Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07487-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07487-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07487-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-07487-01
Demandante OSCAR SIERRA ESTRADA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE
Temas Tutela contra providencia judicial. Defectos sustantivo y fáctico. Medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Diferencia
salarial escalafón docente. Requisitos de procedencia de tutela contra
providencia judicial: la relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora, contra el fallo del 30
de enero de 2026, proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, que dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Oscar Sierra
Estrada, quien actúa a través de apoderada judicial, por no satisfacer el requisito general de
relevancia constitucional. […]»
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 25 de noviembre de 20251, por intermedio de apoderada, el señor Oscar Sierra
Estrada interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, por
estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de
favorabilidad con la sentencia del 6 de agosto de 2025 por la que el tribunal
accionado confirmó la decisión de primera instancia en la que se negaron las
pretensiones de la demanda al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 70001-33-33-002-2024-00113-00/01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(Sic a toda la cita)
«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la sentencia proferida el
día 6 de agosto de 2025, en el expediente radicado bajo número 70001-33-33-002-2024-
00113-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) OSCAR SIERRA ESTRADA, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por
las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material probatorio obrante en
el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al
debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del (la) docente
OSCAR SIERRA ESTRADA a la luz de los argumentos planteados en la demanda
ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico».
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Samai, índice 2. Expediente 11001-03-15-000-2025-07487-00.
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Demandante: Oscar Sierra Estrada
2. Hechos
Del escrito se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Oscar Sierra Estrada se desempeña como docente oficial en la
categoría 2BE del escalafón docente vigente.
2.2. Sostuvo que con ocasión del incremento ordenado para el personal docente
vinculado en el nuevo escalafón establecido en el Decreto Ley 1278 de 2002,
para el año 2009 hubo aumentos porcentuales inequitativos en la asignación
básica salarial de dicho personal, lo que generó una diferenciación ya que a
los docentes ubicados en la categoría 2BE se les incrementó en un porcentaje
del 7,67%, mientras que a la categoría 2AE se le incrementó el salario en un
15,61%.
2.3. El 8 de marzo de 2024 el Ministerio de Educación Nacional dictó el oficio 2024-
EE-076007 y el 17 de marzo de la misma anualidad la Secretaría de Educación
Departamental de Sucre dictó oficio sin número de radicado, en los que se
negó el pago y reconocimiento de las diferencias salariales derivadas de los
incrementos desiguales e injustificados que favorecieron a los docentes 2AE
en detrimento de quienes se encontraban en el escalafón 2BE.
2.4. Para el año 2024 el señor Oscar Sierra Estrada haciendo uso del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la
Nación, Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Sucre, con el
fin de que se inaplicara el Decreto 284 de 2024 y de los demás decretos que
modificaron lo relacionado con el aumento de la asignación salarial que
correspondía a la categoría 2BE, así como también se declarara la nulidad de
los actos administrativos proferidos el 8 y 17 de marzo de 2024 por el Ministerio
de Educación Nacional (oficio No. 2024-EE-076007) y la Secretaría de
Educación Departamental del Sucre, que negaron su solicitud de
reconocimiento y pago de las diferencias salariales por el año 2009.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de
las diferencias salariales con ocasión del incremento salarial decretado de
manera desigual entre las categorías 2BE y 2AE del escalafón docente.
2.5. En primera instancia el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo conoció
del proceso 70001-33-33-002-2024-00113-00. En sentencia del 31 de marzo de
2025 negó las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de su decisión señaló que el salario de los docentes estaba
relacionado con el grado de escalafón, ya que está vinculado con la
preparación académica, experiencia docente y méritos reconocidos al
momento en que se asumió el empleo.
Explicó que el demandante no demostró estar incluido en el escalafón nacional
docente para el año 2009, ya que la resolución por la cual fue inscrito al
escalafón se expidió en el año 2011, mediante la cual se le vinculó al grado 2
nivel A. Mientras que el tránsito al escalafón 2BE tuvo lugar en agosto de 2017.
De ahí que «Tampoco, puede efectuarse un juicio de igualdad entre el (sic), quien para el
año 2009 no demostró estar incluido en el Escalafón Nacional Docente y, aquellos que, para
esa misma fecha, si pertenecían al Nivel 2BE, teniendo en cuenta que, las características que
los rodean son diferentes».
