Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07487-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07487-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07487-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
30 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07487-00
Accionante: OSCAR SIERRA ESTRADA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – requisitos / relevancia
constitucional / improcedencia – El accionante acudió a la acción de tutela con el
propósito de reabrir una discusión ya resuelta en sede del proceso ordinario.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela promovida el 25 de noviembre de 2025 1 por el
señor Oscar Sierra Estrada, quien actúa a través de apoderado judicial, contra el
Tribunal Administrativo de Sucre. A su juicio, dichas autoridades judiciales
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia, tutela judicial efectiva y principio de favorabilidad.
ANTECEDENTES
Hechos relevantes
1. La parte demandante es docente oficial y pertenece a la categoría 2BE del
escalafón docente vigente, regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.
2. El actor manifestó que, en ejercicio de su competencia para fijar el régimen
salarial de los empleados del Estado, el Gobierno Nacional estableció aumentos
iguales para los docentes conforme al Decreto 1278 de 2002 durante los años 2005,
2006 y 2007. No obstante, en 2009, se dispuso incrementos diferenciados e
injustificados, sin motivación técnica, jurídica o fáctica, con lo que, a juicio del
accionante, se generó una ruptura en la política salarial uniforme restablecida desde
2012.
3. El tutelante sostuvo que, en el año 2009, el incremento salarial asignado a la
categoría 2AE ascendió al 15,61 %, mientras que el aumento correspondiente a la
categoría 2BE2 apenas alcanzó el 7,67 %, lo que refleja un trato desigual carente
de justificación objetiva.
1 Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL
martes, 25 de noviembre de 2025 con secuencia: 12074 - Cuad.:1”.
2 A la cual pertenece el demandante.
1
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Accionante: Oscar Sierra Estrada
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
4. Ante esta situación, el docente presentó reclamación administrativa frente a la
Nación – Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del
Departamento de Sucre, en la cual solicitó el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales derivadas de los incrementos fijados para el año 2009.
5. Mediante los oficios de fecha 17 de marzo de 2024 y 2024-EE-076007 del 8 de
marzo de 2024, la Secretaría de Educación de Sucre y el Ministerio de Educación
Nacional negaron la reclamación administrativa.
6. Como consecuencia de la negativa administrativa, el señor Óscar Sierra Estrada
interpuso demanda contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el
Departamento de Sucre, en la cual solicitó la inaplicación por ilegalidad del decreto
expedido en 2024 que fijó la escala salarial del personal docente, así como la
nulidad de los actos administrativos proferidos por las entidades demandadas. En
consecuencia, pidió el reconocimiento y pago de las diferencias salariales causadas
durante los tres (3) años anteriores a la reclamación administrativa, por efecto de la
prescripción, y de las que se generen hacia el futuro.
7. Mediante Sentencia del 31 de marzo de 2025, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Sincelejo3 negó las pretensiones de la demanda.
Manifestó que la parte actora afirmó que los reajustes debían ser iguales o
superiores para todos los niveles del escalafón docente. El despacho de
conocimiento no compartió tal apreciación, pues el ordenamiento jurídico no impone
incrementos salariales idénticos para los servidores públicos. En criterio de la
autoridad judicial. La administración debe definir los aumentos salariales con
criterios de progresividad, dentro de los límites fijados por el Gobierno Nacional,
guardando equivalencia entre cargos similares y garantizar, en todo caso, que
ningún servidor reciba un incremento inferior al IPC del año inmediatamente
anterior.
8. Señaló que el IPC del año 2008 fue del 7,67 %, el cual constituyó un referente
válido para el reajuste salarial del año 2009. En consecuencia, el incremento del
7,67 % aplicado al grado 2BE se ajustó a derecho y no desconoció los principios
constitucionales. En conclusión, indicó que la diferencia salarial entre los grados
2BE y 2AE en el año 2009 no vulneró el derecho a la igualdad ni el principio de
progresividad, razón por la cual no se desvirtúa la presunción de legalidad de los
actos administrativos demandados.
