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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07426-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07426-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 Demandante: Brigith Alejandra Vargas Tamayo Demandados: Rama Judicial y otros Rad: 11001-03-15-000-2025-07426-01 PRIMERO: Confirmar la sentencia del 29 de enero de 2026 por la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado accedió al amparo solicitado por la parte accionante, con las precisiones realizadas en esta sentencia en cuanto al giro de los recursos a la señora Brigith Alejandra Vargas Tamayo. SEGUNDO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y envíese copia de esta al Despacho de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07426-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

16 de abril de 2026

Demandante: Brigith Alejandra Vargas Tamayo
Demandados: Rama Judicial y otros
Rad: 11001-03-15-000-2025-07426-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07426-01
Demandante: BRIGITH ALEJANDRA VARGAS TAMAYO
Demandados: RAMA JUDICIAL Y OTROS

Temas: Acción de tutela. Estabilidad laboral reforzada por
maternidad y lactancia. Confirma

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cúcuta contra el fallo de 29 de enero
de 2026, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta, amparó los
derechos fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital, a la salud y a la
estabilidad laboral reforzada de la señora Brigith Alejandra Vargas Tamayo y
ordenó: i) a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cúcuta adelantar las gestiones necesarias para reconocerle a la accionante, de
manera ininterrumpida, el pago de los aportes al sistema de salud
correspondientes, durante el tiempo de gestación y hasta que adquiera el
derecho de gozar a la licencia de maternidad y, ii) a la EPS Sanitas, liquidar y
pagar la licencia de maternidad concedida a la señora Brigith Alejandra Vargas
Tamayo desde el 3 de enero hasta el 8 de mayo de 2026.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

La señora Brigith Alejandra Vargas Tamayo, en nombre propio, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada,
trabajo en condiciones dignas y justas, a la familia, a la igualdad y los
«principios mínimos del trabajo, protección especial a la mujer durante el
embarazo y después del parto, prevalencia de los derechos del menor,
estabilidad laboral y aplicación de tratados internacionales de derechos
humanos y a la seguridad social», que estimó vulnerados por la Rama Judicial,
la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAE) del Consejo Superior de
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Demandante: Brigith Alejandra Vargas Tamayo
Demandados: Rama Judicial y otros
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la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Cúcuta, los Ministerios del Trabajo, de Hacienda y
Crédito Público, Igualdad y Equidad y el Juzgado Séptimo Penal del Circuito
con Función de Conocimiento de Cúcuta.

La parte actora cuestionó la falta de protección de su estabilidad laboral
reforzada por su licencia de maternidad y lactancia como empleada del Juzgado
Séptimo Penal del Circuito Judicial con Función de Conocimiento de Cúcuta, en
el que fue nombrada como oficial mayor en descongestión, cargo que fue
creado mediante el Acuerdo PCSJA25‑12258 del 24 de enero de 2025, para el
periodo comprendido entre el 3 de febrero y el 12 de diciembre de esa
anualidad.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, los tutelantes solicitaron lo siguiente:

1. Que se tutelen mis derechos fundamentales y los de mi hijo que está por
nacer, a la estabilidad laboral reforzada trabajo en condiciones dignas y
justas, familia, igualdad y principios mínimos del trabajo, protección
especial a la mujer durante el embarazo y después del parto, prevalencia
de los derechos del menor, estabilidad laboral y aplicación de tratados
internacionales de derechos humanos, seguridad social.

2. Que la RAMA JUDICIAL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ANÁLISIS
ESTADÍSTICO (UDAE), CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y/o
a quien corresponda dispongan los trámites administrativos necesarios que
permita darle continuidad a la DESCONGESTIÓN del cargo que vengo
desempeñando de OFICIAL MAYOR O SUSTANCIADOR DE JUZGADO
DE CIRCUITO en Descongestión, con sede en el JUZGADO SÉPTIMO
PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE
CÚCUTA, en el evento que se no se pueda dar, que se me ubique en uno
igual o de mayor jerarquía sin desmejorar mis condiciones laborales hasta
culminar mi periodo de lactancia, y en caso de que se cree el cargo
nuevamente en cualquier Despacho yo tenga la primera opción en la
prórroga de cargo.

3. Que la RAMA JUDICIAL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ANÁLISIS
ESTADÍSTICO (UDAE), CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y/o
a quien corresponda que se me garantice la continuidad del acceso a la
salud, sistema de seguridad social y aportes a seguridad social para gozar
del pago de la licencia de maternidad, incluso hasta culminar mi periodo de
lactancia, dando aplicación a la sentencia de la Corte Constitucional 333
de 2025.

4. Que la RAMA JUDICIAL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ANÁLISIS
ESTADÍSTICO (UDAE), CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y/o
a quien corresponda que se proceda a reconocer y pagar cuando nazca mi

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hijo, el monto total de la licencia de maternidad a la que tengo derecho,
dando aplicación a la sentencia de la Corte Constitucional 333 de 2025.

5. Que la RAMA JUDICIAL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ANÁLISIS
ESTADÍSTICO (UDAE), CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y/o
a quien corresponda que me reconozca las prestaciones laborales que se
dejasen de percibir desde el día 12 de diciembre de 2025 hasta que se
haga efectivo el presente fallo de tutela como son la entrega efectiva de la
prima de servicios, pago de vacaciones proporcionales al tiempo laborado
y demás emolumentos.1

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

La parte actora sostuvo que el 6 de febrero de 2025 fue nombrada en el cargo
de oficial mayor en descongestión en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Cúcuta. Dicho cargo había sido creado, mediante
el Acuerdo PCSJA25‑12258 del 24 de enero de 2025, para el periodo
comprendido entre el 3 de febrero y el 12 de diciembre de esa anualidad.

Advirtió que, el 3 de junio de 2025, se enteró que estaba en embarazo mientras
desempeñaba sus funciones en el cargo de descongestión. Por tal razón, el 15
de julio del mismo año informó su estado a la titular del Juzgado Séptimo Penal
del Circuito con función de conocimiento de Cúcuta y al área de Talento
Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cúcuta.

Puso de presente que el 21 de octubre de 2025 presentó una solicitud dirigida a
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, al Ministerio del Trabajo, al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio de Igualdad y Equidad,
en la que pidió gestionar los recursos necesarios para garantizar la continuidad
del cargo de oficial mayor en descongestión que desempeña en el juzgado, con
el fin de asegurar su estabilidad laboral reforzada en razón de su estado de
gestación.

