Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07558-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07558-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-07558-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07558-01
Accionante: VICTORIA EUGENIA HOYOS LONDOÑO
Accionados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA Y OTRO
Tema: Subsidiariedad – incidente de nulidad por indebida integración
del contradictorio
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la parte
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 29 de enero de
2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto
1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como
el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del primero de diciembre de 20252, dicha autoridad judicial admitió la
acción constitucional y, mediante la providencia del 17 de febrero de 2026
concedió la impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La señora Victoria Eugenia Hoyos Londoño, mediante apoderado judicial,
presentó acción de tutela en contra del Consejo de Estado Sección Cuarta y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, con el
fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
defensa.
2. La anterior garantía constitucional la estimó vulnerada con ocasión de las
siguientes providencias: i) sentencia del 24 de noviembre de 2022 dictada por la
Sección Cuarta, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó
como autoridades accionadas al Consejo de Estado, Sección Cuarta y al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta. A su vez, se vinculó en calidad de terceros con interés a la
sociedad T&S Teamservice S.A.S. y al Distrito de Bogotá, Secretaría de Hacienda..
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declaró la nulidad de las Resolución DDI053245 del 6 de octubre de 2015
expedida por la Subdirección de Gestión del Sistema Tributario de la Dirección
Distrital de Impuestos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá y la Resolución
DDI041225 del 2 de octubre de 2017 dictada por la misma autoridad y, ii) el fallo
del 16 de noviembre de 2023 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado que confirmó dicha decisión. Esto, al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho3 adelantado por la sociedad T&S Temservice S.A.S.
contra la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y derecho
de defensa de la doctora Victoria Eugenia Hoyos Londoño, conculcados en las
providencias del 24 de noviembre de 2022 y 16 de noviembre de 2023, proferidas
por la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, respectivamente.
SEGUNDA. Se declare que las providencias del 24 de noviembre de 2022 y 16 de
noviembre de 2023, proferidas por la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, respectivamente,
incurrieron en defectos generales y particulares que dan paso a la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales.
TERCERA: ORDENAR a dichas autoridades judiciales a PROFERIR SENTENCIA
de reemplazo mediante la cual interprete las normas aplicables al caso de manera
razonable y conforme a la Constitución Política.
1.2. Hechos
4. El 17 de julio de 2015, la sociedad T&S Temservice S.A.S (antes, T&S
Temporales Sistempora S.A.S) presentó solicitud de devolución y/o
compensación de lo no debido del impuesto de industria y comercio de los
bimestres tercero a sexto del 2010. Mediante Resolución DDI053245 del 6 de
octubre de 2015, la Subdirección de Gestión del Sistema Tributario de la
Dirección de Impuestos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá D.C. negó lo
solicitado.
5. El 30 de noviembre de 2015, la abogada Genny Arango de Mayorga
interpuso recurso de reconsideración contra dicho acto y pidió que se le
reconociera personería para actuar como apoderada de la sociedad, de
conformidad con el poder que se anexaba a la solicitud.
6. El 22 de abril de 2016, la señora Hoyos Londoño fue nombrada en el cargo
de jefe de la Oficina de Recursos Tributarios de la Secretaría Distrital de
Hacienda de Bogotá. A su vez, mediante auto 2016EE155049 del 14 de octubre
de 2016, dicho recurso fue inadmitido ante la falta de acreditación de personería
para actuar de quien lo presentó. La autoridad argumentó que la abogada no
allegó el documento que la autorizara para representar a la contribuyente, puesto
que el escrito carecía de la firma de aceptación del poder.
3 Proceso identificado con el radicado 25000-23-37-000-2018-00124-00/01.
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7. El 30 de noviembre de 2016, la sociedad, por medio del abogado Héctor
Mauricio Mayorga Arango, presentó recurso de reposición contra tal decisión y
argumentó que la reconsideración se había presentado en debida forma, dado
que cumplía con los requisitos del artículo 722 del Estatuto Tributario y, por tanto,
no había lugar a su inadmisión. Este recurso fue resuelto mediante auto
2016EE176098 del 5 de diciembre de 2016, en el sentido de revocar la
inadmisión y, en su lugar, se admitió el recurso de reconsideración. En esta
decisión se indicó que este recurso se entendería presentado en debida forma
desde el 30 de noviembre de 2016.
8. Finalmente, mediante la Resolución DDI041225 del 2 de octubre de 2017,
notificada el 17 del mismo mes y año, la autoridad decidió el recurso de
reconsideración, en el sentido de confirmar la negativa de la devolución
solicitada.
