Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07623-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07623-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07623-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
16 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07623-00
Accionante: MARTHA STELLA GARCÍA RIVAS
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-Los argumentos de la solicitud carecen de carga argumentativa en cuanto a la vulneración
de derechos fundamentales.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la accionante contra la Subsección
D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Martha Stella García Rivas, actuando por medio de apoderado, formuló acción de
tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad. Alegó que fueron vulnerados por la Subsección D de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al proferir la
sentencia del 18 de septiembre de 2025, dentro del proceso de radicado no. 11001-
33-35-010-2023-00225-01.
En virtud de la acción de tutela, la accionante solicitó (se transcriben las
pretensiones, incluso con errores):
«1. PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de la señora MARTHA
STELLA GARCÍA RIVAS al debido proceso y a la igualdad en las decisiones
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07623-00
Accionante: Martha Stella García Rivas
Acción de tutela – Primera instancia
judiciales.
SEGUNDO: DECLARAR que la providencia judicial tutelada, esto es, la
sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Segunda, Subsección
“D” del H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el dieciocho (18) de
septiembre de dos mil veinticinco (2025)¸ dentro del proceso con radicado
11001-33-35-010-2023-00225-01, desconoció el precedente vinculante,
(Sentencias de Unificación 00260 de 2016, Sentencia de Unificación 0025 de
2021 proferidas por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado
y Sentencia C-555 de 1994 Proferida por la corte Constitucional) en los términos
acá expuestos.
3. TERCERO: DECLARAR que la providencia judicial tutelada, esto es, la
sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Segunda, Subsección
“D” del H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el dieciocho (18) de
septiembre de dos mil veinticinco (2025)¸ dentro del proceso con radicado
11001-33-35-010-2023-00225-01, incurrió en defecto sustantivo y factico al no
dar aplicación de las disposiciones de la Ley 115 de 1994 y la reglamentación
aplicable prevista en el Decreto 1075 de 2015 "Por medio del cual se expide
el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación" que señala cuáles son
los niveles de educación formal y que de manera expresa incluye los niveles
de jardín y pre jardín.
4. CUARTA: Como consecuencia de lo anterior, Se DEJE SIN EFECTO la
providencia judicial tutelada, ordenándole al Tribunal proferir una providencia
de reemplazo que resulte acorde con el precedente vinculante, al ámbito de
aplicación de la Ley 115 de 1994 y a las definiciones contenidas en el decreto
1075 de 2015, que supere los defectos expuestos y se tengan en cuenta las
demás ordenes que a bien tenga esta Corporación impartirle, a fin de que se
profiera una decisión legal, constitucional y ajustada a derecho, que garantice
los derechos fundamentales de mi representada.
5. Subsidiaria de la Cuarta: se revoque la sentencia de segunda instancia de
fecha dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)¸ proferida por
la Sección Segunda, Subsección “D" del Tribunal Administrativo de
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07623-00
Accionante: Martha Stella García Rivas
Acción de tutela – Primera instancia
Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado11001-33-35-010-2023-00225-01, por medio de la cual se revocó la
decisión del juzgado 52 Administrativo Oral de Bogotá y en su lugar, se
confirme la decisión proferida en primera instancia o se dicte una nueva
decisión que en derecho corresponda.»
2. Hechos relevantes
La accionante manifestó que laboró a través de contratos de prestación de servicios
con la Secretaría Distrital de Integración Social-SDIS, desde el 27 de diciembre de
2012 al 9 de diciembre de 2022, en actividades correspondientes a la labor docente
de tiempo completo para coordinar los jardines infantiles oficiales en los que se
desarrollan los programas de la educación inicial desde el proceso de atención
integral a la primera infancia en el Distrito Capital.