Hizo referencia a que la descongestión culminaba el 12 de diciembre de 2025 y,
en consecuencia, sería desvinculada de su cargo. Añadió que la fecha probable
de parto correspondía a la primera semana de enero de 2026 y que, dado que
el empleo que ejercía constituía su única fuente de ingresos, requirió el pago de
la licencia de maternidad, así como de los demás emolumentos de carácter
laboral a los que considera tener derecho.

1.4. Sustento de la petición

1 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.

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La parte actora señaló que, al enterarse de su estado de embarazo, remitió una
solicitud a las autoridades competentes en la asignación de recursos, con el fin
de que el cargo que venía desempeñando en descongestión fuera prorrogado y,
en consecuencia, se garantizaran sus derechos fundamentales, inclusive
durante el periodo de lactancia.

Sostuvo que las respuestas fueron negativas al indicarle que por tratarse de un
cargo en descongestión no contaba con estabilidad laboral reforzada y
consideró que se desconoció lo establecido por la Corte Constitucional en las
sentencias T‑312, T‑119, T‑186 y T‑052 de 2023; T‑095 de 2016; SU‑075 de
2018; T‑108 de 2020; T‑333 de 2025; T‑373 de 1998; y C‑470 de 1997, así
como lo decidido por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la acción de
tutela identificada bajo el n.° 2001‑23‑33‑000‑2016‑00037‑01.

Indicó que, debido a la terminación del cargo por la no continuidad de la
descongestión creada, es deber del empleador garantizarle el pago de las
prestaciones sociales que le brinden protección durante su estado, así como el
pago efectivo e íntegro de la licencia de maternidad.

Añadió que en las respuestas recibidas se le indicó que no contaba con
estabilidad laboral reforzada, lo que le generó zozobra ante la inminente
desvinculación.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto de 2 de diciembre de 20252 se admitió la demanda y se ordenó
notificar a la demandante y a la autoridades demandadas, Unidad de
Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura,
Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cúcuta, Ministerios del Trabajo, de Hacienda y Crédito Público,
Igualdad y Equidad y Juzgado Séptimo Penal del Circuito con función de
conocimiento de Cúcuta.

Asimismo, mediante auto de 4 de diciembre de 20253, el magistrado
sustanciador decretó la medida provisional solicitada por la accionante,
encaminada a ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cúcuta, que mantuviera la afiliación al sistema de seguridad social
en salud de la señora Vargas Tamayo ante la EPS Sanitas, hasta que se
definiera este asunto. Adicionalmente, se ordenó vincular como tercero con
interés a la EPS Sanitas, por advertir que se debate, entre otras cosas, el
reconocimiento de la licencia de maternidad de la actora, sujeto de especial de

2 Samai, índice 4 de la primera instancia constitucional. La tutela se presentó mediante escrito

del 24 de noviembre de 2024, Samai, índice 1.
3 Samai, índice 9.

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protección constitucional.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura (UDAE)

La directora de la Unidad pidió que se negaran las pretensiones de la demanda,
por considerar que la entidad no vulneró los derechos fundamentales invocados
por la accionante.

Hizo referencia a las funciones atribuidas al Consejo Superior de la Judicatura,
para lo cual citó el artículo 35 de la Ley 2430 de 2024 (Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia) que modificó el artículo 85 de la Ley Estatutaria 270
de 1996, y mencionó la sentencia T-633 de 2007 de la Corte Constitucional

Argumentó que, en el marco de su autonomía, mediante el Acuerdo PCSJA25-
12258 de 2025 adoptó una serie de medidas transitorias a nivel nacional en la
jurisdicción ordinaria, entre ellas, la creación de un cargo de oficial mayor por el
término de diez meses, sin que existieran medidas presupuestales establecidas
para ordenar su prórroga.

Resaltó que las medidas tienen carácter transitorio y que la accionante conocía
desde la posesión que se trataba de un cargo de descongestión, por lo que su
desvinculación se dio por superarse el límite temporal dispuesto para el cargo
que venía desempeñando, por lo que, tuvo como fundamento una causa
objetiva, general y legítima, sin que fuera procedente ordenar su continuidad.

Concluyó que no vulneró ningún derecho fundamental, pues la vinculación y
desvinculación de la accionante se debió a un criterio objetivo que se justificó
en la vigencia de las medidas de descongestión adoptadas en el Acuerdo
PCSJA25-12258 de 2025, razón por la cual, solicitó negar la presente acción.

1.6.2. Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta

Esta seccional solicitó la desvinculación del trámite constitucional, al considerar
que la terminación del vínculo obedeció exclusivamente al vencimiento del
término del cargo fijado en el acto administrativo, y no a una actuación
arbitraria.

Solicitó que se desestimara la medida provisional, porque la entidad carecía de
competencia para garantizar la afiliación al sistema de seguridad social una vez
finalizara el nombramiento transitorio, así como para prorrogar cargos creados
por el Consejo Superior de la Judicatura.

Recordó que de conformidad con la Ley 270 de 1996 son las autoridades
nominadoras en la Rama Judicial y para el caso de los empleados judiciales, la
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autoridad nominadora es el respectivo juez, de acuerdo con el numeral 8 de
dicha preceptiva.

Adujo que conforme a lo dispuesto por dicha normativa la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial carece de competencia legal y
presupuestal para prorrogar cargos transitorios o asegurar su continuidad.

Indicó que lo pretendido por la demandante mediante la acción de tutela resulta
improcedente, dado que no es viable que por dicho mecanismo se ordene la
expedición de un acto administrativo que garantice la continuidad en el cargo
que venía desempeñando, ni la reubicación en otro de igual o superior jerarquía
sin desmejorar sus condiciones laborales.

Precisó que los cargos de descongestión son creados para atender situaciones
coyunturales y se extinguen automáticamente al vencimiento del término
señalado en el acto administrativo que los crea, razón por la cual la
jurisprudencia ha reconocido que no generan estabilidad laboral reforzada,
puesto que ello afectaría la planeación presupuestal.

Por último, señaló que el dio cumplimiento a la orden emitida en el auto que
decretó la medida cautelar y, en consecuencia, remitió el asunto a la
Coordinación del Área de Talento Humano para que adelantara los trámites
administrativos correspondientes.

1.6.3. Juzgado Séptimo Penal del Circuito con función de conocimiento de
Cúcuta

Esta autoridad judicial indicó que, mediante Acuerdo PCSJA25-12258 de 24 de
enero de 2025, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, se crearon
cargos transitorios en algunos tribunales, juzgados y dependencias de apoyo a
nivel nacional entre el 3 de febrero y el 12 de diciembre de 2025,
correspondiéndole a ese juzgado un oficial mayor o sustanciador.

Indicó que la accionante fue nombrada en el cargo de oficial mayor por medio
de la Resolución 003 de 6 de febrero de 2025, a partir de esa fecha y hasta el
12 de diciembre de 2025.

