Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01206-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01206-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01206-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
23 de abril de 2026
Demandante: María Franco de Suárez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01206-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01206-00
Demandante: MARÍA FRANCO DE SUÁREZ
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
A Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Deniega amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide el presente mecanismo de conformidad con los Decretos 2591 de
1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
El 17 de febrero de 2026, la señora María Franco de Suárez, actuando en nombre
propio, presentó acción de tutela en contra del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A; el Tribunal Administrativo de Risaralda; y la Administradora
Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, de
acceso a la administración de justicia, a la seguridad social, a la salud, al mínimo
vital, a la dignidad humana, a la igualdad y demás emanados de la Ley 1346 de
20091.
Consideró vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión de las
sentencias del 26 de junio de 2025 y 4 de abril de 2024, proferidas, en su orden, por
las autoridades judiciales referidas, que (i) declararon la nulidad de las Resoluciones
4734 del 8 de marzo de 2006 y 901395 del 26 de octubre de 2010, porque su
esposo, el señor Saúl Suárez Gómez (q.e.p.d), no tenía derecho a la pensión de
jubilación en los términos en la que fue reconocida, ya que perdió el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993; y (ii) negaron la devolución de sumas pagadas en
exceso, por cuanto fueron percibidas de buena fe, sin extender los efectos de lo
decidido a la sustitución de que fue sujeto. Todo dentro del medio de control de
1 Por medio de la cual se aprueba la «Convención sobre los Derechos de las personas con
Discapacidad», adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de
2006.
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nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, con radicado
66001-23-33-000-2018-00164-00/01, promovido por Colpensiones contra el señor
Saúl Súarez Gómez (q.e.p.d.).
Señaló que Colpensiones omitió informar a las autoridades judiciales sobre el
fallecimiento de su esposo y sobre la sustitución pensional de que fue sujeto.
Además, expidió un acto de ejecución que declaró la pérdida de la prestación, pese
a que la resolución que la benefició no fue anulada, y materializó la suspensión del
pago de las mesadas, sin notificarla en debida forma.
Precisó que la vulneración que alega tiene una doble fuente, por un lado, la judicial
«derivada de la indebida integración del contradictorio dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, en el cual se adoptaron decisiones con efectos
sustanciales sobre un derecho del que […] era titular sin haber sido vinculada ni
oída, configurándose un defecto procedimental con incidencia directa en el
resultado del proceso». Por otra parte, la administrativa, consistente en la
expedición y ejecución de un acto que declaró la pérdida del derecho sin notificación
previa, así como en la extensión automática de los efectos de las providencias
judiciales a un acto administrativo distinto, como el de sustitución pensional que no
fue objeto de demanda ni de control jurisdiccional específico.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la accionante elevó las siguientes pretensiones:
Primera. AMPARAR los derechos fundamentales de la suscrita MARÍA FRANCO DE
SUÁREZ al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, al acceso efectivo a la
administración de justicia, a la seguridad social, al mínimo vital, al derecho fundamental
a la salud y a la dignidad humana, los cuales fueron vulnerados como consecuencia de
la extensión indebida de los efectos de providencias judiciales proferidas dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la Administradora
Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, así como por la actuación omisiva,
desleal y contraria a los principios de buena fe y lealtad procesal desplegada por dicha
entidad.
Segunda. DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS, exclusivamente respecto de la suscrita
MARÍA FRANCO DE SUÁREZ, la aplicación y extensión de las providencias judiciales
proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por
COLPENSIONES sobre el acto administrativo de sustitución pensional reconocido en
el año 2020, por cuanto dicho acto constituye una situación jurídica nueva, autónoma
e independiente, no fue objeto de demanda, ni pudo ser controvertido judicialmente con
observancia del debido proceso, del derecho de defensa, del derecho a la salud y de
los estándares reforzados de protección aplicables a las personas en condición de
discapacidad.
