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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07591-00

Fecha
30 de enero de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07591-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Andrés Esteban Bedoya Hincapié en contra del del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué y del Tribunal Administrativo del Tolima por no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07591-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

30 de enero de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07591-00
Accionante: Andrés Esteban Bedoya Hincapié

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07591-00
Demandante: Andrés Esteban Bedoya Hincapié
Demandados: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué y
Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales y especiales de procedencia.
Relevancia constitucional - Improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por Andrés Esteban Bedoya Hincapié
en contra del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué y del Tribunal
Administrativo del Tolima.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Andrés Esteban Bedoya Hincapié en nombre propio, presentó acción de tutela en
procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, a la reparación del daño antijurídico y de
acceso a cargos públicos, que consideró vulnerados por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Ibagué y por el Tribunal Administrativo del Tolima, con
ocasión de las sentencias dictadas el 20 de junio de 2024 y el 17 de julio de 2025,
respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número de radicado 73001-33-33-008-2020-00197-00/03.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica 1:

1 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=73001333300820200
0197017300123.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07591-00
Accionante: Andrés Esteban Bedoya Hincapié

2.1. El accionante participó en el concurso de méritos adelantado para la selección
del Personero Municipal de Villahermosa, Tolima, para el periodo constitucional
2020-2024.

2.2. La prueba de entrevista, a cargo del Concejo, se realizó el 6 de enero de 2020.
No obstante, no se fijaron previamente los parámetros objetivos de calificación.
Además, la puntuación asignada a cada aspirante no estuvo respaldada por
motivación, por lo que a su juicio fue arbitraria.

2.3. Con la Resolución 0004 del 15 de enero de 2020, se designó a Jessica Paola
Lozano Roso como persona municipal.

2.4. El actor promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la nulidad del referido acto.

2.5. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Ibagué, el cual, mediante sentencia del 20 de junio de 2024 negó las
pretensiones de la demanda. Inconforme con dicha decisión, el tutelante interpuso
recurso de apelación.

2.6. El Tribunal Administrativo del Tolima, a través de providencia del 17 de julio de
2025, declaró la nulidad de acto acusado y reconoció la existencia de
irregularidades en la prueba de entrevista. No obstante, negó el restablecimiento
del derecho pretendido, consistente en la indemnización por pérdida de la
oportunidad.

Como fundamento de la negativa, el tribunal indicó que el tutelante se encontraba
incurso en una causal de inhabilidad para participar del procedimiento, en tanto era
hijo de uno de los miembros del Concejo.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

La parte actora solicitó al juez constitucional i) amparar los derechos fundamentales
invocados. Como consecuencia de ello, pidió ii) dejar sin efectos la sentencia del
20 de junio de 2024. Asimismo, dejar sin efectos la decisión del 17 de junio de 2025,
en concreto, los numerales que negaron el restablecimiento del derecho; iii) ordenar
a las autoridades judiciales accionadas que emitan una nueva providencia que
mantenga la nulidad declarara y reconozca los perjuicios solicitados “sin que pueda
reabrise el periodo probatorio por preclusión o alegar, para negarla, la inhabilidad
por parentesco que no fue debidamente probada en el proceso” (sic).

Como sustento de la acción de tutela, la parte actora planteó los siguientes:

3.1. Las providencias censuradas incurrieron en un defecto por ausencia de
motivación al fundarse en un juicio hipotético que despoja a la conclusión de su
carácter vinculante y vulnera la garantía de certeza judicial.

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Accionante: Andrés Esteban Bedoya Hincapié

3.2. Consideró que existía una motivación aparente y contradictoria al invocar la
jerarquía del artículo 292 constitucional para fijar el parentesco, mientras se aplica
de forma subrepticia la literalidad de la Ley 136 de 1994.
3.3. Alegó la existencia de un defecto sustantivo atribuible al tribunal accionado, al
desconocer la tarifa legal imperativa del artículo 105 del Decreto Ley 1260 de 1970,
norma que exige el registro civil como prueba para acreditar el parentesco y la
consecuente inhabilidad.

3.4. La sentencia de segunda instancia incurrió en un defecto fáctico por indebida
valoración probatoria al otorgar mérito de plena prueba a testimonios y actas
administrativas, medios que resultan legalmente ineficaces para suplir la ausencia
del registro civil de nacimiento en la determinación del estado civil.

3.5. Existió una aplicación indebida del principio de primacía de la realidad, pues el
juzgador lo utilizó para relevar a la administración de su carga de la prueba,
invirtiendo una excepción jurisprudencial protectora en un mecanismo de exclusión
y perjuicio contra el ciudadano.

3.6. Existe una vía de hecho por desconocimiento del deber de la prueba de oficio,
puesto que el operador judicial, ante la duda sobre el parentesco, omitió ejercer sus
poderes instructivos para hallar la verdad real y asegurar el derecho sustancial.

3.7. Las autoridades judiciales incurrieron en un defecto sustantivo por
interpretación errónea al aplicar la inhabilidad de forma extensiva y retroactiva,
desconociendo que el régimen de prohibiciones es taxativo y de aplicación
restrictiva conforme a la jurisprudencia constitucional.