Sostuvo que la demandante dio a conocer su estado de embarazo, por correo
electrónico el 15 de julio de 2025, cuando se encontraba vinculada al despacho
y aseguró que carece de competencia para ordenar la creación, prórroga o
reubicación de cargos transitorios o de descongestión.

Puso de presente que la accionante tiene derecho a que se le garantice el
acceso al sistema de seguridad social en salud y al reconocimiento de la
licencia de maternidad, sin que pueda extenderse la estabilidad laboral
reforzada, por tratarse de un cargo de descongestión.

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Reiteró que carece de competencia para acceder a lo solicitado en la presente
acción constitucional y precisó que no se encuentra vulnerando derechos
fundamentales de la accionante.

1.6.4. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Esta entidad solicitó su desvinculación de este trámite, pues carece de
competencia para atender las pretensiones de la demanda.

Resaltó que en virtud de lo establecido en los artículos 99 y 103 de la Ley 270
de 1996, modificada por la Ley 2430 de 2024, la ordenación del gasto y la
función pagadora se encuentran desconcentradas.

Expresó que la definición de situaciones administrativas recae en la autoridad
nominadora, por lo que en el acto administrativo de nombramiento se especifica
el cargo a proveer y su modalidad, por lo que para el caso de la accionante está
limitada al período de creación por tratarse de una descongestión.

1.6.5. Ministerio de la Igualdad y Equidad

Indicó que la accionante presentó una solicitud que fue atendida por medio del
oficio SE-2025-00018571 de 31 de octubre de 2025 y fue enviada al correo
electrónico informado, por lo que consideró que se configuró la carencia actual
de objeto por hecho superado.

Mencionó que carece de competencia para intervenir en las funciones
administrativas y presupuestales de la Rama Judicial, las cuales recaen en el
Consejo Superior de la Judicatura y, por tanto, al no ser la responsable en
atender las súplicas de la demanda pidió declarar la falta de legitimación en la
causa por pasiva.

1.6.6. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Solicitó la desvinculación de este trámite, al considerar que carece de
legitimación en la causa por pasiva, por la falta de competencia para prorrogar
cargos, crear plazas, asignar recursos adicionales y adoptar decisiones
relacionadas con la estabilidad laboral reforzada de la Rama Judicial.

Recordó que, conforme a la Constitución Política, la Ley 489 de 1998, la Ley
Estatutaria 270 de 1996 y el Decreto 4712 de 2008, sus funciones se limitan a
la dirección de la política económica y fiscal, así como a la administración y
seguimiento del Presupuesto General de la Nación, sin facultad para ordenar
gasto o intervenir en decisiones internas de otras entidades

Explicó que las necesidades de personal de la Rama Judicial deben gestionarse
dentro de los límites presupuestales aprobados y conforme a las competencias
del Consejo Superior de la Judicatura, por lo que las pretensiones de la
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accionante no pueden ser satisfechas por esta entidad.

1.6.7. EPS Sanitas

Esta entidad promotora de salud indicó que la actora se encuentra afiliada
desde el 13 de octubre de 2019, como cotizante. Además, solicitó su
desvinculación del trámite, bajo el argumento de que carece de legitimación en
la causa por pasiva para atender las pretensiones formuladas, las cuales, a su
juicio, están dirigidas a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cúcuta.

En relación con la situación de la accionante, informó que esta se encuentra
afiliada como cotizante activa y que no registra incapacidades pendientes,
reportes de accidentes laborales, órdenes médicas vigentes ni PQR radicadas o
con orden de pago en trámite.

Precisó que la EPS no tiene competencia para decidir sobre continuidad laboral,
prestaciones sociales o reubicaciones, toda vez que su función se limita
exclusivamente a la prestación del servicio de salud, el cual no ha sido negado
ni vulnerado en ningún momento.

Sostuvo que es una entidad que brinda servicios de salud y no tiene inherencia
en temas como pagos de prestaciones sociales, continuidad con el contrato
laboral por tal razón señaló que la entidad que debe pronunciarse al respecto es
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta.

1.6.8. Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander

Solicitó la desvinculación del trámite constitucional, tras señalar que no se ha
vulnerado ningún derecho fundamental a la accionante. Narró que el cargo
desempeñado por la actora es de naturaleza transitoria, es decir, temporal y
excepcional, razón por la cual no genera estabilidad laboral reforzada y se
extingue automáticamente una vez vence el plazo de creación establecido en el
acto administrativo.

Agregó que las pretensiones formuladas por la accionante exceden la órbita de
competencia de la Seccional de Norte de Santander, pues esta no actúa como
ordenador del gasto para la creación de cargos ni tiene facultad para disponer
reubicaciones laborales.

1.6.9. Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura

Solicitó la desvinculación de la acción de tutela, porque carece de legitimación
en la causa por pasiva. En ese sentido, indicó que conforme a lo previsto en el
artículo 131 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, es la autoridad nominadora
quien debe adoptar las decisiones relacionadas con la estabilidad laboral
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reforzada.

Sostuvo que las condiciones de vinculación de la accionante eran conocidas
desde el momento del nombramiento por tratarse de una vacante temporal, la
cual no genera estabilidad laboral reforzada ni expectativa de permanencia.

1.6.10. Ministerio del Trabajo

A pesar de haber sido debidamente notificado en este trámite, guardó silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 29 de enero de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado resolvió:

Primero.- Negar las solicitudes de desvinculación presentadas por la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la EPS Sanitas, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Norte de Santander y la Unidad de Administración de la Carrera Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura.

Segundo.- Desvincular del presente trámite al Ministerio de la Igualdad y
Equidad y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Tercero.- Amparar los derechos fundamentales a la dignidad humana, al mínimo
vital, a la salud y a la estabilidad laboral reforzada de la señora Brigith Alejandra
Vargas Tamayo, quien actúa en nombre propio, de conformidad con lo expuesto
en la parte considerativa de esta providencia.

Cuarto.- Ordenar (i) a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cúcuta que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación de esta decisión, en caso de que no se hubiera realizado, que
adelante las gestiones necesarias para reconocerle a la accionante, de manera
ininterrumpida, el pago de los aportes al sistema de salud correspondientes,
durante el tiempo de gestación y hasta que adquiera el derecho de gozar a la
licencia de maternidad, con el fin de que se le garanticen los servicios de salud
que requiera y, a (ii) la EPS Sanitas, por intermedio de su representante legal o
quien haga sus veces, proceda a liquidar y pagar la licencia de maternidad
concedida a la señora Brigith Alejandra Vargas Tamayo desde el 3 de enero
hasta el 8 de mayo de 2026, sin la imposición de barreras u obstáculos
administrativo de ninguna índole, de conformidad con las consideraciones
expuestas en esta decisión.