El 23 de mayo de 2023, formuló una reclamación administrativa a la Secretaría
Distrital de Integración Social -SDIS. Solicitó el reconocimiento y el consecuente
pago de prestaciones laborales derivadas de la existencia de contrato realidad
durante el periodo de 10 años comprendidos entre el 27 de diciembre de 2012 y el
09 de diciembre de 2022. La entidad resolvió la petición de forma negativa mediante
el oficio de radicado S2023095432 del 6 de junio de 2023. En ese oficio se señaló
que, en dicho periodo, la vinculación de la maestra fue resultado de relaciones
contractuales celebradas al amparo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
La accionante interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. El 27
de junio de 2023, fue asignada al Juzgado Décimo Administrativo de Oralidad de
Bogotá, bajo el radicado 1001-33-35-010-2023-00225-00. Manifestó que se
sustentó en los mismos hechos y con los mismos medios de prueba que otra
docente a la que le había concedido la protección y garantía de sus derechos
mínimos laborales.
El 28 de abril de 20251, el Juzgado Décimo Administrativo de Oralidad mediante
sentencia de primera instancia, declaró la nulidad del acto administrativo
demandado, declaró la existencia de la relación laboral oculta entre la accionante y
la SICS durante el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2012 hasta el
1 Cfr. SAMAI, Índice 42 en el proceso 11001-333-50-10-2023-00225-00
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07623-00
Accionante: Martha Stella García Rivas
Acción de tutela – Primera instancia
9 de diciembre de 2022, y accedió a las pretensiones formuladas como
restablecimiento del derecho. La parte demandada apeló esta decisión.
El 18 de septiembre de 2025, la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca revocó la sentencia de primera instancia. Concluyó
que como la demandante prestó el servicio para jardines infantiles que son
autorizados por la Secretaría de Integración Social, estos no hacen parte de los
planteles educativos del Ministerio de Educación al no tener el aval para brindar
educación formal en los términos de la Ley 115 de 1994, Decreto 1075 de 2015 y
Acuerdo 138 de 2004; por lo tanto, no le resulta aplicable la definición de la profesión
docente prevista en el artículo 2° del Decreto Ley 2277 de 1979. El Tribunal también
encontró que la demandante firmó contratos de prestación para realizar labores de
responsable de Jardín infantil y no como docente de una institución certificada por
el Ministerio de Educación Nacional. En consecuencia, determinó que, en atención
a todo lo anterior, no se dan en estricto sentido los requisitos de similitud para que
sea aplicable a su caso la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 de 25 de
agosto de 20162. Igualmente, encontró que en el proceso no se acreditó la
subordinación.
3. Fundamentos de la solicitud
La accionante alegó que la sentencia reprochada desconoció el ámbito de
aplicación previsto en el artículo 1 de la Ley 115 de 1994 y desconoció los
pronunciamientos emitidos por el Consejo de Estado. La accionante sostuvo que,
con base en ese desconocimiento, el Tribunal revocó la sentencia de primera
instancia aun cuando dicha decisión seguía la línea jurisprudencial pacífica y
reiterada de la Sección Segunda del Consejo de Estado, particularmente la razón
de decisión de la Sentencia de Unificación 00260 de 2016. Esta estableció «que la
labor del docente contratista no es independiente, sino que el servicio se presta de
manera personal y subordinado al cumplimiento de los reglamentos propios del
servicio público de la educación» desarrollando dentro de la razón de su decisión,
otros elementos adicionales que dan cuenta de la subordinación propia o inherente
de la labor que prestan los educadores (docentes y directivos docentes) de las
instituciones oficiales.
2 Sentencia del 25 de agosto de 2026 en el radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015)
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07623-00
Accionante: Martha Stella García Rivas
Acción de tutela – Primera instancia
La accionante afirmó que, al apartarse de dicho precedente y alegar la
inaplicabilidad de las disposiciones de la Ley 115 de 1994 al caso concreto, el
Tribunal incurrió en un defecto fáctico porque no analizó el hecho probado de que
la maestra coordinadora tenía a su cargo niveles de educación formal adscritos a
colegios públicos en prejardín y jardín, lo que implicaba una valoración probatoria
parcial o no integral y sistemática.
La accionante también sostuvo que el Tribunal desconoció los desarrollos
jurisprudenciales posteriores que el mismo Consejo de Estado reiteró en fallos de
tutela y en sedes de extensión de jurisprudencia sobre el ámbito de aplicación de
su sentencia de unificación.
