Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07455-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07455-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07455-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07455-00
Demandante: NELLY REY BAQUERO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia por
no superar el requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora Nelly Rey Baquero, actuando mediante apoderado judicial 1, instauró
acción de tutela2 contra el Juzgado Veintidós Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, a efectos de que se ampararan sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital.
La trasgresión de las citadas garantías, las atribuyó a las providencias proferidas
por las autoridades judiciales accionadas el 22 de junio de 2023 y 31 de octubre de
2024, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con radicado 11001-33-35-022-2022-00454-00/01.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió que:
1 Poder otorgado a los abogados Álvaro Daniel, Reyes Arévalo, Miguel Arcángel Sánchez Cristancho y Nora
Yanine Chaparro Ávila, a través de mensaje de datos.
2 Tutela radicada el 24 de noviembre de 2025 -Generación de Tutela en línea No 3349468
1
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Demandante: Nelly Rey Baquero
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07455-00
[…] SE DEJE SIN EFECTOS las sentencias emitidas por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN
“B”, en la providencia de fecha 31 de octubre de 2024 que CONFIRMÓ la sentencia
de primera instancia proferida por el JUZGADO VEINTIDÓS (22) ADMINISTRATIVO
DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. – SECCIÓN
SEGUNDA de fecha 22 de junio de 2023 mediante la cual NEGÓ las suplicas de la
demanda, dentro del proceso con radicado No. 11001333502220220045400.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al
Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B” a proferir sentencia
de fondo ordenando al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO ajustar la reliquidación de la pensión jubilación al retiro del
servicio de la docente , incluyendo además de los factores reconocidos,
adicionalmente se debe reconocer la PRIMA DE VACACIONES, factor sobre el
cual se hicieron cotizaciones a seguridad social […]3
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Nelly Rey Baquero instauró demanda contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en
adelante, Fomag) y la Fiduprevisora S.A, a efectos de que se ordenara a la
Secretaría de Educación de Bogotá, efectuar los descuentos sobre los factores que
se solicitan para su inclusión y de manera consecuente, realizar los aportes
correspondientes en materia pensional; y a título de restablecimiento del derecho,
se efectuara la reliquidación de la pensión de vejez que le fue reconocida con la
inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año anterior a la
adquisición de su status pensional.
El proceso correspondió por reparto al Juzgado Veintidós Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Bogotá que, mediante sentencia del 22 de junio de 2023, negó
las pretensiones.
La anterior decisión fue recurrida por la parte actora y confirmada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B mediante fallo
del 31 de octubre de 2024, al considerar que, de conformidad con lo previsto en el
artículo 1º de la Ley 33 de 1985 la pensión de jubilación se debe liquidar con el 75%
del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio.
A su turno, indicó que el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 enlista de manera taxativa
como factores salariales, la asignación básica, gastos de representación, primas de
3 Transcripción original del texto con posibles errores.
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Demandante: Nelly Rey Baquero
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas
extras, bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
De igual forma, refirió que, teniendo en cuenta que los factores solicitados por la
demandante, tales como, prima de vacaciones, prima de alimentación, prima
especial, prima de servicios y prima de navidad, no se encuentran enlistados en la
norma en cita, no habría lugar a su inclusión en la prestación, de la forma en que se
solicita.
La sentencia aludida, fue notificada a las partes a través de correo electrónico el 25
de septiembre de 20254.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora consideró que las autoridades judiciales accionadas al momento de
proferir las sentencias acusadas aplicó de manera errada el precedente judicial del
Consejo de Estado, tomando una decisión que no es razonable frente al asunto sin
una fundamentación conforme a derecho, más aún cuando existe un rango
constitucional como es el bloque de constitucionalidad, que para estos efectos es el
Acto legislativo 01 de 2005 que establece que, las pensiones deben liquidarse con
las cotizaciones realizadas por el aportante al sistema pensional.
Precisó que, si bien es cierto que la asignación básica, la bonificación mensual y la
bonificación pedagógica fueron tenidas en cuenta al momento en que se retiró del
servicio, no es menos cierto que los percibió y además la entidad para la cual
laboraba realizó las cotizaciones correspondientes, por lo que, según su criterio, la
liquidación de su mesada pensional debió efectuarse con los factores que de
manera previa le habían sido reconocidos, sin omitir la prima de vacaciones.
