Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07449-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07449-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07449-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
22 de enero de 2026
Demandante: Emiro Bohórquez Correa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07449-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veintidós [22] de enero de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07449-00
Demandante: EMIRO BOHÓRQUEZ CORREA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Emiro Bohórquez Correa, por conducto de apoderado judicial, presentó acción
de tutela el 24 de noviembre de 2025, con el fin de que se le proteja su derecho
fundamental al debido proceso, así como al principio de favorabilidad y «al derecho a
remuneración mínima, vital y móvil bajo criterios de justicia y equidad».
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
sentencia de 7 de abril de 2025, de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante la cual se confirmó la providencia de 28 de junio de 2023,
del Tribunal Administrativo de la Guajira, que negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó contra la Corporación Autónoma
Regional de la Guajira -CORPOGUAJIRA-, relativas al reconocimiento y pago de las
cesantías con el régimen retroactivo; proceso identificado con el radicado 44001-23-
40-000-2019-00063-00/01.
1.2. Pretensiones
El accionante presentó las siguientes:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, al principio de
favorabilidad, y a percibir sus cesantías bajo criterios de justicia y equidad dada la
naturaleza del auxilio y su íntima relación con la dignidad humana y su remuneración
mínima, vital y móvil del señor EMIRO BOHÓRQUEZ CORREA vulnerados por la
Sección Segunda, Subsección A, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
CONSEJO DE ESTADO mediante sentencia del 07 de abril de 2025 radicado: 44001-
23-40-000-2019-00063-01 (7253-2023) en el marco del proceso de nulidad y
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Subsección A
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restablecimiento del derecho laboral en contra de la Corporación Autónoma Regional de
La Guajira.
SEGUNDO: ORDENAR a la Sección Segunda, Subsección A, de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del CONSEJO DE ESTADO para que dentro del término
perentorio que considere la Sala, profiera nuevo fallo de segunda instancia en el que se
proteja el derecho al debido proceso de mi mandante otorgando prevalencia y aplicación
al principio de favorabilidad en la resolución del caso en concreto se sirva el Despacho,
Ordenar a la SUB SECCIÓN B, SECCIÓN SEGUNDA DE SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO -CONSEJO DE ESTADO, que revoque en su totalidad la Sentencia,
que confirmó el fallo de Primera Instancia, y en su lugar se accedan a las pretensiones
del líbelo de la demanda.
TERCERO: ORDENAR Cualquier otra medida que bajo su facultad de Juez
Constitucional considere pertinente y necesaria para proteger y evitar la vulneración de
los derechos que se acusan como conculcados.1 (Mayúsculas sostenidas y cursiva
originales)
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:
El señor Emiro Bohórquez Correa laboró en la Corporación Autónoma Regional de la
Guajira -CORPOGUAJIRA- del 6 de septiembre de 1990 hasta el 30 de diciembre de
2012, en el cargo de profesional especializado, código 2028, grado 19.
El 26 de septiembre de 2018, el accionante solicitó a su entidad empleadora el
reconocimiento y pago de sus cesantías con el régimen de retroactividad, petición que
fue negada por oficio con radicado SAL-6299 RPA: ENT 6781 del 29 de noviembre de
2018.
Ante el anterior panorama el señor Bohórquez Correa interpuso demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el mencionado
acto administrativo, de la que conoció, en primera instancia, el Tribunal Administrativo
de la Guajira, autoridad judicial que, en sentencia de 28 de junio de 2023, negó las
pretensiones deprecadas, para lo cual, con sustento en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado señaló que, en atención a la naturaleza
nacional de las Corporaciones Autónomas Regionales, desde la entrada en vigencia
del Decreto 3118 de 1968, los empleados de las entidades de dicho orden, no son
beneficiarios del régimen retroactivo de cesantías.
En ese orden, advirtió que para el momento de vinculación del demandante a la
Corporación Autónoma Regional de la Guajira -6 de septiembre de 1990- ya no se
aplicaba el régimen retroactivo para los empleados públicos del orden nacional, luego,
no le asistía derecho a que se le liquidaran sus cesantías con el referido régimen.