Tercera. ORDENAR a COLPENSIONES que, en el evento de considerar que el acto
administrativo de sustitución pensional adolece de presuntos vicios de legalidad,
promueva la acción judicial correspondiente de manera autónoma y separada,
dirigiéndola expresamente contra dicho acto administrativo y garantizando desde el
inicio la vinculación, notificación oportuna y el pleno ejercicio del derecho de defensa
de la suscrita, como titular actual del derecho pensional, con estricta observancia de
los principios de buena fe, lealtad procesal, confianza legítima, del bloque de
constitucionalidad y de la protección reforzada del derecho fundamental a la salud.
Cuarta. ORDENAR a COLPENSIONES que, mientras no exista una decisión judicial
adoptada con pleno respeto del debido proceso que afecte de manera directa y expresa
el acto administrativo de sustitución pensional, mantenga y restablezca de forma
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inmediata, continua e ininterrumpida el pago de la sustitución pensional a favor de la
suscrita, como medida indispensable para garantizar de manera efectiva sus derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la salud y a la dignidad humana,
especialmente en atención a su condición de persona en situación de discapacidad y
a la necesidad de continuidad en la afiliación y atención en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
Quinta. ORDENAR a COLPENSIONES que se abstenga de adelantar, continuar o
ejecutar actuaciones administrativas o judiciales que afecten el derecho pensional de
la suscrita sin garantizar previamente su vinculación, notificación y derecho de defensa,
y que puedan comprometer directa o indirectamente su afiliación, permanencia y
acceso efectivo al sistema de salud, teniendo en cuenta mi condición de persona con
discapacidad y sujeto de especial protección constitucional, así como las obligaciones
derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Sexta. PREVENIR a COLPENSIONES para que, en lo sucesivo, observe de manera
estricta y reforzada los principios de buena fe, lealtad procesal, información completa,
coherencia, transparencia y corrección, especialmente cuando promueva acciones
judiciales o administrativas que incidan directa o indirectamente en derechos
fundamentales como la seguridad social y la salud de personas en situación de
vulnerabilidad, absteniéndose de omisiones que puedan inducir en error a la autoridad
judicial o generar escenarios de indefensión material y riesgo en la atención en salud.
Séptima. DISPONER las demás órdenes, medidas o prevenciones que el despacho
estime necesarias, idóneas y proporcionales, para restablecer de manera integral los
derechos fundamentales vulnerados, asegurar la continuidad en la atención en salud,
remover los efectos de la indefensión padecida por la suscrita y prevenir la reiteración
de actuaciones similares contrarias a la Constitución Política, al bloque de
constitucionalidad y a la jurisprudencia constitucional.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo presentada por la tutelante se sustenta en los siguientes
hechos que, a juicio de la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en
este fallo:
Señaló que su esposo, el señor Saul Suárez Gómez, (i) nació el 9 de marzo de
1940; (ii) acreditó 556 semanas de cotización, al 1º de abril de 19942; (iii) solicitó un
traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual
con solidaridad, último en el que se mantuvo desde el 12 de diciembre de 1994
hasta el 26 de agosto de 20023; y (iv) obtuvo un reconocimiento pensional por parte
del Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS), a través de la Resolución 4734
del 8 de marzo de 20064. Decisión que fue confirmada por las Resoluciones 6142
del 23 de junio y 901395 del 26 de octubre de 2010.
Explicó que su cónyuge solicitó de Colpensiones5 la reliquidación de su pensión,
requerimiento que fue negado, a través de las Resoluciones APSUB 3498 del 6 de
septiembre y SUB 232189 del 20 de octubre de 2017, porque supuestamente no
conservó el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 ni tenía derecho a esa
prestación, en los términos del artículo 9º de la Ley 797 de 20036.
2 Fecha en la que entró a regir la Ley 100 de 1993
3 Regreso al régimen de prima media el 1º de octubre de 2002.
4 Con base en los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 13 y 35 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado
por el Decreto 758 del mismo año.
5 Nuevo administrador del régimen administrado por el ISS, Cajanal y Caprecom.
6 Acreditó un total de 733 semanas, de las 1300 exigidas,
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Relató que, por lo anterior, Colpensiones le pidió a su compañero consentimiento
para revocar la Resolución 4734 de 2006, por estimar que ese acto administrativo
se encontraba incurso en la causal contenida en el numeral 1° del artículo 93 de la
Ley 1437 de 20117.
