Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07449-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07449-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07449-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
20 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07449-01
Accionante: Emiro Bohórquez Correa
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta contra la sentencia proferida el 22 de
enero de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Quinta.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 24 de noviembre de 20251, Emiro Bohórquez Correa, a través de apoderado,
interpuso acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y “a la remuneración mínima, vital y móvil”, que
considera vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
debido a que, a través de la sentencia del 7 de abril de 2025, confirmó la decisión
de primera instancia del 28 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de La Guajira, que negó las pretensiones de la demanda en el marco del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 44001-23-40-000-
2019-00063-00/01.
2. Hechos
2.1. El señor Emiro Bohórquez Correa presentó demanda3 contra la Corporación
Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA), con el fin de que se declarara la
nulidad del oficio del 29 de noviembre de 2018. A título de restablecimiento del
derecho solicitó, entre otras cosas, ordenar la reliquidación de cesantías con el
régimen de retroactividad, teniendo en cuenta el último salario devengado integrado
1
Índice 3 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado A9A785005B2830E1 15873C3E093BF91B
CDB5294A593ADEC3 E1FAF5F416162859.
2
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 7DF4E23E2A0BAC23 0CF49D6DA3164C57
63C2C8340AB86F45 C2360CA3465E5756.
3
Archivo denominado “000-2019-00063-00”, “Exp 004_ED [...]”, carpeta “principal”, visible a índice 11 de SAMAI, certificado
F8BB9E02A5AAE6DB C8C301622854C8BC 076E4149414CB9CF D92D4D7CEBA0F7B1, folios 2 al 7.
2
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con todos los elementos que lo constituyen; y ii) pagar las sumas de dinero que
correspondan de forma indexada, más los respectivos intereses.
2.2. El Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio de sentencia del 28 de junio
de 2023, negó las pretensiones de la demanda.
2.3. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación.
2.4. El 7 de abril de 20254, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
emitió sentencia de segunda instancia, a través de la cual confirmó la providencia
apelada.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo que:
3.1. La autoridad accionada incurrió en defecto sustantivo, porque, con ocasión de
la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, las Corporaciones
Autónomas Regionales se constituyeron en órganos autónomos no pertenecientes
a la Rama Ejecutiva, de manera que es inconstitucional aplicar el régimen
anualizado de cesantías para los empleados de estas entidades que se vincularon
con anterioridad al 31 de diciembre de 1996.
De ahí que, si bien con el Decreto 3118 de 1968 se creó tanto el régimen anualizado
de cesantías como el Fondo Nacional del Ahorro y, dada la fecha de su vinculación
a la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, en principio era acreedor del
referido régimen de cesantías, pero como con la Constitución de 1991 dichas
entidades fueron desligadas de la Rama Ejecutiva, también dejaron de estar
cobijadas por el Decreto 3118 de 1968.
En ese orden, a partir del 4 de julio de 1991, el único régimen de cesantías aplicable
a su caso era el retroactivo consagrado en la Ley 6 de 1945, pues, con la vigencia
de la Carta Política de 1991, el sistema anualizado de cesantías solo era aplicable
a los funcionarios vinculados a los organismos del nivel nacional de la Rama
4
Archivo denominado “011 Sentencia [...]”, “carpeta “principal”, visible a índice 11 de SAMAI, certificado
F8BB9E02A5AAE6DB C8C301622854C8BC 076E4149414CB9CF D92D4D7CEBA0F7B1.
3
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Ejecutiva del poder público, al cual ya no pertenecían las Corporaciones Autónomas
Regionales.
3.2. Concebir que las Corporaciones Autónomas Regionales son establecimientos
públicos viola la Constitución, dado que se aceptaría que estas pertenecerían a la
Rama Ejecutiva, situación que no está prevista en la norma de normas ni en la ley
que las regula. En consecuencia, lo pretendido es, en aplicación del principio de
favorabilidad, establecer el régimen de cesantías aplicable de quien, si bien se
vinculó cuando la entidad era del orden nacional, con posterioridad se convirtió en
un órgano autónomo por mandato constitucional.
4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, al principio de
favorabilidad, y a percibir sus cesantías bajo criterios de justicia y equidad dada la
naturaleza del auxilio y su íntima relación con la dignidad humana y su remuneración
mínima, vital y móvil del señor EMIRO BOHÓRQUEZ CORREA vulnerados por la
Sección Segunda, Subsección A, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
CONSEJO DE ESTADO mediante sentencia del 07 de abril de 2025 radicado: 44001-
23-40-000-2019-00063-01 (7253-2023) en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho laboral en contra de la Corporación Autónoma Regional de
La Guajira
SEGUNDO: ORDENAR a la Sección Segunda, Subsección A, de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del CONSEJO DE ESTADO para que dentro del término
perentorio que considere la Sala, profiera nuevo fallo de segunda instancia en el que se
proteja el derecho al debido proceso de mi mandante otorgando prevalencia y aplicación
al principio de favorabilidad en la resolución del caso en concreto.
