República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07591-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
11 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07591-01 (4230)
Accionante: Andrés Esteban Bedoya Hincapié
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho Subtema 2: reconocimiento de perjuicios. Subtema
3: defectos sustantivo, fáctico, decisión sin motivación y violación directa de la
Constitución.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Andrés Esteban Bedoya Hincapié contra la
sentencia del 30 de enero de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C.
1. Síntesis del caso
El señor Andrés Esteban Bedoya Hincapié presentó acción de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia, a la reparación del daño antijurídico y al acceso a
cargos públicos, que consideró vulnerados con ocasión de las sentencias del 20 de
junio de 2024 y del 17 de julio de 2025, proferidas por el Juzgado Octavo
Administrativo de Ibagué y por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
núm. 73001-33-33-008-2020-00197-00/03.
1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07591-01 (4230)
Accionante: Andrés Esteban Bedoya Hincapié
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2. El Concejo Municipal de Villahermosa (Tolima), suscribió convenio
interadministrativo con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), con
el fin de adelantar el concurso de méritos para la elección del personero de dicha
entidad territorial para el periodo constitucional 2020—2024.
3.
El señor Andrés Esteban Bedoya Hincapié participó en el referido proceso de
selección. En la prueba de conocimientos obtuvo un puntaje de 39.37 y en la
entrevista se le otorgó un equivalente a 5.38 puntos.
4. El Concejo Municipal de Villahermosa, mediante Resolución 0004 del 15 de
enero de 2020, designó a Jessica Paola Lozano Rozo como personera del
municipio.
5. El señor Andrés Esteban Bedoya Hincapié presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Concejo Municipal de Villahermosa, con el
propósito de que se dejara sin efectos el referido acto administrativo y, en su lugar,
se condenara a la entidad demandada al pago de una indemnización por perjuicios
materiales y morales, derivados de la pérdida de oportunidad ocasionada por los
daños generados con la decisión de elegir a la señora Lozano Roso en el cargo al
que él aspiraba.
6. El Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué, mediante sentencia del 20 de junio
de 2024, negó las pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión, la parte
actora presentó recurso de apelación.
7.
El Tribunal Administrativo del Tolima, en providencia del 17 de julio de 2025,
revocó parcialmente el fallo de primera instancia. Declaró la nulidad del acto de
elección del personero del municipio de Villahermosa, para el periodo constitucional
2020-2024 (Resolución 0004 del 15 de enero de 2020), pero negó el
restablecimiento del derecho pretendido por el demandante.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela1 lo siguiente:
PRIMERO: TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
efectivo a la administración de justicia, a la reparación del daño antijurídico y al acceso
al desempeño de funciones y cargos públicos.
1
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2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07591-01 (4230)
Accionante: Andrés Esteban Bedoya Hincapié
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS PARCIALMENTE la sentencia
proferida el 20 de junio de 2024 por el Juzgado 8 Administrativo Oral del Circuito de
Ibagué y modificada el 17 de julio de 2025 por la Sala Oral de Decisión del Tribunal
Administrativo del Tolima, específicamente en los numerales que niegan el
restablecimiento del derecho y las pretensiones indemnizatorias por pérdida
deoportunidad y perjuicios morales.
TERCERO: ORDENAR al Juzgado 8 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué y a la
Sala Oral de Decisión del Tribunal Administrativo del Tolima que, en un término
perentorio, profiera una sentencia de reemplazo en la que, manteniendo la declaratoria
de nulidad del acto de elección, proceda a estudiar de fondo y a decidir sobre el
restablecimiento del derecho solicitado, cuantificando los perjuicios por pérdida de
oportunidad y los perjuicios morales, sin que pueda reabrirse el periodo probatorio por
preclusión o alegar, para negarla, la inhabilidad por parentesco que no fue debidamente
probada en el proceso.[…]2.
9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó que la
sentencia del Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué y del Tribunal Administrativo
del Tolima incurrieron en el defecto de decisión sin motivación, porque negaron el
restablecimiento pretendido a partir de un argumento sin fundamento, pues
concluyeron que el demandante se encontraba incurso en una causal de inhabilidad
por parentesco con uno de los miembros del Concejo Municipal de Villahermosa,
sin tener prueba de ello.
10. Expuso que en las decisiones cuestionadas se configuró una motivación
aparente y contradictoria, pues aplicaron la causal de inhabilidad prevista en el literal
f) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, sin tener en cuenta que esta no es aplicable
al demandante, pues su redacción contradice el artículo 292 de la Constitución. En
efecto, la norma legal asocia la situación restrictiva al acto de participar, y la
disposición constitucional establece que el hecho inhabilitante solo se configura al
momento de definir la elección. En atención a esta discrepancia, y bajo el principio
de supremacía constitucional, el razonamiento desarrollado en contra del actor
carecía de sustento jurídico.
