República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2022-00034-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
Demandante: Graciela Zabala Rico
Demandada: Caja de Vivienda Popular
Tema: retiro del servicio de mujer embarazada por vencimiento de empleo temporal.
Subtema I: empleos temporales. Subtema II: estabilidad laboral reforzada por
maternidad y medidas sustitutivas de protección.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 25 de enero de 2023, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
Graciela Zabala Rico demandó la nulidad de las Resoluciones 4677 de 2020 y 122
de 2021, mediante las cuales la Caja de la Vivienda Popular definió las medidas de
protección aplicables con ocasión de su retiro mientras se encontraba embarazada.
Sostuvo que, aunque ocupaba un empleo temporal cuyo término vencía el 31 de
octubre de 2020, las funciones que desempeñaba subsistieron, algunas fueron
asumidas posteriormente por contratistas y la entidad conocía previamente su
estado de embarazo, por lo que consideró que debía mantenerse su vinculación o
reubicarla mientras perdurara la protección por maternidad. Solicitó, en
consecuencia, el reintegro, el pago de salarios, prestaciones y demás emolumentos
dejados de percibir, así como el reconocimiento de perjuicios.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las
pretensiones. Consideró que el vencimiento del término de duración del empleo
temporal constituyó una causa legal, objetiva, general y legítima de retiro, razón por
la cual negó el reintegro. No obstante, estimó que esa circunstancia no agotaba la
protección constitucional derivada de la maternidad y que, además de las
cotizaciones efectuadas por la entidad y del reconocimiento de la licencia de
maternidad, procedía como medida sustitutiva el pago de los salarios y prestaciones
dejados de percibir entre la desvinculación y el inicio de dicha licencia. Por ello,
declaró la nulidad parcial de los actos demandados y ordenó reconocer esas sumas
por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2020 y el 7 de febrero de
2021, debidamente indexadas; negó las demás pretensiones.
En segunda instancia, la Sala concluye que ninguno de los recursos de apelación
prospera. Frente al interpuesto por la demandante, determina que la expiración del
empleo temporal operó efectivamente como una causa objetiva, general y legítima
de terminación, sin que las circunstancias acreditadas permitan inferir que el retiro
obedeció al embarazo ni que existiera un deber jurídico de prorrogar el
nombramiento, crear un nuevo empleo o reubicarla. En cuanto al recurso de la Caja
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
Demandante: Graciela Zabala Rico
Demandado: Caja de la Vivienda Popular
de la Vivienda Popular, considera que la terminación legítima del vínculo no
extinguió la protección constitucional de la maternidad y que, dado que la entidad
conocía el embarazo y el reintegro resultaba improcedente, la garantía no se
satisfacía únicamente con las cotizaciones necesarias para acceder a la licencia,
sino que comprendía también, como medida sustitutiva, los salarios y prestaciones
correspondientes al período comprendido entre el retiro y el inicio de aquella. En
consecuencia, se confirma la sentencia de primera instancia.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Graciela Zabala Rico, por conducto de apoderado judicial presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho de acuerdo con las pretensiones, hechos
y fundamentos jurídicos que a continuación se exponen1.
2.1.1. Pretensiones
2. Graciela Zabala Rico solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones 4677 del
3 de noviembre de 2020 y 122 del 22 de enero de 2021, expedidas por la Caja de
la Vivienda Popular, mediante las cuales la entidad definió las medidas de
protección aplicables con ocasión de su retiro mientras se encontraba en estado de
embarazo.
3. A título de restablecimiento del derecho, pidió ordenar a la entidad
demandada vincularla nuevamente en un cargo igual o superior al que venía
desempeñando, en provisionalidad y con funciones iguales o similares, así como
reconocer y pagar los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos
causados entre la fecha de su retiro y aquella en que se produjera el reintegro
efectivo.
4. Asimismo, pretendió el reconocimiento de los perjuicios materiales,
correspondientes a los ingresos laborales dejados de percibir, que estimó
inicialmente en $60.795.698, junto con su actualización e intereses.
5. Finalmente, solicitó el pago de perjuicios morales y daño a la salud, derivados,
según afirmó, del estrés y las afectaciones que le ocasionaron las actuaciones de
la entidad durante su embarazo. Por cada uno de esos conceptos estimó una
indemnización equivalente a 100 SMLMV, para un total de $181.705.200, y
cuantificó globalmente sus reclamaciones económicas en $242.500.898, valores
cuyo pago pidió debidamente indexado.2
2.1.2. Hechos
6. Señaló que prestó sus servicios a la Caja de la Vivienda Popular desde el 31
de mayo de 2016, inicialmente mediante el contrato de prestación de servicios 245
de 2016, cuyo objeto consistió en apoyar profesionalmente al área de control interno
en asuntos relacionados con la gestión financiera.
7. Indicó que dicho contrato terminó anticipadamente porque, mediante la
Resolución 7251 del 29 de diciembre de 2016, fue nombrada en la planta temporal
de la entidad en el empleo de Profesional Universitario, código 219, grado 01,
adscrito al proyecto 404 «Fortalecimiento Institucional para aumentar la eficiencia
de la gestión», del cual tomó posesión el 23 de enero de 2017.
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Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo del Cundinamarca, radicación
25000234200020220003400, Índice 01.
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Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo del Cundinamarca, radicación
25000234200020220003400, Índice 02, “2_ED_02DEMANDA06082021_1”.
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
Demandante: Graciela Zabala Rico
Demandado: Caja de la Vivienda Popular
8. Expuso que su nombramiento fue prorrogado sucesivamente: mediante la
Resolución 1346 del 29 de marzo de 2019, hasta el 31 de diciembre de ese año;
por la Resolución 4925 del 30 de diciembre de 2019, hasta el 30 de junio de 2020;
y, finalmente, mediante la Resolución 2757 del 30 de junio de 2020, hasta el 31 de
octubre de 2020, esta vez con cargo al proyecto 7696 «Fortalecimiento del modelo
de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja
de Vivienda Popular». Afirmó que, pese al cambio de proyecto, continuó
desarrollando las mismas funciones.
9. Manifestó que el 26 de junio de 2020 comunicó formalmente a la entidad su
estado de embarazo y aportó el correspondiente certificado médico. Según afirmó,
la Caja no le brindó oportunamente información u orientación acerca de las medidas
que adoptaría para garantizar la protección derivada de su condición.
10. Sostuvo que las funciones que desempeñaba no respondían a una necesidad
transitoria o coyuntural, sino que correspondían a actividades permanentes de la
entidad. En particular, afirmó que era la única servidora encargada, a nivel
institucional, de los asuntos relacionados con la Contraloría Distrital, la rendición de
la cuenta mensual y los planes de mejoramiento.
11. Sostuvo que después de comunicar el embarazo le fueron retiradas algunas
de las funciones que tenía asignadas y trasladadas al nuevo contratista antes de
que venciera su nombramiento temporal.
12. Agregó que, después de informar su embarazo, la entidad contrató mediante
prestación de servicios a Carlos Andrés Vargas Hernández para desarrollar
actividades relacionadas con el Plan Anual de Auditorías y la relación con los
organismos externos de control. Según la demandante, se le ordenó entregar al
contratista parte de las funciones que venía desempeñando y capacitarlo en el
manejo del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal —SIVICOF—. A su juicio, esta
circunstancia demostraba que las labores asignadas a su empleo no
desaparecieron con la terminación de la planta temporal.
13. Alegó que otras personas que integraban la planta temporal habrían
continuado posteriormente vinculadas mediante contratos de prestación de
servicios, mientras ella no continuó en razón —según su tesis— de haber
comunicado el embarazo.
14. Refirió que el 23 de octubre de 2020 presentó una petición ante la entidad con
el propósito de conocer, entre otros aspectos, qué ocurriría con su cargo y sus
funciones al finalizar la planta temporal, si existía la posibilidad de reubicarla y de
qué manera se garantizarían los derechos derivados de la maternidad y la lactancia.
15. Afirmó que, cumplido el término previsto en el último acto de prórroga, fue
retirada del servicio a partir del 1 de noviembre de 2020, pese a que la entidad
conocía previamente su estado de embarazo. Asimismo, sostuvo que no se le
permitió continuar ejerciendo el empleo ni se adoptó una medida de reubicación que
garantizara su permanencia mientras subsistía la protección por maternidad.
16. Señaló que, ante la proximidad del vencimiento de la planta temporal y
teniendo en cuenta su estado de embarazo, la Caja de la Vivienda Popular solicitó
al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital concepto acerca de la
medida de protección que resultaba aplicable. La entidad recibió la respuesta el 30
de octubre de 2020, en la cual se indicó, según fue recogido posteriormente por la
Caja, que la protección de la servidora gestante podía garantizarse mediante el
pago de las cotizaciones necesarias para asegurar el reconocimiento de la licencia
de maternidad.
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
Demandante: Graciela Zabala Rico
Demandado: Caja de la Vivienda Popular
17. Indicó que, mediante la Resolución 4677 del 3 de noviembre de 2020, la Caja
dispuso reconocer las cotizaciones al sistema general de seguridad social durante
el período de gestación y hasta que se causara la licencia de maternidad. Contra
esa decisión interpuso recurso de reposición, resuelto mediante la Resolución 122
del 22 de enero de 2021, que mantuvo la determinación adoptada.
18. Señaló, además, que el 4 de noviembre de 2020, pocos días después de
finalizar su vinculación legal y reglamentaria, la Oficina de Control Interno le ofreció
celebrar un contrato de prestación de servicios para desarrollar actividades de
aseguramiento y consultoría del sistema de control interno, propuesta que decidió
no aceptar. A su juicio, este ofrecimiento corroboraba que la necesidad del servicio
y las funciones que venía desempeñando subsistían después de la terminación de
la planta temporal.
19. Finalmente, manifestó que promovió acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos. En segunda instancia, el Juzgado 36 Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Bogotá ordenó a la Caja asumir las cotizaciones
al sistema de seguridad social desde la terminación de la relación laboral hasta que
adquiriera el derecho a la prestación económica correspondiente a la licencia de
maternidad3.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
20. La parte demandante invocó como vulnerados, principalmente, los
artículos 13, 43, 53 y 122 de la Constitución Política; el artículo 21 de la Ley 909 de
2004; el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968, modificado por el Decreto 3074 de
1968; y las disposiciones reglamentarias sobre empleos temporales contenidas en
el Decreto 1227 de 2005. Sustentó, además, sus reparos en la jurisprudencia
constitucional relativa a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada y,
particularmente, en las sentencias SU-070 de 2013, C-470 de 1997 y T-141 de
2008.
21. Como primer cargo, sostuvo que la entidad desnaturalizó la figura del empleo
temporal prevista en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004. Afirmó que esta modalidad
tiene carácter excepcional y solo puede utilizarse para atender necesidades
transitorias, proyectos de duración determinada, sobrecargas excepcionales o
labores de consultoría y asesoría temporal. En su criterio, esas condiciones no se
presentaban en el caso, porque durante cerca de cuatro años desarrolló funciones
relacionadas con auditorías, control financiero, atención de organismos de control,
rendición de informes, seguimiento a planes de mejoramiento y manejo del
SIVICOF, labores que calificó como permanentes e inherentes al funcionamiento
institucional.
22. Señaló que esa conclusión se reforzaba porque las funciones no
desaparecieron al finalizar su nombramiento, sino que fueron trasladadas a un
contratista de prestación de servicios. A su juicio, ello contrariaba también el artículo
2 del Decreto 2400 de 1968, conforme al cual para el ejercicio de funciones
permanentes deben crearse los empleos correspondientes y no pueden celebrarse
contratos de prestación de servicios para desempeñarlas.
23. La actora sostuvo que, aun tratándose formalmente de un empleo temporal,
debía examinarse la realidad material de la vinculación para determinar si esta era
verdaderamente transitoria o si había adquirido carácter permanente por las
sucesivas prórrogas y por la naturaleza de las funciones desempeñadas. La
demanda plantea expresamente que, si la temporalidad era meramente aparente y
3
Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo del Cundinamarca, radicación
25000234200020220003400, Índice 02, “2_ED_02DEMANDA06082021_1”.
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
Demandante: Graciela Zabala Rico
Demandado: Caja de la Vivienda Popular
la vinculación había sido sucesiva para atender necesidades permanentes, el
vencimiento del término no podía operar como causa suficiente de desvinculación
frente al fuero de maternidad.
24. Como segundo eje del concepto de violación, alegó el desconocimiento de
su estabilidad laboral reforzada por maternidad. Expuso que los artículos 13, 43 y
53 de la Constitución imponen una especial protección a la mujer embarazada y
proscriben su discriminación laboral, garantía que, según afirmó, opera con
independencia de la modalidad de vinculación. Resaltó que la entidad conocía
formalmente su estado de gravidez antes del retiro y, por ello, estaba obligada a
adoptar medidas efectivas de protección y no a limitarse a aplicar automáticamente
el vencimiento del término del empleo temporal.
25. En particular, sostuvo que, conforme con la sentencia SU-070 de 2013, el
conocimiento previo del embarazo por parte del empleador determina una
protección integral y reforzada. En su criterio, la Caja desconoció ese estándar,
pues, aun cuando había sido enterada de su estado, permitió la terminación de la
vinculación y trasladó parte de sus funciones a otro contratista. Para la demandante,
esta circunstancia demostraba que subsistían las causas que justificaban la
prestación del servicio y que, por tanto, la finalización formal de la planta temporal
no bastaba para justificar su desvinculación.
