Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07420-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07420-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07420-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07420-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
30 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07420-01
Demandante: Hoover Ernesto Calderón Perdomo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07420-01
Demandante: Hoover Ernesto Calderón Perdomo
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Tema: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Requisitos generales de procedencia. Relevancia
constitucional.
Sentencia segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de
tutela del 15 de enero de 2026, dictada por la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, que resolvió:
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por Hoover
Ernesto Calderón Perdomo contra el Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad
con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 24 de noviembre de 2025, por conducto de apoderado, el señor Hoover Ernesto
Calderón Perdomo interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Nariño, Sala Primera de Decisión, por estimar vulnerados los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, entre otras garantías.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(…)
2. Dejar sin efectos la sentencia del 5 de noviembre de 2025 y ordenar al Tribunal
Administrativo de Nariño –Sala Primera de Decisión– proferir una nueva sentencia
ajustada a la Constitución, al precedente vinculante y al debido proceso.
3.Como medida provisional constitucional, suspender los efectos de la Resolución 00836
del 6 de marzo de 2017, exclusivamente mientras se profiere nueva sentencia judicial.
4.Ordenar a la Procuraduría General de la Nación suspender provisionalmente el
antecedente disciplinario visible en el Sistema SIRI, mientras se profiere nueva
sentencia judicial.
2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07420-01
Demandante: Hoover Ernesto Calderón Perdomo
De la situación que da origen al medio de control
El señor Hoover Ernesto Calderón Perdomo estaba vinculado a la Policía Nacional
desde el 14 de marzo de 2005, en el grado de patrullero en la Unidad Especial de
Protección y Servicios Especiales de Tumaco. Fue designado como jefe del esquema
de seguridad del alcalde del municipio de Barbacoas (Nariño). En esa calidad solicitó
autorización para desplazarse entre las ciudades de Pasto y Cali, del 17 al 22 de julio
de 2015, en una camioneta de placas NET347 con el fin de brindar el debido
acompañamiento al alcalde municipal.
En la madrugada del 18 de julio de 2015, el vehículo oficial conducido por el señor
Calderón Perdomo causó daños a otro vehículo y se fugó, pero minutos más tarde fue
interceptado por una patrulla, que en el informe de novedad levantado registró que el
conductor se identificó como miembro activo de la Policía Nacional, que presentaba
signos de embriaguez y que se rehusó a la práctica de la prueba técnica de
alcoholemia, por lo que se le impuso comparendo y la inmovilización del vehículo.
La Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Nacional inició proceso
disciplinario contra el señor Hoover Ernesto Calderón Perdomo por las faltas
contempladas en los artículos 34, numerales 201 y 262, y 373 de la Ley 1015 de 20064.
Esa investigación culminó con fallo de 15 de diciembre de 2016, en el que encontró al
patrullero responsable disciplinariamente y lo sancionó con destitución e inhabilidad
por 15 años. El sancionado interpuso recurso de apelación.
La Inspección Delegada Región de Policía No. 4 profirió fallo de segunda instancia el
6 de enero de 2017, en el sentido de confirmar la responsabilidad disciplinaria del
señor Calderón Perdomo por la falta del artículo 34, numeral 26, de la Ley 1015 de
2006 y lo absolvió de las demás faltas imputadas. En consecuencia, lo sancionó con
destitución e inhabilidad general por 10 años.
La Dirección General de Policía, mediante Resolución 00836 de 6 de marzo de 2017,
ejecutó la sanción impuesta. A partir del 7 de marzo se hizo efectivo el retiro de la
institución.
Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
El señor Calderón Perdomo promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el Ministerio de Defensa- Policía Nacional con el fin de que se anularan
las decisiones disciplinarias dictadas en su contra y el acto que dio cumplimiento. A
título de restablecimiento del derecho pidió: (i) el reintegro a la institución, en un cargo
igual o superior al que desempeñaba; (ii) el envío al curso de ascenso; (iii) reconocer
y pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir y los perjuicios materiales y
morales causados y (v) ordenar a la División de Registro y Control de la Procuraduría
General de la Nación la eliminación de la anotación de la sanción disciplinaria.
Al proceso se le asignó el radicado 52001-33-33-003-2017-00188-00 y en primera
instancia, en sentencia de 14 de febrero de 2020, el Juzgado Tercero Administrativo
1
Articulo 34. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: […] 20. Manipular imprudentemente las armas de fuego o
utilizarlas en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias que produzcan dependencia física o síquica.
2
26. Consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica, durante
el servicio.
3
ARTÍCULO 37. OTRAS FALTAS. Además de las definidas en los artículos anteriores, constituyen faltas disciplinarias la
violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones, el abuso de los derechos o el incumplimiento de los
deberes contemplados en la Constitución Política, los tratados públicos ratificados por el Gobierno colombiano, las leyes y los
Actos Administrativos.
4
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022 por el artículo 85 de la Ley 2196 de 2022.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07420-01
Demandante: Hoover Ernesto Calderón Perdomo
de Pasto negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante.
Además, advirtió que la Resolución 00836 de 6 de marzo de 2017 es un acto de
ejecución no susceptible de control judicial.
