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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07455-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07455-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de enero de 2026 proferida por la Sección Quinta de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07455-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2025 07455 01
Accionante: Nelly Rey Baquero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
– Subsección B y otro
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada que declaró improcedente
la acción de tutela por no cumplir el requisito general de
relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de
tutela proferido el 22 de enero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado
que declaró improcedente la solicitud de amparo.

1. LA SOLICITUD

La señora Nelly Rey Baquero, actuando a través de apoderado, interpuso acción de tutela
en contra de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección B, que confirmó la dictada el 22 de
junio de 2023 por el Juzgado Veintidós Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá,
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm.
11001 33 35 022 2022 00454 00/01, con el fin que se amparen sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, y
para ello, formuló las siguientes pretensiones1:

PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la
prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS las
sentencias emitidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
• SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”, en la providencia de fecha 31 de
octubre de 2024 que CONFIRMÓ la sentencia de primera instancia proferida por
el JUZGADO VEINTIDÓS (22) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. – SECCIÓN SEGUNDA de fecha 22 de
junio de 2023 mediante la cual NEGÓ las suplicas de la demanda, dentro del
proceso con radicado No. 11001333502220220045400.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 07455 00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Nelly Rey Baquero
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al
Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B” a proferir
sentencia de fondo ordenando al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO ajustar la reliquidación de la pensión
jubilación al retiro del servicio de la docente , incluyendo además de los
factores reconocidos, adicionalmente se debe reconocer la PRIMA DE
VACACIONES, factor sobre el cual se hicieron cotizaciones a seguridad
social.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que se vinculó como docente al magisterio oficial colombiano
desde el 7 de abril de 1983 hasta el 31 de enero de 2020 y que, una vez cumplidos los
requisitos previstos en la Ley 91 de 1989, solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.

Manifestó que, a través de la Resolución núm. 3387 del 22 de junio de 2011, le fue
reconocida y ordenada dicha prestación, con efectos a partir del 3 de septiembre de 2010;
sin embargo, resaltó que, solo le reconocieron como factores salariales la asignación
básica, la prima de alimentación, la prima especial, la prima de vacaciones y la prima de
navidad.

Señaló que, con ocasión de su retiro definitivo del servicio, solicitó al FOMAG la
reliquidación de su pensión, petición que fue resuelta a través de la Resolución núm.
5764 del 19 de octubre de 2020 reconociéndole como factores salariales la asignación
básica, la bonificación mensual y la bonificación pedagógica, omitiendo incluir la prima
de vacaciones.

Indicó que, el 8 de agosto de 2022 presentó una nueva solicitud de reliquidación, en el
que pidió que se tuviera en cuenta la prima de vacaciones como emolumento sobre el
cual se realizaron aportes correspondientes a seguridad social en el año anterior la fecha
de retiro del servicio. Al respecto, anotó que el FOMAG, mediante la Resolución núm.
8899 del 18 de agosto de 2022, negó el ajuste requerido.

Expuso que, en virtud de lo anterior, instauró demanda a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – FOMAG, la Fiduciaria La Previsora SA. y el Distrito de Bogotá – Secretaría de
Educación, con el fin de que se declarara la nulidad de la precitada resolución y se
ordenara a las entidades demandadas a reliquidar su pensión de jubilación incluyendo la
prima de vacaciones como factor salarial.

La demanda fue asignada por reparto al Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de
Bogotá que, mediante sentencia del 22 de junio de 2023 negó las pretensiones.

Inconforme con dicha decisión, la demandante, hoy accionante, interpuso recurso de
apelación y la Subsección B, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del 31 de octubre de 2024 la confirmó.

Como fundamento de la acción de tutela, la accionante sostuvo que la providencia
acusada vulnera su derecho fundamental al debido proceso y a la igualdad, pues
consideró que el tribunal aplicó de forma errónea el precedente del Consejo de Estado,

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adoptando una decisión carente de razonabilidad y sin una fundamentación ajustada al
ordenamiento jurídico, especialmente teniendo en cuenta el bloque de constitucionalidad,
y en particular el Acto Legislativo 01 de 2005, que dispone que las pensiones deben
liquidarse con base en las cotizaciones realizadas al sistema.

Advirtió que, con la presentación de la acción de tutela no pretende reabrir una tercera
instancia, ya que “el querer de mi representada es precisamente que se garanticen los
derechos fundamentales y principios constitucionales, tal como lo ordena le Ley”2.

Afirmó que, aunque la asignación básica, la bonificación mensual y la bonificación
pedagógica fueron tomadas en cuenta al momento de su retiro, no ocurrió lo mismo con
la prima de vacaciones, a pesar de que dicho concepto, según aseveró, fue efectivamente
percibido y cotizado por la entidad en la que laboraba. Por ello, a su juicio, la mesada
debió liquidarse incluyendo todos los factores salariales previamente reconocidos.

