Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07426-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07426-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07426-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07426-00
Accionante: BRIGITH ALEJANDRA VARGAS TAMAYO
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL Y OTROS
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Estabilidad laboral reforzada de
mujer en estado de embarazo. Terminación de la relación laboral con
base en una razón objetiva, general y legítima como es la expiración
del período por el cual fue creado el cargo. Sujeto de especial
protección constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Brigith Alejandra Vargas Tamayo, quien actúa en nombre
propio, contra la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, los Ministerios del Trabajo, de
Hacienda y Crédito Público, Igualdad y Equidad y el Juzgado Séptimo Penal del
Circuito con función de conocimiento de Cúcuta.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 24 de noviembre de 2025, la señora Brigith Alejandra Tamayo Vargas, quien
actúa en nombre propio, instauró acción de tutela contra la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, el
Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cúcuta, los Ministerios del Trabajo, Hacienda y Crédito Público, Igualdad
y Equidad y el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con función de conocimiento de
Cúcuta, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad
social, a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la igualdad y a la familia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Que se tutelen mis derechos fundamentales y los de mi hijo que está por nacer, a
la estabilidad laboral reforzada trabajo en condiciones dignas y justas, familia, igualdad
y principios mínimos del trabajo, protección especial a la mujer durante el embarazo y
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Accionante: Brigith Alejandra Vargas Tamayo
después del parto, prevalencia de los derechos del menor, estabilidad laboral y
aplicación de tratados internacionales de derechos humanos, seguridad social.
2. Que la RAMA JUDICIAL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ANÁLISIS
ESTADÍSTICO (UDAE), CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y/o a quien
corresponda dispongan los trámites administrativos necesarios que permita darle
continuidad a la DESCONGESTIÓN del cargo que vengo desempeñando de OFICIAL
MAYOR O SUSTANCIADOR DE JUZGADO DE CIRCUITO en Descongestión, con
sede en el JUZGADO SÉPTIMO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE
CONOCIMIENTO DE CÚCUTA, en el evento que se no se pueda dar, que se me ubique
en uno igual o de mayor jerarquía sin desmejorar mis condiciones laborales hasta
culminar mi periodo de lactancia, y en caso de que se cree el cargo nuevamente en
cualquier Despacho yo tenga la primera opción en la prórroga de cargo.
3. Que la RAMA JUDICIAL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ANÁLISIS
ESTADÍSTICO (UDAE), CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y/o a quien
corresponda que se me garantice la continuidad del acceso a la salud, sistema de
seguridad social y aportes a seguridad social para gozar del pago de la licencia de
maternidad, incluso hasta culminar mi periodo de lactancia, dando aplicación a la
sentencia de la Corte Constitucional 333 de 2025.
4. Que la RAMA JUDICIAL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ANÁLISIS
ESTADÍSTICO (UDAE), CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y/o a quien
corresponda que se proceda a reconocer y pagar cuando nazca mi hijo, el monto total
de la licencia de maternidad a la que tengo derecho, dando aplicación a la sentencia
de la Corte Constitucional 333 de 2025.
5. Que la RAMA JUDICIAL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ANÁLISIS
ESTADÍSTICO (UDAE), CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y/o a quien
corresponda que me reconozca las prestaciones laborales que se dejasen de percibir
desde el día 12 de diciembre de 2025 hasta que se haga efectivo el presente fallo de
tutela como son la entrega efectiva de la prima de servicios, pago de vacaciones
proporcionales al tiempo laborado y demás emolumentos”.
2. Hechos
La accionante manifestó que el 6 de febrero de 2025 fue nombrada en el cargo de
oficial mayor en descongestión en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Cúcuta. Dicho cargo había sido creado mediante el
Acuerdo PCSJA25‑12258 del 24 de enero de 2025, para el periodo comprendido
entre el 3 de febrero y el 12 de diciembre de esa anualidad.
Indicó que mientras se encontraba desempeñando sus funciones en el cargo de
descongestión, el 3 de junio de 2025 se enteró de que estaba embarazada. Por tal
razón, el 15 de julio del mismo año informó su estado a la titular del Juzgado Séptimo
Penal del Circuito con función de conocimiento de Cúcuta y al área de Talento
Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta.
Señaló que el 21 de octubre de 2025 presentó una solicitud dirigida a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y al Ministerio de Igualdad y Equidad, en la que pidió
gestionar los recursos necesarios para garantizar la continuidad del cargo de oficial
mayor en descongestión que desempeña en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito
con función de conocimiento de Cúcuta, con el fin de asegurar su estabilidad laboral
reforzada en razón de su estado de gestación.
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Expuso que la descongestión culmina el 12 de diciembre de 2025 y, en
consecuencia, será desvinculada de su cargo. Añadió que la fecha probable de
parto corresponde a la primera semana de enero de 2026 y que, dado que el empleo
que desempeña constituye su única fuente de ingresos, requiere el pago de la
licencia de maternidad, así como de los demás emolumentos de carácter laboral a
los que considera tener derecho.
3. Fundamentos de la acción
Manifestó que, al enterarse de su estado de embarazo, remitió una solicitud a las
autoridades competentes en la asignación de recursos, con el fin de que el cargo
que venía desempeñando en descongestión fuera prorrogado y, en consecuencia,
se garantizaran sus derechos fundamentales, inclusive durante el periodo de
lactancia.