TERCERO: ORDENAR Cualquier otra medida que bajo su facultad de Juez
Constitucional considere pertinente y necesaria para proteger y evitar la vulneración de
los derechos que se acusan como conculcados.”5 (Resaltado original del texto).
5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1. Mediante auto del 27 de noviembre de 20256, se admitió la acción de tutela y
se vinculó al Tribunal Administrativo de La Guajira y a la Corporación Autónoma
Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA). También se dispuso la notificación a las
partes y a los vinculados.
5
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 7DF4E23E2A0BAC23 0CF49D6DA3164C57
63C2C8340AB86F45 C2360CA3465E5756, folios 18 y 19.
6
Índice 6 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado CA9900256F9EFD54
2E1711622BE15E1D 17EB3F134C140B63 9C31C34D8ED8F1AB.
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5.2. La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA)7 afirmó que
se configura la falta de legitimación por pasiva de dicha entidad, de manera que
solicitó su desvinculación.
5.3. El Tribunal Administrativo de La Guajira8 aseveró que la acción de tutela es
improcedente, al no cumplir el requisito de relevancia constitucional. Asimismo,
advirtió que, en la decisión reprochada, las pruebas fueron valoradas dentro del
marco legal, con fundamento en la lógica y la sana crítica, de manera que la acción
de tutela no puede ser utilizada como una tercera instancia, pues los jueces
competentes gozan de independencia para la valoración de las pruebas y para la
interpretación y aplicación del derecho.
5.4. El consejero ponente de la decisión censurada de la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado9, señaló que la decisión cuestionada fue
adoptada conforme a la jurisprudencia aplicable al caso y fue producto de la debida
interpretación de la normativa que gobernaba la situación del demandante. En ese
orden, indicó que, conforme a lo probado en el proceso, el actor laboró en la
entonces entidad demandada desde el 6 de septiembre de 1990, sumado a que se
afilió al Fondo Nacional de Ahorro en vigencia del Decreto 3118 de 1968, que
consagró el régimen anualizado de cesantías para los empleados del orden
nacional.
Así las cosas, indicó que, si bien el actor fue vinculado antes del 31 de diciembre de
1996, cuando entró en vigencia la Ley 344, este precepto no le es aplicable, pues
al encontrarse afiliado al FNA como trabajador nacional, su régimen de cesantías
es el anualizado.
6. Fallo de tutela de primera instancia
El 22 de enero de 202610, el Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró
improcedente la acción de tutela.
7
Índice 12 de SAMAI, certificado F6B09EC22BB8B84F 9EC788EB989CDE6B B54F5BDE34B798F9 6F52CBA68747EA98,
ibid.
8
Índice 14 de SAMAI, certificado 6C1C7636FEA3FC16 E05C625B01118623 B94C4B82C6C35899 149EA2D6AE5DE61, ibid.
9
Índice 15 de SAMAI, certificado B99B548C886457E3 19BF391414C17DF7 43B40F6120B69214 5796827B53A698C1, ibid.
10
Índice 21 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado 7B262E719D726B5F C790312F10524BBD
26D3DCD34392B0A6 E5B68CB4F12812B7.
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El a quo constitucional consideró que los reproches contenidos en la acción de tutela
están dirigidos a que se modifique el raciocinio del tribunal enjuiciado, por no estar
de acuerdo el interesado con lo decidido, más allá de que sugiera alguna discusión
que justifique una afectación desproporcionada de los derechos fundamentales
invocados.
En efecto, dijo que el debate planteado en sede constitucional fue analizado por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y no se observa que la decisión
proferida haya sido arbitraria.
7. Razones de la impugnación
Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación11,
en el que argumentó lo siguiente:
7.1. El a quo constitucional no tuvo en cuenta que la acción de tutela sí está
revestida de relevancia constitucional, porque no se pretende reabrir el debate
jurídico. En consecuencia, determinar la naturaleza jurídica de las Corporaciones
Autónomas Regionales, concretamente CORPOGUAJIRA, es un elemento sine qua
non a partir del cual se define el régimen jurídico de cesantías aplicable al
accionante.
