Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00662-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00662-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2015-00662-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
25 de enero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2015-00662-01 (4176-2022)
Demandante: Cristhiam Camilo Marín Martínez
Demandada: Policía Nacional
Tema: Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad de 10 años por
consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o
sustancias que produzcan dependencia física o psíquica durante
el servicio
Sentencia de segunda instancia
Asunto
La Sala, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 30 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda.
I.- Antecedentes
1.- La demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1,
Cristhiam Camilo Marín Martínez demandó la nulidad de los fallos disciplinarios
de primera y segunda instancia: (i) del 9 de abril de 2013 por por medio del cual el
jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, lo sancionó con destitución e
inhabilidad general por 10 años, (ii) del 29 de julio de 2013, emitido por la Oficina
de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía Valle, que confirmó la
decisión anterior.
1 Señalado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.
Demandante: Cristhiam Camilo Marín Martínez
Radicado: 76001-23-33-000-2015-00662-01 (4176-2022)
A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara a la entidad
demandada a: (i) reintegrarlo al servicio activo de la Policía Nacional con efectividad
al 1 de octubre de 2013, fecha de la notificación del retiro, al cargo que venía
desempeñando y al grado que le corresponda conforme a su curso de promoción,
(ii) reconocerle las sumas que debiera haber percibido en el grado de patrullero, por
concepto de salarios, prima, prestaciones sociales, vacaciones y demás
emolumentos inherentes al cargo que ocupaba, desde la fecha en que se hizo
efectiva la destitución y hasta cuando sea ejecutada la sentencia que declare la
nulidad de los actos administrativos, y (iii) pagarle cien salarios mínimos legales
mensuales, o la suma que sea del caso de acuerdo con la jurisprudencia del
Consejo de Estado, en razón del dolor que le causó al demandante, el retiro injusto
de la institución policial, que lo dejó sin un mínimo vital y móvil que le permitiera una
subsistencia digna a él y a su entorno familiar, así como por el daño al buen nombre.
1.1.- Fundamentos fácticos
Los hechos relevantes del caso son los siguientes:
Cristhiam Camilo Marín Martínez ingresó a la Policía Nacional como auxiliar el 5 de
junio de 2006, pasó al nivel ejecutivo el 15 de junio de 2009, fue dado de alta en la
institución con el grado de patrullero el 15 de octubre de 2009, grado en el que
permaneció hasta que le fue notificado el acto de destitución disciplinaria.
El 22 de diciembre de 2012 el demandante ostentaba el grado de patrullero y
conforme con la situación administrativa según minuta de vigilancia, su función era
centinela en las instalaciones de la SIJIN Buenaventura.
De acuerdo a lo informado por Luis Pablo Mora Vallejo, quien se desempeñaba
como suboficial de servicio, Cristhiam Camilo Marín Martínez había recibido servicio
a las 07:00, pero que siendo aproximadamente las 08:00, una hora después, le notó
con actitud extraña y olor a alcohol, razón por la cual lo relevó del servicio y le solicitó
a la Secretaría de Tránsito que enviara un funcionario idóneo para realizar prueba
de alcoholemia con el instrumento de alcohosensor, por lo que llegó a dicho lugar
el agente Harrison Suárez, quien realizó la prueba y arrojó como resultado grado
alcoholemia 0.34, por lo cual le ordenan entregar armamento y retirarse a descansar
y presentarse a la jefatura a las 14:00 de ese mismo día, como testigos de los
Demandante: Cristhiam Camilo Marín Martínez
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hechos se encontraban presentes el intendente Julián López Benítez y el
subintendente Oscar Rincón Villa.
Con oficio S-2012 007980, del 2 de diciembre de 2012, el capitán Robín Rolando
Franco Herrera, Jefe Unidad Especial de Investigación Criminal Buenaventura,
remitió el oficio de la novedad, donde señala «Respetuosamente me permito remitir a
mi Mayor el oficio en mención, en la cual el suboficial de servicio Subintendente Luis Pablo
Mora informa la novedad ocurrida con el Patrullero Cristian Camilo Marín Martínez, quien
se presenta a recibir servicio segundo turno con aliento alcohol».