9. A través de providencia del 6 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de
Sucre confirmó la sentencia de primera instancia. Argumentó que las diferencias
salariales existentes en el año 2009 entre los niveles 2AE y 2BE se encuentran
justificadas en los criterios definidos por el legislador, en particular en la formación
profesional del docente, razón por la cual no resultan arbitrarias ni desconocen
derechos laborales, salariales o prestacionales. Además, los incrementos
decretados en los años 2008, 2009 y 2011 respetaron el mínimo necesario para
3 Proceso identificado bajo el radicado: 70001-33-33-002-2024-00113-00/01.
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Accionante: Oscar Sierra Estrada
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
preservar el poder adquisitivo, y, a partir de ese umbral, atendieron factores como
la formación académica, la capacitación y la experiencia.
10. Adicionalmente, la autoridad judicial de segundo grado manifestó que, de
conformidad con el Decreto 1278 de 2002, el salario del docente se determina según
el grado y nivel que acredite en el escalafón nacional, el cual se estructura con base
en la preparación académica, la experiencia y el mérito. En consecuencia, quien se
ubica en un determinado grado no puede exigir los mismos beneficios salariales de
quienes se encuentran en niveles distintos. Asimismo, en ejercicio de sus
competencias, el Gobierno Nacional podía efectuar ajustes diferenciados con el fin
de cerrar brechas salariales, sin que ello implique un trato discriminatorio.
11. En este contexto, concluyó que el análisis de igualdad resulta improcedente, en
tanto la diferenciación salarial en el presente caso se predica de sujetos que no se
encontraban en situaciones fácticas ni jurídicas equivalentes. El demandante no
puede equipararse a los docentes que en el año 2009 integraban el nivel 2B, puesto
que solo accedió a dicho grado en 2016. Por ello, no resulta aplicable el principio de
“a trabajo igual, salario igual”. En consecuencia, no se advierte la configuración de
un trato discriminatorio ni la procedencia de la excepción de ilegalidad, dado que la
diferenciación salarial se apoya en criterios objetivos, razonables y
constitucionalmente admisibles.
Pretensiones
12. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la
sentencia proferida el día 6 de agosto de 2025, en el expediente radicado
bajo número 70001-33-33-002-2024-00113-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) OSCAR SIERRA
ESTRADA, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la
jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al
caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE dejar sin efectos la providencia referida en
el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de
la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta
la situación particular del (la) docente OSCAR SIERRA ESTRADA a la luz
de los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos
debidamente probados en el debate jurídico.”4.
Fundamentos de la demanda de tutela
13. El accionante sostuvo que la tutela cumplía los requisitos de procedencia y que
la sentencia cuestionada incurrió en un defecto sustantivo, al no ofrecer una
motivación suficiente para justificar que, pese a encontrarse en una categoría
4 Índice electrónico 02 de SAMAI. 1_DemandaWeb_Demanda_TUTELAOSCARSIERRAEST(.pdf)
NroActua 2.
3
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Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
superior del escalafón docente (grado 2BE), recibiera un incremento salarial inferior
al otorgado a docentes ubicados en un nivel inferior (2AE). A su juicio, la providencia
avaló dicho trato sin articular la línea jurisprudencial invocada con las
particularidades del caso ni efectuar un análisis desde el principio de igualdad
material y la equidad retributiva.
14. Además, indicó que la sentencia desconoció el marco normativo aplicable —en
especial el literal j) del artículo 2 de la Ley 4ª de 1992 y los artículos 19 y 20 del
Decreto 1278 de 2002—, al admitir incrementos salariales desvinculados de la
formación, experiencia, idoneidad y mérito, en contravía de los artículos 25 y 53 de
la Constitución.
15. De igual manera, alegó la configuración de un defecto fáctico, pues no se
acreditó que el mayor incremento salarial otorgado a categorías inferiores
obedeciera a razones objetivas y verificables, ni existiera soporte probatorio que
justificara el trato diferenciado. En ese sentido, expresó que la decisión se apoyó en
conjeturas sobre la corrección de una supuesta brecha salarial no demostrada, lo
que comprometió las garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva.
