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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2019-00063-01

Fecha
7 de abril de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2019-00063-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia del 28 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 44001-23-40-000-2019-00063-01 (7253-2023) Demandante: Emiro Bohórquez Correa TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 44001-23-40-000-2019-00063-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

7 de abril de 2025

Radicado: 44001-23-40-000-2019-00063-01 (7253-2023)
Demandante: Emiro Bohórquez Correa

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 44001-23-40-000-2019-00063-01 (7253-2023)
Demandante: Emiro Bohórquez Correa
Demandado: Corporación Autónoma Regional de La Guajira

Temas: Régimen de cesantías de empleado del orden nacional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 28 de junio de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de La Guajira que negó las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. El señor Emiro Bohórquez Correa por intermedio de apoderado y en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó que se
declare la nulidad «de la comunicación de fecha 29 de noviembre del año 2018
emitida en el radicado SAL-6299 RpA. ENT-6781 ۚ», por medio de la cual se negó
el reconocimiento y pago de las cesantías bajo el régimen de retroactividad.

3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) el reconocimiento y pago de las cesantías con el régimen
de retroactividad, ii) se indexen las sumas de dineros adeudadas y iii) se
condene en costas a la entidad demandada.

Hechos

4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

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Radicado: 44001-23-40-000-2019-00063-01 (7253-2023)
Demandante: Emiro Bohórquez Correa

5. El señor Emiro Bohórquez Correa laboró al servicio de la Corporación
Autónoma Regional de La Guajira 1 como profesional especializado código
3010, desde el 6 de septiembre de 1990 hasta el 30 de diciembre de 2012.

6. Atendiendo la fecha de vinculación, el demandante tiene derecho a que se le
liquiden sus cesantías de manera retroactiva; no obstante, la entidad
demandada sin su autorización, procedió a vincularlo al Fondo Nacional del
Ahorro, es decir en el régimen anualizado.

7. El actor cuenta con el sistema retroactivo de cesantías dado que se vinculó
antes de la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996.

8. El 27 de diciembre de 2018, peticionó ante Corpoguajira el reconocimiento y
pago de sus cesantías con el sistema de retroactividad; sin embargo, la entidad
mediante el Oficio con radicado SAL-6299 RpA-ENT6781 del 29 de noviembre
de 2018, negó lo solicitado.

9. Debido al tipo de nombramiento, que es carácter territorial, y considerando que
la vinculación se efectuó antes del 31 de diciembre de 1996, debió aplicarse el
sistema de liquidación de retroactividad.

Fundamentos de derecho y concepto de violación

10. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: el preámbulo y los
artículos 1, 2, 6, 13, 25, 53, 83, 90, 122, 123, 125 y 209 de la Constitución
Política; 17 de la Ley 6ª de 1945; 1 del Decreto 2767 de 1945; 1 y 2 de la Ley
65 de 1946; 2 y 6 del Decreto 1160 de 1947; 2 del Decreto 1225 de 2002 y
demás normas concordantes.

11. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso
que el régimen de cesantías de los empleados territoriales se determina por la
fecha de su vinculación. Es decir, si ingresó al servicio antes del 30 de diciembre
de 1996 su prestación debe ser liquidada en forma retroactiva, en cambio, si la
relación inició en fecha posterior, se aplica el sistema anualizado.

12. La liquidación de la prestación por este último sistema trae como consecuencia
que se atente contra los principios de favorabilidad e igualdad.

13. Además, el solo hecho de afiliarse a un fondo de cesantías privado, no conlleva
el cambio de régimen, pues el Decreto 1582 de 1998 dispuso la posibilidad de
que las entidades administradoras depositen en cuentas individuales los
recursos destinados al pago de las cesantías de los servidores públicos del
orden territorial cobijados por el sistema de retroactividad.

1 En adelante Corpoguajira.

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Demandante: Emiro Bohórquez Correa

Contestación de la demanda

14. Corpoguajira2 al contestar la demanda se pronunció sobre los hechos y se
opuso a todas las pretensiones.

15. Propuso la excepción de «inaplicabilidad del régimen de cesantías retroactivo
al demandante», la cual argumentó en los siguientes términos:

16. El artículo 1° del Decreto 3453 de 1983, creó la entidad como un
establecimiento público descentralizado del orden nacional, adscrito al
Departamento Nacional de Planeación.

17. En cuanto a su régimen de personal, el artículo 12º del Decreto 1768 de 1994,
acogió el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos establecido
en el Decreto 1042 de 1978 y sus normas modificatorias, hasta tanto se
adoptara el sistema especial propio. No obstante, como a la fecha no se ha
expedido ninguna norma al respecto, los servidores de esas entidades son
regulados por el último decreto en mención.

