Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07610-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07610-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07610-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
19 de marzo de 2026
Demandante: Jorge Eduardo Palacios Sanabria
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07610-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., diecinueve [19] de marzo de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07610-01
Demandante: JORGE EDUARDO PALACIOS SANABRIA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN E
Temas: Tutela contra providencia judicial. Relevancia Constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación elevada por la parte actora contra el fallo de 29 de
enero de 2026, por medio del cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente la solicitud de amparo de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Jorge Eduardo Palacios Sanabria, mediante apoderado judicial, radicó acción
de tutela el 27 de noviembre de 2025, con el fin de que se le proteja su derecho
fundamental a la seguridad social, así como los principios de favorabilidad y movilidad
pensional.
La referida garantía superior la consideró vulnerada con ocasión de la sentencia de 16
de junio de 2025, de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante la cual se revocó la providencia de 4 de mayo de 2021, del
Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que declaró no
probadas las excepciones de pago y prescripción y ordenó seguir adelante con la
ejecución. Las anteriores decisiones fueron dictadas en el proceso ejecutivo que
adelantó el accionante contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, identificado con el
radicado 11001-33-42-046-2018-00086-00/01.
1.2. Pretensiones
Las peticiones deprecadas fueron las siguientes:
PRIMERO.- Que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección
segunda, subsección E, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 16 de junio de
2025, mediante la cual se revocó la orden de seguir adelante con la ejecución dentro del
medio de control ejecutivo presentado por Jorge Eduardo Palacios Sanabria en contra
de la Unidad administrativa especial de Gestión pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, dentro del proceso ejecutivo No. 1100133420462018-
00086-01.
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Demandante: Jorge Eduardo Palacios Sanabria
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07610-01
SEGUNDO. - ORDENAR a la Sección Segunda, Subsección E, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, en el término de veinte (20) días contados a partir
de la notificación de esta decisión, profiera una nueva sentencia en la que se le tenga en
cuenta el principio de favorabilidad, y movilidad pensional, al momento de resolver el
recurso de apelación, dentro del proceso ejecutivo No. 1100133420462018-00086-01.1
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta instancia:
El Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá,
mediante sentencia de 31 de octubre de 2013, dictada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-31-701-2012-00241-00, ordenó
a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- a reliquidar la pensión de jubilación del
señor Jorge Eduardo Palacios Sanabria con el 75% del promedio de lo devengado en
el último año de servicios, esto es, del 1. ° de noviembre de 1990 al 1. º de noviembre
de 1991, incluyendo los siguientes factores salariales: asignación básica, prima de
antigüedad, auxilio de transporte, auxilio de alimentación, 1/12 bonificación por
servicios, 1/12 prima de servicios y 1/12 prima de navidad.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala
de Descongestión, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada, en decisión de 24 de noviembre de 2015, adicionó el fallo de primer grado
y, en consecuencia, modificó el ordinal quinto de su parte resolutiva en el sentido de
ordenar una nueva liquidación de la pensión de jubilación con el 75% del promedio de
lo devengado en el último año de servicios, esto es, de 1. º de noviembre de 1990 a
30 de octubre de 1991, teniendo en cuenta los factores salariales de asignación básica,
prima de antigüedad, auxilio de transporte, auxilio de alimentación, 1/12 bonificación
por servicios, 1/12 prima de servicios, 1/12 prima de vacaciones y 1/12 prima de
navidad.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social -UGPP- expidió la Resolución RDP 035533 de 22 de
septiembre de 2016, con la cual manifestó dar cumplimiento a las providencias del
contencioso antes señalado, donde indicó que la mesada pensional para el año 2003
era de $687.327.
Inconforme con el anterior acto administrativo el señor Palacios Sanabria interpuso
demanda ejecutiva con sustento en las providencias que ordenaron la reliquidación de
su pensión, de la cual conoció el Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, que, por sentencia de 4 de mayo de 2021, declaró no probadas las
excepciones alegadas por la entidad demandada y ordenó seguir adelante con la
ejecución en los términos del mandamiento de pago.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, con
fallo de 16 de junio de 2025, resolvió el recurso de apelación presentado por la
1 Transcripción de conformidad con el texto original con posibles errores.
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ejecutada, en el sentido de revocar la decisión del a quo, para en su lugar, declarar
probada la excepción de pago total de la obligación.