9. La sociedad T&S Temservice S.A.S promovió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Secretaría Distrital de Hacienda
de Bogotá D.C y solicitó que se declarara la nulidad de las Resoluciones
DDI053245 del 6 de octubre de 2015 y DDI041225 del 2 de octubre de 2017.
10. Mediante sentencia del 24 de noviembre de 2022, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B anuló los actos
objeto de la demanda y ordenó la devolución de $266.392.151 por concepto de
pago de lo no debido por el impuesto de industria y comercio de los bimestres
tercero al sexto del 2010, junto con los intereses corrientes y moratorios.
11. Sostuvo que, una vez verificada la causal de inadmisión del recurso de
reconsideración, se constató que la administración erró al desestimar el poder
que se había presentado desde el inicio del trámite de la devolución. Lo anterior,
al considerar que se desconoció el artículo 74 del Código General del Proceso
ante la exigencia por parte de la administración de la firma de aceptación del
poder. Indicó que, de conformidad con dicha disposición, los poderes pueden ser
aceptados expresamente o por su ejercicio, lo cual aconteció en este caso, en la
medida en que la profesional en derecho fue quien interpuso el recurso.
12. Argumentó que el recurso de reconsideración debía entenderse
presentado en debida forma desde el 30 de noviembre de 2015 y, dado que la
decisión se notificó el 17 de octubre de 2017, concluyó que operó el silencio
administrativo positivo. Sostuvo que se superó el término de un año previsto por
la ley, motivo por el cual el acto que decidió el recurso de reconsideración se
profirió sin competencia temporal. Agregó que ello derivada en la nulidad de la
actuación administrativa demandada.
13. Inconforme, la administración promovió recurso de apelación. Mediante
sentencia del 16 de noviembre de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
confirmó la decisión. Con fundamento en las mismas razones otorgadas en
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primera instancia, el órgano de cierre en la materia concluyó que el recurso de
reconsideración presentado contra la Resolución del 6 de octubre de 2015 se
interpuso en debida forma, motivo por el cual aquel fue resuelto en un término
superior a un año previsto en el artículo 732 del Estatuto Tributario. Por tanto,
sostuvo que se debía aplicar la figura del silencio administrativo positivo, en virtud
del artículo 734 del Estatuto Tributario y, en consecuencia, se entendía que el
recurso había sido fallado a favor del recurrente.
14. En virtud de las anteriores decisiones, la Secretaría de Hacienda Distrital
de Bogotá expidió la Resolución DJU-00047 del 7 de diciembre de 2023 en
cumplimiento de dicha sentencia. Una vez ejecutoriado dicho acto administrativo,
la autoridad promovió acción de repetición contra la señora Hoyos Londoño,
proceso que le fue notificado a la tutelante el 6 de junio de 2025.
1.3. Sustento de la vulneración
15. La parte actora consideró que se encuentra legitimada en la causa por
activa, al haber participado en el proceso de expedición del acto objeto del medio
de control en el que se profirieron las decisiones cuestionadas. Al respecto, puso
de presente que ella expidió el auto del 14 de octubre de 2016 por medio del cual
se inadmitió el recurso de reconsideración promovido por la sociedad T&S
Temservice S.A.S.
16. Agregó que, a pesar de ello, mediante el auto admisorio de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho únicamente se vinculó a la Secretaría
Distrital de Hacienda de Bogotá D.C., a pesar de su interés en el resultado del
proceso, de conformidad con los artículos 182 y 224 de la Ley 1437 de 2011.
Sostuvo que, en efecto, en ejercicio de su derecho al debido proceso y de
defensa y contradicción, la señora Hoyos Londoño pudo advertir a las
autoridades judiciales accionadas de la existencia de yerros estructurales a los
que fueron inducidos, lo que a su juicio pudo haber determinado el cambio en el
sentido de la decisión.
17. Señaló que el asunto es relevante a nivel constitucional, puesto que versa
sobre el contenido y alcance de su derecho al debido proceso y de defensa y
contradicción, ante la indebida integración del contradictorio que habría tenido
lugar en el medio de control objeto de este mecanismo de amparo. Señaló que
la actora debió ser vinculada a dicho proceso y, con ello, pudo haber advertido
del error al que fue inducida la administración tributaria distrital por parte de los
apoderados de la sociedad que promovió el medio de control.
18. Sostuvo que tal falta de vinculación le impidió intervenir en el trámite y, por
tanto, no pudo advertir a las autoridades judiciales del error al cual fueron
inducidas, tal como sucedió con la administración. Señaló que la inducción al
error derivó en una indebida valoración probatoria, con lo que se configuró un
defecto fáctico.