El juzgador de primera instancia adoptó la anterior decisión al verificar que el
demandante, para el momento de los hechos (18/07/2015, 2:45am) se encontraba en
servicio activo, en su condición de «Hombre de Protección» y en estado de
embriaguez, por lo que le era aplicable el régimen disciplinario contemplado en la Ley
1015 de 2006.
El demandante interpuso recurso de apelación, en el que sostuvo, entre otros
argumentos, que: (i) la sanción disciplinaria se fundamentó en pruebas recaudadas
ilegalmente, consistentes en archivos personales de un médico; (ii) en el trámite de la
actuación disciplinaria, rechazaron medios probatorios oportunamente solicitados; (iii)
al haberse revocado las sanciones de tránsito, el proceso disciplinario carecía de
sustento fáctico y probatorio; y (iv) la decisión de primera instancia, erradamente,
consideró que se encontraba en servicio para el momento en el que fue sorprendido
y en aparente estado de embriaguez, conclusión a la que llegó sin tener en cuenta la
prueba testimonial del señor William Menandro López Ramos.
El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia de 27 de octubre de 2025,
confirmó la decisión recurrida y condenó en costas al demandante. Encontró
demostrado en el proceso disciplinario y en el trámite judicial ante esta jurisdicción
que el comportamiento investigado por los hechos del 18 de julio de 2015 se adecuó
a la descripción típica del artículo 34-26 de la Ley 1015 de 2006, dado que se acreditó
que el actor se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes cuando estaba
en servicio de disponibilidad como «Hombre de protección».
3. Argumentos de la acción de tutela
El actor sustentó la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:
Sostuvo que el fallo de segunda instancia dictado por el Tribunal Administrativo de
Nariño incurrió en defecto fáctico porque convalidó la negativa de pruebas esenciales
pedidas en la actuación disciplinaria, como la prueba técnica del estado de
embriaguez, el análisis del video aportado ilegalmente y el decreto de testimonios.
Alegó que el fallador no valoró hechos probados, como el que el investigado no estaba
en servicio y la anulación del procedimiento contravencional y, en cambio, tuvo como
acreditado el estado de embriaguez, a pesar de que no existió prueba técnica de
alcoholemia.
Además, advirtió que otorgó valor probatorio pleno a un video que, según declaración
del propio médico, fue extraído desde su memoria personal, sin cumplir requisitos de
autenticidad, sin registro técnico, sin trazabilidad documental y sin cadena de custodia
previa, lo que desconoce los estándares forenses de la prueba digital exigidos por la
jurisprudencia constitucional. Es decir que, a pesar de la informalidad, el fallador valoró
como prueba plena el referido video, con lo que sustituyó la prueba técnica de
alcoholemia.
Resaltó que el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en error grave al afirmar que
la grabación «no fue relevante», pero de todas formas la usa como elemento
corroborador, por lo que debía cumplir con la autenticidad y demás requerimientos
para ser valorado.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07420-01
Demandante: Hoover Ernesto Calderón Perdomo
En su caso, aseguró que no hubo observación de consumo de alcohol, ni prueba del
grado, ni trazabilidad técnica, puesto que el perito no practicó el examen clínico y solo
basó su dicho en «ojos nistagmus», una reacción que no es exclusiva de la
embriaguez.
De lo anterior concluyó que el juez abandonó el estándar constitucional de certeza
probatoria por una presunción subjetiva, actuar que desconoció los derechos
fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción y presunción de inocencia.
Finalmente, señaló que el juzgador de segunda instancia negó el análisis probatorio
del testigo William Menandro López con un argumento falso, al afirmar que «no fue
testigo presencial», puesto que no tuvo en cuenta que fue testigo directo de la actuación
posterior y del procedimiento administrativo de tránsito que se revocó. Precisó que su
testimonio no era para verificar el estado de embriaguez, sino para demostrar que el
referido procedimiento fue revocado, con lo que desapareció la base probatoria de la
sanción.
Alegó la configuración del defecto procedimental absoluto porque en la sentencia
se tuvo en cuenta la supuesta infracción por conducir en estado de embriaguez
impuesta por las autoridades de tránsito, a pesar de que fue revocada. En concreto,
indicó que la Secretaría de Tránsito Municipal, mediante la Resolución IT.2016-
039819-070727 del 18 de enero de 2016, determinó expresamente:
PRIMERO: Reponer en su totalidad… y en su lugar se revoca (…) dejando a salvo las
obligaciones contravencionales del señor Hoover Ernesto Calderón Perdomo (…)
relacionadas a los códigos de infracción F y B01 (…)
SEGUNDO: Ordenar la desanotación de todo registro restrictivo en los sistemas Mercury,
SIMIT y RUT.
Pese a esa revocatoria, advirtió que el juez disciplinario de segunda instancia utilizó
el hecho revocado como soporte probatorio para endilgar responsabilidad
disciplinaria, con lo que derivó culpabilidad a partir de un hecho inexistente, lo cual
lesionó directamente el debido proceso y desconoció la presunción de inocencia.