26. Agregó que el retiro se produjo durante el período protegido por el fuero de
maternidad, pese a que la entidad conocía el embarazo, sin que mediara —según
su planteamiento— una decisión suficientemente motivada que demostrara una
causa objetiva distinta de su estado de gestación. De allí derivó la presunción de
que el retiro tuvo relación con el embarazo y sostuvo que correspondía a la
administración desvirtuarla mediante la demostración de un motivo objetivo y
relevante.
27. Sostuvo que, tratándose de una empleada pública, la protección exigía
una resolución motivada del jefe del organismo que verificara la causa objetiva del
retiro, y relacionó esa exigencia con la presunción de discriminación. No se
cuestionaba solamente la ausencia de una razón material, sino también la
inexistencia —según la actora— de una decisión administrativa específicamente
motivada para desvincular a una servidora cuyo embarazo era conocido.
28. En consecuencia, afirmó que las Resoluciones 4677 del 3 de noviembre de
2020 y 122 del 22 de enero de 2021 infringieron las normas superiores en que
debían fundarse, porque redujeron la protección derivada del embarazo al pago de
aportes al sistema de seguridad social, sin reconocer la continuidad de la
vinculación, el reintegro o una medida equivalente de estabilidad laboral, pese a que
—en su criterio— las funciones subsistieron y continuaron siendo necesarias para
la entidad4.
2.2. Contestación de la demanda
29. La Caja de la Vivienda Popular se opuso a la totalidad de las pretensiones.
30. Sostuvo que la desvinculación de Graciela Zabala Rico obedeció a una causa
objetiva y legal, consistente en el vencimiento del término de duración de la planta
temporal a la cual se encontraba vinculada. Indicó que la Resolución 2757 de 2020
prorrogó su nombramiento hasta el 31 de octubre de ese año y que, vencido dicho
término, el retiro se produjo automáticamente, de conformidad con las normas que
regulan los empleos de carácter temporal. Añadió que, una vez finalizada la
4 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo del Cundinamarca, radicación
25000234200020220003400, Índice 02, “2_ED_02DEMANDA06082021_1”.
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
Demandante: Graciela Zabala Rico
Demandado: Caja de la Vivienda Popular
vinculación, no existía fundamento para reconocer salarios, prestaciones ni demás
emolumentos posteriores, y que mediante la Resolución 5070 del 2 de diciembre de
2020 ya habían sido liquidadas y pagadas las prestaciones sociales definitivas
causadas durante el vínculo.
31. Explicó que la planta temporal había sido creada para desarrollar un proyecto
de duración determinada asociado al Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 y que
las funciones del empleo de Profesional Universitario, código 219, grado 01, se
encontraban vinculadas al proyecto de inversión 404 «Fortalecimiento Institucional
para aumentar la eficiencia de la gestión». Señaló que las sucesivas prórrogas
estuvieron precedidas de los soportes técnicos y presupuestales correspondientes
y que el hecho de que las actividades asignadas guardaran relación con la misión,
visión y gestión institucional no las convertía, por ese solo motivo, en funciones
permanentes de la entidad.
32. Controvirtió, asimismo, la afirmación según la cual la demandante hubiera sido
sustituida por otro contratista después de informar su embarazo. Señaló que Carlos
Andrés Vargas fue vinculado mediante el contrato CTO-CVP-601-2020, cuyos
estudios previos justificaron la contratación para apoyar el cumplimiento del Plan
Anual de Auditorías y el fortalecimiento y evaluación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión —MIPG—, mediante seguimientos a los procesos y
procedimientos relacionados, entre otros aspectos, con la gestión, los riesgos y los
objetivos institucionales. Agregó que el mismo contratista fue posteriormente
vinculado mediante el contrato 045 de 2021, cuyo objeto consistió en «prestar
servicios profesionales al área de Control Interno de la Caja de la Vivienda Popular,
en lo relacionado con la ejecución del Plan Anual de Auditorías, en especial el rol
de relación con entes externos de control». Con fundamento en ello, negó que esas
contrataciones demostraran la continuidad de las mismas funciones asignadas a la
actora o que estuvieran dirigidas a sustituirla. Frente a las afirmaciones relacionadas
con el supuesto retiro de funciones por razón del embarazo, sostuvo que se trataba
de manifestaciones subjetivas no demostradas en el proceso.
33. En relación con la protección por maternidad, manifestó que la entidad conoció
el estado de embarazo de la actora y que, antes de la terminación de la planta
temporal, identificó su situación y la de otros servidores sujetos a especial
protección. Por esa razón, solicitó concepto al Departamento Administrativo del
Servicio Civil Distrital acerca de la creación de empleos transitorios. Esa autoridad
indicó que el cumplimiento del término de duración del empleo temporal constituía
una causa objetiva y automática de retiro y que, para el caso de la funcionaria
gestante, la protección se entendía satisfecha con el pago de las prestaciones
necesarias para garantizar la licencia de maternidad.
34. Afirmó que, con fundamento en dicho concepto y en las normas aplicables,
expidió la Resolución 4677 del 3 de noviembre de 2020, mediante la cual reconoció
el pago de las cotizaciones al sistema general de seguridad social durante el período
de gestación y hasta la causación de la licencia de maternidad. Añadió que la actora
permaneció afiliada al sistema hasta la finalización de dicha licencia y que esta fue
reconocida mediante la Resolución 2015 del 19 de mayo de 2021 y efectivamente
pagada. Por tanto, consideró que la protección derivada de su estado de embarazo
fue garantizada.
35. La entidad sostuvo, además, que la jurisprudencia constitucional sobre
servidoras vinculadas a empleos temporales permite su retiro cuando este obedece
a una causa objetiva, como el vencimiento del término para el cual fue creado el
empleo. En consecuencia, estimó improcedente el reintegro, pues, en su criterio, la
terminación del vínculo no tuvo como causa el embarazo, sino la culminación de la
planta temporal. Añadió que la demandante no tenía derechos de carrera ni una
expectativa de permanencia derivada de su nombramiento temporal.
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
Demandante: Graciela Zabala Rico
Demandado: Caja de la Vivienda Popular
36. Finalmente, propuso las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda
por ausencia de concepto de violación; ineptitud sustantiva por falta de agotamiento
del requisito previo para demandar; caducidad; indebida escogencia de los actos
administrativos demandados; legalidad de los actos administrativos; cobro de lo no
debido; y la genérica. En cuanto a la conciliación extrajudicial, señaló que la suma
reclamada en la demanda por ingresos dejados de percibir era superior a la
sometida a conciliación prejudicial.
37. En particular, respecto de la indebida escogencia de los actos y la caducidad,
sostuvo que las Resoluciones 4677 de 2020 y 122 de 2021 no dispusieron la
desvinculación de la demandante, sino que reconocieron medidas relacionadas con
su protección en materia de seguridad social. A su juicio, si la actora pretendía
controvertir la terminación de su vínculo y obtener el reintegro, debía haber
demandado oportunamente la Resolución 2757 de 2020, que prorrogó su
nombramiento hasta el 31 de octubre de ese año y fijó, por consiguiente, la fecha
de terminación de la vinculación5.
2.3. Sentencia de primera instancia
38. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia anticipada del 25 de enero de 2023, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, sin condena en costas.
39. Como cuestión previa, recordó que por auto del 9 de septiembre de 2022 había
declarado no probadas las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda por
falta de requisitos formales y por falta de agotamiento del requisito previo para
demandar, y había dispuesto que las restantes defensas se resolvieran en la
sentencia.
40. En relación con las excepciones de caducidad e indebida escogencia de los
actos administrativos demandados, señaló que el control de legalidad debía recaer
sobre las Resoluciones 4677 del 3 de noviembre de 2020 y 122 del 22 de enero de
2021, únicas expresamente acusadas. Por ello, consideró improcedente computar
la caducidad a partir de la Resolución 2757 del 30 de junio de 2020, pues esta no
había sido objeto de demanda. Añadió que de la lectura de los actos acusados se
advertía que la administración sí se pronunció sobre la procedencia del reintegro
pretendido por la actora.
41. Agregó que en el expediente no obraba constancia de la fecha de notificación
de la Resolución 122 de 2021. En garantía del acceso efectivo a la administración
de justicia, estimó que el término de caducidad debía contarse desde la última
actuación relacionada con la ejecución de los actos demandados, que identificó con
el pago de cotizaciones al sistema de seguridad social efectuado en junio de 2021.
Como la demanda fue presentada en agosto del mismo año, concluyó que se había
ejercido oportunamente el medio de control y, en consecuencia, desestimó ambas
excepciones.
42. En cuanto al fondo, el tribunal encontró acreditado que Graciela Zabala Rico
había sido nombrada en un empleo de carácter temporal, de conformidad con el
artículo 21 de la Ley 909 de 2004 y las disposiciones reglamentarias contenidas en
el Decreto 1083 de 2015. Destacó que tanto el acto de nombramiento como las
sucesivas prórrogas indicaron expresamente la naturaleza temporal de la
vinculación, su soporte técnico y presupuestal y el respectivo término de duración.
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Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo del Cundinamarca, radicación
25000234200020220003400, Índice 16, “37_RECIBEMEMORIALES_202200034CORREOELEC”.
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
Demandante: Graciela Zabala Rico
Demandado: Caja de la Vivienda Popular
43. A partir de ello, concluyó que la desvinculación no obedeció al estado de
embarazo de la demandante, sino al vencimiento del término de duración del
empleo temporal. Calificó esa circunstancia como una causa legal, objetiva, general
y legítima, aplicable en igualdad de condiciones a quienes integraban la misma
planta temporal, y señaló que, cumplido el término previsto, el retiro operaba
automáticamente por ministerio de la ley.
44. En consecuencia, consideró que no procedía el reintegro solicitado, pues el
empleo temporal había dejado de existir al finalizar la vigencia de la planta y, por
tanto, se configuraba una imposibilidad fáctica para ordenar la reincorporación de la
actora.
45. Frente al argumento según el cual las funciones desempeñadas por la
demandante eran permanentes y posteriormente fueron asumidas por un
contratista, el tribunal sostuvo que ese debate excedía el objeto del litigio. Indicó
que no habían sido demandados los actos de creación de la planta temporal, el
estudio técnico que la sustentaba, la resolución que fijó las funciones de los
empleos, el acto relativo al proyecto para el cual fueron creados ni el contrato de
prestación de servicios cuestionado. Añadió que, aun de acreditarse que las
funciones desarrolladas eran permanentes, esa circunstancia no otorgaba a la
actora estabilidad propia de un empleo de carrera.
46. No obstante lo anterior, el tribunal consideró que la terminación objetiva del
vínculo no agotaba el examen de la protección constitucional derivada del fuero de
maternidad. Explicó que, cuando el reintegro no resulta procedente por una causa
objetiva, general y legítima, la jurisprudencia constitucional reconoce medidas
sustitutivas destinadas a hacer efectiva la protección de la mujer gestante. En
particular, entendió que tales medidas comprendían el reconocimiento de los
salarios y prestaciones laborales dejados de percibir desde la desvinculación hasta
el momento en que se configurara el derecho a disfrutar de la licencia de
maternidad.
47. Encontró probado que la Caja de la Vivienda Popular había efectuado las
cotizaciones al sistema de seguridad social y gestionado el reconocimiento y pago
de la licencia de maternidad. Sin embargo, advirtió que no reconoció ni pagó los
salarios y prestaciones correspondientes al período comprendido entre el 1.º de
noviembre de 2020, fecha de la desvinculación, y el 7 de febrero de 2021, día
anterior al inicio de la licencia de maternidad.
48. El tribunal estimó que la entidad había efectuado una lectura incompleta de la
jurisprudencia constitucional invocada en los propios actos demandados. Señaló
que, aunque la Resolución 4677 de 2020 citó las sentencias T-360 de 2017, T-499A
de 2017, T-353 de 2016 y T-082 de 2012 para sustentar la improcedencia del
reintegro, en los precedentes que sí examinaron situaciones análogas —
particularmente las sentencias T-499A de 2017 y T-353 de 2016— se había
reconocido, ante la imposibilidad de reincorporación, una medida sustitutiva
consistente en el pago de salarios y prestaciones laborales hasta el inicio de la
licencia de maternidad.
49. Con fundamento en lo anterior, concluyó que las Resoluciones 4677 del 3 de
noviembre de 2020 y 122 del 22 de enero de 2021 se encontraban parcialmente
viciadas de nulidad por infracción de las normas superiores en que debían fundarse,
en particular del artículo 43 de la Constitución Política y de las reglas
jurisprudenciales fijadas para la protección de la maternidad, porque omitieron
reconocer esa medida sustitutiva.
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Demandante: Graciela Zabala Rico
Demandado: Caja de la Vivienda Popular
50. Asimismo, indicó que no se había configurado la prescripción de las
acreencias reconocidas, pues el derecho se hizo exigible en noviembre de 2020 y
la demanda fue presentada en 2021. Dispuso, además, que las sumas reconocidas
fueran actualizadas conforme con el índice de precios al consumidor.