Quinto.- Levantar la medida provisional decretada por auto de 4 de diciembre de
2025.

Para resolver, el a quo hizo referencia a la protección laboral reforzada para
mujeres en estado de embarazo o en período de lactancia que ocupan cargos
en provisionalidad.

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Precisó que en reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional4 se ha
señalado que el fin de la salvaguarda de la mujer embarazada o lactante es
impedir la discriminación que por ese estado pueda sufrir, específicamente la
terminación o la no renovación del contrato.

Expuso que mediante sentencia SU-075 de 2018, la Corte Constitucional
mantuvo el precedente establecido en la sentencia SU-070 de 2013, en relación
con la estabilidad laboral reforzada para mujeres en estado de embarazo y las
reglas en función de la modalidad del vínculo laboral o contractual.
Específicamente, respecto de la trabajadora que ocupaba en provisionalidad un
cargo de carrera, indicó estas reglas:

(i) Si el cargo sale a concurso, el último cargo a proveerse por quienes lo hayan
ganado deberá ser el de la mujer embarazada. Lo anterior, teniendo en cuenta
que el cargo a ser proveído y la plaza en la que se desempeñará quien ganó el
concurso, debe ser el mismo para el que aplicó. Cuando deba proveerse el cargo
de la mujer embarazada o lactante por quién ganó el concurso de méritos, se
deberá pagar a la mujer embarazada la protección consistente en el pago de
prestaciones que garanticen la licencia de maternidad;

(ii) Si hubo supresión del cargo o liquidación de la entidad, se le debe garantizar
a la trabajadora en provisionalidad, la permanencia en el cargo hasta que se
configure la licencia de maternidad o de ser ello imposible, el pago de salarios
y prestaciones, hasta que la trabajadora adquiera el derecho a gozar de la
licencia. (resaltado fuera de texto).

Precisó que la sentencia SU-075 de 2018 únicamente modificó la regla
jurisprudencial fijada en la sentencia SU-070 de 2013 relativa a los supuestos
en los que el empleador no tenía conocimiento del embarazo de la trabajadora
al momento del despido. Señaló que la regla imponía a los empleadores que
desvincularan a una trabajadora, por cualquier causa, sin conocer su estado de
embarazo, que pagaran las cotizaciones al Sistema General en Salud hasta el
momento del parto y, en algunos casos, hasta la licencia de maternidad.

No obstante, manifestó que para la Corte Constitucional dicha regla era
contraria a los valores objetivos, principios y derechos en los que se funda el
ordenamiento jurídico, porque fijaba una carga desproporcionada para el
empleador, por lo que la nueva regla en esos casos es que no se deben
sufragar las cotizaciones requeridas para que la empleada tenga derecho a
acceder a la licencia de maternidad.

Expuso que en el caso bajo examen, se encontraba demostrado que mediante
Acuerdo PCSJA25‑12258 de 24 de enero de 2025, el Consejo Superior de la
Judicatura creó, entre otros, el cargo de oficial mayor en descongestión en el
Juzgado Séptimo Penal del Circuito con función de conocimiento de Cúcuta, por
el periodo comprendido entre el 3 de febrero y el 12 de diciembre de 2025 y que

4 Sentencias SU-070 de 2013, T-353 de 2016, SU-077 de 2018.

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el 6 de febrero de 2025, la titular del referido despacho judicial nombró a la
accionante en el cargo de oficial mayor por el término para el que fue creado.

Resaltó que se demostró que el 21 de octubre de 2025, la demandante elevó
una solicitud en ejercicio del derecho de petición ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cúcuta, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y el Ministerio de Igualdad y Equidad, en la que pidió gestionar los
recursos necesarios para garantizar la continuidad del cargo de oficial mayor en
descongestión que desempeñaba en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con
función de conocimiento de Cúcuta, con el fin de asegurar su estabilidad laboral
reforzada en razón de su estado de gestación.

Narró que como consecuencia de esas solicitudes le fueron otorgadas diversas
respuestas a la accionante en las cuales se le puso de presente lo siguiente:

i) los recursos presupuestales destinados para la continuidad de cargos
transitorios son exclusivos del Consejo Superior de la Judicatura;
ii) lo concerniente a la estabilidad laboral reforzada recae en el nominador;
iii) los cargos transitorios no son objeto de estabilidad laboral reforzada porque su
naturaleza es temporal y excepcional, lo que significaba que la vinculación
finaliza de forma automática al cumplir el plazo establecido en el acto
administrativo de creación, lo que prevalece sobre otras garantías como la
estabilidad laboral reforzada, y la desvinculación no se basa en la situación de
vulnerabilidad del empleado, sino en el cumplimiento del término de duración del
cargo.

Resaltó que, encontrándose el asunto al despacho para proferir sentencia de
primera instancia, la accionante allegó un escrito en el que puso de presente
que, mediante Acuerdo PCSJA25-12376 del 30 de diciembre de 2025, se creó
nuevamente el cargo de oficial mayor que venía desempeñando en
descongestión en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con función de
conocimiento de Cúcuta, para el periodo comprendido entre el 13 de enero y el
11 de diciembre de 2026.

Precisó que adicionalmente, la tutelante informó que el 3 de enero del presente
año le fue practicada una cesárea, por lo cual le fue otorgada la licencia de
maternidad desde esa fecha y hasta el 8 de mayo de 2026. Debido a esto, el 8
de enero de la presente anualidad solicitó al área de Talento Humano de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Cúcuta el reconocimiento de la referida
licencia, por lo que reiteró las pretensiones de esta acción de tutela y solicitó
que se ordenara su reintegro al cargo que venía desempeñando, así como el
reconocimiento de la licencia de maternidad por parte de la autoridad
competente.

Puntualizó que era evidente que la demandante se encontraba en estado de
embarazo para el momento de la terminación de la descongestión en el cargo
de oficial mayor que ocupaba y al momento en que acudió a este mecanismo
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constitucional, sumado a que actualmente tiene un hijo recién nacido, por lo que
el presupuesto de la subsidiariedad se encuentra superado, pues la
intervención solicitada tiene el carácter de urgente e impostergable.

Determinó que de las pruebas allegadas observó que la accionante quedó en
estado embarazo cuando se encontraba desempeñando el cargo de oficial
mayor creado en descongestión en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con
función de conocimiento de Cúcuta hasta el 12 de diciembre de 2025, por lo
que una vez feneció el límite temporal para el cual había sido creado, la relación
laboral concluyó, esto es, desde el primer momento la demandante tenía
certidumbre del término de duración del nombramiento en descongestión del
cargo que fue creado por el Consejo Superior de la Judicatura.