18. Lo anterior quiere decir que desde su creación los empleados de las
Corporaciones Autónomas Regionales son del nivel nacional.

19. En ese escenario, a estos servidores se les aplica el Decreto 3118 de 1968, ya
que desde su entrada en vigencia comenzó el desmonte de las cesantías
retroactivas para las entidades del orden nacional.

20. Por tal motivo, no es procedente la aplicación del régimen de liquidación de
retroactividad a los empleados de Corpoguajira.

Sentencia de primera instancia

21. El Tribunal Administrativo de La Guajira mediante sentencia del 28 de junio de
20233, negó las pretensiones de la demanda al considerar que las
Corporaciones Autónomas Regionales son entidades corporativas de índole
nacional que gozan de autonomía financiera, administrativa y personería
jurídica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993.

22. Posición que ha sido reiterada por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado
y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Por consiguiente, los
empleados de estas corporaciones se les aplica las normas que reglan las
entidades del orden nacional.

2 Expediente digital – “ۚ0_Contestación.pdf”
3 Expediente digital – “025_SENTENCIA.pdf”

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Demandante: Emiro Bohórquez Correa

23. Por ello, contrario a lo expuesto por el demandante, desde el año 1968 a los
empleados del orden nacional les resulta aplicable el régimen de cesantías
previsto en el Decreto 3118 de ese mismo año. De manera que cuando el señor
Emiro Bohórquez se vinculó, ya no se aplicaba el «régimen retroactivo a los
empleados públicos del orden nacional, luego, aquel no tiene derecho- por no
ser beneficiario- a que se reliquiden sus cesantías con base en un régimen que,
conforme viene de verse, no le resulta aplicable.»

Recurso de apelación 4

24. El apoderado del demandante inconforme con la decisión adoptada por el
tribunal interpuso el recurso de apelación con el cual solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, se concedan la totalidad de las
pretensiones.

25. Puso de presente que el señor Emiro Bohórquez Correa se vinculó con la
entidad antes de la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, norma esta que
dispuso el régimen anualizado.

26. El actor no manifestó su intención de trasladarse o acogerse al sistema de
liquidación anualizado de cesantías, requisito indispensable para la
configuración del cambio de régimen.

27. De antaño la jurisprudencia ha reconocido la existencia de tres regímenes de
cesantías, «(i) el de liquidación retroactiva; (ii) el de liquidación anualizada y (iii)
el de los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro. Igualmente es aceptado que
los empleados que ingresaron a la administración pública con posterioridad a
la entrada en vigencia de la ley 344 de 1996... están cobijados por dicho
sistema de liquidación de cesantías...»

28. En ese orden de ideas, los decretos que crearon y modificaron el Fondo
Nacional del Ahorro y las Corporaciones Autónomas Regionales no tienen la
suficiente fuerza para modificar los regímenes de liquidación del auxilio de
cesantías. Y mucho menos fuerza reformatoria tienen los reglamentos internos
de la Corporación demandada. Así, la creación de las prestaciones sociales
de acuerdo con lo previsto en el numeral 19 del artículo 150 de la Carta Política,
«se circunscriben» al Congreso como órgano legislativo sin que ello pueda
delegarse a las Corporaciones públicas territoriales. Aunado a lo anterior, en
ejercicio de la potestad reglamentaria del gobierno «no le es dado derogar,
ampliar o restringir lo que el legislador haya dispuesto».

Trámite correspondiente a la segunda instancia

4 Expediente digital – “028_Recurso de apelacion.pdf”.

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Demandante: Emiro Bohórquez Correa

29. Mediante auto del 2 de febrero de 2024 5 se admitió el recurso de apelación.

30. Dentro de la oportunidad legal, el agente del Ministerio Público y las partes
guardaron silencio.

31. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que
se procederá a resolver la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia

32. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 6.

33. De igual forma, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a
lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las
partes presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del
respectivo recurso.

Problema jurídico

34. Le corresponde a la Subsección determinar si al demandante le asiste el
derecho a la reliquidación de sus cesantías bajo el régimen retroactivo o si le es
aplicable el régimen anualizado, como lo consideró el tribunal de primera
instancia.

35. A fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará los
siguientes temas: i) Cesantías, ii) Régimen anualizado de cesantías, iii)
Hechos probados y iv) Caso concreto.