51. En consecuencia, declaró la nulidad parcial de las Resoluciones 4677 de 2020
y 122 de 2021, exclusivamente en cuanto omitieron reconocer y pagar a la
demandante los salarios y prestaciones laborales causados desde su
desvinculación hasta el día anterior al inicio de la licencia de maternidad. A título de
restablecimiento del derecho, ordenó a la Caja de la Vivienda Popular pagar dichas
sumas por el período comprendido entre el 1.º de noviembre de 2020 y el 7 de
febrero de 2021, debidamente indexadas; negó las demás pretensiones y se
abstuvo de imponer condena en costas6.
2.4. Recursos de apelación
2.4.1. Recurso de apelación parte demandante
52. La parte demandante interpuso recurso de apelación con el propósito de que
se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a la
totalidad de las pretensiones. Su inconformidad se concentró en la negativa del
reintegro y, particularmente, en la conclusión del tribunal según la cual el
vencimiento del término de duración de la planta temporal constituyó una causa
legal, objetiva, general y suficiente para su retiro.
53. Sostuvo que la expiración formal del término del empleo temporal no justificaba
suficientemente la desvinculación, pues las funciones que desempeñaba eran,
según afirmó, propias e intrínsecas a la naturaleza de la entidad y continuaron
siendo requeridas después de su retiro. En consecuencia, estimó que subsistía la
necesidad del servicio y que la administración debía acreditar una razón concreta
para terminar su vinculación, distinta de la simple culminación de la planta temporal.
54. Alegó que, tratándose de una empleada pública en estado de embarazo,
existía una carga reforzada de motivación. Con fundamento en las sentencias SU-
917 de 2010 y T-531 de 2007 de la Corte Constitucional, sostuvo que la decisión de
retiro debía expresar una justificación suficiente, concreta y objetiva que permitiera
establecer que la desvinculación obedecía a circunstancias ajenas al embarazo.
Señaló que la estabilidad laboral reforzada ampara a las servidoras públicas con
independencia de la modalidad de vinculación y que, cuando la administración
conoce previamente el estado de gravidez, le corresponde demostrar la existencia
de una causa objetiva y relevante para el retiro.
55. En esa línea, invocó los artículos 2.2.31.1 y 2.2.31.2 del Decreto 1083 de 2015
para afirmar que el retiro de una empleada pública durante el período de protección
por maternidad requiere una resolución motivada de la entidad nominadora y que,
cuando se produce sin observar esa exigencia, se presume que tuvo como causa
el embarazo o la lactancia.
56. Asimismo, acudió a instrumentos internacionales relacionados con la
protección de la maternidad y la prohibición de discriminación contra la mujer, entre
ellos disposiciones de la OIT y de instrumentos internacionales de derechos
humanos, para sostener que el embarazo no puede constituir motivo de
desvinculación y que el Estado debe garantizar una protección efectiva frente a
decisiones laborales discriminatorias.
6
Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo del Cundinamarca, radicación
25000234200020220003400, Índice 33, “51_SENTENCIA”.
9
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
Demandante: Graciela Zabala Rico
Demandado: Caja de la Vivienda Popular
57. Finalmente, sostuvo que la permanencia de la necesidad del servicio se
corroboraba porque, al momento de su retiro, la propia entidad le ofreció continuar
desarrollando actividades mediante un contrato de prestación de servicios,
modalidad que, según afirmó, implicaba una desmejora considerable de sus
condiciones laborales. Con fundamento, además, en el parágrafo 2 del artículo 263
de la Ley 1955 de 2019, afirmó que la administración debió adoptar acciones
afirmativas dirigidas, en lo posible, a reubicarla en otro empleo vacante mientras
subsistiera la protección derivada del fuero de maternidad. Por estas razones,
insistió en que la terminación de la planta temporal no constituía una justificación
objetiva suficiente para su retiro y solicitó acceder integralmente a las pretensiones
de la demanda7.
2.4.2. Recurso de apelación parte demandada
58. La Caja de la Vivienda Popular interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia exclusivamente en cuanto declaró la nulidad parcial
de las Resoluciones 4677 de 2020 y 122 de 2021 y ordenó reconocer y pagar a la
demandante los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir entre su
desvinculación y el inicio de la licencia de maternidad. Solicitó revocar esos apartes
y, en su lugar, declarar la legalidad de los actos acusados y negar dicho
restablecimiento económico.
59. Como fundamento principal, sostuvo que las medidas adoptadas por la entidad
se ajustaron a derecho. Reiteró que la terminación de la vinculación obedeció al
vencimiento del término de duración del empleo temporal, circunstancia que, dada
la naturaleza de esa modalidad de empleo, constituía una causa objetiva y
automática de retiro. Señaló que, antes de finalizar la planta temporal, la Caja
solicitó concepto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital respecto
de varios servidores que se encontraban en situaciones de especial protección,
entre ellos la demandante.
60. Explicó que el DASCD indicó que, tratándose de servidores vinculados a
empleos temporales, el vencimiento del término constituía una causa objetiva y
automática de desvinculación y que, específicamente frente a la funcionaria
gestante, la protección debía entenderse satisfecha con el pago de las prestaciones
necesarias para garantizar la licencia de maternidad. Con fundamento en ese
concepto, en las normas que regulaban la planta temporal y en los actos de creación
y prórroga de los empleos, la entidad expidió la Resolución 4677 de 2020, mediante
la cual reconoció las cotizaciones al sistema general de seguridad social durante la
gestación y hasta que se causara la licencia de maternidad.
61. Agregó que la Resolución 122 de 2021, mediante la cual se resolvió el recurso
de reposición, mantuvo dicha determinación y reiteró la improcedencia del reintegro
y la medida de protección aplicable. Según la apelante, los actos demandados
fueron claros acerca de que la finalización del vínculo obedecía al vencimiento del
empleo temporal y de que la protección por maternidad se garantizaría mediante los
aportes requeridos para acceder a la respectiva licencia.
62. Cuestionó, además, la interpretación jurisprudencial efectuada por el tribunal
acerca del alcance de la medida sustitutiva de protección. Para sustentar su
inconformidad, invocó el salvamento de voto formulado contra la sentencia de
primera instancia y la Sentencia SU-075 de 2018 de la Corte Constitucional. A partir
de esos referentes, sostuvo que no procedía reconocer salarios y prestaciones
sociales cuando la desvinculación obedecía a una causa objetiva, como la
7
Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo del Cundinamarca, radicación
25000234200020220003400, Índice 40, “57_RECIBEMEMORIALES_RECURSOAP_CORREO20220003400”.
10
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
Demandante: Graciela Zabala Rico
Demandado: Caja de la Vivienda Popular
expiración del término del empleo temporal, cuya duración había sido determinada
desde el acto de nombramiento.
63. En ese sentido, afirmó que resultaba incongruente ordenar el pago de salarios
y prestaciones correspondientes a un período en el cual la demandante ya no se
encontraba vinculada legal y reglamentariamente con la entidad. Añadió que la
planta temporal no generaba derechos de carrera y que, frente a servidores sujetos
a especial protección constitucional, debían adoptarse medidas sustitutivas
compatibles con la naturaleza temporal del empleo, sin que ello implicara, en su
criterio, destinar recursos públicos al reconocimiento de acreencias laborales
posteriores al retiro automático.
64. Asimismo, sostuvo que la medida prevista en la Resolución 4677 de 2020 era
compatible con los lineamientos jurisprudenciales sobre estabilidad laboral
reforzada. Invocó las sentencias T-360 de 2017, SU-070 de 2013 y SU-075 de 2018
y afirmó que, cuando el reintegro resulta imposible y ya no subsisten las causas que
justificaban la vinculación, la protección puede materializarse mediante el pago de
las cotizaciones necesarias para garantizar la licencia de maternidad, sin que de
ello se derive necesariamente el reconocimiento de salarios y prestaciones. Añadió
que la continuidad de la vinculación únicamente sería procedente si se acreditara
que subsistían las causas que dieron origen a ella.
65. Finalmente, señaló que, ante la imposibilidad de reintegrar a la actora a un
empleo de carrera, la entidad le ofreció celebrar un contrato de prestación de
servicios, propuesta que fue rechazada. Con fundamento en lo anterior, insistió en
que no había lugar a reconocer salarios y prestaciones sociales posteriores a la
terminación del empleo temporal8.
2.5. Ministerio Público
66. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
67. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos y metodología de resolución
68. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir si:
69. Primer problema jurídico. ¿El vencimiento del término de duración del
empleo temporal en el que se encontraba nombrada la demandante constituyó una
causa objetiva y suficiente para su retiro, pese a que la Caja de la Vivienda Popular
conocía su estado de embarazo; o, por el contrario, las circunstancias particulares
de su vinculación, incluida la alegada subsistencia de la necesidad del servicio,
imponían a la entidad el deber de motivar especialmente la desvinculación,
8
Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo del Cundinamarca, radicación
25000234200020220003400, Índice 39, “55_RECIBEMEMORIALES_RECURSODEAPELACION”.
11
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
Demandante: Graciela Zabala Rico
Demandado: Caja de la Vivienda Popular
mantener su vinculación o adoptar medidas dirigidas a su reubicación mientras
permaneciera amparada por la protección derivada de la maternidad?
70. Para resolver este interrogante, la Sala seguirá el siguiente orden
metodológico: (i) precisará la naturaleza jurídica de los empleos temporales y los
efectos derivados del vencimiento del término fijado para su duración; (ii) examinará
la forma en que ese régimen debe armonizarse con la protección constitucional
reforzada de la maternidad; (iii) identificará los hechos probados relevantes para
establecer si, en el caso concreto, la expiración del término operó realmente como
una causa objetiva, general y legítima de retiro o si las circunstancias materiales de
la vinculación desvirtúan esa conclusión; (iv) analizará específicamente los
argumentos de la apelante relativos a la subsistencia de las funciones, la necesidad
de una decisión adicional y especialmente motivada de desvinculación y el eventual
deber de reubicación; y (v) con fundamento en lo anterior, determinará si había lugar
a mantener a la demandante vinculada o a disponer su reintegro o reubicación
mientras permaneciera amparada por la protección derivada de la maternidad.
71. Segundo problema jurídico. En caso de concluirse que la terminación del
empleo temporal hacía improcedente el reintegro, ¿la protección derivada del fuero
de maternidad se satisfacía con el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad
social necesarias para garantizar la licencia de maternidad, como sostiene la
entidad demandada, o comprendía, además, el reconocimiento de los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir entre la desvinculación y el inicio de dicha
licencia, conforme lo ordenó el tribunal?
72. Para resolver este segundo interrogante, la Sala seguirá el siguiente orden
metodológico: (i) precisará el alcance de las medidas sustitutivas de protección de
la maternidad cuando, por existir una causa objetiva de terminación del vínculo, el
reintegro resulta improcedente; (ii) determinará la regla específicamente aplicable a
los empleos públicos de carácter temporal, a partir de la jurisprudencia
constitucional pertinente; (iii) examinará el alcance de la sentencia SU-075 de 2018
y contrastará esa regla con los pronunciamientos recientes del Consejo de Estado
sobre supuestos de terminación objetiva de empleos transitorios; (iv) establecerá
las medidas de protección que la Caja de la Vivienda Popular reconoció
efectivamente a la demandante; y (v) con fundamento en lo anterior, determinará si
el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social y de la licencia de
maternidad agotó la protección constitucional o si procedía, además, el
reconocimiento de salarios y prestaciones sociales por el período comprendido
entre la desvinculación y el inicio de dicha licencia.
3.3. Estudio y resolución del primer problema jurídico
73. El análisis debe partir de dos premisas que concurren en el presente asunto:
de una parte, la demandante ocupaba un empleo de naturaleza temporal cuyo
término había sido prorrogado expresamente hasta el 31 de octubre de 2020; de
otra, la Caja de la Vivienda Popular conocía su estado de embarazo desde el 26 de
junio anterior. Corresponde, entonces, determinar cómo se articulan el régimen
jurídico propio de aquella modalidad de empleo y la protección constitucional
reforzada derivada de la maternidad.
3.3.1. Naturaleza jurídica del empleo temporal y vencimiento de su término
74. El artículo 21 de la Ley 909 de 2004 autorizó excepcionalmente la creación de
empleos de carácter temporal o transitorio para atender alguno de cuatro supuestos:
funciones no realizadas por el personal de planta por no integrar las actividades
permanentes de la administración; programas o proyectos de duración determinada;
sobrecargas de trabajo originadas en hechos excepcionales; o labores temporales
de consultoría y asesoría. Su creación exige, además, justificación técnica y
12
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
Demandante: Graciela Zabala Rico
Demandado: Caja de la Vivienda Popular
disponibilidad presupuestal. La legislación dispone igualmente que en el acto de
nombramiento debe señalarse su duración y que, una vez vencida, quien ocupe el
empleo queda retirado automáticamente del servicio. La Corte Constitucional ha
explicado que esta regulación responde precisamente al carácter excepcional y
transitorio de esta categoría de empleo público9.