El 28 de febrero del 2013, el teniente José Manuel Gutiérrez Díaz, Jefe Control
Disciplinario Interno DEVAL, mediante auto citó a audiencia disciplinaria,
argumentando que se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 57 de la
Ley 1474, que modifica artículo 175 de la Ley 734 de 2002. Consideró que del
caudal probatorio anexos al informe, se infiere un comportamiento irregular del
Patrullero Cristhiam Camilo Marín Martínez. En el mismo auto le tipificó la norma
conforme lo dispuesto en la Ley 1015 del 2006, artículo 34, como falta gravísima y
la calificó como dolosa.
En el transcurso de la audiencia, se practican pruebas testimoniales, como la del
intendente Julián López Martínez, quien manifestó que observó que el capitán Robín
Rolando Franco Herrera, luego que estuviera formando el personal, observó que el
demandante no estaba en el puesto, lo llamó para que se acercara y en ese
momento le notó el aliento a alcohol, motivo por el cual solicita la colaboración de la
Secretaría de Tránsito para que trajera el equipo de alcoholimetro, para que le
colaborara en la diligencia que determinara que el patrullero había ingerido o no
licor. Igualmente la declaración del intendente Luis Pablo Mora Vallejo, quien refirió
que cuando el patrullero llegó al servicio lo sintió normal, posteriormente el capitán
Franco Herrera, lo llama al momento que estaba formando y le dice que el patrullero
se encuentra en actitud extraña, por lo que sale a verificar y nota en el patrullero un
olor extraño, en el momento le pareció que era alcohol, por lo que solicitó que un
funcionario de la secretaría de tránsito realizara una prueba con alcohosensor,
aduce no haber encontrado ningún elemento que sugiriera el consumo. El agente
Harrison Suarez, señaló que no detectó olor, que solo hizo la respectiva prueba,
observó tranquilo al patrullero.
El 9 de abril de 2013, el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Metropolitana de Cali, conforme a la procedencia del procedimiento verbal de que
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trata la Ley 734 de 2002 en sus artículos 175.1 y ss, considerando «el procedimiento
verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto
disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta», emitió auto por
medio del cual se convocó a audiencia al patrullero Luis Eduardo Vargas Chocue,
endilgándole como cargo único el haber vulnerado la norma contenida en la Ley
1015 de 2006, en su artículo 34 que señala como falta gravísima en su numeral 26,
la de «consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias que produzcan
dependencia física o psíquica durante el servicio».
En el concepto de la violación del cargo endilgado al patrullero Cristhiam Camilo
Marín Martínez, se señaló lo siguiente:
«... toda vez que el día 02.12.2012 después de haber recibido servicio de segundo
tumo como centinela en las instalaciones de la SIJIN Buenaventura desde las 07:00
horas es sorprendido a las 08:00 horas con un presunto estado embriaguez, razón
por la cual el Subintendente Luis Pablo Mora Vallejo, quien se encontraba como
suboficial de servicio Unidad Especial de Investigación Criminal se pone al frente del
suceso e inicia con el procedimiento para así verificar el estado anímico de
mencionado patrullero, por lo que entonces realizan prueba con la ayuda de un
agente de tránsito y arroja como resultado un grado de alcoholemia de 0.34...».
El operador disciplinario mediante auto del 9 de abril de 2013, impuso sanción
disciplinaria de destitución e inhabilidad general por 10 años al demandante.
Una vez notificado de la decisión adoptada por el jefe de la Oficina de Control
Disciplinario Interno del Departamento Policía Valle, y por considerar que la sanción
impuesta fue injusta, en los términos de Ley, el demandante agotó la vía
gubernativa.
Mediante resolución sin número del 29 de julio de 2013, emanada del Despacho del
Inspector Delegado de la Región de Policía Número Cuatro, se desató el recurso de
apelación interpuesto por el patrullero Cristhiam Camilo Marín Martínez,
confirmando la resolución sin número del 9 de abril de 2013, proferida por el jefe de
la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía Valle.
Mediante resolución 03730 del 23 de septiembre de 2013, el director General de la
Policía Nacional ejecutó la sanción disciplinaria de destitución.
1.2.- Normas violadas y concepto de violación
Demandante: Cristhiam Camilo Marín Martínez
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Como tales se señalaron los artículos 2, 6, 29 y 125 de la Constitución, 4, 6, 8, 9,
13 ,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 47, 128, 129, 130, 135, 140, 141, 142, 143,
numerales 2 y 3, 144, 175 de la ley 734 de 2002, y 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 27, 35, numeral 5, 40, 54 de la ley 1015 de 2006, decreto 1800 del
2000.