Narró que el aludido fondo acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la
modalidad de lesividad, para pedir la nulidad del acto que le reconoció al señor Saúl
Suárez Gómez la pensión y obtener el reintegro de lo que le fue pagado por ese
concepto, debidamente indexado.
Reseñó que el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante proveídos del 29 de
junio de 2018, 23 de noviembre de 2018 y 22 de septiembre de 2022 dispuso, entre
otras decisiones, (i) admitir la demanda y notificar personalmente al señor Suárez
Gómez, conforme al artículo 198 del CPACA8; (ii) negar la suspensión provisional
del acto administrativo enjuiciado; (iii) declarar no probadas las excepciones
propuestas por el antes nombrado en la contestación de la demanda 9 y fijar el litigio,
en los siguientes términos:
[…] el objeto de la controversia consiste en determinar si la Resolución 4734 del 8 de
marzo de 2006 proferida por el entonces Instituto de los Seguros Sociales -liquidado-
hoy Colpensiones, se encuentra viciada de nulidad y, en consecuencia, queda sin
efectos el reconocimiento de la pensión de vejez del señor Saúl Suárez Gómez.
Destacó que el aludo tribunal, mediante sentencia del 4 de abril de 2024, declaró la
nulidad de la Resolución 4734 de 2006 y denegó la pretensión consecuencial de
recuperación de los dineros pagados por concepto de la pensión. Lo anterior, con
fundamento en que el demandado (i) con el traslado de régimen perdió el beneficio
de la transición de la Ley 100 de 1993 y, por ende no le es aplicable el Decreto 758
de 1990, «pues independientemente al hecho de que haya regresado al régimen de
prima media con prestación definida el 1 de octubre de 2002, era necesario que
acreditara, como mínimo, los 15 años de servicios cotizados al 1 de abril de 1994»,
lo cual no ocurrió10; y (ii) no debe devolver mesada alguna por cuanto las percibió
de buena fe. Última decisión que fue apelada por Colpensiones.
Refirió que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, a través de fallo
del 26 de junio de 2025, confirmó lo resuelto por el a quo, por cuanto «la recurrente
no demostró siquiera sumariamente que el demandado se valiera de maniobras
fraudulentas o deshonestas para adquirir el derecho, como tampoco que aportara
información falsa para ello».
Puso de relieve que, en el curso del proceso descrito, (i) el señor Saúl Suárez
Gómez falleció, el 10 de febrero de 2020; y (ii) Colpensiones, por medio de la
Resolución SUB 214464 del 7 de octubre de 2020, le sustituyó la pensión en su
7 «ARTÍCULO 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las
mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: // 1. Cuando sea
manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley».
8 «ARTÍCULO 198. Procedencia de la notificación personal. Deberán notificarse personalmente las
siguientes providencias: // 1. Al demandado, el auto que admita la demanda.»
9 Caducidad y falta de agotamiento de requisito de procedibilidad.
10 Sólo había laborado 557.84 semanas, 231.99 en empresas privadas y 325 semanas al servicio del
Ministerio de Hacienda.
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condición de cónyuge en un 100%; empero, estas situaciones no fueron advertidas
ni tenidas en cuenta en las sentencias del 26 de junio de 2025 y 4 de abril de 2024.
1.4. Sustento de la vulneración
La actora afirmó que no tuvo conocimiento de la existencia del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, con radicado
66001-23-33-000-2018-00164-00/01 ni de las decisiones que se adoptaron en su
interior, por cuanto no fue vinculada o puesta en posibilidad real de ejercer su
derecho de defensa.
Precisó que las autoridades judiciales accionadas no integraron debidamente el
contradictorio, en la medida en que no la vincularon ni extendieron los efectos de
sus decisiones al «derecho pensional cuya titularidad ostentaba» en razón de la
sustitución de que fue sujeto. Añadió que, en ese orden, las sentencias del 26 de
junio de 2025 y 4 de abril de 2024 adolecen de un defecto procedimental absoluto.