75. La regulación legal fue desarrollada inicialmente por el Decreto 1227 de 2005.
Su artículo 4 dispuso que el nombramiento en un empleo temporal debía efectuarse
mediante acto administrativo en el que se indicara expresamente el término de
duración y estableció, como regla, que, vencido este, quien lo ocupara quedaría
retirado automáticamente del servicio. La misma disposición facultó al nominador
para dar por terminado anticipadamente el nombramiento mediante declaratoria de
insubsistencia. Esta última previsión —no la regla de retiro automático por
expiración del término— fue posteriormente anulada por el Consejo de Estado. El
régimen reglamentario de los empleos temporales fue luego compilado en el
Decreto 1083 de 2015, cuyo artículo 2.2.1.1.4 conserva la regla según la cual el acto
de nombramiento debe señalar su duración y, vencida esta, el servidor queda
retirado automáticamente10.
76. Con posterioridad, mediante el artículo 6 del Decreto Ley 894 de 2017,
expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades
presidenciales para la paz previstas en el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016,
se adicionó el numeral 4 al artículo 21 de la Ley 909 de 2004, con lo cual se
incorporó expresamente a esta disposición legal la exigencia de señalar en el acto
de nombramiento el término de duración del empleo y la consecuencia de que,
vencido este, su ocupante queda retirado automáticamente del servicio11.
77. Luego, la Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto del 16 de agosto de
2012, explicó que el empleo temporal constituye una modalidad de vinculación a la
función pública distinta de los empleos de carrera y de libre nombramiento y
remoción, caracterizada por su excepcionalidad y transitoriedad. Precisó que esta
última característica determina que no cree una vinculación definitiva con el Estado,
no genere derechos de carrera y se encuentre circunscrito exclusivamente a las
9
Artículo 21 de la Ley 909 de 2004. El numeral 1 autoriza excepcionalmente la creación de empleos temporales
o transitorios cuando se requiera: «a) cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte
de las actividades permanentes de la administración; b) desarrollar programas o proyectos de duración
determinada; c) suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos
excepcionales; o d) desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total no superior a
doce meses y relacionadas directamente con el objeto y naturaleza de la institución». El numeral 2 exige que
su creación esté sustentada en una motivación técnica y en la apropiación y disponibilidad presupuestal
necesarias para cubrir salarios y prestaciones sociales. A su vez, el numeral 4 dispone que el nombramiento
debe indicar expresamente su término de duración y que, vencido este, quien ocupe el empleo queda retirado
del servicio automáticamente. Este último numeral fue adicionado por el artículo 6 del Decreto Ley 894 de 2017;
la expresión que permitía terminar el nombramiento por falta de disponibilidades y apropiaciones presupuestales
fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-527 de 2017.
10
Decreto 1083 de 2015, artículos 2.2.1.1.1 y 2.2.1.1.4, que compilaron, respectivamente, los artículos 1.º y 4.º
del Decreto 1227 de 2005. Sobre este último, ver Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de
junio de 2008, radicación 11001-03-25-000-2006-00087-00 (1475-06), en la cual se anuló la facultad
reglamentaria que permitía terminar anticipadamente el nombramiento mediante declaratoria discrecional de
insubsistencia, sin afectar la regla de retiro automático por vencimiento del término.
11
Decreto Ley 894 de 2017, artículo 6, «Por el cual se dictan normas en materia de empleo público con el fin
de facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera». Esta disposición adicionó el numeral 4.º al artículo
21 de la Ley 909 de 2004 y estableció que el nombramiento en empleos temporales debe efectuarse mediante
acto administrativo que indique su término de duración, vencido el cual quien lo ocupe queda retirado
automáticamente del servicio. Asimismo, previó la posibilidad de declarar anticipadamente la insubsistencia
cuando el servidor incumpla las metas del proyecto o las actividades que dieron lugar a la creación del empleo,
previa evaluación y mediante acto administrativo motivado, y remitió a determinadas causales de retiro previstas
en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-527 del 14 de agosto de
2017, expediente RDL-027, declaró exequible el artículo 6, salvo la expresión que autorizaba terminar
anticipadamente el empleo por falta de disponibilidades y apropiaciones presupuestales derivada de ajustes a
los montos aprobados para su financiación, la cual declaró inexequible.
13
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
Demandante: Graciela Zabala Rico
Demandado: Caja de la Vivienda Popular
labores para las cuales fue creado; de manera que, vencido su plazo de duración,
se extingue la relación funcionarial con la Administración12.
78. Esta caracterización fue acogida expresamente por la Corte Constitucional en
la sentencia T-360 de 2017. Allí sostuvo que la esencia del empleo temporal reside
en su excepcionalidad y transitoriedad y que, por consiguiente, el vencimiento del
término fijado en el acto administrativo de vinculación constituye una razón objetiva
para la desvinculación. La Corte fue particularmente clara al señalar que, cuando
se cumple el término previamente establecido y la norma que regula esta modalidad
de empleo dispone como consecuencia su retiro automático, la desvinculación
opera por mandato legal y la administración queda relevada de expresar una razón
diferente a la expiración de dicho término13.
79. Esa regla tiene relevancia directa frente al argumento de la apelante según el
cual debía existir una resolución autónoma y especialmente motivada de retiro. En
efecto, las exigencias de motivación previstas para otras modalidades de
desvinculación del servicio no pueden trasladarse, sin más, al supuesto
normativamente diferente del agotamiento de la vigencia de un empleo temporal.
En este último evento no se produce una declaración discrecional de insubsistencia:
cesan simultáneamente la vigencia del empleo y la eficacia temporal del acto de
nombramiento. Así lo reconoció expresamente la sentencia T-360 de 2017 al
señalar que, en estos casos, la causa del retiro es objetiva, está predeterminada por
el ordenamiento y resulta ajena al arbitrio del nominador.
3.3.2. El fuero de maternidad no desaparece por la naturaleza temporal del
empleo
80. Lo anterior, sin embargo, no significa que la condición temporal del empleo
excluya la protección constitucional de la maternidad. Los artículos 13, 43 y 53 de
la Constitución establecen una protección reforzada de la mujer durante el
embarazo y después del parto, destinada tanto a asegurar materialmente la
maternidad como a impedir que el estado de gravidez constituya motivo de
discriminación laboral14.
12
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 16 de agosto de 2012, radicación 11001-
03-06-000-2011-00042-00 (2105), consulta formulada por el Ministerio de Educación Nacional. La consulta
versó sobre la posibilidad de que servidores inscritos en carrera administrativa fueran nombrados en los empleos
temporales creados en la planta del Ministerio de Educación Nacional mediante el Decreto 4974 de 2011,
particularmente sobre la eventual utilización de una situación administrativa que les permitiera desempeñar esos
cargos sin perder sus derechos de carrera. Al examinar la naturaleza de esta modalidad de empleo, la Sala
sostuvo que constituye una categoría de vinculación a la función pública diferente de los empleos de carrera y
de libre nombramiento y remoción, caracterizada por su transitoriedad y excepcionalidad. Precisó que de esa
naturaleza se derivan tres consecuencias: (i) no crea una vinculación definitiva con el Estado; (ii) no genera
derechos de carrera administrativa; y (iii) se encuentra circunscrito exclusivamente a las labores para las cuales
fue creado. Añadió que, vencido su plazo de duración, se extingue la relación funcionarial con la Administración
y que, por su naturaleza, esta vinculación no alcanza el mismo grado de protección propio de un empleo de
carrera administrativa.
13
Corte Constitucional, sentencia T-360 del 30 de mayo de 2017, expedientes T-5.964.701 y T-5.965.236
(acumulados). En uno de los asuntos acumulados, correspondiente a Lucía Duarte Galvis contra la Alcaldía
Mayor de Bogotá, la accionante había ocupado un empleo en una planta temporal cuya vigencia fue prorrogada
hasta el 30 de junio de 2016 y alegaba estabilidad laboral reforzada debido a su estado de salud y a su
proximidad al cumplimiento de los requisitos para pensionarse. Al examinar el régimen de los empleos
temporales, la Corte señaló que su esencia radica en la transitoriedad y excepcionalidad y que se encuentran
circunscritos a las labores y al tiempo para los cuales fueron creados. A partir del artículo 2.2.1.1.4 del Decreto
1083 de 2015, concluyó que el vencimiento del término fijado en el acto administrativo constituye una razón
objetiva para la desvinculación, ajena al arbitrio del nominador, y que el retiro opera automáticamente al
cumplirse dicho término. En el caso concreto consideró que la desvinculación no obedeció a la situación de
vulnerabilidad de la accionante, sino a la expiración de la vigencia de la planta temporal, razón por la cual negó
el reintegro solicitado. Véanse, especialmente, fundamentos jurídicos 98 a 109 y 116 a 126.
14
El artículo 13 de la Constitución Política consagra el derecho a la igualdad, prohíbe la discriminación, entre
otros motivos, por razón del sexo y ordena al Estado promover las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva, así como adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados y proteger especialmente
a quienes se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. El artículo 43 establece la igualdad de
derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, proscribe toda discriminación contra la mujer y dispone
expresamente que, «durante el embarazo y después del parto», esta gozará de especial asistencia y protección
14
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
Demandante: Graciela Zabala Rico
Demandado: Caja de la Vivienda Popular
81. La Corte Constitucional ha reiterado que la protección derivada de la
maternidad no depende, en principio, de una modalidad determinada de vinculación.
La naturaleza del vínculo sí incide, no obstante, en el contenido y alcance de las
medidas de protección. En la sentencia SU-070 de 2013 se sistematizaron las reglas
aplicables a las distintas modalidades de relación laboral o de prestación,
atendiendo, además, al conocimiento del embarazo por parte del empleador. Estas
reglas fueron posteriormente objeto de una modificación parcial mediante la
sentencia SU-075 de 2018, específicamente respecto de los eventos en los que el
empleador desconocía el estado de gestación al momento de la desvinculación15.
82. Tratándose específicamente de empleos públicos temporales, la providencia
de mayor pertinencia es la sentencia T-499A de 2017. En esa oportunidad, la Corte
examinó la terminación de la vinculación de una servidora que era madre adoptante
y que había sido nombrada en un empleo temporal y cuyo nombramiento fue
prorrogado sucesivamente, y sostuvo que el vencimiento del término de duración
del empleo constituía una causa objetiva, general y legítima de terminación. No
obstante, precisó que esa circunstancia no extinguía la protección constitucional
derivada de la maternidad y que, cuando la administración conocía oportunamente
la situación protegida, debía adoptar las medidas necesarias para hacerla efectiva16.
83. La T-499A de 2017 reviste especial interés porque permite diferenciar dos
cuestiones que no deben confundirse: la causa del retiro y las consecuencias
constitucionales que este produce respecto de una mujer amparada por la
protección a la maternidad. La existencia de una causa objetiva puede hacer
improcedente el reintegro, sin que por ello desaparezcan las demás medidas de
protección derivadas del artículo 43 superior.
84. Esa distinción ya había sido aplicada por la Corte en la sentencia T-353 de
2016, relativa a mujeres embarazadas vinculadas a cargos de descongestión de la
Rama Judicial. Allí consideró que la terminación de las medidas de descongestión
constituía una causa objetiva, general y legítima, independiente del embarazo, y
que, por la naturaleza transitoria de los cargos, resultaba fácticamente imposible
ordenar el reintegro. De este precedente se desprende que la terminación de una
vinculación durante el embarazo no comporta necesariamente un acto
discriminatorio cuando se acredita que desapareció efectivamente el soporte
del Estado. El artículo 53, al enunciar los principios mínimos fundamentales que deben orientar el estatuto del
trabajo, incluye la «protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad».
15
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencias SU-070 del 13 de febrero de 2013, y SU-075 del 24 de julio de
2018. En la primera, la Corte unificó la jurisprudencia sobre estabilidad laboral reforzada de las mujeres
gestantes y lactantes y estableció que la procedencia de la protección exige, en términos generales, acreditar
la existencia de una relación laboral o de prestación y que el embarazo —o el período posterior al parto
constitucionalmente protegido— hubiera concurrido durante su vigencia. Precisó que el alcance de las medidas
de protección depende de dos variables: (i) la modalidad de vinculación o «alternativa laboral» y (ii) el
conocimiento del estado de embarazo por parte del empleador o contratante; este último no constituye requisito
para la existencia de la protección, sino un elemento determinante de su intensidad. Posteriormente, en la
sentencia SU-075 de 2018, la Sala Plena reiteró esa estructura general, pero modificó parcialmente el
precedente respecto de las relaciones laborales subordinadas en aquellos eventos en los que el empleador no
conocía el estado de embarazo al momento de la desvinculación, al considerar que no resultaba
constitucionalmente admisible imponerle las cargas económicas derivadas del fuero cuando su actuación no
podía calificarse como discriminatoria. En cambio, cuando el empleador conocía el embarazo, mantuvo las
reglas de protección establecidas en la SU-070 de 2013.
16
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, sentencia T-499A de 2017. En esa providencia se estudió
el caso de una madre adoptante vinculada a la Gobernación de Antioquia mediante un empleo temporal, cuyo
nombramiento había sido prorrogado sucesivamente y terminó por vencimiento del término para el cual fue
creado el cargo. La Corte destacó que los empleos temporales tienen carácter transitorio y excepcional, no
generan una vinculación definitiva con el Estado ni derechos de carrera y se encuentran circunscritos al término
señalado en el correspondiente acto administrativo. A partir de ello, consideró que el vencimiento del término
constituía una causa objetiva, general y legítima de terminación de la vinculación. Sin embargo, precisó que esa
circunstancia no extinguía la protección constitucional derivada de la maternidad cuando la entidad conocía
oportunamente la situación protegida. Por ello, aunque estimó improcedente el reintegro debido a la naturaleza
temporal del empleo, ordenó reconocer los salarios y prestaciones laborales dejados de percibir desde la
desvinculación hasta el momento en que habría comenzado el disfrute de la licencia de maternidad, así como
esta última prestación. La Corte distinguió, de este modo, entre la legitimidad de la causa objetiva de terminación
y las medidas económicas necesarias para hacer efectiva la protección constitucional de la maternidad.