Dijo que el Gobierno Nacional cuenta con la posibilidad de establecer las
diferencias salariales en los diferentes escalafones. Esta decisión debe cumplir
el principio de progresividad y procurar que ningún incremento sea inferior al
IPC del año inmediatamente anterior. Por lo que afirmó que el incremento
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aplicado durante el año 2009 para el escalafón 2BE se encuentra ajustado a
derecho, ya que el IPC del año 2008 fue del 7,67%. Consideró que lo anterior
garantizó la movilidad salarial y capacidad adquisitiva del salario, por lo que
encontraba justificada objetivamente la diferencia.
Esta decisión fue apelada por la parte demandante.
2.6. El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión, conoció en
segunda instancia el recurso de apelación, y con sentencia del 6 de agosto de
2025 confirmó la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo.
Como fundamento indicó que no es posible otorgar la nivelación salarial
pretendida cuando para la vigencia 2009, la parte demandante no se
encontraba incluido en el respectivo escalafón, debido a que las disposiciones
que regulan el régimen salarial de los docentes rigen hacia el futuro.
Precisó que los salarios devengados estaban sustentados en el estatuto de
profesionalización de los docentes. Que a pesar de las diferencias
porcentuales en el aumento de los salarios año a año, ello se debía a
incentivos realizados a los educadores por sus esfuerzos, consagración y
experiencia, derivado de sus méritos y calidades, por lo que encontraba
justificada objetivamente la diferencia.
Por último, indicó que el juicio de igualdad se debe hacer entre sujetos
comparables, es decir, aquellos que tienen la misma situación fáctica y
jurídica, lo cual no sucede en este caso porque si bien los dos desarrollan las
mismas funciones no tienen el mismo escalafón.
3. Fundamentos de la acción
De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo
cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia
cuestionada incurrió en los siguientes vicios:
3.1. Defecto sustantivo: Se configura en este caso porque el tribunal realizó una
interpretación irrazonable y desproporcionada de las normas aplicables al
caso, específicamente los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, la Ley
4° de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002. Señaló que para el periodo 2009,
a pesar de que se encontraba en la categoría 2BE, en donde se requieren
mayores requisitos de formación y experiencia, se le dio a la categoría 2AE un
ajuste salarial más favorable lo que evidenció un trato discriminatorio contrario
a los principios de equidad y mérito.
3.2. Destacó que «mi poderdante previo al cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley
para el ingreso a la carrera docente, ha cursado un posgrado a título de especialización y ha
superado evaluación diagnóstico formativa para lograr reubicarse en la 2BE, situación que
merece mucha mejor valoración que el 2AE».
Indicó que el tribunal desconoció el alcance normativo del principio de igualdad
y el mandato de progresividad al no verificar si existían razones objetivas y
constitucionales válidas para justificar un incremento salarial tan dispar. Así
pues, afirmó que se incurrió en este defecto al no ofrecer «una justificación clara
y suficiente que explique por qué, a pesar de encontrarse el (la) demandante en una categoría
superior del escalafón -grado 2, nivel BE-, se le reconoció un aumento inferior al otorgado a
un docente ubicado en un nivel más bajo, como el grado 2 nivel AE», lo que en su
concepto no ofrece razones que permitan entender que esta desigualdad es
razonable y conforme a los principios e igualdad material y equidad retributiva.
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Explicó que el trato otorgado a los docentes del grado 2AE frente al grado 2BE
para el año 2009 se realizó sin que mediara una justificación normativa,
técnica, ni presupuestal, ya que se dispuso un incremento porcentual del
7,67% a la categoría 2BE mientras que para la categoría 2AE el incremento
del salario fue del 15,61%. Por lo que, la omisión del tribunal refleja la ausencia
de motivación adecuada y un error en la interpretación de las normas y el
precedente aplicable
Mencionó que no cuestiona la facultad del Ejecutivo para definir el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, sino que debate la forma
arbitraria en la que se ejerce pues las diferencias salariales deben ser
sustentadas en criterios objetivos racionales y proporcionales, que garanticen
el respeto de los principios de igualdad y de equidad material. Por lo que, no
es dable mencionar las brechas salariales para justificar la legalidad de la
actuación administrativa, cuando dichos fundamentos no fueron consignados
en los actos que dispusieron el incremento salarial.