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19. Aseguró que ello impidió que se apreciara que el recurso de
reconsideración presentado por la abogada Genny Arango de Mayorga el 30 de
noviembre de 2015, no estaba asociado a la Resolución DDI053245 del 06 de
octubre de 2015 que fue declarada nula, sino a otro trámite administrativo que se
adelantaba ante la administración. En tal sentido, aseguró que su ausencia en el
trámite derivó en el desconocimiento de las pruebas allegadas al trámite, dado el
error al que fueron inducidas.
20. Agregó que, según el material probatorio obrante, el recurso de
reconsideración no fue presentado debidamente el 30 de noviembre de 2015,
motivo por el cual fue inadmitido. Sostuvo que dicho recurso fue presentado con
respecto a una resolución en el marco de un trámite adelantado por otra sociedad
–Temporales Uno Bogotá S.A.–, lo cual no fue advertido por ninguna de las
autoridades judiciales. Puso de presente que este error fue evidenciado por el
profesional en derecho Héctor Mayorga el 30 de noviembre de 2016, motivo por
el cual el recurso de reconsideración fue presentado nuevamente.
1.4. Intervenciones
21. La Sección Cuarta del Consejo de Estado solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción, al considerar que no se cumplen con los requisitos
de inmediatez, legitimación en la causa por activa y relevancia constitucional.
Argumentó que la sentencia de segunda instancia fue notificada el 21 de
noviembre de 2023 y quedó ejecutoriada el 28 del mismo mes y año, motivo por
el cual la acción de tutela fue radicada por fuera del término razonable para la
interposición del mecanismo.
22. Señaló que, a pesar de que la actora afirmó que el 6 de junio de 2025 fue
notificada del proceso de repetición adelantado en su contra, lo cierto era que
los argumentos de la tutela no cuestionaban este trámite. Agregó que ninguno
de los actos cuestionados en el medio de control fue suscrito por la actora,
puesto que el único acto que ella profirió fue el auto del 14 de octubre de 2016,
el cual no es susceptible de medio de control.
23. La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C. solicitó su
desvinculación del presente trámite, al considerar que no es la autoridad llamada
a pronunciarse sobre lo pretendido por la tutelante.
24. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta se limitó
a allegar el expediente solicitado y no se pronunció sobre los hechos y
pretensiones de la acción.
1.5. Sentencia de primera instancia
25. Mediante fallo del 29 de enero de 2026, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito de
subsidiariedad. A su vez, negó la solicitud de desvinculación de la Secretaría
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26. Frente a tal requisito, aseguró que la actora contaba con el incidente de
nulidad por la causal definida en el numeral 8 del artículo 133 del Código General
del Proceso, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 134 de dicha
normatividad. Lo anterior, en la medida en que la actora argumentó que no fue
vinculada en debida forma al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
del cual considera que debió ser parte.
27. Precisó que la señora Hoyos Londoño no ofreció ningún motivo que
justifique su inactividad en la interposición de dicho mecanismo en el que puede
exponer los reproches presentados en sede de tutela. Aunado a lo anterior, indicó
que tampoco alegó ni acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que
permita que la acción de tutela proceda como un mecanismo transitorio.
28. Finalmente, advirtió que la interesada cuenta con la posibilidad de exponer
en el proceso de repetición adelantado en su contra, el trámite desarrollado en el
expediente administrativo.
1.6. Impugnación
29. La actora solicitó que se revocara la decisión de primera instancia y, en su
lugar, ampare los derechos fundamentales invocados en la presente acción de
tutela.
30. Indicó que la acción de tutela es el único mecanismo eficaz e idóneo para
la garantía de sus derechos, dado que a la fecha en que tuvo conocimiento del
asunto ya no era viable promover «el incidente de nulidad mediante el recurso de
revisión». Recordó que tuvo conocimiento del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho hasta el 6 de junio de 2025, por lo que en dicho
momento no era posible promover el recurso extraordinario de revisión. Indicó
que, de conformidad con el artículo 134 del Código General del Proceso, la causal
de nulidad por indebida integración del contradictorio debe ser alegada mediante
el recurso extraordinario de revisión el cual, según el artículo 251 de la Ley 1437
de 2011, debe ser promovido dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
sentencia.
31. En virtud de lo anterior, aseguró que a la fecha en que tuvo conocimiento
de la existencia del medio de control, ya había fenecido el término para promover
el mecanismo extraordinario. Precisó que esto fue puesto de presente en el
escrito inicial y que, en dicho sentido, la tutela es el único medio de defensa con
el que cuenta para exigir la protección de sus derechos fundamentales.