15
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
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jurídico y material del empleo transitorio; en tal supuesto, la protección derivada de
la maternidad debe adecuarse a esa circunstancia17.
3.3.3. Hechos probados relevantes para resolver el primer problema jurídico
85. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, para resolver el
primer problema jurídico se encuentran acreditados los siguientes hechos:
86. Graciela Zabala Rico celebró con la Caja de la Vivienda Popular el contrato de
prestación de servicios 245 de 2016, cuyo objeto consistió en prestar servicios
profesionales de apoyo al área de Control Interno en asuntos relacionados con la
gestión financiera de la entidad. Su ejecución inició el 1 de junio de 2016, fue
prorrogada por un mes y terminó anticipadamente, de común acuerdo, el 20 de
enero de 201718.
87. Mediante la Resolución 7251 del 29 de diciembre de 2016, la Caja nombró a
la demandante en el empleo temporal de Profesional Universitario, código 219,
grado 01, correspondiente al proyecto de inversión 404 «Fortalecimiento
Institucional para Aumentar la Eficiencia de la Gestión». El nombramiento tendría
vigencia hasta el 31 de marzo de 2019. La planta temporal había sido creada
mediante el Acuerdo 06 del 14 de septiembre de 2016 para el cumplimiento de
compromisos asociados al Plan de Desarrollo «Bogotá Mejor para Todos 2016-
2020»19.
88. El artículo 2 de la Resolución 7251 de 2016 estableció expresamente que, al
vencimiento del término de duración del nombramiento, quien ocupara el respectivo
empleo temporal quedaría retirado automáticamente del servicio, de conformidad
con la regulación entonces aplicable20.
89. Por medio de la Resolución 5283 del 18 de octubre de 2016, la entidad adoptó
el manual específico de funciones y competencias laborales de los empleos
temporales, entre ellos el de Profesional Universitario, código 219, grado 01,
correspondiente al proyecto de inversión 40421.
90. Mediante la Resolución 1346 del 29 de marzo de 2019, el director general de
la Caja prorrogó el nombramiento de la demandante hasta el 31 de diciembre de
2019. La decisión estuvo precedida del concepto de viabilidad presupuestal de la
Dirección Distrital del Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda y de la
aprobación del Consejo Directivo de la entidad. Posteriormente, por medio de la
Resolución 4925 del 30 de diciembre de 2019, el nombramiento fue prorrogado
hasta el 30 de junio de 2020, también con soporte presupuestal y aprobación del
Consejo Directivo22.
17
Corte Constitucional, sentencia T-353 del 6 de julio de 2016, expedientes T-5.492.366, T-5.523.434 y T-
5.523.437 (acumulados). En dos de los expedientes acumulados, la Corte examinó la desvinculación de
servidoras embarazadas que ocupaban cargos transitorios de descongestión en la Rama Judicial, cuya
terminación obedeció a la expiración de las respectivas medidas de descongestión. Consideró que esa
circunstancia constituía una causa objetiva, general y legítima, ajena al embarazo, que hacía fácticamente
imposible el reintegro. No obstante, reiteró que la imposibilidad de reincorporación no elimina la protección
constitucional de la maternidad y que, atendidas las circunstancias de cada caso, pueden proceder medidas
sustitutivas.
18 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo del Cundinamarca, radicación
25000234200020220003400, Índice 02, “4_ED_04PRUEBA06082021_16, índice 19,
“38_RECIBEMEMORIALES_ANEXOSCONTESTACION”.
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Ídem.
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Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo del Cundinamarca, radicación
25000234200020220003400, Índice 02, “4_ED_04PRUEBA06082021_16, índice 19,
“38_RECIBEMEMORIALES_ANEXOSCONTESTACION”.
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
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91. El 26 de junio de 2020, mediante escrito radicado 2020ER3779, la señora
Zabala Rico informó formalmente a la Caja de la Vivienda Popular que se
encontraba en estado de embarazo y aportó el correspondiente certificado
médico23.
92. Cuatro días después, mediante la Resolución 2757 del 30 de junio de 2020, el
director general de la entidad prorrogó, desde el 1.º de julio hasta el 31 de octubre
de 2020, 58 nombramientos y encargos en empleos temporales, entre ellos el de la
demandante como Profesional Universitario, código 219, grado 01. En esta
oportunidad, la prórroga se vinculó al proyecto 7696 «Fortalecimiento del Modelo de
Gestión Institucional y Modernización de los Sistemas de Información de la Caja de
Vivienda Popular de Bogotá». La decisión de prorrogar la planta por cuatro meses
había sido evaluada por el Comité Directivo desde el 17 de junio de 2020;
posteriormente, la Caja solicitó concepto técnico al Departamento Administrativo del
Servicio Civil Distrital los días 18 y 23 de junio, y esa autoridad emitió concepto
favorable el 25 de junio siguiente, esto es, antes de que la demandante comunicara
formalmente su embarazo24.
93. Antes del vencimiento de la planta temporal, la Caja de la Vivienda
Popular elaboró un estudio técnico dirigido a la creación de cuatro empleos de
carácter transitorio y solicitó al Departamento Administrativo del Servicio Civil
Distrital el correspondiente concepto técnico. La actuación tuvo origen en que tres
servidores cuyos nombramientos temporales vencían el 31 de octubre de 2020 y
otro servidor vinculado en provisionalidad se encontraban en situaciones que la
entidad identificó como susceptibles de especial protección constitucional, entre
ellas el embarazo de la demandante. El estudio señaló expresamente que su
finalidad era brindar garantías a quienes se encontraban en condiciones de
estabilidad laboral reforzada y proyectó la creación de dos empleos de Profesional
Universitario, código 219, grado 01; uno de Técnico Operativo, código 314, grado
01; y uno de Secretario, código 440, grado 06, por períodos diferenciados según la
duración de la protección correspondiente25.
94. El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital consideró que,
tratándose de los servidores vinculados mediante empleos temporales cuyo
nombramiento vencía el 31 de octubre de 2020, el cumplimiento del término de
duración constituía una causa objetiva y automática de retiro. Asimismo, no emitió
concepto técnico favorable para la creación de los cuatro empleos transitorios
propuestos por la entidad. Respecto de la funcionaria gestante, indicó que la
protección debía entenderse garantizada mediante el pago de las prestaciones
necesarias para asegurar la licencia de maternidad.
95. En el expediente no obra acto administrativo mediante el cual se hubiera
prorrogado el nombramiento de la señora Zabala Rico más allá del 31 de octubre
de 2020, ni tampoco el de los demás servidores comprendidos en la prórroga
efectuada mediante la Resolución 2757 de 2020. En consecuencia, a partir del 1 de
noviembre de 2020 finalizó la vinculación de la demandante con la entidad26.
96. En relación con el carácter general de la terminación, obra además una
programación de exámenes ocupacionales de egreso correspondiente a 46
servidores vinculados en cargos temporales. Aunque la demandante no figuraba
inicialmente en esa programación, se acreditó que se practicó el examen de retiro
23
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Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo del Cundinamarca, radicación
25000234200020220003400, Índice 02, “4_ED_04PRUEBA06082021_16, índice 19,
“38_RECIBEMEMORIALES_ANEXOSCONTESTACION”.
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el 13 de noviembre de 2020, al igual que otros servidores cuyos empleos temporales
finalizaron por vencimiento del término previsto27.
97. Antes de la terminación de su vinculación, el 23 de octubre de 2020, la
demandante presentó la petición radicada 2020ER5813, mediante la cual indagó,
entre otros aspectos, por la situación de su cargo y sus funciones al finalizar la planta
temporal, la posibilidad de reubicación y las medidas que serían adoptadas para
garantizar la protección derivada de la maternidad. La petición fue respondida
mediante oficio 2020EE11002 del 11 de noviembre siguiente, en el cual la Caja
explicó la naturaleza temporal de la planta, el vencimiento del término del empleo y
la improcedencia del reintegro. Asimismo, indicó que, conforme con el concepto
emitido por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, la protección
de la demandante se garantizaría mediante el pago de las cotizaciones requeridas
durante la gestación y hasta que se configurara la licencia de maternidad28.
98. Mediante la Resolución 4677 del 3 de noviembre de 2020, la Caja dejó
consignado que la desvinculación se había producido por el vencimiento del término
de duración de la planta temporal y consideró improcedente el reintegro. Contra esa
decisión la demandante interpuso recurso de reposición, resuelto mediante la
Resolución 122 del 22 de enero de 2021, que confirmó la determinación
adoptada29.
99. En cuanto a la alegada subsistencia de las funciones, obra prueba de que
Carlos Andrés Vargas Hernández fue vinculado mediante el contrato CTO-CVP-
601-2020 para apoyar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías y el
fortalecimiento y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión —
MIPG—, mediante actividades relacionadas, entre otros aspectos, con la gestión,
los riesgos y los objetivos institucionales. Posteriormente, el mismo contratista fue
vinculado mediante el contrato 045 de 2021, cuyo objeto consistió en prestar
servicios profesionales al área de Control Interno en lo relacionado con la ejecución
del Plan Anual de Auditorías, especialmente en el rol de relación con entes externos
de control30.
100. Asimismo, está acreditado que el 4 de noviembre de 2020, pocos días
después de finalizar la vinculación legal y reglamentaria de la actora, la Oficina de
Control Interno le ofreció celebrar un contrato de prestación de servicios para
desarrollar actividades de aseguramiento y consultoría del sistema de control
interno. La señora Zabala Rico decidió no aceptar esa propuesta31.
3.3.4. Análisis del caso concreto: subsistencia de las funciones y objetividad
de la causa de retiro
101. Ahora bien, la existencia formal de una fecha de terminación del empleo
temporal tampoco permite al juez prescindir completamente del examen de las
circunstancias materiales del caso. La T-499A de 2017 constituye nuevamente un
referente relevante. En aquel asunto, aunque el empleo era temporal, la Corte tuvo
en consideración que las funciones ejercidas no mostraban vocación inmediata de
desaparecer, que el nombramiento había sido prorrogado durante más de dos años
y que no se acreditó que la actividad hubiese desaparecido ni que la terminación
hubiese cobijado simultáneamente a los demás servidores temporales. A partir de
esas circunstancias, consideró que, si la administración debía finalizar algunas de
27
Ídem.
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Ídem.
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Ídem.
30
Ídem.
31
Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo del Cundinamarca, radicación
25000234200020220003400, Índice 02, “4_ED_04PRUEBA06082021_16, índice 19,
“38_RECIBEMEMORIALES_ANEXOSCONTESTACION”.
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esas vinculaciones, las personas amparadas por estabilidad laboral reforzada
debían encontrarse entre las últimas en ser desvinculadas, al menos hasta que se
garantizara efectivamente la protección derivada de la maternidad32.
102. Esa regla no significa que la ejecución de actividades relacionadas con
funciones ordinarias o misionales transforme automáticamente un empleo temporal
en uno permanente, ni que el juez pueda ordenar la prolongación indefinida de una
planta cuyo término haya expirado. El examen debe dirigirse a establecer si el
vencimiento invocado operó efectivamente como una causa objetiva y general de
terminación y si, atendidas las circunstancias materiales del caso, existía
jurídicamente la posibilidad de mantener la vinculación, pues la protección reforzada
no puede utilizarse para crear un cargo inexistente, desconocer las reglas
constitucionales de acceso al empleo público o conferir derechos de carrera a quien
no los adquirió33.
103. Esta conclusión se refuerza al advertir que la definición institucional de
prorrogar la planta únicamente hasta el 31 de octubre de 2020 había comenzado a
tramitarse antes de que la demandante informara su estado de embarazo: el Comité
Directivo examinó la prórroga el 17 de junio y el concepto técnico favorable del
DASCD fue expedido el 25 de junio, mientras que la comunicación del embarazo se
produjo el día 26 siguiente. Esa secuencia temporal constituye un elemento
adicional que descarta que la fijación del término de la planta hubiera obedecido a
la situación particular de la actora.
104. Esta precisión resulta particularmente importante en el presente asunto. Está
acreditado que mediante la Resolución 2757 del 30 de junio de 2020 se prorrogaron
58 nombramientos y encargos en empleos temporales solamente hasta el 31 de
octubre de 2020, entre ellos el de la demandante. En el expediente no obra acto
alguno que hubiera prorrogado el nombramiento de la señora Zabala Rico ni el de
los demás servidores de aquella planta más allá de esa fecha. En consecuencia, a
partir del 1.º de noviembre de 2020 finalizaron los nombramientos y encargos
temporales prorrogados mediante la Resolución 2757 de 2020, incluido el de la
demandante.