Cesantías

36. El auxilio de cesantías es una prestación social, que se constituye como un
ahorro para el trabajador, que lo beneficia a él y a su núcleo familiar en tanto es
una ayuda económica, no solo en caso de encontrarse cesante sino «en lo que
concierne a educación superior y vivienda, para que este tenga un respaldo que
no comprometa los recursos que requiere para su mínimo vital.» 7

5 Página 170 del expediente físico.
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7 SU 448 de 2016, SU 098-18.

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37. La Corte Constitucional ha resaltado con relación a las cesantías, que dentro
de los principios mínimos fundamentales que rigen la relación laboral, está el
pago de las acreencias laborales, emolumentos que persiguen fines en torno a
la dignidad humana y la manutención familiar en el marco de las relaciones
laborales, y dentro de esas prestaciones se encuentra el auxilio de cesantías.8

38. Con relación a esta prestación la misma Corporación, ha dicho que dado su
contenido opera el principio de progresividad y la prohibición de regresividad.

39. La Ley 6 de 1945 en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los
trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de
sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y
el artículo 17, literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos
los empleados y obreros nacionales de carácter permanente 9.

40. Por su parte, el Decreto 1160 de 1947 extendió el auxilio de cesantías para los
empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del
poder público, concretamente en su artículo 6, consagró que para liquidar las
cesantías se tomará como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera
sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el
promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido,
si fuere menor a ese lapso.

Régimen anualizado de cesantías

41. Con el Decreto Ley 3118 de 1968, se creó el Fondo Nacional del Ahorro 10, que
se encargaría de administrar las cesantías de los empleados públicos y
trabajadores de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y
comerciales del Estado del orden nacional. En el artículo 27, se estableció un
régimen anualizado en los siguientes términos:

«Artículo 27°Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir del 1 de
enero de 1969, los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado, liquidarán
las cesantías que anualmente se causen en favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador.»

8 Sentencia C-486 de 2016
9 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos

colectivos y jurisdicción especial de trabajo»
10 Artículo 1° del mencionado Decreto.

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42. La consignación de la prestación se dirige a cuentas individuales de los
empleados tal como lo dispuso el artículo 34 ibidem, en la forma prevista en el
artículo 49.

43. El régimen anualizado de cesantías especial bajo la administración de dicho
fondo hoy subsiste, conforme la Ley 432 de 1998.

44. Acto seguido, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 11, respecto de las cesantías
dispuso lo siguiente:

«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen
a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo;
Parágrafo. - El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al
personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.»

45. Con la expedición de dicha ley, se introdujo al sector público el régimen
anualizado de cesantías establecido inicialmente sólo para particulares en la
Ley 50 de 1990 modificatoria del Código Sustantivo del Trabajo, el que se
extendió incluso a los servidores públicos del orden territorial mediante el
Decreto 1582 de 1998 12.

46. No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior
al 31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se
les continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías
consagrado en normas anteriores.

47. Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación
retroactiva de cesantías se les continúa respetando este, por virtud de lo
dispuesto en los artículos 2 del Decreto 1252 de 2000 y 3 del Decreto 1919 de
2002.

11 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
12 «Artículo 1.°. - El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial

y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto
en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos
del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas
pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo
Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo
6 de la Ley 432 de 1998»

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Hechos probados

48. Del material probatorio allegado en legal forma al expediente, la Sala encuentra
acreditados los siguientes:

49. El señor Emiro Bohórquez Correa laboró al servicio de la Corporación
Autónoma Regional de La Guajira desde el 6 de septiembre de 1990 hasta el
30 de diciembre de 2012 13, en el cargo de profesional especializado grado 19,
tal como lo certificó el profesional especializado de dicha entidad.

50. Durante su relación laboral con la entidad antes mencionada, se le consignaron
sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro 14.

51. El 26 de septiembre de 2018 15, el señor Emiro Bohórquez Correa solicitó ante
Corpoguajira el reconocimiento y pago de sus cesantías con el régimen de
retroactividad.

52. A través del Oficio con radicado SAL-6299 RpA:ENT-6781 del 29 de noviembre
de ese mismo año 16, el director General de la entidad demandada le indicó que
solo tenía derecho a las cesantías anualizadas, dado que Corpoguajira es una
institución del orden nacional desde sus inicios, por lo tanto, sus empleados
también.

Caso concreto

53. El apelante no comparte la decisión de primera instancia porque a su juicio, su
vinculación con la entidad demandada se realizó con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 344 de 1996, norma esta que dispuso el régimen
anualizado y que tampoco realizó la manifestación expresa para pertenecer a
dicho sistema, razones por las que se deben respetar sus derechos adquiridos.

54. Para resolver el problema jurídico planteado, considera la Sala que es necesario
determinar la naturaleza jurídica de la Corporación Autónoma Regional de La
Guajira.