Lo anterior al concluir que, la mesada pensional que arrojó el cumplimiento de las
sentencias de 31 de octubre de 2013 y 24 de noviembre de 2015, dictadas por el
Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de
Descongestión, respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho donde se ordenó la reliquidación de la prestación, resultó inferior a la que le
había reconocido inicialmente la entidad ejecutada, luego, no existían diferencias a
favor del demandante entre lo que se le pagaba y lo que debió reconocerse en virtud
de las órdenes judiciales.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora inició refiriéndose al principio de favorabilidad, para lo cual transcribió
los artículos 53 de la Constitución Política y 23 del Código Sustantivo del Trabajo y
trajo a colación la sentencias T-559 de 2011 y T-012 de 2022, concernientes a la
aplicación del mentando valor superior por interpretación de las normas, pero sin hacer
alguna disquisición al respecto.
De igual forma, reprodujo en su totalidad el salvamente de voto que se presentó en la
sentencia cuestionada, no obstante, no realizó ningún análisis sobre lo allí
manifestado.
Finalmente, advirtió que la tutela se había interpuesto en esta fecha, 27 de noviembre
de 2025, en atención a que su apoderado presentó problemas de salud desde el mes
de julio del 2025 hasta el 15 de octubre de la misma anualidad.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 4 de diciembre de 2025, el a quo constitucional admitió la solicitud
de amparo y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, como accionado. Asimismo, como tercero con interés vinculó
al Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-.
De otra parte, reconoció al abogado Pedro Ernesto Bermúdez Patiño como apoderado
del accionante en los términos del poder otorgado en su favor.
1.6. Intervenciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes manifestaciones.
1.6.1. Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
La referida autoridad judicial se limitó a enviar, por intermedio de su secretaría, el
enlace de acceso al expediente de nulidad y restablecimiento del derecho donde se
dictaron las sentencias cuestionadas.
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1.6.2. Unidad Administrativa Especial de gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
La mentada entidad, después de referirse a los antecedentes administrativos y
judiciales relativos al reconocimiento de la pensión de jubilación del señor Jorge
Eduardo Palacios, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción y su
desvinculación del proceso.
1.6.3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E
La magistrada ponente de la decisión censurada advirtió que, la tutela no mencionaba
ninguna de las causales específicas de procedibilidad contra providencia judicial,
sumado a que lo pretendido era reabrir un debate que ya fue resuelto en el proceso
ejecutivo. En ese orden requirió la negativa del amparo deprecado.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 29 de enero de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional y negó la desvinculación solicitada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-.
Así entonces, advirtió que la tutela carecía de la carga mínima argumentativa
necesaria que facultara al juez constitucional a estudiar de fondo el asunto,
comoquiera que, los reparos planteados denotaban era un desacuerdo con la manera
como la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- cumplió la orden judicial de reliquidar la
pensión de jubilación del accionante y del estudio que hizo el tribunal para declarar
probada la excepción de pago total de la obligación.
En ese orden, indicó que el tutelante se limitó a manifestar inconformidades subjetivas,
citar jurisprudencia ajena al caso en estudio y a realizar afirmaciones genéricas sin
demostrar, de manera razonada, de qué forma la autoridad judicial accionada incurrió
en alguna de las causales específicas de procedencia de la tutela contra providencia
judicial.
Por otra parte, señaló que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- tenía interés directo en la
resulta del proceso, luego, no se podía acceder a su petición de desvinculación.
1.8. Impugnación
La parte actora indicó que, en atención a que la decisión de declarar la improcedencia
de su tutela se sustentó en la falta de demostración de la relevancia constitucional,
esta se acreditaría con fundamento en la vulneración a sus derechos fundamentales a
la seguridad social a la protección a la tercera edad y al principio de favorabilidad.
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En ese orden, trajo a colación la actuación administrativa y judicial que se adelantó en
torno a su pensión de jubilación. Asimismo, se refirió al salvamento de voto
manifestado por uno de los magistrados que suscribió la sentencia cuestionada, de
donde se señaló que tenía derecho a que se siguiera adelante con la ejecución en
atención a que la entidad demandada de forma arbitraria e ilegal, con el pretexto de
dar cumplimiento a las sentencias que ordenaron la reliquidación de su prestación,
disminuyó el valor de su mesada pensional. Igualmente, transcribió apartes de dos
providencias del Consejo de Estado, pero sin hacer ningún análisis sobre estas.