Enfatizó que fue excluida del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho pese a que existía un acto administrativo vigente de sustitución pensional
a su favor, omisión que comporta una afectación estructural del derecho al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
Estimó que, por un error inducido de Colpensiones, el proceso ordinario «continuó
bajo la premisa de que el debate recaía exclusivamente sobre un derecho radicado
en el causante, cuando en realidad existía un acto administrativo posterior que
consolidaba una nueva situación jurídica particular y concreta, tal distorsión le
impidió [a las autoridades accionadas] examinar aspectos determinantes como la
legitimación en la causa, la integración de litisconsorcio necesario o la eventual
necesidad de ampliar la demanda para cuestionar el acto de sustitución».
Insistió en que ese error «se proyectó posteriormente en la esfera administrativa,
cuando la entidad accionada ejecutó la sentencia extendiendo sus efectos sobre un
acto administrativo distinto —el de sustitución pensional— que no fue demandado
ni sometido a control jurisdiccional específico».
Evidenció que, si bien es cierto que Colpensiones por Resolución SUB 388427 del
4 de diciembre de 2025, concretó la pérdida del derecho pensional y de la
sustitución de aquel, en cumplimiento de lo decidido en el proceso contencioso;
también lo es que ese acto no le fue notificado en los términos del CPACA, lo que
le impidió, una vez más, ejercer su derecho de defensa.
Iteró que, aunque el artículo tercero del referido acto administrativo ordena su
notificación, no fue informada oficialmente de esa decisión «ni de las consecuencias
jurídicas que de ella se derivaban».
Subrayó que la Resolución SUB 388427 de 2025 permaneció en el ámbito interno
de Colpensiones «hasta tanto fue ejecutada de manera directa mediante la cesación
del pago de la mesada pensional, ocurrida el 02 de enero de 2026, fecha en la cual
se materializó por primera vez la afectación concreta de sus derechos
fundamentales».
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Recalcó que la aludida «vulneración no se predica únicamente de la suspensión del
pago, sino también de la ejecución de un acto administrativo que declaró la pérdida
del derecho sin notificación previa, lo que constituye una transgresión directa a los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital,
dada la naturaleza alimentaria de la mesada pensional y su carácter indispensable
para la subsistencia de la suscrita».
Aseveró que es una persona en condición de discapacidad, con movilidad reducida
y dependencia funcional11, circunstancia que activa un estándar reforzado de
protección conforme al artículo 13 de la Constitución y a los compromisos
internacionales adquiridos por el Estado colombiano. Añadió que la suspensión de
la mesada pensional no solo compromete su subsistencia material, sino la
continuidad en el acceso al sistema de salud, lo que intensifica la gravedad de los
perjuicios que afronta.
Finalmente, pidió decretar una medida provisional «con el fin de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable mientras se decide de fondo la presente
acción de tutela».
1.5. Trámite y contestaciones
El 20 de febrero de 2026, el suscrito ponente manifestó que se encuentra incurso
en la causal prevista en el numeral 5º del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, porque sostiene una amistad íntima con el magistrado Juan Camilo Morales
Trujillo, adscrito a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
quien suscribió la sentencia cuestionada.
A través de proveído del 12 de marzo de 2026, se declaró infundado su
impedimento, así como el de la magistrada Gloria María Gómez Montoya12.
Mediante auto del 24 de marzo de 2026, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó
notificar a los magistrados que integran la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Risaralda, así como al presidente
de Colpensiones, en calidad de accionados.
Así mismo, se denegó el decreto de la medida cautelar solicitada por la accionante.
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1 Colpensiones solicitó que se denieguen las pretensiones de este mecanismo
por cuanto sus fundamentos fácticos y jurídicos ya fueron objeto de estudio y
resolución judicial, lo que comporta una cosa juzgada.