II. CONSIDERACIONES
32. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Victoria Eugenia
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Hoyos Londoño. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se supera el
requisito general de subsidiariedad.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
33. El Consejo de Estado4 y la Corte Constitucional5, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales6 y a la configuración de algún
defecto especial7 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
34. De no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se
declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del
asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.
35. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
36. La Sala advierte que la señora Victoria Eugenia Hoyos Londoño está
legitimada en la causa por activa, en la medida en que, si bien no hizo parte del
medio de control objeto de esta acción, sus argumentos se centran en alegar una
indebida integración del contradictorio en dicho proceso. Por tanto, su falta de
notificación, vinculación o comunicación de la existencia de dicho trámite es la
que alega como la principal causal de vulneración de sus derechos al debido
proceso y de defensa. En efecto, las razones presentadas están dirigidas a
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
5 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
6 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
7 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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advertir que fue precisamente esta omisión por parte de las autoridades judiciales
accionadas la que le impidió ser partícipe del medio de control y, de tal forma,
alegar las irregularidades que, a su juicio, tuvieron lugar en dicho trámite. En
dicha medida, la Sala considera que la actora está legitimada en la causa por
activa para promover el presente litigio constitucional.
37. A su vez, se evidencia que la Sección Cuarta del Consejo de Estado y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B están
legitimados en la causa por pasiva al haber proferido las providencias
controvertidas en este proceso. Sin embargo, se advierte que el estudio se
centrará exclusivamente en el fallo de segunda instancia, debido a que fue el que
puso fin al trámite.
38. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales8: i) como mecanismo
de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de defensa
judicial idóneo9 y eficaz10; y, ii) como mecanismo de protección transitorio.
39. Para la Sala, este requisito no se advierte cumplido en la medida en que,
al igual que el juez de la primera instancia, se considera que la actora contó con
el incidente de nulidad para alegar la indebida integración del contradictorio que
sustenta la interposición del presente mecanismo constitucional.
40. Se destaca que en aquellos casos en los que se pretende controvertir la
omisión de integrar en debida forma el contradictorio, la Corte Constitucional11 ha
puesto de presente que la parte interesada cuenta con la posibilidad de promover
el incidente de nulidad, mediante el cual se puede invocar la configuración de la
causal establecida en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del
Proceso que establece lo siguiente:
ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte,
solamente en los siguientes casos:
(…)
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la
demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas
aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas
que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra
persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una
8 Corte Constitucional, Sentencia T-183 de 2024.
9 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para
producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de
2019.
10 La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está
diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
11 Sentencia T-481 de 2024.
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providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago,
el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la
actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado
en la forma establecida en este código.
41. En tal sentido, la Sección Primera del Consejo de Estado12 ha considerado
que el presunto afectado puede solicitar la nulidad de lo actuado en el proceso
judicial al invocar esta causal, incluso después de haberse dictado sentencia de
instancia. Esto, de conformidad con el artículo 134 que establece lo siguiente:
ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE.
Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se
dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella.
La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en
legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podrá
también alegarse en la diligencia de entrega o como excepción en la ejecución de
la sentencia, o mediante el recurso de revisión, si no se pudo alegar por la parte
en las anteriores oportunidades.
Dichas causales podrán alegarse en el proceso ejecutivo, incluso con posterioridad
a la orden de seguir adelante con la ejecución, mientras no haya terminado por el
pago total a los acreedores o por cualquier otra causa legal.
El juez resolverá la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y práctica de las
pruebas que fueren necesarias.
La nulidad por indebida representación, notificación o emplazamiento, solo
beneficiará a quien la haya invocado. Cuando exista litisconsorcio necesario y se
hubiere proferido sentencia, esta se anulará y se integrará el contradictorio
42. Estas normas son aplicables al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, en virtud de la remisión al Código General del Proceso que establece el
artículo 208 de la Ley 1437 de 2011 que dispone que «serán causales de nulidad
en todos los procesos las señaladas en el Código de Procedimiento Civil y se
tramitarán como incidente».