El anterior defecto convierte la sanción en arbitraria y habilita su corrección a través
de la acción de tutela, pues trasciende del plano legal para convertirse en una violación
constitucional grave.
Aseguró que se configuró defecto sustantivo, porque en el expediente existía prueba
directa, contundente y no controvertida de que no se encontraba prestando servicio al
momento de los hechos, sino en horas de descanso, en el entendido de que ya había
dejado al protegido en su residencia. A pesar de ello, el Tribunal Administrativo de
Nariño omitió ese hecho probado que constituía una atipicidad disciplinaria absoluta,
puesto que la conducta investigada no tenía nexo funcional con el servicio policial.
Sobre el particular, precisó que «sin el elemento funcional “estar en servicio”, el supuesto
reproche no puede constituir falta disciplinaria; la sentencia sancionatoria creó una responsabilidad sin
soporte legal, configurando un defecto sustantivo por indebida aplicación e interpretación del tipo
disciplinario».
Agregó que la disponibilidad es diferente a estar en servicio. Explicó que la
disponibilidad es condición laboral eventual; el servicio es actividad objetiva, concreta
y susceptible de control disciplinario. En su caso, ya había finalizado el turno porque
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07420-01
Demandante: Hoover Ernesto Calderón Perdomo
dejó al protegido en su residencia y se dirigía a descansar, así que el elemento del
tipo no estaba presente en ese momento.
Alegó desconocimiento del precedente. Para sustentar la configuración de este
defecto, sostuvo que se contrariaron las reglas expresamente fijadas por la Corte
Constitucional y la Corte Suprema de Justicia sobre la admisibilidad de medios
técnicos en relación con la valoración probatoria del video aportado por el médico
desde un archivo personal sin autenticación técnica, trazabilidad digital y cadena de
custodia. Citó las sentencias C-496 de 2015 de la Corte Constitucional y SP- 17188-
2015, Rad. 42656 de la Corte Suprema de Justicia en relación con registros
audiovisuales y las sentencias SU-360 de 1999 y SU-047 de 2019, respecto a la
obligatoriedad del precedente.
Señaló que la providencia judicial cuestionada incurrió en falta de motivación
sustancial al no justificar de manera clara, suficiente y verificable la admisión de
prueba irregular, la falta de valoración del testimonio del señor William Menandro
López y la valoración de una actuación administrativa revocada, con lo que contrarió
el deber reforzado de motivación que rige las decisiones sancionatorias.
Conforme con los anteriores argumentos que sustentaron la procedencia de la acción
de tutela, concluyó que el Tribunal Administrativo de Nariño debía realizar un control
integral pero no lo hizo al convalidar, como lo hizo la autoridad sancionatoria: (i) una
prueba audiovisual irregular sin autenticación ni cadena de custodia; (ii) un hecho
jurídicamente inexistente por revocatoria administrativa previa del procedimiento de
tránsito; y (iii) una falta disciplinaria sin elemento estructural del tipo (no estaba en
servicio activo).
Por último, advirtió que en su caso enfrenta un perjuicio irremediable porque la sanción
disciplinaria impuesta le causa un daño relevante, actual, directo, grave y continuado
que amerita la intervención del juez de tutela o contencioso para su restablecimiento.
En ese sentido, indicó que resulta afectada su dignidad y buen nombre y la presunción
de inocencia al figurar un antecedente disciplinario, aunado a la imposibilidad de
acceder a un empleo público.
4. Trámite procesal de la acción de tutela
En auto del 27 de noviembre de 2025, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante, al
Tribunal Administrativo de Nariño, en calidad de demandado, y al Juzgado Tercero
Administrativo de Pasto, a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a la
señora Fanny Mildey Trujillo Bravo y a SCGA5, en condición de terceros con interés.
En relación con las medidas cautelares de suspensión de los efectos de la Resolución
00836 del 6 de marzo de 2017, mientras se profiere la sentencia de fondo; así como
que se le ordenara a la Procuraduría General de la Nación la suspensión provisional
del antecedente disciplinario registrado en el Sistema SIRI; el despacho sustanciador
de primera instancia las negó al advertir que el actor no expuso de manera clara,
concreta y suficiente la necesidad y urgencia de adoptar tales medidas. Aunado a que
era necesario un análisis detallado del expediente.
5
El despacho sustanciador de primera instancia suprimió el nombre, en aras de proteger la intimidad de los niños, niñas y
adolescentes, así como su interés superior.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07420-01
Demandante: Hoover Ernesto Calderón Perdomo
5. Oposición
El Tribunal Administrativo de Nariño pidió negar el amparo porque la acción de
tutela es improcedente.
Informó que en la providencia atacada se efectuó un análisis integral de los elementos
probatorios que obraban en el expediente disciplinario, tanto documentales como
testimoniales, de los cuales se constató el estado anímico alterado y el aliento
alcohólico del demandante al ser requerido por las autoridades policiales y de tránsito,
cuando conducía el vehículo de placas NET347. También se acreditó que en el
momento de los hechos era «hombre de protección» del alcalde del municipio de
Barbacoas (Nariño), razón por la cual se encontraba en servicio de disponibilidad.