55. Sobre el punto en concreto, se tiene que Corpoguajira es un establecimiento
público del orden nacional, adscrito al Departamento Nacional de Planeación,
que fue creado normativamente a través del Decreto 3453 de 1983 17, disposición
que posteriormente fue modificada por la Ley 99 de 1993 18 y el Decreto 1076 de

13 Páginas 17 a 25 del expediente digital.
14 Así se observa del Oficio expedido por el FNA visible a páginas 65 y 66 del expediente digital.
15 Páginas 10 y 11 del expediente digital.
16 Página 11 a 15 del expediente digital.
17 «Por el cual se crea la Corporación Autónoma Regional de la Guajira»
18 «por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental,
SINA, y se dictan otras disposiciones». Sobre el particular, el artículo 33 de la norma dispuso: «Creación y

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201519.

56. Pese a que la Ley 99 de 1993 varió su jurisdicción para señalar que esta
comprendía el territorio del departamento de La Guajira con excepción de las
áreas incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible
de la Sierra Nevada de Santa Marta, ello no significa que haya modificado su
naturaleza jurídica de establecimiento público del orden nacional. Pues, la Corte
Constitucional 20 y esta Corporación en sus diferentes secciones 21 han precisado
que las Corporaciones Autónomas Regionales son entidades del orden
nacional encargadas de ejecutar las políticas, planes y programas nacionales
en materia ambiental dentro de su jurisdicción.

57. En cuanto al régimen de cesantías de las entidades nacionales, es menester
precisar que el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y
dentro de los objetivos estableció, entre otros, los siguientes: «pagar
oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y trabajadores
oficiales»22, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria» 23; para el
cumplimiento de tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las
cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio
de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del
Estado del orden nacional debían ser liquidadas y entregadas al Fondo.
(Negrilla de la Sala)

58. Es por tal motivo, que desde la entrada en vigencia del anterior decreto empezó
el llamado «desmonte del régimen de retroactividad de cesantías», pues en sus
artículos 27, 28 y 29 se dispuso la liquidación anual de esta prestación para los
empleados y trabajadores de las entidades aludidas previamente.

59. Norma que a diferencia de lo expresado por el apelante, tiene fuerza de ley, ya
que fue expedida en virtud de las facultades extraordinarias otorgadas al
presidente de la Republica con la Ley 65 de 1967 que entre otras autorizó al
gobierno para «Establecer las reglas generales a las cuales deben someterse
los institutos y empresas oficiales en la creación de empleos y en el señalamiento
de las asignaciones y prestaciones sociales de su personal y el régimen del
servicio»( negrillas y subrayado de la Sala).

Transformación de las Corporaciones Autónomas Regionales. La administración del medio ambiente y los recursos
naturales renovables estará en todo el territorio nacional a cargo de Corporaciones Autónomas Regionales. […]
Las siguientes corporaciones modifican su jurisdicción o su denominación actual: […] Corporación Autónoma
Regional de la Guajira, CORPOGUAJIRA: su jurisdicción comprende el territorio del Departamento de Guajira con
excepción de las áreas incluidas en la
19 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible».
20 Auto 089ª del 24 de febrero de 2009, sentencia C- 145 del 20 de mayo de 2021, entre otras.
21 Entre otras, la sentencia del 9 de diciembre de 2020 con radicado 11001-03-15-000-2020-03629-00, C.P: Rocío

Araújo Peñate y del 10 de julio de 2024 con radicado 44001-23-40-000-2019-00145-01, C.P: Juan Enrique Bedoya
Escobar.
22 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
23 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.

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Radicado: 44001-23-40-000-2019-00063-01 (7253-2023)
Demandante: Emiro Bohórquez Correa

60. Así las cosas, como el señor Emiro Bohórquez Correa era un servidor público
de una entidad descentralizada del orden nacional, es claro que su vinculación
fue de esa misma índole -nacional-, razón por la que se le aplica el sistema de
liquidación anualizado previsto en el Decreto 3118 de 1968, y no el régimen de
retroactividad de cesantías. Por lo tanto, no era exigible la manifestación expresa
para acogerse a dicho régimen, el cual se dispuso para aquellos servidores que
amparados por el régimen retroactivo de cesantías querían hacer parte del
nuevo sistema de liquidación.

61. El argumento anterior deja sin fundamento el reparo del señor Emiro Bohórquez
Correa cuando afirmó tener derecho al reconocimiento y pago de sus cesantías
de acuerdo con el régimen de retroactividad, debido a que su vinculación como
empleado se realizó antes de la entrada en vigencia de Ley 344 de 1996.

62. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

63. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en
costas. Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala
de Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no
lugar a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en
vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente verificar si el recurso de
apelación se presentó con carencia de fundamento legal.

64. Al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de revisar los
argumentos del apelante, no se advierte tal situación. Por el contrario, se
avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por
lo que, se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.

65. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 28 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira que negó las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 44001-23-40-000-2019-00063-01 (7253-2023)
Demandante: Emiro Bohórquez Correa

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del
CPACA.

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