Indicó que las respuestas fueron negativas al indicarle que por tratarse de un cargo
en descongestión no cuenta con estabilidad laboral reforzada y consideró que
desconocen lo establecido por la Corte Constitucional en las sentencias T‑312,
T‑119, T‑186 y T‑052 de 2023; T‑095 de 2016; SU‑075 de 2018; T‑108 de 2020;
T‑333 de 2025; T‑373 de 1998; y C‑470 de 1997, así como lo decidido por la Sección
Quinta del Consejo de Estado en la acción de tutela radicada bajo el n.°
2001‑23‑33‑000‑2016‑00037‑01.
Sostuvo que, debido a la terminación del cargo por la no continuidad de la
descongestión creada, es deber del empleador garantizarle el pago de las
prestaciones sociales que le brinden protección durante su estado de gestación y
lactancia, así como el pago efectivo e íntegro de la licencia de maternidad. Agregó
que también debe asegurarse la protección de sus derechos fundamentales,
máxime cuando en las respuestas recibidas se le indicó que no contaba con
estabilidad laboral reforzada, lo que le genera zozobra ante la inminente
desvinculación.
Por último, mencionó que no cuenta con otro medio económico ni sustento diferente
al salario que percibe.
4. Trámite procesal
Por auto de 2 de diciembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela y ordenó notificar a la demandante y a la autoridades demandadas - Unidad
de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura,
Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cúcuta, Ministerios del Trabajo, de Hacienda y Crédito Público, Igualdad y Equidad
y Juzgado Séptimo Penal del Circuito con función de conocimiento de Cúcuta-.
Por auto de 4 de diciembre de 2025, el magistrado sustanciador decretó la medida
provisional solicitada por la accionante, encaminada a ordenar a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, que mantenga la afiliación
al sistema de seguridad social en salud de la señora Brigith Alejandra Vargas
Tamayo ante la EPS Sanitas, hasta que se defina el presente asunto. Asimismo, se
vinculó como tercero con interés a la EPS Sanitas, por advertir que se debate, entre
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otras cosas, el reconocimiento de la licencia de maternidad de la actora, quien es
un sujeto de especial protección constitucional.
5. Oposición
5.1. Respuesta de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta
La directora seccional rindió informe en el que solicitó la desvinculación del trámite
constitucional, al considerar que la terminación del vínculo obedeció exclusivamente
al vencimiento del término del cargo fijado en el acto administrativo, y no a una
actuación arbitraria. De igual manera, pidió que se desestime la medida cautelar,
por cuanto la entidad carece de competencia para garantizar la afiliación al sistema
de seguridad social una vez finaliza el nombramiento transitorio, así como para
prorrogar cargos creados por el Consejo Superior de la Judicatura.
Indicó que lo pretendido por la demandante mediante la acción de tutela resulta
improcedente, dado que no es viable que por dicho mecanismo se ordene la
expedición de un acto administrativo que garantice la continuidad en el cargo que
venía desempeñando, ni la reubicación en otro de igual o superior jerarquía sin
desmejorar sus condiciones laborales.
Adujo que conforme a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 270 de 1996, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial carece de competencia legal y
presupuestal para prorrogar cargos transitorios o asegurar su continuidad.
Precisó que los cargos de descongestión son creados para atender situaciones
coyunturales y se extinguen automáticamente al vencimiento del término señalado
en el acto administrativo que los crea, razón por la cual la jurisprudencia ha
reconocido que no generan estabilidad laboral reforzada, puesto que ello afectaría
la planeación presupuestal.
Por último, señaló que el 5 de diciembre de 2025, se dio cumplimiento a la orden
emitida en el auto que decretó la medida cautelar y, en consecuencia, se remitió el
asunto a la Coordinación del Área de Talento Humano para que adelantara los
trámites administrativos correspondientes.
5.2. Respuesta de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo
Superior de la Judicatura
La directora de la Unidad se pronunció sobre los hechos que dieron origen a la
acción de tutela y pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda, por
considerar que la entidad no vulneró los derechos fundamentales invocados por la
accionante.
Hizo referencia a las funciones atribuidas al Consejo Superior de la Judicatura, para
lo cual citó el artículo 35 de la Ley 2430 de 2024 que modificó el artículo 85 de la
Ley Estatutaria 270 de 1996, y mencionó la sentencia T-633 de 2007 de la Corte
Constitucional.
Adujo que en el marco de su autonomía mediante Acuerdo PCSJA25-12258 de 24
de enero de 2025 adoptó una serie de medidas transitorias a nivel nacional en la
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jurisdicción ordinaria, entre ellas, la creación de un cargo de oficial mayor por el
término de diez meses, sin que existan medidas presupuestales establecidas para
ordenar su prorroga.
Relató que las medidas tienen carácter transitorio y que la accionante conocía
desde la posesión que se trataba de un cargo de descongestión, por lo que su
desvinculación se dio por superarse el límite temporal dispuesto para el cargo que
venía desempeñando, por ende, tuvo como fundamento una causa objetiva, general
y legítima, sin que sea procedente ordenar su continuidad.
5.3. Respuesta del Juzgado Séptimo Penal del Circuito con función de
conocimiento de Cúcuta
La titular del despacho informó que mediante Acuerdo PCSJA25-12258 de 24 de
enero de 2025, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, se crearon
cargos transitorios en algunos tribunales, juzgados y dependencias de apoyo a nivel
nacional entre el 3 de febrero y el 12 de diciembre de 2025, correspondiéndole al
juzgado un oficial mayor o sustanciador.
Aludió que la accionante fue nombrada en el cargo de oficial mayor por Resolución
n.º 003 de 6 de febrero de 2025, a partir de la fecha y hasta el 12 de diciembre de
2025.