105. Esta circunstancia diferencia sustancialmente el caso de la hipótesis
examinada en la T-499A de 2017. Mientras en aquella oportunidad la Corte destacó
que no estaba acreditada la desaparición de las labores ni que otros empleados
temporales hubiesen sido retirados simultáneamente, aquí la prueba demuestra que
la expiración no recayó de manera singular sobre la demandante: los
nombramientos y encargos temporales en la Resolución 2757 de 2020 habían sido
prorrogados hasta la misma fecha y no obra prueba de una nueva prórroga de
aquellos. Por tanto, no se advierte que la Caja hubiese utilizado el vencimiento del
término como una justificación aparente destinada específicamente a desvincular a
la actora por razón de su embarazo.
32
Corte Constitucional, sentencia T-499A de 2017. En esa oportunidad, la Corte examinó el caso de una
servidora vinculada a un empleo temporal de la Gobernación de Antioquia, cuyo nombramiento había sido
prorrogado sucesivamente durante más de dos años y siete meses. Para determinar el alcance de la protección
reforzada derivada de la maternidad, tuvo en cuenta que la función principal desempeñada por la accionante
no tenía vocación de desaparecer; que las sucesivas prórrogas evidenciaban la persistencia de la necesidad
del servicio; que no se acreditó la desaparición de la labor y que tampoco se demostró que su desvinculación
hubiera ocurrido conjuntamente con la de los demás servidores temporales. Con fundamento en esas
circunstancias, consideró que, si la administración debía finalizar algunas vinculaciones temporales, las
personas amparadas por estabilidad laboral reforzada debían encontrarse entre las últimas en ser
desvinculadas, al menos hasta garantizar el goce de la respectiva licencia de maternidad.
33
Cfr. Constitución Política, arts. 122 y 125; Ley 909 de 2004, art. 21; y Corte Constitucional, sentencia T-499A
de 2017. El carácter temporal del empleo no permite derivar de su desempeño derechos de carrera ni una
vocación indefinida de permanencia. Ello no impide que, frente a una persona amparada por estabilidad laboral
reforzada, el juez examine las circunstancias materiales de la terminación para determinar si la causa invocada
fue realmente objetiva y cuál protección resulta compatible con la naturaleza jurídica de la vinculación.
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106. Tampoco modifica esta conclusión el hecho de que, antes de la terminación
de la planta temporal, la entidad hubiera adelantado actuaciones encaminadas a la
creación de cuatro nuevos empleos transitorios. En efecto, el 23 de octubre de 2020
la Caja solicitó al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital concepto
técnico favorable para su creación y remitió, para ese propósito, el estudio técnico,
el proyecto de acuerdo, el proyecto de manual de funciones y competencias
laborales y la proyección de sus costos. Ello demuestra que la alternativa fue
formalmente sometida a consideración de la autoridad competente; sin embargo, el
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital no emitió concepto técnico
favorable respecto de la creación propuesta. En esas condiciones, no llegó a
configurarse el presupuesto técnico requerido para que pudiera culminar
válidamente el procedimiento con la creación de los nuevos empleos y, por
consiguiente, no existía al 31 de octubre de 2020 un cargo jurídicamente creado y
disponible en el cual pudiera mantenerse o reubicarse a la demandante. En
concordancia con ello, el proyecto de acuerdo que obra en el expediente conserva
sin diligenciar el número del acto, la fecha de vigencia y otros datos propios de su
expedición, sin que se haya acreditado que hubiera sido adoptado como acto
definitivo.
107. Debe tenerse en cuenta, además, que la necesidad que sustentó la
contratación de Carlos Andrés Vargas había sido documentada desde el 10 de julio
de 2020, cuando la demandante aún se encontraba vinculada. En esa fecha, la
Subdirección Administrativa certificó la necesidad de contratar un profesional con
formación y experiencia específicas para desarrollar actividades relacionadas con
el fortalecimiento y evaluación del MIPG, los seguimientos a los procesos, riesgos
y objetivos institucionales y el Plan Anual de Auditorías. Esta circunstancia debilita
la inferencia según la cual la contratación posterior hubiera sido estructurada con
ocasión del retiro de la demandante para sustituirla en el empleo temporal que
ocupaba.
108. Lo mismo cabe afirmar respecto del ofrecimiento efectuado a la actora,
después de su retiro, para celebrar un contrato de prestación de servicios. Ese
hecho evidencia que la entidad continuaba requiriendo determinados apoyos
profesionales, pero no permite equiparar el objeto de una contratación estatal con
la existencia jurídica del empleo temporal extinguido, ni habilita al juez para convertir
una necesidad contractual en un cargo público. En el proyecto está acreditado que
la propuesta fue formulada el 4 de noviembre de 2020 y que la actora decidió no
aceptarla.
3.3.5. Improcedencia de exigir un acto adicional de retiro
109. La Sala tampoco comparte la tesis de la apelante conforme con la cual los
artículos 2.2.31.1 y 2.2.31.2 del Decreto 1083 de 2015 imponían, en las
circunstancias del presente asunto, la expedición de una resolución distinta y
posterior que autorizara su desvinculación. La primera de esas disposiciones
proscribe el despido de una empleada pública por motivo de embarazo o lactancia
y la segunda establece una presunción en ese sentido cuando el retiro se produce
durante el período protegido sin que medie resolución motivada del jefe del
organismo34.
110.Sin embargo, esas disposiciones no pueden interpretarse aisladamente, sino
de manera sistemática con las normas que regulan la modalidad específica de
34
Decreto 1083 de 2015, arts. 2.2.31.1 y 2.2.31.2. El primero dispone que ninguna empleada pública ni
trabajadora oficial podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia y establece que, durante el
embarazo y los tres meses siguientes al parto o aborto, el retiro exige justa causa comprobada; cuando se trate
de una empleada pública vinculada mediante una relación de derecho público, requiere resolución motivada de
la correspondiente entidad nominadora. El segundo presume que el retiro obedeció al embarazo o la lactancia
cuando ocurre dentro del período protegido sin observancia de los requisitos previstos en la disposición anterior.
20
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
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empleo público de que se trate. En el caso de los empleos temporales, el artículo
21 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.1.1.4 del Decreto 1083 de 2015 establecen
que el acto de nombramiento debe determinar previamente su duración y que,
vencido ese término, quien lo ocupe queda retirado automáticamente del servicio.
Por consiguiente, la exigencia de motivación prevista para proteger a la servidora
gestante frente a decisiones de retiro atribuibles al nominador no puede entenderse
como la obligación de expedir un nuevo acto administrativo para producir un efecto
que el ordenamiento ya hizo derivar del cumplimiento del plazo previamente fijado35.
111. Lo anterior no significa que el vencimiento del término torne inoperante la
protección reforzada por maternidad ni que excluya el control judicial sobre la causa
del retiro. La distinción se refiere únicamente a la necesidad de un acto adicional de
desvinculación. Corresponde al juez verificar que la expiración del empleo temporal
haya constituido realmente la causa objetiva de la terminación y no un mecanismo
formal utilizado para encubrir una decisión discriminatoria, así como determinar las
medidas de protección que resulten procedentes de acuerdo con las circunstancias
del caso.
112. En consecuencia, debe distinguirse entre el retiro que requiere una decisión
administrativa constitutiva del nominador y aquel que se produce como
consecuencia jurídica del vencimiento del término previamente fijado para un
empleo temporal. En el primer supuesto, la motivación del acto cumple una función
esencial para permitir el control de que la desvinculación no obedezca al embarazo
o la lactancia. En el segundo, en cambio, la causa jurídica de terminación se
encuentra predeterminada por la ley y por el propio acto de nombramiento, sin
perjuicio de que el juez deba verificar que el vencimiento haya operado realmente
como una causa objetiva y no como un mecanismo utilizado para encubrir una
decisión discriminatoria. La sentencia T-360 de 2017 reconoció precisamente que
la expiración del término del empleo temporal constituye una causa objetiva de
desvinculación, ajena al arbitrio del nominador.
113. En este caso, además, no existió incertidumbre sobre la razón de la
terminación. La Resolución 7251 de 2016 ya advertía que al vencimiento del período
la servidora quedaría retirada automáticamente, y las posteriores prórrogas fueron
delimitando sucesivamente la vigencia del nombramiento. La última de ellas fijó
expresamente el 31 de octubre de 2020 como fecha final. Más aún, mediante la
Resolución 4677 del 3 de noviembre siguiente, la Caja explicó que la desvinculación
se había producido por vencimiento de la planta temporal, declaró improcedente el
reintegro y definió las medidas que, a su juicio, resultaban aplicables por razón del
embarazo.
3.3.6. La invocación del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019
114. Tampoco resulta suficiente la invocación del parágrafo 2.º del artículo 263 de
la Ley 1955 de 2019 para derivar un deber autónomo de reubicación. La regla citada
por la recurrente se encuentra inserta en la política de reducción de la
provisionalidad y establece acciones afirmativas para determinados servidores en
condiciones especiales cuando su retiro se produce como consecuencia de la
aplicación de listas de elegibles. El supuesto de la demandante es diferente: su
desvinculación no obedeció al nombramiento de un aspirante con mejor derecho
proveniente de una lista, sino a la expiración de una planta temporal. La propia
apelación fundamentó en esa disposición la obligación de procurar su reubicación.
35
Ley 909 de 2004, art. 21, numeral 4, adicionado por el art. 6 del Decreto Ley 894 de 2017; Decreto 1083 de
2015, art. 2.2.1.1.4; Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, sentencia T-360 del 30 de mayo de 2017,
expedientes T-5.964.701 y T-5.965.236 (acumulados). En esta providencia se explicó que el carácter
excepcional y transitorio del empleo temporal determina que, vencido el término previamente establecido, el
retiro opere automáticamente y responda a una causa objetiva ajena al arbitrio del nominador.
21
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
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115. De manera que esa norma no imponía a la Caja la obligación de crear un
nuevo empleo, transformar uno temporal en permanente o desplazar a otro servidor
para mantener a la demandante vinculada. Ello no obsta, naturalmente, para que la
entidad estuviera obligada a desplegar las medidas de protección derivadas
directamente de los artículos 13 y 43 de la Constitución, cuestión distinta cuya
extensión se analizará al resolver el segundo problema jurídico.
3.3.7. Conclusión frente al primer problema jurídico
116. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que el vencimiento del término
de duración del empleo temporal constituyó, en el caso concreto, una causa
objetiva, general y legítima para la terminación de la vinculación de la señora
Graciela Zabala Rico. El retiro no aparece dirigido singularmente contra la
demandante por razón de su embarazo, sino que obedeció al agotamiento del
término hasta el cual habían sido prorrogados, mediante la Resolución 2757 de
2020, los 58 nombramientos y encargos en empleos temporales allí comprendidos,
sin que obre prueba de una nueva prórroga posterior al 31 de octubre de 2020.
117. La circunstancia de que algunas actividades institucionales continuaran
desarrollándose mediante contratos de prestación de servicios no demuestra que
subsistiera jurídicamente el empleo temporal ocupado por la actora ni imponía a la
administración el deber de prorrogarlo, crear un nuevo cargo o incorporarla a una
planta permanente. Tampoco el parágrafo 2 del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019
establecía un deber de reubicación para este supuesto.
118. En consecuencia, no había lugar a ordenar el reintegro ni la reubicación
pretendidos, conclusión que coincide en este aspecto con la sentencia de primera
instancia. Ello no significa, sin embargo, que la terminación de la planta temporal
hubiera extinguido la protección constitucional derivada de la maternidad. Como
muestran las sentencias T-353 de 2016, T-360 de 2017 y, especialmente, T-499A
de 2017, la existencia de una causa objetiva que haga improcedente el reintegro
obliga a distinguir la terminación legítima del vínculo de las medidas sustitutivas de
protección que deben garantizarse a la mujer gestante. El contenido de esas
medidas y, específicamente, si comprendían únicamente las cotizaciones al sistema
de seguridad social o también los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta
el inicio de la licencia de maternidad, será examinado al resolver el segundo
problema jurídico.
3.4. Estudio y resolución del segundo problema jurídico
119. Resuelto que el vencimiento del término del empleo temporal constituyó una
causa objetiva, general y legítima de terminación y que, por esa razón, no había
lugar al reintegro ni a la reubicación de la demandante, corresponde establecer el
contenido de las medidas sustitutivas de protección derivadas de la maternidad. En
particular, debe determinarse si aquellas se agotaban con el pago de las
cotizaciones al sistema de seguridad social necesarias para garantizar el acceso a
la licencia de maternidad, como sostiene la Caja de la Vivienda Popular, o si
comprendían también los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la
terminación del vínculo hasta el momento en que la actora adquirió el derecho a
disfrutar de dicha licencia.
120. Para resolver este interrogante, la Sala examinará, en primer término, la
finalidad y el alcance de las medidas sustitutivas previstas por la jurisprudencia
constitucional cuando existe una causa objetiva que impide la continuidad de la
relación laboral; posteriormente precisará las reglas específicamente desarrolladas
respecto de las servidoras públicas y los empleos temporales; y, finalmente,
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Demandante: Graciela Zabala Rico
Demandado: Caja de la Vivienda Popular
confrontará esas reglas con las medidas efectivamente reconocidas a la señora
Zabala Rico.
3.4.1. Alcance de las medidas sustitutivas de protección cuando el reintegro
resulta improcedente
121. La circunstancia de que la terminación de una relación de trabajo responda a
una causa objetiva y, por consiguiente, no tenga carácter discriminatorio, no
conduce a que desaparezca toda protección constitucional de la mujer gestante.