3.3. Defecto fáctico: Se presenta pues el tribunal incurrió en una indebida
valoración probatoria ya que no se aportó prueba alguna que demostrara «que
el mayor incremento salarial otorgado a los docentes ubicados en un nivel inferior del
escalafón, como es el caso del escalafón 2AE, en comparación con la accionante, quien se
encontraba en la categoría 2BE, respondiera a razones objetivas, verificables y debidamente
fundamentadas». Dijo que la sentencia acusada tampoco precisó las
justificaciones en la disparidad en el incremento de los salarios.
Resaltó que, el artículo 13 de la Constitución Política y el Convenio 111 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la discriminación en
empleo y ocupación, indicó que el trato diferente como no discriminatorio en
materia salarial y prestacional debe tener sustento en razones jurídicas y
objetiva, pues cualquier tratamiento dispar que tenga una valoración subjetiva
es considerado arbitrario.
Dijo que era deber del tribunal haber abordado de manera rigurosa el problema
planteado, lo cual no ocurrió «pues desestimó las pretensiones de la demanda sobre la
base de una supuesta justificación relacionada con la corrección de una brecha salarial, la
cual no fue acreditada dentro del expediente ni respaldada en los decretos que ordenaron los
incrementos cuestionados».
Finalmente puso de presente que en un caso similar resuelto por el Juzgado
Veintitrés Administrativo Oral del Circuito de Medellín (sentencia del 25 de marzo
de 2025) se resolvió acceder a las pretensiones de la demanda al encontrar
probado el trato inequitativo derivado del aumento salarial desproporcionado
entre niveles, pues «se evidenció que el incremento salarial otorgado al nivel inferior -2A-
fue inferior al del nivel superior -2B-, a pesar de que los requisitos exigidos para este último
grupo de maestros son más rigurosos, estimando así que no se puede admitir que aquellos
con mayores exigencias, como los del Nivel 2B, reciban un aumento inferior al de sus pares
en el Nivel 2A». Postura que también fue adoptada por el Juzgado Veintiocho
Administrativo del Circuito de Medellín.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 27 de noviembre de 2025 se admitió la acción de tutela
presentada por el señor Oscar Sierra Estrada contra el Tribunal Administrativo
de Sucre.
Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés al Juzgado Segundo
Administrativo de Sincelejo, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional y al
Departamento de Sucre, así como al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG); se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado conforme al artículo 610 del Código General del Proceso; ofició al
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Demandante: Oscar Sierra Estrada
mencionado juzgado y al Tribunal Administrativo de Sucre para que remitieran
copia del expediente 70001-33-33-002-2024-00113-00/01; reconoció personería
a la abogada de la parte actora; y ordenó las notificaciones correspondientes.
4.2. El Tribunal Administrativo de Sucre2 señaló que el caso no reúne los
elementos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, ya
que durante el proceso ordinario no se vulneraron derechos fundamentales.
Adujo que se busca desnaturalizar la acción de tutela al pretender generar una
instancia adicional de discusión.
4.3. La Gobernación del departamento de Sucre3 solicitó declarar improcedente
la acción de tutela al no acreditarse una transgresión de los derechos
fundamentales invocados por el demandante.
4.4. El Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo4 afirmó que profirió la
sentencia de primera instancia en el proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho. Consideró que la mencionada decisión se
fundamentó en los supuestos fácticos y normativos que rigen la materia, en el
material probatorio del expediente y señaló que acogió distintas posiciones
jurisprudenciales del órgano de cierre de la jurisdicción contencioso
administrativo. De tal manera, que solicitó negar las pretensiones en lo relativo
a cualquier responsabilidad que se le pueda atribuir a este despacho judicial.