11 Hecho que, en su criterio, se encuentra acreditado con su edad (73 años) y documentos médicos
expedidos por la EPS SURA y la IPS COLSUBSIDIO – Sede Pereira, el 17 de diciembre de 2025,
que dan cuenta de un diagnóstico de hemiparesia derecha como secuela de resección de
meningioma cerebral, con movilidad reducida, convulsiones y necesidad de ayuda para la
movilización, situación presentada desde el 14 de julio de 2008, como se menciona también en
diagnóstico de Neurología de Coomeva EPS.
12 Porque sostiene una relación de amistad íntima y entrañable con el magistrado Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
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Aportó documentos que dan cuenta que, para dar cumplimiento a los fallos del 26
de junio de 2025 y 4 de abril de 2024, expidió la Resolución SUB 371094 del 21 de
noviembre de 2025, que dejó sin efectos las Resoluciones (i) 4734 del 08 de marzo
de 2006 y 901395 de 26 de octubre de 201013 que reconocieron una pensión al
señor Saúl Suárez Gómez (q.e.p.d.); y (iii) SUB 214464 del 7 de octubre de 2020
que materializó una sustitución pensional en cabeza de la accionante, todo con
efectos fiscales a partir del 1º de diciembre de 2025.
De igual forma, emitió la Resolución SUB 388427 del 4 de diciembre de 2025, que
(i) dio alcance al anterior acto para que se ejecutara en nómina de pensionados,
previo la verificación de la no «existencia de un proceso ejecutivo iniciado a
continuación del ordinario», conforme lo estipulado en la Circular 11 de 2014; y (ii)
dispuso la notificación de lo decidido a la señora María Franco de Suárez.
Ern consecuencia, vía Oficio 3664177 del 4 de diciembre de 2025 citó a la señora
María Franco de Suárez para notificarla de la anterior actuación administrativa, en
los términos de los artículos 68 y 69 del CPACA14, en los siguientes términos:
Como resultado de la solicitud en referencia, le informamos que deberá presentarse
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de esta comunicación en
un Punto de Atención al Ciudadano Colpensiones (PAC), en cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 68 de la ley 1437 de 2011.
Tenga en cuenta que una vez transcurridos los cinco (5) días y de no haberse
presentado en PAC a notificarse de manera personal, Colpensiones procederá a
notificarlo por aviso, según lo establecido en el artículo 69 de ley 1437 de 2011.
1.5.2 El Tribunal Administrativo de Risaralda puso en evidencia que el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentado por Colpensiones
el 31 de mayo de 2018 y admitido el 29 de junio siguiente, oportunidad en la que se
vinculó el señor Saul Suárez Gómez, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1º del
artículo 198 de la ley 1437 de 2011.
Enfatizó que el antes nombrado confirió poder a un abogado, profesional que
contestó la demanda, se opuso a la nulidad de la Resolución 4734 del 08 de marzo
de 2006, formuló excepciones y aportó las pruebas que consideró relevantes.
Manifestó que el objeto de este mecanismo desborda la causa de su
pronunciamiento, por cuanto «si bien es cierto que, en la sentencia proferida en el
proceso ordinario se declaró la nulidad Resolución 04734 del 08 de marzo de 2006,
por la cual se dispuso el reconocimiento y pago de la pensión de vejez en favor del
señor Saúl Suárez; lo cierto es que, en el presente asunto lo que se discute es la
falta de vinculación de la accionante al proceso, lo cual en modo alguno [le] resulta
atribuible […], puesto que mientras se tramitó el proceso judicial no se dio a conocer
el hecho del fallecimiento del causante como tampoco que la prestación hubiere
sido objeto de sustitución en favor de la señora María Franco de Suárez».
Consideró que «cumplió con su deber de notificar la demanda a quien para la fecha
de su presentación tenía interés en las resulta del proceso que no era otro que el
13 Acto que se entendió demandado conforme al artículo 163 del CPACA.
14 Adjunto planilla de envío de la empresa 472, destinatario María Franco de Suárez a la calle 142
No. 12B 30, casa 40.
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señor Saúl Suárez, en cuanto era el beneficiario de la prestación que se cuestionó
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, quien
además ejerció sus derechos de defensa y contradicción».