Indicó que la demandante dio a conocer su estado de embarazo por correo
electrónico de 15 de julio de 2025, cuando se encontraba vinculada al despacho,
sin embargo, sostuvo que carece de competencia para ordenar la creación, prórroga
o reubicación de cargos transitorios o de descongestión.
Para terminar, señaló que la accionante tiene derecho a que se le garantice el
acceso al sistema de seguridad social en salud y al reconocimiento de la licencia de
maternidad, sin que pueda extenderse la estabilidad laboral reforzada, por tratarse
de un cargo de descongestión.
5.4. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
La abogada adscrita a la Unidad de Asistencia Legal de la entidad rindió informe en
el que solicitó su desvinculación. Al respecto, sostuvo que carece de competencia
para atender las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que en virtud de lo establecido en los artículos 99 y 103 de la Ley
Estatutaria 270 de 1996, modificada por la Ley 2430 de 2024, la ordenación del
gasto y la función pagadora se encuentran desconcentradas. Y señaló que la
definición de situaciones administrativas recae en la autoridad nominadora, por lo
que en el acto administrativo de nombramiento se especifica el cargo a proveer y su
modalidad, que para el caso de la accionante está limitada al período de creación
por tratarse de una descongestión.
5.5. Respuesta del Ministerio de la Igualdad y Equidad
El jefe de la oficina jurídica del Ministerio rindió informe en el que señaló que la
accionante presentó una solicitud que fue atendida por medio de oficio SE-2025-
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00018571 de 31 de octubre de 2025 enviada al correo electrónico informado, por lo
que consideró que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.
Mencionó que carece de competencia para intervenir en las funciones
administrativas y presupuestales de la Rama Judicial, las cuales recaen en el
Consejo Superior de la Judicatura y, por tanto, al no ser la responsable en atender
las súplicas de la demanda pidió declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva.
5.6. Respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El coordinador del grupo de tutelas del ente ministerial solicitó la desvinculación de
la acción de tutela, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva,
por la falta de competencia para prorrogar cargos, crear plazas, asignar recursos
adicionales y adoptar decisiones relacionadas con la estabilidad laboral reforzada
dentro de la Rama Judicial.
Explicó que, conforme a la Constitución Política, la Ley 489 de 1998, la Ley
Estatutaria 270 de 1996 y el Decreto 4712 de 2008, sus funciones se limitan a la
dirección de la política económica y fiscal, así como a la administración y
seguimiento del Presupuesto General de la Nación, sin facultad para ordenar gasto
o intervenir en decisiones internas de otras entidades.
Señaló que las necesidades de personal de la Rama Judicial deben gestionarse
dentro de los límites presupuestales aprobados y conforme a las competencias del
Consejo Superior de la Judicatura, por lo que las pretensiones de la accionante no
pueden ser satisfechas por el Ministerio.
5.7. Respuesta de la EPS Sanitas
El representante legal de la EPS se pronunció frente a los hechos que originaron la
acción de tutela y solicitó su desvinculación del trámite, bajo el argumento de que
carece de legitimación en la causa por pasiva para atender las pretensiones
formuladas, las cuales -a su juicio- están dirigidas a la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Cúcuta.
En relación con la situación de la accionante, informó que esta se encuentra afiliada
como cotizante activa y que no registra incapacidades pendientes, reportes de
accidentes laborales, órdenes médicas vigentes ni PQR radicadas o con orden de
pago en trámite.
Precisó que la EPS no tiene competencia para decidir sobre continuidad laboral,
prestaciones sociales o reubicaciones, toda vez que su función se limita
exclusivamente a la prestación del servicio de salud, el cual no ha sido negado ni
vulnerado en ningún momento.
5.8. Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander
La vicepresidente de la corporación rindió informe en el que solicitó la
desvinculación del trámite constitucional, tras señalar que no se ha vulnerado
ningún derecho fundamental a la accionante.
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Indicó que el cargo desempeñado por la actora es de naturaleza transitoria, es decir,
temporal y excepcional, razón por la cual no genera estabilidad laboral reforzada y
se extingue automáticamente una vez vence el plazo de creación establecido en el
acto administrativo.
Agregó que las pretensiones formuladas por la accionante exceden la órbita de
competencia de la Seccional de Norte de Santander, pues esta no actúa como
ordenador del gasto para la creación de cargos ni tiene facultad para disponer
reubicaciones laborales.
5.9. Respuesta de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura
La directora de la Unidad de Carrera Judicial solicitó la desvinculación de la acción
de tutela porque carece de legitimación en la causa por pasiva. En ese sentido,
indicó que conforme a lo previsto en el artículo 131 de la Ley Estatutaria 270 de
1996, es la autoridad nominadora quien debe adoptar las decisiones relacionadas
con la estabilidad laboral reforzada.
Sostuvo que las condiciones de vinculación de la accionante eran conocidas desde
el momento del nombramiento por tratarse de una vacante temporal, la cual no
genera estabilidad laboral reforzada ni expectativa de permanencia.
5.10. El Ministerio del Trabajo a pesar de haber sido debidamente notificado,
guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión previa
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, los Ministerios de Igualdad y Equidad, Hacienda y
Crédito Público, la EPS Sanitas, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander y la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura, solicitaron la desvinculación del presente trámite constitucional, al
considerar que carecen de competencia para atender las súplicas de la demanda.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto
2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o
particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales”. Bajo esa línea, la Corte
Constitucional en la sentencia T-005 de 2022 señaló que dicho requisito “hace
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M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada
a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la
transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.