Al respecto, citó una serie de sentencias que reiteraron el precedente que se había
consolidado previo a la expedición de la sentencia acusada, y que ha sido reiterado
por otras subsecciones de la misma Sección Segunda del honorable Tribunal:
• Sentencia de fecha 27 de abril de 2023. - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A” - Magistrado
ponente DR. Néstor Javier Calvo Chaves- Medio de control Nulidad y
restablecimiento del derecho. Rad. 11001-33-42-046-2020-00339-01. -
Demandante: Ingrid Johana Camargo Castro; Demandado: Secretaría
Distrital de Integración.
• Sentencia de fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).
• TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN “E” Magistrada Ponente: DRA. PATRICIA
VICTORIA MANJARRÉS BRAVO - Medio de control Nulidad y
restablecimiento del derecho. Rad. 11001-33-35-009-2022-00352-01. -
Demandante: ALBA LUCIA SABOGAL SÁNCHEZ; Demandado: Secretaría
Distrital de Integración Social – SDIS
• Sentencia de fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).
• TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN E SISTEMA ORAL - Magistrada Ponente: DRA.
PATRICIA VICTORIA MANJARRÉS BRAVO - Medio de control Nulidad y
restablecimiento del derecho. Rad. 11001-33-42-052-2023-00207-01 –
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07623-00
Accionante: Martha Stella García Rivas
Acción de tutela – Primera instancia
Demandante: VICTORIA CHIVATÁ FUENTES; Demandado: Secretaría
Distrital de Integración Social – SDIS.
Con base en la sentencia de unificación previamente mencionada, se falló el
proceso 11001-333-50-14-2018-00401-01, que resolvió en primera instancia de
forma favorable a la maestra demandante y bajo las premisas señaladas en la
jurisprudencia unificada. La Sección Segunda, Subsección E, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, confirmó la decisión. La accionante manifestó que
su vinculación fue hecha en idénticas condiciones
Igualmente, mediante decisiones proferidas en el marco de acciones de extensión
de efectos de jurisprudencia3, previstas en el artículo 269 de la ley 1437 de 2011, la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha declarado la
existencia de la relación laboral oculta o subyacente derivada de la vinculación de
maestras contratistas en igualdad de condiciones que la actora con la Secretaría
Distrital de Integración Social – SDIS. En dichos procesos se prescindió de la etapa
probatoria aduciendo la naturaleza de la labor docente y la subordinación intrínseca
que conlleva.
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de tutela del 27 de
octubre de 2021, de radicado 11001-03-15-000-2021-06513-00, que posteriormente
fue confirmada en sede de impugnación por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, declaró improcedente la acción de tutela presentada por la Secretaría
Distrital de Integración Social – SDIS en contra del Auto Interlocutorio de Sala,
Proferido por la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado, que aplicó
el precedente vinculante que ahora se alega desconocido. Ordenó extender los
efectos de la sentencia de unificación 00260 de 2016 en favor de la maestra Leidy
Diana Gantivar Camelo.
3 Rad. Rad. 11001-03-25-000-2020-00455-00. (LEIDY DIANA GANTIVAR CAMELO) ; Rad. 11001-
03-25-000-2020-00455-00. (PATRICIA ROJAS SANCHEZ); Rad. 11001-03-25-000-2020-00458-00.
(LEDA XIMENA QUINTERO GARZÓN.) ;Rad. 11001-03-25-000-2020-00502-00. MARIELA
ESTHER TRIVIÑO CORTINA; Rad. 11001-03-25-000-2020-00512-00. (PAULA FERNANDA
CASTEBLANCO RAMIREZ); Rad. 11001-03-25-000 -2020-0534-00. (MATILDE LANDAZURI
ARBOLEDA); Rad. 11001-03-25-000-2020-00540-00. (ROSA ORFILIA SUAREZ VILLAMIL); Rad.
11001-03-25-000-2020-00542-00. (OLGA YAMILE JIMENEZ RIOS); Rad. 11001-03-25-000-2020-
00651-00. (ANA ZORAIDA CASTILLO RUIZ); Rad. 11001-03-25-000-2020-00464-00. (ZENAIDA
PRADA GARCÍA); Rad. 11001-03-25-000-2020-00476-00. (LUZ MAGALY CUBILLOS REYES); Rad.
11001-03-25-000-2020-00496-00. (JESSICA TATIANA MOYA CORREDOR).