Señaló que el actuar de los despachos judiciales desconoce el derecho al mínimo
vital, toda vez que al no haberse proferido un fallo conforme a derecho se le ha
generado no solo inconvenientes económicos sino emocionales y familiares que
han desmejorado su calidad de vida, ya que no se reajustó su mesada pensional
conforme a derecho, vulnerando también derechos relacionados con la seguridad
social, toda vez que debido a las deducciones que le realizaron no ha podido
disfrutar de la utilidad de dicho bien fungible.
Adujo que, mediante sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2 del 25 de abril de
2019, proferida por el Consejo de Estado, se determinó que las pensiones de
jubilación reconocidas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, para los docentes vinculados hasta el 26 de junio de 2003, por remisión
de la Ley 91 de 1989 se deben liquidar con un ingreso base de liquidación (IBL)
4 Índice 21 proceso radicado 11001-33-35-022-2022-00454-01
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calculado de conformidad con la Ley 33 de 1985, norma a su vez fue modificada por
la Ley 62 de 1985, que determinó los factores salariales a tener en cuenta para
calcular el IBL de las pensiones de jubilación de los servidores públicos.
Indicó que, del mismo modo la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de
2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017, aunque no se pronunció expresamente
sobre el régimen de los docentes, sí determino que en procura de la sostenibilidad
financiera del sistema pensional todas las pensiones, independientemente del
régimen que les sea aplicable, deben liquidarse conforme a los factores salariales
frente a los cuales se realizaron efectivamente los aportes al sistema pensional,
criterio que el Consejo de Estado reiteró en la sentencia de tutela de fecha 31 de
octubre de 2019, dentro del proceso radicado 11001-03-15-000-2019-04192-005.
Afirmó que la Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas oportunidades se ha
pronunciado sobre el respeto a los derechos adquiridos y los factores salariales que
se deben incluir en el Ingreso Base de Liquidación (IBL) para la pensión de jubilación
de los servidores públicos, a saber:
• CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, EXPEDIENTE NO. 19001-23-31-
000-2011-0014401(1502-15) DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2019, C.P. DR. CARMELO
PERDOMO CUÉTER.
• CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, EXPEDIENTE NO. 76001-23-31-
000-2011-0141801(0852-15) DE 4 DE ABRIL DE 2019, C.P. DR. CARMELO
PERDOMO CUÉTER.
• CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, EXPEDIENTE NO. 25000-23-42-
000-2013-0270501(3190-14) DE 20 DE FEBRERO DE 2019, C.P. DR. CARMELO
PERDOMO CUÉTER.
• CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA, EXPEDIENTE NO. 52001-23-33-000-
2012-00143-01(IJ) DE 28 DE AGOSTO DE 2018, C.P. DR. CÉSAR PALOMINO
CORTES.
Conforme a lo anterior, refirió que los jueces tienen como deber de obligatorio
cumplimiento el de acoger las decisiones proferidas por los órganos de cierre
cuando éstas constituyan precedentes, y/o cuando se trate de sus propias
decisiones en casos idénticos.
Acto seguido, hizo referencia a los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, sin que hubiere desarrollado un cargo
especifico de cara a las sentencias censuradas.
Adujo que, conforme a la documental aportada, y las disposiciones previstas en el
5 Proceso adelantado por el señor Jesús Antonio Rave contra el Tribunal Administrativo de Caldas.
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artículo 6º del Decreto 2709 de 1994, el inciso 6º del artículo 1º del Acto Legislativo
01 de 2005, y la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de
2019, su mesada pensional debió reliquidarse con la inclusión de los factores
salariales devengados en el último año de servicio anterior a la fecha en la que
adquirió su estatus pensional, esto es, del 31 de enero de 2019 al 31 de enero de
2020, más los factores cotizados o determinados en la ley, como bonificación
decreto, bonificación pedagógica y prima de vacaciones, toda vez que respecto de
los mismos se realizaron los aportes correspondientes en materia pensional.
Por último, concluyó que, el fin perseguido mediante el presente asunto no es reabrir
el debate jurídico zanjado por el juez ordinario y convertir la acción de tutela en una
tercera instancia, sino que se garantice la protección de sus derechos
fundamentales, en pro de dar total aplicación a lo preceptuado en la Constitución
Política, ya que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un juicio de
validez al momento de aplicar a la norma.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 27 de noviembre 2025, la magistrada ponente de esta decisión
avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B 6 y al Juzgado
Veintidós Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá7, como autoridades
judiciales accionadas.