7.2. Con base en el ordenamiento jurídico colombiano, en la actualidad las
Corporaciones Autónomas Regionales ––lo que incluye a CORPOGUAJIRA–– no
gozan de una precisión suficiente que permita dilucidar su naturaleza jurídica, de
cara a determinar el régimen prestacional de sus funcionarios.
7.3. El problema jurídico del sub lite consiste en determinar si, en la providencia
reprochada, se transgredió el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53
de la Constitución Política de Colombia, en detrimento del derecho fundamental al
debido proceso del señor Bohórquez Correa, al considerar que CORPOGUAJIRA es
una entidad descentralizada por servicios, con el propósito de aplicar el régimen
anualizado de cesantías previsto en el Decreto 3118 de 1968, o, lo que es lo mismo,
inaplicarle el régimen retroactivo de cesantías.
11
Índice 30 de SAMAI, certificado 910B265BC0E5736B 7CDCE22425E08552 33F992ED4597DCD4 77702E28B580B46B,
ibid.
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Así, se debe establecer si, con fundamento en la Constitución Política de Colombia
de 1991 y con el fin de definir el régimen jurídico de cesantías de sus funcionarios,
es posible sostener que las corporaciones autónomas regionales pueden ser
consideradas entidades descentralizadas por servicios o, en su defecto, entidades
públicas del orden nacional cuya naturaleza jurídica sui generis no permite
incorporarlas a ninguna categoría o tipo de entidad perteneciente a la rama ejecutiva
del poder público.
8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
Mediante auto del 4 de febrero de 202612, el a quo concedió la impugnación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer de la impugnación
presentada contra el fallo proferido el 22 de enero de 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Quinta.
2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
establecerá si se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
12
Índice 32 de SAMAI, certificado 0D51870E5BF29B1B FEC8940E51A3EEB1 EB916F4DF8037822 E29332D4ADF07C85,
ibid.
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requisitos de procedibilidad13 y de procedencia14 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto
4.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”.15
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber16: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202217, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
4.2. Para la Sala resulta evidente que los cargos referidos no satisfacen el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto se configuran como un medio orientado a
13
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
14
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
15
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
16
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
17
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
8
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revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo
constituyera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.
4.3. En el caso concreto, el señor Bohórquez Correa cuestiona, en esencia, que el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, incurrió en defecto sustantivo,
porque, con ocasión de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991,
las corporaciones autónomas regionales se constituyeron en órganos autónomos
no pertenecientes a la Rama Ejecutiva, de manera que es inconstitucional aplicar el
régimen anualizado de cesantías a los empleados de estas entidades que se
vincularon con anterioridad al 31 de diciembre de 1996.
Manifiesta, de ahí que, si bien con el Decreto 3118 de 1968 se creó tanto el régimen
anualizado de cesantías como el Fondo Nacional del Ahorro, y dada la fecha de su
vinculación a la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, en principio era
acreedor del referido régimen de cesantías, pero como con la Constitución de 1991
dichas entidades fueron desligadas de la Rama Ejecutiva, también dejaron de estar
cobijadas por el Decreto 3118 de 1968. En ese orden, a partir del 4 de julio de 1991,
el único régimen de cesantías aplicable en su caso era el retroactivo consagrado en
la Ley 6 de 1945.
4.4. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia del 7 de abril
de 2025, emitida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, se
observa el siguiente análisis textual:
“[…] 54. Para resolver el problema jurídico planteado, considera la Sala que es necesario
determinar la naturaleza jurídica de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.
55. Sobre el punto en concreto, se tiene que Corpoguajira es un establecimiento público
del orden nacional, adscrito al Departamento Nacional de Planeación, que fue creado
normativamente a través del Decreto 3453 de 1983, disposición que posteriormente fue
modificada por la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015.
56. Pese a que la Ley 99 de 1993 varió su jurisdicción para señalar que esta comprendía
el territorio del departamento de La Guajira con excepción de las áreas incluidas en la
jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa
Marta, ello no significa que haya modificado su naturaleza jurídica de establecimiento
público del orden nacional. Pues, la Corte Constitucional y esta Corporación en sus
diferentes secciones han precisado que las Corporaciones Autónomas Regionales son
entidades del orden nacional encargadas de ejecutar las políticas, planes y programas
nacionales en materia ambiental dentro de su jurisdicción.