Concluyó que el cargo que ocupaba la demandante fue provisto por una medida
de descongestión y que el mismo tenía una fecha límite, por lo que no resultaba
viable ordenar el reintegro o renovación del contrato, pues la accionante
conocía y tenía la certeza de que había sido nombrada por un lapso específico,
sin que esto obedeciera a un trato discriminatorio como consecuencia del
estado de gravidez.

Destacó que la actora gozaba de estabilidad laboral reforzada, lo que implicaba
que al prever la culminación del periodo para el cual había sido creado el cargo,
era menester, en razón del estado de embarazo, adoptar medidas sustitutivas
que permitieran la protección de sus derechos fundamentales y los del niño que
estaba por nacer.

Por lo tanto, consideró que resultaba procedente ordenar el reconocimiento de
los aportes al Sistema de Salud correspondientes, con el fin de garantizar el
pago de la licencia de maternidad y asegurar que tanto la demandante como su
hijo pudieran acceder a los servicios de salud requeridos, por lo que era del
caso ordenar el pago de la seguridad social en salud, hasta el momento en que
la trabajadora adquiera el derecho a disfrutar de la licencia. Situación que según
las pruebas obrantes en el expediente ocurrió el 3 de enero de 2026, fecha del
nacimiento de su hijo.

Puso de presente que la licencia de maternidad cobija a personas vinculadas
mediante contrato de trabajo y a todas aquellas madres trabajadoras
dependientes e independientes que, con motivo del nacimiento, interrumpen
sus actividades productivas, siempre que cumplan con los requisitos legales
para su reconocimiento. En esa medida, indicó que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cúcuta afirmó realizar los pagos a la
seguridad en salud en virtud de la medida provisional dispuesta por auto de 4
de diciembre de 2025, por estar la tutelante en licencia de maternidad.

Por lo anterior, la accionante tendría derecho a que la EPS Sanitas le realizara
la liquidación y el pago de la prestación económica concedida, sin imponerle
obstáculos o barreras para el reconocimiento de la misma, o trasladar a la
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accionante cargas administrativas que no le corresponde asumir. Además,
aclaró que esto no implicaba el reconocimiento de los salarios dejados de
percibir desde la fecha de terminación de la relación laboral, pues como se vio
la desvinculación se dio por una razón objetiva, general y legítima concerniente
a la finalización del término para el cual fue creado el cargo que ocupaba en
descongestión.

Frente al reconocimiento de las prestaciones sociales resaltó que durante el
periodo de lactancia no resultaba procedente en este caso particular y concreto,
debido a que la Corte Constitucional estableció unas medidas de protección del
fuero de maternidad para los casos en los que la terminación laboral culminaba
estando la mujer en periodo de gestación.

En relación con ordenar el reintegro al cargo de oficial mayor creado en
descongestión en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con función de
conocimiento de Cúcuta, mediante el Acuerdo PCSJA25-12376 del 30 de
diciembre de 2025, advirtió que, no resulta procedente. En primer lugar, porque
dicha medida administrativa fue adoptada con posterioridad a la presentación
de la acción de tutela. En segundo término, porque el periodo para el cual fue
creado el referido cargo, 13 de enero al 11 de diciembre de 2026, inició cuando
la actora se encontraba en licencia de maternidad. A lo que se agrega, que la
decisión sobre la provisión de ese cargo escapa a la órbita del juez
constitucional, toda vez que dicha competencia corresponde exclusivamente al
nominador.

Subrayó que en relación con lo manifestado por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cúcuta sobre la inexistencia de una
vinculación laboral vigente que soporte los pagos a seguridad social en salud
ordenados en la decisión por la cual se accedió a la medida provisional, precisó
que la accionante era un sujeto de especial protección constitucional que se
encontraba en estado de embarazo al momento en que se configuró la
desvinculación laboral y que se había comunicado tal situación a la autoridad
administrativa para que se adoptaran las medidas correspondientes, razón por
la que no fue de recibo ese alegato.

Especificó que la autoridad administrativa afirmó haber realizado los pagos a la
seguridad social en salud en atención a la medida provisional impartida en el
auto del 4 de diciembre de 2025. No obstante, observó que no se acreditó dicha
actuación, pues no se anexaron los comprobantes de pago correspondientes,
por lo que la medida de protección provisional tendría carácter definitivo. En
consecuencia, decidió amparar los derechos fundamentales a la dignidad
humana, al mínimo vital, a la salud y a la estabilidad laboral reforzada de la
actora y decidió ordenarle a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cúcuta que, en caso de no haberlo hecho, adelantara las gestiones
necesarias para garantizar a la accionante el pago ininterrumpido de los aportes
al sistema de salud durante el periodo de gestación y hasta el reconocimiento
del derecho a la licencia de maternidad, con el fin de asegurar la prestación
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continua de los servicios de salud.

Asimismo, dadas las especiales circunstancias de la señora Vargas Tamayo,
relativas al no pago de su licencia maternidad, se ordenó a la EPS Sanitas,
proceder de inmediato a efectuar la liquidación y el pago de la licencia de
maternidad concedida a la accionante desde el 3 de enero hasta el 8 de mayo
de 2026, sin la imposición de barreras u obstáculos administrativos.

1.8. Impugnación

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta (Norte de
Santander) mediante escrito recibido el 23 de febrero5 de esta anualidad
impugnó el fallo de primera instancia, el cual se notificó vía electrónica el 19 del
mismo mes y año6.

Recordó que, realizó una solicitud el 5 de febrero de esta vigencia7 que
buscaba aclarar, corregir o adicionar el numeral cuarto del fallo de tutela de
primera instancia, teniendo en cuenta que la orden fue que la EPS Sanitas
debía liquidar y pagar la licencia de maternidad, pero no dejó de manera
expresa que dicho pago debía hacerse directamente a la accionante, y no a la
Dirección Seccional.

Manifestó que esa precisión era necesaria para evitar exactamente la situación
que hoy enfrenta la entidad, pues, la EPS Sanitas acostumbra a consignar los
valores de licencias, incapacidades y prestaciones económicas al Tesoro
Nacional a nombre de la Rama Judicial, incluso en aquellos eventos en los que,
como en este caso: i) no existe vínculo laboral vigente con la señora Brigith
Alejandra Vargas Tamayo; ii) la desvinculación obedeció a la causa objetiva y
legítima del vencimiento del cargo en descongestión; iii) la EPS, por mandato
legal, es la única responsable del pago directo de la licencia de maternidad.