En el concepto de violación, la parte demandante señaló que la entidad vulneró el
debido proceso, en atención a los siguientes argumentos:
Al demandante se le hizo responsable disciplinariamente de una presunta falta
constitutiva de mala conducta que, por naturaleza de los hechos ocurridos, no
resiste dicho calificativo, desconociendo de esta manera la autoridad nominadora la
prerrogativa de permanecer en el servicio mientras, en justicia y equidad, no se le
demuestre lo contrario, coartándole de tal manera su derecho al trabajo, máxime
cuando el desempeño en sus funciones lo hizo con responsabilidad y honradez
profesional en el momento de sortear la difícil y controvertida situación de orden
público, que lo llevó a la máxima y drástica sanción de destitución e inhabilidad del
servicio activo de la Institución Policial.
Para el caso particular y concreto de la actuación disciplinaria adelantada en contra
de Cristhiam Camilo Marín Martínez, era deber del operador disciplinario, el respetar
las formas del proceso disciplinario, las cuales se encuentran establecidas en la
parte procedimental de la Ley 734 de 2002 y parte sustantiva de la Ley 1015 del
2006.
Adicional a lo anterior y en lo que respecta al derecho de defensa se incurrió en una
serie de irregularidades constitutivas de nulidad que fueron desconocidas por los
funcionarios de primera y segunda instancia en las providencias acusadas.
Se incurrió en violación al debido proceso porque no debía haberse aplicado el
procedimiento verbal de la Ley 1474 de 2011, que modifica el artículo 175 de la Ley
734 de 2002, al no haberse configurado la flagrancia en la comisión de la falta que
se endilgó; así mismo alega una indebida graduación de la falta disciplinaria, pues
no debió corresponder a gravísima, sino a grave, al no haberse determinado el
estado de embriaguez; y por último violación al debido proceso, pues la prueba de
alcoholemia practicada al disciplinado es ilegal, pues sólo es autorizada para
conductores.
Demandante: Cristhiam Camilo Marín Martínez
Radicado: 76001-23-33-000-2015-00662-01 (4176-2022)
2.- Contestación de la demanda
La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda al señalar que lo que hizo la
Dirección General de la Policía Nacional al retirar de la institución al demandante
fue cumplir con el ordenamiento jurídico en cuanto a la norma disciplinaria se refiere,
y las actuaciones se encuentran enmarcadas dentro del debido proceso.
De igual manera, indicó que luego de verificadas en detalle las actuaciones
disciplinarias realizadas, se compartía el criterio legal de los operadores
disciplinarios, quienes bajo las pruebas allegadas en sana lógica sancionan una
conducta tipificada como falta disciplinaria en la Ley, quedando probada la
responsabilidad.
De otro lado, aduce que no se violó el derecho al debido proceso, puesto que la
acción disciplinaria en contra del demandante se ejerció ajustada en todo a los
marcos legales, los cuales exigen el adelantamiento de un proceso previo para que
se hagan las averiguaciones del caso, se recopilen pruebas y si a ello hay lugar se
formulen cargos al implicado, quien tuvo derecho a conocer el expediente y a
contestar el pliego de cargos, cumpliéndose en su totalidad el debido proceso, sin
que se violentara el derecho de defensa y contradicción.
En consecuencia, afirmó que los actos administrativos demandados fueron
expedidos por la autoridad competente, contienen una motivación seria y suficiente
para causar el retiro del actor, por la comisión de una falta constitutiva de mala
conducta.
3.- La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia de primera instancia
de 30 de noviembre de 20212 negó las pretensiones de la demanda bajo los
siguientes argumentos:
Constató que los medios previstos dentro del régimen disciplinario de la Policía
Nacional para encauzar la disciplina en sus miembros no son excluyentes, pues los
preventivos no constituyen un instrumento sancionatorio, sino que tienen incidencia
exclusivamente en el proceso de evaluación de la gestión policial, mientras que los
2
SAMAI Tribunales y Juzgados, índice 27
Demandante: Cristhiam Camilo Marín Martínez
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correctivos están diseñados para controvertir la configuración de una falta
disciplinaria. Así las cosas, al haberse encuadrado la conducta del demandante en
una falta disciplinaria, nada obstaba para que se iniciara en su contra el proceso
disciplinario.