De conformidad con lo expuesto, la Sala negará las solicitudes de desvinculación
presentadas por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la EPS Sanitas, el Consejo Seccional
de la Judicatura de Norte de Santander y la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, esto teniendo en consideración las
atribuciones legales otorgadas y debido a que la actora les atribuyó la falta de
adopción de medidas para proteger su situación de especial protección, a pesar de
que conocían el estado de gestación en que se encontraba.
No ocurre lo mismo respecto de las solicitudes presentadas por los Ministerios de
Igualdad y Equidad y de Hacienda y Crédito Público, por lo que la Sala accederá a
la desvinculación pedida teniendo en consideración que no cuentan con facultades
para la ordenación del gasto o de intervención en decisiones administrativas de la
Rama Judicial.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si se vulneraron los derechos fundamentales
a la dignidad humana, al mínimo vital, a la salud y a la estabilidad laboral reforzada
de la señora Brigith Alejandra Vargas Tamayo, al haberse producido su
desvinculación el 12 de diciembre de 2025, cuando se encontraba en estado de
gestación, con ocasión de la expiración del período del cargo de oficial mayor en
descongestión que venía desempeñando en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito
con Función de Conocimiento de Cúcuta. En consecuencia, deberá establecerse si
resulta procedente ordenar la continuidad del vínculo laboral, incluso durante el
periodo de lactancia, así como el reconocimiento de las prestaciones laborales
dejadas de percibir desde la fecha de desvinculación y la garantía de continuidad
en la afiliación al sistema de seguridad social en salud.
4. Estabilidad laboral reforzada para mujeres en estado de embarazo que
ocupan cargos en provisionalidad2
La Constitución Política reconoce a favor de la mujer en estado de embarazo una
especial protección, al disponer en el artículo 43 que “durante el embarazo y después
del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio
alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada”.
Por su parte, en reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional3 se ha señalado
que el fin de la salvaguarda de la mujer embarazada o lactante es impedir la
discriminación que por ese estado pueda sufrir, específicamente la terminación o
la no renovación del contrato. De ahí que se constituyan acciones afirmativas a su
favor con especial énfasis en el ámbito laboral, como la estabilidad laboral
reforzada, comoquiera que “una de las manifestaciones más claras de discriminación
2
La Sala reiterará las consideraciones expuestas en la sentencia de 28 de abril de 2022, exp. No. 11001-03-
15-000-2022-01548-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Sentencias SU-070 de 2013, T-353 de 2016, SU-077 de 2018.
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sexual ha sido y sigue siendo, el despido injustificado de las mujeres que se encuentran en
estado de gravidez, debido a los eventuales sobrecostos o incomodidades que tal
4
fenómeno puede implicarpara las empresas” .
Mediante sentencia SU-075 de 20185, la Corte Constitucional mantuvo el
precedente establecido en la sentencia SU-070 de 2013 en relación con la
estabilidad laboral reforzada para mujeres en estado de embarazo y las reglas en
función de la modalidad del vínculo laboral o contractual. Específicamente,
respecto de la trabajadora que ocupaba en provisionalidad un cargo de carrera,
las reglas son las siguientes:
(i) Si el cargo sale a concurso, el último cargo a proveerse por quienes lo hayan ganado
deberá ser el de la mujer embarazada. Lo anterior, teniendo en cuenta que el cargo
a ser proveído y la plaza en la que se desempeñará quien ganó elconcurso, debe ser
el mismo para el que aplicó. Cuando deba proveerse el cargo de la mujer
embarazada o lactante por quién ganó el concurso de méritos, se deberá pagar a la
mujer embarazada la protección consistente en el pago de prestaciones que
garanticen la licencia de maternidad;
(ii) Si hubo supresión del cargo o liquidación de la entidad, se le debe garantizar a la
trabajadora en provisionalidad, la permanencia en el cargo hasta que se configure
la licencia de maternidad o de ser ello imposible, el pago de salarios y
prestaciones, hasta que la trabajadora adquiera el derecho a gozar de la
licencia. (resaltado de la Sala)
Conviene precisar que la sentencia SU-075 de 2018 únicamente modificó la regla
jurisprudencial fijada en la sentencia SU-070 de 2013 relativa a los supuestos en
los que el empleador no tenía conocimiento del embarazo de la trabajadora al
momento del despido. Sobre el particular, la regla imponía a los empleadores que
desvincularan a una trabajadora, por cualquier causa, sin conocer su estado de
embarazo, que pagaran las cotizaciones al Sistema General en Salud hasta el
momento del parto y, en algunos casos, hasta la licencia de maternidad. La Corte
consideró que dicha regla era contraria a los valores objetivos, principios y
derechos en los que se funda el ordenamiento jurídico, porque fijaba una carga
desproporcionada para el empleador, pese a que su actuación no fue motivada en
criterios discriminatorios y, por lo tanto, la nueva regla en esos casos es que no
debe sufragar las cotizaciones requeridas para que la empleada tenga derecho a
acceder a la licencia de maternidad.
La Corte Constitucional6 también ha precisado que los eventos en los que no se ha
considerado procedente el reintegro están directamente relacionados con
circunstancias válidas, objetivas, generales y legítimas, en virtud de las cuales la
relación laboral de la mujer en estado de embarazo debe terminarse, por ejemplo:
“como es la expiración del período por el cual fue creado el cargo, por lo que no es
fácticamente posible ordenar el reintegro de la petente”.