Contra la anterior decisión, el extremo activo del litigio interpuso recurso de apelación,
en el que señaló, después de afirmar que no objetaba la afirmación del a quo en cuanto
a que la entidad demandada era del orden nacional, que tenía derecho a que sus
cesantías le fuera reconocidas con el régimen retroactivo, en atención a que, la
cobertura para todos los empleados públicos del régimen anualizado previsto en la Ley
1 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
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344 de 1996, fue dispuesto para los servidores que se vincularan a partir del 31 de
diciembre de 1996, además que su aplicación para quienes ingresaron al servicio con
anterioridad a dicha fecha estaría supeditada a la manifestación expresa de cambiarse
a dicho régimen, luego, como en su caso no ocurrió, el hecho de haberse realizado el
cambio al Fondo Nacional del Ahorro, solo implicó el remplazo de administrador de
dichos recursos.
De la mentada alzada conoció la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, corporación que, en fallo de 7 de abril de 2025, confirmó la providencia
impugnada, en atención a que advirtió que como el demandante era un servidor
público de una entidad descentralizada del orden nacional, su vinculación era de esa
misma índole. En consecuencia, precisó que le era aplicable el régimen anualizado
previsto en el Decreto 3118 de 1968, y no el reclamado, pues en su caso no era
necesario la manifestación expresa para acogerse al nuevo régimen de liquidación de
las cesantías, pues nunca fue titular del régimen retroactivo.
La providencia de segunda instancia fue notificada el 22 de mayo de 2025.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora, después de referirse al cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, alegó que en la
sentencia censurada se incurrió en los defectos sustantivo y por violación directa de la
Constitución.
Respecto al primer yerro, indicó que se había presentado al extender los efectos
jurídicos de una normatividad que no era aplicable a su caso, pues, en su sentir, con
la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, las Corporaciones
Autónomas Regionales se constituyeron en órganos autónomos no pertenecientes a
la Rama Ejecutiva, luego, resultaba inconstitucional la aplicación del régimen
anualizado de cesantías para los empleados de estas entidades que se vincularon con
anterioridad al 31 de diciembre de 1996.
Asimismo, manifestó que, al considerar a las Corporaciones Autónomas Regionales
como establecimientos públicos del orden nacional, se les vulneraba el régimen
autónomo que les otorgó la Carta de 1991, pues, advirtió que, aquellos organismos
eran solo los previstos en el artículo 38 de la Ley 489 de 19982.
Aseveró entonces, después de referirse a la naturaleza jurídica de las Corporaciones
Autónomas Regionales en vigencia de la Constitución de 1991, y del régimen
prestacional de los empleados de estas entidades, que si bien con el Decreto 3118 de
1968, se creó tanto el régimen anualizado de cesantías como el Fondo Nacional del
Ahorro y dada la fecha de su vinculación a la Corporación Autónoma Regional de la
Guajira, en principio era acreedor al referido régimen de cesantías, pero que, como
con la Constitución del 91 dichas entidades fueron desligadas de la Rama Ejecutiva,
también dejaron de estar cobijadas por el Decreto 3118 de 1968.
2 «Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones»
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En ese orden precisó que, a partir del 4 de julio de 1991, el único régimen de cesantías
aplicable en su caso era el retroactivo consagrado en la Ley 6 de 1945, pues, concluyó
que, con la vigencia de la Carta Política de 1991, el sistema anualizado de cesantías
solo era aplicable a los funcionarios vinculados a los organismos del nivel nacional de
la Rama Ejecutiva del poder público, al cual ya no pertenecían las Corporaciones
Autónomas Regionales.
Finalmente alegó que, concebir que las Corporaciones Autónomas Regionales son
establecimientos públicos conllevaba una violación directa de la Constitución, dado
que se aceptaría que estas pertenecerían a la Rama Ejecutiva, situación que no está
prevista en la norma de normas ni en la ley que las regula. En consecuencia, manifestó
que lo pretendido era, en aplicación del principio de favorabilidad, establecer el
régimen de cesantías aplicable de quien, si bien se vinculó cuando la entidad era del
orden nacional, con posterioridad se convirtió en un órgano autónomo por mandato
constitucional.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 27 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de tutela, ordenó notificar al demandante, así como a la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en calidad de accionada, y le otorgó
el término de dos días para que rindiera el informe de que trata el artículo 19 del
Decreto 2591 de 1991.