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07623-00
Accionante: Martha Stella García Rivas
Acción de tutela – Primera instancia
Por otro lado, el 22 de junio de 2023, mediante sentencia proferida dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-23- 33-000-
2015-00016-01 (2954-2022), proceso con causa idéntica, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, resolvió favorablemente a un maestro
contratista reiterando la razón de decisión de la sentencia de unificación 00260 de
2016 e indicando que «cuando se trate de la prestación del servicio docente, la
prueba de la subordinación, como elemento esencial del contrato laboral viene
implícito, por lo tanto, a la parte demandante sólo correspondería demostrar la
prestación personal del servicio y la retribución económica como contraprestación
al servicio prestado»4. Esta postura motivó a diferentes jueces administrativos de
primera instancia a abstenerse de decretar y practicar pruebas tendientes a
demostrar subordinación en las demandas promovidas por maestros y agentes
educativos contratistas, por virtud del principio de economía procesal. Indicaron que
“al entenderse implícita la prueba de la subordinación como elemento sustancial del
contrato solo le corresponde demostrar la prestación personal del servicio y la
laboral retribución económica”
Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción, manifestó que todos
se cumplen:
«1. El asunto acá tratado tiene relevancia constitucional toda vez que la
providencia judicial objeto de estudio se considera lesiva del derecho
fundamental al debido proceso y a la igualdad en las decisiones judiciales que
le asiste a la señora MARTHA STELLA GARCÍA RIVAS, pero adicionalmente,
porque el Distrito Capital tiene en curso más de novecientas (900) acciones
judiciales en contra que han sido promovidas por maestras y coordinadoras
contratistas del sistema de educación inicial que ven como el aparato judicial,
con decisiones contradictorias, genera un rompimiento claro del principio de
seguridad jurídica y confianza legítima.
2. Se han agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial al alcance de mi representada sin que proceda recurso de revisión en
los términos señalados en la ley 1437 de 2011.
3. Se atiende o responde al criterio de inmediatez: sobre lo cual debe señalarse
que, desde la notificación de la sentencia que origina la vulneración de los
4 Cfr. SAMAI, Índice 2.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07623-00
Accionante: Martha Stella García Rivas
Acción de tutela – Primera instancia
derechos constitucionales de la mi representada y hasta la fecha de radicación
de esta acción constitucional, ha transcurrido un tiempo inferior a los tres (3)
meses; tiempo a todas luces prudencial, razonable y proporcionado, durante el
cual justamente se emprendieron las labores pertinentes para el estudio y
formulación de esta acción.
4. Se han identificado razonable y concretamente los hechos que generaron la
vulneración y los derechos constitucionales vulnerados.
5. No se trata de Sentencias de tutela la decisión acusada.»
Por otro lado, la accionante manifestó que los defectos advertidos, la violación del
precedente y la vulneración de derechos constitucionales, se configuraron en la
medida en que la decisión tutelada se profirió en contraposición a la jurisprudencia
consolidada y sin referir las razones por las cuales esos precedentes no eran
aplicables.
La accionante además indicó que la decisión tutelada se aparta del precedente con
base en la premisa errada de que la labor docente desarrollada por la actora no se
prestó en el marco de la educación formal, pese a que los jardines oficiales del
Distrito Capital atienden niveles de jardín y prejardín. La accionante sostuvo que,
más allá de esa premisa, el Tribunal no justificó la razón para otorgar un tratamiento
jurídico diferencial a la coordinadora demandante cuando se encontraban probados
los mismos elementos analizados por el máximo tribunal de lo contencioso
administrativo al unificar la jurisprudencia sobre la labor docente, esto es:
• (i) que la labor docente se desarrolla de forma presencial, personal y
conforme a las instrucciones, directrices y orientaciones de superiores en el
centro escolar, la secretaría de educación territorial y el Ministerio de
Educación Nacional, es decir, no bajo su propia dirección y gobierno;
• (ii) que los docentes se someten permanentemente a las directrices,
inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que
carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones;
• (iii) que los docentes cumplen órdenes impartidas por sus superiores
jerárquicos; y
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07623-00
Accionante: Martha Stella García Rivas
Acción de tutela – Primera instancia
• (iv) que los docentes desarrollan sus funciones durante una jornada laboral
de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos
estatales en los que trabajan.