Finalmente arguyó que la sentencia acusada también vulneró su derecho fundamental al
mínimo vital, pues al no haberse proferido una decisión conforme a derecho ha sufrido
afectaciones económicas, emocionales y familiares que han disminuido su calidad de
vida. Asimismo, alegó que se trasgredió su derecho fundamental a la seguridad social,
pues debido a las deducciones realizadas no ha podido disfrutar plenamente de la utilidad
de su mesada pensional.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 24 de noviembre de 20253 y correspondió por reparto a la
Sección Quinta de esta Corporación que, por auto del 27 de noviembre de 20254 la
admitió y dispuso notificar5 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección B y al Juzgado Veintidós Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Bogotá, como parte accionada; así como, vincular6 a la Nación – Ministerio de
Educación, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, a la
Fiduciaria la Previsora SA, al distrito de Bogotá – Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría
de Educación, como terceros con interés.

De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
– Subsección B y al Juzgado Veintidós Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
Bogotá para que allegara copia digital del expediente correspondiente al proceso
identificado con el radicado núm. 11001 33 35 022 2022 00454 00/01.

2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 07455 00
3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 07455 00.
4 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 07455 00.
5 Esta orden se cumplió el 1 de diciembre de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 07455 00.
6
Ibidem

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3.2. El Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá presentó informe7
en el que hizo un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso y señaló que
no se configuró vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por la
accionante, por cuanto la decisión adoptada se ajustó a derecho.

Además, sostuvo que en el caso concreto no se cumplen los requisitos generales ni
especiales establecidos por la Corte Constitucional para la procedencia excepcional de
la tutela contra providencias judiciales. En consecuencia, solicitó declarar la
improcedencia de la acción y exonerarlo de cualquier tipo de responsabilidad.

3.3. La Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá allegó escrito8 en el que manifestó
que en el presente asunto no se satisfacen los requisitos específicos de procedencia de
la acción de tutela.

Indicó, adicionalmente, que esta se pretende utilizar para reabrir una discusión jurídica
ya resuelta por el juez natural, por lo que solicitó declarar su improcedencia.

3.4. El Ministerio de Educación Nacional también allegó escrito9 en el que solicitó declarar
improcedente la acción, al considerar que se trata de una controversia de carácter
estrictamente económico y de un litigio entre intereses particulares, materia que excede
la competencia del juez de tutela por carecer de relevancia constitucional.

Adicionalmente, solicitó la desvinculación de dicha cartera ministerial del presente trámite
tutelar.

3.5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y la Fiduciaria La Previsora
S.A., pese a estar debidamente notificados del presente trámite, guardaron silencio.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 22 de enero de 202610,
por una parte, negó la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Educación Nacional, y por otra, declaró improcedente la acción de tutela.

Para ello, expuso lo siguiente:

[…] considera la Sala que el presente asunto no cumple con el requisito general
de relevancia constitucional, por cuanto, no se avizora un argumento sólido que
demuestre la transgresión de sus garantías constitucionales que permitan superar
el referido presupuesto tratándose de acción de tutela contra providencia judicial;
ello comoquiera que: (i) el debate gira en torno a un asunto de interpretación
meramente legal y, (ii) no se observan afectaciones a derecho fundamentales
como el debido proceso, pues no se alegó algún reproche frente a su ejercicio de

7 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 07455 00
8 Visto en los índices 10 y 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

11001 03 15 000 2025 07455 00
9 Visto en los índices 12 y 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

11001 03 15 000 2025 07455 00
10 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

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defensa y contradicción dentro del trámite adelantado al interior del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado.

Así mismo, se advierte que el amparo constitucional estudiado no tiene la
identidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos
constitucionales, ya que la discusión planteada por la parte accionante pone en
evidencia una inconformidad con la conclusión a la que llegó el juez de segunda
instancia.

Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos
en el escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un
uso de lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de
peso que justifiquen la intromisión del juez constitucional. Máxime cuando no se
evidencia prima facie la vulneración de los derechos fundamentales por parte de
la autoridad judicial accionada.

(…)

Así las cosas, y conforme a lo analizado, en el caso sub examine no es evidente
la tensión entre derechos fundamentales en contraste con lo decidido por la
autoridad judicial accionada, que amerite la intervención del juez constitucional,
en tanto que, la acción de tutela no se encuentra instituida para resolver asuntos
de tal naturaleza legal, máxime cuando lo perseguido por la accionante es que el
juez de tutela realice un nuevo estudio de los planteamientos ya examinados en
el medio de control adelantado en segunda instancia ante la corporación
accionada, por lo que se impone declarar la improcedencia de la presente acción
[…].

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con la sentencia de primera instancia, la accionante lo impugnó11
manifestando que “contrario a lo sostenido en el fallo, el caso sí reviste de plena
relevancia constitucional, toda vez que se encuentra comprometida de manera directa e
indiscutible con la protección efectiva de derechos fundamentales, entre ellos el debido
proceso, el mínimo vital y la seguridad social”.

Al respecto, adujo que:

La vulneración a los derechos y principios fundamentales, tales como la igualdad,
seguridad social, debido proceso, mínimo vital, radica en que, durante la vinculación
laboral de la accionante como docente oficial del Magisterio Colombiano, realizo
descuentos a Seguridad Social, tal como lo estipula el principio de sostenibilidad
financiera. No obstante, al momento en que la accionante se retira del servicio
docente, la entidad no emite el Acto administrativo conforme a derecho, incurriendo
la entidad en error al no realizar un estudio a la liquidación consecuente con lo
devengado y cotizado, para que se incluyeran los emolumentos a los que se
realizaron las cotizaciones correspondientes.