11.
Por otro lado, destacó que la providencia del Tribunal accionado incurrió en
defecto sustantivo, debido a que dejó de aplicar el artículo 105 del Decreto Ley 1260
de 1970, que exige el registro civil como prueba para acreditar el parentesco y la
consecuente inhabilidad.
12. Agregó que la sentencia del Tribunal realizó una interpretación errónea al aplicar
la inhabilidad de forma extensiva y retroactiva, por lo que desconoció que el régimen
de prohibiciones es taxativo y de aplicación restrictiva conforme con la
jurisprudencia constitucional.
13.Manifestó que el fallo del Tribunal se apartó del contenido del artículo 292 de la
Constitución, al considerar que la mera participación en el concurso para elegir al
2
Se transcribe incluso con errores
3
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personero municipal es suficiente para configurar la inhabilidad, sin tener en cuenta
que el texto superior utiliza el verbo rector «designar», lo cual es un acto jurídico
distinto y posterior a la inscripción.
14. De igual manera, expresó que en la decisión del Tribunal se configuró un
defecto fáctico, por cuanto le otorgó mérito de plena prueba a los testimonios y las
actas administrativas, sin tener en cuenta que dichos instrumentos son legalmente
ineficaces para suplir la ausencia del registro civil de nacimiento para determinar el
estado civil.
15. Al respecto, explicó que el parentesco es una condición, que se acredita bajo el
criterio de la tarifa legal, por lo que solo puede demostrarse con el registro civil de
nacimiento, conforme lo dispuesto en el artículo 105 del Decreto Ley 1260 de 1970.
16. En este punto, refirió que existe una vía de hecho por desconocimiento del
deber de la prueba de oficio, puesto que las autoridades accionadas omitieron
ejercer sus poderes instructivos para hallar la verdad real y asegurar el derecho
sustancial sobre su parentesco.
17. Aunado a lo anterior, afirmó que la providencia del Tribunal incurrió en el defecto
de violación directa de la Constitución, porque, en su criterio: (i) se efectuó una
indebida interpretación del artículo 292 superior, al añadir supuestos de hecho que
no estaban previstos en la norma, lo que restringió el derecho fundamental al acceso
a cargos públicos; (ii) se vulneró el principio de «non reformatio in pejus3», previsto
en el artículo 31 de la Constitución, al pronunciarse sobre aspectos que no fueron
planteados al interior del trámite judicial, lo que agravó su situación como apelante
único; (iii) se dejaron de aplicar las normas de orden público sobre la prueba del
estado civil, lo cual desconoció el derecho constitucional al debido proceso (artículo
29); (iv) se negó la reparación del daño antijurídico (artículo 90) y; (v) se limitó el
acceso efectivo a la administración de justicia (artículo 229).
2.3. Trámite procesal
18.
El despacho ponente de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante auto del 1 de diciembre de 20254, admitió la solicitud de amparo,
ordenó la notificación al Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué y al Tribunal
Administrativo del Tolima y, puso en conocimiento el escrito de tutela al municipio
de Villahermosa y a la señora Jessica Paola Lozano Rozo, en su condición de
terceros con interés.
2.4. Intervenciones
19. El Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué5 remitió, a esta corporación, el
3
Principio constitucional que alude a la prohibición de reformar en perjuicio del apelante único.
4
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5
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Accionante: Andrés Esteban Bedoya Hincapié
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expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin
pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.
20. El Tribunal Administrativo del Tolima6 pidió que se declare improcedente la
tutela, por cuanto los argumentos del accionante se dirigen a mostrar su
inconformidad con el sentido de la decisión, pero no acreditó los defectos alegados
en el escrito inicial.
21. Consideró que la decisión cuestionada se encuentra debidamente motivada,
luego de un adecuado análisis de los hechos, las pruebas y la normativa aplicable
al asunto, sin que se pueda advertir una irregularidad que requiera la intervención
del juez de tutela.
22. Los demás sujetos vinculados a la acción constitucional guardaron silencio.
2.5. Sentencia de primera instancia
23. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del
30 de enero de 20267, declaró improcedente la tutela al considerar que carece de
relevancia constitucional.
24. Al respecto, precisó que los argumentos planteados por el accionante en el
escrito de tutela fueron debidamente estudiados por las autoridades accionadas.