El tipo de sanción a aplicar responde a la gravedad de la falta, la cual en el presente
asunto fue catalogada de gravísima, y la modalidad de culpabilidad determinada
como dolosa, dando como consecuencia la imposición de una sanción que no podía
ser otra que la destitución e inhabilidad general por un término de 10 a 20 años, así
mismo estableció que las pruebas fueron valoradas de manera correcta en el fallo
de primera y segunda instancia disciplinarios.
4-. El recurso de apelación3
La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, con base en los siguientes argumentos:
No se valoró debidamente la prueba, conforme a la realidad de los hechos. En
consecuencia, no se puede asegurar que su conducta, pueda encuadrarse como se
ha calificado, pues no hay prueba contundente o plenamente demostrativa, que el
demandante se presentara al servicio bajo los efectos de bebidas embriagantes o
que dentro de su actividad del servicio se dedicara a la ingesta alcohólica, pues
nunca fue hallado elemento alguno que hubiere llevado a confirmar la ingesta o el
haber utilizado cualquier otra sustancia que produzca dependencia física o psíquica.
Además de vulnerarse el principio de proporcionalidad debido a que la sanción
impuesta debió ser la de suspensión en el ejercicio del cargo, no la de destitución,
en el hipotético caso en el que el demandante se hubiese presentado al servicio
conforme lo describió el Comandante Franco en la queja formulada.
No hay una prueba directa o material que pueda demostrar el cargo, por que no se
sustenta con el material probatorio existente, y al no haberse demostrado la
materialidad de la conducta no existió plena certeza de que haya realizado una
conducta descrita en la ley como gravísima, a título de dolo, endilgándole el
3 SAMAI Tribunales y Juzgados, índice 30
Demandante: Cristhiam Camilo Marín Martínez
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consumir bebidas embriagantes durante el servicio, cosa que nunca ocurrió, como
lo quieren hacer ver en los fallos.
5.- Alegatos de segunda instancia y concepto del Ministerio Público
Las partes y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta etapa procesal como
consta en informe secretarial del 24 de noviembre de 2022.4
II.- Consideraciones
6.- Problema jurídico
Se circunscribe a establecer si hubo una violación al derecho al debido proceso por
la indebida valoración probatoria durante el proceso disciplinario.
7.- Resolución del problema jurídico
7.1.- La valoración probatoria en la Ley 734 de 2002
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado, en lo que refiere a la finalidad
de la prueba, que «las pruebas judiciales son los medios señalados por el legislador para
crear en el juzgador la certeza o el convencimiento sobre la verdad de los hechos que son
materia de los procesos respectivos, con el fin de que el mismo aplique el ordenamiento
positivo a los casos concretos»5. De manera que el recaudo de la prueba tiene por
objetivo llevar al juez a un estado de certeza para poder proferir un fallo sustentado
en la realidad planteada por las pruebas aportadas, siempre y cuando, estas sean
debidamente valoradas conforme con las reglas y criterios que el propio
ordenamiento jurídico establece -de conformidad con las reglas de la sana crítica-.
Es así que el régimen probatorio que regula los procesos disciplinarios que se
adelantan contra los servidores públicos es el fijado en la Ley 734 de 2002.
Precisamente el artículo 128 ibídem define la necesidad de que tanto el fallo
disciplinario como toda decisión interlocutoria esté fundamentada en las pruebas
legalmente producidas y aportadas por petición de cualquier sujeto procesal o de
4
SAMAI, índice 8
5 Sección Segunda, Subsección A, Rad. 70001-23-33-000-2013-00277-01(1498-15). Sentencia de
25 de enero de 2018; M.P. William Hernández Gómez. Actor: Ruby Del Carmen Acosta Bertel y
otros.
Demandante: Cristhiam Camilo Marín Martínez
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manera oficiosa, en ese sentido, la norma es clara en determinar que la carga de la
prueba en estos procesos le corresponde al Estado, lo que le impone el deber a la
autoridad disciplinaria encontrar la verdad real de lo sucedido, lo que deriva en la
obligación efectuar una valoración ponderada y razonada de las pruebas
recaudadas durante el trámite administrativo.
El artículo 129 de la Ley 734 de 2002, desarrolla el principio de investigación
integral, según el cual, la pesquisa que se efectúe dentro del proceso disciplinario,
no solo debe apuntar a probar la falta del servidor público, sino, además, a encontrar
las pruebas que desvirtúen o lo eximan de responsabilidad. Lo anterior en todo caso,
no exonera a la parte investigada de presentar o solicitar las pruebas que pretenda
hacer valer en su favor.