Por lo anterior, señaló que quedó acreditado que la conducta se adecuó a la falta
disciplinaria, prevista en el numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006.
Advirtió que en la demanda de tutela se cuestionan aspectos que fueron objeto de
pronunciamiento por la autoridad disciplinaria, lo que desnaturaliza la finalidad del
mecanismo constitucional y atenta contra la seguridad jurídica y la firmeza de las
decisiones judiciales. Dijo que no es posible usarla como una instancia adicional para
reabrir debates de mera legalidad o de valoración probatoria que no comprometan
derechos fundamentales, sobre todo si la providencia cuestionada resolvió los cargos
de la apelación con fundamento en argumentos jurídicos y pruebas válidamente
practicadas.
Insistió en que el desacuerdo del actor con el sentido de la decisión adoptada no
constituye un fundamento válido para recurrir a la acción de tutela como un
mecanismo de revisión extraordinaria.
6. Intervención de los terceros con interés
El Juzgado Tercero Administrativo de Pasto informó que la providencia dictada en
primera instancia acogió los criterios legales y jurisprudenciales aplicables para la
resolución del caso.
La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional solicitó negar las
pretensiones de la acción de tutela porque no existe vulneración de los derechos
fundamentales invocados derivada de una acción u omisión que comprometa la
responsabilidad jurídica de esa entidad.
Sostuvo que con la expedición de la Resolución 00836 del 6 de marzo de 2017 se
acató una sanción y se materializó la finalidad para la cual fue concebida la acción
disciplinaria de salvaguardar la obediencia, disciplina, rectitud y eficiencia de los
servidores públicos.
Evidenció que el propósito del actor es revivir un debate jurídico en el cual se
garantizaron los derechos constitucionales y legales y cuyo resultado fue contrario a
sus intereses, por lo que la solicitud de amparo es improcedente.
Y, por último, afirmó que no se configuró un perjuicio irremediable ni una amenaza
inminente o grave a derechos fundamentales que justificara la procedencia del amparo
constitucional como mecanismo excepcional.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07420-01
Demandante: Hoover Ernesto Calderón Perdomo
7. Sentencia de primera instancia
El 15 de enero de 2026, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado
profirió sentencia de primera instancia, en la cual declaró improcedente la solicitud de
tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional, por las siguientes
razones:
Advirtió que los cuestionamientos del escrito de tutela no revisten la entidad
constitucional exigida para la procedencia del amparo porque se dirigen, en su
mayoría, contra el proceso disciplinario. Y que, los reproches formulados frente a la
sentencia de segunda instancia se concentran en la valoración del testimonio del
señor William Menandro López Ramos, en la legalidad de un video aportado desde
un archivo personal y en la revocatoria de la sanción de tránsito, cargos que ya habían
sido planteados en el recurso de apelación, respecto de los cuales el Tribunal
Administrativo de Nariño se pronunció de manera expresa, efectuando un análisis
integral del caso concreto.
Por lo anterior, evidenció que la parte actora pretende convertir la acción de tutela en
una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate probatorio ya surtido ante los
jueces competentes y lograr que se imponga la interpretación que considera favorable
a sus intereses.
8. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó su revocatoria y, en
su lugar, que se acceda al amparo solicitado.
Consideró que el fallo recurrido incurrió en una motivación aparente al limitarse a
enunciar reglas jurisprudenciales abstractas y genéricas y citar precedentes
constitucionales sin aplicar esos criterios a los cargos concretos planteados.
A su juicio, el a quo no respondió ninguno de los cuestionamientos formulados en la
demanda, en concreto los siguientes:
1. Por qué la utilización de una prueba potencialmente ilícita un video extraído de un
dispositivo personal sin acreditación de autenticidad, integridad ni cadena de
custodia, no compromete el debido proceso ni la presunción de inocencia.
2. Por qué la negación injustificada de pruebas técnicas esenciales, oportunamente
solicitadas para controvertir dicho video, no vulnera el derecho fundamental de
defensa y contradicción.
3. Por qué una sanción disciplinaria de carácter expulsivo (destitución e inhabilidad
general por diez años) puede sostenerse constitucionalmente sin un análisis del
estándar reforzado de certeza probatoria y motivación, exigido por el artículo 29
superior.
4. Por qué la interpretación extensiva del concepto de «servicio de disponibilidad»,
aceptada acríticamente por el juez ordinario, no vulnera el principio de legalidad y
tipicidad estricta en materia disciplinaria.
En consecuencia, precisó que la acción de tutela no fue promovida como una tercera
instancia para reabrir la valoración subjetiva de la prueba ni para sustituir el criterio del
juez natural, sino para cuestionar la legalidad constitucional de la prueba utilizada, la
negación de pruebas esenciales y la ausencia de aplicación del estándar reforzado
del debido proceso sancionatorio. Tales reproches trascienden la legalidad ordinaria
y configuran problemas constitucionales autónomos, lo que hace procedente el
examen de fondo del juez de tutela.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07420-01
Demandante: Hoover Ernesto Calderón Perdomo
Así que, sostuvo que lo que busca es activar el control constitucional frente a unas
circunstancias que afectaron de manera directa y grave el debido proceso, el derecho
de defensa y la presunción de inocencia.