4.5. El Ministerio de Educación Nacional5 solicitó que se declarara improcedente
la acción de tutela. Señaló que el asunto de la referencia carece de relevancia
constitucional dado que no se acreditó la vulneración de garantías
fundamentales, además que el debate excede la competencia del juez de
tutela al girar en torno a una controversia de naturaleza económica. Adujo que,
carecía de legitimación en la causa por pasiva, porque las pretensiones de la
parte actora se dirigían contra una decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Sucre.
4.6. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio a
pesar de haber sido notificadas6.
5. Providencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 30
de enero de 20267 resolvió negar el amparo solicitado por el señor Oscar Sierra
Estrada, al considerar que no se acreditó el requisito general de relevancia
constitucional en los defectos alegados.
Frente al defecto fáctico, la Subsección consideró que no se argumentó una
vulneración de derechos fundamentales, pues resaltó que «El accionante se limita a
enunciar en términos generales una indebida valoración probatoria del juez ordinario» y no se
explicó de manera concreta cómo la omisión en la apreciación de los medios de
prueba pudo ser determinante para modificar la decisión que había adoptado el
Tribunal Administrativo de Sucre.
En relación con el defecto sustantivo, afirmó «que los argumentos expuestos no permiten
advertir la configuración del defecto alegado, pues su cuestionamiento se dirige exclusivamente a
controvertir la interpretación normativa realizada por el juez ordinario». Consideró que la
relevancia constitucional no se acredita con alegar la sola diferencia frente al criterio
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Samai, índice 12. Expediente 11001-03-15-000-2025-07487-00.
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Samai, índice 9. Expediente 11001-03-15-000-2025-07487-00.
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Samai, índice 22.
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Demandante: Oscar Sierra Estrada
hermenéutico que fue aplicado por el juez. Lo que demuestra que lo que existe es
un desacuerdo de la parte accionante con la conclusión del tribunal y no una
afectación de derechos fundamentales.
Añadió que no se configuró una vulneración al debido proceso, toda vez que no se
desconocieron garantías esenciales y el accionante pudo intervenir de manera
activa durante el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Aclaró que
tampoco se desconoció el derecho fundamental a la administración de justicia, ya
que el demandante «dispuso de un acceso real, efectivo y sin restricciones a la jurisdicción
competente, así como a los recursos previstos en el ordenamiento jurídico para controvertir las
decisiones adoptadas dentro del proceso».
6. Impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia para que fuera revocado. Esto en
los siguientes términos:
Consideró que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, parte de
afirmar que el debate es meramente económico desconociendo que el conflicto
radica en un trato salarial diferenciado dentro del escalafón docente. Por lo que la
controversia tiene relevancia constitucional al comprometer los derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso.
Señaló que, la relevancia constitucional se advierte porque la providencia judicial
avaló incrementos salariales dispares que desconocieron el principio de igualdad,
en detrimento de quienes acreditaron mayor formación, experiencia y mérito
profesional. Lo que consideró que «desnaturaliza el diseño constitucional y legal de la carrera
docente, la cual se edifica sobre el reconocimiento del mérito como criterio esencial para la
progresión laboral y salarial, conforme a los artículos 25, 53 y 125 superiores».
Adujo que la relevancia constitucional es robusta cuando la autoridad judicial
accionada aceptó la diferencia salarial sin exigir justificaciones objetivas, técnicas y
razonables que explicaran el incremento dispar.
Añadió que existe una afectación prolongada en el tiempo, por medio de
distorsiones de la base salarial, lo que hace que se afecten sus ingresos presentes
y futuros.
Reiteró que el tribunal incurrió en un defecto sustantivo dado que hubo un trato
salarial desigual, ya que la categoría 2AE recibió un aumento del 15,61% mientras
que la categoría 2BE obtuvo un incremento solamente del 7,67%, lo que significa
una decisión injustificada que favoreció a un grado inferior del escalafón sin que
exista sustento normativo, técnico o constitucional. Sin embargo, la sentencia validó
esa estructura sin efectuar un control material de constitucionalidad, limitándose a
reconocer la potestad reglamentaria del Gobierno Nacional.
A su vez, reiteró que se configura un defecto fáctico «al aceptar como válida una supuesta
justificación del trato salarial diferenciado entre los docentes ubicados en los escalafones 2AE y 2BE
durante el año 2009, sin que dicha justificación hubiese sido acreditada», pues dentro del
proceso no se acreditaron razones técnicas, presupuestales o de política pública
que explicaran el incremento dispar.