Que no era posible advertir que las decisiones cuestionadas se hubieran expedido
de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y los fundamentos
normativos ni que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte
actora durante el desarrollo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
25. Advirtió que el tutelante pretende insistir en el debate legal y probatorio que se
planteó al interior del proceso ordinario con el único propósito de imponer su
interpretación jurídica sobre el asunto.
26.
Concluyó que la acción de tutela tiene un carácter excepcional, para evitar la
amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental, sin que ello
implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si
fuera una instancia adicional.
2.6. Impugnación
27. La parte actora presentó impugnación8 contra la sentencia del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, con el argumento de que el asunto
planteado en el escrito de tutela cumplía con el presupuesto de la relevancia
constitucional, debido a que las decisiones cuestionadas se fundamentaron en una
6
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Accionante: Andrés Esteban Bedoya Hincapié
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indebida interpretación de las normas constitucionales y legales aplicables al caso
concreto. Además, realizaron una defectuosa valoración probatoria que terminó
afectando los derechos fundamentales invocados.
28. Para justificar su inconformidad contra la decisión impugnada, la parte actora
reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela, relacionados con los
defectos sustantivo, fáctico y la violación directa de la Constitución.
29. En consecuencia, solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y, en su
lugar se acceda a la pretensión de amparo.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
30. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 30 de enero
de 2026, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
3.2. Legitimación en la causa
31. La legitimación en la causa por activa del señor Andrés Esteban Bedoya
Hincapié está acreditada, porque fue el demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.
32. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Octavo Administrativo de Ibagué y del Tribunal Administrativo del Tolima, debido a
que fueron las autoridades que profirieron las decisiones, cuestionadas en este
trámite constitucional.
3.3. Cuetion preliminar
3.3.1. La providencia objeto de estudio
33.
La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige
contra las providencias proferidas por el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué
y por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo cierto es que los argumentos que sustentan las
pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares
términos frente a las dos decisiones.
34. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
de segunda instancia expedida el 17 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo
del Tolima, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación judicial
6
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Accionante: Andrés Esteban Bedoya Hincapié
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promovida por Andrés Esteban Bedoya Hincapié contra el municipio de
Villahermosa.
3.3.2. Determinación del defecto objeto de análisis
35. Por otra parte, se observa que, el accionante, en el escrito de amparo, le
atribuye a la providencia los siguientes defectos: i) decisión sin motivación, ii)
sustantivo, iii) fáctico y iv) violación directa de la Constitución.
36. Sin embargo, al revisar los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se
advierte que la inconformidad del accionante se concreta en la valoración probatoria
desarrollada por la autoridad judicial y la interpretación de la normativa
constitucional y legal aplicable al asunto. Por esta razón, la Sala analizará el asunto
bajo una posible configuración de los defectos sustantivo, fáctico y violación directa
de la Constitución.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
37. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional10.
38.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
39. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
11
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
7
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afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
40. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución12.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
41. En el caso particular, la cuestión que se discute tiene de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que la
decisión cuestionada se profirió con desconocimiento del ordenamiento jurídico.
42. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
43. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la sentencia proferida el 17 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Tolima,
fue notificada el 24 de julio siguiente13, y la demanda de tutela se presentó el 28 de
noviembre de 202514, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional15 y del Consejo de Estado16 como razonable.
44. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso ordinario, precisamente, porque su cuestionamiento está dirigido contra la
decisión que le puso fin a la actuación judicial.
45.
Finalmente, la sentencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
46.De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad con relación a las causales de los defectos sustantivo,
12
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
13
Samai, exp. 73001-33-33-008-2020-00197-00, índice 15.
14
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07591-00, índice 1.
15
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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fáctico y violación directa de la Constitución y, en ese orden, continuará con el
análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.
3.5. Problema jurídico
47. Corresponde a la Sala determinar ¿si el Tribunal Administrativo del Tolima
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la reparación del daño antijurídico y al acceso a cargos
públicos del accionante, al proferir la sentencia del 17 de julio de 2025, mediante la
cual revocó parcialmente la providencia del 20 de junio de 2024, expedida por el
Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué, para negar el reconocimiento de la
indemnización de perjuicios derivada de la pérdida de oportunidad?
48. Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades de los defectos invocados;
y (ii) el caso concreto.
3.5.1. El defecto sustantivo
49. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado17.
50. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
51. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los
jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar
su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de
la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […] 18.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
18
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
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52. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
53. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).19
3.5.2. El defecto fáctico
54. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»20. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión21» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
55. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»22. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»23.
56. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
19
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
21
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
10
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sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso24.
57. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial25, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»26.
58. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]27.