4
Sentencia C-005 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
5
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
6
Sentencias T-082 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-353 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio y T-499A de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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5. Estudio y solución del caso concreto
La señora Brigith Alejandra Vargas Tamayo, quien actúa en nombre propio, el 24
de noviembre de 2025 promovió acción de tutela contra la Unidad de Administración
de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional
de la Judicatura de Norte de Santander, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, los
Ministerios del Trabajo, Hacienda y Crédito Público, de Igualdad y Equidad y el
Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta.
Lo anterior, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad
social, a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la igualdad y a la familia, debido
a la terminación de la vigencia del cargo de oficial mayor o sustanciador del Juzgado
Séptimo Penal con Función de Conocimiento de Cúcuta, para el cual fue nombrada
en descongestión hasta el 12 de diciembre de 2025.
Adujo que la vulneración se presentaba debido a la falta de adopción de medidas
administrativas que garantizaran su continuidad en el cargo, así como el pago de la
licencia de maternidad y demás emolumentos laborales, extensivos hasta el periodo
de lactancia, teniendo en cuenta que se encontraba en estado de gestación al
momento en que se cumplió el plazo de creación del referido cargo.
En el caso bajo examen, se encuentra demostrado que mediante Acuerdo
PCSJA25‑12258 de 24 de enero de 2025, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, se creó, entre otros, el cargo de oficial mayor en descongestión en el
Juzgado Séptimo Penal del Circuito con función de conocimiento de Cúcuta, por el
periodo comprendido entre el 3 de febrero y el 12 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2025, la titular del referido despacho judicial nombró a la
accionante en el cargo de oficial mayor por el término para el que fue creado. Según
la comunicación aportada con la demanda de tutela, el 15 de julio de 2025 fue
puesto en conocimiento de la titular del juzgado, así como al área de Talento
Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta,
su estado de gestación.
A su vez, está demostrado que el 21 de octubre de 2025, la demandante elevó una
solicitud en ejercicio del derecho de petición ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Cúcuta, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Ministerio de Igualdad y Equidad, en la que pidió gestionar los recursos necesarios
para garantizar la continuidad del cargo de oficial mayor en descongestión que
desempeñaba en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con función de
conocimiento de Cúcuta, con el fin de asegurar su estabilidad laboral reforzada en
razón de su estado de gestación.
Al respecto, le fueron otorgadas diversas respuestas a la accionante en las cuales
se le puso de presente que: (i) los recursos presupuestales destinados para la
continuidad de cargos transitorios son exclusivos del Consejo Superior de la
Judicatura, (ii) lo concerniente a la estabilidad laboral reforzada recae en el
nominador, (iii) los cargos transitorios no son objeto de estabilidad laboral reforzada
porque su naturaleza es temporal y excepcional, lo que significa que la vinculación
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finaliza de forma automática al cumplir el plazo establecido en el acto administrativo
de creación, lo que prevalece sobre otras garantías como la estabilidad laboral
reforzada, y la desvinculación no se basa en la situación de vulnerabilidad del
empleado, sino en el cumplimiento del término de duración del cargo.
Encontrándose el asunto al despacho para proferir sentencia de primera instancia,
la accionante allegó un escrito en el que puso de presente que mediante Acuerdo
PCSJA25-12376 del 30 de diciembre de 2025, se creó nuevamente el cargo de
oficial mayor que venía desempeñando en descongestión en el Juzgado Séptimo
Penal del Circuito con función de conocimiento de Cúcuta, para el periodo
comprendido entre el 13 de enero y el 11 de diciembre de 2026.
Adicionalmente, informó que el 3 de enero del presente año le fue practicada una
cesárea en la Clínica Medical Duarte, por lo cual le fue otorgada la licencia de
maternidad desde esa fecha y hasta el 8 de mayo de 2026. Debido a ello, el 8 de
enero de 2026 solicitó al área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Cúcuta el reconocimiento de la referida licencia.
En ese orden de ideas, reiteró las pretensiones de la acción de tutela y solicitó que
se ordene su reintegro al cargo que venía desempeñando, así como el
reconocimiento de la licencia de maternidad por parte de la autoridad competente.
Expuesto lo anterior, la Sala destaca que conforme lo dispone el artículo 43 de la
Constitución Política las mujeres gozan de una especial asistencia y protección del
Estado durante el embarazo y después del parto. Aunado a que, la Corte
Constitucional ha sostenido que “aunque, en principio, la acción de tutela (dada su
naturaleza subsidiaria) no es el mecanismo adecuado para solicitar el reintegro laboral y el
pago de las acreencias derivadas de un contrato de trabajo, en los casos en que el
accionante sea titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada por encontrarse en una
situación de debilidad manifiesta, la acción de tutela pierde su carácter subsidiario y se
convierte en el mecanismo de protección preferente. En este orden de ideas, la procedencia
del amparo constitucional se justifica en la necesidad de un mecanismo célere y expedito
que permita dirimir esta clase de conflictos, en los cuales se vea inmerso un sujeto de
7
especial protección constitucional, como es el caso de la madre gestante ”.
Así las cosas, se encuentra probado que la demandante se encontraba en estado
de embarazo para el momento de la terminación de la descongestión en el cargo de
oficial mayor que ocupaba y al momento en que acudió a este mecanismo
constitucional, sumado a que actualmente tiene un hijo recién nacido, por lo que el
presupuesto de la subsidiariedad se encuentra superado, pues la intervención
solicitada tiene el carácter de urgente e impostergable.