43. Por tanto, debido a que el litigio propuesto mediante este mecanismo
constitucional se fundamenta en una supuesta indebida integración del
contradictorio, la Sala considera que la actora contó con el incidente de nulidad
desde el momento en el que tuvo conocimiento de la existencia del medio de
control en el que considera que se configuró la causal aludida. En efecto, la Corte
Constitucional13 ha establecido que, en estos casos, el incidente de nulidad debe
promoverse «tan pronto como la persona afectada tenga “conocimiento” de la
existencia del proceso y advierta la nulidad». Al respecto, ha establecido el alto
tribunal que el deber procesal del interesado de alegar la nulidad por la indebida
12 Al respecto ver, entre otras, las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 14 de septiembre de 2023. M.P.
Nubia Margoth Peña Garzón (E). Radicado: 11001-03-15-000-2023-03916-00. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 20 de febrero de
2053. M.P. Germán Eduardo Ososrio Cifuentes Radicado: 11001-03-15-000-2024-04122-00.
13 Sentencia T-481 de 2024.
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Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07558-01
integración del contradictorio tan pronto tiene conocimiento de ello, se deriva de
los principios de convalidación y lealtad procesal del régimen de nulidades.
44. Finalmente, la Sala no pasa por alto que, en su impugnación, la señora
Hoyos Londoño aseguró que el único mecanismo con el que contaba para
solicitar la nulidad en los términos del artículo 134 del Código General del
Proceso era el recurso extraordinario de revisión. En tal sentido, sostuvo que este
no podía ser considerado como un mecanismo idóneo para la defensa de sus
derechos, bajo el entendido de que en el momento en que tuvo conocimiento de
la existencia del medio de control, ya había transcurrido más de un año desde la
ejecutoria de la sentencia, motivo por el cual no era posible promover el recurso.
45. Sin embargo, contrario a lo señalado por la actora, el incidente de nulidad
es un mecanismo judicial diferenciado del recurso extraordinario de revisión, que
puede ser promovido, en los términos del artículo 134 ibidem, incluso después
de haberse dictado sentencia de instancia. El inciso segundo de dicha disposición
hace referencia a la posibilidad con la que cuenta el interesado para alegar la
nulidad en la diligencia de entrega, como excepción en la ejecución de la
sentencia o, cuando no hubiera podido alegarlo en estas oportunidades,
mediante el recurso extraordinario de revisión. Sin embargo, en el caso en
concreto se enfatiza que el medio judicial con el que cuenta la actora es el
incidente de nulidad, pues es el que la sala considera procedente de conformidad
con el cargo formulado en el escrito de tutela.
46. Como se expuso con antelación, la Corte Constitucional ha considerado
que el incidente de nulidad un medio judicial que permite alegar la indebida
integración del contradictorio y que debe ser promovido tan pronto se tenga
conocimiento de la existencia del proceso y se advierta la nulidad, para los casos
en los cuales se ha dictado ya sentencia. Sin embargo, la actora no acreditó
haber promovido dicho mecanismo ni tampoco brindó razones que justificaran su
inactividad desde el momento en que tuvo conocimiento del medio de control.
47. A su vez, la sala considera que los argumentos relacionados con la
indebida valoración probatoria y el error inducido en el que habría incurrido el
Tribunal, son argumentos que pueden ser expuestos en el proceso de repetición
que se adelanta contra la actora. Lo anterior, en la medida en que son razones
orientadas a acreditar la ausencia de dolo o culpa grave en el actuar de la
accionante en su calidad de funcionaria de la administración, asunto que debe
ser controvertido en dicho proceso. En dicha medida, estos son cargos que
tampoco cumplen con el presupuesto general de subsidiariedad, dado que la
tutelante cuenta con un medio judicial idóneo para la defensa de los derechos
invocados en el escrito inicial.
48. En virtud de lo expuesto, la Sala concluye que la actora contó con el
incidente de nulidad, con sustento en el numeral 8 del artículo 133 del Código
General del Proceso, como mecanismo judicial idóneo para controvertir la
indebida integración del contradictorio que alega en sede de tutela y, de tal forma,
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exigir la protección de sus garantías procesales. A su vez, cuenta con la
posibilidad de formular los argumentos relacionados con el error inducido y la
indebida valoración probatoria en el trámite de la acción de repetición que se
adelanta en su contra. Por tanto, se considera que no se supera el requisito de
subsidiariedad en el litigio propuesto.
49. Finalmente, se pone de presente que la parte actora no expuso de forma
siquiera sumaria los motivos por los cuales se encuentra en una situación de
perjuicio irremediable en la vulneración de sus garantías fundamentales que
posibilite la intervención del juez constitucional en la controversia propuesta.
2.3. Conclusión
50. Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
de la referencia por no superar el requisito de subsidiariedad
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de enero de 2026 dictada por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la
acción de tutela interpuesta por la señora Victoria Eugenia Hoyos Londoño.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Con aclaración de voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Con salvamento parcial de voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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