Por último, iteró la vulneración de sus derechos fundamentales por parte de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-, al haberlo obligado, una vez presentadas las sentencias
declarativas para su cumplimiento en el año 2016, a aportar las certificaciones de los
factores laborales devengados en los años 1990 y 1991, pese a que ya reposaban en
los expedientes judicial y administrativo. Asimismo, por haber disminuido el valor de
su pensión en $227.849,62, sin que mediara justificación alguna, lo que le ocasionó un
perjuicio actual y concreto en su único ingreso económico.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra el fallo de 29 de enero de 2026, proferido por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de
2024, de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 29 de enero de 2026, de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado que declaró improcedente el mecanismo de protección superior
presentado por el señor Jorge Eduardo Palacios Sanabria, ante la falta de
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: [i] la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, [ii] de los requisitos de procedibilidad
adjetiva, en especial el de relevancia constitucional y, de superarse, junto con los
demás, [iii] el caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20122,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la
2 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
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acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema3.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la viabilidad del mecanismo superior contra decisiones de los jueces4.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20145, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, sobre la referida temática.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
2.4.1.1. La Sala advierte que en el sub examine, de conformidad con lo señalado por
el a quo constitucional, no se cumple el presupuesto de la referencia, para lo cual
resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-
215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción de amparo de cara a este
requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este requisito se
cumple, el juez debe analizar: [i] que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; [ii] que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, [iii] que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […]. [Énfasis de la Sala]
En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
20226, modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito
de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
4 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se
pueda advertir la necesidad de desarrollar un análisis de fondo respecto de una posible
vulneración de una garantía constitucional.
De esta manera, la Sala planteó que el examen de dicha exigencia debía estar
acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por
esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta
que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo solo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a
los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad.
Por ende, se requiere demostrar que en la decisión atacada se presenta una afectación
desproporcionada a un derecho fundamental producto de una actuación arbitraria.
Así, dicho requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de las
prerrogativas superiores, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan
advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este mecanismo
constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre7.
2.4.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por el
tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que, las inconformidades planteadas no contienen la carga
argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del porqué el asunto requiere
la intervención del fallador de esta sede; es decir, no tienen la entidad o trascendencia
para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos constitucionales.
En efecto, lo primero que se advierte es que el actor no señaló de forma expresa la
configuración de alguno de defectos o causales especificas establecidas por la Corte
Constitucional cuando se le atribuye la vulneración de derechos fundamentales a una
providencia judicial y, si bien los argumentos expuestos podrían enmarcarse en un
yerro de violación directa de la Constitución, en cuanto a la presunta trasgresión al
principio de favorabilidad, lo cierto es que no satisfizo la carga desde la perspectiva
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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constitucional, según lo establecido en la mentada sentencia de unificación SU-215 de
2022.
Ello es así, por cuanto el debate planteado en este escenario tiene como objeto refutar
las consideraciones de la autoridad judicial accionada, más allá de exponer cómo se
materializó la presunta trasgresión de sus garantías fundamentales.
Asimismo, por cuanto el actor en su escrito introductorio y en la impugnación se limitó
a transcribir el salvamento de voto presentado en la sentencia censurada así como a
citar dos providencias del Consejo de Estado, pero sin realizar ninguna disquisición
sobre lo allí expuesto, sumado a que, insistió en la trasgresión de sus derechos
fundamentales por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, por el hecho de la
disminución de su mesada pensional con ocasión del cumplimiento de las sentencias
declarativas que ordenaron la reliquidación de su pensión de jubilación.
La carga argumentativa a la cual hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política o de
providencias de una alta corporación, como en el sub examine, donde además se
omitió un análisis desde una perspectiva de la Carta Política, para cumplir con la
mencionada exigencia, sino que dicha labor comprende un ejercicio argumentativo
mucho más profundo sobre una línea conceptual ius-fundamental que permita al juez
desarrollar, interpretar o aplicar la carta política respecto al caso concreto.
Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y de acceso a la administración de
justicia, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista
necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en el
escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita vislumbrar
que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho
fundamental. Esto, ya que la competencia de este operador judicial se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal
o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los falladores
del proceso contencioso ordinario.
Se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado al
operador constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces
naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en las
consideraciones de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro del
trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los argumentos de dicho extremo
procesal frente a la interpretación y aplicación de las normas en el proceso contencioso
expuestos en la solicitud de amparo, sin el adecuado contraste de un indebido e
irracional estudio de la autoridad judicial, se trasgrediría el principio de autonomía
judicial y, así se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia.
No sobra insistir que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.
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2.5. Conclusión
Con fundamento en los anteriores argumentos, se confirmará la sentencia de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado de 29 de enero de 2026, que declaró
improcedente el presente mecanismo constitucional, por falta de acreditación del
requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 29 de enero de 2026, proferido por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012
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