16. Finalmente, invocó precedentes judiciales recientes que, en casos análogos,
reconocieron la existencia de un trato discriminatorio injustificado y ordenaron la
inaplicación de los decretos de aumento salarial y la anulación de los actos
administrativos correspondientes.
Trámite en primera instancia
17. Mediante auto del 27 de noviembre de 20255, el despacho sustanciador admitió
la acción de amparo y ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. A su vez, dispuso vincular al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional, al Departamento de Sucre, al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al Ministerio Público y a los demás
intervinientes dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado número 70001-33-33-002-2024-00113-00/01. Por
último, reconoció personería jurídica a la abogada Ana María Rodríguez Arrieta.
Intervenciones
18. La Gobernación de Sucre6 solicitó negar las pretensiones de la presente
acción de tutela, en la medida que no se vulneraron los derechos fundamentales del
actor.
19. El Tribunal Administrativo de Sucre7 afirmó que no incurrió en defecto alguno
y que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no transgredió derechos
5 Índice electrónico 05 de SAMAI. 5Autoqueadmite_120250748700ADMITEOS(.pdf) NroActua 5.
6Índice electrónico 013 de SAMAI. 10_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
RESPUESTADELAACCI(.pdf) NroActua 13.
7 Índice electrónico 012 de SAMAI. 9RECIBEMEMORIAL_Respuestatutela11001(.pdf) NroActua 12.
4
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
fundamentales, pues aplicó la normatividad y la jurisprudencia que consideró
pertinentes. Sostuvo que la acción de tutela busca abrir una nueva instancia de
discusión, pese a que este mecanismo no constituye un medio alternativo ni una
instancia adicional. En consecuencia, concluyó que admitir el amparo
desnaturalizaría el carácter residual y subsidiario de la tutela, por lo que solicitó su
rechazo por improcedente.
20. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo8 manifestó
que profirió la sentencia cuestionada sin desconocer las garantías constitucionales,
y menos aún las invocadas en la demanda, en tanto que dicha decisión respondió
a los supuestos fácticos y normativos aplicables al asunto objeto de estudio. Señaló
que la providencia se ajustó al material probatorio obrante en el expediente y acogió
las distintas posiciones jurisprudenciales del Consejo de Estado, órgano de cierre
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyas decisiones resultan
vinculantes cuando concurren supuestos fácticos y jurídicos iguales o similares,
como ocurrió en el caso examinado. En consecuencia, solicitó negar las
pretensiones de la demanda en lo relativo a cualquier responsabilidad atribuible a
este despacho judicial.
21. El Ministerio de Educación9 alegó falta de legitimación en la causa por pasiva,
al considerar que la acción de tutela se dirige contra una providencia del Tribunal
Administrativo del Sucre y no contra una actuación atribuible a esa entidad. De igual
manera, afirmó que el asunto carece de relevancia constitucional, pues no se
demostró la vulneración grave de derechos fundamentales ni una afectación al
acceso a la administración de justicia. Finalmente, sostuvo que el litigio tiene un
contenido meramente económico y patrimonial, razón por la cual solicitó que la
acción de tutela sea declarada improcedente.
CONSIDERACIONES
Competencia
22. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201910.
Problema jurídico y metodología de la decisión
23. El señor Oscar Sierra Estrada promovió acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Sucre, al considerar que vulneró sus derechos fundamentales.
Expuso que mientras a los docentes ubicados en la categoría 2AE se les reconoció
8 Índice electrónico 014 de SAMAI. 11_MemorialWeb_Respuesta-20250748700_Respon(.pdf)
NroActua 14.
9 Índice electrónico 017 de SAMAI. 15RECIBEMEMORIAL_2025EE361207Comunica(.pdf) NroActua
17.