Como se explicó, el artículo 43 de la Constitución contiene una dimensión que
excede la prohibición de discriminación laboral: impone al Estado un deber especial
de asistencia y protección durante el embarazo y después del parto y contempla,
incluso, una garantía prestacional para la mujer que se encuentre desempleada o
desamparada. Sobre esa base, la jurisprudencia constitucional ha diferenciado
entre las medidas dirigidas a neutralizar un retiro discriminatorio y aquellas
destinadas a proteger materialmente a la mujer y al hijo por nacer cuando la
terminación del vínculo obedece a una causa legítima.
122. La sentencia SU-070 de 2013 constituye el punto de partida de esa distinción.
Al sistematizar las diferentes modalidades de vinculación, la Corte reconoció que,
cuando la continuidad o el reintegro resultan jurídicamente imposibles, la protección
no tiene siempre el mismo contenido. En el ámbito del empleo público estableció,
entre otras reglas, que, tratándose de una mujer embarazada vinculada
provisionalmente a un cargo de carrera, si el empleo es suprimido o la entidad es
liquidada, debe garantizarse su permanencia hasta que se configure la licencia de
maternidad y, si ello no resulta posible, reconocer los salarios y prestaciones hasta
que adquiera el derecho a disfrutarla. Una solución semejante fue prevista respecto
de la servidora de carrera cuyo empleo sea suprimido y no exista una alternativa
jurídica de reincorporación36.
123. Esa solución responde a que las distintas medidas cumplen funciones
constitucionales diferentes. Las cotizaciones al sistema de seguridad social
garantizan la continuidad de la cobertura en salud y permiten satisfacer los
requisitos para el reconocimiento de la prestación económica correspondiente a la
licencia de maternidad. El reconocimiento de esta última protege económicamente
el período de descanso asociado al parto y al cuidado inicial del hijo. En cambio, el
reconocimiento de salarios y prestaciones durante el intervalo comprendido entre la
terminación objetiva del vínculo y el inicio de la licencia busca impedir que la mujer
gestante soporte enteramente la pérdida de su fuente de subsistencia precisamente
durante el período en que el ordenamiento le reconoce una protección reforzada37.
36
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-070 del 13 de febrero de 2013. Al unificar las reglas sobre
estabilidad laboral reforzada por maternidad, la Corte distinguió el alcance de la protección según la modalidad
de vinculación. Respecto de la mujer embarazada que ocupa en provisionalidad un cargo de carrera, señaló
que, si el empleo es suprimido o la entidad es liquidada, debe garantizarse su permanencia hasta que se
configure la licencia de maternidad y, cuando ello resulte imposible, reconocer los salarios y prestaciones hasta
que adquiera el derecho a disfrutarla. En relación con la servidora de carrera cuyo cargo sea suprimido por
liquidación de la entidad o por necesidades del servicio, indicó que, si no existe posibilidad jurídica de
reincorporación, procede igualmente el pago de los salarios y prestaciones hasta que se configure el derecho a
la licencia de maternidad. Véanse, en particular, las reglas 7 y 9 fijadas por la Sala Plena.
37
Cfr. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-070 de 2013, y Sala Segunda de Revisión, sentencia T-
499A de 2017. La jurisprudencia constitucional ha diferenciado las medidas de protección aplicables cuando la
continuidad o el reintegro resultan jurídicamente imposibles. Las cotizaciones al sistema de seguridad social
tienen por objeto garantizar la continuidad de la cobertura y el acceso a la prestación económica correspondiente
a la licencia de maternidad; esta última protege el período asociado al parto y al cuidado inicial del hijo. A su
vez, en determinados supuestos de terminación objetiva de la vinculación, la Corte ha reconocido salarios y
prestaciones por el lapso comprendido entre la desvinculación y el inicio de la licencia como medida sustitutiva
destinada a preservar materialmente la protección de la maternidad.
23
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
Demandante: Graciela Zabala Rico
Demandado: Caja de la Vivienda Popular
124. Esta diferenciación encuentra, además, expresión legislativa en el artículo 51
de la Ley 909 de 200438. Aunque su regulación sobre supresión del empleo de
carrera no es directamente aplicable al empleo temporal aquí examinado, resulta
ilustrativa de la forma como el legislador armonizó la desaparición objetiva de un
cargo público con la protección de la maternidad: cuando no es posible la
incorporación de la servidora embarazada en otro empleo igual o equivalente, la
disposición prevé medidas diferenciadas respecto de la remuneración que deja de
percibir desde la supresión hasta la fecha probable del parto, las cotizaciones al
sistema de salud y la correspondiente licencia de maternidad. La propia SU-070 de
2013 examinó esa regulación como parte del marco normativo de protección de las
servidoras públicas embarazadas.
125. La sentencia T-353 de 2016 profundizó esta línea al estudiar, entre otros, dos
casos de mujeres embarazadas vinculadas a cargos transitorios de descongestión
de la Rama Judicial. Aunque determinó que la expiración de las medidas de
descongestión constituía una causa objetiva, general y legítima que hacía imposible
el reintegro, precisó que las servidoras no estaban obligadas a soportar sin
protección las consecuencias económicas derivadas de esa circunstancia. La Corte
reiteró que, ante la imposibilidad de reincorporación, corresponde al juez
determinar, atendiendo las particularidades del caso, las medidas sustitutivas
necesarias, entre las cuales incluyó prestaciones en materia de seguridad social,
licencia de maternidad y, en los casos allí examinados, salarios dejados de
percibir39.
3.4.2. La regla específicamente aplicable a los empleos públicos temporales:
sentencia T-499A de 2017
126. La respuesta más próxima al interrogante planteado se encuentra en la
sentencia T-499A de 2017. Como ya se indicó, en aquella oportunidad la Corte
examinó la situación de una madre adoptante que ocupaba un empleo temporal de
Profesional Universitario en la Gobernación de Antioquia, cuyo nombramiento había
sido prorrogado sucesivamente y terminó por vencimiento del plazo para el cual
había sido establecido. La Corte consideró improcedente el reintegro y descartó la
indemnización asociada a un despido discriminatorio, porque la terminación
obedeció a una causa objetiva, general y legítima (ver párrafos 82 y 83).
127. Sin embargo, esa conclusión no llevó a limitar la protección a las cotizaciones
requeridas para acceder a la licencia de maternidad. Por el contrario, después de
acudir expresamente a las reglas de la SU-070 de 2013 sobre medidas subsidiarias
cuando el reintegro no procede, la Corte ordenó a la Gobernación de
Antioquia reconocer los salarios y prestaciones laborales dejados de percibir desde
38
Ley 909 de 2004, artículo 51, numeral 4. La disposición establece que, cuando por razones del buen servicio
se suprima un cargo de carrera administrativa ocupado por una empleada en estado de embarazo y no sea
posible su incorporación en otro igual o equivalente, deberá pagársele, a título de indemnización por maternidad,
el valor de la remuneración que deje de percibir entre la fecha de supresión efectiva del empleo y la fecha
probable del parto; asimismo, prevé el pago mensual de la parte de la cotización al Sistema General de
Seguridad Social en Salud correspondiente a la entidad pública durante la etapa de gestación y los tres meses
posteriores al parto, además del descanso remunerado correspondiente a la licencia de maternidad en los
términos legales. Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-070 de 2013.
39
Corte Constitucional, sentencia T-353 del 6 de julio de 2016, expedientes acumulados T-5.492.366, T-
5.523.434 y T-5.523.437. La providencia examinó, entre otros, los casos de dos servidoras embarazadas
desvinculadas como consecuencia de la terminación de las medidas de descongestión que sustentaban los
cargos transitorios que ocupaban en la Rama Judicial. La Corte consideró que la expiración del período para el
cual habían sido creados constituía una causa objetiva, general y legítima que hacía improcedente el reintegro;
sin embargo, precisó que ello no eliminaba la protección constitucional derivada de la maternidad y que, cuando
la reincorporación resulta fácticamente imposible, corresponde al juez determinar, según las circunstancias de
cada caso, las medidas sustitutivas procedentes. En ambos asuntos relativos a servidoras embarazadas ordenó
reconocer los salarios dejados de percibir desde el retiro hasta tres meses después del parto y efectuar las
cotizaciones al sistema de salud desde la desvinculación hasta que el hijo cumpliera un año de vida. Por
consiguiente, esta providencia se invoca como referente acerca de la procedencia y modulación de medidas
sustitutivas ante una causa objetiva de terminación, no como precedente que hubiera fijado específicamente el
período comprendido entre la desvinculación y el inicio de la licencia de maternidad.
24
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
Demandante: Graciela Zabala Rico
Demandado: Caja de la Vivienda Popular
la desvinculación hasta el momento en que la servidora habría comenzado a
disfrutar de la licencia de maternidad y, adicionalmente, reconocer esta última
prestación. Esa orden quedó reproducida expresamente en la parte resolutiva de la
providencia40.
128. Este precedente reviste especial relevancia para el presente asunto no solo
porque se refiere a una modalidad genérica de estabilidad reforzada, sino porque
examinó precisamente un empleo temporal regido por el artículo 21 de la Ley 909
de 2004 y articuló dos consecuencias que resultan compatibles entre sí: de una
parte, el vencimiento objetivo del empleo impide convertir la protección a la
maternidad en un derecho a permanecer indefinidamente en la administración; de
otra, esa imposibilidad no autoriza a trasladar íntegramente a la mujer las
consecuencias económicas que se producen entre el retiro y el comienzo de la
licencia.
129. De allí se sigue que el reconocimiento de salarios y prestaciones en ese
intervalo no supone declarar que la relación legal y reglamentaria continuó vigente,
ni remunerar servicios que no fueron efectivamente prestados. Se trata de
una medida sustitutiva de protección constitucional, precisamente porque el vínculo
ya terminó legítimamente y el reintegro no resulta procedente. Por esa razón, no
prospera el argumento de la entidad apelante según el cual sería jurídicamente
incongruente ordenar tales sumas por un período posterior al retiro, pues la fuente
de la obligación no es la subsistencia ficticia del empleo temporal, sino el deber
constitucional de protección que permanece después de su terminación objetiva.
3.4.3. Alcance de la sentencia SU-075 de 2018 invocada por la entidad apelante
130. Tampoco conduce a una conclusión diferente la sentencia SU-075 de 2018
invocada en la apelación. Esa providencia modificó parcialmente el precedente
contenido en la SU-070 de 2013 respecto de los supuestos en los cuales el
empleador desconocía el estado de embarazo al momento de la terminación del
vínculo, al considerar desproporcionado imponer determinadas cargas económicas
a quien no había tenido conocimiento de la circunstancia protegida41.
131. Esa hipótesis no corresponde al presente asunto. Está acreditado que la Caja
conocía formalmente el embarazo de la señora Zabala Rico desde el 26 de junio de
2020, aproximadamente cuatro meses antes de que terminara su
nombramiento. Por consiguiente, la modificación introducida por la SU-075 de 2018
respecto de los eventos de desconocimiento del embarazo no desplaza las reglas
de protección aplicables cuando la situación de gestación había sido oportunamente
comunicada.
132. Es cierto que la SU-075 de 2018 reproduce, respecto de ciertas relaciones
laborales contractuales sometidas a plazo u obra, reglas en las que la terminación
legítima del contrato puede conducir a una protección circunscrita al reconocimiento
de las cotizaciones necesarias para garantizar la prestación económica
correspondiente a la licencia de maternidad. Sin embargo, tales hipótesis no
corresponden a la modalidad de vinculación aquí examinada. Para los empleos
públicos temporales, la T-499A de 2017 aplicó específicamente las reglas de la SU-
40
Corte Constitucional, sentencia T-499A del 4 de agosto de 2017, expediente T-5.931.239. En esa providencia,
la Corte ordenó reconocer los salarios y prestaciones laborales dejados de percibir desde la desvinculación
hasta la fecha en que la accionante habría iniciado el disfrute de la licencia de maternidad y, adicionalmente, el
reconocimiento de esta última prestación.
41
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-075 del 24 de julio de 2018, expedientes acumulados T-
6.240.380, T-6.318.375 y T-6.645.503. La Sala Plena modificó parcialmente el precedente de la SU-070 de
2013 respecto de los eventos en que el empleador desconocía el estado de embarazo al momento de la
terminación, al considerar desproporcionado imponerle, pese a la ausencia de una actuación discriminatoria, el
pago de las cotizaciones destinadas a causar la licencia de maternidad o, como medida sustitutiva, el valor de
esa prestación.
25
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
Demandante: Graciela Zabala Rico
Demandado: Caja de la Vivienda Popular
070 de 2013 sobre empleo público y reconoció, aun ante una causa objetiva de
terminación, los salarios y prestaciones correspondientes al lapso comprendido
entre el retiro y el comienzo de la licencia. La SU-075 de 2018 no modificó
expresamente esa regla respecto de los empleos públicos temporales.
