canteras de
Florencia Limitada.
20.1. El 1 de septiembre de 2025 la demandante presentó solicitud de adición.
20.2. El 10 de septiembre presentó impulso procesal para que se resolviera la adición
de sentencia.
20.3. El 25 de septiembre presentó segundo impulso procesal para que se resolviera
la solicitud de adición de sentencia presentada el 1° de septiembre de 2025.
14 Ver expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001032600020160009600.
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Demandante: Canteras de Florencia Ltda
20.4. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en providencia del 1° de
octubre de 2025 resolvió «ESTARSE a lo resuelto en los autos del 19 de junio y 21 de julio
de 2025, por las razones expuestas en las consideraciones que anteceden», con fundamento
en lo siguiente:
«[…] Al respecto, es menester señalar que a lo largo del proceso se informó e insistió en que
la parte demandante debía intervenir a través de abogado, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 160 del CPACA, a pesar de lo cual en distintas ocasiones hizo caso omiso a
los pronunciamientos emitidos en tal sentido, tal como ocurre en esta oportunidad, en la que
presenta directamente una solicitud de adición de sentencia, omitiendo el deber de actuar
por conducto de apoderado.
Por lo anterior, no es procedente resolver la petición así formulada. En su lugar, el Despacho
ordenará estarse a lo resuelto en los autos del 19 de junio y 21 de julio de 2025, a través de
los cuales, al igual que en providencias anteriores, se indicó que “las partes solamente
pueden actuar en el proceso a través de sus apoderados debidamente constituidos, motivo
por el cual, el Despacho reitera que solamente se pronunciará frente a las intervenciones del
abogado que designe la demandante”. […]» [sic].
20.5. El 2 de octubre de 2025 solicitó:
20.6. El 8 de octubre de 2025 tras otorgar poder a un abogado, solicitó la adición de la
sentencia.
20.7. El 14 de octubre siguiente, interpuso recurso de reposición contra la providencia
del 1° de octubre del 2025.
20.8. El 21 de octubre presentó «Memorial aclaratorio dentro del traslado del recurso de
reposición – Cuantificación ilustrativa del perjuicio».
20.9. El 22 de octubre solicitó corrección de un archivo en Samai.
21. El 22 de octubre solicitó «explicaciones respecto de la modificación de la fijación del
litigio».
21.1. En la misma fecha solicitó corrección de la sentencia del 21 de agosto de 2025.
21.2. El 5 de noviembre de 2025 presentó «solicitud de activación de impulso procesal
para que se resuelvan la solicitud de forma conjunta».
21.3. El 7 de noviembre de 2025 presentó «ampliación complementaria del impulso
procesal y solicitud de corrección integral de sentencia».
21.4. El 8 de noviembre de 2025 presentó «solicitud de decisión integral de las
pretensiones omitidas y recordatorio de la improcedencia de apertura de nueva etapa judicial».
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07398-01
Demandante: Canteras de Florencia Ltda
21.5. El 18 de noviembre de 2025 presentó «memorial de información y solicitud de
constancia sobre la línea procesal vigente».
21.6. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en providencia del 3 de
diciembre de 2025 resolvió:
«[…] PRIMERO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Albeiro Rafael Campo
Redondo, identificado con cédula 85.467.411 y portador de la tarjeta profesional 208.185 del
Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte demandante, en los términos
y para los efectos del poder que obra en el índice 515 de Samai.
SEGUNDO: INFORMAR que las solicitudes pendientes de decisión en el presente asunto
serán resueltas una vez agotado su estudio integral y en estricto acatamiento de los
principios de legalidad, debido proceso, economía, eficacia y ordenación del procedimiento
que rigen la actividad jurisdiccional.
TERCERO: EXHORTAR al representante legal de Canteras de Florencia Ltda. y a su
apoderado al uso de los mecanismos procesales dispuestos en la ley, de conformidad con
la finalidad para la cual han sido establecidos y bajo parámetros de razonabilidad y
proporcionalidad.
CUARTO: Ejecutoriada la presente decisión INGRESAR el expediente al despacho para
continuar con el trámite procesal pertinente. […]» [sic].
21.7. El 18 de enero de 2026 indicó «dejar constancia formal de hechos nuevos, autónomos
y sobrevinientes, ocurridos con posterioridad a la sentencia de tutela previamente interpuesta,
los cuales no han sido objeto de pronunciamiento judicial alguno y configuran nuevas
vulneraciones constitucionales».
21.8. El 2 de febrero de 2026 presentó «Memorial aclaratorio – Actualización ilustrativa del
perjuicio económico».
21.9. El 12 de febrero de 2026 presentó «memorial de impulso procesal – Solicitud de
inclusión del expediente en el orden del día del 16 de febrero de 2026 (Aviso de Sala No. 1-
2026) – Peticiones pendientes de decisión pos sentencia: adición, corrección,
complementación, costas, recurso y demás solicitudes en trámite». En conjunto con «Solicitud
de incorporación inmediata al Despacho del memorial de impulso procesal y demás solicitudes
pos sentencia – Urgencia por proximidad de sesión programada (16 de febrero de 2026)» [sic].
21.10. El 15 de febrero de 2025 presentó «puesta en conocimiento para control de legalidad
y eventual corrección oficiosa».
21.11. En Samai registra como últimas actuaciones:
22. En concordancia con lo anterior, para la Sala, dichas peticiones corresponden
realmente a solicitudes de trámites procesales adelantadas en el marco de un proceso
judicial que cuyo conocimiento corresponde a la autoridad judicial demandada, donde
la demandante ostenta la calidad de parte. Frente a lo cual, de conformidad con el
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07398-01
Demandante: Canteras de Florencia Ltda
marco jurídico anteriormente citado, la tutela resulta improcedente comoquiera que las
solicitudes no corresponden a aquellas que son susceptibles de amparo bajo los
términos del artículo 23 de la Constitución Política, razón por la cual, se declarará
improcedente lo pretendido.
23. Por otra parte, si bien reprochó que el a quo «omitió considerar el enfoque diferencial
aplicable a víctimas», lo cierto es que se trató de una premisa sin mayor argumentación
y que no tiene la entidad suficiente para variar el sentido de la decisión, máxime, cuando
en todo caso, se trata de una circunstancia cuya valoración corresponde al juez natural
del asunto, sin que se advierta falta de diligencia por parte de la autoridad judicial
demandada en el trámite del proceso que amerite una intervención de urgencia por
parte del juez de tutela.
24. Asimismo, el reproche denominado «defecto en la conformación del contradictorio»
tampoco tiene vocación de prosperidad, en la medida que, si bien, el informe allegado
por la autoridad judicial demandada fue suscrito por la Consejera Adriana Polidura
Castillo, lo cierto es que no se observa irregularidad alguna, pues ella es la ponente del
proceso en cuestión y ostenta la representación de esa Sala en este asunto.
3. Decisión
25. En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión del a quo a través de la
cual declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por Canteras de Florencia
Ltda contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
26. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad
de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2025 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual declaró improcedente la
solicitud de tutela presentada por Canteras de Florencia Ltda contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07398-01
Demandante: Canteras de Florencia Ltda
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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