Sobre la protección del fuero especial por maternidad la Corte Constitucional
estableció dos reglas principales así: “(i) La protección reforzada a la maternidad y la
lactancia en el ámbito del trabajo procede cuando se demuestre, sin ninguna otra exigencia
adicional, lo siguiente: (a) La existencia de una relación laboral o de prestación y; (b) Que
la mujer se encuentra en estado de embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto,
en vigencia de dicha relación laboral o de prestación. (ii) No obstante, el alcance de la
protección se debe determinar a partir de dos factores: (a) El conocimiento del embarazo
7
Sentencia SU-075 de 2018.
11
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por parte del empleador; y (b) La alternativa laboral mediante la cual se encontraba
8
vinculada la mujer embarazada ”.
Bajo ese orden de ideas, se tiene que una de las medidas de protección del fuero
de maternidad es el reintegro o renovación del contrato. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha precisado que en los casos en los cuales se torne imposible
adoptar dicha medida por: (i) haberse liquidado la empresa o estar en proceso de
extinción; (ii) la desvinculación se dio porque el cargo fue provisto por concurso de
méritos; (iii) el cargo fue creado por la administración pública para el desempeño
puntual de funciones transitorias como aquellos denominados de “descongestión” y
(iv) cuando la relación laboral dependía íntimamente de la subsistencia de un
contrato previo celebrado por el empleador, se debe proceder con una protección
sustitutiva, es decir, con “el reconocimiento de las prestaciones en materia de seguridad
social en salud, hasta el momento en que la mujer adquiera el derecho al reclamo de la
9
prestación económica de la licencia de maternidad ”.
De las pruebas allegadas al asunto bajo examen, la Sala observa que la accionante
quedó en estado embarazo cuando se encontraba desempeñando el cargo de oficial
mayor creado en descongestión en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con
función de conocimiento de Cúcuta hasta el 12 de diciembre de 2025, por lo que
una vez feneció el límite temporal para el cual había sido creado, la relación laboral
concluyó. Dicho en otros términos, desde el primer momento la demandante tenía
certidumbre del término de duración del nombramiento en descongestión del cargo
que fue creado por el Consejo Superior de la Judicatura.
En esa medida, se entiende que dado que el cargo que ocupaba la demandante fue
provisto por una medida de descongestión y que el mismo tenía una fecha límite, el
caso se enmarca en aquellos presupuestos para los que no resulta viable ordenar
el reintegro o renovación del contrato, pues se insiste que la accionante conocía y
tenía la certeza de que había sido nombrada por un lapso específico. Por ende, la
causa de la desvinculación estaba fundamentada en una razón objetiva, general y
legítima, sin que obedeciera a un trato discriminatorio como consecuencia del
estado de gravidez.
Como lo ha indicado la Corte Constitucional10 “(...) la desvinculación de la peticionaria
no ocurrió debido a una discriminación de orden subjetivo, en la medida en que la
separación del cargo no tuvo relación alguna que haya sido probada en el expediente con
su estado de embarazo. Al contrario, la decisión fue adoptada con fundamento en una razón
general y legítima, que obedeció a la expiración del término por el cual fueron creados los
cargos de descongestión de oficial mayor nominado. En tal sentido, no se advierte por parte
de la entidad demandada un designio de desprotección de la especial situación de la
demandante”.
De conformidad con lo expuesto, la Sala destaca que la actora gozaba de
estabilidad laboral reforzada, lo que implicaba que al prever la culminación del
periodo para el cual había sido creado el cargo, era menester, en razón del estado
de embarazo, adoptar medidas sustitutivas que permitieran la protección de sus
8
Sentencia SU-075 de 2018.
9
Sentencia T-353 de 2016.
10
Sentencia T-633 de 2007.
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derechos fundamentales y los del niño que estaba por nacer. Por lo tanto, resultaba
procedente ordenar el reconocimiento de los aportes al Sistema de Salud
correspondientes, con el fin de garantizar el pago de la licencia de maternidad y
asegurar que tanto la demandante como su hijo pudieran acceder a los servicios de
salud requeridos.
En ese orden de ideas, se tiene que ante la ausencia de gestiones administrativas
tendientes a mantener el estado de afiliación de la accionante y de su hijo recién
nacido al Sistema de Salud, resultaba del caso ordenar el pago de la seguridad
social en salud hasta el momento en que la trabajadora adquiera el derecho a
disfrutar de la licencia. Situación que según las pruebas obrantes en el expediente
ocurrió el 3 de enero de 2026, fecha del nacimiento de su menor hijo.
Ahora bien, en relación con el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad,
se advierte que la accionante lo solicitó al área de Talento Humano de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Cúcuta, mediante correo electrónico remitido el 8 de enero
de 2026, sin que obre en el proceso certeza sobre el trámite o estado de dicha
solicitud. En consecuencia, corresponde a la Sala efectuar un pronunciamiento al
respecto con el fin de garantizar una protección efectiva a los derechos
fundamentales de la demandante, en los siguientes términos:
La licencia de maternidad, en los términos de la Corte Constitucional11, es una
medida de protección a favor de la madre del recién nacido y de la institución
familiar. Por un lado, se hace efectiva a través del reconocimiento de un período
destinado a la recuperación física de la madre y al cuidado del niño o niña. Por otra
parte, se materializa mediante el pago de una prestación económica dirigida a
reemplazar los ingresos que percibía la madre con el fin de garantizar la continuidad
en la cobertura de sus necesidades vitales y las de su hijo o hija.