57. En cuanto al régimen de cesantías de las entidades nacionales, es menester precisar
que el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de los objetivos
estableció, entre otros, los siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a
empleados públicos y trabajadores oficiales», y «proteger dicho auxilio contra
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depreciación monetaria»; para el cumplimiento de tales finalidades, el artículo 3 ibidem
determinó que las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al
servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado del
orden nacional debían ser liquidadas y entregadas al Fondo. (Negrilla de la Sala)
58. Es por tal motivo, que desde la entrada en vigencia del anterior decreto empezó el
llamado «desmonte del régimen de retroactividad de cesantías», pues en sus artículos
27, 28 y 29 se dispuso la liquidación anual de esta prestación para los empleados y
trabajadores de las entidades aludidas previamente.
59. Norma que a diferencia de lo expresado por el apelante, tiene fuerza de ley, ya que
fue expedida en virtud de las facultades extraordinarias otorgadas al presidente de la
Republica con la Ley 65 de 1967 que entre otras autorizó al gobierno para «Establecer
las reglas generales a las cuales deben someterse los institutos y empresas oficiales en
la creación de empleos y en el señalamiento de las asignaciones y prestaciones
sociales de su personal y el régimen del servicio» (negrillas y subrayado de la Sala).
60. Así las cosas, como el señor Emiro Bohórquez Correa era un servidor público de una
entidad descentralizada del orden nacional, es claro que su vinculación fue de esa misma
índole -nacional-, razón por la que se le aplica el sistema de liquidación anualizado
previsto en el Decreto 3118 de 1968, y no el régimen de retroactividad de cesantías. Por
lo tanto, no era exigible la manifestación expresa para acogerse a dicho régimen, el cual
se dispuso para aquellos servidores que amparados por el régimen retroactivo de
cesantías querían hacer parte del nuevo sistema de liquidación.
61. El argumento anterior deja sin fundamento el reparo del señor Emiro Bohórquez
Correa cuando afirmó tener derecho al reconocimiento y pago de sus cesantías de
acuerdo con el régimen de retroactividad, debido a que su vinculación como empleado
se realizó antes de la entrada en vigencia de Ley 344 de 1996.”18 (Resaltado original del
texto).
4.5. Luego de lo relatado, se advierte que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por
la autoridad judicial accionada en la sentencia censurada.
En efecto, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, hizo un recuento
normativo de las cesantías y, en especial, del régimen anualizado. Acto seguido,
indicó que CORPOGUAJIRA es un establecimiento público del orden nacional, adscrito
al Departamento Nacional de Planeación, aunado al hecho de que la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado han precisado que las corporaciones
autónomas regionales son entidades del orden nacional encargadas de ejecutar las
políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental dentro de su
jurisdicción.
Precisó que el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro; su artículo
3 señaló que las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al
18
Archivo denominado “011 Sentencia [...]”, “carpeta “principal”, visible a índice 11 de SAMAI, certificado
F8BB9E02A5AAE6DB C8C301622854C8BC 076E4149414CB9CF D92D4D7CEBA0F7B1.
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Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
servicio de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del
orden nacional debían ser liquidadas y entregadas al Fondo; y que los artículos 27,
28 y 29 dispusieron la liquidación anual de esta prestación para los empleados y
trabajadores de aquellas entidades.
Luego de ello, encontró acreditado que el señor Bohórquez Correa laboró en la
Corporación Autónoma Regional de La Guajira desde el 6 de septiembre de 1990
hasta el 30 de diciembre de 2012 y que, durante su relación laboral con dicha
entidad, se le consignaron sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro. En
consecuencia, concluyó que tenía la calidad de servidor público de una entidad
descentralizada del orden nacional, razón por la cual su vinculación fue de carácter
nacional y, en ese orden, su situación fáctica se rige por el sistema de liquidación
anualizado contemplado en el Decreto 3118 de 1968 y no por el régimen de
retroactividad de cesantías.
4.6. Así, para esta Subsección resulta claro que el accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como
se evidenció, los reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el
debate que tuvo lugar en el proceso de nulidad y restablecimiento, con el fin de que
prevalezca su interpretación sobre la acogida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, en el proceso 44001-23-40-000-2019-00063-00/01.
Cuestión distinta es que la parte accionante no comparta el sentido de la decisión
adoptada, aspecto que desborda el ámbito de competencia del juez constitucional,
en tanto no le corresponde definir la forma en que el juez natural debe decidir.
Se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía
e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en
razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada19, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario20.
19
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
20
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07449-01
Accionante: Emiro Bohórquez Correa
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
5. Bajo esta línea argumentativa, en el sub lite no se encuentra acreditado el
requisito de relevancia constitucional; en consecuencia, la acción tuitiva resulta
improcedente, como lo concluyó el a quo, razón por la cual se confirmará el proveído
impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 22 de enero de 2026, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró la improcedencia de la
acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
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