Sin embargo, la sentencia validó esa diferencia sin fundamento probatorio alguno,
lo cual es relevante en razón a que cualquier trato diferenciado debe estar
sustentado en criterios verificables y objetivos, de acuerdo con el marco normativo
del Decreto Ley 1278 de 2002 y la Ley 4 de 1992.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19918, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales9
y especiales10 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional11 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes planteados en el escrito de impugnación y por
tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala
establecer si le asistió razón al juez de tutela de primera instancia al declarar
improcedente la acción por considerar que no se encontraron configurados los
requisitos generales de procedencia, específicamente el de relevancia
constitucional.
De considerar que no le asistió razón al juez de tutela en primera instancia, la Sala
determinará si se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia por parte del Tribunal
Administrativo de Sucre, al emitir la sentencia del 6 de agosto de 2025, mediante la
cual se confirmó la decisión del juzgado de negar las pretensiones de la demanda
8
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este Decreto».
9
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
10
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
11
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 70001-33-33-002-
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4. Requisito de relevancia constitucional: su alcance y análisis en el caso
particular
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito,
esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de
Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte
Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios
orientadores:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por
las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos
fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.
En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al juez
verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia adicional al
proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, le
corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la
providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales; y si
estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.
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Demandante: Oscar Sierra Estrada
5. Análisis del caso concreto
5.1. La Sala advierte que la tutela en estudio es en efecto improcedente porque no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que la
parte actora busca que esta acción se convierta en un mecanismo adicional
para prolongar la discusión que ya fue conocida y resuelta por el juez natural
pues los argumentos que presentó el accionante en el escrito de tutela y de
impugnación, guardan gran similitud con el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia. Como se analizará a continuación.
5.2. Se advierte que los planteamientos propuestos por el actor en el recurso de
apelación12 presentado contra la sentencia del 31 de marzo de 2025 proferida
por el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo coinciden con los
argumentos del escrito de tutela, pues manifestó inconformidad frente a la
omisión de indagar por los fundamentos de la aplicación de incrementos
salariales desiguales. Mencionó que no se estaba debatiendo la competencia
del Gobierno Nacional para expedir Decretos nacionales que fijaran los
salarios de los docentes oficiales según su escalafón.
Dijo que la controversia no radicaba en la existencia de salarios diferenciados
por escalafón, sino en la inequidad de los porcentajes de incremento aplicados
en los años mencionados, que generaron una brecha acumulativa contraria a
los principios de igualdad, proporcionalidad y mérito. Argumentó que estas
diferencias carecen de justificación técnica y jurídica, vulneran derechos
fundamentales y perpetúan desigualdades en el tiempo. Por esto indicó lo
siguiente:
«En este caso, se observa un tratamiento desigual que resulta particularmente problemático,
dado que las circunstancias fácticas no han variado. Los incrementos porcentuales
salariales aplicados en los años 2005, 2006, 2007, 2010 y desde 2012 hasta la fecha se
han implementado de manera uniforme para todo el escalafón docente. Sin embargo, los
aumentos para los años 2008, 2009 y 2011 presentaron diferencias significativas entre los
distintos grados y niveles, a pesar de que todos están sujetos al mismo marco normativo,
específicamente el Decreto Ley 1278 de 2002. Esta disparidad en el tratamiento salarial no
encuentra justificación, ya que el principio de igualdad y no discriminación exige un trato
equitativo en situaciones equivalentes, por lo que, la falta de variación en las condiciones
fácticas y normativas refuerza la necesidad de aplicar criterios idénticos en la determinación
de los incrementos porcentuales para esas anualidades, máxime cuando la parte demandada
al interior del proceso no logró justificar adecuadamente esta inconsistencia, lo que socava la
legalidad de la actuación administrativa acusada.