Así mismo, vinculó como terceros interesados en el resultado del proceso, a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional8, Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio9, a la Fiduciaria La Previsora S.A.10, y a la Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C., Secretaría de Educación11. «parte demandada dentro del proceso ordinario».
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Juzgado Veintidós Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
El titular del Despacho, allegó escrito en el que realizó un recuentro de las
actuaciones surtidas al interior del medio de control que ahora es objeto de
controversia, para luego concluir que por su parte, no existió vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la accionante, toda vez que conforme los
6 scs02sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co
7 Notificación realizada al correo: admin22bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
8 Notificación realizada al correo: notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co
9 Notificación realizada al correo: tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co
10 Notificación realizada al correo: notjudicial@fiduprevisora.com.co
11 notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co notificacionestutelas@educacionbogota.edu.co
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medios probatorios allegados al proceso, dicha instancia estableció que la pensión
de jubilación que le fue reconocida, se encuentra ajustada a derecho, en la medida
que el ingreso base de liquidación se acompasa con el ingreso base de cotización
y en la ley no existe la posibilidad de que una vez causada y reconocida la
prestación, pueda solicitarse el aporte por nuevos factores para que conformen la
base de cotización y su posterior inclusión en la base de liquidación pensional.
Refirió que, en el presente asunto no se satisfacen los requisitos generales ni
especiales que ha definido la Corte Constitucional, para la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencia judicial y en ese orden, la decisión
adoptada por dicho Despacho que fue confirmada por el Juez Colegiado cobró
firmeza, siendo de obligatorio cumplimiento.
En razón a lo expuesto, solicitó que se declare improcedente la acción de la
referencia, y, en consecuencia, se exonere de todo tipo de responsabilidad.
1.6.2. Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá
Manifestó que, en el caso particular no se cumple con ninguno de los requisitos
específicos establecidos por la jurisprudencia constitucional para que sea
procedente la acción incoada, por el contrario, lo pretendido por la accionante es
revivir, en sede constitucional, la discusión jurídica respecto de la decisión adoptada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en segunda instancia.
Precisó que, el mecanismo de la referencia no es el mecanismo idóneo para reabrir
discusiones jurídicas que ya fueron resueltas por el juez natural de la causa o pleitos
y demandas perdidas, máxime cuando la accionante gozó de todas las garantías
procesales consagradas en el ordenamiento jurídico, por lo que debe declararse su
improcedencia.
1.6.3. Ministerio de Educación Nacional
Señaló que el presente mecanismo se torna improcedente, toda vez que se
presenta como debate procesal una controversia de naturaleza estrictamente
económica, y un litigio que involucra intereses privados, situación que excede la
competencia del juez de tutela, por carecer de absoluta relevancia constitucional.
Así mismo, refirió que en el caso sub examine no se cumplen ninguno de los
presupuestos establecidos en la sentencia C-590 de 2005, con relación a la
procedencia de las acciones de tutela contra providencia judicial, los cuáles fueron
reiterados en la sentencia SU-128 de 2001.
Por consiguiente, solicitó se declare improcedente el mecanismo de la referencia, y
se ordene su desvinculación del presente asunto.
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1.6.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B, el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, y la Fiduciaria La Previsora
S.A., pese a estar debidamente notificados del presente trámite, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la acción
de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, los artículos 2.2.3.1.2.4 y
2.2.3.1.2.1. numeral 5° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del
Decreto 333 de 2021, por cuanto se dirige entre otros, contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.
2.2. Cuestión previa
El Ministerio de Educación Nacional, solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional, al considerar que, carece de legitimación en la causa por pasiva para
comparecer al presente asunto; sin embargo, la Sala no accederá a dicha petición
comoquiera que su vinculación al presente mecanismo obedeció a que fungió como
extremo pasivo de la litis al interior del medio de control de nulidad y establecimiento
del derecho que se cuestiona.
2.3. Problema jurídico
La Sala advierte que, si bien la parte actora también le atribuye la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al Juzgado Veintidós Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Bogotá, el estudio del presente asunto se abordará a
partir de los argumentos contenidos en la providencia dictada el 31 de octubre de
2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, comoquiera que fue la que puso fin al proceso objeto de debate.