3.5.3. Violación directa de la Constitución
59. De acuerdo con la Corte Constitucional, el defecto bajo estudio tiene
fundamento en la fuerza vinculante prevista en el artículo 4 superior, según el cual
la Carta Política es norma de normas en todo el ordenamiento jurídico interno y,
ante cualquier «incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica,
se aplicarán las disposiciones constitucionales». Dicha causal específica de
procedencia ocurre cuando el juez en su providencia «omite, contradice o le da un
alcance insuficiente a las reglas, principios y valores consagrados en el texto
superior»28.
60.En un principio, el defecto de violación directa de la constitución fue concebido
como un defecto sustantivo; sin embargo, en la sentencia T-949 de 2003 fue
comprendido como una causal autónoma de procedencia de la acción de tutela
24
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
25
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
26
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
28
Corte Constitucional, sentencia T- 587 de 2017.
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contra providencias judiciales, criterio ratificado con la sentencia C-590 de 200529.
Ahora bien, el alto tribunal constitucional ha indicado que esta causal se configura
en los siguientes eventos:
i) En la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición
legal de conformidad con el precedente constitucional;
ii) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación
inmediata;
iii) los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no
tienen en cuenta el principio de interpretación conforme con la
Constitución; y
iv) si el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma
incompatible con la Constitución, y no aplica las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales30.
61. En conclusión, el defecto autónomo de violación directa de la Constitución
supone el desconocimiento por parte de los jueces del mandato contenido en el
artículo 4 superior que antepone, de manera preferente, la aplicación de los
postulados de la Constitución Política, sus reglas, principios y valores.
3.6. Caso concreto
62. En el asunto bajo estudio, el señor Andrés Esteban Bedoya Hincapié presentó
escrito en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el municipio de Villahermosa y el concejo municipal de este, con la
pretensión de dejar sin efectos el Acta núm. 02 del 6 de enero de 2020 y la
Resolución 004 del 15 de enero de 2020, así como el resarcimiento de los perjuicios
causados por su exclusión del concurso de méritos para la elección del personero
de la referida entidad territorial.
63. En primera instancia, el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué, mediante
providencia del 20 de junio de 2024, negó las pretensiones de la demanda. Apelada
la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Tolima emitió sentencia el 17 de
julio de 2025, en la que revocó parcialmente el fallo del a quo, en tanto declaró la
nulidad de los actos demandados, pero negó el restablecimiento pretendido.
64. Ahora bien, la parte accionante argumentó, en el escrito de tutela, que el
Tribunal accionado, al proferir la sentencia objeto de amparo, incurrió en un defecto
sustantivo, por las siguientes razones:
• Aplicó la causal de inhabilidad prevista en el literal f) del artículo 174 de la
Ley 136 de 1994, sin tener en cuenta que su redacción es contraria al artículo
292 de la Constitución, que le resultaba favorable.
29
Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.
30
Corte Constitucional, sentencia SU-098 de 2018.
12
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• Se apartó del alcance del artículo 292 de la Constitución, al estimar que la
simple intervención de un familiar del aspirante en el concurso para la
elección del personero municipal configura por sí misma la inhabilidad, sin
considerar que el texto superior utiliza el verbo rector «designar», referido a
un acto jurídico diferente y posterior a la etapa de inscripción.
• Se dejó de aplicar el artículo 105 del Decreto Ley 1260 de 1970, que exige el
registro civil como prueba para acreditar el parentesco y la consecuente
inhabilidad.
65. De igual manera, expresó que en la decisión del Tribunal se configuró un
defecto fáctico, por cuanto le otorgó mérito a los testimonios y las actas
administrativas, sin tener en cuenta que dichos instrumentos no tienen la capacidad
de suplir el registro civil de nacimiento al momento de establecer el estado civil de
una persona. En consecuencia, consideró que la autoridad accionada omitió su
deber de solicitar pruebas de oficio para verificar esta circunstancia.
66. Aunado a lo anterior, afirmó que la providencia cuestionada incurrió en el
defecto de violación directa de la Constitución, porque, en su criterio, (i) se hizo una
indebida interpretación del artículo 292 superior, al añadir supuestos de hecho que
no estaban previstos en la norma; (ii) se vulneró el principio de «non reformatio in
pejus», previsto en el artículo 31 de la Constitución, al pronunciarse sobre una
inhabilidad que no fue planteada al interior del trámite judicial; (iii) se desconoció el
debido proceso (artículo 29), al no aplicar las normas que regulan la prueba del
estado civil; (iv) se negó la reparación del daño antijurídico (artículo 90) y; (v) se
limitó el acceso efectivo a la administración de justicia (artículo 229).