En ese entendido, advirtió que la sentencia impugnada le negó una respuesta judicial
real, verificable y sustancial, con lo que impidió el control constitucional efectivo de la
decisión y convirtió el requisito de relevancia constitucional en una barrera formal. Tal
actuación vulnera el derecho al debido proceso.
Por último, concluyó que los cargos formulados superan objetivamente el umbral de
relevancia constitucional, en el entendido de que la sanción impuesta no tuvo el
soporte motivacional ni probatorio necesario y le está causando una afectación grave,
definitiva e irreversible de los derechos fundamentales al trabajo, al buen nombre y al
acceso a la función pública.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
De conformidad con lo alegado en el escrito de impugnación, corresponde a la Sala
determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia, que declaró
improcedente la acción de tutela promovida por el señor Hoover Ernesto Calderón
Perdomo contra el Tribunal Administrativo de Nariño.
Para realizar un estudio de fondo, previamente la Sala deberá analizar si la presente
solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales.
La Sala anticipa que confirmará la sentencia impugnada que declaró la improcedencia
de la acción de tutela porque, como lo advirtió el a quo, en este caso no se cumple el
requisito general de relevancia constitucional.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes aspectos: (i) acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) relevancia constitucional como requisito
general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y;
(iii) análisis del caso concreto.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07420-01
Demandante: Hoover Ernesto Calderón Perdomo
(i) Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional» 6, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales7 y específicas8 de procedencia de la
acción de tutela.
(ii) Relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales
El requisito general de relevancia constitucional, como lo ha reiterado esta Sección,
tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez
de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, y (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20149, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
6
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
7
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
8
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
9 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07420-01
Demandante: Hoover Ernesto Calderón Perdomo
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 10.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)
(i) Análisis del caso concreto
Se observa que el señor Hoover Ernesto Calderón Perdomo dirigió la acción de tutela
contra la sentencia de 27 de octubre de 2025 del Tribunal Administrativo de Nariño,
mediante la que se confirmó la providencia de 14 de febrero de 2020 del Juzgado
Tercero Administrativo de Pasto, por la cual se negaron las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el tutelante contra
la Policía Nacional (rad. 52001-33-33-003-2017-00188-02).
Frente a la anterior providencia, el actor alega que el Tribunal Administrativo de Nariño
convalidó, como lo hizo la autoridad sancionatoria: (i) una prueba audiovisual irregular
sin autenticación ni cadena de custodia; (ii) un hecho jurídicamente inexistente por
revocatoria administrativa previa del procedimiento de tránsito; (iii) una falta
disciplinaria sin elemento estructural del tipo (no estaba en servicio activo); y (iv) la
falta de valoración de un testimonio.
A juicio del demandante los anteriores reproches transcienden la órbita de la legalidad
y merecen un control constitucional autónomo por parte del juez de tutela, puesto que
sus derechos fundamentales están afectados. No obstante, la Sala advierte que esa
discusión legal quedó resuelta por los jueces de instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, como se muestra a continuación.
La controversia planteada la resolvió en primera instancia el Juzgado Tercero
Administrativo de Pasto en la sentencia de 14 de febrero de 2020, que negó las
pretensiones de la demanda. El fallador encontró acreditado que el demandante el 18
de julio de 2015, a las 2:15am, mantenía su carácter de Policía en servicio y estaba
bajo los efectos de bebidas embriagantes, por lo que le era aplicable el régimen
disciplinario dispuesto en la Ley 1015 de 2006.
10 Ibidem.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07420-01
Demandante: Hoover Ernesto Calderón Perdomo
El demandante interpuso oportunamente recurso de apelación. Alegó defectos
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente con los siguientes argumentos:
• Sostuvo que el fallo apelado no tuvo en cuenta que la sanción disciplinaria se soportó
en una prueba ilegal, como lo fue un video de la diligencia oficial, extraído de los archivos
personales del médico Omar Enrique Núñez de La Cruz, que trabajaba en Tránsito
Municipal de Pasto y fue quien llegó al sitio de los hechos. Dicho video se valoró para
probar el estado de embriaguez, a pesar de que fue aportado por el propio médico y no
por el organismo legalmente autorizado de tránsito, lo cual desconoció la guía para la
determinación clínica forense del estado de embriaguez aguda y los reglamentos
previstos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Indicó, además,
que la ilegalidad de esa prueba se reclamó en la actuación administrativa disciplinaria.
• Sobre el estado de embriaguez, alegó que los actos acusados desconocieron el debido
proceso administrativo porque no se agotó el procedimiento establecido en el artículo 150
de la Ley 769 de 2002 para determinar el estado de embriaguez, ni en las Resoluciones
00414 y 00453 de 2002 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Insistió en que la prueba del estado de embriaguez se obtuvo ilegalmente con violación
del derecho al debido proceso.
• Indicó que tampoco se dio relevancia al hecho de que las contravenciones impuestas
por la administración municipal fueron revocadas, mediante Resolución IT.2016-039819-
070727 del 18 de enero de 2016, por lo que las pruebas tenidas en cuenta en ese
procedimiento de tránsito perdieron valor y no podían servir de fundamento a la sanción
disciplinaria impuesta.