Reiteró que la solicitud, pretendía que el despacho dejara explícito que la
obligación de pago es exclusiva de la EPS, sin intervención de esta Dirección
Seccional, evitándose así confusiones operativas y presupuestales.

Señaló que, en la práctica Sanitas mantiene un patrón reiterado de realizar
consignaciones al Tesoro Nacional, por lo que no se puede materializar debido
a la ausencia de vínculo laboral y lo que genera un impacto administrativo que
afecta la eficacia del derecho fundamental de la accionante, por lo que para
ilustrar esta situación, expuso un informe de cómo es el procedimiento y la
complejidad del mismo cuando una EPS gira los recursos derivados de
incapacidades o auxilios económicos al Tesoro Nacional y no lo hace

5 Samai, índice 46 de la primera instancia constitucional.
6 Samai, índice 45 de la primera instancia constitucional.
7 Samai, índice 39 de la primera instancia constitucional. Informe de cumplimiento y Solicitud de

Aclaración, Corrección y/o Adición del Fallo de Tutela de Fecha 29-01-2026.

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directamente al afiliado. Así, este procedimiento evidencia que cuando la EPS
elude su obligación de pago directo, se genera un trámite innecesario que
genera un traumatismo administrativo adicional y dilata el acceso efectivo de la
accionante a la prestación, en contravía del mandato constitucional de
protección reforzada a la maternidad.

Insistió en que trasladar obligaciones a la Rama Judicial genera una carga no
prevista, pues como lo ha dicho en reiteradas oportunidades la accionante
actualmente no ostenta un vínculo laboral con la entidad, según lo acreditado
en el expediente y reconocido en la misma sentencia.

Advirtió que el juez de segunda instancia debe estudiar la parte resolutiva de la
sentencia, por cuanto no estableció de manera expresa que el pago debía
hacerse directamente a la beneficiaria, y la interpretación de la orden podría dar
lugar a una indebida imputación a la dirección seccional de obligaciones que no
le corresponden.

Posteriormente, esto es, el 7 de abril de 2026, esta dirección remitió oficio por
medio del cual advirtió que había dado cumplimiento al fallo de tutela proferido
por la Sección Cuarta de esta corporación, el 29 de enero de 2026.

Allegó como pruebas las siguientes resoluciones:

Resolución DESAJCUR26-1558 del 11 de febrero de 2026, «Por la cual se
ordena el pago de dineros consignados a la Rama Judicial por concepto de
auxilio económico a un servidor judicial».

Resolución DESAJCUR26-1702 del 25 de febrero de 2026, «Por la cual se
ordena el pago de dineros consignados a la Rama Judicial por concepto de
auxilio económico a un servidor judicial».

Orden de pago por concepto de auxilio económico por valor de $30.631.659.

Orden de pago por concepto de auxilio económico por valor de $1.563.248.

Adicionalmente, informó que entendía debidamente surtido el trámite de pago
del auxilio económico reconocido por la EPS Sanitas a favor de la tutelante, y
resaltó que la entidad promotora de salud giró los dineros correspondientes de
la licencia de maternidad a la Dirección Ejecutiva, a pesar de que actualmente
no existe relación laboral con la accionante, por lo que trasladó de esta manera
su obligación a esta entidad.

Enfatizó que dicha situación entorpeció el trámite del auxilio económico, porque
como lo explicó en el escrito presentado el 20 de febrero del presente año, el
procedimiento interno para efectuar el pago de esos recursos implicaba un
término más extenso en comparación con el pago directo que habría podido
realizar la EPS a la señora Vargas Tamayo.
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No obstante, indicó que esa Dirección Seccional procedió a efectuar la
devolución de los dineros, mediante la expedición de los respectivos actos
administrativos, dando así cumplimiento a las órdenes impartidas en el fallo de
tutela de primera instancia.

Concluyó que dio cumplimiento a la orden judicial impartida, razón por la cual
no persiste la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la
accionante, así que solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia en atención a lo consagrado por el Decreto 2591
de 19918, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la
Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia, en lo
que tiene que ver con el encargado del pago de la licencia de maternidad a la
parte actora.

2.3. Estabilidad Laboral Reforzada

La maternidad gozará de la protección especial del Estado 9. En la Ley 2141 de
202110 se establece que ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo
de embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo que
avale una justa causa. Además, dicha norma contempló que se presume el
despido efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando este haya
tenido lugar dentro del período de embarazo y/o dentro de las dieciocho
semanas posteriores al parto.

La Corte Constitucional de Colombia en sentencia SU-070 de 2013 precisó lo
siguiente:

8 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política
9 Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 235 A. Protección a la maternidad.
10 Por medio de la cual se modifican los artículos 239 y 240 del CST, con el fin de establecer el

fuero de paternidad.

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5.3.2 Alcance de la protección reforzada a la maternidad y la lactancia en
el ámbito del trabajo

46. Para efectos de claridad en la consulta de los criterios, se listarán a
continuación las reglas jurisprudenciales resultantes del análisis precedente:

• Procede la protección reforzada derivada de la maternidad, luego la
adopción de medidas protectoras en caso de cesación de la alternativa
laboral, cuando se demuestre, sin alguna otra exigencia adicional: a) la
existencia de una relación laboral o de prestación y, b) que la mujer se
encuentre en estado de embarazo o dentro de los tres meses siguiente al
parto, en vigencia de dicha relación laboral o de prestación. De igual manera
el alcance de la protección se determinará según la modalidad de contrato y
según si el empleador (o contratista) conocía o no del estado de embarazo
de la empleada al momento de la desvinculación.

En tales casos se presume que la falta de renovación del vínculo se dio en
razón de su condición11.

En caso de despido dicha ley, estableció que se presumirá que fue motivo de
despido del embarazo o de la lactancia, cuando este haya tenido lugar dentro
de las dieciocho semanas posteriores al parto.

Por lo que, en términos generales el empleador debe mantener el vínculo
laboral de la trabajadora en las dieciocho semanas posteriores al parto y hasta
el sexto mes del periodo de lactancia. Así lo recordó la Corte Constitucional en
la sentencia T-119 de 2023:

La Corte Constitucional y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 12
habían precisado que, en el periodo de lactancia, esta presunción solo
aplica durante los primeros 3 meses posteriores al parto13, partiendo de la
regulación existente antes de la modificación efectuada por la Ley 2141 de
2021, de modo que actualmente la presunción se extiende hasta las 18
semanas posteriores al parto. Sin embargo, han indicado que, pese a que
en el periodo de lactancia que va del tercer al sexto mes, que actualmente
correspondería al periodo siguiente a las 18 semanas posteriores al parto y
hasta el sexto mes, de acuerdo con la regulación vigente, “no es aplicable la
presunción de despido por causa del embarazo”14, en todo caso permanece
la prohibición contra el despido en razón de la lactancia.