67. Pues bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela31, se
observa que el Tribunal Administrativo del Tolima analizó las irregularidades
alegadas en el recurso de apelación, respecto a la motivación de la prueba de
entrevista que se surtió en el proceso de selección del personero municipal de
Villahermosa.
68. En este sentido, la autoridad accionada precisó que en el proceso ordinario
estaba demostrado que la plenaria del Concejo Municipal de Villahermosa,
mediante Acta núm. 046 del 14 de agosto de 2019, autorizó a la mesa directiva de
la entidad para convocar a concurso para la elección del personero municipal para
el periodo 2020 - 2024, y en atención a ello expidió la Resolución núm. 041 de 15
de agosto de 2019, por medio de la cual se efectuó la convocatoria respectiva.
69. Asimismo, la providencia cuestionada destacó que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17 de la Resolución núm. 041 de 2019, el mencionado
concurso de méritos, debía desarrollarse a partir de cuatro instrumentos que
medirían las calidades y capacidades de los aspirantes, tales como: i) la prueba de
conocimientos, de carácter eliminatoria; ii) la prueba de competencias
31
Sentencia del 17 de julio de 2025.
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comportamentales; iii) el análisis de antecedentes; y iv) la entrevista ante el concejo
municipal, estas últimas tres de carácter clasificatorio.
70. Sobre la prueba de entrevista, el Tribunal Administrativo del Tolima indicó que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-613 de 2002 estableció unos criterios o
reglas para la realización de esta prueba, como etapa del proceso de selección de
personal para el ingreso a cargos públicos. Estos parámetros también fueron
acogidos por la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
las sentencias del 25 de abril de 201932 y del 10 de octubre de 201933, los cuales
identificó en los siguientes términos:
i) La entrevista no puede tener o realizarse bajo ningún tipo de consideraciones
subjetivas en pro de favorecer o perjudicar a algunos de los participantes en el concurso
de méritos.
ii) Se deben publicar los parámetros y condiciones de la entrevista de manera previa a
su realización, lo que implica el establecimiento de unas reglas claras sobre las
directrices y tipos de preguntas que eventualmente se podrían formular.
iii) Los criterios técnicos de evaluación de las entrevistas deben tener conexidad o
sincronía con el perfil del cargo y las necesidades del servicio.
iv) Debe existir conexidad entre los criterios técnicos evaluados en la entrevista y las
necesidades del servicio y perfil del cargo a proveer.
v) Debe excluirse todo tipo de preguntas que puedan generar afectación de
derechos fundamentales, particularmente aquellas que impliquen la invasión de la
órbita personal del entrevistado.
vi) Una vez realizada la entrevista la calificación de la misma debe ser por escrito y
motivada por los entrevistadores.
71. A partir de este contexto, la sentencia objeto de tutela revisó el trámite con el
que se surtió la entrevista, el 6 de enero de 2020, dentro del concurso de méritos
para proveer el cargo de personero municipal de Villahermosa. Puso de presente
que en el Acta núm. 02 del 6 de enero de 2020 se dejó constancia que los concejales
Libardo Bedoya Peña y Jaime Bedoya Peña declararon el impedimento para
participar en el desarrollo de la prueba, debido al vinculo de parentesco (padre y tío,
respectivamente) que tenían con el aspirante Andrés Estaban Bedoya Hincapié.
Asimismo, el referido documento describió las intervenciones de los participantes y
reseño la puntuación que se le asignó a estos por parte de los integrantes del
concejo.
72.La autoridad accionada mencionó que el Concejo Municipal de Villahermosa,
mediante Resolución 004 del 15 de enero de 2019 designó a la señora Jessica
Paola Lozano Rozo como personera del municipio de Villahermosa, por haber
ocupado el primer puesto dentro del concurso de méritos.
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2019, radicación número: 11001-03-25-000-2015-01053-
00 (4603-15).
33
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de octubre de 2019, radicación número: 11001-03-25-000-2016-
00988-00 (4469-16).
14
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73. Con base en lo anterior, el Tribunal Administrativo del Tolima concluyó que la
prueba de entrevista adelantada por el Concejo del Municipio de Villahermosa, en
el marco del concurso público de méritos para la elección del personero, se adelantó
de forma irregular, por cuanto no atendió los parámetros jurisprudenciales fijados
por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, pues: i) no se fijaron los criterios
técnicos previos para la evaluación de la prueba; ii) no se motivaron las
calificaciones de los concursantes y ii) no se establecieron las fechas para la
interposición y resolución de reclamaciones.
74. La corporación judicial accionada consideró que los argumentos expuestos en
el recurso de apelación, relativos a la falta de motivación del puntaje asignado a la
prueba de entrevista, tenían vocación de prosperidad; en consecuencia, procedía
declarar la nulidad del acto administrativo demandado (Resolución 004 del 15 de
enero de 2004).