En este orden, conforme a lo establecido en los antecedentes, las pretensiones
invocadas por la accionante, el material probatorio recaudado, y las intervenciones
presentadas, corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:
¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B, vulneró los derechos fundamentales de la accionante, con ocasión de la
sentencia dictada en segunda instancia el 31 de octubre de 2024, al interior
7
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del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado 11001-33-35-022-2022-00454-00/01?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos generales de procedibilidad
de la tutela contra providencia judicial; y (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 12
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema13 y declaró su
procedencia.14
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Relevancia constitucional
Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará improcedente la acción
constitucional ante la falta de relevancia constitucional, puesto que no cumple con
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth
García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
14 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de
202215.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal16 (Énfasis de la
Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico17; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional18.
15 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
16 Sentencia SU-573 de 2019.
17 Sentencia SU-103 de 2022.
18 Sentencia SU-103 de 2022.
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En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica […]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal19”. En este orden, se reitera que el examen de
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales20”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto21, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal22. (Resaltado de
la Sala)
2.6. Caso concreto
Revisado el escrito de amparo, y si bien la parte actora no le atribuye algún defecto
específico a la sentencia acusada, de los argumentos expuestos en el sustento de
la vulneración, se evidencia que los reparos realizados podrían enmarcarse en los
defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial.
Lo anterior, por cuanto la tutelante es reiterativa en indicar que la autoridad judicial
accionada al momento de proferir la providencia enjuiciada aplicó de manera errada
las normas que regulan la materia, además de haber adoptado una decisión que no
es razonable frente al asunto sin una fundamentación conforme a derecho.
En igual sentido, fue insistente en señalar que, conforme a la documental aportada
y las disposiciones previstas en el artículo 6º del Decreto 2709 de 1994, el inciso 6º
del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, y la sentencia de unificación SUJ-
014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, su mesada pensional debió reliquidarse
con la inclusión de los factores salariales devengados en el último año de servicio
anterior a la fecha en la que adquirió su estatus pensional, esto es, del 31 de enero
de 2019 al 31 de enero de 2020, más los factores cotizados o determinados en la
ley, como bonificación decreto, bonificación pedagógica y prima de vacaciones, toda
vez que respecto de los mismos se realizaron los aportes correspondientes en
materia pensional.
19 Sentencia SU-103 de 2022.
20 Sentencia SU-128 de 2021.
21 Sentencia SU-573 de 2019.
22 Ibid.
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Sin embargo, considera la Sala que el presente asunto no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional, por cuanto, no se avizora un argumento sólido
que demuestre la transgresión de sus garantías constitucionales que permitan
superar el referido presupuesto tratándose de acción de tutela contra providencia
judicial; ello comoquiera que: (i) el debate gira en torno a un asunto de interpretación
meramente legal y, (ii) no se observan afectaciones a derechos fundamentales
como el debido proceso, pues no se alegó algún reproche frente a su ejercicio de
defensa y contradicción dentro del trámite adelantado al interior del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado.
Así mismo, se advierte que el amparo constitucional estudiado no tiene la identidad
o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos constitucionales, ya
que la discusión planteada por la parte accionante pone en evidencia una
inconformidad con la conclusión a la que llegó el juez de segunda instancia.
Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en
el escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso
de lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de peso
que justifiquen la intromisión del juez constitucional. Máxime cuando no se evidencia
prima facie la vulneración de los derechos fundamentales por parte de la autoridad
judicial accionada.
Pues revisado el escrito de amparo, se observa que la tutelante reitera los
argumentos que fueron estudiados a lo largo del proceso ordinario, y que además
fueron planteados en el recurso de apelación formulado contra el fallo de primera
instancia.
En este orden, y analizada la motivación desplegada por el ad quem en la sentencia
censurada, se evidencia que en la misma se dejó señalado:
La parte actora solicitó en la demanda “… La revisión y ajuste de la pensión jubilación,
incluyendo, además de los ya reconocidos, todos los factores salariales devengados
por la docente, en el año anterior al RETIRO DEL SERVICIO, además teniendo en
cuenta que, de la PRIMA DE VACACIONES, se realizaron los descuentos a
Seguridad social y según el Acto Legislativo 01 de 2005, se deben incluir todos los
factores salariales sobre los que se hubiese realizado cotizaciones”
Sin embargo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 la
pensión de jubilación se debe liquidar con el setenta y cinco por ciento (75%) del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio,
aspecto que se debe verificar.
Según certificado de la Secretaría de Educación de Bogotá, la señora Nelly Rey
Baquero devengó entre el 1 de febrero de 2019 y el 31 de enero de 2020 (último año
de servicio) los siguientes conceptos: sueldo, prima de alimentación, prima especial,
bonificación pedagógica, prima de servicios, bonificación mensual, prima de
vacaciones y prima de navidad.