Como terceros con interés, vinculó al Tribunal Administrativo de la Guajira [autoridad
judicial de primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho] y
a la Corporación Autónoma Regional de la Guajira -CORPOGUAJIRA- [parte
demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho], para que, si lo
consideraban del caso, intervinieran en la presente acción, dentro de la misma
oportunidad concedida a la parte demandada.
De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la corporación con la información de la tutela, con
el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió a las
autoridades judiciales respectivas la remisión digital del expediente del proceso
ordinario donde se dictó la providencia censurada.
Finalmente, reconoció al abogado Víctor Manuel Arévalo Escobar, como apoderado
del tutelante, de conformidad con el poder otorgado en su favor.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
El magistrado ponente de la decisión censurada solicitó que se niegue el mecanismo
de amparo, así, previó a realizar unas consideraciones sobre el régimen de cesantías
aplicables a los empleados de las Corporaciones Autónomas Regionales, advirtió que
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la decisión cuestionada fue adoptada conforme a la jurisprudencia aplicable al caso y
la debida interpretación de la normativa que gobernaba la situación del demandante.
En ese orden, indicó que conforme a lo probado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho el actor había laborado en la entidad demandada desde
el 6 de septiembre de 1990, sumado a que había sido afiliado al Fondo Nacional del
Ahorro, todo ello en vigencia del Decreto 3118 de 1968, que consagró el régimen
anualizado de cesantías para los empleados del orden nacional.
1.6.2. Tribunal Administrativo de la Guajira
La referida corporación, después de referirse de manera sucinta a las consideraciones
expuestas en la sentencia de 28 de junio de 2023, requirió la declaratoria de
improcedencia de la acción de protección por falta de relevancia constitucional,
comoquiera que lo pretendido por el accionante era reabrir un debate que ya había
sido definido por los jueces ordinarios, referido al régimen de cesantías que le era
aplicable.
1.6.3. Corporación Autónoma Regional de la Guajira -CORPOGUAIRA-
La entidad pidió, además de que sean negadas las pretensiones de la acción de tutela,
su desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva,
en atención a que no era responsable de la posible vulneración de algún derecho
fundamental del tutelante.
1.7. Manifestación de impedimento
El despacho sustanciador presentó proyecto de fallo a la Sala, no obstante, el
magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó estar impedido para conocer del
asunto de la referencia con fundamento en la causal 1.º del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal.
Al respecto, el funcionario argumentó que sostenía una amistad íntima con el
magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, quien suscribió la sentencia del 7 de abril de
2025, en calidad de integrante de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, la cual es la providencia cuestionada en este escenario.
Con auto de 22 de enero de 2026, la referida manifestación se declaró infundada
debido a que la situación manifestada por el doctor Barreto Suárez no se ajustaba a lo
descrito en la causal invocada.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de
tutela presentada por el señor Emiro Bohórquez Correa, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
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2.2. Cuestión previa
La Corporación Autónoma Regional de la Guajira -CORPOGUAJIRA- solicitó su retiro
del presente proceso, con sustento en la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Al respecto, debe indicarse que la petición será negada en atención a que la
comparecencia de dicha entidad no fue en calidad de parte demandada sino de
tercero, dado el interés que le puede asistir en las resultas, pues fue la entidad que
conformó el extremo pasivo en el contencioso ordinario donde se dictó la decisión
censurada.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales
del accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia de 7 de
abril de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, que confirmó el fallo de 28 de junio de 2023, dictado por el Tribunal
Administrativo de la Guajira, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra la Corporación Autónoma Regional
de la Guajira -CORPOGUAJIRA-.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los
requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia constitucional y,
de encontrarse superado, junto con los demás; (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20123,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20146, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
5 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
2.5.1.1. La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la
referencia, para lo cual resulta pertinente, en primer lugar, recordar el criterio adoptado
por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la
acción constitucional de cara a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este requisito
se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…)
(Énfasis de la Sala)
En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
20227 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito
de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se
pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional.