75. Por otro lado, la providencia cuestionada se pronunció sobre las pretensiones
indemnizatorias planteadas por la parte demandante e indicó que «el señor Andrés
Esteban Bedoya Hincapié, se encontraba inhabilitado para ocupar el cargo de
Personero del Municipio de Villahermosa Tolima, en razón al grado de parentesco
con su progenitor, el señor Libardo Bedoya Peña, quien fungía como Concejal del
Municipio de Villahermosa»[sic], por lo que no podía considerarse como una pérdida
de oportunidad su no elección.
76. Al respecto, la decisión objeto de tutela, expuso las siguientes consideraciones:
La Ley 136 de 1994, «Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios»., en su artículo 174 dispuso:
«ARTÍCULO 174. INHABILIDADES. No podrá ser elegido personero quien:
[…]
f) Sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil o tenga vínculos por matrimonio o unión permanente con los concejales
que intervienen en su elección, con el alcalde o con el procurador departamental; […]»
Conforme con lo estipulado en la norma, no podrá ser elegido personero quien sea
pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos,
nietos, tíos, primos, sobrinos), segundo de afinidad (suegros, nueras, hijos del cónyuge,
yernos), o primero civil (padres adoptantes e hijos adoptivos) o tenga vínculos por
matrimonio o unión permanente con los concejales que intervienen en su elección, con
el alcalde o con el procurador departamental.
Ahora bien, el Consejo de Estado sobre la referida inhabilidad ha señalado:
«La inhabilidad impide o imposibilita que una persona sea elegida, o designada para
un cargo público por las causales contenidas de manera taxativa en la Constitución o
la ley, y su interpretación debe atender criterios restrictivos debido a que su aplicación
implica la limitación del derecho fundamental contenido en el artículo 40 de la
Constitución Política.
Atendiendo dicho concepto, resulta evidente que la prohibición contenida en el literal f)
del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, según la cual no podrán ser elegidos Personeros
15
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quienes tengan parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad con los
Concejales, es más severa que la contenida en el inciso segundo del artículo 292 de la
Constitución porque en este último la prohibición para designar funcionarios va hasta
el segundo grado de consanguinidad.
El Personero Municipal es elegido o designado por el Concejo Municipal por lo que,
aplicando criterios restrictivos de interpretación, debe entenderse que es uno de los
“funcionarios” a los que se refiere el inciso segundo del artículo 292 de la Constitución
y en tal sentido, no podrá ser elegido como tal, el pariente de un Concejal dentro del
segundo grado de consanguinidad.
[…]34»
En efecto y de acuerdo con las disposiciones normativas y jurisprudenciales señaladas
en precedencia la inhabilidad para aspirar a ser elegido personero, se predica respecto
de quien siendo concejal interviene en el concurso o en la elección del personero y no
como lo pretende hacer ver el demandante, que dicha inhabilidad solo hace referencia
al momento de hacerse la designación del personero. En tal sentido, si el proceso de
elección se inicia en ejercicio del concejal municipal del cual es pariente dentro del
segundo grado de consanguinidad, como en el sub examine, evidentemente se
presenta la inhabilidad.
Debe precisarse, que si bien legalmente la forma de acreditar el parentesco obedece
al registro civil de nacimiento, tal como lo indicó el recurrente, en el sub judice no es
imperiosa la aplicación de dicha tarifa legal, máxime cuando está demostrado por otros
medios probatorios (testimonio, impedimento plasmado en el Acta No 02 de 6 de enero
de 2020) que para la época el Concejal Libardo Bedoya Peña era el padre del aquí
demandante, por lo que en casos como el que aquí se discute se hace necesario dar
aplicación al principio de primacía de la realidad sobre la formalidad.
[…]
En las condicionas anotadas, la providencia impugnada será revocada parcialmente,
declarándose la nulidad del acto de elección del personero del municipio de
Villahermosa periodo 2020-2024 – Resolución No 004 de 15 de enero de 2020, sin que
haya lugar al restablecimiento peticionado35.
77. De acuerdo con lo hasta aquí consignado, se advierte que el Tribunal
Administrativo del Tolima revisó el contenido del artículo 174 de la Ley 136 de 1994,
mediante el cual se establecen las inhabilidades para ser elegido personero e indicó
que según el literal f) de la norma, no podrá ser elegido personero, quien: «sea
pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad […] con los concejales que
intervienen en su elección […]».