Esta prestación cobija no solo a personas vinculadas mediante contrato de trabajo
sino a todas aquellas madres trabajadoras (dependientes e independientes) que,
con motivo del nacimiento, interrumpen sus actividades productivas, siempre que
cumplan con los requisitos legales para su reconocimiento. En ese sentido, esa
corporación judicial ha manifestado12:
“La licencia de maternidad no es una prestación económica más a la que tiene derecho
la mujer trabajadora después del parto, sino que constituye una de las manifestaciones
más importantes de la protección especial que por mandato de la propia Constitución
Política y de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos se le debe
prodigar. Implica un deber y una garantía específica de protección para la madre
gestante y para el recién nacido. El reconocimiento de la licencia de maternidad, por
parte del Legislador, permite un espacio para que la madre gestante afronte con
tranquilidad la dificultad del parto o para que, de forma extensiva, la persona adoptante
cuente con el tiempo y el dinero para iniciar el proceso de adaptación con el niño o
adolescente que el Estado autorice entregar en adopción”.
Así las cosas, la Sala observa que en la actualidad la accionante se encuentra
gozando de la licencia de maternidad. Además, que la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Cúcuta afirmó realizar los pagos a la seguridad en
11
Ver sentencia T-014 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
12
Sentencia T-503 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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salud en virtud de la medida provisional dispuesta por auto de 4 de diciembre de
2025, razón por la cual la señora Brigith Alejandra Vargas Tamayo tendría derecho
a que la EPS Sanitas -a la cual se encuentra afiliada- le realice la liquidación y pago
de la licencia concedida, sin que se le impongan barreras administrativas que son
inadmisibles desde el punto de vista constitucional para lograr el reconocimiento de
esta prestación económica.
En ese estado de ideas, le corresponde a la EPS Sanitas realizar la liquidación y
pago de la licencia que fue concedida por el médico tratante desde el 3 de enero
hasta el 8 de mayo de 2026 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 de
la Ley 100 de 199313, en concordancia con los artículos 2.2.3.2.114 y 2.2.3.2.1815 del
Decreto 780 de 2016, sustituido por el Decreto 2126 de 2023, sin que le sea dable
imponer obstáculos o barreras para el reconocimiento de la misma, o trasladar a la
accionante cargas administrativas que no le corresponde asumir16.
Se precisa que la orden anterior, no implica el reconocimiento de los salarios
dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación laboral, pues como
se vio la desvinculación se dio por una razón objetiva, general y legítima
concerniente a la finalización del término para el cual fue creado el cargo que
ocupaba en descongestión.
En lo que tiene que ver con el reconocimiento de las prestaciones sociales durante
el periodo de lactancia no resulta procedente en este caso particular y concreto,
debido a que la Corte Constitucional estableció unas medidas de protección del
fuero de maternidad para los casos en los que la terminación laboral culminaba
estando la mujer en periodo de gestación, como fue valorado en líneas anteriores.
Así, aun y cuando no se desconoce que existe una protección reforzada durante el
periodo de lactancia, la misma no es extensiva a la demandante ya que, como lo ha
13
“Artículo 207. De las Licencias por Maternidad. Para los afiliados de que trata el literal a) del artículo 157, el
régimen contributivo reconocerá y pagará a cada una de las Entidades Promotoras de Salud, la licencia por
maternidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. El cumplimiento de esta obligación será
financiado por el Fondo de Solidaridad, de su subcuenta de compensación, como una transferencia diferente
de las Unidades de Pago por Capitación, UPC”.
14
“Artículo 2.2.3.2.1 Condiciones para el reconocimiento y· pago de la licencia de maternidad. Para el
reconocimiento y pago de la prestación económica derivada de la licencia de maternidad conforme con las
disposiciones laborales vigentes, se requerirá́ que la afiliada, acredite las siguientes condiciones: 1. Estar
afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en calidad de cotizante y en estado activo. 2. Haber
efectuado aportes durante los meses que correspondan al período de gestación, incluido el del mes de inicio de
la licencia, los que serán tenidos en cuenta para efecto de la liquidación de la prestación económica. 3. Contar
con el certificado de licencia de maternidad expedido por el médico de la red de la entidad promotora de salud
o entidad adaptada o validado por esta. Para el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, solo se
tendrán en cuenta las cotizaciones efectuadas por el aportante que correspondan al periodo de gestación. (...)”.
15
Artículo 2.2.3.2.18 IBC para el reconocimiento y pago de las licencias de maternidad, paternidad,
parentales en sus diferentes modalidades, aquellas derivadas del proceso gestacional y para el cuidado
de la niñez. El reconocimiento y pago de las licencias de que trata este Título se realizará sobre el ingreso base
de cotización reportado al momento de iniciar estas, entendiendo por inicio, el reportado en el día uno (1) de la
licencia. Cuando exista multiplicidad de aportantes para la fecha de inicio de la prestación, el valor a reconocer
se liquidará en forma proporcional a lo aportado por cada aportante durante el periodo de gestación en el caso
de las licencias de maternidad y paternidad y sus diferentes modalidades, o sobre el ingreso base de cotización
reportado por cada aportante, en el caso de la licencia por aborto espontáneo, interrupción voluntaria del
embarazo o parto pretérmino o prematuro no viable y de la licencia para el cuidado de la niñez, y se pagará a
cada aportante de manera independiente”.
16
En esos términos se ha pronunciado la Sala. Sentencia de 30 de mayo de 2024. M.P. Wilson Ramos Girón.
Acción de tutela con radicado n.° 150001-23-33-000-2024-00184-01 y sentencia de 2 de febrero de 2023. M.P.
Milton Chaves García. Acción de tutela con radicado n.° 11001-03-15-000-2022-06306-00.