10 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
5
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
un incremento salarial del 15,61 %, y a quienes se encontraban en la categoría 2BE
únicamente se les otorgó un aumento del 7,67 %. A su juicio, esta diferencia refleja
un trato salarial desigual e injustificado. Con fundamento en ello, sostuvo que las
autoridades judiciales accionadas desconocieron sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la tutela
judicial efectiva y al principio de favorabilidad.
24. En este escenario, la Sala debe determinar si la acción de tutela satisface el
requisito de relevancia constitucional. Ello resulta necesario, en tanto el actor ya
contó con la posibilidad de acceder a las dos instancias dentro del proceso ordinario,
lo que permite advertir que la tutela podría estar orientada a reabrir un debate
previamente resuelto por el juez natural de la controversia. En caso de superar el
dicho examen preliminar, la Sala estudiará si ¿incurrió el Tribunal Administrativo de
Sucre, al proferir la sentencia del del 6 de agosto de 2025, en un defecto sustantivo
y fáctico?
25. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Sala adoptará la siguiente
ruta de análisis: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (ii) el requisito de relevancia constitucional, análisis del caso
concreto.
La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
26. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200511, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
27. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar12; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela13, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional14 o el Consejo de Estado15,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-16; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
11 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
12 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
13 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
15 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
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Accionante: Oscar Sierra Estrada
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable17 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
El requisito de relevancia constitucional
28. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
29. La Corte Constitucional indicó18 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
30. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate19: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
31. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
17 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
19 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07487-00
Accionante: Oscar Sierra Estrada
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia20.
Análisis del caso concreto
32. El señor Oscar Sierra Estrada promovió acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Sucre, al considerar que la autoridad judicial atacada incurrió en
un defecto fáctico y sustantivo. A su juicio, dicha autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de
justicia, tutela judicial efectiva y principio de favorabilidad.
33. Mediante sentencia del 31 de marzo de 2025, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Sincelejo negó las pretensiones de la demanda, al
determinar que la diferencia salarial entre los grados 2AE y 2BE en el año 2009 no
vulneró el derecho a la igualdad ni el principio de progresividad, por lo que no se
desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.
34. Por su parte, a través de providencia del 6 de agosto de 2025, el Tribunal
Administrativo de Sucre confirmó la decisión, al concluir que las diferencias
salariales entre los niveles 2AE y 2BE se encontraban justificadas en criterios
legales, especialmente en la formación profesional del docente. Asimismo, señaló
que los incrementos salariales decretados en los años 2008, 2009 y 2011
respetaron el mínimo necesario para preservar el poder adquisitivo y atendieron
factores como la formación, la capacitación y la experiencia.
35. El Tribunal agregó que conforme al Decreto 1278 de 2002, el salario docente
se determina según el grado y nivel del escalafón, por lo que no resulta posible
equiparar situaciones pertenecientes a niveles distintos. En ese sentido, concluyó
que no procedía un juicio de igualdad, dado que el demandante solo accedió al nivel
2B en 2016, lo que descarta la aplicación del principio de “a trabajo igual, salario
igual”, así como la existencia de discriminación salarial o la procedencia de la
excepción de ilegalidad.
36. En primer lugar, la Sala examinará la legitimación en la causa; y, en segundo
lugar, verificará el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
Legitimación en la causa por activa y pasiva
37. En primer lugar, Oscar Sierra Estrada cuenta con legitimación en la causa por
activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya
vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona directamente afectada
por la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Sucre, providencia que,
según afirma, transgredió sus garantías constitucionales.
38. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la
causa por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el Tribunal
20 Corte Constitucional, Sentencia SU-134 de 2022.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07487-00
Accionante: Oscar Sierra Estrada
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Administrativo de Sucre, autoridad judicial que emitió la providencia a la que se le
atribuye la trasgresión de los derechos fundamentales reclamados por el
accionante.