En este sentido, es evidente que, en este caso y en virtud del principio de favorabilidad, deben
aplicarse los incrementos salariales anuales de manera uniforme a todos los docentes. No es
aceptable que algunos docentes reciban incrementos porcentuales mayores que otros, ya que
esto vulnera claramente el principio constitucional de favorabilidad establecido en el artículo
53 de la Constitución Política. Tal actuación por parte del Ministerio de Educación Nacional y
de la Entidad Territorial Demandada constituye una transgresión a este principio
fundamental.»
Por ello, solicitó la inaplicación del Decreto 284 de 2024 y la nulidad de los
actos administrativos derivados, con el fin de restablecer el derecho afectado
y garantizar incrementos salariales proporcionales y equitativos conforme con
la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1278 de 2002.
5.3. Mediante sentencia del 6 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de
Sucre, confirmó la decisión del juez de primera instancia al considerar que no
existe una única fórmula que el Gobierno Nacional aplique al incremento
salarial anual que se realiza en los distintos grados del escalafón docente pues
cuenta con amplia potestad de configuración normativa para fijar la escala
salarial en tanto se limite a lo dispuesto en la Ley 4 de 1992.
12
Samai, índice 26. Expediente 70001-33-33-002-2024-00113-00.
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Luego de referirse al régimen especial del escalafón docente regulado por la
Ley 2277 de 1979, relacionó los hechos que se encontraban acreditados en el
caso concreto. Advirtiendo que el demandante estaba en el escalafón 2AE y
hasta 2017, por medio de la Resolución No. 5662 de 2017, se produjo el
cambio al escalafón 2BE, por lo que indicó que «ello per se, no le otorga el derecho
a la nivelación pretendida, en tanto, que para la vigencia fiscal del año 2009 no se encontraba
incluido en dicho nivel, respecto del cual, aduce, se realizó un aumento salarial ilegal y
desproporcionado».
Respecto a la vulneración al derecho a la igualdad anotó «que no puede
equipararse un nivel salarial con otro y en el caso objeto de estudio, si es posible dar un trato
diferenciado» pues un docente que está en un grado determinado tiene unas
condiciones de experiencia y formación diferentes a las de un docente que
está en otro grado del escalafón. De tal manera que la norma prevé la
posibilidad de dar tratos diferenciados para estimular la profesionalización y la
excelencia.
La Ley 4 de 1992 le otorga al Gobierno Nacional la facultad de fijar el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos incluidos los docentes,
facultad que debe ejercerse dentro de los parámetros de la ley marco,
teniendo en cuenta que se debe contrarrestar la inflación y que no se puede
desmejorar los salarios ni las prestaciones sociales. Así entonces, aclaró que
los aumentos decretados mantuvieron el poder adquisitivo del salario.
Explicó que, dentro de las competencias que tiene el Gobierno Nacional para
realizar ajustes a los salarios, se realizaron mayores ajustes a algunos cargos
sin que estos tuvieran un mayor grado de escalafón, debido a la necesidad de
reducir brechas salariales. No obstante, la base salarial mantuvo el reflejo de
la realidad de cada docente «sin que se desconozca que el docente con mayor grado y
nivel seguirá percibiendo una mejor remuneración salarial.».
Mencionó que el Decreto 1278 de 2002 estableció tres grados definidos por el
nivel de formación (1, 2, y 3) y cuatro niveles salariales (A, B, C, y D), a los
que se accede por evaluación de desempeño y competencias. De ahí
consideró que el juicio de igualdad aplica para una misma situación, lo cual no
ocurre cuando hay diferentes grupos de servidores que se rigen por sistemas
diferentes (sentencia C-313 de 2003). Por lo que, concluyó:
«Por consiguiente, no puede efectuarse un juicio de igualdad entre el demandante y los
docentes que para el año 2009 se encontraban en el grado 2B, pues, el actor solo fue
reubicado en dicho grado hasta el año 2016, de ahí que, se reitera, no puede aplicarse en
este caso el principio de “a trabajo igual, salario igual”, ya que, los supuestos fácticos entre
uno y otros son distintos, precisamente, por pertenecer a nivel distintos en el escalafón
nacional».
En cuanto a la sentencia del Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito
de Medellín, de fecha 25 de marzo de 2025, radicación 05001-3333-023-2024-
00171-00, en donde el demandante pone de presente un caso con similares
supuestos fácticos en donde la decisión judicial accedió a las pretensiones, el
tribunal consideró que no era vinculante al no estar en firme, debido a que se
presentó recurso de apelación contra dicha decisión.