Lo anterior, según la accionante, implica que el operador judicial no realizó un
análisis integral que permitiera identificar y motivar la razón jurídica por la cual, en
el caso concreto, el Tribunal concluyó que existía una mera coordinación de
actividades entre contratantes y no la subordinación intrínseca de la labor docente
a la que refiere el precedente vinculante constitucional y administrativo.
4. Trámite procesal
El 18 de diciembre de 20255, admitió la acción de tutela. Se ordenó su notificación
a la autoridad accionada, así como a Bogotá–Distrito Capital–Secretaría Distrital de
Integración Social, en calidad de terceros con interés. También se comunicó la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
El 13 de enero de 20266, en escrito de la contestación la Secretaría Distrital de
Integración Social solicitó que se negara el amparo solicitado por improcedente y
que se los desvinculara de la acción impetrada por falta de legitimación en la causa.
La autoridad accionada no se pronunció.
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia
del 18 de septiembre de 2025, proferida por la Subsección D de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró improcedente el amparo.
2. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
5 Cfr. SAMAI, Índice 5.
6 Cfr. SAMAI, Índice 12.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07623-00
Accionante: Martha Stella García Rivas
Acción de tutela – Primera instancia
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2020 de la Sala Plena de la
Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental7. De conformidad
con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia
constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio
irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una
irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la
solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción
de tutela8.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional9: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial
7 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
8 Ibidem.
9 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07623-00
Accionante: Martha Stella García Rivas
Acción de tutela – Primera instancia
censurada; (ii) Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia
verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal y/o económico.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las
jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los
jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal».
Caso concreto
Martha Stella García Rivas formuló acción de tutela con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales que consideró vulnerados por la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
al proferir la sentencia del 18 de septiembre de 2025, dentro del proceso de radicado
no. 11001-33-35-010-2023-00225-01.
Alegó que la providencia reprochada desconoció el precedente vertical y horizontal,
incurrió en defecto sustantivo y en defecto fáctico. Frente al primero de los tres
cargos, manifestó que el Tribunal omitió aplicar al caso la sentencia de unificación
CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 201610, y de esa manera se apartó de la línea
jurisprudencial vigente para esos casos.
10 Sentencia del 25 de agosto de 2026 en el radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-
2015)
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07623-00
Accionante: Martha Stella García Rivas
Acción de tutela – Primera instancia
Al referirse a los otros dos cargos, adujo que el Tribunal hizo una valoración
probatoria incompleta y fragmentada, que ignoró las pruebas que mostraban que la
accionante ejercía funciones de carácter docente y directivo docente en niveles de
prejardín y jardín, que hacen parte de la educación formal según la Ley 115 de 1994
y el Decreto 1075 de 2015. Igualmente, alegó que la sentencia desconoció hechos
probados como la existencia de convenios interadministrativos entre SDIS y SED
que integraban los jardines infantiles al sistema educativo oficial, lo cual desvirtuaba
la conclusión del Tribunal de que la labor no era formal.
El Tribunal, en la providencia reprochada, se refirió sobre la presunción de
subordinación establecida para los docentes en la sentencia de unificación CE-
SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 201611. Al respecto manifestó lo siguiente:
«En ese sentido, advierte la Sala que, en la Sentencia de Unificación CE-
SUJ2- 005-16 de 25 de agosto de 2016 no se unificaron reglas específicas
sobre la subordinación de docentes contratistas del Estado, sino relativa a la
prescripción, empero, sí efectuó consideraciones referentes al porqué la labor
docente se ejerce de manera subordinada, ello, en tanto que cumplen
permanentemente directrices impuestas por la entidad pública contratante y el
Ministerio de Educación Nacional y desarrollan sus funciones en cumplimiento
de un horario laboral y en el marco del calendario académico.
Sin embargo, del análisis integral de la situación fáctica-jurídica de la sentencia
de unificación citada y las circunstancias de la demandante, se evidencia que
no se dan en estricto sentido los requisitos de similitud para que sea aplicable
a su caso.