• Advirtió que el juzgado no dio relevancia al cargo referido a que en la actuación
disciplinaria se negaron las pruebas solicitadas y la falta de investigación integral que le
correspondía hacer al juez disciplinario.
• Alegó que de manera equivocada se estimó que estaba en estado de embriaguez y
que no se valoró la prueba testimonial del señor William Menandro López Ramos que,
precisamente pretendía demostrar que la autoridad de tránsito le impuso comparendo por
el posible estado de embriaguez, posteriormente fue revocado, es decir que la autoridad
de tránsito lo absolvió.
• Indicó que no estaba en servicio en el momento del incidente, pues según el
reglamento interno de la Policía Nacional, la disponibilidad de los uniformados requiere
del llamado eventual de los comandantes directos y está supeditada a la especialidad a
la que hagan parte los policiales, circunstancia que no se presentó. De manera que si el
servidor de policía no es requerido su descanso no es interrumpido, más si como en este
caso, la persona que protegía -alcalde del municipio de Barbacoas (N)- indicó que el
horario de trabajo era de 7 am a 9 pm, sin que se precise por dicho funcionario que el
señor Calderón Perdomo debía permanecer disponible en todo momento.
• Sostuvo que al no haber sido requerido por la persona que protegía, no era posible
analizar las circunstancias bajo lo previsto en la Resolución 01361 de 8 de abril de 2016,
tal y como lo hizo la sentencia recurrida, dado que dicho acto administrativo se expidió
con posterioridad a la fecha en la que fue sancionado disciplinariamente.
• Aseguró que al no encontrarse en servicio no procedía la adecuación típica realizada
en el proceso disciplinario y que, en todo caso, si eventualmente se presentara al servicio
bajo el efecto de bebidas embriagantes, debía aplicarse la falta disciplinaria prevista en
el artículo 35-5 de la Ley 1015 de 2006, esto es, presentarse al servicio bajo los efectos
de bebidas embriagantes.
• Consideró que en la decisión apelada se desconoció el precedente judicial sobre el
principio de proporcionalidad de la sanción disciplinaria, y no se tuvo en cuenta que era
la primera vez que cometía un error y que no se afectó el servicio.
El anterior recurso le correspondió resolverlo al Tribunal Administrativo de Nariño que,
mediante sentencia de 27 de octubre de 2025, confirmó la providencia apelada y se
condenó en costas de segunda instancia a la parte vencida al advertir que tanto en el
proceso disciplinario como en el judicial quedó acreditado que el comportamiento
investigado por los hechos en los que resultó involucrado el demandante el 18 de julio
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07420-01
Demandante: Hoover Ernesto Calderón Perdomo
de 2015 se adecuó a la descripción típica del artículo 34 [26] de la Ley 1015 de 2006,
es decir encontrarse bajo los efectos de bebidas embriagantes, estando en servicio
de disponibilidad como «Hombre de protección». La anterior decisión se motivó de la
siguiente manera:
Antes de resolver los cargos de apelación, el fallador de segunda instancia analizó el
alcance: (i) de la conducta disciplinaria; (ii) del servicio de policía; (iii) de la
disponibilidad para dicho servicio y la demostración del estado de embriaguez para la
tipificación de la conducta.
En concreto, en relación con la falta descrita en el artículo 34 [26] de la Ley 1015 de
2006, por la cual se sancionó al demandante, precisó que esta reprocha dos
comportamientos a saber: el consumo de bebidas embriagantes o estar bajo el influjo
de dichas bebidas durante el servicio. Sobre el alcance de esa norma, citó apartes de
jurisprudencia del Consejo de Estado11.
Sobre la prestación del servicio de policía, indicó que, para la época de los hechos,
estaba regulado en la Resolución 0912 de 1° de abril de 2009 y transcribió los artículos
35 (servicio de policía); 37 (de la naturaleza del servicio); 73 (servicio de
disponibilidad) y 95 (protección a personalidades e instalaciones) y citó jurisprudencia
del Consejo de Estado12 y de la Corte Constitucional13 en la que se han interpretado
esas disposiciones.
Frente a la prueba del estado de embriaguez para tipificar la falta disciplinaria, se
apoyó en jurisprudencia del Consejo de Estado en la que se consideró que: «el examen
de alcoholemia practicado por el Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses no
es la única prueba idónea para que se tipifique la falta contenida en el artículo 34 numeral 26
de la Ley 1015 de 2006, pues son admisibles otros medios de convicción, tales como la
historia clínica, la prueba médica de embriaguez, un examen clínico y testimonios de
terceros»14
Precisado lo anterior, el Tribunal Administrativo de Nariño sostuvo que conforme con
los hechos probados el actor incurrió en la falta descrita en el artículo 34 [26] de la Ley
1015 de 2006 porque para el 18 de julio de 2015 estaba bajo el efecto de bebidas
embriagantes durante la disponibilidad para el servicio como «hombre de protección».