3.8. El fallo de segundo grado se apartó del artículo 292 de la Constitución Política
al sancionar la mera participación en el concurso, pues el texto superior utiliza el
verbo rector "designar", acto que constituye un momento jurídico distinto y posterior
a la inscripción.

3.9. Se configuró una violación directa de la Constitución por desconocimiento del
principio de supremacía, toda vez que el juzgador realizó una mutación del precepto
constitucional para añadir supuestos de hecho no contemplados, lo quye restringió
el derecho fundamental al acceso a cargos públicos.

3.10. El tribunal vulneró la prohibición de reformatio in peius al introducir de oficio
una excepción de mérito que no fue propuesta en la contestación de la demanda, lo
que agravó la situación jurídica del apelante único mediante un reproche de
inhabilidad no debatido en la instancia anterior.

3.11. La decisión desconoce el artículo 90 superior al negar la reparación del daño
antijurídico derivado de un concurso viciado y permite que la administración se
beneficie de su propia arbitrariedad y lo que convierte la declaratoria de nulidad en
una victoria judicial ilusoria.

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Accionante: Andrés Esteban Bedoya Hincapié

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 1 de diciembre de 20252 se admitió la acción de tutela y se
ordenó la vinculación del Municipio de Villahermosa-Concejo y de Jessica Paola
Lozano Rozo.

4.2. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué 3 remitió el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho en medio digital, pero no se pronunció
sobre los fundamentos del amparo.

4.3. El Tribunal Administrativo del Tolima4 al oponerse al amparo solicitó que se
declare improcedente la acción, en la medida que muestra una inconformidad con
la decisión adoptada en el marco del proceso ordinario, la que, por demás, fue
debidamente motivada. Agregó que el actor no demostró la configuración de los
defectos alegados en el escrito tuitivo.

4.4. El Concejo de Villahermosa y la señora Jessica Paola Lozano Rozo guardaron
silencio respecto de la solicitud de tutela, a pesar de haber sido debidamente
notificados.

II. CONSIDERACIONES
1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Andrés
Esteban Bedoya Hincapié al ser titular de los derechos que afirma fueron
vulnerados, dado que actuó como demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 73001-33-33-008-
2020-00197-00/03.

2.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva del
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué y del Tribunal Administrativo
del Tolima, por cuanto fungieron como jueces de primera y segunda instancia,
respectivamente, dentro del proceso mencionado.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub iudice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia

2 Índice 00005 del aplicativo SAMAI.
3 Índice 00011 del aplicativo SAMAI.
4 Índice 00012 del aplicativo SAMAI.

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Accionante: Andrés Esteban Bedoya Hincapié

judicial. En caso afirmativo, se procederá realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20055 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 6 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 7.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”8.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que

5 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
7 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento esta blecido; c) defecto fáctico, esto es,
cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto
material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexist entes
o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo
condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa l a legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
7 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

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Accionante: Andrés Esteban Bedoya Hincapié

el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 9.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto. Además, indicó que, si la providencia
objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el estudio de procedibilidad debe ser
mucho más estricto, lo que implica verificar la existencia de una actuación
claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

9 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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Accionante: Andrés Esteban Bedoya Hincapié

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto10.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. En primera medida, se aclara que se analizará únicamente la sentencia de
segunda instancia del 17 de julio de 2025, en tanto es la que puso fin al proceso
ordinario y, además, contiene la decisión de negar la indemnización solicitada por
el actor a título de pérdida de la oportunidad.

5.2. Al analizar los cargos, la parte actora sostuvo que la providencia cuestionada
incurrió en: i) defecto por ausencia de motivación y motivación aparente, al fundar
la decisión en juicios hipotéticos y aplicar la literalidad de la ley sobre la jerarquía
del artículo 292 constitucional; ii) defecto sustantivo y fáctico, al desconocer la tarifa
legal del registro civil para acreditar el parentesco y otorgar mérito probatorio a
testimonios e instrumentos administrativos legalmente ineficaces; iii) aplicación
indebida de la primacía de la realidad y omisión del deber de prueba de oficio, con
lo cual el juzgador relevó a la administración de su carga probatoria en perjuicio del
ciudadano; iv) interpretación errónea y extensiva del régimen de inhabilidades, al
sancionar la participación en el concurso y no el acto formal de designación previsto
en la norma superior; v) violación directa de la Constitución y del principio de
supremacía, al restringir el acceso a cargos públicos mediante la adición de
supuestos de hecho no contemplados por el constituyente; y vi) vulneración de la
prohibición de reformatio in peius y del artículo 90 superior, al introducir de oficio
excepciones de mérito no propuestas, que agravaron la situación del apelante y
generaron la negativa a la reparación del daño antijurídico derivado del acto
anulado.