39. El Ministerio de Educación Nacional solicitó ser desvinculado por falta de
legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, la Sala advierte que funge como
parte demandada dentro del proceso ordinario, de ahí que se mantendrá vinculado
dentro del presente trámite constitucional. Esto se fundamenta en que cuenta con
interés en el proceso, dado que puede verse afectado con una eventual decisión en
este caso.
Relevancia Constitucional
40. La Sala considera que los defectos alegados no superan el requisito general de
relevancia constitucional, pues la acción de tutela es utilizada para reiterar
argumentos que ya fueron resueltos en las dos instancias del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho21.
41. En primer lugar, el defecto fáctico no supera el requisito general de relevancia
constitucional. El accionante se limita a enunciar en términos generales una
indebida valoración probatoria del juez ordinario, sin exponer de manera concreta y
sustentada las razones por las cuales la omisión en la apreciación de determinados
medios de prueba habrían sido determinantes para modificar el sentido de las
decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Sucre, y en consecuencia
vulnerar sus derechos fundamentales. Tampoco aportó argumentos de
constitucionalidad respecto del juicio valorativo realizado por el fallador, lo que
implicó que la solicitud de amparo se centrara, en realidad, en reproducir
cuestionamientos ya decididos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
42. En relación con el presunto defecto sustantivo, la Sala advierte que tampoco se
satisface el requisito general de relevancia constitucional. El tutelante fundamentó
su inconformidad en una interpretación distinta de los artículos 25 y 53 de la
Constitución Política, del literal j) del artículo 2 de la Ley 4ª de 1992 y los artículos
19 y 20 del Decreto 1278 de 2002. Sin embargo, los argumentos expuestos no
permiten advertir la configuración del defecto alegado, pues su cuestionamiento se
dirige exclusivamente a controvertir la interpretación normativa realizada por el juez
ordinario. El Tribunal analizó el marco jurídico aplicable —en particular, la Ley 4ª de
1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002— y concluyó que los incrementos salariales
diferenciados obedecían a la estructura progresiva del escalafón docente y a las
categorías que lo integran. En esa medida, consideró que los grados 2AE y 2BE no
son comparables, ya que cada nivel es distinto.
43. En ese contexto, la inconformidad del actor se limita a proponer una lectura
alternativa del régimen salarial, sin demostrar que la autoridad judicial hubiese
desconocido de manera manifiesta el contenido normativo aplicable, utilizado una
21 Identificado con el número: 70001-33-33-002-2024-00113-00/01.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07487-00
Accionante: Oscar Sierra Estrada
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
norma inconstitucional o realizado una interpretación abiertamente irrazonable o
arbitraria. La sola discrepancia frente al criterio hermenéutico adoptado por el juez
natural no convierte el asunto en un problema de relevancia constitucional, pues no
constituye una afectación directa a los derechos fundamentales, sino un desacuerdo
propio del debate jurídico resuelto por la jurisdicción competente.
44. Ahora bien, el accionante invocó dos casos que consideró similares al caso bajo
estudio, el primero corresponde a la sentencia del 25 de marzo de 2025, proferida
por el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito de Medellín y el segundo
a la decisión adoptada por el Juzgado Veintiocho Administrativo del mismo circuito.
En ambos pronunciamientos se reconoció la existencia de un trato discriminatorio
injustificado, al otorgar incrementos salariales superiores a docentes ubicados en el
nivel 2A frente a aquellos pertenecientes al nivel 2B, pese a que este último exige
mayores requisitos y un mayor grado de mérito. En consecuencia, en dichas
decisiones se ordenó la inaplicación de los decretos de aumento salarial y la
anulación de los actos administrativos cuestionados.
45. No obstante, la Sala advierte que dichas providencias no constituyen
precedente vinculante para la resolución del presente asunto. En efecto, se trata de
decisiones proferidas por juzgados administrativos de circuito, los cuales no
ostentan la calidad de órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, ni a nivel de distrito judicial ni en el ámbito nacional, función que
corresponde al Consejo de Estado. En consecuencia, dichos pronunciamientos no
tienen fuerza vinculante y, por ende, no resultan obligatorios para la resolución de
la presente acción de amparo constitucional.