Señaló que se debe denegar el amparo pretendido, en la medida en que no se
encuentra acreditada vulneración alguna o la configuración de algún requisito
específico de procedibilidad.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la tutelante, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, la sala deberá establecer si el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; el Tribunal Administrativo de
Risaralda; y Colpensiones desconocieron sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad
social, a la salud, al mínimo vital, a la dignidad humana, a la igualdad y demás
emanados de la Ley 1346 de 2009, con ocasión de las sentencias emitidas en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de
lesividad, con radicado 66001-23-33-000-2018-00164-00/01 y de la Resolución de
ejecución SUB 388427 de 2025.
Para resolver lo anterior, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos adjetivos de
procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se abordará; y (iii) el caso
concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:
[…] si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.
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Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente
lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados hasta el
momento jurisprudencialmente […]».
En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional
y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial
no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan
origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva–
y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia
adjetiva–.
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: (i) que sea
relevante constitucionalmente; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii)
inmediatez; y (iv) subsidiariedad.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: (i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
2.4. Estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad
2.4.1. Tutela contra tutela
La Sala de decisión encuentra que no existe cuestionamiento en relación con este
juicio de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión
de la misma naturaleza, pues las providencias judiciales y la resolución
controvertidas se profirieron en el marco y, como consecuencia, del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 66001-23-33-000-
2018-00164-00/01.
2.4.2. Relevancia Constitucional
En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la Corte
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Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 reiteró que este presupuesto
«protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del
juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales» y explicó en
detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta
exigencia, los cuales son:
[...] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia
judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. (Destacado por la Sala)
En concordancia con lo anterior, dicha Corte indicó en la sentencia SU-573 de 27
de noviembre de 2019 que «la controversia debe versar sobre un asunto
constitucional, pero no meramente legal y/o económico» y que según la
jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, es decir, las relativas
a un derecho de índole económico15 deben ser resueltas mediante los mecanismos
ordinarios dispuestos para su trámite16, comoquiera que «le está prohibido al juez
de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter netamente legal
o reglamentario17», so pena de involucrarse en cuestiones que le corresponden
definir a otras jurisdicciones.
En tales condiciones, se advierte que este requisito se encuentra superado, en
razón a que la señora María Franco de Suárez explicó de manera diáfana por qué
le fueron vulnerados los derechos fundamentales invocados y precisó los defectos
u omisiones en que incurrieron el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A; el Tribunal Administrativo de Risaralda y Colpensiones.
Lo anterior, por cuanto, presuntamente, las autoridades judiciales no integraron el
contradictorio en debida forma y, por lo mismo, limitaron su derecho de defensa, al
punto que no obtuvo pronunciamiento respecto de su sustitución pensional; y
Colpensiones indujo en error y expidió un acto de ejecución que (i) dejó sin efecto
una resolución que no fue objeto de controversia judicial; y (ii) fue indebidamente
notificado.
Por lo tanto, se puede establecer que se cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, por cuanto el asunto a tratar no se trata de cuestiones económicas
ni de interpretación de tipo legal, sino que la discrepancia versa sobre la posible
vulneración del debido proceso.
Por ello, se puede establecer que se acreditan los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia constitucional, ante la posible transgresión de unas garantías
15 No en todos los eventos en que se denuncie el desconocimiento de los derechos al acceso a la
administración de justicia y debido proceso se está ante un asunto relevante constitucionalmente,
pues si el reclamo se vincula de manera irrestricta a la satisfacción de una pretensión de contenido
económico, la discusión carecerá de tal relevancia”
16 Sentencia T-606 de 2000
17 Ibidem
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constitucional de la accionante.
2.4.3. Inmediatez
La solicitud de amparo se presentó en el plazo prudencial de 6 meses, si se
considera que la suspensión del pago de la mesada pensional ocurrió el 2 de enero
de 2026 y la acción de tutela fue radicada el 17 de febrero siguiente.
Lo anterior, demuestra que no hubo dilación ni retardo en cabeza de la actora en la
defensa de sus derechos fundamentales.