5.3. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en la sentencia emitida por
el Tribunal Administrativo del Tolima y que puso fin a la actuación, se advierte que
dicha autoridad arribó a las siguientes conclusiones, en relación con el
reconocimiento de la indemnización :

“De otra parte, y en relación a las pretensiones indemnizatorias de orden
moral por perdida de oportunidad peticionadas por el accionante, desde ya
habrá de decirse que las mismas no están llamadas a prosperar, pues mal
podría esta Corporación ordenar dicho reconocimiento con fundamento en
una actuación que deviene ilegal, pues es claro, como a continuación se
expone, que el señor Andrés Esteban Bedoya Hincapié, se encontraba
inhabilitado para ocupar el cargo de Personero del Municipio de

10 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

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Accionante: Andrés Esteban Bedoya Hincapié

Villahermosa Tolima, en razón al grado de parentesco con su progenitor, el
señor Libardo Bedoya Peña, quien fungía como Concejal del Municipio de
Villahermosa. La Ley 136 de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes
a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”., en su
artículo 174 dispuso:

[…]

Conforme con lo estipulado en la norma, no podrá ser elegido personero
quien sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad (padres, hijos,
hermanos, abuelos, nietos, tíos, primos, sobrinos), segundo de afinidad
(suegros, nueras, hijos del cónyuge, yernos), o primero civil (padres
adoptantes e hijos adoptivos) o tenga vínculos por matrimonio o unión
permanente con los concejales que intervienen en su elección, con el alcalde
o con el procurador departamental.

[…]

En efecto y de acuerdo con las disposiciones normativas y jurisprudenciales
señaladas en precedencia la inhabilidad para aspirar a ser elegido
personero, se predica respecto de quien siendo concejal interviene en el
concurso o en la elección del personero y no como lo pretende hacer ver el
demandante, que dicha inhabilidad solo hace referencia al momento de
hacerse la designación del personero. En tal sentido, si el proceso de
elección se inicia en ejercicio del concejal municipal del cual es pariente
dentro del segundo grado de consanguinidad, como en el sub examine,
evidentemente se presenta la inhabilidad.

Debe precisarse, que si bien legalmente la forma de acreditar el parentesco
obedece al registro civil de nacimiento, tal como lo indicó el recurrente, en el
sub judice no es imperiosa la aplicación de dicha tarifa legal, máxime cuando
está demostrado por otros medios probatorios (testimonio, impedimento
plasmado en el Acta No 02 de 6 de enero de 2020) que para la época el
Concejal Libardo Bedoya Peña era el padre del aquí demandante, por lo que
en casos como el que aquí se discute se hace necesario dar aplicación al
principio de primacía de la realidad sobre la formalidad.

[…]

En las condicionas anotadas, la providencia impugnada será revocada
parcialmente, declarándose la nulidad del acto de elección del personero del
Municipio de Villahermosa periodo 2020-2024 – Resolución No 004 de 15
de enero de 2020, sin que haya lugar al restablecimiento peticionado”.

5.4. En conclusión, para la autoridad judicial convocada: i) las pretensiones
indemnizatorias por pérdida de oportunidad carecían de vocación de prosperidad,
toda vez que no resultaba viable ordenar un reconocimiento económico con
fundamento en una actuación administrativa que devenía ilegal; ii) el accionante se
encontraba inhabilitado para ocupar el cargo de personero en razón del vínculo de
parentesco con su progenitor, quien fungía como concejal del respectivo municipio
al momento de iniciarse el proceso de selección; iii) la inhabilidad prevista en la Ley
136 de 1994 se predica respecto de quien interviene en el concurso o en la elección,
por lo cual la restricción opera desde el inicio del proceso y no únicamente al
momento de la designación; iv) la acreditación del parentesco no exige de forma
imperiosa la tarifa legal del registro civil de nacimiento, pues el vínculo filial se
encuentra demostrado mediante otros medios de convicción como testimonios y
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Accionante: Andrés Esteban Bedoya Hincapié

actas de impedimento; y v) en virtud del principio de primacía de la realidad sobre
las formas, la comprobación fáctica de la inhabilidad desplazaba las formalidades
registrales, lo que impuso la revocatoria parcial del fallo y la negativa del
restablecimiento del derecho reclamado.

5.5. En virtud de lo anterior, la Sala advierte que el debate planteado en este caso
fue adecuadamente examinado por el juez competente. Asimismo, no se aprecia
que la decisión haya sido dictada de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los
hechos y fundamentos normativos, ni que se hayan trasgredido los derechos
fundamentales de la parte actora durante el desarrollo del proceso de nulidad
restablecimiento del derecho.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitu cional,
se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración 11.

5.6. Por consiguiente, para la Sala es claro que la parte accionante pretende
imponer su interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad
enjuiciada, así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y
continuar con el debate surtido en el trámite del proceso primigenio sin que haya
demostrado la violación del derecho fundamental para el que pidió su protección.

Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del referido asunto, toda
vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados, sin esbozar
las razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado fue vulnerado
con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda
vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.

5.7. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

11 Sentencia SU215 de 2022.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07591-00
Accionante: Andrés Esteban Bedoya Hincapié

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 12, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario13.

5.8. Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito
de relevancia constitucional y por consiguiente se declarará improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Andrés Esteban Bedoya Hincapié en contra del del Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito de Ibagué y del Tribunal Administrativo del Tolima por no superar el
requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SFGS

12 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
13 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

10

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