De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos
por esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta
que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo solo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a
los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad.
Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta una
afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de una actuación
arbitraria.
Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los
derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan
advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este mecanismo
constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre8.
2.5.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por el
tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que, en primer lugar, las inconformidades planteadas no
contienen la carga argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del porqué
el asunto requiere la intervención del fallador de esta sede; es decir, no tienen la
identidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos
constitucionales.
En efecto, si bien el actor alegó la configuración de los defectos sustantivo y de
violación directa de la Constitución, lo cierto es que no satisfizo la carga desde la
perspectiva constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de unificación
SU-215 de 2022, pues, el debate planteado en esta instancia tiene como objeto refutar
las consideraciones de la autoridad judicial accionada, más allá de exponer cómo se
materializó la presunta trasgresión de sus garantías fundamentales.
Se reitera que, la afirmación consistente en que se vulneraron determinadas
prerrogativas superiores no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de
tutela revista necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se requiere
que en el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita
vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho
fundamental. Esto, ya que la competencia de este operador judicial se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal
o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales.
La carga argumentativa a la cual hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política para cumplir
el mencionado ejercicio, sino que dicha labor comprende un ejercicio argumentativo
mucho más profundo. En el escrito contentivo de la tutela, se advierte el reparo a la
decisión de segunda instancia a partir de la configuración de determinados defectos,
pero huérfano de una línea conceptual ius fundamental que permita al juez desarrollar,
interpretar o aplicar la carta política respecto al caso concreto.
8 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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En segundo lugar, la parte accionante busca en este escenario judicial que el juez
constitucional desplace al juez natural del asunto, para obtener la interpretación y
aplicación de las normas y principios, en la forma que a ella le parece «correcta». Es
decir, en otros términos, pretende a través del mecanismo constitucional crear una
instancia adicional, en la que se estudie nuevamente los cargos que ya fueron
zanjados por los operadores judiciales ordinarios y, además obtener una decisión
favorable.
Se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado al
juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales
de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en las
consideraciones de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro del
trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los motivos de los accionantes
frente a la apreciación jurídica del proceso contencioso expuestos en la solicitud de
amparo sin el debido contraste de un indebido e irracional estudio por parte de la
autoridad judicial, ello atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en
últimas se convertiría el mecanismo amparo en una tercera instancia.
Ello es así, por cuanto frente a los temas relativos a la naturaleza jurídica de las
Corporaciones Autónomas Regionales y los regímenes de liquidación de cesantías, en
la providencia censurada ya se realizó el respectivo pronunciamiento, cuando, de una
parte, y después de traer a colación la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
propio Consejo de Estado, concluyó que, estas entidades son del orden nacional y,
por otro lado, advirtió que con la entrada en vigencia del Decreto 3118 de 1968, se
dispuso la liquidación anual de las cesantías para estas.
Luego, se itera, lo pretendido por el actor es que se realice nuevamente, en este
escenario, el análisis de dichos tópicos, lo cual resulta notoriamente improcedente,
comoquiera que no le está permitido al juez de la acción de amparo constitucional
inmiscuirse en los asuntos que le son propios del administrador de justicia que conoce
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.
Asimismo, en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en los eventos
que el amparo constitucional tiene como objeto cuestionar una decisión proferida por
un órgano de cierre, es imperativo demostrar que ésta se dictó de forma arbitraria o
caprichosa, lo cual no se advierte en el presente asunto.
2.6. Conclusión
De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de decisión declarará la improcedencia de
la solicitud de amparo, comoquiera que no se encontró satisfecho el requisito de
relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
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Demandante: Emiro Bohórquez Correa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07449-00
la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Corporación
Autónoma Regional de la Guajira -CORPOGUAJIRA-.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Emiro Bohórquez Correa contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicado en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”.
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