2.4.4. Subsidiariedad
La accionante afirma que no conoció la existencia del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, con radicado 66001-
23-33-000-2018-00164-00/01 y, en ese orden, no puede exigírsele el agotamiento
de medios de defensa judicial, máxime cuando lo que busca es conjurar la
suspensión del pago de sus mesadas pensionales. Sin embargo, puntualizó que el
Tribunal Administrativo de Risaralda no integró el contradictorio en debida forma y,
por lo mismo, limitó su derecho de defensa, al punto que no obtuvo pronunciamiento
respecto de su sustitución pensional.
Si bien es cierto que, la Corte Constitucional ha considerado que el incidente de
nulidad es un medio judicial que permite alegar la indebida integración del
contradictorio y que debe ser promovido tan pronto se tenga conocimiento de la
existencia del proceso y se advierta la nulidad, para los casos en los cuales se ha
dictado ya sentencia18; también lo es que, este presupuesto de procedibilidad
amerita ser flexibilizado, de manera excepcional, en atención a las circunstancias
particulares de la señora Franco de Suarez, pues ella acreditó19 que (i) padece
hemiparesia derecha como secuela de resección de meningioma cerebral,
enfermedad que reduce su movilidad y (ii) dejó de recibir las mesada pensionales,
lo cual la afecta con inminencia su subsistencia y la continuidad de los servicios de
salud que requiere.
2.5. Caso concreto
La señora María Franco de Suárez precisó que la vulneración que alega tiene doble
fuente: una judicial, derivada de la indebida integración del contradictorio dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de
lesividad, con radicado 66001-23-33-000-2018-00164-00/01, lo que le impidió ser
vinculada, oída y sujeto de determinaciones en los fallos del 26 de junio de 2025 y
4 de abril de 2024. Y, otra administrativa, consistente en que Colpensiones omitió
informar a las autoridades judiciales sobre el fallecimiento de su esposo y sobre la
sustitución pensional de que fue sujeto; además, expidió un acto de ejecución que
declaró la pérdida de su prestación, pese a que la resolución que la benefició no fue
anulada, y materializó la suspensión del pago de sus mesadas, sin notificarla en
18
Sobre el particular ver sentencia del 12 de marzo de 2026, emitida dentro del radicado
11001-03-15-000-2025-07558-01.
19
Servicios médicos de Colsubsidio Pereira, Sede Pinares y extractos del BBVA
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debida forma.
En cuanto a la vulneración ocurrida en sede judicial, el Tribunal Administrativo de
Risaralda evidenció que cuando admitió la demanda ordenó notificar a quien tenía
interés en las resultas del proceso, esto es al demandado Saul Suárez Gómez, tal
como correspondía en los términos del numeral 1º del artículo 198 de la ley 1437
de 2011.
Señaló que el antes mencionado confirió poder a un abogado, profesional que
contestó la demanda, se opuso a la nulidad de la Resolución 4734 del 08 de marzo
de 2006, formuló excepciones y aportó las pruebas que consideró relevantes.
Afirmó que, en el proceso ordinario, las partes no informaron sobre el fallecimiento
del causante ni sobre la sustitución pensional de que fue sujeto la tutelante. En esa
medida, no pudo pronunciarse al respecto, máxime cuando el objeto del litigio se
circunscribió a determinar si la Resolución 4734 de 2006 estaba viciada de nulidad
o no.
Observa la sala que el tribunal accionado sí cumplió con su deber de integrar el
contradictorio porque notificó la demanda a la persona que, para la época de
radicación de ese escrito inicial, tenía interés directo en las resultas del proceso: el
señor Saúl Suárez Gómez.