3.4.4. Un criterio reciente adoptado en sede de tutela por las Secciones Cuarta
y Quinta del Consejo de Estado
133. La Sala advierte, no obstante, que recientemente esta Corporación examinó,
en sede de tutela, un supuesto relacionado y adoptó una solución diferente respecto
del alcance económico de la protección. Mediante sentencia del 29 de enero de
2026, radicación 11001-03-15-000-2025-07426-00, la Sección Cuarta estudió el
retiro de una servidora embarazada que ocupaba un cargo de oficial mayor creado
transitoriamente como medida de descongestión en la Rama Judicial. La
terminación tuvo lugar al vencerse el período para el cual había sido creado el
empleo. La Sección Cuarta consideró improcedente el reintegro, ordenó garantizar
las cotizaciones al sistema de salud durante la gestación y el reconocimiento de la
licencia de maternidad, pero precisó que esa protección no comprendía los salarios
dejados de percibir desde la terminación del vínculo, debido a que la desvinculación
había obedecido a una causa objetiva, general y legítima42.
134. La anterior decisión fue impugnada por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta y confirmada por la Sección Quinta mediante
sentencia del 16 de abril de 2026, radicación 11001-03-15-000-2025-07426-01. Sin
embargo, el alcance de la segunda instancia debe precisarse. La impugnación no
controvirtió la determinación relativa a los salarios dejados de percibir, sino que se
dirigió contra la orden relacionada con el pago de la licencia de maternidad y,
específicamente, respecto de la entidad encargada de efectuarlo. En
correspondencia con ese límite, la Sección Quinta circunscribió expresamente el
problema jurídico a establecer si debía confirmar, revocar o modificar la sentencia
«en lo que tiene que ver con el encargado del pago de la licencia de maternidad» y
confirmó el fallo con precisiones sobre el giro de esos recursos. Por consiguiente,
aunque la sentencia de primera instancia fue confirmada, la improcedencia del
reconocimiento de salarios no constituyó un punto específicamente examinado y
decidido en la impugnación43.
135. La Sala estima que esos pronunciamientos no imponen modificar la solución
que se desprende para este caso de la jurisprudencia constitucional antes
examinada. Se trata de decisiones adoptadas en sede de tutela por otras Secciones
de esta Corporación, que no corresponden a sentencias de unificación ni a
pronunciamientos de la Sección Segunda sobre la materia. Además, como se
indicó, la regla según la cual no procedía reconocer los salarios posteriores a la
desvinculación fue formulada por la Sección Cuarta en primera instancia y no fue
objeto específico de la impugnación ni del problema jurídico resuelto por la Sección
Quinta. Aunque la Sección Cuarta citó la Sentencia T-499A de 2017 entre los
precedentes relativos a los supuestos en los cuales una causa objetiva hace
42
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de tutela de primera instancia del 29 de enero de 2026,
radicación 11001-03-15-000-2025-07426-00. En esa providencia se examinó la terminación del nombramiento
de una servidora embarazada que ocupaba el cargo de oficial mayor en descongestión en el Juzgado 7º Penal
del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta, creado temporalmente hasta el 12 de diciembre de 2025.
La Sección Cuarta consideró que la expiración del término constituía una causa objetiva, general y legítima que
hacía improcedente el reintegro; ordenó garantizar las medidas sustitutivas relacionadas con la seguridad social
en salud y el reconocimiento de la licencia de maternidad y precisó expresamente que dicha protección no
comportaba el reconocimiento de los salarios dejados de percibir desde la terminación de la relación laboral,
precisamente porque la desvinculación obedeció al vencimiento del término para el cual había sido creado el
cargo.
43
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 16 de abril de 2026, radicación 11001-03-15-000-2025-
07426-01. La Sección Quinta confirmó la sentencia de tutela proferida por la Sección Cuarta el 29 de enero de
2026, con precisiones respecto del giro de los recursos correspondientes a la licencia de maternidad. El
problema jurídico de la segunda instancia se circunscribió expresamente a determinar si procedía confirmar,
revocar o modificar la decisión «en lo que tiene que ver con el encargado del pago de la licencia de maternidad».
26
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
Demandante: Graciela Zabala Rico
Demandado: Caja de la Vivienda Popular
improcedente el reintegro, no examinó específicamente la medida económica
adoptada en esa providencia para los empleos públicos temporales, consistente en
reconocer los salarios y prestaciones correspondientes al período comprendido
entre la desvinculación y el inicio de la licencia de maternidad, ni expuso razones
para apartarse de esa solución.
3.4.5. Hechos probados relevantes para resolver el segundo problema jurídico
136. Para determinar qué medidas fueron efectivamente satisfechas, se encuentran
acreditadas las siguientes circunstancias:
137. El nombramiento de la demandante terminó el 31 de octubre de 2020 y la Caja
conocía previamente su embarazo. Mediante la Resolución 4677 del 3 de noviembre
de 2020 reconoció el pago de las cotizaciones al sistema general de seguridad
social durante el período de gestación y hasta que se configurara la licencia de
maternidad. Esta decisión fue confirmada por la Resolución 122 del 22 de enero de
202144.
138. Mediante la Resolución 5070 del 2 de diciembre de 2020, la entidad liquidó y
pagó las prestaciones sociales definitivas causadas durante la vinculación, esto es,
hasta el 31 de octubre de 2020, por valor de $33.988.129. Por tanto, ese
reconocimiento no comprendió prestaciones correspondientes al período posterior
al retiro45.
139. También está acreditado que la Caja efectuó cotizaciones a salud y pensión a
nombre de la demandante durante los meses posteriores a su retiro; los aportes a
salud se extendieron hasta julio de 2021. La actora, a su vez, había realizado
aportes como independiente durante noviembre y diciembre de 2020. La
documentación aportada da cuenta de la continuidad mensual de los aportes
efectuados por la entidad y de las gestiones adelantadas para verificar ante EPS
Sanitas la afiliación de la demandante después del 1.º de noviembre de
2020. Asimismo, la entidad adelantó ante esa EPS las actuaciones necesarias para
el reconocimiento de la licencia de maternidad: recibió los soportes remitidos por la
demandante el 26 de febrero de 2021, los radicó el 3 de marzo siguiente y continuó
el trámite de reconocimiento económico hasta que la prestación apareció en estado
«liquidada»46.
140. El hijo de la señora Zabala Rico nació el 8 de febrero de 2021. La licencia de
maternidad comenzó ese mismo día y finalizó el 13 de junio de 2021. La Caja
adelantó las gestiones correspondientes ante EPS Sanitas y finalmente giró a la
actora la suma de $20.991.454, correspondiente al valor reconocido por la EPS por
concepto de licencia de maternidad47.
141. Asimismo, mediante sentencia del 28 de enero de 2021, el Juzgado 36 Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, al resolver la impugnación
dentro de la acción de tutela promovida por la demandante, ordenó a la Caja asumir
las cotizaciones al sistema de seguridad social desde la terminación de la relación
laboral hasta que adquiriera el derecho a la prestación económica correspondiente
a la licencia de maternidad48.
44
Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo del Cundinamarca, radicación
25000234200020220003400, Índice 02, “4_ED_04PRUEBA06082021_16, índice 19,
“38_RECIBEMEMORIALES_ANEXOSCONTESTACION”.
45
Ídem.
46
Ídem.
47
Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo del Cundinamarca, radicación
25000234200020220003400, Índice 02, “4_ED_04PRUEBA06082021_16, índice 19,
“38_RECIBEMEMORIALES_ANEXOSCONTESTACION”.
48
Ídem.
27
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
Demandante: Graciela Zabala Rico
Demandado: Caja de la Vivienda Popular
3.4.6. Caso concreto
142. De la prueba reseñada se desprende que la Caja garantizó dos componentes
relevantes de la protección: mantuvo las cotizaciones necesarias al sistema de
seguridad social y gestionó el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad.
No existe, por tanto, controversia acerca de que la demandante recibió la prestación
económica correspondiente al período iniciado el 8 de febrero de 2021.
143. La controversia se circunscribe al lapso comprendido entre el 1 de noviembre
de 2020 y el 7 de febrero de 2021. Durante ese período la actora ya no estaba
vinculada legal y reglamentariamente a la Caja y, por ello, no tenía derecho ordinario
a recibir remuneración como contraprestación por servicios efectivamente
prestados. Sin embargo, se encontraba aún en estado de embarazo, la entidad
conocía esa circunstancia antes de la terminación y el derecho a disfrutar de la
licencia de maternidad todavía no se había configurado.
144. En esas condiciones, la Sala considera que las cotizaciones reconocidas en
los actos demandados no agotaban la protección constitucional aplicable. Conforme
con las reglas de la SU-070 de 2013 y, específicamente, con la solución adoptada
en la T-499A de 2017 respecto de un empleo público temporal, la imposibilidad
jurídica de mantener la vinculación debía dar lugar a una medida sustitutiva que
cubriera económicamente el intervalo existente entre el retiro y el comienzo de la
licencia. Esa medida consiste en el reconocimiento de los salarios y prestaciones
que la demandante habría percibido durante dicho período, sin que ello comporte
declarar la continuidad del vínculo ni reconocer derechos de carrera.
145. La medida tiene, entonces, naturaleza y fundamento distintos de la
remuneración ordinaria derivada del ejercicio del empleo. Su finalidad es hacer
efectiva la protección especial prevista en el artículo 43 de la Constitución cuando
la continuidad de la alternativa laboral resulta jurídicamente imposible. Por ello, no
existe contradicción entre afirmar, de una parte, que el empleo temporal terminó
legítimamente el 31 de octubre de 2020 y, de otra, reconocer como medida
sustitutiva los salarios y prestaciones correspondientes al período de gestación que
transcurrió hasta el inicio de la licencia.
146. La circunstancia de que la Caja hubiera actuado siguiendo el concepto del
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital tampoco altera esa
conclusión. Ese concepto no tenía aptitud para reducir el contenido de la garantía
constitucional ni para desplazar las reglas jurisprudenciales aplicables. Los actos
administrativos demandados podían válidamente reconocer las cotizaciones y
negar el reintegro, pero resultaban incompletos en cuanto omitieron la medida
económica adicional que correspondía ante la imposibilidad de mantener el empleo.
147. En consecuencia, la Sala comparte la decisión del tribunal de declarar la
nulidad parcial de las Resoluciones 4677 de 2020 y 122 de 2021 en cuanto limitaron
la protección a las cotizaciones y omitieron reconocer los salarios y prestaciones
correspondientes al período comprendido entre el 1 de noviembre de 2020 y el 7 de
febrero de 2021. El reconocimiento de la licencia de maternidad a partir del 8 de
febrero siguiente no genera duplicidad, pues se trata de períodos distintos. El
tribunal precisamente ordenó aquellas sumas por el intervalo anterior al comienzo
de la licencia.
3.4.7. Conclusión frente al segundo problema jurídico
148. La Sala concluye que, en las circunstancias particulares del presente asunto,
la protección constitucional derivada de la maternidad no se satisfacía únicamente
con el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social necesarias para
28
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
Demandante: Graciela Zabala Rico
Demandado: Caja de la Vivienda Popular
garantizar la licencia de maternidad. Una vez establecida la improcedencia del
reintegro por la terminación objetiva del empleo temporal, correspondía reconocer,
como medida sustitutiva, los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el
retiro hasta el momento en que la demandante adquirió el derecho a disfrutar de la
licencia, conforme con las reglas desarrolladas en la SU-070 de 2013 y aplicadas
específicamente a los empleos temporales en la T-499A de 2017.
149. Como la señora Zabala Rico fue retirada a partir del 1 de noviembre de 2020
y la licencia de maternidad comenzó el 8 de febrero de 2021, resulta procedente el
reconocimiento ordenado por el tribunal por el período comprendido entre el 1.º de
noviembre de 2020 y el 7 de febrero de 2021. En consecuencia, no prospera el
recurso de apelación interpuesto por la Caja de la Vivienda Popular en este aspecto
y habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia.
3.5. Conclusión de la decisión
150. De conformidad con lo expuesto, ninguno de los recursos de apelación está
llamado a prosperar. Frente al interpuesto por la parte demandante, la Sala concluyó
que el vencimiento del término de duración del empleo temporal constituyó una
causa objetiva, general y legítima de terminación de la vinculación, sin que las
circunstancias acreditadas permitieran inferir que el retiro hubiera obedecido al
estado de embarazo de la actora o que existiera un deber jurídico de prorrogar el
nombramiento, crear un nuevo empleo, incorporarla a una planta permanente o
disponer su reubicación. En consecuencia, no procede el reintegro solicitado.
151. En cuanto al recurso de la Caja de la Vivienda Popular, se determinó que la
terminación legítima del empleo temporal no extinguía la protección constitucional
derivada de la maternidad. Dado que la entidad conocía el embarazo antes del retiro
y que el reintegro resultaba improcedente, la protección no se agotaba con las
cotizaciones necesarias para garantizar la licencia de maternidad, sino que
comprendía, como medida sustitutiva, el reconocimiento de los salarios y
prestaciones dejados de percibir entre el 1 de noviembre de 2020 y el 7 de febrero
de 2021. Por tanto, se confirmará la sentencia apelada en cuanto accedió
parcialmente a las pretensiones y negó las restantes.
4. Costas
152. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario49 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida haya actuado
de manera temeraria o de mala fe. En el presente asunto no hay lugar a imponer
dicha condena, pues no se advierte que alguna de las partes haya incurrido en tales
conductas.
153. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
49
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
29
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00034-01 (2651-2023)
Demandante: Graciela Zabala Rico
Demandado: Caja de la Vivienda Popular
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia del 25 de enero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
30
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