78. De este modo, la autoridad accionada precisó que la inhabilidad para ocupar el
cargo de personero se configura cuando el aspirante tiene un familiar hasta en
cuarto grado de consanguinidad que ostenta la calidad de concejal e interviene de
manera activa en el concurso o en el proceso de elección. Así pues, contrario a lo
planteado por la parte demandante, esta restricción legal no se limita
exclusivamente al momento de la designación final.
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de septiembre de 2012, radicado núm. 11001-03-
25-000-2011- 00080-00(0248-11).
35
Se transcribe aún con errores de texto.
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79. En consecuencia, el Tribunal consideró que, debido a que el proceso de
selección inició mientras el padre del candidato ejercía activamente como concejal
del municipio de Villahermosa, era evidente que se presentó la situación descrita en
el literal f) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994.
80. Aunado a lo expuesto, la corporación judicial accionada aclaró que, si bien el
registro civil de nacimiento es el instrumento legal para acreditar el parentesco,
también es cierto que la exigencia de dicha prueba no era un imperativo en el asunto
bajo estudio, pues se demostró con el Acta núm. 02 de 6 de enero de 2020, que
para la época de los hechos, el concejal Libardo Bedoya Peña era el padre del
demandante, toda vez que este último manifestó de forma libre y espontánea su
impedimento para atender la prueba de entrevista y participar de la elección del
personero municipal dado su vinculó con el actor.
81. Bajo este planteamiento, la autoridad accionada concluyó que la providencia
impugnada debía ser revocada parcialmente, en el sentido de declarar la nulidad
del acto de elección del personero del municipio de Villahermosa, para el periodo
constitucional 2020 - 2024 (Resolución 004 de 15 de enero de 2020), sin lugar al
restablecimiento pretendido por la parte demandante, pues advirtió que sobre el
actor recaía una situación particular que no le permitía ocupar el cargo al que
aspiraba.
82. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia 17 de julio de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, no incurrió de los defectos
sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución, pues la decisión de revocar
la providencia de primera instancia36 y, en su lugar, acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
por el tutelante, estuvo soportada en un estudio razonable de los hechos, la
normativa y las pruebas aportadas al proceso.
83. En efecto, se observa que la autoridad accionada realizó estudio razonado y
objetivo de la causal de inhabilidad prevista en el literal f) del artículo 174 de la Ley
136 de 1994, para precisar que dicha situación se configuraba en el caso del
demandante, pues se acreditó que su padre fungía como concejal del municipio de
Villahermosa para el momento en que se inició y desarrolló el proceso de selección
para la elección del personero de la entidad territorial, lo cual no le hubiese permitido
acceder al cargo de personero.
84.Lo anterior, a juicio del Tribunal accionado era una circunstancia trascendental
que impedía evidenciar o constatar una pérdida de oportunidad para el actor,
consistente en la posibilidad de ocupar el cargo al que aspiraba y, por lo tanto, no
había lugar a acceder al reconocimiento de la indemnización pretendida.
85. Es pertinente precisar que los supuestos de hecho descritos en los artículos 174
de la Ley 136 de 1994 y 29237 de Constitución, no son excluyentes, por lo que deben
36
Sentencia del 20 de junio de 2024, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué.
37
ARTICULO 292. Los diputados y concejales y sus parientes dentro del grado que señale la ley no podrán formar parte de
las juntas directivas de las entidades descentralizadas del respectivo departamento, distrito o municipio.
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interpretarse de forma armónica y sistemática, pues en ambos preceptos se
describe una situación jurídica que recae en los familiares de aquellos servidores
públicos que aspiran a ocupar un empleo de misma naturaleza, por lo que están
diseñadas para evitar situaciones que puedan generar un conflicto de interés y
nepotismo en el ejercicio de la función pública.
86. En este punto, conviene mencionar que las inhabilidades son restricciones de
carácter constitucional y legal, que buscan proteger el interés general y asegurar
que quienes acceden a cargos del Estado no tengan conflictos de interés o
antecedentes que comprometan la administración, por lo que su objeto no es otro
que garantizar la moralidad, idoneidad, probidad, transparencia e imparcialidad en
el ejercicio de la función pública y la contratación estatal.
87. Así las cosas, la Sala considera que el Tribunal accionado, en ejercicio de su
autonomía, realizó un estudio adecuado y pertinente del artículo 174 de la Ley 136
de 1994 para desestimar las pretensiones económicas de la demanda. Por lo tanto,
no es posible inferir la existencia del defecto sustantivo alegado por el actor.