Ahora, no resulta ser cierto que la señora María Franco de Suárez no conocía la
existencia del proceso ordinario, por cuanto Colpensiones en la Resolución SUB
214464 del 7 de octubre de 2020, que le reconoció la sustitución pensional, le
informó sobre el particular y la posibilidad de que su derecho pudiera ser revaluado
para atender lo decidido en sede judicial, así:
Que mediante Resolución No. 4734 de marzo de 2006 el Instituto de Seguros Sociales
reconoció una pensión de vejez a favor del señor SUAREZ GOMEZ SAUL, sin tener
derecho a dicha prestación, razón por la cual Colpensiones se encuentra adelantando
acción de lesividad bajo el radicado 66001233300020180016400, el cual se encuentra
admitido, y pendiente de remisión a los juzgados administrativos de acuerdo a decisión
del tribunal administrativos.
En ese orden de ideas, se procede con el estudio de la sustitución pensional, con el fin
de proteger el mínimo vital de la solicitante sin prejuicio de que en el futuro
COLPENSIONES pueda revaluar la decisión teniendo en cuenta las resultas del
proceso.
Cuando ocurre una alteración de las personas que integran una de las partes en un
proceso, como ocurrió en este caso, con el fallecimiento del demandado, el proceso
podía continuar con la cónyuge, si ella lo hubiera pedido en los términos del artículo
68 del CGP, sin que ello produjera «modificación de “la relación jurídica material,
que, por tanto, continúa igual, correspondiéndole al funcionario jurisdiccional
pronunciarse sobre ella como si la sucesión procesal no se hubiese presentado”».20
En el asunto sub judice la tutelante prefirió guardar silencio y, en ese orden, no se
le transmitió expresamente el derecho litigioso ni la oportunidad de asumir el
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 10 de
marzo de 2005, Radicado 50001-23-31-000-1995-04849-01(16346), CP: Ramiro Saavedra Becerra.
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proceso en el estado en que se encontraba21.
De ahí que la supuesta falta de integración del contradictorio y/o la omisión de
Colpensiones de informar sobre el fallecimiento del causante y la sustitución
pensional de que fue sujeto, no fue la que le impidió defender sus intereses en el
proceso ordinario ni obtener pronunciamientos expresos sobre la Resolución SUB
214464 de 2020, en las sentencias del 26 de junio de 2025 y 4 de abril de 2024.
Respecto de la vulneración generada en sede administrativa, Colpensiones aportó
documentos que dan cuenta que por Resoluciones SUB 371094 del 21 de
noviembre y SUB 388427 del 4 de diciembre de 2025, dio cumplimiento a lo
ordenado en sede judicial, pues (i) dejó sin efectos los actos de reconocimiento
(Resoluciones 4734 de 2006 y 901395 de 2010) y sustitución pensional (SUB
214464 de 2020), a partir del 1º de diciembre de 2025 y (ii) suspendió el pago de
las mesadas pensionales.
Medidas que la administración dispuso notificar a la señora María Franco de Suárez
y, por lo mismo, le fueron comunicadas por Oficio 3664177 del 4 de diciembre de
2025, para dar cumplimiento a los artículos 68 y 69 del CPACA.
La accionante, pese a que indica que no le fue notificada, concretamente, la
Resolución SUB 388427 de 2025, describe en el escrito inicial de este mecanismo
su contenido, lo que evidencia que la conoce materialmente, máxime cuando con
base en ella, señala que dejó sin efecto la sustitución pensional, pese a que el acto
administrativo que la concretó no fue anulado al interior del proceso con radicado
66001-23-33-000-2018-00164-00/01.
En este punto, resulta pertinente señalar que la relación que existe entre el acto que
reconoce una pensión de jubilación y el que la sustituye es inescindible; por
consiguiente, el que benefició a la tutelante corre la misma suerte del principal, esto
es, que también debe dejarse sin efecto, por cuanto el primero fue objeto de tal
determinación por parte de la administración para dar cumplimiento a lo ordenado
en sede judicial. Todo en atención al principio general del derecho conforme al cual
lo accesorio sigue la suerte de lo principal (accessorium sequitur principale).
Teniendo en cuenta lo anterior, esta sala de decisión negará la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Denegar las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora
María Franco de Suárez contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A; el Tribunal Administrativo de Risaralda; y Colpensiones.
SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
21 Artículo 70 del CGP.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01206-00
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Aclaración de voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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