Sobre la apreciación de las pruebas, la Ley 734 de 2002 preceptúa,
«artículo 140. Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas
de la sana crítica En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de
las pruebas en que ésta se fundamenta», «artículo 141. apreciación integral de las
pruebas. Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la
sana crítica. En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de las
pruebas en que ésta se fundamenta»; mientras que el artículo 5 de la Ley 1015 de
2006: «el personal destinatario de este régimen será investigado conforme a las leyes
preexistentes a la falta disciplinaria que se le endilga, ante funcionario con atribuciones
disciplinarias previamente establecido y observando las garantías contempladas en la
Constitución Política y en el procedimiento señalado en la ley. La finalidad del proceso es
la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad
material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él
intervienen».
Los medios probatorios que se recauden durante la actuación administrativa
mostrarán en conjunto una realidad material que debe ser apreciada como
legalmente corresponde, según la ley disciplinaria, es decir, que la finalidad de este
procedimiento «es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la
búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a
las personas que en él intervienen», tal como lo dispone el artículo 20 de la mencionada
Ley 734, y al mismo tiempo tener en cuenta que la sanción disciplinaria «tiene función
preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en
la Constitución, la ley y los tratados internacionales que se deben observar en el ejercicio
de la función pública», como lo instituye el artículo 16 ibidem.
Demandante: Cristhiam Camilo Marín Martínez
Radicado: 76001-23-33-000-2015-00662-01 (4176-2022)
De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional6 el sistema de la
sana crítica o persuasión racional obliga al juzgador a establecer por sí mismo el
valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia.
Estas reglas son las que debe tener en cuenta el operador disciplinario y contribuyen
para que las conclusiones a las cuales arribe sobre el valor o contenido de la prueba
sean legalmente válidas, pues impiden que aquel razone a voluntad,
discrecionalmente, arbitrariamente, de manera contra evidente o dé un alcance y
extensión a la prueba que no se desprenda de ella.
La Ley 734 de 2002 señala un nivel de certeza especial para que el operador
disciplinario pueda establecer responsabilidad y proferir fallo sancionatorio, el cual
puede observarse claramente de la lectura coordinada y conjunta de las siguientes
normas.
El artículo 9 ídem establece que a quien se le atribuya la comisión de una falta
disciplinaria (tipicidad) se le debe presumir inocente hasta que esta presunción sea
desvirtuada mediante la declaratoria de responsabilidad y la cual solo se puede
declarar cuando se haya eliminado «toda duda razonable», desde luego, sobre los
elementos que determinan la responsabilidad (tipicidad, antijuridicidad o ilicitud
material y culpabilidad). La norma en comento señala lo siguiente:
«Artículo 9. Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se
presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.
Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado
cuando no haya modo de eliminarla».
En los artículos 162 y 142 de la Ley 734 de 2002, el legislador estableció el grado
de convencimiento que el material probatorio, aportado a través de los medios de
prueba válidos, debe dar al operador disciplinario para proferir dos de las
providencias más importantes del proceso disciplinario, esto es el pliego de cargos
y el fallo. Las normas en comento establecen lo siguiente:
«Artículo 162. Procedencia de la decisión de cargos. El funcionario de conocimiento
formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista
prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Contra esta decisión no
procede recurso alguno».
6 Sentencia C-202 de 2005.
Demandante: Cristhiam Camilo Marín Martínez
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«Artículo 142. Prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin
que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la
falta y de la responsabilidad del investigado».
De acuerdo con las disposiciones anteriores, para que el operador disciplinario
pueda proferir el fallo y atribuir responsabilidad, debe acreditarse un nivel de
certeza, para que así se proteja el principio de presunción de inocencia.
Es así que el proceso administrativo sintetiza en dos finalidades, la primera como
instrumento de tutela de los derechos y garantías de los asociados y la segunda
constituye un sendero para que la administración pueda tomar una decisión acorde
con el ordenamiento jurídico, teniendo como criterio los elementos de juicio
necesarios para ello, elementos que se circunscriben como principios y reglas, el
acervo probatorio y finalmente la extensión de la jurisprudencia de unificación del
Consejo de Estado, lo anterior como una premisa al nuevo régimen de
procedimiento administrativo Ley 1437 de 2011.