11 El Código Sustantivo del Trabajo, en el numeral 1 del artículo 239 establece que “Ninguna

trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin la autorización previa
del Ministerio de Trabajo que avale una justa causa.”
12 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia de 10 de mayo de 2017.

M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán. SL7363-2017. Rad. 45297; Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Laboral. Sentencia de 10 de mayo de 2017. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas.
SL4280-2017. Rad. 49165.
13
Corte Constitucional, Sentencias C-470 de 1997 y SU-070 de 2013.
14
Corte Constitucional, Sentencia SU-075 de 2018.

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A su vez, la Ley 2306 de 202315 establece:

ARTÍCULO 6o. Modifíquese el artículo 238 del Código Sustantivo del
Trabajo el cual quedará así:

Artículo 238. Descanso remunerado durante la lactancia.

1. El empleador está en la obligación de conceder a la trabajadora dos (2)
descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jornada para
amamantar a su hijo, sin descuento alguno en el salario por dicho concepto,
durante los primeros seis (6) meses de edad; y una vez cumplido este
periodo, un (1) descanso de treinta (30) minutos en los mismos términos
hasta los dos (2) años de edad del menor; siempre y cuando se mantenga y
manifieste una adecuada lactancia materna continua.
[…].

Al respecto, debe recordarse que el «fuero de maternidad» está compuesto
principalmente por tres garantías: i) la prohibición general de despido por
motivos de embarazo y lactancia; ii) la prohibición específica de despido
durante la licencia de maternidad preparto y postparto; y iii) la presunción de
despido discriminatorio. El derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer
embarazada es aplicable a todas las trabajadoras sin importar la relación
laboral que se tenga o la modalidad del contrato.

En lo particular, se precisa que en la sentencia T-141 de 2008, la Corte
Constitucional señaló que la procedencia excepcional de la acción de tutela se
determinaba por las siguientes subreglas:

[…] si una mujer en estado de embarazo es despedida, la Corte ha señalado
que a fin de proteger el derecho constitucional a la estabilidad laboral
reforzada, la acción de tutela procede siempre y cuando se encuentren
acreditados los siguientes requisitos16:

“a) que el despido se ocasione durante el período amparado por el "fuero de
maternidad", esto es, que se produce en la época del embarazo o dentro de los
tres meses siguientes al parto (artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo).

“ b) que a la fecha del despido el empleador conocía o debía conocer la existencia
del estado de gravidez, pues la trabajadora notificó su estado oportunamente y en
las condiciones que establece la ley.

15 Por medio de la cual se promueve la protección de la maternidad y la primera infancia, se

crean incentivos y normas para la construcción de áreas que permitan la lactancia materna en
el espacio público y se dictan otras disposiciones.
16 Acerca de estos requisitos pueden consultarse las Sentencias T-373/98, T-426/98, T-874/99;

requisitos que han sido aplicados por la jurisprudencia de la Corte en las recientes Sentencias:
T-002, T-014, T-053, T-063, T-070, T-381 , T-619 y T- 1040 de 2006 y las T-056, T-069, T-071,
T-195, T-221, T-465, T-546, T-561 y T-761/07 de 2007.

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“c) que el despido sea una consecuencia del embarazo, por ende que el despido
no está directamente relacionado con una causal objetiva y relevante que lo
justifique.

“d) que no medie autorización expresa del inspector del trabajo si se trata de
trabajadora oficial o privada, o resolución motivada del jefe del respectivo
organismo si se trata de empleada pública.

“e) Que el despido amenace el mínimo vital de la actora o del niño que está por
nacer.”

En el precitado pronunciamiento, el alto tribunal constitucional concluyó:

Por lo expuesto, para esta Sala de Revisión, no queda duda que en el caso
objeto de estudio, se encuentran demostrados los requisitos exigidos por la
jurisprudencia de la Corporación para la procedencia de la acción de tutela
con la finalidad de amparar el derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

La conducta de los empleadores al desvincular laboralmente a mujeres
protegidas por el fuero de maternidad, conduce a que las mismas se
encuentren en estado de indefensión, puesto que, al quedar sin empleo se
afecta su subsistencia y la de su hijo por nacer, lo cual genera conflictos que
la sitúan en un total estado de desprotección. Al presentarse tal situación, su
dilema trasciende de la órbita meramente legal, a la constitucional, dando
cabida a la intervención del juez de tutela para proteger el derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada de las mujeres en estado de
embarazo […].

Por lo anterior, es necesario proteger los derechos a la vida en condiciones
dignas, al trabajo, a la condición especial de la mujer embarazada y el
mínimo vital de la accionante y de su hijo, dado que no se demostró una
causa objetiva que permitiese la desvinculación de… así como tampoco se
realizó el respectivo procedimiento para la desvinculación de una mujer
embarazada.

Por tales razones y como ya se expuso anteriormente, opera la presunción
de despido por discriminación en razón del embarazo. Como consecuencia
del incumplimiento de los requisitos citados, se impone la ineficacia de la
desvinculación de la demandante y el correspondiente reintegro al cargo que
venía desempeñando o a uno de igual o superior jerarquía.

2.4. Trámite de reconocimiento de licencias de maternidad

El Decreto Ley 019 de 2012, que suprimió y reformó regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
dispuso lo siguiente:

ARTÍCULO 121. TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO DE INCAPACIDADES Y
LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD. El trámite para el
reconocimiento de incapacidades por enfermedad general y licencias de
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maternidad o paternidad a cargo del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, deberá ser adelantado, de manera directa, por el empleador ante las
entidades promotoras de salud, EPS. En consecuencia, en ningún caso puede
ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención de dicho reconocimiento.
[Resaltado fuera de texto].
Para efectos laborales, será obligación de los afiliados informar al empleador
sobre la expedición de una incapacidad o licencia.

De acuerdo a la norma transcrita es obligación de los afiliados informar al
empleador sobre la expedición de una incapacidad o licencia, en forma
oportuna, con el fin de que esta adopte las determinaciones pertinentes que se
generen, así como aportar la documentación con que cuente.

Ahora bien, según lo ha desarrollado la Corte Constitucional17 la licencia de
maternidad es una prestación económica reconocida en el ordenamiento
jurídico colombiano como mecanismo de protección a madres e hijos que se
ampara en los principios constitucionales de solidaridad e igualdad. Esta
licencia se basa en dos fundamentos constitucionales: por un lado, la garantía
de los derechos de las mujeres y la maternidad, y, por otro lado, la protección
de las personas recién nacidas y de la familia.