Lo anterior se debe a que, en la sentencia de unificación, se analizó la labor
docente desde el Decreto Ley 2277 de 1979 y la Ley 115 de 1994, definición
que, como se explicó anteriormente, no resulta aplicable a la señora García
Rivas.
11 Sentencia del 25 de agosto de 2026 en el radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-
2015)
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07623-00
Accionante: Martha Stella García Rivas
Acción de tutela – Primera instancia
Adicionalmente, el Consejo de Estado examinó un asunto donde la
demandante había prestado el servicio como “maestra municipal” en un
colegio en el municipio de Ciénaga de Oro, empero, la señora Martha Stella
García Rivas prestó el servicio como Responsable de Jardín infantil, contexto
que no es similar, dado que, como se dijo anteriormente, las instituciones
públicas o privadas requieren la certificación del ministerio de educación y
prestan el servicio de educación formal, mientras que, los jardines infantiles
obtienen licencia de funcionamiento de la Secretaría de Integración Social, y
su servicio va a la educación inicial, esto es antes de los grados obligatorios
de la educación formal.
En consecuencia, la situación ahora objeto de análisis no es asimilable a la
discutida en la sentencia de unificación de 2016, dado que, la señora Martha
García firmó contratos de prestación para realizar labores de Responsable de
Jardín infantil y no como docente de una institución certificada por el Ministerio
de Educación Nacional.
Ahora bien, la Sala no desconoce que, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en otras Subsecciones de la Sección Segunda, ha reconocido
a la Responsable de jardín infantil y/o Coordinadoras, el mismo trato que a los
docentes aplicando la sentencia de unificación de 2016, no obstante, se
encuentra que, se trata de un precedente horizontal, y en esa medida, su
observancia no es tan rigurosa como la que se predica del precedente vertical
que es de obligatorio acatamiento al trazar una línea jurisprudencial sobre
determinado tema.
Por lo tanto, pese a que esta Sala adopta una posición diferente a la acogida
por otras salas de la misma Corporación, no se torna incompatible con el
principio de autonomía e independencia judicial, pues, en últimas, al igual que
la ley, la jurisprudencia es fuente de derecho a la que la actividad del juzgador
siempre estará sometida, y en el caso sub examine, se reitera no se dan los
prepuestos fácticos y jurídicos para la aplicación de la Sentencia SUJ2-005-
16 de 25 de agosto de 2016, máxime cuando el Supremo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo ha indicado, que efectivamente dicha decisión no
le son extensibles a las responsables de jardines infantiles correspondiéndoles
probar los tres elementos estructurales de la relación laboral encubierta».
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07623-00
Accionante: Martha Stella García Rivas
Acción de tutela – Primera instancia
Por lo demás, la Sala estima que los argumentos presentados por la accionante no
acreditan una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se
encaminan a volver sobre la controversia ya decidida por el juez de conocimiento.
Además de ello, revisados los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, la
Sala estima que provienen de una interpretación razonable de las pruebas
aportadas al expediente, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable al
asunto. Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la
autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez de tutela revise o
evalúe la interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de
tutela no es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para
desconocer la autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones
judiciales. Por las razones expuestas, la demanda de tutela no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional.
Aunado a lo anterior, se advierte que la accionante se limitó a la enunciación de los
derechos fundamentales que considera transgredidos, sin plantear razones que
permitan una revisión del núcleo esencial de los derechos en contienda o el alcance
de disposiciones constitucionales relativas a esos derechos, con ocasión a la
vulneración que el solicitante manifiesta. De ahí que la discusión planteada en el
escrito de tutela, se reitera, está motivada en el desacuerdo con el contenido de la
providencia dictada por el juez natural. La vulneración debe estar justificada con la
carga argumentativa mínima suficiente que permita al juez de tutela valorar la
procedencia de la demanda. Esto, además en procura del respeto por la cosa
juzgada, seguridad jurídica y la garantía de independencia y autonomía de los
jueces, como elementos fundamentales para el cimiento de la actividad judicial del
Estado. Así las cosas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Martha Stella García
Rivas contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07623-00
Accionante: Martha Stella García Rivas
Acción de tutela – Primera instancia
Subsección D.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
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