Finalmente, advierte la Sala que la Sala Plena de esta Corporación en sentencia de
9 de agosto de 2016, proferida en el expediente 2011-316 (1210), definió que el
control que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce sobre los actos
administrativos disciplinarios, es integral. Ello, por cuanto la actividad del juez de lo
contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su
lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se
realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de
los derechos fundamentales.
Lo anterior porque: (i) los actos administrativos proferidos por los titulares de la
acción disciplinaria, hacen parte del ius puniendi, (ii) la garantía de la tutela judicial
efectiva en la Convención Americana de Derecho Humanos y en la Constitución
Política, (iii) la jurisdicción está estatuida para la preservación del ordenamiento
jurídico y la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la
ley, por cuanto es expresión del ejercicio del control judicial de los actos de la
administración, en el marco del Estado Social de Derecho, (v) las decisiones de los
servidores públicos titulares de la acción disciplinaria no son asimilables a una
decisión judicial.
De manera tal que, el juicio integral que en materia disciplinaria ha prohijado la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, permite controlar la valoración de la
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prueba porque solo a partir de su objetiva y razonable ponderación, se puede colegir
si el acto disciplinario se encuentra debidamente motivado.
8.- Estudio del caso concreto
Dentro del proceso disciplinario se encuentra el siguiente acervo probatorio:
Fallo de primera instancia del 9 de abril de 2013 proferido por la Oficina de
Control Disciplinario Interno DEVAL de la Policía Nacional, por medio del cual se
declaró disciplinariamente responsable a Cristhiam Camilo Marín Martínez, y lo
sancionó con la destitución e inhabilidad general por 9 años.
Fallo de segunda instancia del 29 de julio de 2013 emitido por la Inspección
Delegada Regional de la Policía 4 de la Policía Nacional a través de la cual
resolvió confirmar la decisión anterior.
Por medio de la resolución 03730 del 23 de septiembre de 2013, la Dirección
General de la Policía Nacional resolvió ejecutar y hacer efectiva la sanción
disciplinaria impuesta al demandante disponiendo su retiro del servicio activo de
la institución.
Sumado a lo anterior, se allegó como prueba el extracto de la hoja de vida del
demandante.
De acuerdo con las pruebas aportadas a lo largo del proceso, la investigación
disciplinaria en la que se vio inmersa el actor, tuvo como origen en la novedad
presentada por el subintendente Luis Pablo Mora Vallejo, quien refirió que Cristhiam
Camilo Marín Martínez, había recibido el servicio de segundo turno como centinela
en las instalaciones de la SIJIN de Buenaventura a las 07:00 horas, presentaba
actitudes extrañas y le percibieron un olor a alcohol.
Así mismo, con posterioridad a que se evidenció la conducta del uniformado, se le
practicó una prueba de alcoholemia, a través de un agente de tránsito, y la cual
arrojó como resultado 0.34 de grado de alcoholemia, y en razón a ello, se le ordena
retirarse a descansar, por considerar que no se encontraba en condiciones de
prestar el servicio.
Demandante: Cristhiam Camilo Marín Martínez
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La Sala estima que teniendo en cuenta la falta endilgada, en la que se reprocha, el
acto mismo de consumir bebidas embriagantes y/o estar bajo los efectos de las
mismas, lo cual se determinó con la prueba de alcoholemia, y el momento en que
se presentó, esto es, durante la prestación del servicio, que la conducta podía ser
considerada como constitutiva de flagrancia.
En este punto, es importante precisar que la flagrancia incide únicamente en la
escogencia del trámite que se debe adelantar, sin que implique que la conducta
investigada, de entrada, sea calificada como contraria y que afecta el servicio.
Ahora, el término de flagrancia no está definido en el Código Único Disciplinario,
pero el artículo 21 de la misma normatividad, permite para llenar vacíos acudir a los
ordenamientos allí relacionados, entre otros, el Código de Procedimiento Penal,
siempre que su aplicación no contravenga la naturaleza del Derecho Disciplinario.
Este último estatuto, en su artículo 301 establece:
«Artículo 301. Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando:
1. La persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito.
2. La persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y
aprehendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por
la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después
de su perpetración.
3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de
los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber
participado en él.
4. La persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio
abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprehendida
inmediatamente después. La misma regla operará si la grabación del dispositivo de
video se realiza en un lugar privado con consentimiento de la persona o personas
que residan en el mismo.