En concreto, en relación con la prueba del estado de embriaguez encontró:
a) En efecto, las pruebas testimoniales de los policiales que atendieron el procedimiento
policial en el que resultó involucrado el demandante y que rindieron declaración en el
proceso disciplinario el 31 de julio de 2015 indicaron que el Patrullero Hoover Ernesto
Calderón Perdomo se encontraba en estado de embriaguez para el día de los hechos
por su forma de hablar, caminar y el estado anímico del actor.
Por otro lado, se observa que como pruebas principales para determinar que el actor
estaba bajo el efecto de bebidas embriagantes durante el servicio, se contó con la
declaración del señor Omar Enrique Núñez de la Cruz -quien se identificó en la diligencia
del 8 de agosto de 2016 como perito forense adscrito a la Secretaría de Tránsito
Transporte- y el testimonio del Subteniente de la Policía Nacional Freddy Fernando
Arteaga Tobar, sin que fuera relevante la grabación del procedimiento que adelantó el
antedicho médico.
11
Sentencia de 4 de octubre de 2018, exp. 11001-03-25-000-2012-00030-00(0135-12). MP. Rafael Francisco Suarez Vargas de
la Sección Segunda, Subsección A
12
Ibídem
13
Sentencia C-024 de 1998.
14
Sentencia de 25 de enero de 2024, exp. 76001-23-33- 000-2015-00662-01 (4176-2022), MP. Juan Enrique Bedoya Escobar
de la Sección Segunda, Subsección B.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07420-01
Demandante: Hoover Ernesto Calderón Perdomo
En ese orden, el testigo Omar Enrique Núñez de la Cruz rindió su declaración para
demostrar que fue él quien efectuó el examen clínico del estado de embriaguez del actor
y que en dicho procedimiento percibió, por su experiencia, que el señor Hoover Ernesto
Calderón Perdomo tenía un notorio aliento alcohólico, ojos nixtagmus espontáneos, y
signos neurológicos que permitían considerar que el actor estaba en estado de
embriaguez e, incluso, se podía afirmar que tenía un grado dos de estado clínico de
embriaguez aguda, dicho que reafirmó el oficial de policía Fernando Arteaga Tobar
también al indicar que el investigado disciplinariamente presentaba un notorio aliento
alcohólico para el momento en el que fue sorprendido.
En ese orden y conforme el precedente jurisprudencial citado, los testimonios analizados
tienen suficiente capacidad demostrativa para establecer fehacientemente el estado de
embriaguez del investigado, pues, coincidieron en señalar que el demandante para la
fecha de los hechos presentaba signos que permitían concluir que estaba bajo los
efectos de bebidas embriagantes tal y como lo prevé la norma disciplinaria.
Por último, si bien con la versión del testigo William Menandro López Ramos existían
indicios sobre la revocatoria a favor del demandante del trámite contravencional por la
infracción de tránsito que se llevó a cabo con ocasión de los hechos que ocurrieron el 18
de julio de 2015, al parecer, por la ilegalidad de la prueba con la que se pretendía
acreditar que el señor Hoover Ernesto Calderón Perdomo se encontraba en estado de
embriaguez para esa data, también es verdad que, a diferencia de los testimonios
practicados en el proceso disciplinario, no se trató de un testigo presencial de los hechos
que rindiera una versión para controvertir las afirmaciones de quienes declararon en
contra del actor y que sí acudieron al lugar de los hechos para corroborar el estado
anímico y el aliento alcohólico del actor.
Además, se insiste, tal y como lo ha indicado la jurisprudencia citada, la determinación
del estado de embriaguez no solo puede demostrarse con la prueba clínica para
determinar tal condición, dado que, dicho estado también puede acreditarse mediante
las declaraciones de terceros, como en efecto ocurrió.
En lo atinente a la disponibilidad de los miembros de la Policía Nacional, el fallador de
segunda instancia precisó que conforme con la jurisprudencia citada, esa condición
se refiere a la prestación material del servicio y a que el policía se encuentre en
condiciones óptimas para prestarlo. Es decir que «cuando un policial se encuentra en
servicio de disponibilidad no puede encontrarse bajo el influjo o ingiriendo bebidas
embriagantes o cualquier otra sustancia que pueda afectar la adecuada prestación del servicio
de policía, aun en días y en horas que no hacen parte de su turno normal, más aún cuando
los uniformados son destinados como hombres de protección, labor que exige que el servidor
se encuentra en plenas facultades físicas y mentales en razón de la delicada misión que
desempeña en esa actividad de dispensar seguridad a la persona protegida.»
Y, para el caso concreto, el Tribunal Administrativo de Nariño encontró acreditado que
para la fecha de los hechos el señor Hoover Ernesto Calderón Perdomo era Patrullero
de la Policía Nacional y que para la madrugada del 18 de julio de 2015, cumplía sus
funciones como jefe del esquema de seguridad del alcalde del municipio de Barbacoas
(N), a quien estaba acompañando, según la autorización que previamente pidió para
desplazarse para prestar sus servicios de protección entre los municipios de Pasto y
Cali entre el 17 y el 22 de julio de 2015. En consecuencia, concluyó que para esas
fechas el actor estaba en servicio de disponibilidad, por lo que debía encontrarse en
óptimas condiciones y no bajo el influjo de bebidas embriagantes.