88. De otra parte, la decisión cuestionada en sede de tutela tampoco incurrió en
defecto fáctico, puesto que en ella se efectúo una adecuada valoración del Acta
núm. 02 del 6 de enero de 2020, lo que le permitió al Tribunal establecer que el
señor Libardo Bedoya Peña es el padre de Andrés Esteban Bedoya Hincapié. Del
mismo modo, se analizó el testimonio rendido por el señor Bedoya Peña dentro del
proceso ordinario, en el cual reiteró su condición de pariente del actor. Asimismo,
se evidenció que dicho testigo se desempeñó como concejal del municipio de
Villahermosa durante los periodos 2016 – 2019 y 2020 – 2024, y que también ejerció
el cargo de alcalde de esa entidad territorial.
89. Estas circunstancias le permitieron a la autoridad judicial considerar como un
hecho real y cierto que los señores Libardo Bedoya Peña y Andrés Esteban Bedoya
Hincapié eran parientes en primer grado de consanguinidad. De modo, que no se
configuraba una situación confusa y abstracta que exigiera dar aplicación al artículo
16938 del Código General del Proceso y ejercer una actividad probatoria de oficio,
para incorporar el documento al que hace referencia el artículo 105 del Decreto Ley
1260 de 1970.
90. Finalmente, tampoco incurrió el Tribunal en el defecto de violación directa de la
Constitución, porque no desconoció los artículos 29, 31 y 90 superiores, en tanto
aplicó acertadamente la normativa que regulaba el asunto y se pronunció
adecuadamente sobre los argumentos propuestos por el demandante en el escrito
de apelación, relacionados con la motivación de los resultados de la prueba de
No podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial los cónyuges o compañeros permanentes de
los diputados y concejales, ni sus parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil.
38
ARTÍCULO 169. Prueba de oficio y a petición de parte. Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio
cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Sin embargo, para
decretar de oficio la declaración de testigos será necesario que estos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier
acto procesal de las partes.
Las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso. Los gastos que implique su práctica serán de cargo de
las partes, por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas.
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entrevista que se realizó en el proceso de selección y de la inhabilidad que recaía
sobre el actor.
91. Sobre esto último se debe indicar que los argumentos concernientes a la
inhabilidad fueron mencionados en el fallo de primera instancia y controvertidos por
el tutelante en el recurso de apelación. Así las cosas, no le asiste razón al señor
Bedoya Hincapié cuando afirma que el Tribunal desconoció el principio de «non
reformatio in pejus», al pronunciarse sobre aspectos ajenos al trámite judicial, por
ende, es claro que la decisión se ajustó a los parámetros procesales respectivos,
sin que se pueda advertir una transgresión de preceptos constitucionales como el
debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la reparación del daño
antijuridica.
92. Dicho esto, llama la atención de la Sala que el accionante, a través de esta
acción de tutela, pretenda desvirtuar una decisión judicial que se encuentra ajustada
a derecho, en cuyo análisis se demostró que el actor decidió participar en el proceso
de selección para la elección del personero del municipio de Villahermosa a
sabiendas de que contaba con familiares al interior concejo municipal, que
posiblemente tenían la capacidad de incidir en la decisión desde una etapa inicial
del concurso de méritos.
93. Esto permitiría inferir un desconocimiento del deber de transparencia que se le
exige a los particulares y candidatos para que sus actuaciones en el marco de un
concurso de méritos se desarrollen con absoluta lealtad y rectitud en aras de
garantizar la confianza pública y asegurar que el proceso sea justo para todos los
participantes.
94. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad judicial, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de la normativa legal y constitucional
aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho. Por estas razones, si bien la providencia
objeto de tutela no resultó favorable a la parte tutelante, esto no significa que se
hayan desconocido sus garantías constitucionales.
95.
De esta manera, no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la
acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el
debate jurídico que se surtió dentro del trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un pronunciamiento
que se acomode a sus intereses y pretensiones.
4. Conclusión
96. El Tribunal Administrativo del Tolima no vulneró los derechos fundamentales
invocados por el accionante, por cuanto en la providencia objeto de tutela no se
evidencia un análisis arbitrario, infundado o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos
de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por la configuración
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de los defectos sustantivo, fáctico o de violación directa de la Constitución, que
amerite la intervención del juez de tutela.
97. En consecuencia, se modificará la sentencia del 30 de enero de 2026, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y, en su lugar, se negará
la solicitud de amparo.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Modificar la sentencia del 30 de enero de 2026, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por los motivos contenidos en esta
providencia. En su lugar, quedará así:
Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por Andrés Esteban Bedoya
Hincapié contra el Tribunal Administrativo del Tolima, por los motivos
indicados en las consideraciones de esta providencia
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y Cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Édison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07591-01 (4230)
Accionante: Andrés Esteban Bedoya Hincapié
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
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