Reprochó que el a quo realizó una interpretación excesivamente restrictiva del requisito de
relevancia constitucional, desconociendo el principio pro actione y el mandato de
interpretación favorable a la efectividad de los derechos fundamentales.

11 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 07455 00.

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Reiteró que la tutela no busca funcionar como una tercera instancia, pues el proceso
ordinario ya fue agotado; sino que, su finalidad es obtener un control de validez sobre la
correcta aplicación de la Constitución, en especial del Acto Legislativo 01 de 2005 sobre la
liquidación pensional.

Sostuvo que las decisiones judiciales cuestionadas desconocieron los mandatos
constitucionales al concluir que su pensión estaba bien liquidada, pese a que la entidad
empleadora efectuó aportes a seguridad social sobre los factores salariales excluidos.
Alegó que dicha omisión afecta su patrimonio y su mínimo vital, más aún cuando durante
toda su vinculación como docente se cotizó sobre la totalidad de sus ingresos.

Finalmente, insistió en que el ingreso base de liquidación de las pensiones de docentes
afiliados al FOMAG debe incluir todos los emolumentos sujetos a cotización, conforme al
artículo 48 de la Constitución y al principio de sostenibilidad financiera del sistema.

5.2. Por auto proferido el 3 de febrero de 2026 se concedió la impugnación12 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 12 de febrero de 202613.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 14, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201515, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202116, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201917, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

6.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente18:

12 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 07455 00.
13 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 07455 01.
14 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
15 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
16 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
17 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
18 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 11001 33 35 022 2022 00454

00/01.

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6.2.1. La señora Nelly Rey Baquero, actuando a través de apoderada, presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación - Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG);
la Fiduciaria Previsora SA y el Distrito de Bogotá DC – Secretaría de Educación, con el
fin de obtener la nulidad del acto administrativo que le negó la reliquidación pensional
incluyendo la prima de vacaciones como factor salarial.

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Veintidós Administrativo del
Circuito de Bogotá que, mediante sentencia del 22 de junio de 2023, negó las
pretensiones.

6.2.3. Inconforme con la anterior decisión, la señora Rey Baquero interpuso recurso de
apelación y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda, Subsección
B, mediante sentencia del 31 de octubre de 2024, notificada el 25 de septiembre de 2025,
decidió confirmar la sentencia de primera instancia.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la impugnación, la Sala considera
necesario resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en
el escrito de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito
general de relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso
concreto.

6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]19.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

19 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.

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A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades20:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 21. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.

6.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que22:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la

20 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
21 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
22 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.

La Sala considera que, en este evento, tal como lo indicó el a quo, no se cumple el
requisito de relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces, no está superado.

Lo anterior, por cuanto la petición de amparo está siendo utilizada por la parte actora para
reabrir el debate resuelto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dado
que sus inconformidades están encaminadas a controvertir la interpretación normativa y
la valoración probatoria realizada por el juez natural de la causa e insistir en que sí tiene
derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión de todos los
factores salariales devengados en el último año anterior a la adquisición de su estatus
pensional, puntualmente con la inclusión de la prima de vacaciones, lo cual ya fue objeto
de debate.

Al respecto, en la providencia acusada, la autoridad judicial accionada señaló que, dado
a que la vinculación a la Secretaría de Educación de Bogotá ocurrió el 22 de marzo de
1983, es decir, antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, resultan aplicables
las Leyes 33 y 62 de 1985, razón por la cual la liquidación debía efectuarse con el 75%
del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio,
tomando únicamente los factores previstos de manera taxativa en la Ley 62 de 1985 y
siempre que se demuestre que respecto de dichos factores se realizaron los aportes
correspondientes al sistema, lo cual no acreditó en el proceso.

Bajo dicho contexto, la Sala observa que la accionante pretende que el juez constitucional
reexamine un asunto ya decidido por el juez natural de la causa, con el propósito de
obtener una decisión distinta y favorable a sus intereses. En esencia, se busca
controvertir los argumentos de las decisiones cuestionadas, para que se evalúen
nuevamente los planteamientos debatidos en el trámite del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.

En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la decisión del
juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de la contestación, las
pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes, está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el
ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera
el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no
ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia, entraría

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Accionante: Nelly Rey Baquero
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del juez
competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el
evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le fueron
planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones, excepciones y
hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado a
decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre
las partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido el
debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando ella está
por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han formulado
demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede comprometer el núcleo
fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente que ese no es el
supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la parte accionante no alega que el
juez se haya desviado de los hechos o el derecho propuesto en el proceso.

En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por cuanto
no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, por lo que se confirmará
el fallo proferido el 22 de enero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de enero de 2026 proferida por la Sección
Quinta de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 26 de
marzo de 2026.

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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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