5. La persona se encuentre en un vehículo utilizado momentos antes para huir del
lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto
no tenga conocimiento de la conducta punible».
Por otra parte, en cuanto a la prueba de alcoholemia practicada al demandante, el
Consejo de Estado ha indicado que el examen de alcoholemia practicado por el
Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses no es la única prueba
idónea para que se tipifique la falta contenida en el artículo 34 numeral 26 de la Ley
Demandante: Cristhiam Camilo Marín Martínez
Radicado: 76001-23-33-000-2015-00662-01 (4176-2022)
1015 de 2006, pues son admisibles otros medios de convicción. Así se ha
pronunciado la alta Corporación7:
«Ahora bien, en relación con la prueba idónea para llevar a la convicción de que se
ha incurrido en la falta bajo estudio, la jurisprudencia de la Sección Segunda del
Consejo de Estado ha admitido que el examen de alcoholemia practicado por el
Instituto de Medicina Legal no es el único medio de convicción que lleva a la certeza
de la configuración de un comportamiento reprochable desde un punto de vista
disciplinario. En efecto, esta corporación ha admitido además los medios de prueba
que de manera enunciativa se muestran a continuación:
• Historia clínica8
• Prueba médica de embriaguez9
• Examen clínico10
• Testimonios de terceros11
(…)
La Sala, entonces, estima que cualquier método de los que se ha hecho alusión
puede tener la idoneidad para demostrar en el proceso disciplinario el estado de
embriaguez, bien que algunos de ellos se consideren directos, indirectos o
subsidiarios, o que el uno sea complementario del otro. Para la Subsección, lo
relevante es analizar algunos factores esenciales como la hora en que fueron
tomados dichos exámenes, pues a mayor diferencia entre el último momento del
consumo y la hora del examen clínico, por ejemplo, es posible que se genere una
duda, sospecha o la imposibilidad de detectar por vía del examen físico el estado de
embriaguez. No de otra manera el procedimiento al que se ha hecho referencia deja
en cabeza del médico forense la opción de recurrir de forma complementaria a la
experticia técnica basada en muestras de sangre o métodos similares.
En todo caso, en un proceso disciplinario, las restantes pruebas, como las
testimoniales, por ejemplo, pueden contribuir a resolver las aparentes
contradicciones que provengan de la divergencia entre los resultados de dos
exámenes técnicos como a los que se ha hecho referencia. Esto hace parte de la
valoración en conjunto de los medios probatorios (…)».
7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez,
providencia del 13 de febrero de 2020, radicación: 85001-23-33-000-2015-00129-01 (1718-2017)
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de abril de 2014, radicación:
70001- 23-33-000-2013-00198-01 (3454-2018)
9
Consejo de estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de mayo de 2017, radicación:
11001-03-25-000-2012-00366-00 (1419-12), actor: Pedro Ortiz González
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de septiembre de 2016,
radicación: 85001-23-33-000-2014-00003-01(0971-15), actor: Alexander Caro Rosas, y sentencia
del 21 de febrero de 2013, radicación: 11001-03-25-000-2011-00295-00(1096-11), actor: Geovany
Alberto Restrepo Ortiz.
11
Op. Cit números internos 1095-11 y 1419-12.
Demandante: Cristhiam Camilo Marín Martínez
Radicado: 76001-23-33-000-2015-00662-01 (4176-2022)
Los fallos de primera y segunda instancia disciplinarios valoraron los documentos y
testimonios que en su momento fueron decretados como prueba, los cuales llevaron
a concluir que el demandante en su calidad de miembro de la Policía Nacional,
incurrió en la falta disciplinaria establecida en el numeral 26 del artículo 34 de la ley
1015 de 2006.
9.- Costas
Por último, en cuanto a la condena en costas la Sala precisa que la norma que prevé
su condena en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo es el artículo 188 del
CPACA que dispuso: «salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución. Por ello, a diferencia de lo que
acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo contencioso-
administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta
procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el
arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la
norma. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal de única instancia, la Sala se abstendrá de condenar en costas
a la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
Demandante: Cristhiam Camilo Marín Martínez
Radicado: 76001-23-33-000-2015-00662-01 (4176-2022)
III.- FALLA
Primero: Confírmese la sentencia de 30 de noviembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual negó las pretensiones
de la demanda.
Segundo: Notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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