Asimismo, esta prestación reafirma la especial asistencia y protección durante
el embarazo y después del parto para las mujeres y es una figura que permite
reconciliar el rol productivo, reproductivo y de cuidado de la mujer, mientras se
transita un periodo destinado a la recuperación física y emocional tras el
nacimiento del menor.

2.5. Caso concreto

La señora Brigith Alejandra Vargas Tamayo, en ejercicio de la acción de tutela,
actuando en nombre propio, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, trabajo en condiciones dignas
y justas, a la familia, a la igualdad y los «principios mínimos del trabajo»,
protección especial a la mujer durante el embarazo y después del parto,
prevalencia de los derechos del menor, estabilidad laboral y aplicación de
tratados internacionales de derechos humanos y a la seguridad social.

Estimó vulneradas dichas garantías por la Rama Judicial, el Consejo Superior
de la Judicatura, la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAE) del
Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Norte de Santander, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, los
Ministerios del Trabajo, de Hacienda y Crédito Público, Igualdad y Equidad y el
Juzgado Séptimo Penal del Circuito con función de conocimiento de Cúcuta.

17 Corte Constitucional, Sentencia T-225 de 2024, expedientes AC T-9.751.164 y T-9.751.853.

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Demandante: Brigith Alejandra Vargas Tamayo
Demandados: Rama Judicial y otros
Rad: 11001-03-15-000-2025-07426-01

En este caso, la demandante cuestionó la falta de protección de su estabilidad
laboral reforzada por su licencia de maternidad y lactancia como empleada del
Juzgado Séptimo Penal del Circuito con función de conocimiento de Cúcuta, en
el que fue nombrada como oficial mayor en descongestión, el 6 de febrero de
2025, con fundamento en el Acuerdo PCSJA25‑12258 de 24 de enero de 2025,
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura por el periodo comprendido
entre el 3 de febrero y el 12 de diciembre de 2025.

También, reprochó que la vulneración se presentaba debido a la falta de
adopción de medidas administrativas que garantizaran su continuidad en el
cargo, así como el pago de la licencia de maternidad y demás emolumentos
laborales, extensivos hasta el periodo de lactancia, teniendo en cuenta que se
encontraba en embarazo, al momento en que se cumplió el plazo de creación
del cargo referenciado.

De acuerdo con lo anterior, el a quo accedió al amparo solicitado por la
accionante, en el sentido de ordenar: i) a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta adelantar las gestiones necesarias para
reconocerle a la accionante, de manera ininterrumpida, el pago de los aportes al
sistema de salud correspondientes, durante el tiempo de gestación y hasta que
adquiera el derecho de gozar a la licencia de maternidad, con el fin de que se le
garanticen los servicios de salud que requiera y, a ii) a la EPS Sanitas, liquidar y
pagar la licencia de maternidad concedida a la señora Brigith Alejandra Vargas
Tamayo desde el 3 de enero hasta el 8 de mayo de 2026, sin la imposición de
barreras u obstáculos administrativos de ninguna índole.

Inconforme con el segundo punto de la orden anterior, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cúcuta (Norte de Santander) la
impugnó asegurando que allí no se determinó de manera expresa que el pago
de la licencia de maternidad debía hacerse por la EPS Sanitas, directamente a
la tutelante y no a la Dirección Seccional, para evitar «confusiones operativas y
presupuestales».

Recalcó que, en la práctica, dicha promotora de salud realiza la transferencia de
los recursos al Tesoro Nacional y traslada a la Rama Judicial trámites que no le
corresponden, como finalmente ocurrió en este caso, lo que genera un impacto
administrativo que afecta los derechos fundamentales de la beneficiaria del
auxilio económico.

Con todo, mediante memorial del 7 de abril de 2026, informó que ya había
procedido al pago de la licencia de maternidad a la señora Vargas Tamayo y
adjuntó los soportes respectivos, con el fin de que se declare la carencia actual
de objeto por hecho superado.

Sin embargo, para esta sala, la decisión del a quo fue acertada al señalar que la
actora gozaba de estabilidad laboral reforzada en razón de su embarazo y que,
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Demandados: Rama Judicial y otros
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al culminar el periodo para el cual había sido creado el cargo que ocupaba, era
menester adoptar las medidas sustitutivas que permitieran la protección de sus
derechos fundamentales y los del niño que estaba por nacer.

En tal sentido, sí resultaba procedente ordenar el reconocimiento de los aportes
al Sistema de Salud así como el pago de la licencia de maternidad, por
encontrarse dentro de los supuestos requeridos para tal efecto.

Ahora bien, en este caso la inconformidad de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Cúcuta radica en que no se hubiera precisado que
la EPS Sanitas debía consignar directamente los recursos a la accionante, lo
que conllevó que el giro se realizara a la entidad, trasladándole un trámite
administrativo que no le correspondía y cuya demora y complejidad afectaba las
garantías de la accionante.

Sin embargo, al margen del argumento expuesto por la entidad impugnante,
derivado de la complejidad en el trámite posterior a dicho giro, lo cierto es que
este corresponde a un procedimiento administrativo que no puede ser alegado
como justificación para abstenerse al pago de la licencia a la señora Vargas
Tamayo.

Por lo tanto, aunque la EPS pudo haber realizado el giro directamente a la
accionante, lo cierto es que los recursos ya se encontraban en poder de la
Dirección Seccional, por lo que más allá de la complejidad del trámite, le
correspondía en este caso específico remitir tales recursos a la tutelante, como
en efecto fue ordenado por dicha entidad a través de las Resoluciones
DESAJCUR26-1558 y DESAJCUR26-1702 del 11 y 25 de febrero de 2026,
respectivamente, frente a las cuales se aportaron los comprobantes de pago
correspondientes.

De hecho, aunque la parte impugnante considera que habría lugar a declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado, en la medida en que la
vulneración de los derechos fundamentales de la actora ya no persiste, lo cierto
es que justamente ello ocurre porque la entidad procedió al cumplimiento de la
orden de primera instancia, sin la cual no se habría podido garantizar el pago de
la licencia de maternidad.

Por ende, lo que corresponde en este caso es confirmar la sentencia de primera
instancia que concedió el amparo solicitado por la señora Vargas Tamayo,
comoquiera que el pago efectuado por la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Cúcuta se realizó en cumplimiento de la sentencia impugnada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA
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PRIMERO: Confirmar la sentencia del 29 de enero de 2026 por la cual la
Sección Cuarta del Consejo de Estado accedió al amparo solicitado por la
parte accionante, con las precisiones realizadas en esta sentencia en cuanto
al giro de los recursos a la señora Brigith Alejandra Vargas Tamayo.

SEGUNDO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclaración de voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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