14
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sostenido la Corte Constitucional, “Esta prerrogativa adquiere relevancia cuando
después de haber disfrutado de la licencia de maternidad, debe retornar a su lugar de
trabajo, en donde no puede ser sometida a discriminación por el hecho de la lactancia. En
tal sentido, la protección reforzada de la mujer lactante comprende, de un lado, la garantía
de trabajar en un espacio con condiciones de igualdad durante el periodo de lactancia
(acápite 6.2) y la protección contra la hipótesis de despido discriminatorio por su estado de
17
lactancia ”, circunstancias que distan de la situación de la señora Brigith Alejandra
Vargas Tamayo, quien terminó la relación laboral por razones objetivas, y una vez
culmine la licencia de maternidad no retornará al cargo que venía desempeñando.
En relación con la solicitud orientada a que se ordene el reintegro al cargo de oficial
mayor creado en descongestión en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con
función de conocimiento de Cúcuta, mediante el Acuerdo PCSJA25-12376 del 30
de diciembre de 2025, la misma no resulta procedente. En primer lugar, porque
dicha medida administrativa fue adoptada con posterioridad a la presentación de la
acción de tutela. En segundo término, porque el periodo para el cual fue creado el
referido cargo -13 de enero al 11 de diciembre de 2026- inició cuando la actora se
encontraba en licencia de maternidad. A lo que se agrega, que la decisión sobre la
provisión de ese cargo escapa a la órbita del juez constitucional, toda vez que dicha
competencia corresponde exclusivamente al nominador.
Respecto a lo manifestado por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cúcuta relacionado con que no existe una vinculación laboral vigente
que soporte los pagos a seguridad social en salud ordenados en la decisión por la
cual se accedió a la medida provisional, se precisa que la accionante es un sujeto
de especial protección constitucional que no solo se encontraba en estado de
embarazo al momento en que se configuró la desvinculación laboral, sino que había
comunicado tal situación a la autoridad administrativa para que se adoptaran las
medidas correspondientes, razón por la que no es de recibo ese alegato.
Sobre el particular, la Corte Constitucional sostuvo que “[D]e este modo, con
independencia de que la mujer gestante esté vinculada laboralmente, puede recibir atención
en salud en el Régimen Contributivo como beneficiaria o afiliada adicional. Igualmente,
mediante el mecanismo de protección al cesante se garantiza el pago de las cotizaciones
al Sistema de Seguridad Social en Salud para aquellas mujeres embarazadas que se
encuentren en situación de desempleo”. Por lo que la protección en este caso se da a
través de una medida sustitutiva como lo es que se garantice el mínimo vital y el
acceso al sistema en salud para la demandante y el recién nacido.
No obstante, dado que la autoridad administrativa afirmó haber realizado los pagos
a la seguridad social en salud en atención a la medida provisional impartida en el
auto del 4 de diciembre de 2025, la Sala observa que no se acreditó dicha actuación,
pues no se anexaron los comprobantes de pago correspondientes, por lo que la
medida de protección provisional adquirirá carácter definitivo. En consecuencia, la
Sala amparará los derechos fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital,
a la salud y a la estabilidad laboral reforzada de la señora Brigith Alejandra Vargas
Tamayo, para lo cual ordenará a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cúcuta que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia y, en caso de no haberlo hecho, adelante las
17
Sentencia T-169 de 2025. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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gestiones necesarias para garantizar a la accionante el pago ininterrumpido de los
aportes al sistema de salud durante el periodo de gestación y hasta el
reconocimiento del derecho a la licencia de maternidad, con el fin de asegurar la
prestación continua de los servicios de salud que requiera.
Adicionalmente, dadas las especiales circunstancias de la actora relativas al no
pago de su licencia maternidad, se ordenará a la EPS Sanitas, por intermedio de su
representante legal o quien haga sus veces, que proceda de inmediato a efectuar
la liquidación y pago de la licencia de maternidad concedida a la accionante desde
el 3 de enero hasta el 8 de mayo de 2026, sin la imposición de barreras u obstáculos
administrativos de ninguna índole.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Negar las solicitudes de desvinculación presentadas por la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la EPS Sanitas, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Norte de Santander y la Unidad de Administración de la Carrera Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura.
Segundo.- Desvincular del presente trámite al Ministerio de la Igualdad y Equidad
y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Tercero.- Amparar los derechos fundamentales a la dignidad humana, al mínimo
vital, a la salud y a la estabilidad laboral reforzada de la señora Brigith Alejandra
Vargas Tamayo, quien actúa en nombre propio, de conformidad con lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.
Cuarto.- Ordenar (i) a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cúcuta que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de esta decisión, en caso de que no se hubiera realizado, que
adelante las gestiones necesarias para reconocerle a la accionante, de manera
ininterrumpida, el pago de los aportes al sistema de salud correspondientes,
durante el tiempo de gestación y hasta que adquiera el derecho de gozar a la
licencia de maternidad, con el fin de que se le garanticen los servicios de salud que
requiera y, a (ii) la EPS Sanitas, por intermedio de su representante legal o quien
haga sus veces, proceda a liquidar y pagar la licencia de maternidad concedida a
la señora Brigith Alejandra Vargas Tamayo desde el 3 de enero hasta el 8 de mayo
de 2026, sin la imposición de barreras u obstáculos administrativo de ninguna
índole, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta decisión.
Quinto.- Levantar la medida provisional decretada por auto de 4 de diciembre de
2025.
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Sexto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo
dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Séptimo.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Octavo.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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