En consecuencia, procedió a confirmar la decisión tomada por el Juez
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo.
5.4. Ahora bien, en el escrito de tutela la parte actora presentó los mismos
argumentos que planteó en el recurso de apelación, pero anunciados desde la
presunta configuración de un defecto sustantivo y fáctico.
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Indicó que la sentencia efectuó una interpretación irrazonable y
desproporcionada de las normas aplicables al caso, específicamente el
artículo 13 de la Constitución Política, la Ley 4° de 1992 y el Decreto Ley 1274
de 2002. Al respecto indicó:
Que para el periodo 2009, a pesar de que se encontraba en la categoría 2BE,
en donde se requieren mayores requisitos de formación y experiencia, se le
dio a la categoría 2AE un ajuste salarial más favorable lo que evidenció a un
trato discriminatorio contrario a los principios de equidad y mérito, de ahí que
afirmó que el incremento se le debió haber realizado a las categorías 2BE,
2CE y 2DE. Indicó que el tribunal desconoció el alcance normativo del principio
de igualdad y el mandato de progresividad al no verificar si existían razones
objetivas y constitucionales válidas para justificar un incremento salarial tan
dispar. Así:
«En esta anualidad es que se debe centrar la atención del despacho a analizar la injusticia
que se cometió con los docentes de la educación pública, puesto que como vemos
gráficamente el Decreto Ley 1278 se creó en el año 2002, y posterior a ello empezó a regularse
los nombramientos bajo esta nueva normatividad salarial, y durante sus primeros años el
Gobierno Nacional expidió en debida forma los decretos de incrementos salariales, pero en el
año 2009, realiza los incrementos de manera irregular y diferenciada.
En la anualidad 2009, el Gobierno expide los actos administrativos Decretos Nacionales 702
y 1238 de 2009 y fija los salarios para todos el grupo docentes perteneciente al Decreto Ley
1272 de 2002, pero los expide de manera irregular afectando desde entonces lavase (sic)
salarial de los docentes como es caso de mi mandante y es que al decretar los incrementos
salariales el Gobierno Nacional toma como referente el decreto anterior es por la razón por la
cual hoy en día se afectan los salarios de mi mandante gracias a esta irregularidad.»
Explicó que el trato otorgado a los docentes del grado 2AE frente al grado 2BE
para el año 2009 se realizó sin que mediara una justificación normativa,
técnica, ni presupuestal, ya que se dispuso un incremento porcentual del
7,67% a la categoría 2BE mientras que para la categoría 2AE el incremento
del salario fue del 15,61%. Por lo que consideró que esa desigualdad no era
razonable y vulneraba los principios de igualdad material y equidad retributiva.
De ahí que cuestionara que, «la sentencia de segunda instancia no expone de manera
clara y coherente cómo la tesis sustentada por la jurisprudencia vertical, que defiende los
incrementos salariales basados en la idoneidad del desempeño y las competencias del
personal docente, podría justificar la legalidad de los aumentos desiguales en el caso del (la)
demandante, quien demostró en el proceso judicial que ocupaba una posición superior en el
escalafón 2BE en comparación con la categoría 2AE, a la cual se le otorgó un ajuste salarial
significativamente mayor durante el año 2009.»
Reiteró que no cuestionaba la facultad del Ejecutivo para definir el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, sino que debatía la forma
arbitraria en la que se ejerce pues las diferencias salariales deben ser
sustentadas en criterios objetivos racionales y proporcionales. A su vez, dijo
que no existieron pruebas que sustentaran el incremento salarial diferenciado.
5.5. Ahora bien, en el escrito de impugnación el accionante insistió nuevamente en
los planteamientos realizados en el escrito de tutela y en el recurso de
apelación contra la sentencia del 31 de marzo de 2025, pues mencionó que el
tribunal incurrió en un defecto sustantivo al avalar el esquema salarial que fijó
un incremento en porcentajes desiguales durante el 2009 «los cuales demuestran
de forma objetiva la ruptura del principio de igualdad material y la desnaturalización del sistema
de mérito que estructura la carrera docente regulada por el Decreto Ley 1278 de 2002».