Con los considerandos antes expuestos quedaron resueltos los cargos de apelación.
En ese entendido, no es admisible el estudio de la presente acción de tutela, puesto
que basta una simple comparación entre los argumentos de la acción de tutela con
los cargos de apelación dirigidos contra la sentencia de 27 de octubre de 2025 para
concluir que son los mismos.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07420-01
Demandante: Hoover Ernesto Calderón Perdomo
En efecto, de la lectura del escrito de tutela se observa que la intención del actor, a
través de este mecanismo constitucional, es insistir en que no incurrió en la falta
disciplinaria descrita en el artículo 34 [26] de la Ley 1015 de 2006 porque cuando
ocurrieron los hechos no se encontraba en servicio ni bajo la influencia de bebidas
embriagantes. Con tal propósito los defectos que le endilga a la sentencia de 27 de
octubre de 2025 los sustenta en los mismos cargos de apelación referidos a que la
sanción disciplinaria se sustentó en: (i) una prueba audiovisual irregular; (ii) un
procedimiento de tránsito revocado; (iii) ausencia total de prueba técnica de
embriaguez; (iv) negación injustificada de pruebas de la defensa, y (v) omisión de
hechos determinantes.
Como quedó expuesto en párrafos precedentes, el juzgador de segundo grado
apoyado en jurisprudencia del Consejo de Estado indicó que la prueba clínica no era
el único medio probatorio idóneo para demostrar el estado de embriaguez, pues
también lo son los testimonios practicados en el proceso disciplinario, que en el caso
analizado resultaron ser los determinantes. En relación con la grabación del
procedimiento para acreditar tal hecho, advirtió que no fue relevante.
También se pronunció sobre el testimonio del señor William Menandro López Ramos
para indicar que no fue un testigo de los hechos, a diferencia de los otros testimonios
de quienes sí estuvieron en el lugar de los hechos y declararon sobre el estado
anímico y el aliento alcohólico del actor.
Así que, como quedó evidenciado, las razones de inconformidad frente a la negación
de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho en la sentencia de
primera instancia quedaron resueltas por el Tribunal Administrativo de Nariño en la
decisión de segunda instancia. Significa que la controversia que el actor trae en sede
de tutela quedó definida por los jueces naturales en el escenario dispuesto para ese
fin, es decir el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
En ese entendido, no es procedente que el actor utilice como instancia adicional la
presente acción de tutela para reabrir el debate surtido en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho rad. 52001-33-33-003-2017-00188-02, en el cual el
Tribunal Administrativo de Nariño concluyó que el comportamiento del actor, por el
cual fue sancionado se adecuó a la descripción típica del artículo 34 [26] de la Ley
1015 de 2006, vigente para la fecha de los hechos (18/07/2015).
En virtud de lo expuesto, los argumentos de impugnación no resultan suficientes para
desvirtuar la falta de relevancia constitucional advertida por el a quo. Aunque el actor
sostenga que es necesario un control constitucional porque los reproches trascienden
la legalidad, esa afirmación por sí sola no resulta determinante, puesto que, como se
advirtió, de la simple lectura del escrito de tutela y de la impugnación es clara la
intención de continuar con la misma discusión que ha planteado desde el
procedimiento administrativo disciplinario, luego en el judicial y ahora en sede de
tutela, la cual ya quedó resuelta por los jueces naturales que son los competentes.
La Sala reitera que no es la acción de tutela el escenario adecuado para retomar el
estudio de los cargos de apelación del proceso ordinario y mucho menos responder a
los cuestionamientos expuestos en el escrito de impugnación. Y no es cierto, como lo
indicó en el mismo escrito, que se le esté negando «una respuesta judicial real, verificable
y sustancial, desconociendo el artículo 29 de la Constitución Política», puesto que el señor
Hoover Ernesto Calderón Perdomo ya obtuvo la resolución de su caso por los jueces
de instancia, a través del ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07420-01
Demandante: Hoover Ernesto Calderón Perdomo
Es indiscutible que el actor ya agotó el mecanismo idóneo y eficaz para exponer sus
inconformidades frente a la sanción disciplinaria impuesta y no puede pretender darle
continuidad a la misma discusión de manera indefinida, pues ello constituye un
desgaste del aparato judicial.
En conclusión, la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto el actor lo que pretende es que el juez constitucional retome
el estudio de los cargos del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de
27 de octubre de 2025 del Tribunal Administrativo de Nariño, con los que insistió en la
ilegalidad de la sanción disciplinaria impuesta.
Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre la vulneración de los derechos fundamentales invocados. Tampoco se
acreditó una circunstancia grave e inminente que habilite al juez constitucional a
adoptar una medida provisional para evitar un perjuicio irremediable.
En consecuencia, teniendo en cuenta que la acción de tutela no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, se confirmará el fallo de primera instancia que
declaró improcedente la solicitud de amparo promovida por el señor Hoover Ernesto
Calderón Perdomo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada del 15 de enero de 2026, proferida por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Fimado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.