46. En criterio de esta Corporación, el requisito de relevancia constitucional implica
que el accionante no solo identifique un derecho fundamental presuntamente
afectado, sino que además acredite de manera clara, específica y suficiente la forma
en que la providencia judicial cuestionada desconoce dicha garantía. El
razonamiento jurídico requiere algo más que la simple alegación de la transgresión
de derechos fundamentales. Es imprescindible explicar con precisión la forma en
que estos han sido afectados, lo que evita la utilización de la tutela como un
mecanismo para manifestar una mera inconformidad contra las providencias
adoptadas y sea utilizada como una instancia adicional.
47. En este caso, resulta evidente que la acción constitucional fue promovida con
el propósito de reabrir un debate ya agotado en sede contencioso-administrativa,
donde las objeciones del actor fueron ampliamente examinadas a la luz del acervo
probatorio y decididas conforme al ordenamiento jurídico. Conviene recordar que la
tutela no constituye un recurso alternativo frente a sentencias desfavorables,
especialmente cuando las cuestiones debatidas fueron objeto de un análisis dentro
del proceso ordinario.
48. En particular, el tutelante sostiene que los incrementos salariales fijados por el
Gobierno Nacional fueron desproporcionados entre los grados 2AE y 2BE, pues la
categoría 2AE recibió un aumento del 15,61 %, mientras que la categoría 2BE
obtuvo solo el 7,67 %. A juicio del demandante, se configuró un trato salarial
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07487-00
Accionante: Oscar Sierra Estrada
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
desigual e injustificado. Sin embargo, la autoridad judicial accionada concluyó que
dicha diferencia no constituyó un trato indiscriminado ni vulneró el principio de “a
trabajo igual, salario igual”, al considerar que los docentes de los grados 2AE y 2BE
no son plenamente comparables por pertenecer a niveles distintos del escalafón y
estar sujetos a requisitos y condiciones de cualificación diferentes.
49. Adicionalmente, no se configura vulneración del derecho al debido proceso en
su dimensión fundamental. La Corte Constitucional ha señalado que dicho derecho
solo resulta afectado en ese ámbito cuando se desconocen sus garantías
esenciales, como el acceso al juez natural, la posibilidad de aportar y controvertir
pruebas, la publicidad del trámite y de las decisiones, la imparcialidad judicial o el
ejercicio de la defensa. Ninguno de estos aspectos resultó afectado en el caso bajo
estudio, toda vez que el accionante intervino de manera activa en el proceso
ordinario, ejerció su derecho a la defensa y obtuvo pronunciamientos de fondo. En
efecto, el Tribunal Administrativo de Sucre, en sentencia del 6 de agosto de 2025
resolvió la controversia.
50. En esa misma lógica, no se advierte vulneración al derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia en su dimensión constitucional. El peticionario
dispuso de un acceso real, efectivo y sin restricciones a la jurisdicción competente,
así como a los recursos previstos en el ordenamiento jurídico para controvertir las
decisiones adoptadas dentro del proceso. No obra prueba que permita inferir que
se le negó la posibilidad de acudir al aparato judicial, que se hubiere obstaculizado
el normal desarrollo del trámite, o que se le hubieran restringido sus facultades
procesales para ejercer su derecho de defensa y contradicción. Por el contrario, el
expediente refleja que las garantías propias del debido proceso fueron respetadas,
lo cual descarta cualquier afectación a la tutela judicial efectiva.
51. En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de amparo
constitucional, por cuanto no se cumplen los requisitos generales de procedencia.
En concreto, no se acredita la relevancia constitucional, pues la solicitante pretende
emplear la acción de tutela como un mecanismo para reabrir un debate ya definido
en el proceso ordinario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07487-00
Accionante: Oscar Sierra Estrada
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Oscar
Sierra Estrada, quien actúa a través de apoderada judicial, por no satisfacer el
requisito general de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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