Explicó que la diferencia salarial en su caso se dio porque para el año 2009 la
categoría 2AE recibió un aumento del 15,61% mientras que la categoría 2BE
obtuvo un incremento solamente del 7,67%, lo que significa una diferencia sin
que exista sustento normativo, técnico o constitucional. Mencionó que se
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desconoció el alcance del principio de igualdad y de progresividad salarial al
aceptar la diferencia como justificada, sin verificar las razones objetivas que
permitieran un incremento dispar «para cualquier tipo de trato desigual dentro de un
régimen legal unitario».
Insistió en que se configura un defecto fáctico ya que «En el expediente no obra
prueba alguna que demuestre que los mayores incrementos salariales otorgados a los
docentes del nivel 2AE frente a los del nivel 2BE respondieran a criterios técnicos, financieros,
funcionales o de política pública», pues ninguno de los decretos aludió la brecha que
justificó la decisión de favorecer a un nivel inferior del escalafón. Sin embargo,
la sentencia validó esa diferencia sin fundamento probatorio alguno, lo cual es
relevante en razón a que cualquier trato diferenciado debe estar sustentado
en criterios verificables y objetivos, de acuerdo con el Decreto Ley 1278 de
2002 y la Ley 4 de 1992.
Reiteró que la sentencia impugnada desconoció el precedente judicial de la
sentencia proferida por el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín el 25 de marzo de 2025, el cual decidió un caso análogo,
reconociendo que el incremento salarial desigual fue inequitativo.
5.6. De acuerdo con lo anterior, la acción de tutela analizada se está empleando
para insistir nuevamente en los planteamientos que ya fueron propuestos ante
el juez natural lo que no permite que se supere el requisito general de la
relevancia constitucional, pues los argumentos de esta acción buscan reabrir
el debate judicial ya que se pretende cuestionar la decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre al insistir en que se vulneraron sus derechos con los
incrementos salariales diferenciados aplicados en el año 2009.
Según su argumento, dichas variaciones impactaron la base salarial de los
años posteriores, pues cada aumento se calcula sobre una cifra previamente
ajustada, lo que genera una acumulación de la disparidad y perpetúa la
desigualdad salarial en el tiempo, situación que, a su juicio, contraviene el
principio de igualdad.
En consecuencia, como se ha expuesto, aunque en la presente acción de
tutela se argumenta que la providencia cuestionada vulneró derechos
fundamentales al incurrir en defectos sustantivo y fáctico, lo cierto es que la
parte actora pretende utilizar este mecanismo constitucional para reiterar los
mismos planteamientos que ya fueron debatidos y resueltos en el proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.
Dichos argumentos fueron analizados por el juez natural, quien no solo los
desestimó, sino que además explicó de manera detallada las razones jurídicas
y técnicas que sustentan la legalidad y razonabilidad de los incrementos
salariales aplicados en los años objeto de controversia. En su decisión, se
precisó que las diferencias obedecen a criterios normativos vinculados al
grado y nivel del escalafón docente, así como a la potestad de configuración
normativa del Gobierno Nacional, ejercida conforme con la ley 4 de 1992 y el
Decreto 1278 de 2002. Aspectos que de antemano suponen para esta
colegiatura, que el asunto versa sobre una situación que resultó desfavorable
a la parte accionante y que se limita a poner de presente su inconformidad con
la decisión.
De manera que, es posible concluir que el Tribunal Administrativo de Sucre,
como juez natural ya resolvió los planteamientos de la parte actora dentro del
trámite ordinario 70001-33-33-002-2024-00113-00/01, al resolver el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia.
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Valga recordar que, en abundante jurisprudencia del máximo tribunal
constitucional ha enfatizado que la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales «la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios»,
pues la competencia del juez de tutela se restringe «a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos fundamentales» 13.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, al no encontrarse satisfecho el requisito de relevancia
constitucional en el caso examinado, se procederá a confirmar la decisión de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela presentada por el
señor Oscar Sierra Estrada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR el fallo de primera instancia del 30 de enero de 2026, proferido por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.
13
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