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En el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 se enlistan como factores de manera taxativa:
asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por
servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día
de descanso obligatorio.
Teniendo en cuenta que los factores solicitados por la demandante: “PRIMA DE
VACACIONES, PRIMA DE ALIMENTACIÓN, PRIMA ESPECIAL, PRIMA DE
SERVICIOS Y LA PRIMA DE NAVIDAD”, no se encuentran en la lista del artículo 1º
de la Ley 62 de 1985, la demandante no tiene derecho a la inclusión de los mismos.
Lo anterior, permite concluir que, si bien la parte actora intenta exponer las razones
por las cuales considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B incurrió en una vulneración de sus derechos
fundamentales, en realidad lo que se vislumbra es una simple inconformidad con lo
dispuesto por el ad quem en la sentencia censurada, y las conclusiones a las cuales
arribó, lo cual, per se, no implica una trasgresión de los mencionados derechos.
En ese sentido, se resalta que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar las mismas vía
acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el
debate propuesto por el accionante busca mutar el amparo constitucional en una
tercera instancia.
De igual forma, se advierte que los reparos formulados al enmarcarse en una tutela
contra providencia judicial, exige con mayor énfasis que se ejecute una exposición
que sin lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden
objeto de reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en
su núcleo esencial, sin que dicha exigencia se evidencie en el sub examine.
Acorde con lo analizado y de las argumentaciones expuestas en el escrito de
amparo, concluye la Sala que la controversia planteada ya fue estudiada y definida
por la autoridad judicial accionada, sin que sea permitido reabrir el debate ya
zanjado por el juez natural, so pretexto de la interpretación legal realizada por la
accionante, con relación a las normas que, de acuerdo a su sentir, resulta aplicable
a su situación particular.
Por otro lado, y si bien la señora Nelly Rey Baquero consideró que con la decisión
adoptada por la autoridad judicial accionada se desconocieron los pronunciamientos
realizados por el Consejo de Estado en las sentencias que quedaron reseñadas en
el sustento de la vulneración; advierte la Sala que dicho cargo tampoco supera el
requisito de relevancia constitucional, pues pese a que la parte cumplió con el deber
de identificar las respectivas providencias, omitió identificar la ratio que resulta
aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la
analogía con la litis anterior y la incidencia de estas en la decisión final que adopte
el fallador de instancia.
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De igual forma, se evidencia que la señora Rey Baquero solo se limitó a señalar que
en las providencias mencionadas se planteó la tesis relativa al respeto de los
derechos adquiridos y los factores salariales que se deben incluir en el Ingreso Base
de Liquidación (IBL) para la pensión de jubilación de los servidores públicos, sin que
hubiere precisado cómo tales decisiones variarían la decisión adoptada en su caso
particular o que los casos analizados en las providencias aludidas fueran similares
o idénticos a su caso concreto.
Al respecto, se hace menester recordar que esta Sección en repetidas ocasiones23
ha explicado que el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho
determinante del sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio
decidendi, la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una
providencia en donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.
Por último, y pese a que la tutelante es insistente en señalar que con la decisión
adoptada se le ocasionó un perjuicio irremediable, ya que al no proferirse una
sentencia conforme a derecho no solo se le generaron inconvenientes económicos
sino emocionales y familiares que han desmejorado su calidad de vida, considera
la Sala que dicho perjuicio no se encuentra acreditado, toda vez que del acervo
probatorio no es posible establecer que la actora se encuentre en una situación de
debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes, impostergables e
inmediatas para la protección de sus garantías constitucionales.
Así las cosas, y conforme a lo analizado, en el caso sub examine no es evidente la
tensión entre derechos fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad
judicial accionada, que amerite la intervención del juez constitucional, en tanto que,
la acción de tutela no se encuentra instituida para resolver asuntos de tal naturaleza
legal, máxime cuando lo perseguido por la accionante es que el juez de tutela realice
un nuevo estudio de los planteamientos ya examinados en el medio de control
adelantado en segunda instancia ante la corporación accionada, por lo que se
impone declarar la improcedencia de la presente acción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud de desvinculación realizada por el
Ministerio de Educación Nacional conforme a las razones expuestas en la parte
considerativa.
23 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 6
de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por la señora Nelly Rey Baquero, contra el Juzgado Veintidós Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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